Categoría: Reflexiones y Análisis

Apelando «a la fe de la inmensa mayoría» el presidente Alan García acaba de decir que los recientes conflictos, «en los mismos lugares en los que antes ganó el “antisistema”», son parte de un conflicto continental entre la democracia política y económica, por un lado, y el estatismo económico, por otro. Después de haber enunciado este embuste, dijo que en el 2006, el Perú escogió por 5 años el camino de la modernidad que gana terreno social, pero subsisten grupos “antisistema” que predican el estatismo y aprovechan cualquier queja o reclamo para impulsar la violencia y crear un “levantamiento general de los pueblos” aprovechando la crisis mundial, con el fin de acumular fuerzas en la primera mitad del gobierno y en la segunda precipitar la caída del sistema, elegir una Constituyente, establecer la reelección, proceder a la estatización de algunas empresas y luego estatizar el pensamiento y la vida social. Y, a estos, sus enemigos construidos, les ha dicho: «no pasarán, porque la mayoría demócrata y racional es inmensa».

Es la catilinaria de un demiurgo. La ciencia política y social no se basa en la realidad, ya no es una interpretación rigurosa de esta; pues, según el texto del presidente García, la realidad surge de sus propias construcciones imaginarias. Este abandono del método de construcción del conocimiento que practicó, según él, Haya de la Torre, es inaudito, es inconcebible.

La modernización neocolonial de Alan García
La argumentación del presidente no ayuda al entendimiento de los procesos sociales, políticos y económicos de las últimas décadas. La dicotomía democracia (defendida por Alan García) y estatismo (propugnado por los “antisistemas”), es sólo una invención manipuladora. Hay que recordar que Alan García no gobierna sobre la base del plan que utilizó en la campaña electoral sino del plan de la candidata que combatió acusándola de representar a los ricos. Uno podría decir que los que embozan sus ideologías para ganar una elección no son auténticos demócratas porque mienten al pueblo que los elige.

Empero, importa más señalar que Alan García es el seguidor más aplicado de la modernización neocolonial que empezó con Alberto Fujimori y que siguió durante el Toledismo por el camino de las concesiones gasíferas y mineras, y no precisamente por el camino de las nuevas políticas macroeconómicas aplicadas desde el año 2002. Apoyándose en la idea Hayista de que «todo progreso se debe al capital extranjero», Alan García ha construido un discurso que se ubica históricamente en las postrimerías del siglo XIX cuando nuestros países se incorporaron al mundo globalizado de esa época como enclaves o colonias exportadoras de productos primarios.

En su monografía «La revolución constructiva del aprismo, Teoría y práctica de la modernidad», dice que en la actualidad hay un nuevo modo de producción global que obliga a buscar «espacios de integración esencialmente económicos» y que «la integración ya no es hacia adentro, ahora es la complementación» económica y política para incorporarnos y actuar ante el mundo (p.115). Esta propuesta neocolonial, de subordinación al capital transnacional y contraria a los intereses de las mayorías, corresponde a la ideología neoliberal del consenso de Washington que considera a nuestros países un campo de inversión para el capital transnacional.

La propuesta de desarrollo de Alan García
En sus artículos sobre el «síndrome del perro del hortelano», Alan García es conmovedor como intelectual. Nos dice que hay recursos (forestales, agrícolas, mineros, marinos, etc.) que se pueden utilizar (poner en valor dice el presidente), pero hay perros del hortelano que se oponen. Propone, entonces, acabar con estos perros: reduciendo el control y evaluación de las inversiones públicas; privatizando las funciones reguladoras del Estado; subastando las tierras comunales ociosas; reduciendo los impuestos a las empresas mineras; exonerando tributos a los que quieren invertir en la maricultura; empaquetando deudas del Estado para venderlas en subasta pública; y, dando acceso progresivo a los derechos laborales de los trabajadores.

Escribas neoliberales y de derecha han dicho que estos artículos constituyen una nueva «propuesta teórica del desarrollo», porque identifican los obstáculos que enfrenta la inversión privada y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo. Pero se trata de una propuesta que no tiene rigor metodológico ni estatuto teórico. Desde el punto de vista del método de construcción del conocimiento, su propuesta modernizadora es la expresión del «inductivismo ingenuo del siglo XIX»: observa algunos hechos (recursos, posibilidades, y supuestos opositores a su utilización que reflejan las preferencias del propio autor) y cree así, por inducción, construir una propuesta que compite con las teorías del desarrollo. Su análisis, además, es lógicamente inconsistente.

Señala que hay recursos, lo que se puede hacer con estos recursos, por qué no se puede hacer lo que se puede, y quienes son los perros que se oponen. Sin embargo, cuando llega al recurso «trabajo» o «capital humano» el autor parece descubrir que su argumento se le convierte en un boomerang, del cual no logra salir porque se siente cómplice. Con el capital humano se puede hacer muchas cosas: aumentar la productividad, innovar técnicamente los procesos de producción, modernizar la producción, etc. Pero, lo que Alan García evade decir, es que los gobiernos neoliberales, incluyendo el suyo, han hecho todo lo posible para «aplastar al capital humano»; evade decir que estos gobiernos son los auténticos perros del hortelano del desarrollo, porque redujeron el gasto en salud y educación, bajaron los sueldos y salarios, y aumentaron el subempleo y la pobreza, generando así una manera de crecer que no crea empleo ni ingresos decentes, y que excluye a la inmensa mayoría de la población de la sierra y la selva del país.

El desarrollo neocolonial con cholo barato
La evidencia empírica revela que las políticas económicas de los ochentas, noventas y de la presente década, atrasaron el crecimiento económico de largo plazo, sacrificando bienestar porque influyeron directamente en la orientación de la inversión privada hacia áreas de complementación económica transnacional. El alto crecimiento económico de los últimos años, no es fruto del progreso tecnológico y del desarrollo industrial, sino de un modelo exportador basado en el cholo barato. Es el modelo del «perro del hortelano neocolonial» que no permite que los trabajadores y las poblaciones, rural y nativas, mejoren su calidad de vida: el salario promedio de los obreros en 2007 representó sólo el 4% del sueldo promedio de los ejecutivos de la minería y únicamente el 52.8% de su valor registrado en el año 1987. Alan García dice que la pobreza ha caído, pero no dice que su nivel actual es el mismo que generó su gobierno en los años 1985-1990 (45.1%) y que se mantiene con fluctuaciones.

No está en discusión, porque nadie lo niega, que la inversión es fundamental para el crecimiento: las tasas de crecimiento del PBI están estrechamente correlacionadas con las tasas de variación de la inversión. Pero la inversión privada de los últimos tiempos ya no expande la producción de aquellas actividades que generan más empleo e ingresos: el índice de empleo de la manufactura ya no sigue al comportamiento del PBI, justamente desde los años en que empiezan a aplicarse las políticas neoliberales. Esta manera de crecer ha hecho, además, que la inversión de estos tiempos sea básicamente de construcción más que de maquinaria y equipo para la agricultura y la manufactura.

La modernización democrática como alternativa
¿Puede ser democrático un gobierno que sólo después de forzado por la exigencia de los comuneros, ofrece un plan integral para las zonas del sur en conflicto? ¿Puede erigirse en defensor de la democracia un gobierno que incumple tratados internacionales como el de la OIT que le obliga a consultar con las poblaciones nativas para decidir sobre su territorio, pero sí garantiza la seguridad jurídica de la inversión extranjera en los tratados de libre comercio? ¿Defiende la democracia un gobierno que otorga concesiones forestales y petroleras en el mismo territorio donde habitan nativos cacataibo de Puerto Azul, ignorados por décadas? «Saber tratar con el capital extranjero es un difícil equilibrio, dice Alan García. Y más en un mundo de competencia en el que todo capital rechazado en un país irá a otro». (Monografía citada, p. 121). Hoy, nos dice, «ante la volatilidad de la inversión, el cambio tecnológico y el vaivén de las exportaciones no es posible pensar en una estabilidad laboral absoluta» (p. 99). Esta carrera desregulatoria hacia el fondo (Race to the Bottom) que nos propone Alan García para retener al capital extranjero y a su tecnología, es otro retorno al siglo XIX.

El presidente del «óbolo minero» no puede llamar antisistema, extremista y comunista, a todos los que apuestan por la ruta de la construcción de la nación, que es la ruta de la modernización democrática en el contexto de la globalización y de sus crisis. El verdadero demócrata es el que reinventa la ciudadanía a través de la historia; el que prioriza el desarrollo de la ciudadanía; el que, como lo señala Adam Smith (el mismo que acuñó la frase «la mano invisible del mercado»), debe estar dispuesto a sacrificar su propio interés privado en beneficio del interés público de su sociedad particular. Por el contrario, los que desean convertir a nuestras economías en una pieza del modo de producción global, despojan a la democracia de sus ciudadanos que siempre han vivido en comunidades concretas.

La historia demuestra que la democracia para ser tal no debe ser excluyente sino integradora, y para hacerla posible se necesitan cambios a nivel local y nacional, como la educación pública de calidad, la educación básica obligatoria, buenos sistemas de agua y desagüe, electrificación, redes viales, salarios y oportunidades de empleo decentes, prohibición al trabajo de los niños, etc. Esta es la manera democrática de equiparnos para un mundo globalizado. Adam Smith, en su Teoría de los Sentimientos Morales, publicado en 1759, decía que la «disposición de admirar y a casi reverenciar al rico y al poderoso, y a despreciar o por lo menos, a no prestar atención a las personas pobres y de condición media es, al mismo tiempo, la gran y más importante causa universal de la corrupción de nuestros sentimientos morales» (Parte I, Capítulo III, 3.1).

El problema de la modernización democrática es cómo asegurar que el desarrollo nacional —con la nacionalización (no la estatización) de la explotación de los recursos naturales y la no depredación del medio ambiente— sea basado en una comunidad política de ciudadanos libres. No hay democracia sin justicia e inclusión, cultural, social, política y económica. La modernización democrática supone, asimismo, en el área de la economía, la institucionalización de políticas macroeconómicas anticíclicas, el desarrollo de los mercados internos, con infraestructura y mercado de capitales en soles, para impulsar la inversión privada local, el cambio técnico endógeno y el desarrollo de la competitividad internacional sobre la base de la productividad y de salarios reales crecientes.

«Los verdaderos fundamentos de la vida moral en los tiempos modernos –decía John Stuart Mill, economista, político y filósofo del siglo XIX-, son o deben ser la justicia y la prudencia como medios que propician el respeto de cada uno al derecho de todos y el reconocimiento de la aptitud individual para decidir su futuro».

Publicado en La Primera, domingo 5 de julio de 2009

June 28 2013 I have written before that the people’s movement that is now emerging doesn’t yet possess the transformative power of the movement of the 1930s. That movement set in motion an era of broad, deep-going, democratic, anti-corporate restructuring of our political and economic institutions – and also changed the thinking of tens of milliions.

But what today’s movement does possess is the potential to develop in that direction. All of which begs the question:

How do we accelerate this transition from a movement with transformative potential to a movement with transformative power and capacity?

Here are a few thoughts:

• Contrary to what some on the left think, the starting point of transformative politics isn’t political desires and wish list, but a sober and concrete assessment of the balance of class and social forces on the ground, not least of which is the political consciousness of the majority of working-class people and what they are ready to fight for.

And by this measure, a movement with transformative hopes must be up to its ears in the struggle for jobs, a higher minimum wage, immigration reform, gun control, infrastructure renewal, abortion rights, protecting the climate, preserving earned-benefit programs, marriage equality, voting rights, saving public education, reversing the sequester, winning a federal budget favoring people’s needs, cutting the military budget, and many more issues at the federal, state and local level.

It should also be an energetic part of the struggle to give the Republican Party a licking in next year’s congressional elections. Defeating right-wing extremist candidates is the key link in moving the whole chain of struggle forward. It will take an expansive coalition of voters, including independents, centrists and even some moderate Republicans.

Far from a diversion, these democratic struggles to protect, extend and deepen political, economic and social reforms and change the balance of forces in our nation’s capital and beyond are the incubator of a movement that possesses the necessary unity, understanding and capacity to effect more basic changes, which I will come back to below.

I realize that many people feel frustrated with the Democratic Party. Who doesn’t?

In the past 30 years the top layers of the Democratic Party have not fundamentally resisted the main direction of neoliberalism – that is, the supremacy of capitalist markets, deregulation, financialization, the pruning of government’s role, and an economics that redistributes wealth upward.

In fact, at many important turning points, Democratic Party leaders have brokered deals and greased the skids for neoliberal policies.

It was Bill Clinton who campaigned for NAFTA, squeezed the heart out of the safety net welfare program, lobbied hard for bank deregulation, and famously said, “The era of big government is over.”

At the same time, the Democratic Party has been a necessary, albeit inconsistent, component (at this stage of struggle) of the broad “small d” democratic coalition blocking the imposition of some of the worst features of the extreme right’s agenda, not to mention its more ambitious effort to gain unchallenged dominance over the federal government, thereby enabling the right to impose an authoritarian and austere form of capitalism on the American people.

Moreover, since 2008 the Obama administration has advanced many positive reform initiatives which the movement would be foolish not to welcome and support – the latest of which is the administration’s new efforts to curb carbon emissions.

Finally, the mass base of the Democratic Party includes major sections of the people’s movement and a substantial layer of progressive elected representatives who, while not completely happy with the centrist positions of its top leaders, are still not ready to bid goodbye and join a new political/electoral party.

In these circumstances, it would be foolhardy to refuse in advance to cooperate with the Democratic Party as a whole or sections of it under any conditions. That would be a prescription for marginalization.

Nor would it bring the movement any closer to building a new political vehicle that consistently speaks for a broad array of people and organizations who feel the crushing weight of the corporate class and its political sponsors. In fact, it would move its realization further away.

• Vital to building a transformative movement is an understanding of which social forces have to be brought together for progressive and radical change. Not any kind of movement can make fundamental change; it takes more than the left, more than progressives, more than radicalized youth. A transformative movement will only materialize to the extent that it is able to attract the working class and its organized sector, people of color, women and youth into its center.

New movements like Occupy can have a dramatic impact on the political discourse of the country and stimulate a surge of activity, but to see them as the hub of a broader movement with progressive and radical aspirations, as some did, betrays any understanding of the power relationships in capitalist society.

• A commitment to participate in every arena of struggle, flexible tactics, a readiness to employ various forms of struggle, and robust use of social media are imperative. The allergy that some on the left display toward electoral forms of struggle – sometimes dismissively called “electoralism” – is wrongheaded. As I see it, a movement that entertains transformative objectives will leave a larger and larger and increasingly independent electoral footprint on the political landscape going forward.

• A constant struggle for unity in all its forms is an overriding task. At its core is the fight against racism, male supremacy, nativism, homophobia and other forms of inequality and oppression.

The search for common ground and a common program of action is not at loggerheads with the fight for equality. In fact, the common ground will be wider, deeper and more durable to the degree that the broader movement vigorously fights for equality in all its forms.

In recent decades vast political, economic, social and demographic transformations have occurred, but the fight for full racial equality retains its overarching importance. And white people and white workers in their own interests should be in the middle of this fight.

• The revitalization of the movement’s own political and organizational capacities to reach, mobilize, and unite millions is an essential part of the mix. For a number of years people’s organizations and the left – all of which are too small and not yet fully attuned to the times in which we live (and I include the Communist Party here) – have been exploring new ways of thinking and organizing in order to expand their size, influence, and power. Some successes have been achieved no doubt, but this process of renewal and growth has a still considerable distance to go.

• A vision of deep-going democratization (radical reforms) of our economic and political institutions has to be combined with small bore reform struggles. In this era of economic stagnation, multiple crises and shrinking democracy, the reforms applied in the post-World-War-II period no longer suffice. What is needed is a program that breathes new life into our democracy and challenges the logic, profits, prerogatives and growth imperative of corporate capitalism. Among other things, some public ownership is in order at the level of the commanding heights of economy (for example, the financial sector) and an expansion of worker/locally owned and operated businesses.

• A willingness to challenge the harmful growth of the coercive powers of the state and the military-industrial complex with its far-flung network of bases, both of which are rationalized in the name of fighting the “war on terror,” can’t be sidestepped.

• Transforming the economy along sustainable lines and make the world a habitable for human beings and other species is an existential imperative. In the words of the notable climate scientist James Hansen, we are facing a “planetary emergency.”

• “Keep Hope Alive.” The three-decades-old neoliberal corporate offensive, ramrodded first of all by right-wing extremism, galvanized resistance. But it also crushed the hopes of countless numbers of people in the possibility of social change. Thus a task of a movement with transformative desires is to articulate a compelling and hopeful narrative that convinces millions that collective avenues of action will bring changes for the better in their everyday lives.

The above is not meant to be exhaustive, but only to outline in broad strokes some directions that the people’s movement should consider in order to qualitatively ramp up its transformative power and capacity. I’m sure readers of People’s World have other ideas on this subject that merit close consideration as well. So let’s compare notes and in the meantime continue to fight the good fight.

For too long the left has not been a major player on our political scene. It hasn’t been sitting on its hands, but it can’t claim the same political authority that the left commanded in earlier periods of the last century, which not coincidentally were marked by major social advances.

But that could well change in the coming decade. The left has the opportunity in the coming years to move from the margins into the mainstream of political life, to leave its distinctive stamp on the nation’s politics.

I say this because the socio-political environment is changing in left-friendly ways.

The era of relative capitalist stability and broadly shared prosperity is long behind us. Slow growth, stagnation, growing inequality, and multiple and interlocking crises – some global in scope – have become the main markers of capitalist development.

The thinking of substantial sections of the American people is changing. While these changes go in contradictory directions, one current runs in a democratic, progressive and even radical direction on a range of issues from marriage equality to taxing the rich to cutting the military budget to climate change to socialism.

The labor movement, facing a crisis of survival, is renewing and renovating itself. While the process is uneven and its outcome uncertain, labor’s new directions are already blowing fresh winds into the working class and democratic struggles.

New alliances on the people’s side of class and democratic struggles are cropping up in reaction to the increasingly apparent need for deeper and broader unity.

A rising anger is evident among growing numbers of people. Emblematic of this trend is the growth of mass, nonviolent civil disobedience actions by broad sections of the people’s movement.

