“La represión que tenemos en El Salvador no es propia de una democracia”
Cuesta hallar entre los intelectuales salvadoreños voces tan diáfanas como la del sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal, uno de los referentes de la UCA. Uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero en una sociedad de escasos referentes como la salvadoreña, destaca su discurso sin medias tintas en temas tan sensibles como el de las ejecuciones extrajudiciales. Cardenal dice que El Salvador está en guerra y que el aparato represivo del gobierno del FMLN es similar al de las viejas dictaduras latinoamericanas. ¿La razón de fondo? “La sociedad salvadoreña está por la violencia”.
Roberto Valencia / Fotos Víctor Peña
Lunes, 4 de Septiembre de 2017
1862
Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, de la Universidad Centroamericana (UCA). Foto Víctor Peña.
Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, de la Universidad Centroamericana (UCA). Foto Víctor Peña.
El país está en guerra, dice enfático, y cuando lo desarrolla usa palabras y argumentos que no le generarán muchas simpatías en una sociedad como la salvadoreña: “Si los policías están matando a pandilleros, ¿cómo piensan que no van a responder? Esa es la lógica de la guerra”.
Rodolfo José Cardenal Chamorro (Managua, 1950-11-25) es uno de los referentes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, institución sin la que costaría explicar el último medio siglo de la historia de El Salvador. Desde inicios de los noventa el padre Cardenal ha sido vicerrector de Proyección Social, vicerrector Académico y ahora está al frente del Centro Monseñor Romero, entidad que tiene por misión “cultivar la memoria de la Iglesia martirial de El Salvador, a través de diversas actividades de carácter teológico y pastoral”.
Pero Cardenal también escribe sobre temas de actualidad. Raro es que cada mes no suba dos o tres columnas de opinión en la página web de la UCA, artículos agresivos en el buen sentido de la palabra y, como reza el dicho coloquial, escritos sin pelos en la lengua. En su columna del 31 de agosto, sin ir más lejos, afirma esto: “Es penoso que el gobierno del FMLN haya recurrido a los escuadrones de la muerte para perseguir a pandilleros, así como antes los militares los usaron para exterminar a guerrilleros”.
Esta conversación se centra precisamente en la deriva represiva del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, y se realizó tres días antes de que la UCA anunciara en conferencia de prensa que llevaría a audiencia al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelado por las ejecuciones extralegales.
¿El Salvador está en guerra?
Yo pienso que sí. No es una guerra como la de los ochenta, de un ejército formal contra una guerrilla, sino que tiene más carácter social, pero creo que esto es una guerra. Una guerra social, si se quiere ver así, pero guerra: con un ejército integrado y otro ejército muy fragmentado y multifacético, con pequeñas células pero potentes. Los dos bandos están fuertemente armados. Los dos tienen control de territorios, transporte, comunicaciones, sistemas de abastecimiento… y los dos cuentan con inteligencia, aunque me parece que las pandillas tienen mejor servicio de inteligencia. Es una guerra en la que mueren de las dos partes. Eso es lo perverso de las guerras.
Lo que usted llama el ejército integrado sería…
La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Todas las fuerzas de seguridad del Estado, porque en El Salvador los policías hacen funciones de soldados, y los soldados, funciones policiales.
Esta guerra, en todo caso, no afecta a todos los estratos sociales por igual.
Nos afecta a todos de una u otra manera.
¿Con la misma intensidad?
No, obvio. Pero nos afecta a todos. Si lo miramos desde el punto de vista del producto nacional bruto, eso que tanto preocupa a la ANEP, el impacto de la guerra se nota en las extorsiones a la empresa privada, en los gastos que se generan en el sistema de salud porque cada herido supone costos, en las inversiones en seguridad…
Yo me refería a que no es la misma afectación tener que gastar más en seguridad que vivir en colonias o cantones controlados por las maras.
Hay familias desesperadas en El Salvador. Sufren a los pandilleros y también sufren a los policías; están entre dos fuegos, sienten que pueden ser víctimas de los dos bandos, y todo eso es lo que está detrás de los desplazamientos de población, algo muy propio de las guerras.
Hace seis años en El Salvador se cometían más asesinatos que hoy, pero nadie planteaba que estuviéramos en guerra.
No tengo datos para poder decirte…
Más precisa la pregunta: ¿cuándo cree usted que comenzó esta guerra?
