El asesinato de dos personas, presuntamente por miembros de la pandilla, supuso la militarización del nuevo municipio Chalatenango sur. Un millar de policías y cinco mil soldados habrían sido desplegados en los cinco distritos de esa demarcación, según fuentes oficiales. Como se ha vuelto costumbre en la comunicación oficial, las autoridades no brindaron explicaciones sobre el móvil de estos crímenes ni sobre si un despliegue de ese calibre era imprescindible para capturar a los sospechosos.
Nada de eso extraña a nadie, porque el grueso de las preguntas son irrelevantes en esta época, cuando el régimen de excepción ya adquirió visos de normalidad, cuando los abusos de autoridad están a la orden del día y cuando pese a las consecuencias que tuvieron en el rediseño de la política de seguridad y en la suspensión de garantías y libertades constitucionales de toda la nación, aún no se ha individualizado responsabilidades intelectuales ni materiales por los homicidios de la ola terrorista de marzo de 2022. Es obvio que la militarización cumple con dos efectos, uno propagandístico y el otro político.
Propagandísticamente, la alineación de militares y soldados en esos números permite renovar la comunicación del gobierno en clave espartana, un contenido con el que la administración de GANA se siente cómoda. La popularidad del presidente se sustenta en la narrativa de que es un líder fuerte, implacable con sus enemigos -aun cuando estos no sean necesariamente los enemigos del Estado, la república o la democracia-. Pese a que la pandilla perdió un porcentaje aún no precisado de su control territorial y de su músculo delictivo, a más no haber continúa siendo el polo contra el cual enfilar la batería discursiva oficial sin que parezca ficticio, y por eso los lamentables hechos de sangre registrados en Chalatenango fueron capitalizados comunicacionalmente de ese modo.
Hay otro componente, de esencia política, involucrado en esta ecuación. Esa zona ha sido de mayoritaria simpatía con el FMLN, por algo ese partido opositor dominó las votaciones en esos distritos en las pasadas elecciones municipales. A falta de información del gabinete de seguridad, pareciera que la hipótesis del gobierno es que se está urdiendo algo de proporciones inusuales en la zona; es eso, o se creyó que la coyuntura justifica un despliegue que no puede sino intimidar a la comunidad. Un observador imparcial preguntaría si todo esto no es a propósito de las afiliaciones de los lugareños.
Es en cualquier cosa la confirmación de que en el robustecimiento del proyecto autoritario y de control territorial y social, el gobierno continuará idealizando la fuerza, comunicándose de modo insuficiente con la población y que en su relación con aquellos sectores que le son desde indiferentes hasta críticos se aprovechará de las licencias que el régimen de excepción le brinda.
Nota aparte es que cada una de esas movilizaciones le cuesta dinero a los salvadoreños en un momento en el que las finanzas públicas atraviesan un grave impase, tanto como para estarlas financiando con el dinero de los trabajadores. ¿Cuánto costó poner en Chalatenango mil agentes policiales y cinco mil efectivos militares? Es un dato sobre el cual la administración no brindará información, como ya se sabe.