¿Hacia el “post-altermundialismo”?

A los diez años de la creación del Foro Social Mundial de Porto Alegre
¿Hacia el “post-altermundialismo”?

Bernard Cassen

LMD en español

Muchos militantes se preguntan sobre los resultados políticos concretos de esos encuentros. Los movimientos sociales y ciudadanos, reunidos por primera vez en Porto Alegre en enero de 2001 para denunciar los estragos del neoliberalismo y exponer proposiciones alternativas, lograron gran repercusión. Pero la fórmula está emitiendo señales de desgaste… De ahí la necesidad de tender puentes con las fuerzas políticas y con los gobiernos progresistas que llevan a la práctica medidas directamente surgidas de los Foros.

En la pequeña oficina de Le Monde diplomatique de París, donde el 16 de febrero de 2000 se establecieron las bases de lo que iba a convertirse en el Foro Social Mundial (FSM), ninguno de los presentes (1) hubiera podido imaginar hasta qué punto el FSM se transformaría en un nuevo actor de la vida política internacional. Y todo fue muy rápido, dado que el primer FSM se celebró menos de un año después en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul (2).

Tan rápido paso de la idea a la acción fue una notable hazaña que debe atribuirse al comité brasileño de organización, constituido a ese fin. En un artículo publicado en agosto de 2000 (3), que contribuyó de manera decisiva a dar credibilidad y poner en órbita internacional al futuro Foro, Ignacio Ramonet escribía: “En 2001, Davos tendrá un competidor mucho más representativo del planeta tal cual es: el Foro Social Mundial que se reunirá en la misma fecha (del 25 al 30 de enero) en el Hemisferio Sur, en Porto Alegre (Brasil)”. Añadía, a partir de los elementos de los que disponía en ese momento, que se esperaban “entre 2.000 y 3.000 participantes, portadores de las aspiraciones de sus respectivas sociedades”. No obstante, y para agradable sorpresa de todos, fueron cerca de 20.000 los delegados que seis meses después se reunieron en la capital gaucha.

La reacción anti-Davos tuvo una fuerte influencia en esa movilización. La voluntaria proximidad de los titulados dos Foros –Foro Económico Mundial o World Economic Forum (WEF) en Davos y Foro Social Mundial en Porto Alegre– así como la también deliberada simultaneidad de ambas reuniones, constituyeron ventajas mediáticas mayores. El fundador y presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab, lo constató con amargura, quejándose de la “desviación negativa” del renombre del WEF.

Símbolo del poder y de la arrogancia financiera, así como del desprecio por la democracia y la sociedad, Davos constituía un blanco perfecto para los movimientos sociales y ciudadanos. Ya en enero de 1999, en plena sesión del WEF, varias organizaciones, entre las que se encontraba el Foro Mundial de las Alternativas (FMA) y Attac, habían organizado un seminario de dos días en Zurich, seguido de una conferencia de prensa sobre el tema de “El otro Davos” en la estación de esquí suiza. Cualquier otro tipo de manifestación o protesta era prácticamente imposible en esas estrechas callecitas cubiertas de nieve controladas por policías y militares.

Fue, pues, contra todo lo que representaba Davos contra lo que se definieron los primeros FSM, en una postura de denuncia del neoliberalismo y de resistencia a sus perjuicios. Los FSM también se situaban como prolongación de los combates zapatistas (en especial el Reencuentro Intergaláctico de Chiapas de 1996); de la lucha victoriosa contra el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) de 1998, elaborado en secreto por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y cuyo texto había publicado Le Monde diplomatique, y por supuesto de la gran movilización en Seattle contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) de diciembre de 1999 (4).

En una segunda etapa, los Foros se tornaron más propositivos, lo que como consigna se tradujo en el abandono del término “antiglobalización” a favor de “altermundialismo”. Es decir, el paso del rechazo a la propuesta, lo que correspondía más a la consigna de los Foros: “Otro mundo es posible”. Esta evolución se realizó sin modificar las reglas de funcionamiento del FSM, codificadas en su Carta de Principios elaborada en junio de 2001. Dicho documento de referencia define al Foro a la vez como un “espacio” y un “proceso”; de ninguna manera como una entidad. Se trata de componer un lugar de intercambios, de diálogo, de elaboración de propuestas, de puesta en práctica de estrategias de acción y de constitución de coaliciones de todos los actores sociales que rechazan la globalización liberal. Pero cada una de esas acciones sólo compromete a las organizaciones que desean implicarse y no al conjunto de las presentes en el Foro.

Por lo tanto, el Foro Social Mundial no toma posiciones como tal y en sus reuniones no hay un “comunicado final”; sólo textos adoptados en el transcurso del Foro Social Mundial, pero no textos “del” Foro Social Mundial ni de sus declinaciones continentales (como los Foros Sociales africanos, europeos, etc.). Esta fórmula abierta permitió la progresiva incorporaciónn a los Foros de nuevas fuerzas –sindicatos “reformistas”; Organizaciones No Gubernamentales (ONG); movimientos indígenas, feministas, ecologistas, confesionales, etc.– que aceptaban caminar un trecho con elementos más radicales, pero que no querían ser desbordados por ellos.

De un FSM a otro se emitieron cientos de propuestas (más de 350 sólo para el Foro de Porto Alegre de 2005), pero sin ninguna jerarquía ni articulación entre ellas. Todo lo que derogaba el principio de “horizontalidad” (las propuestas tienen un estatus equivalente) y todo lo que aparecía como “vertical” (por ejemplo, una plataforma que unificara diferentes propuestas complementarias pero dispersas), fue combatido por una fracción influyente de los organizadores brasileños de los Foros y dirigentes de ONG que veían allí el inicio de un programa político… y hasta el intento de creación de una nueva Internacional!

Así es como el Manifiesto de Porto Alegre, base de las doce propuestas –originadas en debates y que constituyen a la vez un sentido y un proyecto– que el 29 de enero de 2005 presentaron en Porto Alegre 19 intelectuales de cuatro continentes (entre ellos dos premios Nobel) (5), fue criticado en sus propios principios por muchos autoproclamados guardianes de la ortodoxia “Foro”. Idéntica suerte le reservaron posteriormente al Llamamiento de Bamako, documento programático de alcance planetario, redactado al término de un encuentro que organizó el Foro Mundial de las Alternativas, que renunió a 200 intelectuales y representantes de movimientos sociales, la mayoría de África y Asia, en vísperas del Foro Social Mundial descentralizado que tuvo lugar en la capital de Malí en enero de 2006 (6).

Si se aplicara la rigurosa lectura que algunos hacen de la Carta de Principios de 2001, los Foros Sociales estarían condenados a presentar en orden disperso una multitud de propuestas de muy desigual importancia acerca de las estructuras del orden dominante que, de los gobiernos a las instituciones multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comerico, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), sin hablar de la Comisión Europea, dan prueba de una cohesión absoluta en la imposición de los dogmas liberales.

Ese rechazo voluntario a influir colectivamente sobre los actores de la esfera política a partir de una plataforma internacional común, y al mismo tiempo quedarse afuera de la esfera electoral, explica el desgaste de la fórmula de los FSM. Y eso aunque continúen reuniendo a decenas de miles de participantes locales, que a menudo asisten por curiosidad, como ocurrió en Belem en enero de 2009.

Muchos militantes se preguntan sobre los resultados políticos concretos de esos encuentros y la manera en que pueden contribuir al advenimiento de “otro mundo posible”.

Las cosas se complicaron con la llegada al poder en América Latina (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela) de gobiernos surgidos de movimientos populares, que ponen en práctica, aunque con altibajos, políticas de ruptura con el neoliberalismo –tanto a nivel nacional como internacional– que coinciden con las expresadas en los Foros. ¿Qué actitud debería adoptarse? ¿Ser solidarios con ellos, aunque sea caso por caso? ¿O quedarse de brazos cruzados y mirar para otro lado, so pretexto de que se trata de gobiernos, por lo tanto sospechosos, razón por la cual hay que mantenerlos a distancia?

Ese comportamiento remite a una ideología libertaria difusa pero muy presente en numerosas organizaciones. En especial fue objeto de las teorías de John Holloway en su obra titulada explícitamente Cambiar el mundo sin tomar el poder (7). Por otra parte, la palabra “poder” está ausente del vocabulario de muchos de sus actores, salvo para estigmatizarla, muy a menudo como reacción a las derivas totalitarias de Estados-Partidos.

Por el contrario, el contrapoder y la desobediencia civil se consideran las privilegiadas palancas del cambio. Tal postura se hace difícil de sostener cuando en la Cumbre de Copenhague, por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que agrupa a nueve Estados latinoamericanos y caribeños, toma posiciones que convergen con las de las coaliciones de ONG que exigen la justicia climática, y cuestiona directamente al capitalismo (8).

El nuevo contexto internacional impondrá, incluso en la concepción de estos Foros, la búsqueda de nuevas formas de articulación entre movimientos sociales, fuerzas políticas y gobiernos progresistas. Para caracterizar esta evolución se ha propuesto una palabra: el post-altermundialismo (9), que sin sustituir al altermundialismo, constituye una continuidad posible.

Con ocasión del FSM de Belem, se pudo ver un primer esbozo de esta actividad postaltermundialista en el diálogo entre cuatro presidentes latinoamericanos –Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia)– y los representantes de movimientos sociales del subcontinente. Un diálogo que va a profundizarse en el Foro Social temático de Salvador de Bahía, previsto en dicha ciudad del 29 al 31 de enero de 2010 (10) con la creciente participación de jefes de Estado (entre ellos del presidente Lula). Participación que debería prolongarse con ocasión del próximo FSM que en 2011 tendrá lugar en Dakar.

Durante una reunión preparatoria organizada en la capital senegalesa el pasado noviembre, movimientos sociales del continente expresaron su voluntad de hacer evolucionar al FSM. Se debatieron formulaciones como la necesidad de crear “un espacio de alianzas creíbles” y no “un mercado de la sociedad civil”; de “definir una relación nueva con los actores políticos” en vista a “construir una alternativa”.

Ciertamente, en África se consolidará el necesario giro “post-altermundialista” de los Foros Sociales.

(1) Además del autor de estas líneas (en aquel momento director general del periódico y presidente de Attac Francia), se trataba de Chico Whitaker y Oded Grajew, respectivamente el secretario de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, y el dirigente de la Asociación Brasileña de Empresarios por la Ciudadanía (CIVES), así como las señoras Whitaker y Grajew.

(2) Sobre la génesis y organización de este primer Foro y los dos siguientes, véase Bernard Cassen, Tout a commencé à Porto Alegre, Editions des 1001 Nuits, París, 2003. También el texto de Chico Whitaker sobre los orígenes del Foro: www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=origem_fsm-por

(3) Ignacio Ramonet, “¿Davos? No, Porto Alegre”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2000. Este artículo fue retomado en las veinte ediciones en distintos idiomas con las que contaba en esa época el periódico. Lo mismo sucedió con el editorial del mismo autor publicado algunas semanas antes del Foro, con el objeto de movilizar a los participantes: “Porto Alegre”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2001.

(4) Samir Amin y François Houtart, “El futuro de los Foros Sociales a debate”, Le Monde diplomatique en español, mayo de 2006.

(5) Véase: www.medelu.org/spip.php?article27&var_recherche=manifeste%20de%20porto%20alegre

(6) www.forumdesalternatives.org/FR/readarticle.php?article_id=841

(7) John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2002.

(8) Declaración especial sobre el cambio climático aprobada por la Cumbre del ALBA con ocasión de su Cumbre del 13 y 14 de diciembre de 2009 en La Habana. Versión en español: www.medelu.org/spip.php?article313

(9) El 26 de enero de 2008, la Asociación Mémoire de Luttes y la revista Utopie critique organizaron en París un coloquio titulado “Altermundialismo y post-altermundialismo”. Véase su “Llamado Final”, www.medelu.org/spip.php?article7&var_recherche=colloque%20post%20altermondialisme

(10) www.fsmbahia.com.br

Bernard Cassen es presidente honorario de Attac Francia, secretario general de Mémoire des luttes.

Año político 2009

Lunes, 11 de Enero de 2010 / 08:52 h
Año político 2009

Dagoberto Gutiérrez

Sus doce meses concentran, como la luz en un rayo, toda la atención de la década, de la primer década del siglo y esto significa, los veinte años de la postguerra, el neoliberalismo aplicado, sin anestesia, la derrota de la antigua clase dominante, la cafetalera y el ascenso de la nueva, el capital financiero; implica el cambio de clase gobernante y la sustitución en este papel de las fuerzas armadas, también comprende el mayor empobrecimiento de la sociedad y la proletarización de las clases medias; finalmente comprende la victoria rotunda del mercado sobre el estado y el sometimiento de la naturaleza a la economía.

Todo esto está contenido en la primera década del presente siglo y todo esto estalla implosionando en el 2009, es por eso el año de mayor tensión.

Planetariamente es el año en que se derrumba el capitalismo estadounidense en su forma de financierización y se inaugura el proceso para la erección de un nuevo imperio dominante en el planeta, Estados Unidos pierde la hegemonía y el dólar cede posiciones ante nuevas propuestas de nuevas monedas que pueden sustituirlo como moneda universal.

Este año es el de mayor peligro de confrontación militar porque esta es la opción por la que camina el capital estadounidense y la que determina el Estado profundo en ese país, es decir el pentágono y el bloque industrial militar.

En América Latina avanzan los procesos políticos que desde el sur del continente establecen nuevas reglas de relación entre el estado, el mercado y los recursos naturales y se avanza hacia nuevas formas de democracia participativa que sin negar la democracia representativa construyen un proceso de democratización de la democracia. Suramérica contiene el agua, el petróleo y el gas natural que Estados Unidos no tiene y es por eso la joya codiciada para los consorcios estadounidenses y la piedra de conflicto en la confrontación internacional.

