INTRODUCCIÓN
Este ensayo busca reflexionar sobre la evolución del crecimiento poblacional, la urbanización y las migraciones en el contexto de los diferentes modos de desarrollo, así como sobre los desastres y los riesgos, viejos y nuevos. Los desastres y la creciente degradación ambiental, aunque forman parte de la historia salvadoreña y son relevantes para el desarrollo sostenible por sus impactos territoriales, aún no son integrados plenamente como una dimensión clave de tal desarrollo.
En el marco del cumplimiento de la Agenda 1232 del Desarrollo Sostenible, esto debe llamar a la reflexión y a la acción de la sociedad en su conjunto: docentes y estudiantes, gobiernos, empresas y comunidades.
El texto se divide en tres partes: la primera reflexiona sobre la evolución del crecimiento poblacional y su tendencia a la urbanización; la segunda presenta los principales desastres ocurridos en el siglo pasado y sus impactos, y la tercera plantea los desafíos del Estado, la sociedad y la comunidad educativa para afrontar estos problemas.
LA INEVITABLE TENDENCIA A LA URBANIZACIÓN
La población de El Salvador se ha cuadruplicado entre inicios del siglo XX y la primera década del siglo XXI. De una población total de 1.4 millones de habitantes en 1930 pasó a 3.5 millones en 1971, a 5 millones en 1992 y a más de 6 millones en 2017.
Esta población, mayoritariamente rural a comienzos del siglo XX, estuvo vinculada a la agricultura y al auge de la exportación del café. A partir de la década de 1950, con el impulso del modo de desarrollo industrial y agroexportador, la población comenzó a migrar y a concentrarse en la capital. Así empieza el proceso de urbanización acelerada del país, aunque con cambios en las dinámicas demográficas.
Los años ochenta del siglo XX marcan un cambio en las dinámicas demográficas: las migraciones –local e internacional– aumentaron a niveles sin precedentes; la población urbana siguió creciendo, pero quizá más por los desplazamientos internos y la migración internacional generados por el conflicto armado que por las necesidades de la economía; San Miguel y otras ciudades del oriente crecieron, como también Santa Ana y Sonsonate, en el occidente, y el área metropolitana de San Salvador (AMSS). Asimismo, el éxodo masivo hacia el exterior, principalmente a Estados Unidos, alcanzó al 20 % de la población.
En la década de 1990, entre la reconstrucción y el posconflicto, la urbanización alcanza más del 60% ahora asociada al declive de la agricultura y al auge del comercio y los servicios, concentrados en ciudades, mientras que la migración internacional también continúa como tendencia establecida. El AMSS se establece en 1973, con la aprobación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador, integrada por catorce municipios[1], y sigue creciendo poblacional y territorialmente hasta conurbar[2] municipios contiguos que la convierten en una vasta región metropolitana.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento poblacional del AMSS y del país disminuye, comenzando así el proceso de transición demográfica[3] ocurrida ya en muchos países desarrollados con altos niveles de urbanización. Esta será la tendencia demográfica dominante del siglo XXI.
Estos cambios han profundizado los desequilibrios regionales, al concentrarse la población en la región central, específicamente en algunos municipios de los departamentos de San Salvador y La Libertad, que a su vez concentran la mayor parte de la riqueza nacional. El censo de población de 1887[4] mostraba una población uniformemente distribuida entre los poblados del occidente y del oriente del país, sumando ambos 50%, mientras la región central alcanzaba el otro tanto; esta situación cambió con el auge de la actividad cafetalera establecida en las zonas altas de la cadena montañosa localizada en la franja central del país, dejando abandonadas por mucho tiempo las franjas norte y sur (costera), y en el caso del norte, aislada geográficamente.
La expansión cafetalera y sus implicaciones territoriales[5]
La introducción masiva del café a partir de la segunda mitad del siglo XIX produjo cambios cualitativos importantes en el territorio nacional. Desde la Colonia, hasta mediados del siglo XIX, la economía añilera permitió el desarrollo paralelo de los cultivos de subsistencia dentro de la estructura indígena con formas de tenencia ejidales y comunales.
La expansión del cultivo del café, por el contrario, produjo una demanda inmediata de las tierras altas de los valles centrales, generando conflictos con el régimen indígena de tenencia y uso de la tierra, ya que alrededor de 1880 aproximadamente el 25% de la superficie total del país correspondía a tierras ejidales y comunales.[6]
Los decretos de 1881 y 1882 que abolieron la propiedad comunal y ejidal permitieron la transformación de la estructura agraria del país, no solamente en términos del uso, la tenencia y la propiedad de la tierra, sino también respecto de las relaciones laborales que adquirieron un carácter más claramente capitalista. Esto obligó a miles de campesinos sin tierra a moverse geográficamente en búsqueda de trabajo durante la época de cosecha del café. Asimismo, la expansión del café condujo a una reorientación del sistema nacional de transportes, con la construcción de carreteras, redes ferroviarias y puertos, que buscaban responder a las necesidades de exportación de este producto.
Igualmente, las características de las tierras aptas para la producción del café produjeron una diferenciación regional en la cual se identificaron tres zonas: la central, donde hasta la fecha se concentra el cultivo del café; la zona norte, que conserva una masa boscosa importante, y la zona costera, en general más empobrecida; en estas dos últimas se ubicó la producción de subsistencia. Esta diferenciación regional también incluyó a los centros urbanos. Los principales núcleos urbanos de las zonas cafetaleras ampliaron sus funciones comerciales y administrativas con el desarrollo del sistema bancario, la institucionalidad estatal, la expansión de las vías de comunicación y las redes de transporte, todo orientado a viabilizar la exportación del café.
Dos ciudades, San Salvador y Santa Ana, esta última ubicada en la mayor y más rica zona cafetalera, experimentaron cambios importantes. Alrededor de 1905, Santa Ana sobrepasaba poblacionalmente incluso a San Salvador, pero en menos de 25 años San Salvador duplicó la población de Santa Ana y entre 1892 y 1930 la triplicó, convirtiéndose así en el principal centro urbano, económico, político y cultural del país.