Millions have engaged in the political arena in dramatic fashion in the past two presidential elections, despite systematic Republican efforts to block them.

Anti-racism is gaining ground, and is doing so in the face of an amped-up racist offensive coming from right-wing extremism and its corporate backers.

Most importantly, a loosely organized, multi-leveled movement – maybe coalition is a better term – is slowly maturing within the nation’s body politic. It doesn’t yet have transformative capacity, that is, the ability to realign politics, institutions, and mass thinking in a consistently progressive, anti-corporate direction, but it has the potential to grow in that direction.

But to take full advantage of this new opportunity the left can’t simply rewind and play the same tape that has guided its thinking and activity for longer than I care to remember.

To begin with, it requires shedding some modes of thinking – a mentality and practice of self-marginalization – that have either outlived their day or never had much value.

I would include:

• The belief that the danger of co-optation is a reason to keep a distance from reform struggles and electoral politics. As I see it, if the left doesn’t put itself in a position where it stands a chance of actually being co-opted, it isn’t really serious about mass politics.

• The view that politics has few complexities, change is driven only from the ground up, and stages of struggle are for the faint-hearted and “reformists.”

• A notion that differences within elite circles on foreign and domestic policies is of no strategic or tactical significance. A recent example was the sweepingly negative reaction of too many on the left to President Obama’s speech on the “war on terrorism,” a speech which in my view – and that of other sober-minded progressives – showed some retreat from past policies and provided some openings for mass struggle that were not formerly there.

• A “logic” that holds that because capitalism as a system can’t be reformed in the sense of eliminating its crisis tendencies and contradictions, no grounds exist to struggle for reforms within capitalism’s framework.

• A view that the two main parties of capitalism are carbon copies of one another – this in an era when right-wing extremism has taken over the GOP and imposition of an authoritarian form of capitalism has become its overarching political project.

• An attitude that the role of the left is always to double the bet. So that I’m not misunderstood: left demands have a place in class and people’s struggles, but they are neither the takeoff point for united action nor the singular thing that the left brings to mass struggles.

• A habit of looking for political purity which might exist in theory, but has never found a place in broad coalitions – the only reliable vehicle of social change – where people of varied views and interests gather, contest their views, but in the end struggle against a common foe.

• A pronounced predisposition to under-appreciate the role of labor and its growing layer of progressive leaders.

• A tendency to create false oppositions between electoral forms of action and direct action, or, to put it differently, between struggles against the state and struggles within the state. In its crudest form, it smugly declares, “Politics are of no importance, only struggle around issues matters.”

• A penchant to elaborate tactics – that is demands, forms of struggle, attitudes toward compromise and alliances, and so on – apart from a concrete estimate of the balance of class and social forces at any given moment.

• A new and growing view that the corporate hold on the federal government is so all-encompassing that struggles over policies and direction at that level are no longer viable.

• An attitude that the main task is to simply resist unrestrained corporate power, rather than addressing the harder task of making strategic and tactical linkages to move, not a handful of people, but millions forward – incrementally and to the next stage of struggle.

• An underestimation of the importance of the fight for equality in general and racial equality in particular. The search for common ground and a common program of action is not in contradiction with the fight for equality. In fact, the common ground will be wider, deeper and more durable to the degree the broader movement vigorously fights for equality in all of its forms.

While in recent decades vast political, economic, social and demographic transformations have occurred, the fight against racism retains its overarching importance.

Anyone who devalues this struggle limits the sweep of any victory at best. At worst, it provides an opening to the most backward sections of our ruling class to gain ascendancy. And racist filth has ramped up since Barack Obama’s election five years ago.

A firm and broad rebuff to this counteroffensive is imperative. White people, in particular white workers, in their own interests should be in the middle of this fight.

• An under-appreciation that the struggle for reforms and democracy is the ground on which higher and deeper levels of unity and understanding emerge, which in turn are the necessary scaffolding of any movement that hopes to be the agent of fundamental progressive and radical change.

Shedding these old modes of thinking is only a first step for the left in becoming a major player in U.S. politics. It also has to be combined with the articulation of and fight for an expansive, unifying, and forward-looking politics that has an eye to meeting millions on the ground they occupy and moving with them to higher ground, where the wellsprings of economic security, political democracy, substantive equality, durable peace, and human freedom can fully open up.

It is a challenge, but a challenge the left must meet.

O Polo Comunista Luiz Carlos Prestes (PCLCP) lança a seguinte nota pública sobre a onda de manifestações populares que tem ocorrido no Brasil nas últimas semanas Há mais de duas décadas não era presenciado um nível de mobilização popular tão intenso em nosso país, só comparada no último meio século em termos quantitativos às lutas pelas eleições diretas para presidente da república em 1984 e ao movimento que levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Mas aqueles episódios tinham motivos claros, previamente definidos por setores sociais e políticos fáceis de identificar no cenário nacional. Agora o momento é inusitado também pelo aspecto difuso tanto em termos de pauta de reivindicação quanto em termos de sujeitos sociais que propõe tais pautas.

Está claro que o estopim deste movimento foi a luta contra o aumento das tarifas do transporte coletivo em algumas cidades importantes do país, como Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. O MPL (Movimento Passe Livre), existente no país há pouco mais de uma década, e caracterizado pelo apartidarismo, tem crescido em termos de capacidade de mobilização e em termos de aceitação popular da legitimidade de seus objetivos. Não é pra menos, dado o fato de que os investimentos públicos no país estão voltados para atender os interesses da indústria automobilística, fazendo o transporte coletivo ficar mais caro para o usuário do que o transporte individual, e tornando a mobilidade urbana um caos, um suplício cada vez maior para quem precisa deslocar-se nos grandes e médios centros urbanos. Chega-se a algumas situações absurdas de o tempo de deslocamento diário casa-trabalho-casa ser praticamente igual ao tempo da jornada de trabalho.

Outro movimento que estava pulsando há alguns anos eram os comitês populares dos chamados grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Os setores que organizavam este debate buscavam fazer ver o conjunto de mazelas sociais provocadas pelos poderes públicos para garantir a construção dos estádios e das condições consideradas (pelos organizadores) necessárias para o recebimento destes eventos. Milhares de famílias desalojadas de suas residências, com bairros inteiros sendo engolidos pela especulação imobiliária; bilhões de reais gastos para a construção dos estádios; aceitação pelo Governo Federal, pelo Congresso Nacional, pelos governos estaduais e pelos prefeitos de todas as condições impostas pela FIFA, como a zona de segurança em torno dos estádios, a garantia de amplo espaço de propaganda e comércio para os monopólios a ela associados, em detrimento do comércio tradicional dos moradores locais; a mudança de legislações importantes do país com o único fim de atender bem os interesses monopolistas da FIFA; a criação pelo Congresso Nacional (a pedido do governo federal) da lei de regime diferenciado de contratação, simplificando o processo de contratação de obras e serviços, o que consideraram uma necessidade para que o Brasil cumprisse os prazos estipulados pela FIFA para a construção da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo. No fundo, uma forma de simplificar os processos de concorrência pública, possibilitando ainda mais abusos das empreiteiras, na sua já bastante promíscua relação com certos operadores da “gestão pública”. Com relação a esta questão, as manifestações começaram a aparecer conforme se aproximava e iniciava o grande ensaio dos megaeventos: a Copa das Confederações.

Necessário também dizer que há pelo menos duas semanas o movimento popular transbordou para além destas questões específicas. A sociedade brasileira, dos mais diversos setores, tem saltado às ruas, cada qual com suas demandas específicas, mas na sua maioria empurrados por um sentimento de necessidade, impelidos por uma compulsão irrefreável. Dos escombros de décadas de inércia, de paralisia e de conformismo doentio explode uma avalanche de angústia, de indignação e de revoltas. Por certo que isso é provocado pelas iniqüidades históricas dos detentores de poder, seja ele político ou econômico. Todos aqueles partidos que governaram o Brasil nos últimos 50 anos, pelo menos, são responsáveis pela criação de toda essa onda de indignação que agora explode.

No fundo, a subordinação histórica dos governos e de todos os poderes do Estado aos interesses do grande capital. Os monopólios, todos eles, o latifúndio e o imperialismo têm mandado e desmandado nos rumos que os governos brasileiros devem seguir. Foi assim sob os governos militares ditatoriais (que, aliás, deram um golpe justamente para fazer isso, “modernizar” o capitalismo dependente); foi assim nos governos que se estabeleceram depois da “democratização lenta, gradual e segura” a partir da década de 1980; foi assim sob o reinado do “príncipe da sociologia” Fernando Henrique Cardoso; e, não com menor intensidade, tem sido assim nesta já completada uma década de governos do PT, com PCdoB e demais aliados, antigos ou de última hora.

Os brasileiros se decepcionaram com a campanha das diretas, que foi traída por algumas das figuras públicas que os grandes meios de comunicação (também monopólios privados) trataram de desenhar com heróis, como foi o caso de Tancredo Neves; se decepcionaram com o “salvador da pátria” Fernando Collor; se decepcionaram com Fernando Henrique Cardoso e sua proposta de “modernizar” o Estado brasileiro, mas que terminou por vender o que pode do patrimônio público aos monopólios privados do mundo e piorar as condições de vida as massas populares e mesmo dos setores assalariados até então bem remunerados. Por fim, tentando acertar, o povo brasileiro votou no PT, desenhado como “esquerdista” pelas grandes mídias, pois talvez aí estivesse a possibilidade de redenção.

Os governos do PT e aliados fizeram mudanças apenas superficiais na política do Estado brasileiro. Mantiveram a macro política econômica herdada de FHC, inclusive no que tange a continuidade das privatizações de setores estratégicos, como o petróleo, que continua sendo leiloado sem a menor necessidade de autocrítica de seus arautos tidos como teóricos respeitáveis. Os governos do PT intensificaram o processo de inserção do capitalismo no campo, com a aceitação dos transgênicos, com a priorização para a produção dos biocombustíveis (álcool e biodiesel) em detrimento da produção de alimentos, o que tem provocado um aumento acelerado do preço da cesta básica, justamente o que mais pesa no orçamento dos trabalhadores e das grandes massas empobrecidas do pais. Os governos do PT e aliados aprofundaram ainda mais os ataques à previdência, levando à pobreza setores bem remunerados no passado e que, como aposentados, foram atirados à miséria (e ainda há mais ataques desta natureza no Congresso Nacional, como o chamado Acordo Coletivo Especial). Os governos do PT e aliados continuam flexibilizando os direitos trabalhistas; os governos do PT e aliados intensificam o processo de transferência para a iniciativa privada de recursos para a administração de serviços essenciais, como saúde e educação.

Como resultado dessa política, temos o enfraquecimento do serviço público justamente naquilo que interessa às amplas massas populares: saúde, educação, segurança, assistência social, pois até isso tem sido considerado espaço de lucro privado para setores da burguesia interna e, inclusive, externa.

Registre-se que os governos do PT e aliados, tirando dos setores médios, fez políticas compensatórias pontuais um pouco menos tacanhas em favor dos muito pobres. Isso ajudou a aquecer o mercado interno, contribuindo também para o crescimento econômico, mesmo que limitado, que ocorreu durante alguns dos últimos dez anos. Ao mesmo tempo, os monopólios foram mais agraciados do que imaginavam que seriam por um governo oriundo de setores populares. Todas as grandes políticas governamentais, mesmo que anunciadas em favor dos pobres, foram um generoso pasto para lucros milionários dos monopólios. Ficou ainda mais nítido nos últimos anos que o Brasil é uma república das empreiteiras, do agronegócio, dos bancos, dos monopólios automobilísticos, mesmo que se continue a fazer juras de amor aos pobres.

O povo brasileiro, cansado dos outros partidos, os da direita tradicional, votou no PT para ver se o Brasil mudava. Depois de dez anos percebeu que não mudou! E o pior é que a maioria do povo ainda considera essa gente toda que compõe o bloco governista da última década como de esquerda, o que é um grande desserviço a qualquer projeto de transformação social, que só pode ser feito pela esquerda de verdade.

Falávamos no começo que o estopim de todo o movimento que sacode o Brasil há duas semanas foi a luta contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Todos os outros elementos, somados aos abusos de gastos e procedimentos para a Copa, e também à brutalidade com que as polícias militares dos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro trataram o movimento popular, levaram ao transbordamento do imenso tonel de indignações, angústias e desilusões guardadas no subconsciente coletivo da população brasileira. E isso empurrou para as ruas diversos setores sociais, desde os trabalhadores medianamente esclarecidos, passando pela nova geração da chamada classe média empobrecida, até uma certa elite urbana, tão idealista e despolitizada quanto predisposta a aceitar qualquer discurso reacionário.

Como é sabido e debatido entre nós, a esquerda está muito frágil e desorganizada no Brasil, principalmente porque os setores que hoje estão no Governo Federal nasceram com discurso de esquerda, se apropriaram das organizações populares à partir do final da década de 1970, e continuam dirigindo, cada vez mais à direita, as principais entidades de massa dos explorados e oprimidos, como a CUT, a UNE, etc. O que podemos hoje considerar de esquerda são partidos e grupos com pouca expressão nos meios populares, e as amplas massas ainda não os consegue distinguir com clareza dos governistas PT e PCdoB.

As forças da ordem começaram por reprimir violentamente as mobilizações populares por transporte público mais barato e eficiente, como, aliás, sempre fazem. Mas, em virtude de outros descontentamentos e como resposta à repressão, outros setores se foram somando aos estudantes do Movimento Passe Livre e de movimentos semelhantes. Ficou difícil de reprimir, e então as forças da direita tradicional optaram por aderir ao movimento, e, até onde for possível, estão com a tática de infiltrar-se prática e ideologicamente no movimento, no sentido de dirigi-lo. De um dia para o outro os grandes meios de comunicação, sempre tão monolíticos em ignorar ou criminalizar as lutas populares, passaram a exaltá-la. Do ódio visceral, passaram a colocar na pauta, mostrando um abstrato “movimento legítimo e cívico da sociedade brasileira contra a corrupção e o mau uso dos recursos públicos”.

Esse novo tom apresentado pelas grandes mídias trouxe diversos outros setores para o movimento, e algumas outras pautas, como a luta contra a PEC 37, o combate à corrupção. Não há dúvida que a PEC 37 devia ser soterrada, e já o foi, porque era uma bandeira corporativa dos delegados de polícia e porque interessa a alguns (ou vários) corruptos que o Ministério Público fique fora das investigações, atendo-se ao exercício protocolar de receber processos das polícias e encaminhá-los burocraticamente ao judiciário.

Evidente que para a direita, mais golpista ou menos golpista, interessa ficar pisando e repisando apenas na questão ética. Eles não poderiam mesmo concordar com a avaliação de que o problema central do povo brasileiro seja a subordinação das instituições estatais aos interesses dos monopólios, do latifúndio e do imperialismo. Se conseguirem manter a massa lutando apenas contra a corrupção, preservarão seus próprios domínios, dificultando que haja a compreensão de que é preciso avançar para derrubar outros castelos, aqueles que impedem o país de dar um passado à frente. Até mesmo a luta por empresas públicas de transporte coletivo, com gratuidade dos serviços, uma pauta que pode ser cumprida sem que se comprometa o capitalismo, é ruim para a direita brasileira. Aliás, esse é um dos muitos problemas não resolvidos pela direita brasileira, e que os governos do PT e aliados não se dignou a colocar na pauta, depois de dez anos governando o país.

As amplas e difusas mobilizações populares que têm ocorrido no Brasil estão em disputa. A esquerda leva a desvantagem de estar desorganizada e de ser muito pequena neste momento, mas leva a vantagem de ter condições de absorver em seu programa todas as pautas legítimas desse amplo movimento, à exceção da sanha golpista de uma minoria infiltrada. A direita leva a vantagem de ter os grandes meios de comunicação em suas mãos, e de controlar o conjunto das instituições do Estado, mas leva a desvantagem de não ter condições de absorver em seu programa a imensa maioria das demandas populares que estão enchendo as ruas. À direita, resta a tentativa de continuar confundindo as massas, com palavras de ordem vazias e com concepções conservadoras. À esquerda, resta o desafio de realizar todos os debates que a sociedade está trazendo, sem preconceito de origem social de parte dos manifestantes, sem medo de perder no debate.

A esquerda precisa entender, no entanto, que mais importante que lutar por suas bandeiras partidárias deve ser colocar no meio da praça suas bandeiras programáticas. Temos visto em todos os lugares do Brasil, também porque a grande mídia tem feito questão de divulgar, que em muitos momentos a atuação tática restringe-se a discutir e combater para que as bandeiras dos partidos não sejam proscritas das manifestações. Evidente que o direito à manifestação do pensamento inclui a possibilidade de levantar uma bandeira, seja ela de partido, de sindicato, de movimento popular, de luta específica. Não resta dúvida de que o antipartidarismo esboçado nos últimos dias é expressão do que existe de mais atrasado na política nacional, e até mesmo é possível afirmar que seja uma tática da direita radical, procurando fazer uma batalha campal por causa disso, o que também ajudaria a afastar as massas do debate daquilo que deveria ser sua pauta mínima. Por outro lado, essa direita precisa evitar que as atuais pequenas organizações populares de esquerda acabem se tornando referência para toda essa massa que está indo às ruas.

Esta direita radical está usando o legítimo sentimento do povo de desconfiança com relação aos partidos, incluindo os de esquerda, para afastá-la das posições programáticas da esquerda. E a esquerda não pode cair nessa armadilha! Deve perceber que mais importante do que levantar uma bandeira do partido é difundir o conteúdo programático de cunho transformador.

É preciso que haja algum fato concreto de importância central para que se possa afirmar a tese de que esse movimento é inteiro ou majoritariamente golpista. Esse é um erro de avaliação espetacular, só justificado pelo desconforto brutal por que passam militantes do PT e do PCdoB. Não se pode agora abandonar as massas populares aos prazeres da direita radical que, se não por um golpe, com certeza quer voltar a governar o Brasil, a partir das eleições do ano que vem.