Centroamérica, siendo la parte más atrasada del desarrollo capitalista registra, sin embargo, procesos políticos que pueden ser desequilibrantes para los poderes tradicionales, eso es lo que ocurre en Nicaragua, y en Honduras; eso es lo que crea la necesidad imperial de apoyar el golpe de estado contra el gobierno de Mel Zelaya en el segundo país y este factor revela un movimiento popular hondureño con la mayor capacidad combativa de organización y de resistencia. El gobierno electo de Porfirio Lobo carece de legitimidades mínimas y de respaldo popular.

En El Salvador se construye, en la postguerra, el reino neoliberal más ortodoxo del continente y el mercado le pone precio a todo incluyendo a las personas y a la naturaleza. En veinte años todo el país está en venta y millones de migrantes se convierten en el verdadero sostén de la economía nacional, mientras una minoría de banqueros y comerciantes voraces atesoran inmensas riquezas.

La derrota electoral de ARENA es de alta importancia por la creación de un nuevo escenario político en donde se abre nuevos procesos, una parte de ese nuevo escenario es el nuevo gobierno y el nuevo presidente; aunque no es lo más importante como factor crucial de cambio de las condiciones; lo es como expresión de derrota electoral de un instrumento partidario exitoso hasta ahora en las urnas.

En este escenario la esperanza social ante el nuevo gobierno pasa por el trance doloroso de su matrimonio con la realidad y el pueblo ha de aprender que es mejor un fin espantoso que un espanto sin fin, es decir que ha de saber que los cambios por los que se votó no han de venir de arriba sino de abajo y de adentro y que ese afán no está en manos de ninguna persona en particular sino del pueblo todo, con todos sus colores y tamaños, que este proceso es contradictorio y nunca será en línea recta, ha de saber que la clave del momento consiste en descubrir cuál es la relación política entre el pueblo y sus organizaciones y el nuevo gobierno.

Se trata de saber que se necesita disputar el nuevo gobierno a la oligarquía y esto supone un complicado proceso de confrontación y concertación porque en todo caso, el pueblo debe saber que depende de sus propias fuerzas, de su propia organización, de su propio proyecto, de sus alianzas y de su unidad y, desde allí podrá pensar en acuerdos y entendimientos con el sector gubernamental, en la medida en que éste reconozca y haga suyos los intereses populares.

Los temas del agua, la minería, la lucha contra las presas, contra los transgénicos por el empleo y el salario digno, por la defensa del ambiente, por la soberanía, por la democracia participativa son algunos puntos programáticos irrenunciables y desde allí el movimiento popular ha de aprender a ser sujeto político y no sólo actor político, esto quiere decir que ha de aprender a cumplir un papel previamente asignado, siendo actor como cuando vota en una elección; pero ha de ser capaz, de alzarse frente a una realidad injusta e inconveniente, confrontar con ella y luchar por una realidad alternativa, es decir ser sujeto y, desde luego, hemos de aprender a combinar la calidad de sujeto con la calidad de actor y de esto dependerá que podamos hacer del actual gobierno instrumento del pueblo y no el pueblo instrumento de ningún gobierno.

Discurso en 26 Aniversario de Constitucion de la Republica

DISCURSO DEL DIPUTADO SIGFRIDO REYES, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL FMLN EN SESION SOLEMNE 21-12-09

lunedì 21 dicembre 2009 alle ore 22.34

Señor Presidentes de la Asamblea Legislativa y Señores y Señoras Diputados
Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial
Señores Diputados y Diputadas del Parlamento Centroamericano;
Señores Magistrados y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
Señores Magistrados del Tribunal Supremo Electoral;
Señores Miembros del Ministerio Público
Señor Presidente de la Corte de Cuentas de la República;
Señores y señoras Ministros, Vice-Ministros y Presidentes de Entidades Autónomas;
Señores y señoras del Cuerpo Diplomático y representantes de Organismos Internacionales acreditados en el país;
Amigos de la prensa;
Invitados Especiales,
Pueblo salvadoreño que nos ve y nos escucha gracias a los medios de comunicación:

Una nueva etapa política se ha abierto en El Salvador en este año 2009, año que será de mucha relevancia histórica para nuestro país.
Es ésta una NUEVA ERA, que podemos llamarla, sin ningún resquicio de duda, LA ERA DEL CAMBIO. Es una Era en la que toma un nuevo valor la LEY SUPREMA DE LOS SALVADOREÑOS: la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.
Nuestra Constitución, promulgada hace ya 26 años, y reformada profundamente con los Acuerdos de Paz de 1992, para dar inicio a una época de democratización de la sociedad salvadoreña y de construcción de un Estado de Derecho, vuelve a la vida en el presente y promete un nuevo amanecer para nuestro país.
Hace justo 4 años nuestro recordado y respetado líder Schafik Hándal, decía en esta misma tribuna, que releyendo la Constitución, tenía la certeza que su texto reflejaba un sistema jurídico-político que se caracteriza como un Estado Constitucional y Social de Derecho. Pero, a continuación, denunciaba con vehemencia (me permito citar textualmente): “Para nosotros está claro que no es esto lo que se vive. Para nosotros está claro que el modelo neoliberal vigente desde hace años, desde que gobierna el partido ARENA, que proclama al mercado como el supremo hacedor y rector de todo lo que se hace y se deja de hacer, que proclama la ganancia y no la persona como el fin y objetivo del Estado, que proclama la superioridad del interés privado sobre el interés social y el interés público… Ese modelo, es contrario a la Constitución! Viola la Constitución!”.
De allí que en esa misma alocución dejó grabada, con palabras que todavía resuenan en este Salón Legislativo, aquella poderosa sentencia que a continuación también cito: “Esta Constitución es una especie de cadáver insepulto, acribillado, apuñalado, que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle el homenaje del Día de la Constitución. Si van a insistir con sus políticas, sus decisiones, el “yo hago lo que quiero”, si va a insistirse en esto, lo menos que se puede exigir es que sometan al conocimiento ciudadano la consulta de hacer otra Constitución, a su medida totalmente. Pero lo que es con ésta Constitución no casa ninguna de esas políticas y conductas. Hacerle un homenaje cada año a la Constitución no corrige nada de esto, no establece un Estado Constitucional y Social de Derecho, como lo manda la Constitución…”.
Estas palabras fueron dichas no solo con el objetivo de denunciar las flagrantes violaciones que del Estado de Derecho se perpetraron en nuestro país por décadas, sino que más bien fueron la admonición de que esta triste realidad algún día tendría que llegar a su fin. Con su contundente sabiduría y su fe profética en este pueblo salvadoreño, Schafik señalaba el rumbo por el cual teníamos que seguir luchando: defender la Constitución y conducir este pueblo a reivindicar esa norma suprema, que en su art. 83 proclama que “El Salvador es un estado soberano” y que “la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los limites de esta Constitución”.
Así igualmente lo plasma el Art. 86 de esta Carta Magna: “El poder público emana del pueblo”. Y ha sido bajo estos postulados que el pueblo salvadoreño dio una ejemplar lección al mundo en este año: Los salvadoreños y salvadoreñas, haciendo uso de su poder soberano, dieron en las urnas el triunfo al FMLN, a sus CANDIDATOS y a su PROGRAMA DE GOBIERNO, para que como dignos representantes y gobernantes, conduzcamos a El Salvador por el nuevo sendero de la Democracia, de la prosperidad y la puesta en vigencia de un verdadero ESTADO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE DERECHO.
Por ello afirmamos que esta nueva etapa de la historia patria constituye un verdadero Cambio de Época, que anuncia para El Salvador el fin de la arbitrariedad, de la imposición y el abuso, de la corrupción y de la violación flagrante a los Derechos Fundamentales de nuestros compatriotas. Ha comenzado pues, el fin de una práctica de violación sistemática a nuestra Constitución y a sus preceptos fundamentales.
EL FMLN ha tenido y seguirá teniendo como horizonte el objetivo de que se respete por todos, por gobernantes y gobernados, el texto y el espíritu constitucionales. Y con ese objetivo en mente es que trabajamos para que el pueblo vea señales vigorosas e irreversibles, de que el CAMBIO también ha llegado en relación al respeto y vigencia de nuestra Constitución.
Así, por ejemplo, iniciamos esta legislatura garantizando que se estableciera una nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de su Sala de lo Constitucional, eligiendo Magistrados que gozan del respeto de la sociedad y que valoran muy en alto el principio de la independencia judicial. Con ello se ha empezado a devolver la esperanza a la Nación que se puede y se debe ejercer con honestidad la administración de la Justicia, y en particular de la Justicia Constitucional.
Igualmente, hemos ratificado en la presente legislatura, varias reformas a nuestra Ley Fundamental. Una de ellas permitirá ahondar en uno de los beneficios sociales a que todos nuestros compatriotas tienen derecho, estableciéndose la gratuidad de la educación secundaria pública.
A fin de brindar más y mejores herramientas legales para la investigación y persecución de algunos delitos de suma gravedad, se dio paso a la reforma que otorga validez al recurso de las intervenciones telefónicas.
De gran significado para la democracia y para la igualdad entre los ciudadanos, han sido las reformas que habilitaron la entrada en vigencia efectiva de varios Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan la sindicalización y la contratación colectiva de los empleados del sector público.
Más recientemente, y observando escrupulosamente los términos establecidos en la Constitución, arribamos a importantes acuerdos con otras bancadas legislativas, para que se aprobará con transparencia y sin demora el Presupuesto General de la Nación del 2010, nuevas emisiones de deuda pública y la reorientación de créditos, para empezar a hacer salir a El Salvador de la profunda crisis económica y social.
Así, igualmente de significativo ha sido el paso valiente que dio esta Asamblea cuando aprobó el mes pasado la Ley Reguladora de las Tarjetas de Crédito. Con la misma pretendemos defender a la ciudadanía de los abusos a que por años ha estado sometida por acreedores sin ningún tipo de restricción. Esta ley es una clara muestra de que es posible legislar aplicando el principio de Justicia Social consignado en el artículo Primero de la Constitución. Le hacemos además honor al precepto constitucional, que en el art. 101 establece que “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano”, o en el art. 102, que postula textualmente: “Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social”. Con esta visión del trabajo legislativo, no estamos haciendo otra cosa sino poner en boga estos principios, alevosamente olvidados en el pasado reciente.
Estamos aplicando pues, la justicia social que la Constitución nos ordena aplicar a todos los diputados y las diputadas.

Señores y Señoras, Ciudadanos todos:
En nuestro compromiso de promover la justicia social en El Salvador, de gran significado ha sido el intenso trabajo que el FMLN realizó recientemente, junto a otros Grupos Parlamentarios que exhiben responsabilidad patriótica y racionalidad, para aprobar una Reforma al Sistema Fiscal y Tributario del país, que si bien representa un paso inicial y modesto, constituye sin duda una clara aplicación del principio de equidad tributaria que consigna el ordinal 6º. del Art.131 de la Norma Primaria, que establece como atribución de esta Asamblea Legislativa, cito textualmente: “Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa”. Es decir, el que posee más riqueza debe contribuir con más tributos.
No puede ser de otra forma. En esta Era de Cambios que hemos inaugurado, se deben acabar los privilegios y las prebendas para reducidos, pero poderosos sectores de la sociedad. No podemos dejar de señalar, y lamentar, que todavía persisten visiones y conductas, que se oponen tenazmente a que en El Salvador haya mayor justicia tributaria. y con ello, a que el Estado cuente con los recursos fiscales, imprescindibles para realizar proyectos sociales de combate a la pobreza y la exclusión, brindar más y mejor seguridad ciudadana, mitigar riesgos y proteger el ambiente, fortalecer la administración de justicia, entre otras de las irrenunciables responsabilidades estatales.
Así entonces, las muestras positivas que esta nueva Asamblea Legislativa empieza a dar, ejerciendo el diálogo, la negociación política transparente, y no la imposición, donde la bancada mayoritaria del FMLN marca indudablemente su impronta de reivindicación de la Constitución y la institucionalidad democrática, nos señalan que, en El Salvador de hoy, una nueva forma de hacer política no es solo necesaria, sino que también es posible. Así, por ejemplo, nos aprestamos a aprobar, y por ello solicitamos desde ya el compromiso de todas los Grupos Parlamentarios, una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que permita ejercer una nueva forma de administración pública con transparencia y probidad. Debemos con esta y otras leyes que es necesario consensuar y aprobar, combatir de tajo la corrupción, el abuso de autoridad y el despilfarro de fondos públicos.
Debemos igualmente aprobar pronto una moderna Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que regule el uso del territorio y prevenga que tragedias tan lamentables como las acontecidas apenas el mes pasado en varios municipios de San Vicente y otros departamentos del país, vuelvan a repetirse y a dejar luto en nuestras familias. Es decir, debemos aprobar leyes que como éstas pongan en verdadera vigencia el acervo de Derechos Fundamentales que nuestra Constitución postula y que deben ser el norte de todo gobierno del pueblo y para el pueblo.
En suma, pues, esta nueva Era de Cambios, demanda de nosotros un firme compromiso con la Democracia, el respeto a la Constitución y la plena vigencia del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho.
Esto es particularmente significativo, cuando en nuestro vecindario inmediato, en nuestra hermana República de Honduras, se ha perpetrado el rompimiento abierto, violento y todavía impune del orden constitucional, y donde se pretende estrenar una nueva estrategia golpista para la región, que culmina con la realización de elecciones ilegítimas.
Por todo ello, en este día de tanta significancia para la vida política e institucional de nuestra querida Nación, queremos dejar plasmado nuestro anhelo, nuestra voluntad y nuestro firme compromiso de seguir luchando como Grupo Parlamentario por la defensa y la vigencia plena y real de esta Constitución que hemos jurado cumplir. Podemos este día decirle con solvencia a nuestro querido Schafik, infatigable y leal defensor de la Constitución: ¡Tu sueño y tu demanda por cumplir y defender esta Constitución, para beneficio del pueblo al que tanto amaste, comienza a hacerse realidad!.

