Introducción
Cada cierto tiempo la sociedad salvadoreña es convulsionada por tormentas sociales que impactan el horizonte político y cultural y que generan procesos de transformación de sus estructuras institucionales, siempre en beneficio de determinados sectores dominantes.
Uno de estos procesos de cambio social, inició con las victorias políticas electorales del presidente Nayib Bukele en 2019 (presidencial) y 2021 (legislativa), que le permitió apoderarse completamente del aparato de estado y ponerlo al servicio de su proyecto político.
Un proyecto político caracterizado por el mesianismo y el autoritarismo, pero teniendo sumo cuidado de no llegar a la ruptura de las formalidades de la democracia liberal burguesa.
A continuación, hacemos un recorrido por las diversas reformas políticas experimentadas por la sociedad salvadoreña, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y que tuvieron como finalidad el desplazamiento de unos grupos de poder por otros; posteriormente se analizan las principales reformas planteadas por el proyecto político de Bukele, para finalmente realizar algunas conclusiones, desde una óptica de movimiento popular.
Antecedentes históricos
Las sociedades están siempre en movimiento y la salvadoreña no es la excepción. Entre las reformas políticas más significativas pueden señalarse la de 1886 del presidente Francisco Menendez, la de 1939 del general Maximiliano Hernández Martínez, la de 1950 del presidente Oscar Osorio, la de 1980 de la Junta de Gobierno, la de 1992 bajo la presidencia de Alfredo Cristiani, y esta última, iniciada en 2020 y que seguramente será afianzada durante el segundo periodo presidencial de Nayib Bukele, que irá del 2024 al 2029.
La reforma política de 1886
Tuvo como eje principal la aprobación de un nuevo texto constitucional, el cual vino a ratificar las reformas económicas – eliminación de ejidos y tierras comunales- orientadas a impulsar el cultivo del café.
Pero a la vez reflejó la tendencia hacia una modernización del sistema político mediante, entre otros elementos, la decisión de establecer un sistema unicameral y derogar el sistema bicameral legislativo. Ideológicamente, en su parte introductoria, los sectores liberales lograron imponer su visión laica sobre la anterior referencia religiosa predominante.
Inaugura esta reforma el predominio político en la conducción del estado, de los sectores liberales cafetaleros, que desplazan a los sectores conservadores añileros, en decadencia. Se prolonga la Constitución de1886 hasta 1939.
La reforma política de 1939
Consistió en el desplazamiento del sistema de democracia liberal burguesa y la entronización de un régimen de mando unipersonal en el marco de una dictadura militar de derecha. Tuvo como antecedente la derrota política del araujismo laborista y la derrota militar del levantamiento indígena-campesino, conducido por el Partido Comunista, en enero de 1932.
Es de señalar que durante los primeros ocho años de dictadura militar, el General Martínez gobernó bajo la sombra de la Constitución de 1886, pero en 1939 se vio forzado a imponer un nuevo marco constitucional que viniera a legitimar su control absoluto sobre los poderes judicial y legislativo, así como su deseo de prolongarse en la conducción del estado, y garantizar así su continuidad en el ejercicio del poder político.
Entre sus principales elementos se encuentra el de la modernización del estado, con el fin de lograr niveles de austeridad que le permitieran impactar en lo social; modernizar las fuerzas armadas y de seguridad pública, con lo que se consolidaban estos pilares fundamentales de su control político, con su correspondiente llamado ideológico al orden, la eficiencia, la disciplina y la obediencia.
Así como la intolerancia política hacia cualquier fuerza opositora; la supresión de la autonomía municipal ( el ejecutivo nombraba a los alcaldes) , inauguró también el anticomunismo y el nacionalismo como mecanismos ideológicos para unificar a la nación contra el enemigo “interno y externo.”
La reforma política de 1950
En 1948 un grupo de “mayores” dio un golpe de estado y logró la modernización de la vieja dictadura militar, iniciando un proceso de combinación de represión con reformas. Este nuevo modelo de dictadura militar con relevo presidencial, quedo reflejado en una nueva Constitución, aprobada en 1950, que políticamente prohíbe la reelección presidencial, pero a la vez reconoce una serie de derechos sociales, entre estos el derecho a la organización social y el derecho de huelga.