No entanto, queremos dizer que não coadunamos com as posturas que visam combater o governo federal pela direita. Não nos somamos aos gritos de impeachment e do “fora Dilma” para os quais setores da direita pretendem canalizar a justa indignação do povo brasileiro. Não porque o governo Dilma esteja indo bem, ou pelo menos de forma razoável, mas porque a esquerda não tem condições organizativas de assumir o poder neste momento, e a saída do PT e aliados do governo levaria ao retorno da direita radical. É verdade que não se trata de um movimento de massas de caráter golpista, ou mesmo fascista. Contudo, precisamos reconhecer que no interior desse movimento há sim organizações e bandos golpistas e fascistas que pretendem manipular as aspirações democráticas que movem a grande maioria do povo que está na rua. Ocorreram agressões pelo país a fora a militantes de esquerda, a militantes das causas LGBT´s, das mulheres, dos negros e indígenas. Isso demonstra a existência desses grupos e exige que os comunistas também construam, com o restante da esquerda, esquemas de segurança e blocos de ação conjunta nas manifestações sem que haja um afastamento do conjunto da massa. Ao mesmo tempo, precisamos ficar atentos às movimentações do imperialismo, como na recente mudança da embaixada estadunidense no Brasil, para a qual Obama nomeou Liliane Ayalde, nome que atuou na embaixada paraguaia nos anos que antecederam o Golpe parlamentar contra Fernando Lugo.

O momento é de fazer todo o esforço para inserir-se o máximo possível dentro dos setores populares que estão indo às ruas, especialmente entre os estudantes, a juventude em geral, os setores proletarizados, ou seja, colocar na ordem do dia as bandeiras programáticas que são justas e necessárias. Só em torno das bandeiras programáticas que é possível construir unidade de verdade entre a esquerda e não em tentar trazer uma ou outra sigla que há muito já abandonaram nosso lado da trincheira.

Elencamos aqui um conjunto de pautas que devemos privilegiar em nossa participação neste momento de ebulição popular, buscando construí-las com o conjunto da esquerda combativa. Não se trata de exigir que todos assumam esse programa de exigências, mas de termos um guia para ação, favorecendo a construção de unidades de programa que visem canalizar as aspirações do povo que tem tomado as ruas. No entanto, é importante enfatizar que a pauta do transporte coletivo segue sendo uma das que possui mais adesões e possibilidades de unidade, sendo também a pauta que mais deveremos enfatizar nos atuais processos de luta.

Lutamos por:

1 – TRANSPORTE: Luta pela municipalização com a criação de empresas públicas de transporte, com vistas à gratuidade dos serviços. No momento, cerrar fileiras pela redução imediata do preço das tarifas e para que a definição do preço da tarifa seja retirada da mão dos empresários, como forma de enfrentar e desarticular esta máfia. Lutar pela garantia de mobilidade urbana como um direito fundamental de todos, e um dever do Estado;

2 – SAÚDE: Lutar pela saúde pública, gratuita, estatal, universal e de qualidade, pela manutenção do SUS 100% público. Fim da gestão terceirizada e de todas as formas de privatização e elitização da rede pública de serviços de saúde: “organizações sociais” (OSs), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), fundações estatais de direito privado e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), reconhecendo a inconstitucionalidade das mesmas. Por concursos públicos até que se preencham todas as vagas nos estabelecimentos públicos. Contra os monopólios da indústria farmacêutica e qualquer outra forma de exploração monetária da vida. Pela valorização de todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, jornada de 30 horas, com carreira digna e salários adequados.

3 – EDUCAÇÃO: Construir as condições para desmercantilizar e formar uma educação universal, pública, gratuita, laica, crítica, criadora e voltada à transformação e emancipação social. Por imediatos 10% do PIB para a educação, pública e gratuita em todos os níveis, com implantação da Lei do Piso para os professores e melhoria salarial para os demais trabalhadores da educação. Mais concursos públicos e mobilização para erradicação do analfabetismo. Mobilização pela construção da universidade crítica, criadora e popular;

4 – SEGURANÇA PÚBLICA: Pela desmilitarização das polícias e dos bombeiros, com mais investimento em segurança da população. Valorização dos profissionais da segurança pública. Contra o uso das polícias para reprimir manifestações públicas legítimas e contra a criminalização dos movimentos sociais. Pela democratização das instituições de segurança e constituição de mecanismos efetivos de controle social. Contra a redução da maioridade penal;

5 – DEFENDER E AMPLIAR AS CONQUISTAS TRABALHISTAS: recuperação dos direitos subtraídos por meio da “flexibilização” e revogação das reformas de Lula e de FHC. Combate ao Acordo Coletivo Especial. Pelo fim imediato do fator previdenciário. Redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Que todos os recursos constitucionais que deveriam ser destinados à seguridade social (saúde, previdência e assistência social) sejam redirecionados ao seu fim, e que o governo seja impedido de conceder incentivos desta natureza aos monopólios, como tem feito reiteradas vezes, desde Collor e FHC, até Lula e Dilma. Garantia dos direitos sindicais e defesa da livre organização dos trabalhadores.

6 – COMBATER OS MONOPÓLIOS E O IMPERIALISMO PARA UM DESENVOLVIMENTO COM SOBERANIA: Pela auditoria da dívida pública externa e interna com suspensão imediata do pagamento. Reestatização das empresas estratégicas entregues aos monopólios privados nas últimas duas décadas. Pela suspensão dos leilões de poços de petróleo e pela Petrobrás 100% estatal, extinguindo-se a Agência Nacional de Petróleo, e redirecionando-se o funcionamento e o excedente econômico do monopólio público para fins públicos e a solução dos problemas sociais. Pela suspensão de todos os incentivos fiscais, financeiros e estruturais aos monopólios privados, bem como pela cobrança das dívidas com os bancos públicos.

7 – AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DO POVO E COMBATER AS REAIS CAUSAS DA CORRUPÇÃO: Criar instituições de democracia direta e “Conselhos populares” (conselhos por local de moradia, conselho de trabalhadores, conselhos camponeses, etc.) como órgãos de luta e de deliberação sobre as políticas a serem praticadas pelos governos, em todos os níveis. Financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e pela possibilidade de revogabilidade dos mandatos;

8 – AMPLIAR AS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS: combate a todas as formas de opressão, preconceito e injustiça. Direito da mulher a dispor do próprio corpo, inclusive ao aborto em rede pública de saúde. Garantia aos direitos das populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Ampliação das atribuições da “Comissão Nacional da Verdade” para a apuração dos crimes cometidos e acobertados durante o regime ditatorial, com averiguação dos fatos e punição aos culpados na forma da lei. Democratizar os meios de comunicação, com revisão das concessões de rádio e TV, eliminação do favorecimento político e de acordo com o interesse público.

9 – REALIZAR A REFORMA AGRÁRIA: expropriação de todos os latifúndios que tenham dívidas de impostos ou de investimentos públicos. Por um plano de reforma agrária abrangente, com mudanças econômicas, sociais e políticas no meio rural. Incentivo público para a produção de produtos alimentícios livres de agrotóxico, em especial pela agricultura familiar, por cooperativas de produtores, por empreendimentos públicos em áreas desapropriadas do latifúndio monocultor.

10 – REALIZAR A REFORMA URBANA: Instituir o direito à cidade, com vida digna e saudável que permitam o uso pleno dos momentos e lugares, integrando-se todos os cidadãos, especialmente o povo pobre hoje rechaçado para as periferias. Universalização do saneamento básico. Reconhecimento da luta pelo direito à cidade através das ocupações urbanas como instrumento de organização popular e regularização fundiária dessas e de outras áreas que sejam de interesse das comunidades. Combater as práticas de operações urbanas que direta ou indiretamente removem as populações mais pobres de áreas já consolidadas em favor do interesse do capital (a exemplo das obras dos megaeventos, como a Copa). Combate à especulação imobiliária nas cidades, com a democratização do solo. Garantir moradia para todos.

Estes e outros pontos fazem parte, grosso modo, do nosso programa mínimo de atuação. No momento em que milhões de brasileiros vão às ruas, não podemos nos perder em aspectos secundários da política, em táticas sectárias ou em abstrações exageradas. Se conseguirmos fazer avançar a consciência dos setores mais proletarizados desta imensa massa estaremos cumprindo nosso objetivo, e com certeza avançando no caminho da revolução brasileira.

Pela construção de uma Frente anti-imperialista, antimonopolista e antilatifundiária!

Rumo ao socialismo!

Brasil, 26 de junho de 2013.

POLO COMUNISTA LUIZ CARLOS PRESTES

El objetivo de la presente ponencia es vincular la necesidad de re-pensar las visiones acerca de los Derechos Humanos, junto a la necesidad de re-pensar a sus instituciones-clave, así como reflexionar la praxis misma de promoción y defensa de los derechos, analizadas a partir de su contextualización. A partir de dicha direccionalidad, conviene en primer lugar hacer una revisión somera del sistema interamericano de derechos humanos existente, es decir, de “lo que tenemos”, a fin de dilucidar los elementos que nos permitan proponer frente a ello una alternativa, y por lo tanto, poder esbozar lo que posteriormente “podemos tener”.

a. ¿Qué tenemos?.

Como institucionalidad existente se ha construido un “sistema interamericano de derechos humanos”, el cual a la luz de sus orígenes socio-históricos es tributario tanto ideológica como políticamente del sistema denominado “universal” (o de Naciones Unidas). En dicho Sistema se busca dar vigencia a todo un entramado jurídico internacional, fundamentado en normas presuntamente “universales”, que serán aplicadas y replicadas a nivel regional, mediante normatividades concomitantes creadas, desarrolladas y validadas a través de una institucionalidad igualmente regional: Comisión interamericana, Corte Interamericana, Relatorias de Derechos Humanos, etc.

b. ¿Desde dónde opera o sobre cuáles presupuestos?.

Dicho sistema tiene como fundamento una visión de los derechos humanos que los visibiliza explícitamente como normas de obligatorio cumplimiento para los Estados signatarios, caracterizadas como inalienables, innatas, inherentes, inviolables, etc. Lo que no es visibilizado en dicho discurso o relato, es que dicha visión permite operativizar o instrumentalizar una cosmovisión en la cual los derechos individuales son situados jerárquicamente por encima de los derechos colectivos, y en consecuencia, ubicando los derechos de las personas individualmente consideradas como superiores a los derechos de los pueblos y comunidades. Es decir, que la visión de los derechos humanos que se nos oferta en este sistema, en realidad oculta – tras una discutible “neutralidad valorativa”- una agenda ideológica y política así como una epistemología, ambas de corte liberal.

c. ¿Cómo opera el sistema?.

Desde el punto de vista hermenéutico, la normativa de derechos humanos que emana de dicho sistema, es objeto de dispositivos regulatorios que suponen la aplicación de una hermenéutica exclusivamente técnico-legal de los textos jurídico-positivos contentivos de dichos derechos, los cuales epistemológicamente se encuentran a priori confinados a los reduccionistas marcos lógicos de la cosmovisión occidental, capitalista y patriarcal del mundo, que en ocasiones deriva también en diferentes formas de racismo epistémico.

Desde el punto de vista operativo, la aplicación de dicha visión parte de una creencia profundamente arraigada (de naturaleza liberal-burguesa) acerca de la plena capacidad de las instituciones – generadas en el seno del capitalismo – para poder resolver con algún grado de eficacia, las graves contradicciones y crisis estructurales que el sistema-Mundo promueve y reproduce a escala global y continental.

Desde el punto de vista filosófico, la visión de derechos humanos presente en el sistema interamericano, se adscribe al enfoque clásico de los Derechos Humanos, cuyo ethos es decididamente eurocéntrico. De este modo, la defensa práctica de los derechos humanos supondrá – y necesariamente devendrá – en una lucha en ocasiones frontal en contra del poder político que detente todo Estado (o todo Gobierno), sea del matiz que fuese, que junto a la consideración jurídico-formal de éstos como únicos y exclusivos responsables de la violación de los derechos humanos, son premisas del pensamiento jurídico y iushumanista de carácter liberal, neoliberal y conservador del status quo capitalista global.

d. ¿Quiénes operan en el Sistema?.

En primer lugar, operan los Estados- Parte del sistema interamericano, entendidos alternativa y simultáneamente como únicos violadores y principales garantes de los derechos humanos.

En segundo lugar, las instituciones generadas por el sistema: la Comisión interamericana y la Corte interamericana. Al abordar contextualmente dichas instituciones, dejan de ser observadas como “entelequias” jurídicas para ser analizadas entonces como entidades sociológicas: observamos que en la práctica son impulsadas por personas con adscripciones socioculturales concretas. Asimismo, cuando se detallan los orígenes sociales, culturales y académicos de los miembros de dichas entidades (Comisión, Corte) se observa que los mismos – salvo pocas excepciones- han recibido parte fundamental de su trayectoria profesional y (sobre todo) académica, en instituciones educativas que defienden los enfoques clásicos del Derecho (de raigambre occidental, liberal, capitalista, patriarcal, e incluso, racista), de corte netamente disciplinario, y más específicamente, tributarios ideológicamente de doctrinas políticas, sociales y culturales eurocéntricas y anglocentricas (norteamericanas). Es decir, que tienen su lugar de enunciación en las “epistemologías del Norte” hegemónicas.

De este modo, desde la hermenéutica jurídica desarrollada o implementada por los miembros de dichas instituciones interamericanas, es casi inevitable la reproducción de los marcos ideológicos y epistemológicos dominantes, de sus sesgos ideológicos y políticos, de sus discursos uniformadores y de sus relatos unilineales y unidimensionales, así como de los prejuicios sociales y culturales propios de las sociedades de las que se provienen dichos miembros.

En consecuencia, el destino en materia de derechos humanos de Pueblos enteros, queda condicionado a la voluntad decisoria o a la “sapiencia ilustrada” de personajes “altamente reconocidos” en el ámbito de los derechos humanos – tal como los concibe unívocamente el sistema liberal-capitalista-, que por razón de este mismo hecho los incapacita para abordar las realidades sociodiversas del continente desde marcos ideológicos y epistemológicos diferentes (tales como desde “los derechos colectivos”), y por lo tanto, colocándose “de espaldas” a estas realidades, o buscando subordinarlas etnocentricamente a lógicas y procesos reduccionistas, asimilatorios, y disciplinarios. Igualmente, dicha visión los inhabilita para percibir, conocer y reconocer, comprender, y (mucho menos) compartir, los profundos procesos de transformación que se están desarrollando y protagonizando colectivamente en nuestro continente, promoviéndose de este modo injusticias cognitivas y cegueras epistemológicas.

En función de lo expuesto, es pertinente también preguntarse: ¿si acaso los miembros de dichas instancias normativas (Comisión, Corte) estarán exentos de prejuicios o condicionamiento socioculturales?, o ¿si serán asépticos ideológica y políticamente?. ¿Acaso dichos miembros no provienen de trayectorias intelectuales y políticas muy concretas y determinables, que comprometen la pretendida “neutralidad” política y valorativa de sus interpretaciones y decisiones?. Sostenemos que dicha presunta “neutralidad” (imparcialidad o “independencia”) no puede sustentarse fácticamente, y por el contrario, es utilizada ideológicamente para disimular y encubrir afiliaciones políticas e ideológicas implícitas, generalmente inconfesadas. Tal como lo reveló muy bien el Obispo Desmond Tutu:“Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor”. Por lo tanto, no puede plantearse neutralidad política ni valorativa alguna frente a contextos continentales y geopolíticos en donde predominan las diferentes asimetrías de poder establecidas sociohistóricamente por un capitalismo patriarcal, neoimperial o neocolonial.

Por último, y en tercer lugar, tenemos a las autodenominadas “Organizaciones No Gubernamentales”(u ONG´s), las cuales en sus prácticas de derechos humanos se adscriben con absoluta rigurosidad a las premisas, dinámicas y esquemas de funcionamiento liberales establecidas por el sistema interamericano para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, por lo que casi sin excepciones asumirán la evaluación, seguimiento y monitoreo de casos individuales de violación de derechos humanos, atendiendo uniformemente a las situaciones coyunturales, mediante el clásico abordaje disciplinario, casi exclusivamente jurídico y desde un enfoque eminentemente liberal, en materia de abordaje y procedimientos de defensa de los derechos humanos.

e. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta praxis de los derechos humanos desde el ámbito del sistema interamericano?.¿Cuál es la finalidad de su racionalidad subyacente?

Cuando exploramos el contenido político-ideológico de los procesos resultantes de la operatividad del sistema interamericano en sus distintos ámbitos, encontramos que:

1. Desde el punto de vista teórico: dicho sistema se adscribe a una visión ortodoxa eminentemente liberal de los derechos humanos, que es cónsona a las formas de ordenamiento hegemónicas establecidas por el Capital Global, por lo que desde diferentes dimensiones (cognoscitivas, epistemológicas, ideológicas, políticas) busca reforzar y consolidar las posiciones ya existentes de los detentadores reales del Poder Mundial;

2. Desde el punto de vista geopolítico: ésta visión hegemónica de los derechos humanos ha sido y es utilizada de manera sistemática y estratégica como herramienta de dominación continental, coyunturalmente en contra de los Gobiernos populares de carácter progresista (que no se subordinen a las agendas y pretensiones neoimperiales), y estructuralmente, en contra de las legitimas aspiraciones sociohistóricas de los Pueblos de la región que buscan su definitiva emancipación;

3. Desde el punto de vista militar: esta praxis de los derechos humanos es consustancial a las estrategias de “guerra de baja intensidad” o de “guerra asimétrica” (o de “cuarta generación”) aplicadas contra nuestros países por el hegemón hemisférico (EE.UU.), que busca alinear socioculturalmente a nuestras poblaciones nacionales dentro de sus ideologías neoconservadoras y neocoloniales, ganando las “mentes colectivas” de nuestro continente hacia una “naturalización” de las asimetrías de poder y de las desigualdades existentes;

4. Desde el punto de vista económico: la visión de los derechos humanos presente en el sistema interamericano es completamente cónsona con la implementación progresiva del “Mercado Total”, mediante los Planes de Ajuste Estructural (PAE) o los Tratados de Libre Comercio, diseñados como políticas neoliberales para el todo continente por los Entes Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.) o regionales, y que al final, significará la total subordinación del orden jurídico internacional en materia de Derechos Humanos a las leyes de derecho mercantil internacional (Lex Mercatoria) y su abdicación en favor del orden político y social diseñado por el Capital Transnacional;

5. Desde el punto de vista político: la praxis de los derechos humanos del sistema interamericano deviene en la aplicación de los llamados “dobles estándares” en materia de derechos humanos: es decir, a partir de una institucionalidad estructuralmente liberal, se realizará la aplicación sesgada, selectiva, asimétrica y discriminatoria de los criterios o cánones (presuntamente “universales”) de derechos humanos, según la ubicación de cada país en el ajedrez geopolítico y económico previamente establecido por las potencias neoimperiales. Un rol importante en esta praxis es cumplido por los eufemísticamente denominados “Medios de Comunicación” (que preferimos denominar: medios de difusión de propaganda).