Ciudadanos y ciudadanas salvadoreños:
En este aniversario de la Constitución les reafirmamos a ustedes que la Constitución de la República de El Salvador ya no será más un cadáver insepulto y vilipendiado.
Este pueblo noble, creyente ferviente en el mensaje de Cristo y de su resurrección, la ha hecho resucitar con su mandato soberano, expresado en su voto. Y nosotros, representantes fieles de la Nación salvadoreña, le daremos alimento a su vida, luchando firmemente por su defensa y su vigencia.

¡Muchas gracias!

¡Unidos para luchar con el pueblo al Poder!

¡Unidos para luchar con el pueblo al Poder!

Manifiesto al pueblo salvadoreño, a todos los pueblos del mundo, Partidos Comunistas y Movimientos de Liberación Nacional, hermanos.

El Partido Comunista de El Salvador (PCS), que ha celebrado su II CONGRESO ORDINARIO los días 26 y 27 de diciembre de 2009, de forma clandestina en algún lugar de El Salvador, con la participación de toda la militancia de nuestras estructuras de base territoriales y de los frentes de masas en todo el país, y de otros partidos hermanos de la región y el mundo, en especial del Partido Comunista de los Estados Unidos de América, el Partido del Trabajo de Bélgica y el Partido Comunista de Suecia, manifiesta lo siguiente:
1. Que el Partido Comunista de El Salvador (PCS) digno defensor de los intereses de la clase proletaria, el campesinado y los sectores populares de El Salvador, con la celebración de nuestro II CONGRESO ORDINARIO, hemos iniciado una nueva etapa de desarrollo como Partido Marxista Leninista de la Revolución. En esta nueva etapa, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acumulando fuerzas, fortaleciendo nuestra unidad, desplegando y expandiendo nuestras estructuras de base, organizando al pueblo, en especial a la clase Proletaria, por la toma del poder político del Estado para la Liberación Nacional y la edificación del Socialismo en El Salvador.
2. Que nuestro congreso elaboró, discutió y aprobó importantes documentos que trazan nuestra línea política en el actual periodo de lucha. Definió la línea para el fortalecimiento, unificación y relanzamiento de nuestros Frentes de Masas bajo la dirección del proletariado. Aprobó la línea política para el desarrollo de la Juventud Comunista de nuestro Partido; así, también definió la política de alianzas y nuestra posición frente a otras fuerzas políticas de izquierda y progresistas como el FMLN y la alianza de centro izquierda que gobierna el órgano ejecutivo, bajo la figura del Presidente Mauricio Funes Cartagena.
3. Anunciamos que a partir de estos momentos concentraremos nuestras fuerzas hacia un proceso de consulta con el pueblo para enriquecer nuestra línea política general, el programa revolucionario de Liberación, Antimperialista y Socialista. Asumimos el compromiso de mantener nuestra unidad y cohesión como partido, desde las estructuras de base hasta la Dirección Política Nacional. Dedicaremos especial esfuerzo al lanzamiento de una ofensiva política contra la burguesía pro-imperialista y sus principales partidos de derecha: ARENA, GANA, PCN Y PDC.
4. Reafirmamos nuestra posición de defender y acompañar de manera crítica al gobierno del FMLN y la alianza de centro izquierda que encabeza el Presidente Mauricio Funes Cartagena. Luchando en primeras filas contra la burguesía pro-imperialista, defendiendo los intereses del pueblo y en especial de la clase proletaria, rechazando la farsa de un gobierno de Unidad Nacional y exigiendo un GOBIERNO DE UNIDAD POPULAR.
5. Nos solidarizamos con todos los procesos de liberación que emanan del planeta y en especial con los gestados en América Latina a quienes el imperialismo quiere golpear con nuevas bases militares en Colombia y Panamá, con la prolongación de la base militar y de tortura en Guantánamo, con el golpe militar del presidente Manuel Zelaya, con el incremento de efectivos militares en Afganistán y la aprobación de un gigantesco presupuesto militar sin precedentes en la historia de la humanidad y en general con la ofensiva contrarrevolucionaria lanzada y ocultada bajo la apariencia benevolente del presidente de los Estados Unidos: Obama.
6. Finalmente hacemos un llamado a todo el pueblo salvadoreño a seguir organizándose y fortaleciendo los Frentes de Masas para luchar por sus intereses y necesidades inmediatas e ir construyendo la Unidad Popular que permita pasar de la lucha inmediata al terreno de la lucha política por la toma del poder del Estado contra la Burguesía pro-imperialista. También convocamos a todas y todos los comunistas salvadoreños a incorporarse y fortalecer las filas de nuestro partido marxista leninista de la revolución salvadoreña, el PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR (PCS).

¡Que viva el proletariado de todos los países y sus partidos comunistas!
¡Que viva el Partido Comunista de El Salvador!
¡Unidos para luchar con el pueblo al Poder!

La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable

Enrique Leff – La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable
Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza 1

Globalización económica y capitalización de la naturaleza

El planeta que habitamos siempre ha sido global: un globo terráqueo. La tierra se desprendió de su planicie e inició el vuelo de su globalización en el siglo XVI, una vez que el mundo fue circunnavegado y que los intercambios comerciales fueron interconectando a las diferentes civilizaciones y culturas. Más adelante, la generalización de los intercambios comerciales se convirtió en ley, y esta se fue universalizando, invadiendo todos los dominios del ser y los mundos de vida de las gentes. Con la invención de la ciencia económica y la institucionalización de la economía como reglas de convivencia universales, comenzó un proceso de cinco siglos de economización del mundo. Mas el orden físico y la vida en el planeta que dan origen y sustentan al género humano no encuentran en sus raíces ninguna esencialidad económica más allá de la pulsión de producir con la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Este proceso de expansión de la racionalidad económica culmina con su saturación y su límite, el límite de su extrema voluntad de globalizar al mundo engullendo todas las cosas y traduciéndolas a los códigos de la racionalidad económica, razón que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las leyes límite de la naturaleza, de la vida y la cultura.
En este sentido, el proceso de globalización cuya naturaleza intentamos descifrar –los crecientes intercambios comerciales, las telecomunicaciones electrónicas con la interconexión inmediata de personas y flujos financieros que parecen eliminar la dimensión espacial y temporal de la vida, la planetarización del calentamiento de la atmósfera, e incluso el aceleramiento de las migraciones y los mestizajes culturales–, ha sido movilizado y sobredeterminado por el dominio de la racionalidad económica sobre los demás procesos de globalización. Es esta sobre-economización del mundo la que induce una homogeneización de los patrones de producción y de consumo, contra una sustentabilidad planetaria fundada en la diversidad ecológica y cultural.
Desde los orígenes de la civilización occidental, la disyunción del ser y el ente que opera el pensamiento metafísico preparó el camino para la objetivación del mundo. La economía afirma el sentido del mundo en la producción; la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos del capital. Mas ello no le devuelve el ser a la naturaleza, sino que la transmuta en una forma del capital –capital natural– generalizando y ampliando las formas de valorización económica de la naturaleza (O’Connor, 1993). Es en este sentido que, junto con las formas ancestrales de explotación intensiva que caracterizaron al “pillaje del tercer mundo” (Jalée, 1968), hoy se promueve una explotación “conservacionista” de la naturaleza. La biodiversidad aparece no sólo como una multiplicidad de formas de vida, sino como zonas de reservas de naturaleza –territorios y hábitat de esa diversidad biológica y cultural– que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de carbono.
En este sentido las políticas recientes en torno a la biodiversidad no responden tan sólo a una preocupación por la pérdida de especies biológicas y por su importante papel en el equilibrio ecológico del planeta. La biodiversidad se ha revelado como un enorme banco de recursos genéticos que son la materia prima de los grandes consorcios de las industrias farmacéuticas y de alimentos, cuyo valor económico supera ya el de los consorcios petroleros. Por su parte, para los países y los pueblos donde se encuentran localizadas las áreas de mayor biodiversidad, esta representa, por un lado, el referente de significaciones y sentidos culturales que son trastocados cuando son transformados en valores económicos; por otro, la biodiversidad es la expresión del potencial productivo de un ecosistema, ante el cual se plantean las estrategias posibles de su manejo sustentable así como las formas de apropiación cultural y económica de sus recursos.
La geopolítica de la biodiversidad y del desarrollo sustentable no sólo prolonga e intensifica los anteriores procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, sino que cambia las formas de intervención y apropiación de la naturaleza y lleva a su límite la lógica de la racionalidad económica 2. Esta nueva geopolítica de la sustentabilidad se configura en el contexto de una globalización económica que, al tiempo que lleva a la desnaturalización de la naturaleza, promueve con el discurso del desarrollo sostenible una estrategia de apropiación que busca “naturalizar” la mercantilización de la naturaleza. En esa perversión de “lo natural” se juegan las controversias entre la economización de la naturaleza y la ecologización de la economía.
Por otra parte, la economía política engarzada en la relación de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra se desplaza hacia una ecología política en la que los antagonismos de las luchas sociales se definen en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad. Las relaciones de producción y las fuerzas productivas ya no se establecen entre el capital y el proletariado industrial –entre capital, trabajo y tecnología. En el nuevo discurso sobre la biodiversidad y el desarrollo sustentable-sostenible, los conceptos de territorio, de autonomía y de cultura se han convertido en conceptos políticos que cuestionan los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza (Leff, 2001b).
Ante la complejidad ambiental (Leff et al., 2000), las políticas de la globalización económico-ecológica ponen de manifiesto la impotencia del conocimiento para comprender y solucionar los problemas que han generado sus formas de conocimiento del mundo; el discurso del crecimiento sostenible levanta una cortina de humo que vela las causas reales de la crisis ecológica. Así, ante el calentamiento global del planeta, se desconoce la degradación entrópica que produce la actividad económica ejercida bajo la racionalidad económica (cuyo último grado de degradación es el calor) y se niega el origen antropogénico del fenómeno al calificar sus efectos como desastres “naturales”.
La geopolítica del desarrollo sostenible mira con optimismo la solución de las contradicciones entre economía y ecología al proponer la reconversión de la biodiversidad en colectores de gases de efecto invernadero, con lo cual se exculpa a los países industrializados de sus excedentes de sus cuotas de emisiones, mientras se induce una reconversión ecológica de los países del tercer mundo. Fundadas en un supuesto control del proceso de largo plazo a través del automatismo del mercado, estas políticas desconocen los factores de incertidumbre de los procesos económicos y ambientales, la ineficacia de las políticas públicas y los intereses encontrados sobre las estrategias de apropiación de la naturaleza.