La sustitución de importaciones y la expansión del AMSS
Entre las décadas de 1950 y 1970, las élites económicas y políticas salvadoreñas se propusieron alcanzar el desarrollo mediante un modelo de industrialización que la CEPAL denominó «de sustitución de importaciones». Con los cambios de políticas y de estrategias de impulso a la industria la economía mejoró. La tasa de crecimiento promedio anual llegó a 5.6% en los años sesenta y entre 1970 y 1978 tuvo un promedio de 5.5%[7]. Estos fueron también los años del experimento integracionista con el Mercado Común Centroamericano. Se incrementaron de forma evidente las exportaciones centroamericanas.
También se fortaleció y amplió la red regional de transporte. La estructura productiva se diversificó y llevó a cabo por primera vez experiencias de encadenamiento productivo y economía de escala. La agricultura se diversificó para incluir la caña de azúcar y el algodón como productos de exportación. Se actualizó y mejoró el sistema financiero, aumentando significativamente su capacidad de intermediación; se extendieron las capas medias urbanas con la expansión del mercado interno; se fundaron nuevas empresas dedicadas al abastecimiento del mercado local y regional, que luego desarrollaron capacidad para exportar a mercados extrarregionales; se establecieron relaciones y alianzas empresariales e institucionales que han sido importantes para preservar la unidad centroamericana; se construyó una nueva institucionalidad del Estado más garantista de los derechos sociales y laborales.[8]
En este contexto se va configurando lo que a finales del siglo se institucionaliza como área metropolitana, a partir de las migraciones del campo a la ciudad de grandes segmentos de población joven, atraídos por la expectativa de encontrar empleos en la industria y los servicios. Estas migraciones transformaron el espacio urbano.
Se multiplicaron los asentamientos urbanos precarios,[9] designados como colonias ilegales, tugurios y mesones; ubicados los primeros en los municipios periféricos de la ciudad capital, los segundos en las riberas de ríos y quebradas y los terceros principalmente en el centro histórico. Este crecimiento urbanístico, especialmente en las nuevas zonas de industria, fue desordenado y sin planificación de largo plazo.
La ciudad de San Salvador se extendió en dos direcciones: hacia el oriente sobre el eje del Bulevar del Ejército, donde se instaló una amplia zona industrial y la zona franca de San Bartolo, en los municipios de Soyapango e Ilopango; y hacia el occidente, donde se crearon las zonas industriales de Merliot, Santa Elena y Plan de la Laguna, en los municipios de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, hasta entonces ambos mayoritariamente cubiertos por plantaciones de café. Este crecimiento acelerado de la capital y su expansión física hacia zonas aledañas comenzó a cambiar el paisaje urbano. Este ha sido uno de los mayores impactos territoriales generados por el modo de desarrollo industrializante.
La contracara del desarrollo urbano de San Salvador, que prometía mayores oportunidades, fue la perpetuación de las desigualdades regionales entre el centro más desarrollado y rico y las regiones norte y sur del país. Estas últimas continuaron siendo la base de la producción agroexportadora y de granos básicos, con una población mayoritariamente campesina en condiciones de extrema pobreza. Estas marcadas desigualdades socioeconómicas y la creciente represión de la dictadura militar contra cualquier forma de organización social es lo que llevó a la guerra civil en 1981.
El conflicto armado, las migraciones y sus implicaciones
Para responder a la conflictividad social creciente, a principios de la década de 1980 se impulsaron tres reformas de gran calado: la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la estatización de la comercialización externa del café y del azúcar.[10]
Estas medidas pretendían aumentar la producción, la productividad, el empleo y los ingresos de la gente, así como debilitar los apoyos populares a los movimientos insurgentes.[11]
Estos cambios, si bien significativos, no respondieron a las expectativas económicas, ya que fueron mal ejecutados y mal dirigidos. Su implementación causó fuertes diferencias entre el estamento militar y las cúpulas empresariales, dado además que se llevaron a cabo tardíamente. La puesta en marcha de estas políticas se efectuó en un ambiente adverso, no solamente debido al quiebre con el gran capital, sino también a causa del conflicto armado en toda su amplitud, iniciado con la ofensiva general del 10 de enero de 1981 y a la desarticulación del mercado común centroamericano, creado y puesto en funcionamiento en los años sesenta. El enfrentamiento armado fue la clara evidencia del fracaso del modelo de sustitución de importaciones.
La economía experimentó un profundo deterioro durante esta década. En los primeros cuatro años la tasa de crecimiento del PIB observó caídas sucesivas: 4.3 % (1980), 12.5% (1981), 11% (1982) y 6.5 % (1983). A medida que la crisis empeoró, el Estado aumentó su participación en la economía: expandió el gasto público, acrecentó la participación del crédito público en el crédito total; adoptó un sistema de tipo de cambio múltiple; intensificó los controles de precios y aumentó la discrecionalidad en el manejo de la política comercial. Todo lo anterior contribuyó a separar más al Gobierno, liderado por la democracia cristiana y los militares, de los sectores empresariales.[12]
Las condiciones socioeconómicas tampoco mejoraron. El PIB per cápita cayó 25%. La pobreza subió 10%. Los salarios mínimos reales en agricultura, industria y servicios se contrajeron 50%. La inflación llegó a un promedio anual de 20%. Las exportaciones se redujeron a menos de la mitad. El sistema financiero entró en quiebra prácticamente. Las finanzas públicas dependían totalmente de préstamos y donaciones.[13]
Durante esta década ocurrieron migraciones internas y externas que cambiaron drásticamente la demografía de El Salvador. El balance final de esos movimientos arrojó un aproximado de 500,000 desplazados del norte y del oriente del país hacia las grandes ciudades en el centro y occidente; 50,000 refugiados en los campamentos establecidos por ACNUR en zonas fronterizas con Honduras; 13,000 repatriados a territorio salvadoreño a partir de 1986: y al menos un millón de emigrados al exterior, principalmente los Estados Unidos[14], pero también Canadá, Suecia y Australia. Los efectos económicos y sociales de tales cambios demográficos son complejos y hasta hoy, objeto de mucha investigación.