De este modo, se busca desde la agenda hemisférica neoimperial, fundamentar o justificar iniciativas diplomáticas hostiles contra los Gobiernos populares de carácter progresista y/o contra sus Pueblos, promoviendo la “urgencia” o necesidad perentoria de algún tipo de intervencionismo, sea unilateral, multilateral, o preventivo, con el fin de poder llegar a instalar en los “países amenazantes” algún tipo de “Democracia de Baja Intensidad”, que administre bajo formatos neoliberales “derechos humanos” también de baja intensidad. Desde la mirada de la institucionalidad interamericana, se tratará de instrumentalizar al sistema interamericano de derechos humanos, como arma política para la presunta legitimación de la aplicación (supuestamente no arbitraria) de las medidas sancionatorias contenidas en la Carta Democrática Interamericana en contra de los países caracterizados por el Imperio norteamericano como “insubordinados”.

También en este escenario juegan un papel relevante algunas ONG´s, que al desarrollar y subordinar su praxis de derechos humanos a los valores y esquemas del sistema hegemónico, funcionan directa o indirectamente, consciente e inclusive insconcientemente, como fachadas o “mamparas” de los intereses y estrategias del Capital Transnacional. De otra parte, cuando muchas Organizaciones No Gubernamentales hacen depender internamente sus agendas (e inclusive sus planificaciones y pautas de funcionamiento) a las posibilidades de financiamiento internacional (mejor decir, transnacional), comprometen de dicho modo la pretendida “neutralidad”, independencia o “imparcialidad” que públicamente gustan mucho de enarbolar.

Así descritas, con las excepciones de rigor, muchas ONG´s de Derechos Humanos terminan siendo “presas fáciles” de las estrategias de intervención política, económica y cultural diseñadas para nuestros países, incluso inoculando en el propio cuerpo social las agendas ideológicas y políticas ocultas de los sectores de la dominación mundial; y permitiendo así (por acción u omisión) la construcción de la supremacía supraconstitucional de la Lex Mercatoria, y el debilitamiento (o desaparición) de la soberanía nacional y regional a favor de la “soberanía” jurídica transnacional del Capital Transnacional.

Descrito así “lo que tenemos”, en el Sistema interamericano de derechos humanos, puede afirmarse que tal institucionalidad, observada como un todo (principios, organización, funcionamiento) de naturaleza liberal y formas burguesas, es plenamente consustancial a los esquemas e instituciones de poder del Capitalismo Global, y por lo tanto, forman parte estructural de la estrategia de ofensiva final (contra-revolucionaria y salvaje) del Capitalismo Global contra todos los Pueblos del mundo. En tanto el Capitalismo Global se encuentra en situación de crisis estructural, el modelo liberal contenido en el sistema interamericano se presenta en la presente coyuntura mundial y regional, como un modelo inadecuado, agotado e incluso, insostenible.

En razón lo expuesto, es pertinente preguntarse: ¿Qué necesitamos entonces hacer?.

Para dar respuesta a los nuevos tiempos históricos, no sólo de la coyuntura continental, sino también global, nuestros Pueblos requieren imperativamente la construcción de nuevas visiones, teorías y praxis, de contenido alternativo, revolucionario y emancipador, cónsona con los desafíos que colectivamente enfrentamos, y que sean adecuadas, plenas y sostenibles para los actuales y futuros contextos sociales e históricos.

En tal sentido se propone:

a. ¿Que debemos tener?:

Una Comunidad Continental de Derechos: que habla de ser construida desde abajo hacia arriba, entre los Pueblos y los Gobiernos progresistas, dentro de las nuevas formas de articulación e integración regionales. Un ejemplo de proceso que puede conllevar a la construcción de un nuevo modelo, lo constituye la experiencia continental expresada en la Cumbre de los Pueblos y Gobiernos promovida por el presidente Evo Morales en relación con el desafío del Cambio Climático en Cochabamba.

b. ¿Desde dónde debe operar?.

Desde visiones descolonizadoras y emancipadoras de los derechos (no sólo humanos). Así, deben ser entendidos “los derechos” como espacios para la inclusión de nuevos desafíos y de construcción social e institucional, a favor de un mundo realmente justo y pacífico, edificados a través de las legitimas luchas contra-hegemónicas, de naturaleza anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Un punto de partida para dicha reconstrucción epistemológica de los derechos, es fomentar la reinvención de los derechos humanos desde perspectivas socialistas, no eurocéntricas ni anglocentricas, emancipadoras, es decir, decididamente desde una “epistemología del Sur”.

c. ¿Cómo habría de operar dicho sistema?.

Las pautas de funcionamiento de un nuevo modelo han de significar una ruptura de los paradigmas hegemónicos vigentes. En tal sentido:

1. Ha de establecerse la responsabilidad directa y concreta de los Entes Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) así como de las Empresas Transnacionales (medios de difusión de información, incluidos) en la violación masiva, sistemática y estructural, de los derechos humanos;

2. Es necesaria la comprensión nacional y regional acerca de la necesidad de un nuevo orden social internacional, para que la Vida del Planeta y la Vida Digna de todos los Pueblos sea posible y viable, priorizando la vigencia de los derechos sociales y colectivos;

3. Debe fomentarse el reconocimiento de las luchas de los pueblos y comunidades a favor de su dignidad histórica, por su potencial emancipatorio y articulatorio de las demandas colectivas de la Humanidad. Esto implica el fortalecimiento de espacios colectivos de interlocución, participación y protagonismo en materia de Derechos Humanos, en los nuevos mecanismos o espacios de integración continental o regional (ALBA, UNASUR, CELAC);

4. Se debe promover la reconstrucción y reconstrucción critica y colectiva de las visiones y teorías de los derechos humanos, a favor de una “epistemología de la visión”, que haga visibles los aportes de los diferentes sectores sociales, sociodiversos y pluriculturales, según sus respectivos contextos, a partir de sus propias epistemologías, y desde visiones interdisciplinarias (sociológicas, antropológicas, políticas) así como transdisciplinarias (que incorporen otras ontologías y epistemologías). Esto supone también, la transformación epistemológica y decolonial de todos nuestros sistemas jurídicos.

5. Ha de promoverse la educación, formación y praxis social colectiva y protagónica en materia de derechos humanos, a partir de análisis contextualizados y geopolíticos, garantizando los procesos de justicia cognitiva y justicia intercultural, todo en función de la descolonización y emancipación de nuestros Pueblos. Esto supone inclusive, la creación o actualización de Indicadores adecuados culturalmente y pertinentes socialmente, para la Evaluación de las Políticas Públicas. En tal sentido, se plantea la creación de una “Escuela Continental de Derechos”, dentro de los actuales mecanismos o propuestas de integración continental o regional;

6. Ha de considerarse a nuestros Pueblos como sujetos epistémicos, creadores de visiones, teorías y discursos propios en materia de Derechos, a partir de su praxis sociohistórica, que permitan un enriquecimiento de nuestro acervo social y cultural, a partir de una ecología de los saberes y de experiencias colectivas e integradoras de educación descolonizadora mutua.

7. Cualquier sistema de derechos que haya de implementarse ha de estar insertado orgánicamente en los Pueblos y Comunidades, por lo que sus contenidos y procesos han de ser de origen y patrimonio popular;

8. Debe plantearse la constitución de instancias legítimas, progresistas y emancipatorias de Justicia Popular Continental, cuya configuración institucional ha de surgir orgánicamente desde nuestros pueblos. Un ejemplo de experiencia que puede alimentar la realización de esta propuesta, lo constituye el Tribunal Permanente de los Pueblos.

9. Los derechos humanos han de ser utilizados de manera sistemática y estratégica como herramienta de emancipación continental. En función de ello, ha de reconocerse el carácter popular, histórico y político de toda lucha por los derechos humanos, como fundamentos para la transformación revolucionaria del mundo existente;

10. También han de monitorearse los logros y victorias de los Pueblos y Gobiernos Progresistas, en materia de todos los derechos humanos, integralmente considerados. Esto supone procesos de protagonismo para la vigencia de una corresponsabilidad compartida en materia de derechos Humanos, entre el Estado, las sociedades y los Pueblos;

11. Debe ser develado y denunciado el carácter político conservador y pro-capitalista de la supuesta “independencia” y “neutralidad” política y valorativa de la visión clásica de los derechos humanos. Esto supone oponerle a aquella, una visión de los derechos humanos comprometida con las transformaciones continentales y mundiales, y decididamente revolucionaria;

12. La nueva institucionalidad continental o regional en materia de derechos humanos ha de nacer reticular y popularmente, mediante el tejido de redes políticas y sociales, a partir del dialogo, discusión y debate de los pueblos y movimientos sociales y políticos desde su igualdad diferencial, a fin de construir realidades permanentemente incluyentes, en alianza progresista con los diferentes Gobiernos revolucionarios del continente.

d. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta praxis de los derechos humanos desde el ámbito continental?.¿Cuál es la finalidad de su racionalidad subyacente?

1. Desde el punto de vista teórico: construir y reconstruir nuevas visiones de los derechos, y dentro de éstas visiones, priorizando los derechos colectivos de nuestros pueblos, así como los derechos sociales, culturales y ambientales. Implica gestar una visión de los Derechos desde una epistemología del Sur, originada en forma colectiva y participativa;

2. Desde el punto de vista político y militar: la necesidad de construir nuevas Contra-Hegemonías en el continente, protagonizadas por los Gobiernos progresistas y sus Pueblos, en aras de la autodeterminación y las soberanías nacional, regional y continental, así como para la plena vigencia de todas nuestras independencias (política, económica, cultural);

3. Desde el punto de vista económico: garantizar el “Buen Vivir” como alternativa a un Capitalismo en crisis estructural, redistribuyendo las riquezas materiales y culturales de nuestros Pueblos;

4. Desde el punto de vista geopolítico: fomentar la reconstrucción de un Nuevo Orden Geopolítico Internacional, así como nuevas relaciones de Poder más justas y simétricas, no imperialistas ni colonialistas, entre nuestros continentes, regiones y países, respetando las opciones de futuro que cada sociedad se haya dado, para la consolidación de un mundo justo y pacifico y sustentable para las generaciones futuras y para el Planeta. Estas son apenas algunas ideas iniciales para fomentar el diálogo y el debate en torno a nuevas visiones de los Derechos Humanos para el continente.

A mera referência, pela presidenta Dilma Rousseff, à convocação de um plebiscito e de uma Assembleia Constituinte com o objetivo específico de realizar uma reforma política deixou a direita (os partidos do campo neoliberal, do PSDB ao DEM, e a mídia conservadora) em polvorosa. Por duas razões principais. A primeira delas foi o fato de a presidenta retomar a iniciativa política e chamar para si a construção de uma resposta adequada aos anseios das ruas, manifestados ruidosamente nestes últimos dias. A outra se liga à perspectiva de uma reforma política democrática capaz de ampliar o protagonismo popular e aprofundar a democracia.

O que se viu, nestes anos em que se tentou uma reforma política, foi o forte esforço dos grandes partidos, sobretudo os partidos da direita para patrocinar mudanças restritivas, favoráveis apenas a seus interesses, reduzindo severamente o espaço dos partidos ligados diretamente ao povo. Daí o impasse criado e, aparentemente, difícil de resolver pelas vias normais do Congresso Nacional.

Mas o pronunciamento de Dilma Rousseff, na segunda-feira (dia 24), foi mais abrangente. Seu sentido foi claro: a necessidade de seu governo ouvir as ruas. Sentido que aponta, frente às manifestações dos últimos dias, uma propensão de seu governo a realizar as mudanças que a nação reclama, ao contrário do que pretendiam aqueles que tentaram manipular, instrumentalizar e dirigir o movimento contra o governo, inclusive levantando de maneira descabida e artificial a ideia disparatada do impeachment da presidenta.
Contra estas pretensões absurdas, Dilma Rousseff agiu com desenvoltura de estadista e chamou para si a responsabilidade de encontrar as soluções para a crise que se desenhava. Virou o jogo. Mesmo que, vinte e quatro horas depois, na terça-feira (dia 25), tenha flexibilizado sua proposta de uma miniconstituinte pela reforma política, que poderá traduzir-se em um plebiscito.

Mas Dilma Rousseff comprometeu-se com o país, para encontrar as respostas exigidas pelas ruas. Ruas que, indica a Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil (reunida na terça-feira, 25, em Brasília), foram palco de “um vigoroso protesto” que, do foco inicial “voltado contra o aumento das tarifas de transporte público”, rapidamente “assumiu bandeiras mais amplas como as reivindicações por melhores serviços públicos nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana e contra a corrupção”.

O PCdoB, reafirmou a Comissão Política Nacional, manifestou a certeza de que “o governo e as forças progressistas precisam ouvir atentamente a voz das ruas e se empenharem para atendê-la”. Ao mesmo tempo em que deixou claro o repúdio partidário contra “atos de violência, vandalismo e destruição” contrários ao brio e “espírito patriótico da maioria dos manifestantes”.

A direção comunista repudiou claramente a tentativa da mídia conservadora no sentido de dirigir as manifestações contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, incentivando a “equivocada hostilidade e aversão aos partidos políticos”, e dando “guarida a deploráveis atos de agressão a militantes de legendas de esquerda, promovidos por grupelhos de extrema-direita”.

Com clareza, o documento reafirma o apoio do PCdoB à presidenta Dilma Rousseff e à sua disposição “de ouvir as ruas e de procurar atender às suas reivindicações com agilidade”, refirmado a urgência de reformas para melhorar a vida do povo e avançar e aprofundar a democracia.

O PCdoB acentua, também, com a urgência em “romper o cerco do conservadorismo e realizar uma reforma política democrática ouvindo amplos setores da sociedade”, que seja capaz de coibir a “influência do poder econômico nos processos eleitorais, com adoção do financiamento público exclusivo das campanhas”, fortaleça os partidos políticos e institua formas de democracia participativa e direta. O Partido também apoia o combate ainda mais severo à corrupção.

“As ruas dizem que as conquistas iniciadas [em 2003 – nota da Redação] não podem parar e que as mudanças precisam ser aceleradas, uma vez que um decênio de mudanças é insuficiente para superar a enorme desigualdade social herdada de séculos de história”, afirma o PCdoB. E o governo de Dilma Rousseff pode sair deste processo ainda mais fortalecido ao contrário do que sonham a direita e sua mídia conservadora. As ruas são o palco da ação do povo, e também o cenário da luta contra a direita de feição fascista. Ouvir a voz das ruas e indicar o caminho progressista para atender a seus reclamos – este é o rumo para avançar e fortalecer o poder popular. É o caminho a seguir para manter o país na rota das mudanças e da consolidação da democracia.

I. UN PERÍODO POLÍTICO SINGULAR Y LAS DIFICULTADES DE SU ENTENDIMIENTO El triunfo de Mauricio Funes -candidato del FMLN-en marzo del 2009 como Presidente de la República, abre en El Salvador un período político cuyo principal rasgo distintivo es su singularidad, pues no tiene antecedente en la historia nacional; este rasgo plantea a los sujetos sociales no sólo retos de actuación sino también de entendimiento de la nueva situación que obliga a la revisión de los parámetros analíticos acostumbrados que posibilite su correcta caracterización, lo cual es requisito indispensable para una acción eficaz de esos sujetos en pos de sus objetivos.

Esas dificultades de interpretación tienen que ver con el hecho de que se dan problemas relativamente nuevos; pero también con la concurrencia de dos factores, uno objetivo y otro subjetivo, los que le inyectan una extrema complejidad a la situación. El primero consiste en una mezcla de elementos de lo viejo (estructuras, práctica, políticas, etc.) heredados de los gobiernos anteriores, con gérmenes de lo nuevo que corresponden a una visión distinta de sociedad y que son posibilitados por otros actores que han accedido a un cierto control del aparato de Estado; esto ha propiciado un cambio de correlación de fuerzas relativamente favorable a una
reorientación de rumbo del país, pero precario e inestable, y aún con un significativo peso de aquellos elementos que responden a la situación anterior.

En el plano político esta combinación se evidencia más en el Órgano Ejecutivo en donde hay, en una medida considerable, hegemonía de la izquierda, pero donde también la derecha mantiene cuotas significativas de poder, especialmente en los mandos intermedios y bajos de la burocracia estatal; lo mismo en cuanto al balance de poder existente entre el Ejecutivo y los otros dos Órganos de Gobierno, en los cuales la presencia de las fuerzas progresistas es minoritaria. Esta combinación de lo viejo con lo nuevo se advierte en la Asamblea Legislativa, en donde ese balance
sigue favoreciendo a lo viejo, que sería la hegemonía de la derecha, pero donde también lo nuevo se expresa como una división del partido ARENA lo que ha permitido que, por primera vez, un Ejecutivo con signo de izquierda sea apoyado en ciertas negociaciones e iniciativas de ley por las fracciones parlamentarias de GANA, PCN y DC, y no lo sea por el FMLN.

Esta separación entre la Presidencia de la República y el partido oficial no es a lo que estamos acostumbrados y más que verla como algo negativo habría que tomarla como el anuncio de un avance dentro del ideario liberal y antiautoritario, como un balbuceo de lo que en el futuro puede ser una real separación de poderes, tan necesaria y normal en una sociedad democrática.

En el Órgano Judicial sucede algo similar, pues los conflictos de algunos Magistrados con la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, así como al interior de la Corte Plena, lo mismo que entre ésta y la Sala de lo Constitucional, no hacen más que expresar las contradicciones entre lo nuevo y lo viejo y quizás anticipar avances en la Administración de Justicia en términos de probidad e independencia judicial.

