El monumento a los Desaparecidos en el Parque Cuscutlán, en San Salvador, muestra los nombres de las más de 25,000 víctimas de la larga guerra civil de El Salvador. En junio, el país más pequeño de Centroamérica será sede la 41a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). [Larry Luxner]
El monumento a los Desaparecidos en el Parque Cuscutlán, en San Salvador, muestra los nombres de las más de 25,000 víctimas de la larga guerra civil de El Salvador. En junio, el país más pequeño de Centroamérica será sede la 41a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). [Larry Luxner]
En el corazón del Parque Cuscutlán de San Salvador, el solemne Monumento a los Desaparecidos muestra los nombres de las más de 25,000 víctimas de la larga guerra civil de El Salvador. Los 85 metros de la pared de granito negro se alzan como un crudo recuerdo del pasado violento de este país.
“Venimos aquí cada año el 11 de noviembre, el Día de la Ofensiva, y también el 2 de noviembre, el Día de los Muertos”, dijo Carolina Solís, una mujer de mediana edad y partidaria devota del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el grupo rebelde izquierdista cuyos sucesores dirigen El Salvador hoy en día.
Solís estuvo aquí para hacer honor a su hermano, Edwin Omar Solís, guerrillero del FMLN que sólo tenía 17 años de edad en 1989, cuando fue ultimado en una batalla en Nanastepeque, un pequeño poblado del departamento de Cabañas.
Sin embargo, el país ha hecho grandes progresos desde entonces. En 1992, un tratado de paz dio fin a los 13 años de guerra civil, en la que se calcula que murieron 75,000 personas y creó millones de refugiados. La economía finalmente se recuperó y, en 2009, Mauricio Funes, el experiodista que se volvió miembro del FMLN, se convirtió en presidente, venciendo a Rodrigo Ávila, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en una votación ampliamente considerada como muy libre y justa. Ésa fue la primera vez en 20 años que ARENA había perdido una elección.
El 5 de junio, El Salvador será sede de la 41a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El tema de la reunión de tres días es la “Seguridad de la Ciudadanía en el Continente Americano” y tendrá lugar poco más de dos meses después de la histórica visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien se comprometió a otorgar US$ 200 millones para ayudar a El Salvador a pelear contra el tráfico de drogas y la violencia de las pandillas.
El Ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, dijo a los periodistas que “la lucha que las autoridades mexicanas llevan a cabo para combatir el narcotráfico en ese país representa una de la más graves amenazas para Centroamérica”.
“Si se presiona en el norte, los cárteles se mueven estratégicamente hacia el sur, a Centroamérica. La presencia del cártel narcotraficante de Los Zetas en Guatemala es seria y ahora están también en Honduras”, dijo en una reciente conferencia de prensa en San Salvador.
En diciembre, el gobierno del Presidente guatemalteco, Álvaro Colom, declaró un estado de sitio en el departamento de Alta Verapaz, donde los contrabandistas de Los Zetas han convertido en su centro de operaciones el área cercana a la frontera con México.
Munguía Payés, al subrayar la gravedad de la situación para todos en Centroamérica, advirtió que “Honduras se ha vuelto la ruta principal del tráfico de drogas” debido a que la continua crisis política en ese país “ha hecho que el gobierno hondureño se enfoque más en los asuntos políticos que en los tópicos de seguridad”.
No es sorprendente que la “seguridad de la ciudadanía” sea el tema de la Asamblea General de OEA que se celebrará en San Salvador.
“Su elección de los temas de discusión habla de su comprensión de lo que es más importante para el continente americano”, dijo Albert Ramdin, Subsecretario General de la OEA, durante una reciente reunión en Washington con el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez. “Ambos temas, la seguridad y el desarrollo, son la preocupación principal de nuestra gente y por eso los ojos del mundo estarán en El Salvador durante la primera semana de junio.”
Ramdin añadió que “debemos estar orgullos de que un país como El Salvador —relativamente pequeño pero que es un importante miembro de la OEA—se ponga a disposición para ser el anfitrión de tal reunión, con todos los costos que esto implica”.
Por su parte, Martínez reafirmó la buena disposición de su país “para fortalecer el hemisferio y tomar acciones concretas que beneficien a los pueblos del continente americano, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad”.
Estos días, el problema más grande de El Salvador no es la violencia política, sino la desenfrenada violencia causada por los traficantes de drogas que han aterrorizado la región. Aún así, Funes —y a pesar de las apremiantes condiciones económicas y el aumento del crimen—sigue contando con el apoyo del 79% de los votantes, haciéndolo el líder más popular de Latinoamérica.
Uno de esos salvadoreños que apoyan a Funes es el empresario Eduardo Quiñónez Caminos, director de la promotora inmobiliaria Grupo Agrisal.
“Ésta es la primera vez que tenemos un gobierno izquierdista conservador”, dijo Quiñónez, cuya empresa es dueña del Hotel Crowne Plaza, sede oficial de la próxima reunión de la OEA. “La mayoría de las personas esperaban un enfoque marxista-leninista del gobierno después de que el FMLN llegó al poder. Pero este presidente ha probado que no es tan de izquierda, es más del centro, y tiene el mayor índice de popularidad de todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años.”
Cuando se le preguntó cuál es el mayor obstáculo para hacer negocios en El Salvador, Quiñónez respondió sin dudar: “la seguridad”.
“Nuestros índices de criminalidad siguen siendo muy altos y hay un gran problema con las maras [pandillas]”, comentó. “El gobierno se está dirigiendo en la dirección correcta en relación con esos asuntos, pero por supuesto toma tiempo pelear contra el crimen. Todos se sienten amenazados.”
El Salvador —con la colaboración de otros países de Centroamérica y de los Estados Unidos— está organizando una conferencia internacional inmediatamente después de la Asamblea General de la OEA para enfocarse en la seguridad regional, señaló Martínez. En la reunión se discutirán asuntos como finanzas, tecnología y cooperación en patrullajes aéreos y marítimos para interceptar a los traficantes de drogas.
“Los Estados Unidos tienen una visión específica para Centroamérica. Antes, toda esta área era vista dentro del contexto del Plan Mérida y a Centroamérica se le restó importancia”, explicó. “Siempre les hemos dicho que si hay un Plan Colombia en el sur y un Plan Mérida en el norte, entonces la presión de ambos lados enviará a todos los narcotraficantes hacia el centro.”
El resultado ha sido un programa de Estados Unidos llamado Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, desde el establecimiento del programa en 2008, los fondos destinados para los siete miembros de CARSI suma unos US$ 260 millones, lo cual es menos de la cuarta parte de la participación de asistencia antinarcóticos en México.
Lo irónico es que las naciones de Centroamérica han confiscado tres veces más cocaína que la confiscada en México, cerca de 100 toneladas métricas por año. Y la mitad norte del istmo, que comprende Guatemala, Honduras y El Salvador, es ahora la región más violenta en el mundo, fuera de las zonas de guerra activa.
“Nosotros no sólo queremos un castigo para los criminales, también queremos un plan de desarrollo social”, dijo Martínez. “Aunque tengamos que combatir el crimen con toda nuestra fuerza, también debemos generar oportunidades para la nueva generación. Si no lo hacemos, nos volveremos el blanco perfecto de los delincuentes.”