El balance territorial de la «década perdida» dejó las zonas exconflictivas en el norte de Chalatenango y Morazán devastadas y despobladas, y aquellas cercanas a la metrópoli (como el cerro de Guazapa y la zona sur oriental de la franja costera) bastante deterioradas. Por otro lado, la población civil desplazada de estas zonas se asentó en grandes ciudades como San Salvador y San Miguel y sus alrededores, así como en otras urbes secundarias. El AMSS continuó expandiéndose en la periferia, manteniendo el patrón histórico de alta concentración de población y producción de riqueza en una sola metrópoli.
La posguerra y las transformaciones urbanas
Después de lograda la paz, la situación socioeconómica ha continuado siendo compleja. Los esfuerzos de reconstrucción de los años noventa estuvieron orientados a la implementación de los acuerdos de paz, que no incluyeron alternativas a las desigualdades económicas estructurales, y sí posibilitaron la creación de una nueva institucionalidad pública que garantizara las condiciones para la democratización del país.
También se puso empeño en la reconstrucción de la infraestructura económica y el desarrollo de las zonas exconflictivas donde se asentó población excombatiente y retornada. Las bases de la democracia posguerra se sentaron en estos años, acompañadas de una fugaz reactivación económica, apoyada en buena medida en el flujo creciente de remesas familiares, provenientes de compatriotas residentes en los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de los millones de dólares invertidos con fondos gubernamentales y de la cooperación internacional, particularmente en la zona norte más excluida, y de los más de 4,000 millones de dólares en remesas familiares, la pobreza estructural persiste y el crecimiento económico se estanca a partir de la segunda mitad de la década. Un balance llevado a cabo dos décadas después del fin del conflicto armado resumía en dos grupos los desafíos más fuertes para el desarrollo nacional: los socioeconómicos e institucionales, por un lado, y los políticos, de identidad, seguridad y vulnerabilidad, por el otro.
En el grupo de los desafíos socioeconómicos, el principal reto ha sido la persistencia de altos niveles de pobreza y déficits sociales. Para el 2010, alrededor de 4 de cada 10 hogares salvadoreños eran pobres. La escolaridad promedio apenas alcanzaba los 6 años. Entre los menores de cinco años, el 14% presentaba retardo en talla en las zonas urbanas, y 24% en el área rural.
De todas las personas que se enfermaban, el 40% no recibía servicios de salud, sólo el 20% tenía atención médica asegurada. Únicamente el 18% de la población económicamente activa era cotizante de pensiones. El 68.9% carecía de vivienda aceptable, el 21.3%no poseía agua por cañería y el 9% no tenía servicio de electricidad.[15]
En cuanto a los desafíos de seguridad, la violencia y la delincuencia ocupan el máximo sitial. El año 2009 cerró con una tasa de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes. El 32% de la población manifestaba haber sido víctima de delitos en los últimos doce meses[16]. Según la encuesta del IUDOP de ese mismo año, más del 50% de la población se sentía insegura en lugares públicos, especialmente buses, mercados, plazas y parques, entre otros; el 63% evitaba ciertos lugares de esparcimiento; el 50% limitó lugares de compra; el 122% había optado por cerrar su negocio y el 19% había decidido cambiar de lugar de residencia, a causa de la delincuencia.[17] Con matices de altas y bajas, los retos continúan siendo los mismos.
Por otra parte, los desequilibrios regionales continúan, y si bien estos son inevitables, cabe preguntarse cómo podrían reducirse. Un balance de las principales transformaciones de la red urbana entre 1950 y 1996 señala que el proceso de urbanización en el país presenta dos tendencias principales: primero, el continuo crecimiento del AMSS, que en términos del número de habitantes se distancia cada vez más de las siguientes dos ciudades secundarias, Santa Ana y San Miguel; segundo, la concentración de la población en general (y la que se considera urbana en particular) en las zonas costeras, central y occidental principalmente, situación señalada por PRISMA en 1995 y confirmada en 2017[18]. En el primer caso, estamos ante la configuración de una nueva entidad territorial: la región metropolitana de San Salvador, que se extiende a un aproximado de 11 municipios. Ambas tendencias contribuyen a acentuar los desequilibrios regionales que históricamente han caracterizado el desarrollo nacional, configurando una red urbana desigual y heterogénea.[19]
Otra característica de la conformación de la red urbana nacional es el predominio de poblaciones urbanas menores a los 20,000 habitantes. Entre las ciudades que experimentaron un ascenso en su nivel de jerarquía hacia 1992 destacan: Usulután, Zacatecoluca, Ilobasco, Aguilares, Sensuntepeque y Chalatenango, las cuales presentan altas tasas de crecimiento. Por su parte, las ciudades que retrocedieron en cuanto a su posición son Ciudad Arce, Berlín, Armenia, Santiago de María y San Vicente, presentando una reducción en sus tasas de crecimiento, exceptuando Berlín que tuvo un notable crecimiento entre 1971 y 1992.
Al interior de la región metropolitana igualmente se han experimentado cambios que denotan un deterioro de la calidad de vida de la población, producidos principalmente por la degradación ambiental y por la delincuencia e inseguridad. Baste citar un ejemplo, la zona industrial de Soyapango e Ilopango ahora presenta una sobrecarga vehicular, con pocas vías de transporte diseñadas para el volumen del flujo actual.