Sin embargo, éste nacimiento de lo nuevo es más débil en el plano económico, pues la dinámica de éste sigue siendo determinada por los intereses de los sectores más conservadores de la derecha, que cada día evidencian más su resistencia a perder los privilegios y ventajas que les permitía su anterior condición de usufructuarios del aparato público central y de dueños del partido oficial.

El segundo factor, el subjetivo, consiste en cierto voluntarismo maniqueista de izquierda que tiende, por un lado, a interpretar la realidad a través del cristal de los deseos y al margen de las posibilidades existentes de desarrollo de la realidad concreta; y, por otro, a reducir las actuaciones gubernamentales a revolucionarías o reaccionarias. Manifestaciones de este voluntarismo son las visiones minimalistas y maximalistas del Gobierno de Mauricio Funes; la primera que considera que tal gobierno es más de lo mismo, pues en sustancia nada ha cambiado; y la segunda que
considera que la izquierda ha tomado el poder político, que se trata de un cambio revolucionario que permite comenzar a construir ya el socialismo y que si no se avanza por este rumbo es por falta de voluntad de quienes gobiernan.

II. LOS ANTECEDENTES Y LAS ACUMULACIONES

Esta situación inédita viene a ser síntesis de distintas acumulaciones históricas del pueblo salvadoreño, las que pone su impronta e inciden en sus límites y alcances; por una parte es heredera del proceso de organización popular territorial que se desarrolló, particularmente en el campo, durante la guerra civil (1980-1992); por otra, es resultado y habría que verlo como un factor de debilidad, de la desacumulación organizativa del movimiento social sectorial que se gestó y desarrolló en la lucha reivindicativa urbana y rural de las décadas del 60 y 70 del siglo veinte, producto de la represión gubernamental, de la militarización de las organizaciones de masas durante el conflicto armado, y de la institucionalización de su dirigencia en el aparato público; esto actualmente se traduce en una dispersión orgánica, en una inconsistencia ideológica y en una debilidad de liderazgo.

También es resultado de la experiencia política electoral adquirida por los sectores de oposición durante el período 1994-2004, con sus errores y aciertos, que abreva
en la lucha cívica de 1967-1968 y se nutre con los fraudes de 1972 y 1977 y con los comicios de reinstitucionalización del Estado después del golpe militar de octubre de 1979 celebrados durante el período de guerra contrainsurgente (1982….. 1984…. 1989). Otra acumulación a destacar es el descontento de amplios sectores de la población por las demandas económico-sociales insatisfechas por los sucesivos gobiernos del partido ARENA (1989…. 1994… 1999…. 2004), principalmente en materia de empleo, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y seguridad
pública.

En el plano sicológico-social habría que tomar en cuenta el encadenamiento de
frustraciones de amplios sectores populares por las promesas incumplidas y las necesidades vitales insatisfechas por esos gobiernos de derecha, que para el 2007
-2009 se tradujeron en una esperanza movilizadora por un cambio progresista en el rumbo del país y en perspectivas reales de triunfo y de satisfacción de expectativas con la fórmula FMLN-Mauricio Funes.

Este proceso de acumulación-desacumulación de experiencia popular (de esperanzas,
frustraciones, intentos de cambios, avances y retrocesos), cuyo punto de partida puede ubicarse en 1932 y que combina la lucha de masas con los golpes de Estado, la lucha armada con la lucha electoral, la lucha cívica con la lucha reinvindicativa, la lucha parlamentaria con la lucha de calle, con puntos nodales en 1944, 1948-50, 1960-
61, 1967-68, 1971-72, 1977, 1979-80-81 y 1989, tiene como constante a nivel ideológico el enfrentamiento entre el autoritarismo militar y las aspiraciones democráticas del pueblo hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992; a partir de
1999 hasta el 2009, esas aspiraciones trasladan su contradicción con la reversión autoritaria impulsada por la derecha conservadora que vivió la negociación de esos acuerdos y la consecuente reforma institucional como una derrota política.

En este proceso no encontramos un momento equivalente al actual, en que fuerzas de izquierda, con sus limitaciones, hayan accedido por vía electoral a un relativo control del Órgano Ejecutivo; quizás alguna similitud pueda encontrarse con las experiencias de gestión gubernamental de 1960-61 y de 1979-80, en las cuales se les planteó a los sectores progresistas y a las organizaciones revolucionarias el reto de saber leer en la realidad el rumbo a tomar, los límites de su propio accionar y, específicamente, cual es el tratamiento correcto a dar al Gobierno; otro momento parecido, pero en otro plano, se configura en 1989-90, después de la ofensiva militar insurgente, cuando se discutió y concretó la decisión, no sin traumatismos, de negociar una salida política al conflicto armado y avanzar por la vía institucional hacia la democratización y la justicia social; desde esta perspectiva, los resultados electorales de marzo de 2009 habría que verlos también como una continuidad de estos sucesos y como su producto diferido.

III. EL DILEMA DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS

Si bien el momento actual es inédito, no lo es el dilema que se plantea a las fuerzas democráticas y de izquierda, pues ya se vivió en ocasiones anteriores, particularmente en 1979-1980, cuando se tuvo que decidir entre apoyar u oponerse al proceso modernizador abierto con el golpe militar de octubre; y en 1989-92, cuando se tuvo que decidir entre continuar la guerra o negociar una salida política; en el primer caso predominó la tesis de combatir el proyecto promovido por el sector progresista de la Fuerza Armada; en el segundo caso se impuso la tesis de buscar una salida
negociada a la guerra civil.

Guardando las distancias de contexto, algo parecido sucede en la actualidad cuando al interior de la izquierda social y política, partidaria y no partidaria, parece no existir mucha claridad sobre el tratamiento a dar al Gobierno de Mauricio Funes, dado que se
oscila entre participar, criticar, apoyar, confrontar o desestabilizar.

En octubre de 1979, la izquierda se diferenció por el tratamiento a dar el régimen surgido del golpe militar: para un sector había que participardirectamente en la Junta y en el Gabinete para, desde adentro, inclinar la gestión pública en función de los objetivos planteados en la proclama de la Fuerza Armada; para otro sector había que intensificar la lucha social y armada porque nada había cambiado, a efecto de desgastar a la Junta de Gobierno y producir una crisis, en el supuesto de que ello llevaría a un situación revolucionaria favorable para el triunfo popular; para un tercer
sector, había que dar un apoyo crítico y condicionado a los militares progresistas y al mismo tiempo movilizar al pueblo para exigir el cumplimiento de los compromisos contenidos en la proclama.

No obstante estos distintos puntos de vista y el sectarismo prevaleciente, se pudo avanzar en la unidad política-militar en contra de la dictadura; sin embargo el hegemonismo, el purismo ideológico y el maximalismo programático, impidieron coincidir en una visión y acción comunes que permitieran fortalecer a los oficiales democráticos, principalmente del Ejército, y más bien se contribuyó a su vacilación y aislamiento, que fue un factor decisivo para que los “institucionalistas” de derecha recuperarán el mando y lograran derrotar a los primeros y así imponer su reformismo contrainsurgente, con los costos humanos que ello significó entérminos
de represión y recrudecimiento de la guerra.

Así mismo ayudaría a obtener claridad recordar la lección que nos dejó la firma de los Acuerdos de Paz: que no basta ganar la batalla política, sino que es necesario darle sostenibilidad a la victoria.

En 1992 se impuso la paz a la derecha guerrerista, abriendo así un proceso de reforma democrática del Estado; sin embargo, no hubo capacidad de profundizar y fortalecer ese proceso; al contrario, principalmente a partir de 1999, se entró en un franco deterioro institucional y de reversión autoritaria que sólo fue interrumpido por el triunfo electoral de marzo del 2009; pero, aún así, no existe mucha garantía que el país se encamine a una ampliación y consolidación de lo conquistado en términos de democratización. De tal manera que uno de los principales retos de este Gobierno y de las fuerzas de izquierda que lo hicieron posible, es sostener y acumular para
transitar hacía el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población y no desperdiciar la oportunidad de avanzar hacia los objetivos programáticos y evitar así otro episodio de frustración popular.

IV. EL CAMBIO DE CONTEXTO

El triunfo electoral del FMLN en marzo del 2009 no se puede explicar si se prescinde del contexto internacional y nacional en que se dio; se trata de una serie de factores que convergieron a partir de noviembre del 2007, cuando se lanzó a Mauricio Funes como candidato a la Presidencia de la República. Algunos de estos factores incidieron en sentido positivo como el triunfo de Barak Obama en Estados Unidos, el papel protagónico de los salvadoreños radicados en ese país, principalmente, y el despliegue del poder movilizador de la comunicación electrónica, entre otros;
en cambio, hubo otros que, en el plano ideológico-mediático, influyeron negativamente en el ánimo de la población en contra de un gobierno de izquierda, tal como sucedió con “la amenaza” del llamado Socialismo del siglo XXI, y con el supuesto riesgo que implicaba el triunfo de un candidato de ese signo en las condicionesde la crisis del modelo neoliberal que afectaba la economía norteamericana.

En el plano nacional sucedió algo similar; así la precaria situación económica del país influyó en sentido positivo, al igual que el giro político efectuado por el FMLN-al postular un candidato no partidario y acercarse a un sector de la derecha; lo mismo puede decirse con respecto a la división que se dio en ARENA alrededor de la candidatura del Ingeniero Rodrigo Ávila y el liderazgo del Presidente Saca. En sentido negativo se comportaron la debilidad (dispersión, etc.) del movimiento social, particularmente urbano, así como el protagonismo político de la gran prensa
comercial a favor del candidato oficial.

A un año de la toma de posesión de Mauricio Funes, ese contexto ha cambiado en algunos aspectos y medida y no es especulativo afirmar que han sido en contra de la fuerzas democráticas y de izquierda, especialmente porque ha aumentado el distanciamiento entre el Presidente y el Frente, lo cual de por si no es negativo, pero de no saber administrarse puede desembocar en un tensionamiento permanente e incluso en una ruptura de la izquierda partidaria, que sería nefasta para el desarrollo y continuidad del proyecto político que se hizo viable gracias a su heterogeneidad y a la correlación de fuerzas que se gestó con la división de ARENA y las alianzas
hacia el centro-derecha que se construyeron alrededor de un candidato con prestigio, que se percibió como moderado y no alineado partidariamente.

La ruptura de este “matrimonio de conveniencia”, a quien puede afectar más es al FMLN, pues es este el más interesado en darle continuidad a su proyecto político, lo cual depende, en gran medida, de que este Gobierno se haga viable y se consolide y esto no será posible si se acentúa esa separación conflictiva entre ambas partes.

Algunos indicadores de que ese contexto ha cambiado los encontramos en el golpe militar que derrocó al Presidente Zelaya en Honduras; los triunfos electorales de candidatos presidenciales liberales-conservadores en Panamá y Chile; la acentuación de la crisis de la seguridad pública; la disfuncionalidad existente entre los altos mandos del Gobierno central y los mandos intermedios y bajos que en su mayoría siguen identificados con la ideología de ARENA; la desestabilizaciónsubterránea emprendida por el sector de los grandes empresarios utilizando la problemática de la
delincuencia y el boicot a la aplicación de la reforma fiscal y a los préstamos bancarios para la inversión productiva, que se acompaña con un discurso de aparente colaboración con el gobierno; a ello se suma una oposición no tan disimulada de un sector de izquierda que busca desestabilizar confrontándolo con el movimiento social, bajo el argumento que aquel ha degenerado en otro régimen neoliberal con la
complicidad del partido oficial; este propósito de confrontación parte del supuesto de que el fracaso de la Administración Funes hará avanzar el proceso “revolucionario”.

Algunos aspectos del contexto nacional que inciden en términos favorables son la profundización de la división de la derecha y el auge organizativo en el sector público, así como el apoyo norteamericano a cambio del no alineamiento con el bloque de países liderados por Venezuela.

V. LA COMPLEJIDAD DEL MOMENTO Y LOS RETOS DEL PRESIDENTE

En la situación política actual, además de su singularidad como hecho histórico, destacan otros rasgos que contribuyen a incrementar su complejidad y a plasmar otra de sus características: su volatilidad que se acompaña, a nivel de la percepción que se tiene de la misma, de una poca previsibilidad sobre el rumbo inmediato y su desenlace en los próximos cuatro años. Entre estos rasgos se puede mencionar el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos (GANA, MCC, etc.); la fractura y recomposición de la derecha en varios polos partidarios; los conflictos al interior de los Órganos Ejecutivo y Judicial; la proliferación de sindicatos de trabajadores públicos, que se
une a la dispersión y debilidad de liderazgo del movimiento social; el distanciamiento entre el Gobierno y el FMLN; y el paralelismo existente entre el Gabinete y las Secretarías de Casa Presidencial; la oposición larvada de la derecha, que se pretende encubrir con una aparente disposición a colaborar, que le apuesta a la cooptación, pero también y principalmente a desestabilizar aprovechando la problemática delincuencial y saboteando un pacto fiscal que el de sostenibilidad financiera propia al Gobierno; para ello manipula la opinión pública a través de una campaña mediática permanente contra las instituciones que no se someten al poder empresarial,
como es el caso del Órgano Judicial, cuya independencia y facultad de control del poder político se manejan como una amenaza a la libertad de prensa.

No obstante una tendencia al declive, la población continúa evaluando con una nota aceptable la gestión de Mauricio Funes; sin embargo, las encuestas ya muestran un incipiente desencanto, frustración o descontento; esto tiene que ver con las promesas de campaña y las expectativas que despertó el triunfo electoral de marzo, que doce meses después todavía no se percibe que se encaminen a volverse realidades presentes, lo que es proclive a la frustración, principalmente porque el alto costo de la vida sigue en aumento, el desempleo no muestra signos de disminuir, la
delincuencia no se logra controlar, la impunidad y la corrupción se tratan de manera ambigua y aun no se logra motivar una amplia y real participación de la población en la solución de sus problemas.

Concluido su primer año de gobierno, tanto el Presidente como el partido que lo llevó al Ejecutivo tiene planteado cinco problemas de cuya solución depende el rumbo que tome el actual proceso político y el desenlace de esta coyuntura: ¿Cómo administrar la relación, de por sí intranquila, entre el Presidente y elPartido de Gobierno?; ¿Cómo avanzar en la reforma económica social sin que la derecha pase a la desestabilización abierta?; ¿Cómo equilibrar la relación con la derecha y al mismo tiempo fortalecer el apoyo del movimiento social?; ¿Cómo articular alianzas con los partidos de derecha para avanzar en la agenda legislativa sin que esto signifique hacer concesiones
que desnaturalicen el compromiso ético y neutralicen el combate a la corrupción y a la
impunidad?; y ¿Cómo fortalecer la relación con Estados Unidosy al mismo tiempo ir al encuentro del proceso integracionista Latinoamericano, con base en los principios de autodeterminación y no alineamiento?.

VI. LAS VARIABLES Y LOS ESCENARIOS.

Cómo fácilmente puede convenirse, el desenlace de este proceso político será producto de la concurrencia de factores de distinta índole, internos y externos al proceso mismo. En términos simples este desenlace puede darse en dos escenarios: en el éxito o fracaso de la Administración Funes que pueden medirse en términos del logro o no de los objetivos programáticos propuestos y del cumplimiento o no de las promesas de campaña; pero, además y principalmente, en los resultados electorales del 2011 y 2014 que permitan o no la continuidad del proyecto de nación al
que se apostó con la victoria de marzo del 2009.

De todos los factores o variables que hemos mencionado en líneas anteriores queremos destacar y combinar dos: la mayor o menor división de las fuerzas de derecha que pueda ocurrir en los próximos cuatro años; la mayor o menor
separación entre el Gobierno de Mauricio Funes y el FMLN en el mismo período. Obviamente la abstracción que hagamos de otros factores, para efectos de facilitar el análisis, no excluye su intervención en el mundo de los hechos, y lo que pueda determinar la configuración y combinación de otros escenarios de desenlace.

Un primer escenario sería el resultado de una combinación y persistencia de dos tendencias que por hoy se muestran como las dominantes: una mayor división de las fuerzas de derecha y una mayor separación de Mauricio Funes con el FMLN. La consecuencia de ello sería un creciente clima de inestabilidad para el Gobierno, lo que propiciará una de dos salidas: la cooptación de Mauricio Funes por el sector de derecha afín al ex Presidente Saca (GANA, etc.); o la concertación de acuerdos de este sector con el recién lanzado Movimiento Ciudadano por el Cambio, liderado por
el Presidente Funes, y otros movimientos socio-políticos similares, tanto de centro derecha como de centro izquierda; de cara a las elecciones del 2014, este bloque de fuerzas representaría la posibilidad de una alternancia presidencial ideológicamente compartida (centro derecha+centro izquierda).

El escenario opuesto al anterior, que en este momento se ve como el menos probable, sería aquel que resultaría de una combinación de una menor división que lleve a una reunificación de la derecha, con una menor separación que lleve a un reencuentro de Mauricio Funes con el FMLN. La combinación de estas tendencias hipotéticas, pues que no aparecenaún ni como emergentes, le podría dar cierta estabilidad a este Gobierno, sobre la base de concesiones de la izquierda hacia la derecha, y podría dar lugar a la aplicación de un proyecto mínimo, que combine los intereses de ambas; sin embargo, la continuidad del proyecto de marzo del 2009, dependería en gran medida
que se reeditara la relación del FMLN con los “Amigos de Mauricio”, hoy Movimiento Ciudadano por el Cambio; esto abriría otra vez la posibilidad de derrotar a la derecha, que en este supuesto sería un contendiente fortalecido por su unidad.
Un tercer escenario intermedio a los dos anteriores, resultaría de la combinación de una mayor división de la derecha con una menor separación del FMLN con Mauricio Funes; este escenario daría una relativa estabilidad al Gobierno, propiciaría el desarrollo y consolidación de su proyecto e incluso catapultaría un triunfo del FMLN, con alianzas más a la izquierda y un programa más progresista, para las elecciones presidenciales del 2014.