Un indicador quizá sea la cantidad de bajas en policías y soldados, algo que es muy lamentable y que yo condeno, pero uno dice: si los policías están matando a pandilleros, ¿cómo piensan que no van a responder? Esa es la lógica de la guerra; ahí es donde yo lo veo claro.
Hasta antes de la tregua el enemigo principal de una pandilla era la pandilla contraria.
Sin duda…
Hoy el conflicto principal es entre las pandillas y el Estado.
Además, el discurso de los voceros del gobierno es de guerra, y las pandillas están respondiendo en los mismos términos.
En una de sus columnas usted afirma que El Salvador tiene “un aparato represivo similar al de las dictaduras latinoamericanas”.
Sí.
¿¡Qué!?
Las prisiones salvadoreñas no cumplen pero ni en sueños la función de rehabilitar al detenido, que es lo que dice la Constitución. Nuestras cárceles están hechas para humillar al detenido, para destruirlo. Pensemos en el estadio en el que Pinochet metía a todos los detenidos y los iba fusilando poco a poco; aquí aún no hemos llegado a eso, a fusilar a detenidos, pero aquí los ejecutan antes de la detención. Por eso digo que el aparato represor es similar al de una dictadura militar, porque la represión que tenemos en El Salvador no es propia de una democracia. Las democracias tienen que reprimir la violencia, el crimen, todas las expresiones en las que se violenta la ley, pero reprime parejo, con ecuanimidad y con oportunidad de defensa.
El gobierno repite una y otra vez que, si ha habido abusos, son casos puntuales.
Ya no son casos puntuales; es una tendencia clara. Algo sistemático. Se han destapado algunas ejecuciones sumarias, y es curioso que en todos los casos los voceros de la Policía y del Ministerio de Justicia dicen que van a investigar, que no saben nada, que desconocen. Es lo mismo que decían los ministros de Defensa militares antes y durante la guerra civil. Lo mismo. Nunca sabían nada. ¡Pero los hechos ahí están! El abuso sobre personas inocentes, personas que no tienen nada que ver en este conflicto entre pandillas y gobierno… eso es propio de un estado de guerra.
El escenario que usted plantea no involucraría solo al gobierno, sino también a la Fiscalía, por ejemplo.
Yo uso la palabra gobierno en un sentido amplio: gobierno para mí también es la Fiscalía, es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es la Asamblea Legislativa…
¿Todas esas instituciones están remando en la misma dirección?
Unas más y otra menos, pero sí. La voz cantante la lleva el Ejecutivo, porque es el que la tiene que llevar pero, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa [el diputad Guillermo Gallegos] tiene una postura totalmente guerrerista y militarista. Habrá excepciones, sin duda, pero es una tendencia, y lo peor es que un buen sector de la sociedad la aplaude.
¿Usted cree que hay connivencia entre Policía y Fiscalía para bajar el perfil a las ejecuciones extrajudiciales?
Me parece que sí. Yo creo que la Fiscalía no actúa con imparcialidad, porque solo investiga ciertos casos, y no solo en el tema de la seguridad pública. ¿Por qué con los 10 millones de dólares donados por Taiwán el imputado solo fue el expresidente Francisco Flores? ¿Por qué no ha indagado ahí donde fue a parar el dinero, cuando todo apunta que fue a parar a Arena?
Usted ha escrito que la Fiscalía “no está exenta de ineficiencia y corrupción”.
Ineficiente porque la Fiscalía es puro dimes y diretes. Le encanta el testigo criteriado, y rara vez trabaja con pruebas científicas concluyentes. Entiendo que la cooperación internacional, Estados Unidos sobre todo, lleva años dando tecnología para investigar, pero o no la usan, o no la saben usar, o no saben montar un caso con ella. Prefieren el testigo criteriado…
Como el famoso Nalo, del Caso Tregua. Con sus declaraciones, la Fiscalía ha abierto otro caso contra Raúl Mijango, pero no se atreve a acusar a los partidos políticos por las entregas de dinero a las pandillas.
Exacto, a eso me refiero: si el tal Nalo no es válido para investigar a los dirigentes de los partido por fraude electoral, tampoco debería serlo contra Mijango ni contra nadie. Y yo no sé si Mijango es inocente o culpable, y me es indiferente, pero no hay lógica alguna en las actuaciones de la Fiscalía. Y en los pocos casos de ejecuciones sumarias abiertos, la Fiscalía ha ido a remolque de las investigaciones periodísticas.