La calidad del aire se ha deteriorado. Escasean las zonas verdes y los espacios públicos de convivencia; además, su uso está condicionado por la violencia, la delincuencia y las percepciones de inseguridad.[20] La delincuencia y la presencia de pandillas en las colonias populares de esa región han reducido la calidad de vida y son expresión de las profundas desigualdades sociales y desatenciones del Estado.
Finalmente, entre los años noventa y el primer decenio del siglo XXI es de hacer notar que los riesgos socioambientales han aumentado. Se registra una creciente vulnerabilidad de grupos sociales pobres frente a los desastres por fenómenos naturales y a los relacionados con los cambios del clima y producto también de la creciente degradación ambiental. Cerca de 160,000 personas resultaron afectadas anualmente por desastres en esas dos décadas, lo cual le costó al país un promedio de 4.2% del PIB al año. De cada 100 personas, 41 residían en municipios de alto riesgo.[21] Este es el tema que exploramos en el siguiente apartado.
IMPACTO DE LOS DESASTRES EN EL DESARROLLO NACIONAL
Por su ubicación geográfica y condiciones geomorfológicas, a lo largo de la historia El Salvador ha sido impactado por diversas amenazas[22] naturales, como erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones de escala variada, así como por amenazas antropogénicas[23], las más recientes provocadas por el clima, con origen en el cambio climático global.[24] Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal amenaza climática es el hecho ambiental de mayor trascendencia nacional, pues las pérdidas y daños ocasionados por eventos climáticos extremos comprometen en el corto plazo la posibilidad del desarrollo económico y social.[25]
Pero antes de continuar nuestro planteamiento, es necesario clarificar algunos conceptos básicos. Riesgo de desastres se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un tiempo definido.[26] Son las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico en el futuro.[27]
Ahora bien, la posibilidad de que un desastre ocurra depende tanto de la amenaza (ya definida), como de la vulnerabilidad.
La vulnerabilidad son aquellas características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Está determinada por factores físicos, económicos, sociales y ambientales[28].
Esta acepción de vulnerabilidad generalmente incluye la exposición de los elementos impactados, mientras otras la especifican separadamente, definiéndola como la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos que están expuestos a pérdidas potenciales.[29]
FUENTES GENERADORAS DE SISMOS EN EL SALVADOR
El Salvador se encuentra en una región con un alto índice de actividad sísmica. Las principales fuentes generadoras de sismos en el territorio nacional son:
A. La cadena volcánica, que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico y corre a lo largo del territorio.
B. Un sistema de fallas geológicas con una dirección predominante noroeste-sureste dentro del territorio salvadoreño.
C. El proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe, cuyo movimiento relativo origina sismos cercanos a las costas salvadoreñas.
D. Un sistema de fallas geológicas en Guatemala que definen la frontera entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe.
C. Un sistema de fallas geológicas con dirección norte-sur, ubicadas en la depresión de Honduras.
A los sismos generados por las fuentes A y B se les llama locales. Estos, que generalmente ocurren a profundidades menores a 30 kilómetros, han sido los más violentos. Entre los sismos locales más destructivos se pueden mencionar: Jucuapa-Chinameca el 6 de mayo de 1951; San Salvador el 3 de mayo de 1965; San Salvador el 10 de octubre de 1986 y San Vicente el 13 de febrero de2001.
A los sismos generados por las fuentes C, D y E los denominamos regionales. El último sismo regional de gran Intensidad en territorio salvadoreño fue el del 13 de enero de 2001, cuyo epicentro se ubicó en el Océano Pacífico.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2018.
Estos desastres ocasionados por eventos de gran magnitud ocultan los eventos de pequeña o mediana magnitud que ocurren cotidianamente en las ciudades y que no son objeto de los programas de prevención. Además, las acciones preventivas han estado dirigidas históricamente a la reconstrucción física y no han abordado las vulnerabilidades existentes, dado que estas se han constituido en el factor que más explica el incremento de los riesgos de desastre y ambientales urbanos, particularmente en el AMSS[30]
El abordaje de las vulnerabilidades es igualmente relevante para las estrategias de adaptación al cambio climático.[31] En esta sección abordaremos únicamente la relación entre desastres, desarrollo urbano (principalmente del AMSS) y desarrollo nacional.
Los terremotos: la mayor preocupación
La ciudad de San Salvador ha vivido una larga historia de terremotos, desde su fundación en 1521. También en marzo de 1575, luego en abril de 1594. En este último movimiento telúrico, todo se vino abajo. La reconstrucción tardó más de seis años. En 1601 todavía gran parte de la ciudad estaba en el suelo.[32]
Similares descripciones se repiten muchas veces: en el siglo XVII se registraron cinco grandes temblores, en el siglo XVIII nueve y en el siglo XIX, la cantidad sube a 53 terremotos, cinco de ellos con una magnitud mayor a 7.0 en la escala de Richter. El terremoto de 1831 prácticamente destruyó toda la ciudad capital, con intensidad de 7.1 grados Richter. No existen registros precisos de la cantidad de personas fallecidas por sus efectos.[33]
El siglo XX tuvo una tendencia similar. La segunda década fue asoladora, hubo tragedias cada dos años o menos. En 1912, un terremoto en el occidente del país. En 1915, otro terremoto, esta vez en la zona costera. En 1917, un terremoto de origen volcánico. Este último fue especialmente violento, ya que su epicentro fue bastante superficial, causó más de mil muertes. En abril de 1919, otro sismo de origen volcánico causó destrucción.[34] Los años treinta, cincuenta, sesenta y ochenta también registran terremotos. El evento telúrico de mayor impacto en este siglo fue el terremoto de 1986.