Un cuarto y último escenario –dentro de este esquema lógico-, también intermedio al primero y el segundo, se produciría de la combinación de una menor división y recomposición de las fuerzas de derecha, con una mayor acentuación de la separación entre Mauricio Funes y el FMLN; este escenario sería proclive a una desestabilización de este Gobierno, lo que puede desembocar en
una crisis de gobernabilidad que sería la antesala de una alternancia a favor de la derecha en las elecciones presidenciales del 2014.

Tanto el segundo como el tercer escenario potenciarían la posibilidad de que el FMLN y sus aliados hacia el centro izquierda incrementen su peso legislativo y municipal en las elecciones del 2011; lo contrario suponen el primero y el cuarto escenario, lo que vendría a fortalecer la posibilidad de un triunfo de un bloque de derecha y de centro derecha en las elecciones presidenciales del 2014.

Lo anterior no es más que un ejercicio de futurología, pues la única certeza que se puede anticipar es que el curso que tome El Salvador no depende solo de la voluntad e interacción de los actores políticos principales (Gobierno, FMLN, ARENA, etc.), sino también de las condiciones objetivas que hunden sus raíces en la historia de los últimos ochenta años, por lo menos, las que determinan los límites y alcances de la actuación de esos sujetos y de las mismas capacidades de la Administración Funes para alcanzar sus objetivos programáticos, la cual también ve condicionada su gestión por factores, tanto internos como externos, que escapan a la voluntad de aquellos.

Lo anterior abre la oportunidad de incidencia de otros sujetos potenciales que por el momento no aparecen como protagonistas en el tinglado del drama nacional y que con seguridad constituye la mayoría de la población, pero cuya intervención haría la diferencia y puede ser definitoria del rumbo que tome este país; esto será posible en la medida que este sujeto anónimo asuma como propio el proyecto histórico de sociedad –no escrito pero grabado en el ideario popular-que se ha gestado por décadas de lucha por la democracia y la justicia social.

El triunfo electoral de marzo del 2009 y el programa de este Gobierno hay que verlo como parte de este proceso por conquistar este cambio necesario, cuya suerte depende del desenlace de esta coyuntura, en el cual puede jugar un papel decisivo el movimiento popular heredero de aquellas luchas, con la condición de que ubique correctamente la dirección de su acción política y el oponente a derrotar para remover los obstáculos que se oponen al avance de ese proyecto, hacia el cual hay que reencausar la presión ciudadana, y que indudablemente no es el Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN.

18/6/2013 El solo anuncio de que Colombia podría firmar un acuerdo con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) desató un vendaval de declaraciones en buena parte de América Latina, especialmente en el entorno de los países vinculados al ALBA. Según el diputado venezolano al Parlamento Latinoamericano, Roy Daza, el anuncio colombiano “prende las alarmas en Venezuela y en toda la región“, ya que “todas las cancillerías de América Latina están alarmadas sobre una situación que debe ser aclarada”. Uno de los gobiernos que fue más lejos en su protesta fue el de Evo Morales, quien decidió solicitar la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de UNASUR (Unión de Naciones del Sur) para analizar los riesgos que podía tener para la región la iniciativa colombiana.

Como señaló el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, “Cualquier forma de presencia de la OTAN en Sudamérica o Latinoamérica ya implica un riesgo para la paz de la región. Esta presencia también implica desestabilización de la misma región, un riesgo inminente de la paz que gozamos”. Hay que tener en cuenta que estas manifestaciones se realizaron cuando ya se había aclarado que era imposible que Colombia se integrara en la OTAN. En realidad, las declaraciones previas tuvieron un contenido más fuertemente antiimperialista y prevenían sobre las grandes catástrofes que podrían cernirse sobre América Latina de plasmarse la presencia de la OTAN en su territorio.

Carlota García EncinaPreviamente Evo Morales se preguntaba retóricamente: “¿Cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN, ¿para qué?, para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invadan los de la OTAN como han invadido en Europa y en África… es una agresión, una provocación, una conspiración a Gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y no [lo] vamos a permitir”. En consonancia con sus palabras también se pronunció el presidente venezolano Nicolás Maduro: “En América Latina, a través de la Unasur nos hemos declarado como una región de paz, libre de guerras y de armas nucleares…, por eso lamentamos mucho este giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Suramérica y América Latina al anunciar su ingreso a la OTAN que es peor que [el] anuncio de las siete bases militares [de 2009]”. Por eso llamó a abrir el debate en torno a “¿cuál es el destino de los militares de la región…, si es la paz o ir con la OTAN a la guerra?”, recordando que la OTAN estuvo involucrada en la invasión y derrocamiento de Gaddafi en Libia. Frente a ello, “ningún ejército [de América Latina] ha salido a combatir en otro país del mundo, nuestras Fuerzas Armadas son de naturaleza pacifista”.

La OTAN y su círculo de amigos
En realidad, más allá de algunas declaraciones altisonantes, la controversia surgida en algunos países de América Latina por el próximo acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN poco tiene que ver con lo que en realidad significa. De ahí la conveniencia de profundizar en el significado de la iniciativa colombiana, al mismo tiempo que se analizan los vínculos de la OTAN con algunos países de América Latina, ya que no como región en su conjunto.

Para empezar, la OTAN busca ampliar su círculo de amigos. Así lo reconoce su Concepto Estratégico de 2010, según el cual en el actual marco geoestratégico la cooperación con otros países es fundamental para poder afrontar los retos globales (en Afganistán, la ISAF –International Security Assistance Force– cuenta con efectivos de 22 países no pertenecientes a la OTAN que contribuyen con 4.000 soldados a la misión). Por este motivo, la política de asociación y partenariado se ha convertido en una prioridad para la organización desde hace un par de años.

Políticamente permite que algunos países se comprometan con la Alianza en la medida de sus intereses y necesidades, desde el simple diálogo político hasta la identificación de áreas de interés común en las que cooperar. Operativamente facilita que otros países puedan participar de una manera u otra en operaciones lideradas por la OTAN, y mejorar su interoperabilidad con las fuerzas armadas aliadas. La idea de “cuantos más, mejor” también significa una mayor aceptación, legitimidad y efectividad de las operaciones OTAN. Y es, sobre todo, un espaldarazo a los valores que comparten los aliados. Tampoco hay que menospreciar que es el único instrumento que, en época de crisis y recortes, se puede permitir la OTAN, ya que si se compara con el más elevado gasto que supondría la ampliación se entiende que esta salida resulta más barata para las arcas de la organización.

La política de asociación y partenariado es actualmente un valor en alza, aunque la OTAN lleva 20 años desarrollado un conjunto de programas y estructuras de asociación con casi 40 países a lo largo del área euro-atlántica, mediterránea, de la región del Golfo y de Asia. Este entramado se ha quedado obsoleto y se quiere reformar. Desde la Cumbre de Lisboa de 2010 y la adopción del nuevo Concepto Estratégico se han dado pasos importantes. En abril de 2011 los ministros de Exteriores de la Alianza aprobaron el “paquete de Berlín” para impulsar una reforma que quiere dar flexibilidad y eficiencia a la política de partenariado, además de llegar a más partes del globo. En la Cumbre de Chicago (mayo de 2012) la política de partenariado volvió a ser protagonista, al ser uno de los tres puntos fundamentales de la agenda. Se invitó a 13 países de todo el mundo que habían contribuido significativamente (política, operativa o financieramente) en las operaciones aliadas. Entre ellos no había ninguno de América Latina.

Los socios que se comprometen con la OTAN buscan afrontar los retos de seguridad del siglo XXI, como terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, piratería y ciberdefensa. Si antes el acercamiento de la OTAN a otros países era eminentemente regional, ahora el futuro pasa por desdibujar las diferencias regionales y buscar países con intereses comunes. También se intenta que éstos puedan asumir parte de las cargas asociadas. Inclusive, en algunos casos podría darse la situación de que contribuyeran más que algunos aliados, y de ese modo incluso se puedan ver implicados en algunos procesos de toma de decisiones. La nueva política de partenariado debe servir además para establecer relaciones estratégicas en regiones nuevas e importantes y desarrollar una nueva dinámica de seguridad.

Las estructuras y los formatos existentes se mantienen, pero en la práctica están siendo reemplazados por una fórmula más flexible denominada formato “28+n” y la realización de encuentros ad hoc cuando se consideren necesarios. De momento, sólo se trata de reuniones donde hay un valioso intercambio de información, pero para la Alianza es una manera de acercarse a las potencias emergentes de Asia, África o América Latina con las que OTAN desea contar. Ya ha conseguido atraer a China y a la India y, según los cálculos de la OTAN, ese acercamiento a los emergentes asiáticos podría estimular a otros países, por ejemplo los latinoamericanos, a participar en algunas de las reuniones y dejar de lado algunas reticencias y percepciones que tienen de la OTAN.

La OTAN, América Latina y Colombia
Las relaciones entre la OTAN y los países de América Latina han sido hasta hoy escasas y a grandes rasgos se limitaron a la participación de Argentina en la Fuerza de Estabilización en Bosnia-Herzegovina (SFOR) en 1998 y la Fuerza de Intervención en Kosovo (KFOR) en 1999-2007 y de Chile en SFOR en 2003-2004. El único país latinoamericano que actualmente participa en una misión bajo mando de la OTAN es El Salvador. Desde marzo de 2011 está integrado en la ISAF, en labores de adiestramiento de las fuerzas militares y policiales afganas, con un contingente de casi una veintena de efectivos. Sin embargo, es Colombia la que acaba de convertirse en la gran protagonista de la relación entre la Alianza y el hemisferio occidental.

Como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en Londres, la relación no es nueva. Desde 2008, a petición de la OTAN y EEUU, Colombia ha evaluado las posibilidades de cooperación en la ISAF. Ese año, una delegación de oficiales militares y de la policía nacional colombianas viajó a Afganistán para ver de qué manera su experiencia nacional podía servir en actividades de desminado, operaciones especiales, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y erradicación de cultivos ilícitos. De forma complementaria, visitó Colombia el jefe de la misión de adiestramiento de la OTAN en Afganistán, Bill Caldwell, para aprender de la lucha contra el narcoterrorismo. Al mismo tiempo, en este período ha ido aumentado la presencia de altos mandos militares colombianos en las conferencias de la OTAN y existen equipos militares de enlace de Colombia en la sede la organización. En este proceso de análisis sobre las posibilidades de participación de Colombia, el país ha estado en contacto no sólo con la OTAN y EEUU, sino también con otros gobiernos, como el del Reino Unido, con quien ha fortalecido su cooperación en materia de defensa. Además, Colombia ya ha participado en una reunión “28+n” sobre la lucha contra el narcotráfico.

El almirante James Stavridis estuvo al mando del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) entre 2006 y 2009, lo que le llevó a conocer de primera mano las actividades en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Esto fue determinante para que desde su puesto como SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) entre julio de 2009 y mayo de 2013 promoviera su participación en la OTAN. En mayo de 2012, inmediatamente después de la Cumbre de Chicago, Stavridis sugirió que Colombia podría ser el próximo país latinoamericano en enviar tropas a Afganistán.

También hay que destacar que en mayo de 2012 la OTAN votó a favor de incluir a Colombia en la denominada Comunidad OTAN ATP-56 AAR (Air-to-Air Refuelling), lo cual significa que cumple con la normativa aliada para el reabastecimiento en vuelo. Con este acuerdo, la fuerza aérea colombiana es ahora elegible para establecer acuerdos de interoperabilidad en este tipo de operaciones con cualquiera de los miembros de la OTAN y sus socios.

Si la relación de Colombia con la OTAN no es nueva, tampoco es la única de América Latina. Aparte de El Salvador, hay presencia de algunos observadores latinoamericanos en maniobras de la OTAN. En junio de 2011 las maniobras “Bold Monarch 11” contaron con observadores de Argentina y Brasil. Éste último país también ha participado en una reunión 28+n y es el que despierta mayor interés para la Alianza Atlántica. Sin embargo, la OTAN es consciente de la poca acogida que sus propuestas tienen en América Latina. En 2009, la Alianza –aprovechando su 60 aniversario– apostó por abrir las puertas a países como Japón, Corea del Sur e Israel, y luchar contra amenazas globales como la seguridad energética y marítima. Estas modestas ambiciones globales, que descansaban sobre todo en el énfasis de las políticas de asociación y partenariado, encontraron la oposición de potencias como Rusia y algunos países latinoamericanos.

Entonces, los medios de comunicación latinoamericanos advirtieron sobre el incremento de las actividades militares de EEUU en la región y lo ligaron al deseo de expansión de la OTAN. Se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) asignara Palanquero –una base colombiana a la que tienen acceso las tropas de EEUU– como el inicio de un corredor aéreo de la OTAN entre América del Sur y África. Otros medios se afanaban en recordar el artículo tres del Tratado del Atlántico Norte, entendiendo erróneamente que las estructuras militares de un Estado miembro y las de la OTAN están siempre interrelacionadas y que una base de EEUU en cualquier país también lo es de la OTAN. El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, antes de la celebración de la cumbre aliada en Lisboa en noviembre de 2010, señaló que una interpretación literal por parte de la OTAN de su papel como organización “atlántica” podía abrirle las puertas a la intervención en cualquier parte del mundo, a la vez que rechazaba cualquier injerencia de la Alianza en el Atlántico Sur.

Vemos así como continúan las percepciones de lo qué es y significa la OTAN en América Latina, en ocasiones hablando de expansionismo cuando se trata de políticas de asociación y partenariado o, como en el caso de Argentina, hablando de las Islas Malvinas como bastión de la OTAN, según declaraciones de la ex ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, en marzo de 2010. En realidad, la OTAN no busca acercarse a América Latina en su conjunto. Sus políticas de partenariado han ido desdibujando las características regionales en busca de socios con intereses comunes. Lo que necesita, por tanto, son países que puedan participar en misiones lideradas por la organización hasta el intercambio de información. El abanico es enorme y en ella tiene cabida Colombia, de la que los aliados valoran altamente su experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El Atlántico Sur no afronta desafíos de seguridad muy diferentes a los del Atlántico Norte, pues la democracia, la seguridad, la paz y la seguridad colectiva son comunes a todos, y todos comparten muchas de las amenazas emergentes.

ARI 77/2012 – 14/11/2012 Tema: El rebalanceo económico del mundo, con economías desarrolladas estancadas y economías en desarrollo creciendo, deja espacio para nuevas empresas. Las de Iberoamérica conquistan posiciones y sus estrategias comerciales para estratos bajos, le permiten avanzar en otros mercados emergentes, desde Asia a África. Además, la crisis de Europa y EEUU favorece su expansión, mediante compras de empresas endeudadas. Desde España es necesario estar atentos al crecimiento de las multilatinas, a su presencia en Europa y a sus estrategias de expansión. Un espacio de competencia, pero también de esfuerzos interdependientes, puede favorecer a ambas partes.

Resumen: Para América Latina se esperan incrementos anuales del 4% del PIB en los próximos cuatro años. A pesar de la crisis mundial, el grupo de primeras 65 empresas multilatinas mantuvo el porcentaje de inversiones fuera de sus países de origen en torno al 38%. Y crecieron: vendieron 710.228 millones de dólares en 2011, frente a 668.974 millones en 2010, un crecimiento del 6% en un entorno difícil. El crecimiento de las nuevas clases medias iberoamericanas ha favorecido la expansión del consumo y la consolidación de estas empresas, que, tras crecer en la Región, se han lanzado a conquistar nuevos mercados en EEUU, la UE, Asia y África. El espectro de sectores es amplio y abarca agroindustria, aeronáutica, energías alternativas, construcción, comercio, productos cosméticos, minería, telecomunicaciones, siderurgia y algunas tecnológicas.

A la vista del empuje emergente de las empresas latinoamericanas, es conveniente trabajar los vínculos con España y con las empresas españolas en cuatro aspectos: compras, inversión, instalación de sedes y alianzas. Estar abiertos a la inversión “de vuelta” de las empresas latinoamericanas puede ser beneficioso en momentos de crisis mundial. A la vez, es importante fomentar la implantación de sus sedes en España, quizá con estrategias diferenciadas por sector y nacionalidad, y con elementos fiscales, jurídicos y competitivos. Promover que las empresas afines a nuestros sectores de excelencia –banca, utilities, construcción, distribución y turismo– se radiquen en España es acompañar un movimiento natural. Y sin perder de vista que otros sectores, quizá no tan destacados, tienen clusters muy interesantes en España: la siderurgia en Bilbao y el automóvil en diversas ciudades, desde Barcelona a Valladolid. El establecimiento de alianzas por proyectos, recursos o mercados –Oriente Medio, Asia, EEUU o África– también es un área que requiere atención, trabajo y desarrollo entre España y Latinoamérica.

Análisis: Las empresas de países emergentes están llamadas a jugar un papel importante en el nuevo equilibrio de poder. Están cobrando fuerza las latinoamericanas. La estabilidad de la región, con cinco países en grado de inversión, permite augurar un futuro próspero a las multilatinas y la emergencia de otras nuevas. El 15 de noviembre se celebrará en Bogotá el II Encuentro de Empresas Multilatinas. En España existe un índice específico de Bolsa, Latibex, que agrupa a algunas de estas empresas.

Figura 1. América Latina: riesgo país, 2007-2012
América Latina: riesgo país, 2007-2012

En 1999, menos del 50% de las 500 mayores empresas de América Latina eran locales. En 2007, ya eran el 75%. Hoy, las multilatinas están comprando empresas europeas y estadounidenses endeudadas. Las empresas de EEUU se fueron de la región tras los atentados del 11-S y las europeas, afectadas por la crisis argentina, también huyeron, salvo las españolas. Se puso de moda invertir en Asia. Mientras el mundo ignoraba a América Latina, las multilatinas se lanzaron a la Reconquista. La mayoría de las multinacionales extranjeras que vendían productos de consumo se enfocaban a las clases altas: del 15% al 20% de la población. Sin embargo, las empresas locales se dedicaron a los consumidores más pobres, mucho antes de que esa estrategia se pusiera de moda.