Estas son palabras suyas: “La Fiscalía persigue con saña a los débiles, pero es condescendiente con los policías y soldados que asesinan”.
La Fiscalía no está siendo imparcial en los casos de ejecuciones sumarias. Está protegiendo a los policías. Como tampoco ha sido imparcial en el caso de los millones de Taiwán.
Parece que en El Salvador resulta rentable en términos de imagen presentarse como alguien que combate frontalmente las pandillas.
Sí, pero quiero pensar que sería más rentable ser un fiscal general eficiente. Sería también muy popular y tendría la reelección asegurada.
No sé, no sé.
Me refiero a la aceptación popular, aunque es obvio que un buen fiscal incordiaría a los políticos, que son los que deciden su reelección. Pero volviendo al Caso Tregua, ¿por qué no acusó al ministro Munguía Payés y al expresidente Funes si fueron los máximos responsables? Se repite el mismo esquema del Caso Jesuitas: acusan a los que dispararon, pero a los responsables intelectuales nunca ha sido posible ponerlos presos. Si hay delito en el Caso Tregua, que yo no lo sé, la Fiscalía ha ido contra los que ejecutaron, no contra los que lo planificaron.
Buena parte de la sociedad salvadoreña tolera e incluso aplaude la violación de derechos humanos e incluso las ejecuciones extrajudiciales.
El Salvador está sumergido en una cultura de la violencia, y mucha gente cree que la violencia es la mejor manera de solucionar los problemas. Y eso aplica tanto para problemas sociales, como son las maras, como para problemas personales. La sociedad salvadoreña está por la violencia, como también está a favor de los regímenes autoritarios, algo que los partidos políticos alimentan con sus actitudes. Entonces, en una sociedad violenta y que admira las dictaduras, toda medida represiva tiende a ser aplaudida. Creemos que es la solución a nuestros problemas. Y hay que trabajar para cambiar esa mentalidad, para convencernos de que esa no es la solución.
Hay políticos, y el diputado Gallegos quizá sea el caso más emblemático, que asientan su carrera sobre un discurso manodurista radical.
La violencia es un tema populista que la clase política en El Salvador tiende a usar con más o menos descaro. Mostrarse a favor de la represión genera votos. Creo que las organizaciones que trabajamos a favor de la paz y de los derechos humanos deberíamos ser más críticos. Ahora, por ejemplo, se viene el mes cívico, y el gobierno dice que va a promover valores morales, éticos, culturales, religiosos y patrióticos bajo este lema: ‘El Salvador avanza en convivencia y desarrollo’. ¿Qué quiere decir eso en esta sociedad de violencia? Habría que decir: así como estamos viviendo, esto no es convivencia.
¿Cómo juzga el papel de la PDDH en este tema?
A la institución le falta garra. Es la institución que constitucionalmente tiene que defender los derechos humanos y, dadas las violaciones que hay en El Salvador, masivas, debería ser más agresiva, con un perfil más definido. Le falta, le falta, sin duda.
La PDDH apoya las Medidas Extraordinarias que, entre otras cosas, permiten que desde hace año y medio más de 10,000 reos no hayan recibido visitas de sus madres o hijos.
Ese es un buen ejemplo, porque muestra cómo incluso a una institución como la PDDH se le ha olvidado que su rol es ir en contra de esas medidas, no apoyarlas. El reo, el prisionero, por muy criminal que sea, por muy horrendo que sea el crimen cometido, tiene derechos y se le deben respetar, algo que no ocurre en El Salvador. Es lo que decía, las cárceles salvadoreñas son como las de una dictadura militar.
Las Medidas Extraordinarias se prorrogaron un año más en la Asamblea casi por unanimidad: solo un diputado votó en contra.
Ahí se juntan dos cosas: por una parte, el populismo; y por otra, que están convencidos de que es la solución. Y esa imagen de unanimidad es la que le proyectan al país, por eso la sociedad termina pensando que es la solución. Las Medidas Extraordinarias, por muy duras e inhumanas que sean, no disuaden de cometer el delito. La cárcel no disuade, ni siquiera la pena de muerte. Recuerdo cuando Paco Flores comenzó con el Plan Mano Dura, y desde la UCA le dijimos que al meter a toda la gente en la cárcel lo que estaba haciendo era darles techo, comida y un espacio para que se organizaran, y eso fue precisamente lo que pasó.