La evaluación del Banco Mundial del terremoto del 10 de octubre de 1986 calculó en 60,000 el número de viviendas afectadas por el sismo. La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) precisó que, de esa cantidad de viviendas, más de la mitad (52%) correspondía a «mesones», ubicados en su mayoría en áreas del centro de San Salvador.[35] El abordaje de corto plazo y emergencista de estos fenómenos acentuó la segregación en la ciudad y potenció los riesgos de desastres, al incrementar la cantidad de asentamientos urbanos precarios y los tugurios.[36]
En cuanto a regulaciones, las acciones se concentraron en la actualización y aplicación del código sísmico para las nuevas construcciones, pero no se llevaron a cabo estudios que permitieran el ordenamiento del territorio de acuerdo con las características geológicas del suelo. Tampoco se consideró que los asentamientos urbanos precarios se establecieron al margen de la ley, sin supervisiones ni respeto por las normativas urbanísticas.
El siglo XXI inició con dos terremotos de gran magnitud que produjeron pérdidas y daños importantes a la economía y a la población urbana y rural. El primer sismo ocurrió el 13 de enero de 2001 con una magnitud de 7.6 en escala Richter y el segundo, el 13 de febrero con una magnitud de 6.6 Richter.
La CEPAL, basada en datos proporcionados por el Gobierno salvadoreño, calculó la cantidad de muertes y de personas heridas en 827 y 4,520, respectivamente. El monto total de las pérdidas y daños fue de1,255.5 millones de dólares. Estos daños equivalen a 9.5% del PIB del año 2000, equiparable a toda la producción agropecuaria de ese mismo año. La infraestructura vial (carreteras), la infraestructura educativa, las viviendas y los asentamientos humanos fueron los sectores más afectados.
Territorialmente, los departamentos mayormente afectados, comparando su población respecto del total nacional, fueron Usulután, La Paz y San Vicente, seguidos por Sonsonate, La Libertad y Ahuachapán.[37]
El sismo de febrero causó al menos 322 personas fallecidas, 3536 lesionadas y más de 350,000 damnificadas. Para este evento específico no se registra evaluación de pérdidas y daños por parte de CEPAL, pero el Comité Nacional de Emergencias (COEN) y organismos internacionales reportaron 52,820 viviendas destruidas y 48,055 dañadas. 200 escuelas y 34 establecimientos de salud afectados. Los departamentos más afectados fueron La Paz, San Vicente y Cuscatlán.[38]
Considerando el camino recorrido desde el terremoto de 1986 hasta la actualidad, se puede afirmar que se ha avanzado en la construcción antisísmica y en el desarrollo de capacidades locales y nacionales para responder adecuadamente a las emergencias provocadas por estos eventos, a través del Sistema Nacional de Protección Civil y, más recientemente, el impulso del establecimiento de alertas tempranas de tsunamis en la zona costera. Sin embargo, falta mucho por hacer respecto de la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y de la población en condición de extrema pobreza.
El clima cambiante, la mayor amenaza de fines de siglo XX
Aunque la población salvadoreña ha vivido en toda su historia el paso de lluvias torrenciales y fuertes tormentas tropicales, nunca habían ocurrido tantos eventos en un período tan corto ni con la magnitud de huracanes. Como se sugirió con anterioridad, los terremotos han monopolizado la atención estatal y han sido la mayor preocupación de la población. Sin embargo, los desastres de mayor magnitud hacia finales de siglo XX son eventos hidrometeorológicos extremos, ocasionados por la variabilidad climática y cada vez más por el cambio climático.
Indiscutiblemente, el huracán Mitch ha sido el evento hidrometeorológico de mayor magnitud que impactó a Centroamérica en el siglo XX. El 24 de octubre de 1998, la tormenta tropical atlántica Mitch alcanzó la categoría de huracán. Durante la semana siguiente atravesó Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice y Costa Rica, mientras el ojo de la tormenta se mantenía a unos 150 kilómetros de la costa.
Quedó varios días estacionario frente al litoral caribeño de Honduras, donde provocó lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves y vientos de alta intensidad. En su punto máximo, durante los días 26 y 27 de octubre, el huracán llegó a la categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson), convirtiéndose en uno de los cuatro huracanes que han alcanzado este nivel durante ese siglo. Durante estos días produjo vientos de casi 300 kilómetros por hora y descargó su fuerza por toda Centroamérica.
La cifra regional de muertes fue superior a 18,000 personas, la mayoría de Honduras y Nicaragua. La población directamente afectada ascendió a casi 3.5 millones de personas y hubo 176,500 viviendas dañadas. No se tienen registros anteriores de que un solo fenómeno natural haya afectado al mismo tiempo a los cinco países y causado tantas víctimas como este. Los daños ocasionados ascendieron a más de cinco mil millones de dólares, lo que equivalió al 15% del PIB regional para 1998. También se calculó que los daños a reservas ecológicas y zonas protegidas de la región fueron superiores a los 67.4 millones de dólares y que su rehabilitación requería no menos de 137.7 millones.
El paso del Mitch en El Salvador causó 162 defunciones y más de 100,000 familias damnificadas. Los daños económicos, sociales y ambientales calculados por la CEPAL ascendieron a 262 millones de dólares, registrándose los mayores daños en el sector agrícola y en la infraestructura: destrucción de puentes, carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, pozos y letrinas, escuelas y unidades de salud.
El huracán Mitch fue solo el anuncio de lo que vendría para el país, ya entrado el siglo XXI. La baja presión E96 asociada al huracán Ida en noviembre de 2009, la tormenta tropical Agatha (mayo 2010) y la depresión tropical 12 E (octubre 2011) y sus impactos confirmaron que la variabilidad climática es una amenaza creciente para El Salvador. Adicionalmente, a estos tres años de lluvias continuas han seguido siete años del predominio de comportamientos e impactos de sequía, con fuertes implicaciones para la agricultura y la economía, con mayor fuerza en la población rural, que vive precisamente de este sector y se ha vuelto aún más vulnerable.