Los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs) y la OMC

Desde la adopción del CITES en 1973 se han venido acordando, elaborando e implementando diferentes tratados, convenciones, convenios y protocolos para la protección del medio ambiente. Al tiempo que se ha logrado disminuir el uso indiscriminado e inconsciente de sustancias como el DDT, el plomo, el asbesto, las dioxinas y los CFC, en la implementación de algunos de estos nuevos instrumentos jurídicos de la normatividad ecológica internacional –como el protocolo de Montreal sobre la capa de ozono– se registran importantes logros.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 1992 marca un punto de inflexión importante en la geopolítica ambiental global. A partir de Río-92, las políticas del desarrollo sostenible han promovido y puesto en operación un nuevo marco legal internacional, basado en un conjunto de Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs), que incluyen una serie de instrumentos jurídicos que buscan establecer normas a los agentes económicos y sociales para limitar y revertir los impactos de los procesos económicos y tecnológicos sobre el ambiente.
Los AMAs incluyen los Convenios de Cambio Climático y Diversidad Biológica, la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y los protocolos de Cartagena sobre Bioseguridad, de Kyoto sobre Cambio Climático y de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Entre esos instrumentos, quizá los más controvertidos han sido los convenios de cambio climático y de diversidad biológica –y sus respectivos protocolos– por sus implicaciones globales y la diversidad de intereses y conflictos que se dirimen en su interior, poniendo de manifiesto las dificultades para internalizar los costos ecológicos y amalgamar las políticas económicas y ambientales.
Más allá de los intentos de los negociadores de algunos países por abrir las agendas hacia temas controversiales sustantivos, en la práctica estos instrumentos se establecen sobre principios de orden más pragmático: reglas de procedimiento, cuestiones de financiamiento, indicadores mensurables. Las consideraciones éticas y filosóficas, las controversias políticas en torno a valores e intereses que definen las alternativas del desarrollo sustentable y que no son traducibles al patrón común de la valorización económica, son desplazadas de estos niveles de la diplomacia internacional hacia el campo de la ecología política, donde se genera la fuerza social para la apertura de las agendas globales. Es en este plano que se expresan los intereses por la diversidad biológica y cultural frente a la homogeneidad del mercado y las estrategias de la globalización económica. No es de sorprenderse que buena parte de las causas que han retardado los acuerdos y la implementación de estos mecanismos de gobernabilidad global sean las controversias en torno a asuntos relacionados con el comercio: la mercantilización de los bienes naturales y la evaluación económica de los riesgos ambientales.
Las dificultades para la puesta en vigor y la efectiva implementación de los AMAs ponen de manifiesto las resistencias del orden económico para internalizar los costos ambientales y acomodarse a las normas de la sustentabilidad ecológica. Ejemplo de ello son los obstáculos interpuestos para el cumplimiento de los acuerdos de Río –esto es, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el avance del calentamiento global del planeta. Al mismo tiempo, la OMC ha venido diseñando sus propios regímenes ambientales bajo el predominio de las reglas del mercado y los derechos de propiedad intelectual. Si bien se han logrado avances en los AMAs, como la reciente firma del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático, los mismos son acordados bajo el principio de un mínimo común denominador que logre concertar voluntades de los gobiernos, pero que reduce sus alcances y diluye sus objetivos. Así, las cláusulas sobre el comercio de permisos de emisiones de gases de efecto invernadero no aseguran que cada país o cada industria limite al máximo sus emisiones; al contrario, ese objetivo se pervierte ante
la posibilidad de que los países que se excedan de sus cuotas las transfieran a otros países, o que las compensen cubriendo el valor ficticio de su captura por parte de los países ricos en biodiversidad.
Al poner énfasis sobre la comercialización de derechos de emisiones, el Protocolo de Kyoto ofrece un salvoconducto a los países del Norte, que en vez de reducir sus emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero las compensan transfiriendo sus costos a países (como los de la ex Unión Soviética) que se encuentran por debajo de sus cuotas y que incluso, por su situación económica, no estarían en condiciones de incrementar sus emisiones. Por otra parte, la asignación de precios a la captura de carbono por las reservas de biodiversidad dentro del MDL funciona como un verdadero subterfugio que permite a los países que exceden su huella ecológica transferir el monto equivalente a algún país rico en biodiversidad cuya flora y suelos supuestamente secuestran el exceso de gases emitidos por las industrias del país industrializado a precios de “dumping” –a falta de un mecanismo de formación de precios de captura– y al “mejor postor” porque, como afirma Martínez Alier, los países pobres venden barato sus servicios ambientales. A través del MDL se vienen introduciendo cambios en el uso del suelo y formas de cultivo como por ejemplo la siembra directa, mediante la cual se pretende reducir las emisiones de gases y la aplicación de agroquímicos al tiempo que se implantan cultivos transgénicos, cuyos riesgos ecológicos y para la salud están lejos de poder ser evaluados y en particular cuantificados. Así, no sólo no se generan sinergias entre los AMAs, sino que estos funcionan como velos que encubren y escudos que sirven de parapeto a los procesos de “reconversión ecológica” que bajo su protección y legitimación se ejecutan en favor del “desarrollo sostenible”. En este sentido es cuestionable la efectividad del Protocolo de Kyoto, ya que el “valor de uso sumidero” de la biodiversidad seguramente no habrá de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero que seguirá generando el imperio de la racionalidad económica, debilitándose las acciones de mitigación a través del MDL y el uso de tecnologías limpias. Como resultado, el calentamiento global seguirá agravándose.
En el fondo de los debates en torno a estos AMAs y los disensos para su aprobación y aplicación están la controversia entre la racionalidad ecológica y la ética que subyacen a las normas ambientales, y los principios y reglas de la racionalidad económica. Sus incompatibilidades no sólo se expresan en la resistencia de gobiernos como los de Estados Unidos y Japón a firmar y ratificar los AMAs. Al mismo tiempo, la OMC ha venido generando sus propios regímenes ambientales sometidos a la supremacía de los intereses y mecanismos económicos. De esta manera, los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) buscan legitimar y legalizar los derechos de las empresas por encima de las provisiones a los derechos de indígenas, campesinos y agricultores en la CDB y el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.
Estas controversias desembocan finalmente en la necesidad de establecer marcos internacionales de gobernabilidad que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sean capaces de generar sinergias y relaciones que se refuercen mutuamente entre los AMAs y la OMC (UNEP, 2001). Sin embargo, en su ánimo de evitar disputas formales así como de prever y resolver anticipadamente los conflictos entre los regímenes ambientales y comerciales, la integración de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones de los asuntos económicos y sociales tiende a ceder la aplicación de las normas ecológicas y los principios ambientales a los regímenes del libre comercio. En este sentido se ha acelerado la tendencia a elaborar y aplicar instrumentos económicos para la gestión ambiental y a reducir el valor de la naturaleza a los precios que esta puede adquirir en el mercado de bienes y servicios ambientales.

Valor y territorio: una política del lugar y la diferencia

Frente al proceso de globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado, y junto con los movimientos “globalifóbicos”, está emergiendo una política del lugar, del espacio y del tiempo (Leff, 20 01c) movilizada por los nuevos derechos a la identidad cultural de los pueblos (CNDH, 1999; Sandoval y García, 1999), legitimando reglas más plurales y democráticas de convivencia social. La reafirmación de la identidad es también la manifestación de lo real y de lo verdadero frente a la lógica económica que se ha constituido en el más alto grado de racionalidad del ser humano, ignorando a la naturaleza y a la cultura, generando un proceso de degradación socioambiental que afecta las condiciones de sustentabilidad y el sentido de la existencia humana.
El territorio es el lugar donde la sustentabilidad se enraiza en bases ecológicas e identidades culturales. Es el espacio social donde los actores sociales ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales en proyectos autogestionados generados para satisfacer necesidades,
aspiraciones y deseos de los pueblos que la globalización económica no puede cumplir. El territorio es el locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida. El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, donde estas se expresan como una valorización social de los recursos económicos y como estrategias para la reapropiación de la naturaleza. Si la economía global genera el espacio donde las sinergias negativas de la degradación socioambiental hacen manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio local emergen las sinergias positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma de productividad ecotecnológica (Leff, 1994 y 1995).
El territorio es un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas. Es pues el lugar de convergencia de los tiempos de la sustentabilidad: los procesos de restauración y productividad ecológica, de innovación y asimilación tecnológica, de reconstrucción de identidades culturales. Por ello el slogan “pensar globalmente y actuar localmente”, tan tenazmente promovido por el discurso del desarrollo sostenible, ha sido en realidad una artimaña para generar un pensamiento único sobre “nuestro futuro común”. Ante los retos del desarrollo sustentable alternativo, induce en las culturas locales un pensamiento global que no es otro que el discurso economicista del crecimiento sostenible, cuando el reto de la sustentabilidad es pensar las singularidades locales y construir una racionalidad capaz de integrar sus diferencias, asumiendo su inconmensurabilidad, su relatividad y su incertidumbre.
Una nueva política del lugar y de la diferencia está siendo construida a partir del sentido del tiempo en las luchas actuales por la identidad, por la autonomía y por el territorio. Lo que subyace al clamor por el reconocimiento de los derechos a la supervivencia, a la diversidad cultural y la calidad de vida de los pueblos, es una política del ser; una política del devenir y la transformación, que valoriza el significado de la utopía como el derecho de cada individuo y cada comunidad para forjar su propio futuro. Los territorios culturales están siendo fertilizados por un tiempo que recrea las estrategias productivas y los sentidos existenciales. No es sólo la reivindicación de los derechos culturales que incluyen la preservación de los usos y costumbres de sus lenguas autóctonas y sus prácticas tradicionales, sino una política cultural para la reconstrucción de identidades, para proyectar a sus seres colectivos trascendiendo un futuro prefijado y excluyente. Es resistencia a la hegemonía homogeneizante de la globalización económica y afirmación de la diversidad creativa de la vida, construida desde la heterogénesis cultural-ecológica.
Esto lleva a repensar el sentido mismo de la geopolítica. Las geografías, como marcas dejadas por las civilizaciones en la tierra, son el locus, el hábitat en el que se asienta un mundo que ha sido trastocado por la globalización, que desplaza el lugar de su lugar, que hace prevalecer la globalidad de una razón única, universal, dominante. Pero son también la escritura que van dejando en la naturaleza los nuevos movimientos sociales de reapropiación de la naturaleza (Gonçalves, 2001). De esta manera, las poblaciones indígenas están afirmando sus derechos culturales para recuperar el control sobre su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural para reapropiarse de un patrimonio de recursos naturales y significados culturales. La racionalidad ambiental está siendo internalizada por nuevos actores sociales, expresándose como una demanda política que guía nuevos principios para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la naturaleza, arraigándose en nuevos territorios y nuevas identidades.
La geopolítica de la globalización se ha centrado en las falsas virtudes del mercado y de la capacidad empresarial para guiar y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se confiere al mercado la capacidad de internalizar los costos ambientales y de absorber actividades productivas sobre el capital natural y los servicios ambientales que hasta ahora han sido campos tradicionales de apropiación y manejo de un patrimonio y bienes comunales que funcionan fuera del mercado, para transformarlos en nuevas oportunidades de negocios. Más aún, asumen a priorila voluntad de los pueblos del tercer mundo –en particular poblaciones indígenas y campesinas– de colaborar en este propósito, cediendo a las iniciativas del mercado temas fundamentales del desarrollo sustentable:manejo de recursos naturales, pobreza rural, seguridad alimentaria, etcétera. Por el contrario, las controversias entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental en las perspectivas del desarrollo sustentable llevan a contrastar y oponer a la lógica del valor de cambio una racionalidad productiva fundada en el valor de uso, que va más allá de los principios de la “calidad total” y la “tecnología limpia” de la nueva ecoindustria, así como de una calidad de vida fundada en la “soberanía del consumidor”. La racionalidad ambiental lleva a repensar la producción a partir de los potenciales ecológicos de la naturaleza y las significaciones y simbolismos asignados a la naturaleza por la cultura. Esta lleva a una política del ser, de la diversidad, de la diferencia, que replantea el sentido de la naturaleza, de la producción y del desarrollo sustentable.

Bibliografía

CNDH 1999 “El derecho a la identidad cultural” en Gaceta(México: Comisión Nacional de Derechos Humanos) Nº 103.

Gonçalves, Carlos W. Porto 2001 Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad (México DF: Siglo XXI).

Jalée, Pierre 1968 Le Pillage du Tiers Monde (Paris: François Maspero).

Leff, Enrique 1994 Ecología y capital (México DF: Siglo XXI).

Leff, Enrique 1995 Green Production. Towards an Environmental Rationality (New York: Guilford Press).

Leff, Enrique 2000 “Pensar la complejidad ambiental” en Leff, Enrique (coord.) La
complejidad ambiental (México DF: Siglo XXI/UNAM/PNUMA).

Leff, Enrique 2001a Epistemología ambiental (São Paulo: Cortez Editora).

Leff, Enrique 2001b “Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la
naturaleza: a guisa de prólogo” en Leff, Enrique (coord.) Justicia ambiental. Construcción y defensa de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos en América Latina (México DF: PNUMA/CEIICH-UNAM) Serie Foros y Debates Ambientales Nº 1, Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe.

Leff, Enrique 2001c “Espacio, lugar y tiempo. La reapropiación social de la naturaleza y la construcción local de la racionalidad ambiental” en Nueva Sociedad(Caracas) Nº 175, septiembre-octubre.

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O’Connor, Martin 1993 “On the Misadventures of Capitalist Nature” in Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 4, Nº 3.

Sandoval, I. E. y García Colorado, G. 1999 El derecho a la identidad cultural (México DF: Instituto de Investigaciones Legislativas, H. Cámara de Diputados).

Notas

1 N. del E.: El presente artículo es una versión resumida del texto original, una de cuyas primeras ediciones fue publicada en la compilación de A. E. Ceceña y E. Sader La Guerra Infinita. Hegemonía y Terror Mundial(Buenos Aires: CLAC SO, 2002); así como también forma parte del reciente libro de Enrique Leff Racionalidad Ambiental. La Reapropiación Social de la Naturaleza(México: Siglo XXI, 2004), entre otras publicaciones. El artículo, en formato completo, puede consultarse en la sección debates de la página web del OSAL .
2 Economistas ecológicos como René Passet, Herman Daly y Joan Martínez Alier han argumentado sobre las limitaciones del mercado para regular efectivamente los equilibrios ecológicos y su capacidad para internalizar los costos ambientales a través de un sistema de normas legales; sugieren que la economía debe constreñirse a los límites de expansión que asegure la reproducción de las condiciones ecológicas de una producción sustentable y de regeneración del capital natural. Sin embargo, la economía (la racionalidad económica, el proceso económico) carece de flexibilidad y maleabilidad para ajustarse a las condiciones de la sustentabilidad ecológica. El debate político se ha enriquecido con los aportes de la ciencia sobre la insustentabilidad creciente del planeta y los riesgos ecológicos que la amenazan, pero no ha logrado desujetarse de las razones de fuerza mayor del mercado. La ley de la entropía, preconizada por Georgescu-Roegen (1971) como la ley límite del crecimiento económico, aparece como la negatividad negada por la teoría y las políticas económicas sobre su vínculo con la naturaleza. Mas la teoría crítica de la economía basada en la ley de la entropía, antes de haber llegado a fundar la positividad de un nuevo paradigma económico (de una economía ecológica), ha abierto las compuertas de una ecología política donde el debate científico se desplaza hacia el campo político; la cuestión de la sustentabilidad se inscribe en las luchas sociales contra la globalización y por la reapropiación de la naturaleza, desplazando el discurso y la acción al campo de la deconstrucción de la lógica económica y la construcción de una racionalidad ambiental (Leff, 1998; 2001a).