A pesar de la crisis mundial, el grupo de primeras 65 empresas multilatinas de América Economía 2012 mantuvo el porcentaje de inversiones fuera de sus países de origen en torno al 38%. Y crecieron: vendieron 710.228 millones de dólares en 2011, frente a 668.974 millones en 2010, un crecimiento del 6% en un entorno difícil. Tienen algunas diferencias con las de otras zonas emergentes del mundo, en lo que se refiere a propiedad, foco en la región y sectores que abarcan. En cuanto a propiedad, la mayoría son de capital privado, un 97%, estando en manos de un grupo familiar el 77%. Esto contrasta con las empresas rusas y chinas, de propiedad estatal en un 33% y 69%, respectivamente. Por tanto, las multilatinas pueden ser más resistentes a vaivenes políticos o geoestratégicos. El foco de su expansión es regional primero: Latinoamérica y, en casos como el mexicano, también EEUU. Las multinacionales indias y chinas han primado los despliegues en EEUU y Europa, ahora en crisis, y en algunas zonas de África. En cuanto a sectores de actividad, las empresas iberoamericanas abarcan agroindustria, aeronáutica, energías alternativas, construcción, comercio, productos cosméticos, minería, telecomunicaciones, siderurgia y algunas tecnológicas. Las multinacionales de otras regiones emergentes están más concentradas en su actividad y tienen mayor porcentaje de empresas de tecnologías de la información.

El crecimiento de las nuevas clases medias iberoamericanas ha favorecido la expansión del consumo y la consolidación de estas empresas. La fase más intensa sucedió a partir de 2002, impulsada por los altos precios de las materias primas, el crecimiento de las economías, la bajada de los costes de capital y una fuerte demanda china. Los años previos, de 1990 a 2002, con reformas liberales en varios países de la región y firmas de tratados de libre comercio, produjeron una entrada de capitales considerable, la privatización de compañías estatales y la adaptación al nuevo contexto de empresas de capital local, con estrategias muy competitivas.

Figura 2. Distribución por sectores de las 500 mayores multilatinas
Distribución por sectores de las 500 mayores multilatinas

Los resultados por sectores del año 2011 permiten detectar amenazas y oportunidades para la economía regional: fue un año positivo para el comercio, debido a un mejor acceso al crédito, tanto bancario como proporcionado por el propio comercio minorista. Esto se debe a las nuevas clases medias y sólo en Brasil se proyectan más de 40 nuevos centros comerciales. Algunos expertos prevén que el boom minero esté deteniéndose. La crisis de las economías desarrolladas moderará el crecimiento chino y enfriará su demanda. Es un reto para una industria enfrentada a presiones ambientales y sociales. El sector de ingeniería y construcción seguirá creciendo debido a un déficit de infraestructura y al aumento demográfico. La infraestructura mejoró en la región durante la última década, pero todavía no está a la altura del crecimiento económico. Se necesita resolver la falta de carreteras, aeropuertos y transporte urbano. Destacan Brasil, México y Chile en concesiones de carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones. La ampliación del Canal de Panamá es fundamental para la región y está en curso. Aun así, hace un año se hicieron estudios preliminares para el “canal seco” en Colombia, que construiría China y que conectaría el Atlántico y el Pacífico, mediante unos 200km de ferrocarril que partiría del Caribe para llegar a una ciudad próxima a Cartagena. En el sector energético y petrolero, la atención está en los yacimientos de aguas profundas en Brasil y en los yacimientos no convencionales de gas en Argentina. La nacionalización de YPF desafió cimientos de la seguridad jurídica. México buscará para PEMEX un modelo como el brasileño para Petrobras. El petróleo en Colombia y Perú también se está abriendo a la inversión privada. En el plano ambiental la ventaja la tiene Brasil, cuyo etanol de caña de azúcar es el biocombustible más económico conocido.

Cuestión de escala
Brasil y México son líderes en generación de empresas, con grandes mercados internos. El primero cuenta con amplios recursos naturales y el segundo es vecino del mercado de EEUU. Otros países con mercados internos mucho más pequeños, pero con políticas económicas y comerciales competitivas, destacan, como es el caso de Chile. Colombia emerge como nuevo foco de desarrollo y Perú está siguiendo el mismo camino, basado en grupos mineros y algunas empresas de distribución. Estos tres países han firmado, en los últimos años, acuerdos comerciales: Perú con APEC, Mercosur, EEUU, China, Japón, Corea del Sur, Singapur y otros países de la región; Colombia con la UE, EFTA, EEUU y países de la región; y Chile, además de con los países ya mencionados, con Turquía, Malasia, Canadá, Australia y la India.

Brasil ha tenido una trayectoria de éxito en conglomerados industriales de propiedad mixta, privada y estatal. Es líder mundial en biocarburantes. Entre sus empresas destacan las que empezaron como empresas públicas –asociadas a materias primas o sectores estratégicos– (Petrobras, Vale y Embraer), las vinculadas a energía e infraestructuras (Odebrecht y Votorantim) y algunas innovadoras en gran consumo (Natura y Alpargatas) y producción de bioetanol (Cosan). Petrobrás y Vale, petrolera y minera respectivamente, han sido objeto de numerosos análisis. Embraer es uno de los grandes grupos aeronáuticos mundiales.

Odebrecht es un grupo de Ingeniería y energía cuya cifra de negocio fue, en 2011, de 37.855 millones de dólares. En petróleo y gas ofrece servicios de perforación y mantenimiento de plataformas. En 2011 creó Odebrecht Defensa y Tecnología para desarrollar equipos aeroespaciales, radares y misiles. Controla la petroquímica Braskem. Entre sus proyectos en curso está la construcción de carreteras en Perú y Colombia. En Perú, además, actúa como constructora e inversionista en un proyecto hidroeléctrico. En Argentina está construyendo un gasoducto y en Panamá parte del metro. Fuera de América Latina está presente en los Emiratos Árabes, África y Portugal.

Figura 3. Algunas de las mayores empresas latinoamericanas, por países
Algunas de las mayores empresas latinoamericanas, por pa�ses

Votorantim se dedica al cemento, la minería, la siderurgia, la celulosa, la generación de energía hidroeléctrica y la alimentación en 24 países: América Latina, EEUU, Canadá, Austria, Bélgica, Suiza, Hungría, China y Australia. En 2011 facturó 12.618 millones de dólares. Posee grado de inversión por parte de las tres agencias de calificación estadounidenses. Emplea a 40.000 trabajadores y empezó su proceso de internacionalización en 2001. Está entre las 10 mayores cementeras del mundo.

Natura Cosméticos está en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Francia. Su mercado doméstico es complejo por su variedad étnica y por ser muy consciente de la belleza: el consumo en cosméticos en Brasil es del 1,7% del PIB per cápita, mayor que en Francia (0,7%). A diferencia de Avon, con una red de distribución similar, su mercado no es sólo el de bajos ingresos, sino también el de lujo. Ha vinculado su imagen a la biodiversidad brasileña, a proyectos sociales y al desarrollo sostenible. En agosto de 2012 lanzó NINA, cuyo objetivo es la creación de una red de investigación científica y de desarrollo tecnológico en la Amazonia. En 2011 facturó 3.259 millones de dólares, creciendo un 8,9% sobre 2010.

Alpargatas, surgida en 1907 con zapatillas para recolectores de café, es hoy pionera, con la marca de chanclas Havaianas y contratos de distribución en Sudamérica de marcas como Timberland y Mizuno. En 2011 facturó 1.420 millones de dólares y su crecimiento medio anual, desde 2007, ha sido del 12,4% en cifra de negocios. Comercializa sus productos en 83 países, produce en dos –Brasil y Argentina– y tiene oficinas en Brasil, EEUU, Portugal, Francia, Italia, el Reino Unido y España.

Cosan es el mayor productor de caña y exportador de azúcar del mundo, y productor de etanol para biocombustible. Su facturación en 2011 fue de 12.214 millones de dólares. Compró a Exxon la red de gasolineras ESSO en Brasil en 2008 y la distribución de lubricantes Mobile para Bolivia, Paraguay y Uruguay. En 2011 firmó una joint venture con Shell, combinando 4.900 millones de dólares en activos de etanol, azúcar y distribución de combustible en una nueva empresa llamada RAIZEN.

México tiene una alta proporción de empresas familiares. Entre ellas destacan: Cemex, América Móvil y Bimbo.

CEMEX nació en 1906 como Cementos Hidalgo. La empresa aprendío que, en mercados emergentes, el cemento lo compra el usuario final, en bolsas, para construir su propia casa y con un presupuesto limitado: es un producto de consumo masivo, cuya marca importa. En las dos últimas décadas, la empresa ha adquirido compañías hasta convertirse en una de las mayores cementeras del mundo, junto con Lafarge y Holcim. CEMEX es conocida porque su despliegue de tecnología permite reducir costes y capitalizar el conocimiento de la organización: es el “CEMEX way”. Su estrategia de expansión internacional es muy eficaz en capacidad de integración. Se ha expandido a toda la región y a España. A principios de 2000 se introdujo en Filipinas, Tailandia y Egipto. En 2000 llegó a EEUU, comprando Southdown Inc. En 2005 adquirió la británica RMC y en 2007 la australiana Rinker.

América Móvil es una historia de éxito empresarial de los últimos 20 años. Surgida a partir de la privatización de Telmex, es una compañía de telecomunicaciones líder en Latinoamérica. Pertenece a Carlos Slim y su política de adquisiciones ha sido muy prudente: en telefonía fija han entrado comprando compañías de cable, mucho más baratas que los operadores “incumbentes”, poco sometidas a gravámenes regulatorios y a una opinión pública recelosa de las privatizaciones. Su marca móvil, Claro, opera en todos los países de la región, salvo Bolivia y Venezuela. En EEUU tiene un operador móvil virtual, Tracfone, que ha sido un éxito, y es el quinto operador por número de clientes del país, con 21,3 millones.

Bimbo es una de esas escasas marcas que consiguen nombrar a un producto. Nacida en los años 40, ha sido sinónimo de calidad y buena distribución. En 2006 entró en el mercado chino mediante la compra de Panrico en Pekín. La crisis global ha supuesto una enorme oportunidad para la empresa, ya que en 2008 compraba Nutrella en Brasil, en 2009 George Weston en EEUU y en 2011 Sara Lee en EEUU, Bimbo Iberia para España y Portugal y Fargo en Argentina. Hoy Bimbo es líder en el mundo en venta de panificados. Concentra el 4% de las ventas mundiales, el 17% en EEUU y el 14% en México.

En Chile existe una fuerte proporción de mineras: 20 de 44 empresas mineras latinoamericanas son chilenas. Chile es el primer productor mundial de cobre y tiene el 30% de la producción mundial de litio, el 33% del yodo y el 35% de molibdeno. Además, destacan dos potencias del comercio minorista, Cencosud y Falabella, y una emergente en TI: Sonda. Cencosud facturó en 2011 14.515 millones de dólares, está presente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú y ha abierto una oficina en Shanghai. Su negocio consiste en supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y servicios financieros. Falabella facturó 9.268 millones de dólares en 2011 y tiene actividad en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Ha sido pionera en la integración entre servicios bancarios y supermercados. Sonda, presente en nueve países de Latinoamérica, destaca en informática y software, y en 2011 facturó 1.142 millones de dólares, con un crecimiento anual desde 2007 del 20,6%. Se ha especializado en cloud computing, con Qumulos. En presentaciones a inversores ha comentado estar pensando en instalar servicios en Australia, para luego entrar en Asia.

En Perú se fortalecen las empresas de materias primas, a pesar de un escenario diferente al chileno, ya que muchas son de capital extranjero. Además, destacan tres empresas de nutrición y distribución: Alicorp, Ajegroup y Grupo Gloria. Ajegroup es una empresa cuyas marcas más populares son Big Cola y Kola Real. Ha conseguido desafiar a Coca-Cola y Pepsi, ofreciendo precios inferiores. Empezó vendiendo refrescos puerta a puerta en Lima y creó un sistema de distribución que funciona en mercados emergentes, al considerar a los vendedores ambulantes como un activo. Está presente en Ecuador, Perú, Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y Brasil. En Asia está en Tailandia, Vietnam, la India e Indonesia y en 2011 facturó 1.450 millones de dólares.

En Argentina, a pesar de la erosión paulatina y constante del tejido empresarial, destacan las alimentarias Molinos Rio de la Plata y Arcor. Esta última se ha expandido fuera de Latinoamérica a Sudáfrica, China y España. Tiene previsto cerrar 2012 con 3.500 millones de dólares de cifra de negocio. Una empresa innovadora en la alianza agricultura/tecnología es Los Grobo, uno de los mayores productores de grano y proveedores de servicios agrícolas del mundo, pese a no poseer ni tierras, ni tractores. Produce soja, maíz y trigo en una superficie de 300.000 hectáreas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Colombia, Avianca y Nutresa figuran entre las compañías más globalizadas. Avianca está unida a la salvadoreña Taca y ha firmado recientemente un acuerdo con Aeroméxico de código compartido. Avianca es la competidora regional de la alianza LAN-TAM. Grupo Nutresa es la empresa antes conocida como Grupo Nacional de Chocolates, SA, especializada en carnes, galletas, chocolates, café, helados y pasta. Vende sus productos en más de 70 países, con presencia directa en 11 países latinoamericanos y fábricas en seis de ellos. Su plantilla está compuesta por 28.500 empleados.

Las multilatinas más internacionales
Al analizar las empresas con mayor actividad internacional aparecen otras que las de mayor volumen de facturación. El ranking de multilatinas de América Economía mide tres indicadores distintos, que resume en uno. Los subíndices son: (1) porcentaje de ventas en el extranjero; (2) porcentaje de inversiones en el extranjero; y (3) porcentaje de trabajadores en el extranjero.

En porcentaje de ventas en el extranjero, los líderes son América Móvil/Telmex, la petrolera PDVSA y la naviera chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). Esta última es una de las compañías navieras más antiguas del mundo, fundada en 1872. CSAV extendió sus actividades a EEUU y después a Europa, el Lejano Oriente y Japón, el Sudeste Asiático/Islas del Pacífico y a la costa este de Sudamérica. Desde 1998 ha desarrollado una continua mejora de su flota, llevando adelante un plan de construcciones en diferentes astilleros: en 2004 comenzó la construcción de 12 naves-containers en Taiwan, en joint-venture con Peter Döhle.

Figura 4. Las multilatinas más globalizadas
Las multilatinas más globalizadas

En porcentaje de inversiones en el extranjero hay tres empresas argentinas en cabeza: Laboratorios Bagó, Tenaris e IMPSA. Laboratorios Bagó es una farmacéutica que factura casi 1.000 millones de dólares y que descubrió la molécula original del Talniflumato, un antiinflamatorio de tolerancia gástrica que también se exporta al Sudeste Asiático. En la actualidad tiene presencia en 22 países de Latinoamérica, Europa y Asia y sus productos se encuentran en 47 países de todo el mundo. IMPSA factura alrededor de 1.000 millones de dólares y está especializada en el sector de energías renovables y petroquímica. Tiene presencia en América del Norte, Central y del Sur, y en Europa, Asia y África. Tenaris, que forma parte del grupo siderúrgico Techint, cuya facturación agregada en 2011 fue de 24.000 millones de dólares, es de fundación italiana y se especializa en la construcción de oleoductos y gasoductos. En el año 2011 compró una participación en la brasileña Usiminas, pasando a controlarla, junto con Nippon Steel.

En porcentaje de trabajadores en el extranjero, las empresas líderes son Telmex, Brightstar y Sonda. Brightstar es la única empresa boliviana que destaca, con sede en Miami, pero fundada por el boliviano Marcelo Claure. Presente en 61 países, ofrece fabricación de teléfonos, distribución, operación de puntos de venta, reparación de celulares y capacitación de vendedores de las operadoras. Tiene contratos con todos los fabricantes de móviles, incluyendo a Samsung, Motorola y Nokia. Fue fundada en 1997 y se benefició de la gran expansión mundial de la telefonía móvil. En los últimos años la aparición de smartphones y tablets le ha permitido crecer aún más.

En 2012 una empresa de alimentos ocupa el primer lugar: la brasileña Grupo JBS-Friboi tiene el mayor porcentaje de ventas en el exterior de todas las multilatinas. De un pequeño matadero en el estado de Goiás, ha pasado a ser, en cinco años, la mayor empresa de proteínas del mundo. Esto ha sucedido con la compra de las estadounidenses Swift Foods y Pilgrim’s Pride. Ha superado su nicho de carne vacuna, diversificándose a carne porcina y de ave.

Hay que puntualizar que las aerolíneas LAN y TAM cerraron en junio 2012 la fusión que da origen a Latam Airlines. Continuarán operando con sus actuales marcas independientemente, manteniendo sus matrices en Santiago y São Paulo.

En Europa y España
Las empresas multilatinas miran a Europa por varios motivos: para adquirir empresas, para invertir, para instalar sedes u oficinas o para establecer alianzas, ya sea por proyectos o permanentes. Las últimas compras de empresas latinoamericanas en Europa en 2010 fueron la de BSG Resources Guinea Ltd de Reino Unido por Vale por 2.500 millones de dólares y PetroRig II de Noruega por Grupo R de México, por 540 millones. En 2011 la chilena Sigdo Koppers –proveedora de servicios a la Minería– adquirió la empresa belga Magotteaux, extendiéndose con esta compra a 25 países. La brasileña WEG –proveedora de soluciones de sistemas eléctricos industriales– adquirió la austríaca Watt Drive Antriebstechnik, de abastecimiento de energía, con operaciones en Europa y unidades industriales en Alemania y Singapur. WEG tiene unidades en Sudáfrica, Argentina, Austria, China, EEUU, la India, México y Portugal y, además, está presente en 16 países. El Grupo América Móvil está invirtiendo en Europa: Telekom Austria y KPN son sus adquisiciones más recientes.

La presencia de sedes fuera de España de algunas empresas multilatinas puede venir determinada por:

Las empresas europeas con las que tienen alianzas, el caso de la aeroespacial Embraer con sede en Paris, dada su vinculación con Dassault.
Los vínculos históricos con una metrópoli, caso de Itaú, Odebrecht y Camargo Correa en Lisboa
Radicarse donde los mercados mundiales tienen su mayor grado de complejidad o excelencia. Es el caso de las mineras Vale, Petrobras, Antofagasta y Molymet que han escogido Londres, donde se encuentra la London Metal Exchange, el mayor mercado del mundo de metales no ferrosos. En Alemania se han instalado tres empresas brasileñas de autopartes: Sabó, Randon y Tupy, y una mexicana, San Luis Corp.