El informe del índice de riesgo climático, presentado por Germanwatch en los últimos tres años, señala que la región centroamericana es una de las zonas más afectadas por eventos climáticos. Honduras y Nicaragua se encuentran entre los primeros 10 países más afectados, mientras El Salvador estaba entre los primeros 20 en 2007[39] y ha tendido a salir del listado en el ámbito mundial, en parte debido a que desde 2011 no ha habido eventos extremos de lluvia.
No contamos al momento con estudios que documenten los impactos específicos de estos eventos extremos y del cambio climático en las ciudades salvadoreñas.
Lo que sí puede inferirse tanto para sismos como para los riesgos asociados con el clima cambiante es que las ciudades y su población son fuertemente impactadas. También sabemos que existe una cantidad importante de pequeños y medianos eventos que acumulativamente originan desastres, tales como las inundaciones por tuberías obstruidas, acumulaciones de basura, entre otros.
Por ejemplo, desde el año 2002 al 2018, en San Salvador se contabilizaron 154 inundaciones. Las zonas urbanas más populosas, como la colonia Tutunichapa, los municipios de Apopa y Soyapango, entre otros, al igual que el río Acelhuate, son protagonistas de casi dos décadas de deslaves, hundimientos, desbordes, colapso de tuberías e inundaciones de impacto local.[40]
El cinturón de fuego y los volcanes salvadoreños
El Salvador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.[41] Está situado en las costas del Pacífico y concentra las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en los tres continentes que abarca (Oceanía, Asia y América). El lecho del océano Pacífico descansa sobre placas tectónicas que se encuentran en fricción y acumulan tensión. Al liberar esa tensión, ocurren terremotos y se generan riesgos de tsunami. Las erupciones volcánicas de gran magnitud son una amenaza latente, presente en el territorio nacional.
El territorio salvadoreño está conformado en un 90% por materiales volcánicos. Sus principales volcanes son Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Izalco, San Vicente e Ilopango. Cada volcán presenta características físicas y químicas propias. Posee rasgos específicos de comportamiento y debido a ella deben monitorearse. Esto permite determinar cuándo hay cambios que indican posibles reactivaciones.
Los estudios especializados de los años setenta reconocieron hasta 700 focos eruptivos en El Salvador. El catálogo mundial de volcanes activos, publicado en 1973 por el geólogo alemán Otto H. Bohnenberger, presenta un total de 177 volcanes posmiocénicos (desde 8 millones de años), y el catálogo de volcanes activos del Instituto Smithsonian detalla dieciocho volcanes individuales y tres campos volcánicos salvadoreños.[42]
Con base en estudios más recientes y a partir de los reconocimientos de campo en la cordillera volcánica, se estableció que existen veintitrés volcanes activos y se identificaron cinco campos volcánicos con antecedentes sísmicos, que incluyen estructuras volcánicas y lagos cratéricos.[43] Algunos de estos volcanes presentan actividad continuada (emisión de gases y excepcionalmente de cenizas) como son Santa Ana, San Salvador, San Miguel e Izalco, pero no se descarta la reactivación de otros con actividad en el pasado.
El volcán de San Salvador merece especial atención por ser uno de los cinco más grandes del país, por encontrarse activo y por las características de urbanización que presenta en sus alrededores, además de haberse convertido en una zona de actividad turística. El monitoreo histórico de las erupciones se registra desde hace 500 años aproximadamente, aunque la actividad eruptiva registrada data de 70,000 años.[44]
No obstante, desde el año 1,500, solamente han ocurrido tres erupciones. Dos ocurrieron en 1659 y 1671 en el volcán El Playón, al norte del volcán de San Salvador. En la primera erupción, la emisión de lavas se dirigió hacia el noreste, en una extensión de 10 Km2, que alcanzaron el río Sucio, provocando su represamiento. Igualmente, las lavas alcanzaron al pueblo de Nejapa, trasladándose la población sobreviviente a su ubicación actual. La tercera erupción de tipo fisural por el flanco noroeste ocurrió en el volcán de San Salvador el 7 de junio de 1917. La actividad evaporó el lago existente en el cráter central El Boquerón y se formó El Boqueroncito.[45]
Es difícil predecir el comportamiento futuro del volcán de San Salvador, pero no puede descartarse la posibilidad de erupciones violentas desde el cráter de la cumbre y explosiones pequeñas y caídas de rocas volcánicas, además de flujos de lava en los flancos del volcán o incluso más allá, que impactarían en 10 kilómetros en torno a la cumbre del volcán aproximadamente y los deslizamientos de sedimento más grandes podrían llegar más lejos.[46]
En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con un monitoreo permanente y calificado de la actividad volcánica y se efectúa un registro sísmico diario de los volcanes activos.[47]
Este breve repaso de los principales desastres ocurridos en el siglo XX muestra que las calamidades han estado presentes en la historia del país y sus ciudades, impactando de manera directa las posibilidades del desarrollo sostenible. De trascendental importancia es reconocer que los impactos por eventos extremos asociados a la variabilidad y al cambio climático constituyen la amenaza y el riesgo mayor del siglo XX, por lo cual es fundamental adaptarse y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El impacto de los eventos naturales o antrópicos no se mide por los hechos coyunturales o por los daños materiales inmediatos. Tampoco se mide solamente por la cantidad de personas fallecidas. La evaluación y la medición de fondo implicarían un análisis de raíz sobre el modo de desarrollo, las políticas estatales y la vulnerabilidad creciente, a fin de reducir o eliminar factores de alto riesgo, tanto en la dimensión social y cultural como en las de infraestructura, gobernanza y marcos jurídicos.
CONCLUSIONES Y DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO
En las secciones anteriores he tratado de demostrar que el proceso de urbanización, al igual que los desastres y su limitada gestión prospectiva, son fenómenos de presencia constante en la historia del país, especialmente del siglo XX hasta la actualidad. En la medida que las características geográficas y geomorfológicas del territorio nacional nos sitúan en una región con presencia de diversas amenazas naturales y enfrentada a los impactos crecientes del cambio climático, el crecimiento urbano desordenado establecido a lo largo de la cadena volcánica y la zona costera, y acelerado a partir de los años cincuenta, representa un desafío para la sostenibilidad del desarrollo nacional.