Enrique Leff (Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Integrante del Grupo de Trabajo Ecología Política de CLACSO)

http://osal.clacso.org/espanol/html/osal17/dleff.pdf

La Ecología Política en América Latina.Un campo en construcción*

La Ecología Política en América Latina.
Un campo en construcción*

Enrique Leff**

Emergencia de la Ecología Política

La ecología política se encuentra en el momento fundacional de un campo teórico-práctico. Es la construcción de un nuevo territorio del pensamiento crítico y de la acción política. Situar este campo en la geografía del saber no es tan sólo delimitar su espacio, fijar sus fronteras y colocar membranas permeables con disciplinas adyacentes. Más bien implica desbrozar el terreno, dislocar las rocas conceptuales y movilizar el arado discursivo que conforman su suelo original para construir las bases seminales que den identidad y soporte a este nuevo territorio; para pensarlo en su emergencia y en su trascendencia en la configuración de la complejidad ambiental de nuestro tiempo y en la construcción de un futuro sustentable.

La ecología política en germen abre una pregunta sobre la mutación más reciente de la condición existencial del hombre. Partiendo de una crítica radical de los fundamentos ontológicos y metafísicos de la epistemología moderna, más allá de una política fundada en la diversidad biológica, en el orden ecológica y en la organización simbólica que dan su identidad a cada cultura, la ecología política viene a interrogar la condición del ser en el vacío de sentido y la falta de referentes generada por el dominio de lo virtual sobre lo real y lo simbólico, de un mundo donde parafraseando a Marshal Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire. A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado.

Pues si la mirada del mundo desde la hermenéutica y el constructivismo ha superado la visión determinista de la historia y el objetivismo de lo real, si el mundo está abierto al azar y a la incertidumbre, al caos y al descontrol, al diseño y a la simulación, tenemos que preguntarnos, ¿que grado de autonomía tiene la hiperrealidad del mundo sobre-economizado, hiper-tecnologizado y súper-objetivado sobre el ser? ¿en qué sentido se orienta el deseo, la utopía, el proyecto, en la reconfiguración del mundo guiado por intereses individuales, imaginarios sociales y proyectos colectivos? ¿Qué relaciones y estrategias de poder emergen en este nuevo mundo en el que el aleteo de las mariposas puede llegar a conmover, derribar y reconstruir las armaduras de hierro de la civilización moderna y las rígidas estructuras del poder y del conocimiento? ¿Qué significado adquiere la libertad, la identidad, la existencia, la política?

La ecología política construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética política. Podemos afirmar sin embargo que no estamos ante un nuevo paradigma de conocimiento o un nuevo paradigma social. Apenas comenzamos a indagar sobre el lugar que le corresponde a un conjunto de exploraciones que no encuentran acomodo dentro de las disciplinas académicas tradicionales. La ecología política es un campo que aún no adquiere nombre propio; por ello se le designa con préstamos metafóricos de conceptos y términos provenientes de otras disciplinas para ir nombrando los conflictos derivados de la distribución desigual y las estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales. Las metáforas de la ecología política se hacen solidarias del límite del sentido de la globalización regida por el valor universal del mercado para catapultear al mundo hacia una reconstrucción de las relaciones de lo real y lo simbólico; de la producción y el saber.

La ecología política emerge en el hinterland de la economía ecológica para analizar los procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas– de significación de la naturaleza, donde los valores políticos y culturales desbordan el campo de la economía política, incluso de una economía política de los recursos naturales y servicios ambientales. De allí surge esa extraña politización de “la ecología”.

En la ecología política han anidado así términos que derivan de campos contiguos –la economía ecológica–, como el de distribución ecológica, definido como una categoría para comprender las externalidades ambientales y los movimientos sociales que emergen de “conflictos distributivos”; es decir, para dar cuenta de la carga desigual de los costos ecológicos y sus efectos en las variedades del ambientalismo emergente, incluyendo movimientos de resistencia al neoliberalismo, de compensación por daños ecológicos y de justicia ambiental. La distribución ecológica designa “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y las cargas de la contaminación” (Martínez-Alier 1997).

La distribución ecológica comprende pues los procesos extraeconómicos (ecológicos y políticos) que vinculan a la economía ecológica con la ecología política, en analogía con el concepto de distribución en economía, que desplaza a la racionalidad económica al campo de la economía política. El conflicto distributivo introduce a la economía política del ambiente las condiciones ecológicas de supervivencia y producción sustentable, así como el conflicto social que emerge de las formas dominantes de apropiación de la naturaleza y la contaminación ambiental. Sin embargo, la distribución ecológica apunta hacia procesos de valoración que rebasan a la racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos al ambiente, movilizando a actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas estrictamente económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de distribución del ingreso y de desarrollo.

La distribución ecológica se refiere a la repartición desigual de los costos y potenciales ecológicos, de esas “externalidades económicas” que son inconmensurables con los valores del mercado, pero que se asumen como nuevos costos a ser internalizados por la vía de instrumentos económicos, de normas ecológicas o de los movimientos sociales que surgen y se multiplican en respuesta al deterioro del ambiente y la reapropiación de la naturaleza.

En este contexto se ha venido configurando un discurso reivindicativo en torno a la idea de la deuda ecológica, como un imaginario y un concepto estratégico movilizador de una conciencia de resistencia a la globalización del mercado y sus instrumentos de coerción financiera, cuestionando la legitimidad de la deuda económica de los países pobres, buena parte de ellos de América Latina. La deuda ecológica pone al descubierto la parte más grande y hasta ahora sumergida del iceberg del intercambio desigual entre países ricos y pobres, es decir, la destrucción de la base de recursos naturales de los países llamados subdesarrollados, cuyo estado de pobreza no es consustancial a una esencia cultural o a su limitación de recursos, sino que resulta de su inserción en una racionalidad económica global que ha sobre-explotado a su naturaleza, degradado a su ambiente y empobrecido a sus pueblos. Sin embargo, esta deuda ecológica resulta inconmensurable, pues no hay tasas de descuento que logren actualizarla ni instrumento que logre medirla. Se trata de un despojo histórico, del pillaje de la naturaleza y subyugación de sus culturas que se enmascara en un mal supuesto efecto de la dotación y uso eficaz y eficiente de sus factores productivos.

Hoy, este pillaje del tercer mundo se proyecta al futuro, a través de los mecanismos de apropiación de la naturaleza por la vía de la etno-bio-prospección y los derechos de propiedad intelectual del “Norte” sobre los derechos de propiedad de las naciones y pueblos del “Sur”. La biodiversidad representa su patrimonio de recursos naturales y culturales, con los que han co-evolucionado en la historia, el hábitat en donde se arraigan los significados culturales de su existencia. Estos son intraducibles en valores económicos. Es aquí donde se establece el umbral entre lo que es negociable e intercambiable entre deuda y naturaleza, y lo que impide dirimir el conflicto de distribución ecológica en términos de compensaciones económicas.

El campo de la ecología política se abre en un horizonte que desborda el territorio de la economía ecológica. La ecología política se localiza en los linderos del ambiente que puede ser recodificado e internalizado en el espacio paradigmático de la economía, de la valorización de los recursos naturales y los servicios ambientales. La ecología política se establece en ese espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado. Allí es donde la diversidad cultural adquiere derecho de ciudadanía como una política de la diferencia, de una diferencia radical, en cuanto que lo que está allí en juego es más y otra cosa que la distribución equitativa del acceso y los beneficios económicos derivados de la puesta en valor de la naturaleza.

Desnaturalización de la Naturaleza

En el curso de la historia, la naturaleza se fue construyendo como un orden ontológico y una categoría omnicomprensiva de todo lo real. Lo natural se convirtió en un argumento fundamental para legitimar el orden existente, tangible y objetivo. Lo natural era lo que tenía “derecho de ser”. En la modernidad, la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la producción, al tiempo que fue externalizada del sistema económico; se desconoció así el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza, en tanto que se fue convirtiendo en objeto de conocimiento y en materia prima del proceso productivo. La naturaleza fue desnaturalizada para convertirla en recurso e insertarla en el flujo unidimensional del valor y la productividad económica. Esta naturalidad del orden de las cosas y del mundo –la naturalidad de la ontología y la epistemología de la naturaleza– fue construyendo una racionalidad contra natura, basada en leyes naturales inexpugnables, ineluctables, inconmovibles.

No es sino hasta los años sesenta y setenta en adelante que la naturaleza se convierte en referente político, no sólo de una política de Estado para la conservación de las bases naturales de sustentabilidad del planeta, sino como objeto de disputa y apropiación social, al tiempo que emergen por fuera de la ciencia diversas corrientes interpretativas, en las que la naturaleza deja de ser un objeto a ser dominado y desmembrado para convertirse en un cuerpo a ser seducido, resignificado, reapropiado. De allí todas las diversas ecosofías, desde la ecología profunda (Naess), el ecosocialismo (O´Connor) y el ecoanarquismo (Bookchin), que nutren a la ecología política. En estas perspectivas, la ecología viene a jugar un papel preponderante en el pensamiento reordenador del mundo. La ecología se convierte en el paradigma que, basado en la comprensión de lo real y del conocimiento como un sistema de interrelaciones, orienta el pensamiento y la acción en una vía reconstructiva. De esta manera se establece el campo de una ecología generalizada (Morin) donde se configura toda una serie de teorías y metodologías que iluminan y asechan el campo de la ecología política, desde las teorías de sistemas y los métodos interdisciplinarios, hasta el pensamiento de la complejidad (Floriani 2003).

Se propuso así un cambio de paradigma epistemológico y societario, del paradigma mecanicista al paradigma ecológico, que si bien contraponía al fraccionamiento de las ciencias la visión holística de un mundo entendido como un sistema de interrelaciones, interdependencias y retroalimentaciones, abriendo el conocimiento hacia la novedad y la emergencia, al caos y a la incertidumbre, la conciencia y la creatividad, no renunció a su pulsión totalizadora y objetivante del mundo. Se generó así un nuevo centralismo teórico, que si empezaba a enfrentar el logocentrismo de las ciencias, no ha penetrado el cerco de poder del pensamiento unidimensional asentado en la ley unitaria y globalizante del mercado. La ecología se fue haciendo política y la política se fue ecologizando, pero a fuerza de abrir la totalidad sistémica fuera de la naturaleza, hacia el orden simbólico y cultural, hacia el terreno de la ética y de la justicia (Borrero 2002).

Las corrientes dominantes de pensamiento que alimentan la acción ecologista, van complejizando a la naturaleza, pero no logran salir de la visión naturalista que, desde la biosociología hasta los enfoques sistémicos y la ecologís generalizada, no han logrado romper el cerco de naturalización del mundo en el que la ley natural objetiva vela las estrategias de poder que han atravesado en la historia las relaciones sociedad-naturaleza.

La ecología política es por ello el terreno de una lucha por la desnaturalización de la naturaleza: de las condiciones “naturales” de existencia, de los desastres “naturales”, de la ecologización de las relaciones sociales. No se trata tan sólo de adoptar una perspectiva constructivista de la naturaleza, sino política, donde las relaciones entre seres humanos entre ellos y con la naturaleza se construyen a través de relaciones de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza) y los procesos de “normalización” de las ideas, discursos, comportamientos y políticas.

Más allá de los enfoques ecologistas que siguen dominando el pensamiento ambiental, nuevas corrientes constructivistas y fenomenológicas están contribuyendo a la desconstrucción del concepto de naturaleza, resaltando el hecho de que la naturaleza es siempre una naturaleza marcada, significada, geo-grafiada. Dan cuenta de ello los recientes estudios de la nueva antropología ecológica (Descola y Pálsson 2001) y de la geografía ambiental (Gonçalves 2001), que muestran que la naturaleza es producto no de una evolución biológica, sino de una coevolución de la naturaleza y las culturas que la han habitado. Son estas “naturalezas orgánicas” (Escobar), las que han entrado en competencia y conflicto con la naturaleza capitalizada y tecnologizada por una cultura globalizada que hoy en día impone su imperio hegemónico y homogeneizante bajo el dominio de la tecnología y el signo unitario del mercado.

La ecología política se establece en el encuentro, confrontación e hibridación de estas racionalidades desemejantes y heterogéneas de relación y apropiación de la naturaleza. Más allá de pensar estas racionalidades como opuestos dialécticos, la ecología política es el campo en el cual se están construyendo –en una historia ambiental cuyos orígenes se remontan a una historia de resistencias anticolonialistas y antiimperialistas– nuevas identidades culturales en torno a la defensa de las naturalezas culturalmente significadas y a estrategias novedosas de “aprovechamiento sustentable de los recursos”, de los cuales basta citar la invención de la identidad del seringueiro y de sus reservas extractivistas en la amazonía brasileña, y más recientemente el proceso de las comunidades negras del Pacífico de Colombia. Estas identidades se han configurado a través luchas de resistencia, afirmación y reconstrucción del ser cultural frente a las estrategias de apropiación y transformación de la naturaleza que promueve e impone la globalización económica. Porto Gonçalves ha caracterizado a estos procesos culturales como movimientos de re-existencia.

Política Cultural/Política de la Diferencia

La diferencia es siempre una diferencia radical; está fundada en una raíz cuyo proceso y destino es diversificarse, ramificarse, redificarse. El pensamiento de la diferencia es el proyecto de desconstrucción del pensamiento unitario, aquel que busca acomodar la diversidad a la universalidad y someter lo heterogéneo a la medida de un equivalente universal, cerrar el círculo de las ciencias en una unidad del conocimiento, reducir las variedades ontológicas a sus homologías estructurales y encasillar las ideas dentro de un pensamiento único. La ecología política enraíza el trabajo teórico de desconstrucción del logos en el campo político, donde no basta reconocer la existencia de la diversidad cultural, de los saberes tradicionales, de los derechos indígenas, para luego intentar resolver el conflicto que emana de sus diferentes formas de valorización de la naturaleza por la vía del mercado y sus compensaciones de costos.