Mirando a España, en el caso de compras es importante recordar que CEMEX está presente en el país desde 1992, cuando adquirió las empresas Valenciana de Cementos y La Auxiliar de la Construcción, entonces las dos compañías cementeras españolas de mayor tamaño. Su sede corporativa está en Madrid. Bradesco compró el BBVA en Brasil en 2008. Bimbo México recompró hace un año Bimbo Iberia a través de la compra de Sara Lee. Carlos Slim forma parte del accionariado de la Caixa y ha estado sopesando entrar en el capital de Prisa, cuyas acciones sigue comprando en el mercado y recientemente se ha interesado por el FC Getafe. El banco Itaú ha estado valorando su entrada en México, comprando AFP Provida, un fondo de pensiones del BBVA.

En el rubro de inversión hay que destacar el contrato que Pemex ha cerrado recientemente con Navantia. El presidente electo mexicano refrendó ante Mariano Rajoy los contratos para la construcción de dos buques hotel para Pemex en Barreras y Navantia, y destacó que este acuerdo “va más allá de una compra de barcos, ya que habrá una transferencia de tecnología que generará beneficios comunes”. El grupo Votorantim se establecerá en España después de adquirir a la portuguesa Cimpor su participación en Corporación Noroeste, cementera en cuyo accionariado está la familia Masaveu, históricos accionistas de Bankinter, que serán los socios de Votorantim en España.

En cuanto a sedes corporativas europeas de empresas latinoamericanas, es clave citar el libro de Javier Santiso La década de las multilatinas. En él muestra que las empresas mexicanas tienen tendencia a instalar sus sedes europeas en España. Es el caso de CEMEX, PEMEX, FEMSA, Grupo Alfa, Grupo Modelo, PI Mabe, Aeroméxico, Top Radio, Vitro, Laboratorios Silanes, Sofitek y Omnilife. No todas están en Madrid, sino en Guadalajara, Toledo, León y la Coruña. Las brasileñas han mostrado preferencia por el Reino Unido, Portugal y Alemania, aunque Gerdau (Bilbao), Spoleto, Marisol, Itautec (Madrid) y Alpargatas (Barcelona) han escogido España. La última en llegar –como consecuencia de sus inversiones– es Votorantim, que acaba de establecer la central de sus operaciones para España, Marruecos, Túnez, Turquía, China y la India en Madrid y está contratando personal para la integración. Las empresas chilenas son más propensas a instalar sus sedes en el Reino Unido, cerca de los mercados de capitales, de los tribunales de arbitraje a los cuales se someten y de sus competidores mundiales. Sin embargo, varias de ellas han escogido España: dos navieras, CSAV e Interoceánica, y una línea aérea, LAN. Las empresas peruanas y colombianas internacionalizadas como Carvajal, Ajegroup y Yanbal, han escogido Madrid. Las argentinas escogen bien España (Arcor, Tecna), bien Italia, como es el caso de Techint, cuyos dueños son de Milán.

En el caso de alianzas, cabe pensar en uniones para conquistar mercados o en alianzas por proyectos concretos, como la de FCC con Odebrecht para la construcción del metro de la ciudad de Panamá. También puede pensarse en uniones para compartir costes de inversión como es el caso de la exploración petrolera y gasista. En éste área, Petrobras y Repsol comparten prospecciones de petróleo en el litoral brasileño y yacimientos de gas en Perú. En la conquista de mercados, se pueden citar las alianzas de Telefónica con Huawei y ZTE, que han permitido a estas empresas chinas entrar en Latinoamérica. Las alianzas entre empresas españolas y latinoamericanas pueden servir asimismo para entrar en nuevos mercados o para acometer proyectos específicos.

Conclusiones: Considerando el empuje de las empresas latinoamericanas, es conveniente trabajar los vínculos con España en cuatro aspectos: compras, inversión, instalación de sedes y alianzas. Estar abiertos a la inversión “de vuelta” de las multilatinas puede ser beneficioso en momentos de crisis mundial. Se pueden fomentar las relaciones con incentivos fiscales y jurídicos, y capitalizando los sectores de excelencia españoles: banca, utilities (telecomunicaciones, electricidad y agua), construcción, renovables, textil, turismo, vinícola y pesquero. Si otros países de Europa han resultado atractivos para la implantación de sedes es por ser excelentes en algún sector: mercados de materias primas en el Reino Unido, industria automovilística en Alemania y aeronáutica en Francia. No perdamos de vista que, además de nuestros sectores líderes, existen también núcleos competitivos como es el caso de la siderurgia en Bilbao y el montaje automovilístico en ciudades como Barcelona, Valladolid y Vigo. El establecimiento de alianzas por proyectos, recursos o mercados –Oriente Medio, Asia, EEUU y África– es también un área que requiere atención, trabajo y desarrollo entre España y Latinoamérica. Las empresas de mercados emergentes conocen un perfil de consumidor distinto del de los países desarrollados, y aquí se han mencionado algunas, como CEMEX, Ajegroup y Natura.

Mercedes Temboury
Especialista en estrategia empresarial y anterior directora del proyecto de Sociedad de la Información en Iberoamérica de Telefónica

El tema de China es una de las cuestiones más importantes del siglo XXI para la clase obrera y los pueblos oprimidos, así como para las clases dominantes imperialistas hostiles del mundo.

Los movimientos progresistas y revolucionarios, sobre todo en los EE.UU., tienen un gran interés en llegar a una correcta política hacia China.

En primer lugar, China es un país oprimido en el pasado que logró la liberación de los británicos, franceses, alemanes, los EE.UU. y el imperialismo japonés en 1949 por medio de una de las grandes revoluciones de la historia. En ese momento, una cuarta parte de la raza humana fue liberada de las garras del imperialismo. Como país oprimido en el pasado que lucha por el desarrollo nacional, debe ser defendido contra todas las variedades de agresión imperialista de tipo militar, económico y político, independientemente de lo que uno piense sobre su carácter social.

China hoy es un fenómeno de la historia nuevo, complejo y contradictorio. Cuenta con estructuras socialistas fundamentales junto con el desarrollo capitalista y la penetración imperialista. Los dirigentes lo denominan “socialismo de mercado” o socialismo con características chinas.

El socialismo se inscribe firmemente en la constitución de la fundación de China. La clase capitalista internacional es profundamente hostil a China y nunca deja de tratar de socavar sus estructuras socialistas fundamentales.

Sin embargo, los trabajadores de la industria privada de China son objeto de la explotación capitalista y los trabajadores de las empresas estatales han perdido gran parte del apoyo económico que una vez era inherente a sus lugares de trabajo. Los accidentes de trabajo son infernales y los problemas ambientales son graves.

Carácter dual de la base económica de China

Sólo el marxismo nos permite acercarnos a un análisis de China.

El marxismo ha demostrado que el carácter de una sociedad está determinado por su base económica y la superestructura de la sociedad, su política, la ideología, etc., están determinados por la base económica.

¿Cómo se puede aplicar este análisis a China y cómo puede ayudar a clarificar cómo ver a China?

Para empezar, la base económica de China no es homogénea. En parte es socialista y en parte capitalista. La pregunta para nosotros y para la clase obrera mundial es: ¿Cuál es la dominante, la fundación de base socialista o las empresas capitalistas que buscan la acumulación privada de ganancias a través de la explotación de la clase obrera?

Del mismo modo, la superestructura tampoco es homogénea. Por un lado están el Partido Comunista, el Ejército Popular de Liberación y de la doctrina ideológica que declara que el socialismo es el cimiento de la China. Por otro lado, está la promoción incesante de apertura al imperialismo y las reformas que produce el mercado capitalista. Y sobre todo hay una lucha por la reforma política, es decir, el derecho de la burguesía y la pequeña burguesía de organizarse políticamente, ya sea en el interior del partido, fuera del partido o en los dos ámbitos. Hay un constante bombardeo de los imperialistas de hacer la “reforma política” de los imperialistas y sus aliados de clase dentro de China.

La crisis económica de 2008-2009 fue una prueba crítica

¿Cómo podemos evaluar esta situación? Debemos comenzar por examina empíricamente a China, por una parte, y al resto del mundo capitalista por el otro.

Una prueba crucial se produjo cuando los dirigentes chinos se vieron obligados a hacer frente a los efectos de la peor crisis capitalista desde la Segunda Guerra Mundial.

Cuando estalló la crisis en 2008 y 2009, varias decenas de millones de trabajadores en los EE.UU., Europa, Japón y en todo el mundo capitalista, se hundieron en el desempleo.

China, que se había permitido convertirse, peligrosamente, en dependiente en gran medida de las exportaciones a Occidente capitalista, de repente se encontró con el cierre de miles de fábricas, principalmente en las provincias costeras del este y las zonas económicas especiales.

Más de 20 millones de trabajadores chinos perdieron sus trabajos en un tiempo muy corto.

Entonces, ¿qué hizo el gobierno chino?

Hemos descrito lo que sucedió en una serie de artículos enWorkers Worldtitulada “La represión de Bo Xilai y el camino capitalista, ¿puede revivirse el socialismo en China?” El artículo, publicado el 27 de marzo de 2012, explicó que los planes, redactados ya en 2003 y que entrarán en vigor en los próximos años, fueron impulsados hacia adelante e implementados.

Luego citamos a Nicholas Lardy, un experto en la burguesía China del prestigioso Instituto Peterson de Economía Internacional, quien describió que el consumo en China en realidad creció durante la crisis de 2008-09, los salarios subieron y el gobierno creó bastantes puestos de trabajo para compensar los despidos provocados por la crisis global.

Lardy dijo: “En un año en el cual la expansión del PIB [en China] fue el más lento en casi una década, ¿cómo pudo ser el crecimiento del consumo en el año 2009 tan fuerte en términos relativos? ¿Cómo pudo suceder esto en un momento en que el empleo en las industrias orientadas a la exportación se derrumbaba, contemplando una encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura donde se informa de la pérdida de 20 millones de puestos de trabajo en centros de manufactura de exportación a lo largo de la costa sureste, sobre todo en la provincia de Guangdong? El crecimiento relativamente fuerte del consumo en 2009 se explica por varios factores. En primer lugar el auge de la inversión, en particular en las actividades de la construcción, que parecen haber generado suficientes empleos como para compensar una gran parte de las pérdidas de empleos en el sector exportador. En todo el año, la economía china creó 11,02 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas, casi coincide con los 11.130.000 empleos urbanos creados en 2008.

“En segundo lugar, mientras que el crecimiento del empleo se desaceleró ligeramente, los salarios continuaron aumentando. En términos nominales, los salarios en el sector formal aumentaron un 12% porcentualmente, unos puntos por debajo del promedio de los cinco años anteriores (Oficina Nacional de Estadísticas de China, 2010, p. 131). En términos reales, el aumento fue de casi un 13%. En tercer lugar, el gobierno continuó también con aumentos en los planes de pensiones y elevó las transferencias a los residentes de ingresos más bajos de China. El pago de las pensiones mensuales a los jubilados de la empresa aumentaron en 120 según el RMB (renminbi, N. de T.), o sea, el 10% en enero de 2009, bastante más que el aumento del 5,9% de los precios al consumidor en 2008. Esto elevó el total de pagos a los jubilados en alrededor de 75.000 millones de RMB. El Ministerio de Asuntos Civiles aumentó en un tercio las transferencias de pagos a unos 70 millones de ciudadanos ubicados en los más bajos ingresos de China, resultando un aumento en RMB de 20.000 millones de dólares en 2009 (Ministerio de Asuntos Civiles de 2010)”.

Explicó, además, que el Ministerio de Ferrocarriles presentó ocho planes específicos para que se apliquen en la época de crisis y que deben completarse en el año 2020. El Banco Mundial llamó “quizás el mayor programa planificado de inversiones ferroviarias de pasajeros que ha habido en cualquier país”. Además se llevaron a cabo proyectos de redes de ultra alta tensión, entre otros avances.

El artículo completo de Lardy se puede encontrar en “Sustaining China’s Economic Growth after the Global Financial Crisis,” Kindle Locations 664-666, Peterson Institute for International Economics.

Las estructuras socialistas revirtieron el colapso

Así es como subieron los ingresos, aumentó el consumo y se superó el desempleo en China mientras el mundo capitalista seguía sumido en el desempleo masivo, la austeridad, la recesión, el estancamiento, el lento crecimiento y el aumento de la pobreza.

El hecho de haber podido revertir los efectos de la crisis en China es el resultado directo de la planificación nacional, las empresas de propiedad estatal, la banca de propiedad estatal y las decisiones políticas del Partido Comunista Chino.

Hubo una crisis en China que fue causada por la crisis capitalista mundial. La pregunta era qué principios prevalecerían frente al desempleo masivo: el principio humano racional de planificación o el del mercado capitalista. En China, el principio de la planificación, el elemento consciente, tenía prioridad sobre la anarquía de la producción provocada por las leyes del mercado y la ley del valor-trabajo.

Pero las instituciones basadas en las estructuras del socialismo chino que permanecen, las que salvaron a las masas del desastre económico, son las mismas instituciones que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Wall Street y Londres quieren recortar y, eventualmente, destruir. Son las empresas de propiedad estatal, la planificación y el control del gobierno que aún mantiene el Partido Comunista Chino.

Se podría decir que el liderazgo chino hizo esto para evitar disturbios. Sin duda, los capitalistas de Europa y los EE.UU. también quieren evitar disturbios. Pero esto no hizo que decenas de millones de trabajadores hayan vuelto a trabajar, eleven las pensiones, aumenten los estipendios y pagos de bienestar social. Se les exigió austeridad para asegurar las ganancias de los banqueros.

Volviendo al análisis marxista, queda claro por la forma en que el liderazgo chino manejó esta crisis que la parte socialista de la base económica sigue siendo dominante en China. Y lo mismo puede decirse de la superestructura política.

Los enemigos del socialismo afirman que el capitalismo es responsable de los grandes éxitos de China.

Pero eso es falso. China ha tenido éxito en su desarrollo económico porque el sector socialista ha contenido ampliamente al capitalismo interno y la inversión imperialista en el marco de los objetivos económicos nacionales de los dirigentes.

Sin eso, China se vería como la India, que también cuenta con la planificación pero es un país totalmente capitalista.

En la India, la pobreza es tan profunda que las personas viven en vertederos de basura, lavan la ropa en agua contaminada y las barriadas urbanas de Calcuta y Mumbai compiten en pobreza con el medio rural. Las masas de la India son muy pobres, viven con 1 ó 2 dólares diarios, incluso cuando la refulgente industria de alta tecnología se desarrolla junto a las pésimas condiciones económicas que enfrentan cientos de millones de indios.

No hay comparación con China. Pero si los imperialistas hacen las cosas a su manera, si pueden destruir las bases socialistas y al Partido Comunista, China se convertirá en otra India. Eso es lo que está en juego en la lucha para detener la contrarrevolución en China.

“Socialismo de mercado” un concepto falso y peligroso

Este análisis no debe entenderse de ninguna manera como apoyo a la doctrina del “socialismo de mercado.” En nuestra opinión, la anarquía del mercado capitalista es antagónica de la planificación de una sociedad socialista y la construcción socialista. La propiedad privada capitalista es hostil a la propiedad socialista y la producción para la acumulación privada es antagónica de la producción para el uso social y la necesidad humana.

Hay circunstancias históricas de subdesarrollo extremo que obligan a un gobierno socialista emplear ambos métodos privados y estatales capitalistas para promover el desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de la clase trabajadora arrancada a la población rural.

Una cosa es, sin embargo, utilizar estos métodos como un recurso temporal y otra hacer un repliegue del socialismo con el fin de que el socialismo triunfe en la lucha contra los métodos capitalistas. Esa fue la idea de Lenin tras la nueva política económica. Se inició en 1921 en la URSS, en los momentos más terribles después de que la guerra civil dejó al país en ruinas y la clase obrera que sobrevivió regresaba a la economía rural para conseguir comida.

Pero Lenin siempre consideró esto como una retirada y una lucha crucial. La cuestión, como dijo Lenin, era “¿Quién va a ganar?”

China hace mucho tiempo se desarrolló económicamente después de las reformas capitalistas iniciadas por Deng Xiaoping. Pero lo que debería haber sido una retirada temporal se ha convertido en una política destinada a tratar al capitalismo como un socio del socialismo. El capital privado crece de forma automática y con él el poder económico y la influencia política de la clase capitalista, los pequeños burgueses parásitos, así como la intelectualidad pequeño burguesa. Esto conlleva grandes peligros a largo plazo para China.

El componente socialista de la base económica es dominante en la actualidad. Pero el capitalismo sigue erosionando esa base y hace daño a los trabajadores. Por otra parte, el nuevo liderazgo de Xi Jiping y de Li Kequang ha enviado señales de que quieren desplazarse hacia la derecha en la economía. Ampliar las oportunidades de la inversión imperialista y avanzar cada vez más en la dirección de las reformas económicas burguesas es jugar con fuego.

Revivir el espíritu de Mao, el poder de los trabajadores

Bo Xilai, el exjefe del partido de la provincia de Chongqing, está languideciendo en prisión. Ha estado detenido durante más de un año debido a que trató de revivir el espíritu cultural e igualitario de Mao Zedong y porque tenía un programa para retrasar la marcha por el camino capitalista. (Ver los artículos de Mundo Obrero.)

Bo representaba una resistencia de izquierda a las políticas actuales en el ámbito de la más alta dirección. Su derrota ha allanado el camino a una vuelta más a la derecha.

Lo que realmente se necesita es un giro brusco a la izquierda. Los trabajadores deben reclamar los derechos socialistas prioritariamente establecidos por la revolución china y profundizados en el periodo de Mao. Esto es lo único que puede revivir y asegurar el socialismo chino en el largo plazo.

Pero, mientras tanto, tiene que haber una firme defensa de China contra todos los planes del imperialismo y de la clase capitalista nacional China que amenazan con socavar las bases socialistas que todavía existen allí.

Basado en una charla de Fred Goldstein en el Foro de la Izquierda en la Ciudad de Nueva York el 9 de junio.

[Fuente: http://www.workers.org/2013/06/13/marxism-and-the-social-character-of-china
Traducido del inglés para Rebelión por J. M.].