Si asumimos que el desarrollo sostenible es aquel que busca «satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».[48]
El Salvador ha pasado de ser un país mayoritariamente rural a principios del siglo XX a tener una población en su mayoría urbana ya entrado el siglo XXI, tendencia que hasta el momento es inevitable. Los cambios poblacionales y sociales destacados se han producido en el marco de transformaciones económicas, marcadas por el impulso de modos de producción cuya constante son las desigualdades socioeconómicas, la exclusión social, las migraciones y la violencia.[49]
El conflicto armado fue el pico más alto de conflictividad social y tuvo entre sus efectos desplazamientos internos y procesos migratorios a zonas fronterizas con Honduras y hacia el norte, principalmente los Estados Unidos. Estos procesos migratorios y los impactos sociales que causó el conflicto armado cambiaron el rostro del país para siempre y así llegamos a la posguerra.
Un asunto que no fue posible abordar en este artículo, pero es de fundamental importancia para el tema que nos ocupa, es la creciente degradación ambiental del país, reflejada especialmente en las ciudades.[50] Las problemáticas del agua, de los residuos sólidos y saneamiento, de contaminación del aire y de las fuentes de agua por descargas de aguas residuales residenciales y de las empresas han adquirido tal magnitud que han sido el objeto de la política ambiental durante la última década.[51]
Finalmente, el desafío principal mayor para el abordaje de los procesos antes descritos es de institucionalidad, políticas públicas y legislación pertinente.[52] La institucionalidad del ordenamiento y desarrollo territorial y del desarrollo urbano es precaria. Es un tema secundario en la agenda pública nacional y en la agenda de los tomadores de decisiones.
Por otra parte, la institucionalidad de la gestión de riesgos de desastre está un poco más desarrollada, pero la visión cortoplacista y emergencista no permite impulsar procesos sostenibles de gestión preventiva. Se requieren abordajes integrales e integrados de las diferentes instituciones involucradas, con un enfoque de desarrollo territorial centrado en la reducción de las vulnerabilidades de las poblaciones e infraestructura expuestas a los impactos de los eventos de origen natural y aquellos asociados al cambio climático.
Parecemos un país amnésico frente a la necesidad de actuar respecto de la vulnerabilidad creciente de nuestro territorio, la ocurrencia periódica de fenómenos naturales que no podemos controlar sino gestionar y ahora agravada por los impactos del cambio climático están imponiendo retos cada vez mayores.
Los impactos ambientales y sociales de los diferentes modelos económicos implementados durante el siglo XX a la fecha son grandes, por su irreversibilidad y efecto acumulativo en la degradación y destrucción de los ecosistemas. Estos recursos degradados y destruidos son de cualquier manera necesarios para la sobrevivencia de la población y para el mismo desarrollo económico, en el contexto de un mundo globalizado en el cual la calidad y los estándares ambientales son más exigidos, particularmente por el tema de cambio climático.
Las desigualdades y las vulnerabilidades territoriales continuarán profundizándose, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las minorías excluidas, si no se impulsa un modelo de desarrollo territorial más equilibrado entre la ciudad capital, el área metropolitana de San Salvador y el resto del país.
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[1] San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Apopa, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatepeque, San Martín, Cuscatancingo, San Marcos, Ayutuxtepeque, Antiguo Cuscatlán y Nejapa.
[2] La conurbación es un fenómeno mediante el cual dos o más ciudades se integran territorialmente, con independencia de su tamaño, de sus características propias y de su adscripción administrativa. El término conurbación fue acuñado en ABAC por el geógrafo escocés Patrick Geddes. Ver Cecilia Inés Moreno Jaramillo, «La conurbación: rizoma urbano y hecho ambiental complejo» (ponencia presentada en el VII Seminario Nacional de Investigación Urbano-Regional Diversidad y desigualdad en los territorios contemporáneos, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, DEEF), en línea: http:// www.bdigital.unal.edu.co/HHIH/A/CIM-CONURBACION.pdf.
[3] La transición demográfica se refiere a un proceso de larga duración que transcurre entre dos situaciones extremas: la primera, con altas tasas de mortalidad y fecundidad; la segunda, de bajo crecimiento demográfico, pero con niveles bajos en las respectivas tasas. Entre ambas situaciones pueden identificarse dos momentos principales: el primero, en el que la tasa de crecimiento de la población aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad; el segundo, en el que tal crecimiento disminuye por el descenso de la fecundidad (San Salvador: PRISMA, CEPAL, 2017;CELADE-BID 1996)
M Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador (San Salvador: UCA Editores, 1978).
[4] M Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador (San Salvador: UCA Editores, 1978).
[5] Esta sección está basada en su mayor parte en Mario Lungo y Sonia Baires, «La lenta consolidación de la
capital salvadoreña», en La estructuración de las capitales centroamericanas (San José, EDUCA,1988).
[6] Ciro Cardoso, Historia económica del café en Centroamérica (siglo XIX. Estudio comparativo (San José, CR. Programa Centroamericano de Ciencias Sociales, 1975).
[7] Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2006. Una mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones (San Salvador:PNUD,2005), p. 95
[8] PNUD, Informe… (San Salvador: PNUD, 2005), pág. 95
[9] Se llama asentamientos urbanos precarios a los asentamientos humanos con condiciones infraestructurales y de servicios precarias; algunos, como los tugurios, están asentados ilegalmente sobre tierras estatales; otros, como las colonias ilegales, sobre propiedad privada, y los mesones son una forma de vivienda con servicios compartidos, por la cual se paga renta al dueño de la casa.