Hablamos de ecología política, pero habremos de comprender que la ecología no es política en sí. Las relaciones entre seres vivos y naturaleza, las cadenas tróficas, las territorialidades de las especies, incluso las relaciones de depredación y dominación, no son políticas en ningún sentido. Si la política es llevada al territorio de la ecología es como respuesta al hecho de que la organización ecosistémica de la naturaleza ha sido negada y externalizada del campo de la economía y de las ciencias sociales. Las relaciones de poder emergen y se configuran en el orden simbólico y del deseo del ser humano, en su diferencia radical con los otros seres vivos que son objeto de la ecología.

Desde esta perspectiva, al referirse a las “ecologías de la diferencia”, Escobar pone el acento en la noción de “distribución cultural”, como los conflictos que emergen de diferentes significados culturales, pues “el poder habita a los significados y los significados son la fuente del poder” (Escobar 2000:9). Pero si bien el poder se moviliza por medio de estrategias discursivas, la “distribución cultural” no surge del hecho de que los significados sean directamente fuentes de poder, sino de las estrategias discursivas que generan los movimientos por la reivindicación de sus valores culturales, es decir, en los procesos de legitimación de los significados culturales como derechos humanos. Pues es por la vía de los derechos (humanos) que los valores culturales entran en el juego y el campo del poder establecido por los “derechos del mercado”.

Pero en realidad la noción de distribución cultural puede llegar a ser tan falaz como la de distribución ecológica cuando se le somete a un proceso de homologación y homogeneización. La inconmensurabilidad no sólo se da en la diferencia entre economía, ecología y cultura, sino dentro del propio orden cultural, donde no existen equivalencias entre significaciones diferenciadas. La distribución siempre apela a una materia homogénea: el ingreso, la riqueza, la naturaleza, la cultura, el poder. Pero el ser que funda los derechos es esencialmente heterogéneo, en el sentido de que implica pasar del concepto genérico del ser y del ser ahí heideggeriano, aún herederos de una ontología existencialista esencialista y universal, a pensar la política de la diferencia como derechos del ser cultural, específico y localizado.

La ecología política en América Latina está operando así un proceso similar al que Marx realizó con el idealismo hegeliano, al “poner sobre sus pies” a la filosofía de la posmodernidad (Heidegger, Derrida), al volver al Ser y a la diferencia en la sustancia de una ecología política. La esencial diversidad del orden simbólico y cultural se convierte en la materia de la política de la diferencia.

Pero la diferencia de valores y visiones culturales no se convierte por derecho propio en fuerza política. La legitimación de esa diferencia que le da valor y poder, proviene de una suerte de efectos de saturación de la homogeneización forzada de la vida inducida por el pensamiento metafísico y la racionalidad modernizante. Es de la resistencia del ser al dominio de la homogeneidad hegemónica, de la cosificación objetivante, de la igualdad inequitativa, que surge la diferencia por el encuentro con la otredad, en la confrontación de la racionalidad dominante con lo que le es externo y con aquello que excluye, rompiendo con la identidad de la igualdad y la unidad de lo universal. De esa tensión se establece el campo de poder de la ecología política, de la demarcación del pensamiento único y la razón unidimensional, para valorar la diferencia del ser y convertirlo en un campo de fuerzas políticas.

Hoy es posible afirmar que “las luchas por la diferencia cultural, las identidades étnicas y las autonomías locales sobre el territorio y los recursos están contribuyendo a definir la agenda de los conflictos ambientales más allá del campo económico y ecológico”, reivindicando las “formas étnicas de alteridad comprometidas con la justicia social y la igualdad en la diferencia” (Escobar 2000:6, 13). Esta reivindicación no reclama una esencia étnica ni derechos fincados en el principio jurídico y metafísico del individuo, sino en el derecho del ser, que incluye tanto los valores intrínsecos de la naturaleza como los derechos humanos diferenciados culturalmente, incluyendo el derecho a disentir de los sentidos preestablecidos y legitimados por poderes hegemónicos.

La política de la diferencia no sólo implica diferenciar criterios, opiniones y posiciones. También hay que entenderla en el sentido que asigna Derrida (1989) a la diferencia, que no sólo establece la diferencia en el aquí y el ahora, sino que la abre al tiempo, al devenir, al advenimiento de lo impensado y lo inexistente. En este sentido, frente al cierre de la historia en torno al cerco del pensamiento único y del mercado globalizado, la política de la diferencia abre la historia hacia la utopía de la construcción de sociedades sustentables diferenciadas. El derecho a diferir en el tiempo abre el sentido del ser que construye en el tiempo aquello que es potencialmente posible desde lo real y del deseo, “lo que aún no es” (Levinas 1977).

La ecología política reconoce en el ambientalismo luchas de poder por la distribución de bienes materiales (valores de uso), pero sobre todo de valores-significaciones asignadas a los bienes, necesidades, ideales, deseos y formas de existencia que definen los procesos de adaptación / transformación de los grupos culturales a la naturaleza. No se trata pues de un problema de inconmensurabilidad de bienes-objeto, sino de identidades-valoraciones diferenciadas por formas culturales de significación, tanto de la naturaleza como de la existencia misma. Esto está llevando a imaginar y construir estrategias de poder capaces de vincular y fortalecer un frente común de luchas políticas diferenciadas en la vía de la construcción de un mundo diverso guiado por una racionalidad ambiental (hibridación de diversas racionalidades) y una política de la diferencia. De ese otro mundo posible por el que claman las voces del Foro Social Mundial; de otro mundo donde quepan muchos mundos (Sub-comandante Marcos).

Las reivindicaciones por la igualdad en el contexto de los derechos humanos genéricos del hombre, y sus aplicaciones jurídicas a través de los derechos individuales, son incapaces de asumir este principio político de la diferencia que reclama un lugar propio dentro de una cultura de la diversidad, pues como afirma Escobar,

Ya no es el caso de que uno pueda contestar la desposesión y argumentar a favor de la igualdad desde la perspectiva de la inclusión dentro de la cultura y la economía dominantes. De hecho, lo opuesto está sucediendo: la posición de la diferencia y la autonomía está llegando a ser tan válida, o más, en esta contestación. El apelar a las sensibilidades morales de los poderosos ha dejado de ser efectiva […] Es el momento de ensayar […] las estrategias de poder de las culturas conectadas en redes y glocalidades, de manera que puedan negociarse concepciones contrastantes de lo bueno y el valor de diferentes formas de vida y para reafirmar el predicamento pendiente de la diferencia-en-la-igualdad. (Escobar 2000:21).

Conciencia de clase, conciencia ecológica, conciencia de especie

La política de la diferencia se sitúa en otro plano que el de una ecología política subsumida en el pensamiento ecológico. Pues la significancia de la naturaleza que mueve a los actores sociales en el campo de la ecología política no podría proceder ni fundarse en una conciencia genérica de la especie humana. La “conciencia ecológica” que emana de la narrativa ecologista como una noosfera que emerge desde la organización biológica del cuerpo social humano –esa formación discursiva desde la cual la gente habla del amor a la naturaleza, se conmueve por el cuidado del ambiente y promueve el desarrollo sostenible– no es consistente con bases teóricas ni con visiones y proyectos compartidos por la humanidad en su conjunto. Por ello los “tomadores de decisiones” pueden anteponer la conciencia económica a la de la supervivencia humana y del planeta, y negar las evidencias científicas sobre el cambio climático; por ello los principios del desarrollo sostenible (las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el consentimiento previo e informado, el pensar globalmente y actuar localmente, o el principio de quien contamina paga) se han convertido en slogans con un limitado efecto en la construcción de una nueva racionalidad ambiental. El movimiento ambientalista es un campo disperso de grupos sociales que antes de solidarizarse por un objetivo común, muchas veces se confrontan, se diferencian y se dispersan tanto por el fraccionamiento de sus reivindicaciones como por la comprensión y uso de conceptos que definen sus estrategias políticas.

Para que hubiera una conciencia de especie sería necesario que la humanidad en su conjunto compartiera la vivencia de una catástrofe común o de un destino compartido por todo el género humano en términos equivalentes, como aquella que llevó el silogismo aristotélico sobre la mortalidad del hombre a una conciencia de sí de la humanidad cuando la generalización de la peste convirtió el simbolismo del silogismo en experiencia vivida, transformando la máxima del enunciado en producción de sentido de un imaginario colectivo (o la que fundó la cultura humana en la prohibición del incesto y de la cual el simbolismo del complejo de Edipo vino solamente a convertir en sentido trágico y manifestación literaria una “ley cultural” vivida, que no fue instaurada ni por Sófocles ni por Freud). Pues como ha afirmado Lacan (1974-5), del enunciado de Aristóteles “todos los hombres son mortales” no se desprende el sentido que sólo anidó en la conciencia una vez que la peste se propagó por Tebas, convirtiéndola en algo “imaginable” y no sólo una pura forma simbólica, una vez que toda la sociedad se sintió concernida por la amenaza de una muerte real.

En la sociedad del riesgo y la inseguridad en que vivimos podemos afirmar que el imaginario del terror está más concentrado en la realidad de la guerra y la violencia generalizada que en el peligro inminente de un colapso ecológico. Pareciera que el holocausto y los genocidios a lo largo de la historia humana no hubieran sido capaces de anteponer una ética de la vida a los intereses del poder; menos aún una conciencia que responda efectivamente al riesgo ecológico o con un imaginario colectivo que reconduzca sus acciones hacia la construcción de sociedades sustentables. La crisis ambiental que se cierne sobre el mundo aún se percibe como una premonición catastrofista de una naturaleza que se presume cada vez más controlada, más que como un riesgo ecológico real para toda la humanidad. La amenaza que se ha establecido en el imaginario colectivo y que mantiene pasmado al mundo actual es la del terrorismo que se manifiesta en un miedo generalizado a la guerra desenfrenada, al holocausto humano, al derrumbe de reglas básicas de convivencia y de una ética de y para la vida, más que como la conciencia de la revancha de una naturaleza sometida y sobreexplotada.

Ciertamente prácticamente todo el mundo tiene hoy conciencia de problemas ecológicos que afectan su calidad de vida; pero estos se encuentran fragmentados y segmentados según su especificidad local. Estos generan una variedad de ambientalismos (Guha y Martínez Alier 1997), pero no todas las formas y grados de conciencia generan movimientos sociales. Más bien prevalece lo contrario, y los problemas más generales, como el calentamiento global, son percibidos desde visiones y concepciones muy diferentes, desde quienes ven allí la fatalidad de catástrofes naturales hasta quienes lo entienden como la manifestación de la ley límite de la entropía y el efecto de la racionalidad económica. El ambientalismo es pues un kaleidoscopio de teorías, ideologías, estrategias y acciones no unificadas por una conciencia de especie, salvo por el hecho de que el discurso ecológico ha empezado a penetrar todas las lenguas y todos los lenguajes, todos los idearios y todos los imaginarios.

La ley límite de la entropía que sustentaría desde la ciencia tales previsiones y los desastres “naturales” que se han desencadenado y proliferado en los últimos años parecen aún disolver su evidencia en los cálculos de probabilidades, en la incertidumbre vaga de los acontecimientos, en el corto horizonte de las evaluaciones y la multiplicidad de criterios en los que se elaboran sus indicadores. Lo que prevalece es una dispersión de visiones y previsiones sobre la existencia humana y su relación con la naturaleza, en la que se borran las fronteras de las conciencias de clase, pero no por ello las diferencias de conciencias alimentadas por intereses y valores diferenciados, en los que el principio de diversidad cultural está abriendo un nuevo mosaico de posicionamientos que impide la visión unitaria para salvar al planeta, a la biodiversidad y a la especie humana. Cada visión se está convirtiendo en nuevos derechos que están resquebrajando el marco jurídico prevaleciente, construido en torno al principio de la individualidad y del derecho privado, de la misma forma que esos pilares de la racionalidad económica se colapsan frente a lo real de la naturaleza y los sentidos de la cultura.

Esta recomposición del mundo por la vía de la diferenciación del ser y del sentido rompe el esquema imaginario de la interdisciplinariedad, e incluso de un “diálogo de saberes” entendido como la concertación de intereses diferenciados a través de una racionalidad comunicativa (Habermas). La conciencia de la crisis ambiental se funda en la relación del ser con el límite, en el enfrentamiento del todo objetivado del ente con la nada que alimenta el advenimiento del ser, en la interconexión de lo real, lo imaginario y lo simbólico que oblitera al sujeto, que abre el agujero de donde emerge la existencia humana, el ser y su relación con el saber. El sujeto de la ecología política no es el hombre construido por la antropología ni el ser-ahí genérico de la fenomenología, sino el ser propio que ocupa un lugar en el mundo, que construye su mundo de vida como “producción de existencia” (Lacan 1974/75): la nada, la falta en ser y la pulsión de vida que van impulsando y anudando el posible saber en la producción de la existencia, forjando esa relación del ser y el saber, del ser con lo sido y lo que aún no es, de una utopía que está más allá de toda trascendencia prescrita en una evolución ecológica, sea esta orgánica o de una dialéctica ecologizada de la naturaleza (Bookchin 1990).

La conciencia ecológica se inscribe así en una política de la diferencia referida a los derechos del ser y a la invención de nuevas identidades atravesadas y constituidas en y por relaciones de poder.

Ecología Política / Epistemología Política

La ecología política es la política de la reapropiación de la naturaleza. Pero como toda política, no es meramente una estrategia práctica; su práctica no sólo está mediada por procesos discursivos y por aplicaciones del conocimiento, sino que es esencialmente una lucha que se da en la producción y apropiación de los conceptos. No sólo porque el ambientalismo crítico combate las ideologías que fundan la racionalidad de la modernidad insustentable (Leis 2001), sino porque la eficacia de una estrategia de reconstrucción social implica la desconstrucción de los conceptos teóricos e ideológicos que han soportado y legitimado las acciones y procesos generadores de los conflictos ambientales. La orientación de las acciones hacia la construcción de sociedades sustentables se da en un campo de luchas teóricas y de politización de conceptos. Así, los conceptos de biodiversidad, territorio, autonomía, autogestión, están reconfigurando sus significados en el campo conflictivo de las estrategias de reapropiación de la naturaleza.