¿Qué rol está jugando el periodismo en todo esto?
Lo que me sorprende en el tema de las ejecuciones extrajudiciales es la falta de crítica. Hay excepciones, pero la prensa, la gran prensa, es en gran medida la caja de resonancia del gobierno. Por comodidad, por falta de formación o por interés… no lo sé, pero el periodismo se limita a reproducir lo que dicen el gabinete de seguridad o los fiscales. Salvo alguna excepción, nadie cuestiona. Es el caso del testimonio del Nalo: grandes desplegados, grandes titulares, y no hay una sola pregunta de los periodistas diciendo: ¿pero cómo es posible que esto sea verdad? Simplemente reproducen. Y en la televisión es peor: se va a los eventos a buscar a las autoridades, les preguntan cualquier cosa y, aunque las respuestas no tengan lógica, igual publican esas declaraciones. Ningún periodista se plantea: usted ahora me está diciendo esto pero hace un mes dijo lo contrario. Hace falta crítica sana, la crítica que ayuda a pensar. Mención aparte para la cobertura de la nota roja, que el periodista publica cualquier cosa que le diga el policía o el fiscal de turno. ¿Pero cómo es posible que se traguen esas versiones así nomás?
La UCA lleva unos seis meses siendo mucho más crítica en el tema de las ejecuciones extrajudiciales.
La voz institucional de la UCA, pero yo lo vengo denunciado desde mucho antes.
¿Ha habido en la UCA alguna discusión interna que les ha hecho concluir que es necesario señalar con más dureza los abusos?
No puedo responder esa pregunta porque yo ahora no estoy en la dirección de la UCA. Lo que sí te puedo decir es que, en la tradición de la UCA, cuando la situación comienza a ser tan grave, hay que hablar. No podés ser complaciente con lo que está ocurriendo. Eso viene desde el padre Ellacuría, en los setenta.
En 2015, las fuerzas de seguridad mataron a más de 400 personas en supuestos enfrentamientos; más de 600 en 2016. Pero la UCA no habló tan claro como ahora.
Ahora la situación es más agobiante; vivimos una guerra, como hablamos al inicio. Cuando uno escribe este tipo de cosas, se hace después de interactuar con la realidad, y en la medida que la realidad se vuelve más agobiante, más desesperada, uno también critica con más fuerza. Lo que se está viendo ahora… no sé… alguien tiene que decir las cosas.
¿Comparte entonces que la UCA se ha tardado en señalar los abusos?
Sí, sin duda, sin duda.
La Iglesia Católica tuvo un rol importante en la tregua.
La Iglesia Católica no. Monseñor Colindres tuvo un compromiso personal, pero sin el aval de la Conferencia Episcopal.
Pero el Vaticano aportó fondos, la primera conferencia de prensa de los mediadores fue en la nunciatura, el nuncio Luigi Pezzuto estuvo en los penales…
Sí, el nuncio Pezzuto sí apoyó, y supongo que tendría sus razones, pero la Conferencia Episcopal se desentendió del asunto. No porque la Iglesia Católica esté en contra del diálogo, sino porque algo de aquel proceso no le gustó.
¿El papa Francisco ha estado de alguna manera al tanto? Tengo entendido que hasta consideró viajar a El Salvador para reimpulsar el proceso.
El deseo de que el papa venga a El Salvador está relacionado con monseñor Romero, y ahora con Rutilio Grande también. Él destrabó la beatificación y desde entonces creó expectativas, y todavía hoy se especula si va a venir o no.
¿No tiene absolutamente nada que ver la inseguridad?
¿Con la tregua? Nada que ver.
No con el proceso llamado tregua, sino para apoyar el diálogo como vía para resolver los problemas de violencia.
Este papa siempre ha estado por el diálogo para resolver todo tipo de conflictos. Y lo ha puesto en práctica en Cuba, en Venezuela… a Colombia iba a ir si se aprobaba en referéndum, pero no se aprobó y suspendió el viaje. Todo indica que el viaje lo retomará ahora, una vez que las FARC se han desmovilizado. La diplomacia vaticana es muy cuidadosa, muy calculadora, muy hábil… para bien o para mal. La figura del papa y la del Vaticano no se van a arriesgar si no están muy seguros de lo que se está haciendo. Hasta donde yo sé, Francisco no ha hecho ninguna mención al problema de las pandillas en El Salvador.