Bukele compareció a la media noche del jueves 26 de octubre, a minutos de vencer el plazo fatal para inscribir candidaturas ante el TSE para 2024. Solicitó la inscripción de su inconstitucional reelección presidencial. Con ese acto selló la consolidación de un proceso dictatorial que comenzó cuando él mismo encabezó el asalto militar al congreso legislativo el 9 de febrero de 2020; un año después institucionalizado, (1º de mayo 2021), con la instalación de su mayoría legislativa absoluta, aviesamente alcanzada mediante el uso ilegal de recursos del estado con fines partidarios durante la pandemia; incluyendo la construcción de la mayor maquinaria de propaganda político partidaria, con millonarios recursos públicos, que opera una basta guerra política y mediática sin ningún control institucional.
En el mismo acto de instalación de su mayoría legislativa, Bukele tomó el Poder Judicial, violando la Constitución, para lo cual destituyó a legítimos Magistrados, instalando, -sin procedimiento constitucional-, a sus secuaces, Estos fueron los que artificiosamente allanaron el camino de su reelección. Bukele también desmontó al Fiscal General de La República que legalmente podía atajar su aberrante maniobra, imponiendo ilegalmente a otro afín a sus intereses. Con un férreo control sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró los canales de acceso a la información, reservando información relevante hasta por siete años; hasta controlar al resto de instituciones del Estado: Corte de Cuentas, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de La República.
El control sobre la maquinaria institucional desde el principio incluyó el cambio de raíz de todos los mandos de Policía y Fuerzas Armadas, asegurándose el absoluto control personal del aparato represivo castrense y la creciente militarización policial. Acto seguido, impuso un prolongado Régimen de Excepción, que por más de año y medio ha coartado libertades democráticas, convirtiendo al país en la mayor cárcel, con más de 112,000 presos (73,000 detenidos durante el Régimen de Excepción), miles de ellos inocentes; haciendo de El Salvador el país con más presos per cápita en el mundo (1600 x 100,000 hab.) Cada día crecen las denuncias, con solidos testimonios de procesos tramitados ante instancias nacionales e internacionales, sobre torturas sistematizadas, asesinatos de personas que están recluidas bajo responsabilidad de agentes del Estado; tratos inhumanos y crueles.
La inconstitucionalidad se consuma al materializarse la solicitud formal de Bukele para inscribirse ante el TSE, pretendiendo candidatearse de manera continua para la reelección presidencial. Debe señalarse que, aunque era un hecho esperado, al perpetrar semejante ilegalidad, gravada por la investidura presidencial, reafirma que estamos ante un nuevo escenario político, legal e institucional, en el que Bukele rompió irremisiblemente la Constitución que juró defender, y con ello perdió la legitimidad democrática ganada cuando fue electo presidente en 2019. Bukele, su partido Nuevas Ideas, los funcionarios que usurpan las instituciones del Estado tomadas por asalto, los funcionarios de gobierno que han cohonestado y promovido su inconstitucional reelección han abierto una insalvable brecha de anarquía constitucional, política y democrática de imprevisibles consecuencias.
La visita “casual” del Subsecretario de Estado de EEUU, precisamente en el día previo a la inscripción de Bukele, deja las cosas donde soberanamente deben estar; pero los términos de su ambiguo discurso también pueden interpretarse como un claro viraje de apoyo al dictador al mejor estilo de Pilatos: “La decisión de permitir la reelección y quien va a ser el candidato preferido es un tema de los salvadoreños”; “Van a tener la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas y pueden decidir si están de acuerdo o no…”. Con esto, los jueces electorales ya no deben guardar remordimiento por sumarse para decidir la inconstitucionalidad. La escena se parece a lo actuado por Robert Frazer, representante de EE. UU. quien -de acuerdo con el historiador Héctor Lindo-, ofreció una elegante recepción el 24 febrero de 1939 celebrando la reelección del dictador Maximiliano Hernández Martínez.
Las recetas del Subsecretario son: hacer un debate sobre la legalidad y legitimidad de la reelección, apoyar la democracia y el estado de derecho. ¿Se puede en el contexto de semejantes violaciones constitucionales, control absoluto de la institucionalidad, un prolongado régimen de excepción? ¿Es posible mejorar la productividad sin seguridad jurídica, falta de mano de obra calificada ante el inminente cierre de INSAFORP, recorte al presupuesto de educación, becas, y de la Universidad de El Salvador? ¿Pretenden reducir la migración?
La oposición política y social debe juntarse y replantear la estrategia.