La política de la diferencia se abre a una proliferación de sentidos existenciales y civilizatorios que son la materia de una epistemología política que desborda al proyecto interdisciplinario en su voluntad de integración y complementariedad de conocimientos (las teorías de sistemas), reconociendo las estrategias de poder que se juegan en el campo del saber y reconduciendo el conflicto ambiental hacia un encuentro y diálogo de saberes. Ello implica una radical revisión del conocimiento, de la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, donde la solución no se orienta a copiar a la naturaleza, a subsumirse profundamente en la ecología, ó a generalizar la ecología como modelo de pensamiento y comportamiento, sino a situarse políticamente en lo imaginario de las representaciones de la naturaleza para desentrañar sus estrategias de poder (del discurso del desarrollo sostenible). Se trata no sólo de una hermenéutica de los diferentes sentidos asignados a la naturaleza, sino de saber que toda naturaleza es captada desde un lenguaje, desde relaciones simbólicas que entrañan visiones, sentimientos, razones, sentidos e intereses que se debaten en la arena política. Porque el poder que habita al cuerpo humano está hecho de lenguaje.

Es dentro de esta epistemología política que los conceptos de territorio-región funcionan como lugares-soporte para la reconstrucción de identidades enraizadas en prácticas culturales y racionalidades productivas sustentables, como hoy lo construyen las comunidades negras del Pacífico colombiano. En este escenario,

El territorio es visto como un espacio multidimensional fundamental para la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades […] Puede decirse que en esta articulación entre identidad cultural y apropiación de un territorio subyace la ecología política del movimiento social de comunidades negras. La demarcación de territorios colectivos ha llevado a los activistas a desarrollar una concepción del territorio que enfatiza articulaciones entre los patrones de asentamiento, los usos del espacio y las prácticas de usos-significados de los recursos. (Escobar 1999:260)

Una ecología política bien situada se sustenta en una teoría correcta de las relaciones sociedad-naturaleza, o en la desconstrucción de la noción ideológico-científica-discursiva de la naturaleza, capaz de articular la sustancia ontológica de lo real del orden biofísico, con el orden simbólico que la significa, que la convierte en referente de una cosmovisión, de una teoría, de un discurso sobre el desarrollo sustentable. La ecología política remite directamente al debate sobre monismo/dualismo en el que hoy se desgarra la teoría de la reconstrucción / reintegración de lo natural y lo social, de la ecología y la cultura, de lo material y lo simbólico. Es allí donde se ha desbarrancado el pensamiento ambiental, bloqueado por efecto del maniqueísmo teórico y la dicotomía extrema entre el naturalismo de las ciencias físico-biológico-matemáticas y el antropomorfismo de las ciencias de la cultura; unas llevadas al polo positivo del positivismo lógico y empirista; el otro al relativismo del constructivismo y de la hermenéutica. En el naufragio del pensamiento ante su polarización extrema, pensadores y científicos se han agarrado de la tabla de salvación que les ha ofrecido la ecología como ciencia por excelencia e las interrelaciones de los seres vivos con sus entorno, llevando a una ecología generalizada que no logra desprenderse e esa voluntad de totalización del mundo, ahora guiada por el objetivo de construir un pensamiento de la complejidad (Morin 1993). Surgen de allí todos los intentos por reconciliar a esos entes no dialogantes (mente-cuerpo; naturaleza-cultura; razón-sentimiento), más allá de una dialéctica de contrarios, unificados por un creacionismo evolucionista, de donde habría de emerger la conciencia ecológica para reconciliar y saldar las deudas de una racionalidad anti-ecológica. Este pensamiento complejo en búsqueda de un paradigma monista fundado en la ecología no ofrece bases sólidas a una ecología política capaz de guiar las acciones hacia una sustentabilidad fundada en una política de la diferencia.

La otra falla del pensamiento epistemológico reciente ha sido querer reunificar la naturaleza y la cultura sobre la base de una perspectiva fenomenológica a partir de la constatación de que las cosmovisiones de las sociedades “tradicionales” no reconocen una distinción entre lo humano, lo natural y lo sobrenatural. Empero estas “matrices de racionalidad” no constituyen “epistemologías” conmensurables, equiparables con la epistemología de nuestra civilización “occidental”. De manera que si bien podemos inspirarnos en las gnoseologías de las sociedades tradicionales para una política de la diferencia basada en el derecho de sus saberes, el campo general de la epistemología que anima y legitima la política de la globalización económico-ecológica debe desconstruirse desde el cuerpo mismo de sus fundamentos.

La posmodernidad está marcada por el fin de los universalismos y los esencialismos; por la emergencia de entes híbridos hechos de organismo, símbolos y tecnología (Haraway); por la imbricación de lo tradicional y lo moderno. Pero es necesario diferenciar este reenlazamiento de lo natural, lo cultural y lo tecnológico del mundo actual de la complejidad, del mundo de vida de los primitivos que desconocen la separación entre cuerpo y alma, vida y muerte, naturaleza y cultura. Esta continuidad y fluidez del mundo primitivo se da en un registro diferente a la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario en la cultura moderna.

El problema a resolver por la ecología política no es sólo el dejar atrás el esencialismo de la ontología occidental, sino el principio de universalidad de la ciencia moderna. Pues la ciencia ha generado, junto con sus universales a priori, al hombre genérico que se convirtió en el principio de discriminación de los hombres diferentes. De esta manera, los derechos humanos norman y unifican al tiempo que segregan y discriminan. Por ello, la ecología política debe salir a la desconstrucción de todos los conceptos universales y genéricos: el hombre, la naturaleza, la cultura, etc., pero no para pluralizarlos como “hombres”, “naturalezas” y “culturas” (con sus propias “ontologías” y “epistemologías”), sino para construir los conceptos de su diferencia. Así pues, el ecofeminismo no debe tan sólo diagnosticar los lugares asignados a la mujer en la economía, la política, la familia. Su diferencia sustantiva no radica en el lugar (diferente, subyugado) que le asigna la cultura jerárquica falocéntrica, sino en decir su diferencia con un lenguaje propio, que no es sólo el agregado de sensibilidad a la supuesta racionalidad inconmovible del machismo. La ecología política habrá de edificarse y convivir en una babel de lenguajes diferenciados, que se comunican e interpretan pero que no se traducen en un lenguaje común unificado.

Esta epistemología política trasciende el juego de interrelaciones e interdependencias del pensamiento complejo fundado en una ecología generalizada (Morin) y en un naturalismo dialéctico (Bookchin), ya que está situada más allá de todo naturalismo. Esta emerge desde ese orden que inaugura la palabra, el orden simbólico y la producción de sentido. En esta perspectiva, la ecología política no emerge del orden ecológico preestablecido, ni de una ciencia que haría valer una conciencia-verdad capaz de vencer los intereses antiecológicos y antidemocráticos, sino en un nuevo espacio donde el destino de la naturaleza se juega en un proceso de creación de sentidos-verdades y en sus respectivas estrategias de poder. Ese reanudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo que pone en juego las leyes de la naturaleza (entropía como ley límite de lo real) con lo simbólico de su teoría y con la discursividad del desarrollo sostenible. Esta cuestión epistemológica no se dirime en el campo del conocimiento, sino en el de la política que hace intervenir otros símbolos, otros imaginarios y otros reales, en el sentido de que la naturaleza (la biodiversidad) no son entidades objetivas desde el momento en que la naturaleza se construye desde el efecto de poder de los procesos imaginarios y simbólicos que la transforman en geopolítica del desarrollo sostenible.

Ética y Emancipación

La ecología política busca su identidad teórica y política en un mundo en mutación, en el que las concepciones y conceptos que hasta ahora orientaron la inteligibilidad del mundo y la acción práctica, parecen desvanecerse del campo del lenguaje significativo. Sin embargo, el pensamiento dominante se resiste a abandonar el diccionario de las prácticas discursivas que envuelven a la ecología política (como a todos los viejos y nuevos discursos que acompañan la desconstrucción del mundo) a pesar de que han perdido todo peso explicativo y resuenan como la nostalgia de un mundo para siempre pasado, para siempre perdido: el del pensamiento dialéctico, el de la universalidad y unidad de las ciencias, el de la esencia de las cosas y la trascendencia de los hechos. Y sin embargo algo nuevo puja por salir y manifestarse en este mundo de incertidumbres, de caos y confusión, de sombras y penumbras, donde a través de los resquicios y resquebrajamientos de la racionalidad monolítica del pensamiento totalitario, se asoman las primeras luces de la complejidad ambiental. Llamemos a ese algo inconformidad, lucidez mínima, necesidad de comprensión y de emancipación. Mientras los juegos de lenguaje son infinitos para seguir imaginando este mundo de ficción y virtualidad, también lo son para avizorar futuros posibles, para construir utopías, para reconducir la vida. Y el pensamiento que ya nunca será único ni servirá como instrumento de poder, busca comprender, enlazar su poder simbólico y sus imaginarios para reconducir lo real. Y si este proceso no deberá sucumbir al poder perverso y anónimo de la hiperrealidad y la simulación guiadas por el poder o por la aleatoriedad de las cosas, un principio básico seguirá sosteniendo la existencia en la razón, y es la de la consistencia del pensamiento, consistencia que nunca será total en un mundo que nunca será totalmente conocido y controlado por el pensamiento. Que nunca más será regido por razones de fuerza mayor.

La crisis ambiental marca el límite del logocentrismo y la voluntad de unidad y universalidad de la ciencia, del pensamiento único y unidimensional, de la racionalidad entre fines y medios, de la productividad económica y la eficiencia tecnológica, del equivalente universal como medida de todas las cosas, que bajo el signo monetario y la lógica del mercado han recodificado al mundo y los mundos de vida en términos de valores de mercado intercambiables y transables. De allí que la emancipación se plantee no sólo como un antiesencialismo, sino como de-sujeción de la sobre-economización del mundo. Lo anterior implica resignificar los principios liberadores de la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios de una moral política que terminó siendo cooptada por el liberalismo económico y político –por la ecualización y privatización de los derechos individuales, de fraternidades disueltas por el interés y la razón de fuerza mayor–, para renombrarlos en la perspectiva de la desujeción y la emancipación, de la equidad en la diversidad, de la solidaridad entre seres humanos con culturas, visiones e intereses colectivos, pero diferenciados.

La ecología política es una política de la diferencia, de la diversificación de sentidos; más allá de una política para la conservación de la biodiversidad que sería recodificada y revalorizada como un universal ético o por el equivalente universal del mercado, es una transmutación de la lógica unitaria hacia la diversificación de proyectos de sustentabilidad y ecodesarrollo. Esta política es una revolución que abre los sentidos civilizatorios, no por ser una revolución de la naturaleza ni del conocimiento científico-tecnológico (biotecnológica), sino por ser una revolución del orden simbólico, lo que implica poner el espíritu desconstruccionista del pensamiento posmoderno al servicio de una política de la diferencia, proponer la “imaginación abolicionista” como principio de libertad y de sustentabilidad:

La agenda abolicionista propone comunidades autogestionarias establecidas de acuerdo al ideal de organización espontánea: los vínculos personales, las relaciones de trabajo creativo, los grupos de afinidad, los cabildos comunales y vecinales; fundadas en el respeto y la soberanía de la persona humana, la responsabilidad ambiental y el ejercicio de la democracia directa “cara a cara” para la toma de decisiones en asuntos de interés colectivo. Esta agenda apuntaba a cambiar nuestro rumbo hacia una civilización de la diversidad, una ética de la frugalidad y una cultura de baja entropía, reinventando valores, desatando los nudos del espíritu, sorteando la homogeneidad cultural con la fuerza de un planeta de pueblos, aldeas y ciudades diversos. (Borrero 2002:136)

El discurso de la ecología política no es el discurso lineal que hace referencia a los “hechos”, sino aquél de la poesía y la textura conceptual que al tiempo que enlaza la materia, los símbolos y los actos que constituyen su territorio y su autonomía de su campo teórico-político, también llevan en ciernes la desconstrucción de los discursos de los paradigmas y las políticas establecidas, para abrirse hacia el proceso de construcción de una nueva racionalidad a partir de los potenciales de la naturaleza y los sentidos de la cultura, de la actualización de identidades y la posibilidad de lo que “aún no es”.

La ecología política no solamente explora y actúa en el campo del poder que se establece dentro del conflicto de intereses por la apropiación de la naturaleza; a su vez hace necesario repensar la política desde una nueva visión de las relaciones de la naturaleza, la cultura y la tecnología. Más que actuar en el espacio de una complejidad ambiental emergente, se inscribe en la búsqueda de un nuevo proyecto libertario para abolir toda relación jerárquica y toda forma de dominación. Más allá de estudiar los conflictos ambientales, está constituida por un conjunto de movimientos sociales y prácticas políticas que se manifiestan dentro de un proceso de emancipación. La ecología política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la vida (Leff 2002, PNUMA 2002).