[10] Para entonces, la producción algodonera comenzó su declive como producto de exportación. Entre 1978 y 1987 el área cultivada se redujo en un 87%. Una combinación de factores influyó en tal situación, como la aparición de las fibras sintéticas y la reducción dela rentabilidad de cultivo. Además, el mal manejo y uso intensivo de agroquímicos deterioró el cultivo y produjo un grave daño ambiental en las zonas costeras donde se cultivaba el producto.
[11] PNUD, Informe…, p. 96.
[12] PNUD, Informe…, p. 96.
[13] Ricardo Córdova Macías, William Pleitez y Carlos Guillermo Ramos, Reforma política y reforma económica: los retos de la gobernabilidad democrática. Documentos de trabajo, serie Análisis de la Realidad Nacional 98-1. (San Salvador: Fundación Guillermo Manuel Ungo, 1998).
[14] Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). La protección internacional de refugiados en las Américas (Quito: ACNUR/OACDH, 2011).
[15] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010) De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo (San Salvador:PNUD,2010), pág. 58
[16] PNUD, Informe 2010, Pag. 58
[17] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). «Victimización y percepción de inseguridad en El Salvador en 2009», Boletín de Prensa (año XXIV, San salvador, UCA, 2009
[18] Deborah Barry, El Salvador: Dinámica de la degradación ambiental (San Salvador: Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente(PRISMA, 1995); Nelson Cuéllar y Susan Kandel, Dinámicas de exclusión y degradación ambiental en El Salvador (San Salvador: PRISMA, 2017)
[19] Mario Lungo, Francisco Oporto y Roberto Chinchilla, La evolución de la red urbana y el desarrollo sostenible en El Salvador (San Salvador: PRISMA, 1996)
[20] Sonia Baires et al., Violencia urbana y recuperación de espacios públicos. El caso del Área Metropolitana de San Salvador (San Salvador: UCA y PNUD, 2006)
[21] En el lenguaje de la gestión de riesgos de desastres, una amenaza se define como un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. (Ginebra: UNISDER,2009) Ver también MARN, Informe nacional de estado de los riesgos y vulnerabilidades (San Salvador: MARN, 2018).
[22] Llamado también antrópico, se refiere al efecto ambiental provocado por la acción humana, a diferencia de los que tienen causas naturales. Se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos físicos, químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas, tales como basureros, escombreras o la producción de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles (Enciclopedia cubana: htts://www.ecured.cu/Antropogenico).
[23] UNISDR. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo define como un «cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables» (Ginebra: UNISDR, 2009).
[24] MARN, Estrategia nacional de cambio climático (San Salvador: MARN, 2013) pág. 15
[25] UINISDR, Estrategia…(Ginebra, UNISDR,2009) pág. 30
[26] Mario Lungo y Sonia Baires, «San Salvador: crecimiento urbano, degradación ambiental y riesgos a desastres». En De terremotos, derrumbes e inundados. Los riesgos ambientales y el desarrollo urbano sostenible en El Salvador (San Salvador: FUNDE y La Red, 1996) ), p. 32.
[27] La UNISDR define adaptación al cambio climático como «un ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados o sus efectos, los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas» (Ginebra: UNISDR, 2009), p. 4.
[28] Flora Salazar, Estructuras urbanas. El Barrio de (La) Concepción de la ciudad de San Salvador (Tabasco: UCA-INAH, 1995)
[29] Cronología de sismos destructivos en El Salvador, ver http://www.marn.gob.sv/cronologia-de-sismos-destructivos/. Consultado el 4 de octubre de 2018.
[30] MARN, Cronología, 2018
[31]Mario Lungo y Sonia Baires, «San Salvador: crecimiento urbano…», p. 12.
[32] Ulrike Zschaebitz, Juan Francisco Serarols y Roberto Edmundo Portillo, Estadísticas básicas de los asentamientos populares urbanos del área metropolitana de San Salvador. 1968-1993 ([Documentos de Estudio, No. 15, Vol. II) FUNDASAL, 1995; Mario Lungo. «San Salvador: el hábitat popular después del terremoto», en Medio Ambiente y Urbanización, No. 24 (Buenos Aires, 1988).
[33] De estas, 485 –casi el 60% de las muertes– ocurrieron por el deslizamiento en Las Colinas, en Santa Tecla, municipio del departamento de La Libertad que forma parte del AMSS. El deslizamiento de la ladera del cerro sepultó con lodo las viviendas establecidas en su falda casi sin dejar supervivientes (San Salvador CEPAL, 2001)
[34] Registro electrónico del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Archivo histórico. http://mapas.snet.gob.sv/hidrologia/select.php consultado el 4 de octubre de 2018.
[35] También conocido como Anillo de Fuego del Pacífico.
[36] El Smithsonian recopila información de los volcanes del Holoceno, con edades desde los 10,000 años. Registro electrónico del SNET (P. Archivo histórico. http://www.snet.gob.sv/ver/vulcanologia/. Consultado el 4 de octubre de 2018.
[37] La información geológica de este dato proviene principalmente de los estudios del Royal Institute of Technology (Estocolmo, Suecia) y de la Michigan Technological University. Las otras fuentes son el ya desaparecido Centro de Investigaciones Geotécnicas de San Salvador y las investigaciones de reconocimiento del estudio Riesgos volcánicos en la región de San Salvador.
[38] Registro electrónico del %+(P. Archivo histórico…
[39] Registro electrónico del %+(P. Archivo histórico…
[40] Registro electrónico del %+(P. Archivo histórico…
[41] Registro electrónico del %+(P. Archivo histórico…
[42] Organización de las Naciones Unidas, Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Comisión Bruntland. Ginebra, ABFK: DH
[48] Roberto Turcios, Facetas de un siglo. Marco histórico del Proyecto Bicentenario (San Salvador: M;INED-INFOD, 2018)
[50] Los estudios publicados por PRISMA para el AMSS, y en particular el abordaje de la dinámica de la degradación ambiental de AMSS y su actualización en 2017, son de lectura obligatoria