La reforma política de 1983
En marzo de 1980, al calor de una profunda crisis política que desembocaría en una larga guerra, y como una medida de contra-insurgencia para arrebatarle banderas a una izquierda unificada y amenazante, una Junta de Gobierno cívico-militar, decreta tres grandes reformas de la estructura económica: una reforma agraria, del comercio exterior y bancaria, con lo cual le asesta un golpe de muerte a la vieja oligarquía agro-exportadora.
A estas reformas económicas, se suma una reforma política que desde una nueva Constitución en 1983 reconoce por vez primera el principio del pluralismo político y define a los partidos políticos -en una clara alusión contra-insurgente- como los únicos instrumentos para acceder al gobierno, por medio de elecciones, y además reitera la prohibición de la reelección presidencial.
La reforma política de 1992
Los Acuerdos de Chapultepec de enero de 1992 ponen fin al conflicto armado e inauguran una nueva etapa de desarrollo democrático del país, la cual -con sus altibajos- se mantiene vigente, treinta años después.
La reforma estableció -de manera constitucional- la reducción de las funciones de las Fuerzas Armadas a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, disolvió a los antiguos cuerpos de seguridad y originó una nueva Policía Nacional Civil, creo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y reformó la institucionalidad del sistema judicial y electoral, entre otras reformas.
Principales elementos de la reforma del proyecto Bukele
El proyecto de Nayib Bukele, hoy hegemónico, comprende medidas de naturaleza política, económica y social. La elaboración de este proyecto de reforma fue coordinada por el vicepresidente Feliz Ulloa, y presentada en el 2021.[1]
Entre las principales medidas de naturaleza estrictamente política están las de la ampliación del sujeto político que rebasa al sistema de partidos; la prolongación del periodo constitucional; las de nuevas instancias de orden judicial así como de participación ciudadana; y de las funciones electorales y de la Corte de Cuentas, entre otras.[2]
Entre las medidas de naturaleza social se encuentran las vinculadas a garantizar y ampliar el derecho al trabajo, la educación, y la salud. En la ampliación de derechos sindicales, y en un reconocimiento a sus luchas, según artículo 221, “las personas trabajadoras del estado tendrán derecho a la huelga.” La Constitución de 1983, lo prohibía expresamente.
En lo educativo (art.57) se agrega la categoría de laica a la educación, que anteriormente solo tenía la de democrática Art. 57). Además se agrega la colegiación profesional, que anteriormente estaba prohibida. En el art.69 se reconoce el “derecho a una alimentación adecuada.” Y se agrega un 69bis que reconoce “el derecho al agua y al aire de calidad.”[3]
Entre las medidas de naturaleza económica, a la categoría de justicia social ya existente como principio desde la Constitución de 1983, en la propuesta de reforma del art. 101 se agregan las categorías de solidaridad y equidad. Además se incorpora las nociones de desarrollo económico y social sostenible así como la de desarrollo humano y de armonía con el medio ambiente.[4]
Conclusiones
La existencia de mayores estándares constitucionales en términos de libertades democráticas y participación ciudadana es un logro histórico, independientemente de quien lo realice, así como existe la responsabilidad de la denuncia de sus retrocesos.[5]
Y en este sentido es preocupante que desde el 27 de marzo de 2022 continúe vigente de manera indefinida, un régimen de excepción, el cual vulnera derechos ciudadanos, que forman parte de las garantías constitucionales históricas de la nación salvadoreña, esto independientemente de los éxitos obtenidos en el combate a la delincuencia. Y esto de cara a un evento electoral en el 2024, en el que Nayib Bukele será a la misma vez presidente y candidato electoral.
[1] Anteproyecto de Reformas a la Constitución de la Republica de El Salvador. 11 de agosto de 2021. https://www.presidencia.gob.sv/anteproyecto-de-reformas-a-la-constitucion-de-la-republica-de-el-salvador/
[2] Ver El Salvador: reforma constitucional y hegemonía política. Roberto Pineda. //ecumenico.org/el-salvador-reforma-constitucional-y-hegemonia-politica-roberto-pineda-16-de-agosto-de-2021
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.