Así, dentro de la imaginación abolicionista y el pensamiento libertario que inspira a la ecología política, la disolución del poder de una minoría privilegiada para sojuzgar a las mayorías excluidas es tarea prioritaria para la ecología política. La ecología política de América Latina deberá ser un árbol cultivado por nuestras vidas y las de tantos movimientos sociales que se cobijan bajo su follaje; un árbol con ramas que enlacen diversas lenguas, una Babel donde nos comprendamos desde nuestras diferencias, donde cada vez que alcemos el brazo para alcanzar sus frutos degustemos el sabor de cada terruño de nuestra geografía, de cada cosecha de nuestra historia y cada producto de nuestra invención. De ser así, tal vez no tardemos mucho en darle nombre propio a su savia, como esos seringueiros que se inventaron como seres en este mundo bajo el nombre de ese árbol del que con su ingenio extrajeron el alimento de sus cuerpos y vida de su cultura.

*Este texto fue elaborado y presentado en la reunión del Grupo de Ecología Política de CLACSO, celebrada en la ciudad de Panamá los días 17-19 de marzo de 2003.
**Coordinador Regional de la Red de Formación Ambiental del PNUMA

Bibliografía

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Cumbre en Copenhague: El Salvador y los efectos del cambio climático

Cumbre en Copenhague: El Salvador y los efectos del cambio climático

La región centroamericana se ha unido para exigir 105 mil millones de dólares como indemnización por los daños del cambio climático
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La frecuente llegada de leones marinos a las playas cuscatlecas; los miles de damnificados por las lluvias; las pérdidas en maíz, frijol y otros alimentos debido a la sequía; entre otros son algunos de los signos de que el cambio climático no es una película de ciencia ficción, que es un problema que vivimos ahora los salvadoreños. FOTO / edh
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Carolina Amaya
Domingo, 6 de Diciembre de 2009

Este año, los efectos de las lluvias dejaron en el país a 198 muertes y más de 13,000 albergados. El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó los daños y pérdidas en más de $239 millones. A juicio del organismo ambientalista Gotas Verdes, estos son los “refugiados y los daños concretos ocasionados por el cambio climático”.

Christian Jiménez, miembro de Gotas Verdes, explicó que “lo que pasó en Verapaz, fue producto de la transformación climatológica que se ha dado a nivel mundial”. El ambientalista expresó que Centroamérica enfrenta desastres naturales constantemente, los que antes no sucedían, “nosotros pagamos las consecuencias de la industrialización de los países desarrollados”.

La región centroamericana produce menos del 0.5% de los gases de efecto invernadero (GEI) del planeta, pero es una de las más vulnerables por el calentamiento global.

Centroamérica unida

Este lunes inicia la XV Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca. En la sesión, que durará dos semanas, los gobiernos de países pobres y ricos negociarán la ayuda que se destinará para mitigar los efectos del cambio climático.

Los ministros de medio ambiente de Centroamérica ya están en la ciudad danesa, para exigir 105 mil millones de dólares como indemnización por los efectos del cambio climático.

La vice ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Dolores Pohl, asegura que las comisiones llevan propuestas concretas: “Pediremos que se amplíen los financiamientos para los países de centroamericanos, en el tema de adaptación frente a estas consecuencias que no son responsabilidad nuestra. Hay una posición bastante consolidada para que ellos tomen en cuenta que los efectos del cambio climático son efectos que estamos padeciendo ya ahora”.

El uso de los recursos

Oneyda Cáceres, presidenta de Gotas Verdes, está de acuerdo con la postura de la región. Sin embargo, señala que muchas veces estos recursos económicos no son utilizados en pro del medio ambiente.

Un ejemplo muy claro está en la Ley de Medio Ambiente: “Se sanciona a las grandes empresas, pero ese dinero ¿a dónde va? Es destinado al Fondo General de la Nación, entonces este dinero termina siendo ocupado para construir carreteras y otras infraestructuras, ¿y qué hay de la reparación ambiental a nivel de país?”.

Uno de los objetivos de la reunión en Copenhague es precisamente establecer estrategias nacionales que incentiven la mitigació

PNUD advierte sobre impacto del cambio climático en el desarrollo humano

PNUD advierte sobre impacto del cambio climático en el desarrollo humano

El último índice de Desarrollo Humano mundial evalúa los costos del cambio climático para las sociedades que menos responsabilidad tienen sobre este problema. La cooperación internacional, pero también una mayor inversión local en lo social, son indispensables para enfrentarlo en los países en desarrollo. En el ranking mundial de desarrollo humano, El Salvador cayó al lugar 103.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Actualizada el 27 de noviembre de 2007-06:15 pm – El Faro

La causa que mereció este año el Premio Nóbel de La Paz es compartida por el último Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. Se trata de la lucha por mitigar los efectos del cambio climático, un fenómeno de aumento de la temperatura global del planeta provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por los humanos y que, de continuar al ritmo actual, podría tener efectos catastróficos para el planeta.

Aumento en el nivel del mar, períodos más prolongados de sequía o de fuertes lluvias, inundaciones, aumento de hasta unos cinco grados centígrados en la temperatura, daños en la producción agrícola mayores probabilidades de epidemias de dengue o paludismo son algunas de las posibles consecuencias durante este siglo.

Todo esto, principalmente como resultado de las altas emisiones de GEI (ver recuadro) de las principales potencias industrializadas del mundo y que, según el protocolo de Kyoto, están obligadas a reducir sus emisiones para el año 2012. Estados Unidos, siendo el país que más produce GEI en el mundo, se retiró del protocolo durante la administración de George W. Bush y por tanto abandonó ese compromiso.
Los primeros 15 emisores de CO2 en el mundo

País

Emisiones al 2004
(Mt de CO2)

Proporción del total mundial (%)

Estados Unidos

6,046

20.9

China

5,007

17.3

Rusia

1,524

5.3

India

1,342

4.6

Japón

1,257

4.3

Alemania

808

2.8

Canadá

639

2.2

Reino Unido

587

2.0

República de Corea

465

1.6

Italia

450

1.6

México

438

1.5

Sudáfrica

437

1.5

Irán

433

1.5

Indonesia

378

1.3
Francia
373

1.3

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD

  • El Salvador, con un 0.9 de toneladas de CO2 per cápita (al año 2004), no representa ni un decimal de las emisiones a nivel mundial. El informe lo registra como 0.0%.

Paradójicamente no son estas potencias las que sufrirán los mayores efectos del cambio climático. “El desafío distributivo se hace particularmente difícil porque quienes han sido en gran parte causantes del problema no serán quienes sufran las perores consecuencias en el corto plazo. Los más vulnerables son los pobres y ellos ni contribuyen actualmente ni contribuyeron en el pasado de manera significativa a la emisión de gases de efecto invernadero”, dice el texto, titulado “La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido”.

Según los cálculos del PNUD, en los países desarrollados apenas una de cada mil 500 personas han sido afectadas por efectos del cambio climático en los últimos años, mientras que en aquellos en vías de desarrollo los afectados son uno por cada 19.

El informe plantea que esos países desarrollados, como responsables primeros del problema, deben jugar un rol más importante en la mitigación de los efectos en los países en vías de desarrollo. Invertir desde ya en esa prevención, sostienen los autores del documento, resulta además mucho más barato: “un dólar invertido en prevención son siete dólares de ahorro en pérdidas” por desastres naturales asociados al fenómeno.

“Y el problema no es predominantemente de carácter técnico o económico, sino político, porque la humanidad sí está en la capacidad técnica y económica para hacer frente al problema”, dice William Pleitez, coordinador del Informe sobre Desarrollo Humano para El Salvador.

Para el PNUD, este es el momento de la cooperación internacional. “Para la parte más desarrollada del mundo, la adaptación implica levantar infraestructuras elaboradas de protección contra el clima y construir casas flotantes. Para la otra parte, significa que la propia gente debe aprender a flotar en caso de una inundación”.

El impacto en los Objetivos del Milenio

La principal preocupación que plantea el informe es cómo el cambio climático puede afectar al alcance de los ocho Objetivos del Milenio (ODM), que los 191 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015.
Las principales recomendaciones

* Desarrollar un marco multilateral para evitar el cambio climático peligroso en el contexto posterior a Kyoto 2012.
* Adoptar políticas de fijación de presupuestos sostenibles de carbono (el programa de mitigación).
* Fortalecer el marco de la cooperación internacional.
* Ubicar la adaptación al cambio climático en el centro del marco posterior a Kyoto 2012 y de las alianzas internacionales de reducción de la pobreza.

Estos son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Si el ritmo de emisión de gases de las grandes naciones no se desacelera, dice el PNUD, estos objetivos tendrían más dificultades para lograrse. “A largo plazo, el cambio climático constituye una amenaza masiva para el desarrollo humano y en algunas partes ya está minando los esfuerzos de la comunidad internacional por reducir la extrema pobreza”, sostiene la organización.

El cambio climático, agrega, hará disminuir los ingresos de las familias más vulnerables y reducirá su seguridad alimentaria; puede hacer que los niños, en medio de un desastre natural, tengan menos disponibilidad de tiempo para atender sus estudios; que se ponga en riesgo la existencia de muchos ecosistemas en el planeta y que la niñez esté más propensa a adquirir enfermedades que se dan por los estragos de huracanes e inundaciones. Sólo en El Salvador, recuerda Pleitez, entre 2006 y lo que va de este año se ha registrado un aumento de ha habido un aumento de cerca de dos mil personas afectadas por el dengue.

Carolina Dreikorn, experta en cambio climático del PNUD El Salvador, agrega que “el aumento del nivel del mar, en los manglares, en todos los kilómetros de costa que tenemos, eso también significaría un impacto económico fuerte porque incidiría en la industria del turismo”.

Para contrarrestar estos efectos en un país como El Salvador, debe haber entonces también una mayor inversión social, valora William Pleitez. Actualmente El Salvador se encuentra en la posición 103 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano, un retroceso de dos plazas en el ranking mundial con respecto al año anterior.

“El IDH ha mejorado, pero hay una desaceleración en su crecimiento. Debe incrementar sustancialmente las inversiones en los sectores de salud, educación, aprovisionamiento de agua segura. Prácticamente la lectura de las cifras correspondientes a El Salvador señalan que el país tiene un nivel de ingreso per cápita que le permite hacer inversiones en desarrollo humano mayores que las que se están realizando (…) El Salvador podría avanzar hasta 15 ó 20 posiciones si hubiera una decisión de invertir más en lo social”, dice Pleitez.

La semana pasada trascendió que El Salvador, en la evaluación que anualmente hace la Corporación del Reto del Milenio (MCC) de Estados Unidos, reprueba en cuatro de los seis indicadores relacionados con inversión en la gente.

Para matizar estos datos, la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, habló entonces, durante la presentación del informe, sobre las razones del retroceso en el ranking. “El descenso se explica porque hay dos países que estaban antes detrás de nosotros, Cabo Verde y Jamaica, que han tenido mejores progresos, pero ajustando el índice al resultado del último censo (que indica que el país tiene una población de un millón menos de lo que se estimaba), entonces pondría al país en la posición 100”, justificó la funcionaria.

Luego, De Escobar defendió el presupuesto en inversión social para el año 2008, indicando que este ha experimentado un aumento de 246 millones respecto de 2007.

Los esfuerzos locales en camino

Aunque El Salvador no es un país con alta emisión de GEI, el PNUD ve algunos esfuerzos que desde el Ejecutivo, sobre todo desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se están haciendo para comprender el fenómeno y sus implicaciones concretas para el país.
Documentos relacionados

* Resumen de Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. “La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido”.
* Índice de Desarrollo Humano El Salvador 2007-2008.
* Informe Stern: la Economía del Cambio Climático.
* Protocolo de Kyoto

Para constatarlo, el titular del MARN, Carlos Guerrero, aprovechó el acto de presentación del informe para hacer público que el Ministerio, en conjunto con el PNUD, se encuentra creando un grupo de consulta nacional sobre cambio climático. El grupo está conformado por distintos sectores, incluyendo organizaciones ambientalistas, rectores de universidades, representantes de la empresa privada e incluso el sector industrial.

Al grupo de consulta, comentó Juan Marco Álvarez, director ejecutivo de SalvaNATURA, fueron invitados hace un mes. “Hasta ahora se ha tenido solo esa reunión informativa y luego en diciembre, tengo entendido, se convocará ya a una primera reunión formal de trabajo”, dijo.

Uno de los primeros esfuerzos en el país fue también la Primera Comunicación sobre el Cambio Climático, un acercamiento inicial hacia un diagnóstico local y tener cifras nacionales sobre la producción de estos gases. Actualmente se está desarrollando la Segunda Comunicación, de la que resultará también un “Plan Nacional de Cambio Climático”.

Otra iniciativa en curso con el apoyo del MARN y la participación de la empresa privada es el ingreso del país al mercado mundial de la venta de certificados de carbono (CO2, uno de los principales GEI). Estos bonos son un mecanismo avalado por el protocolo de Kyoto, según el cual los países industrializados tienen la oportunidad de reducir sus emisiones no sólo en sus territorios, sino también comprando estos certificados a proyectos en naciones en vías de desarrollo y sumando las toneladas de CO2 que estos reducen como si fuesen suyas.

Actualmente El Salvador es, después de Nicaragua, el segundo país de Centroamérica con mayor participación en ese mercado, con un ingreso potencial por año de 26 millones 215 mil 216 dólares. Hace dos semanas, también tras un estudio del MARN, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad, precisamente para promover las fuentes de energía renovable.

Estos incentivos, valora Pleitez, son positivos, pero deben ir también acompañados del establecimiento de presupuestos nacionales de carbono e incorporarlos en la legislación. “El punto de partida es poner precio al carbono a través de impuestos de emisión o sistemas de emisiones de carbono negociables con fijación de límites máximos”, dice el informe.

Para Jessica Faieta, la representante del sistema de Naciones Unidas en El Salvador, el hecho de que el tema esté ya en la agenda pública y que exista ahora un “ambiente político favorable” en el mundo puede contribuir a que se empiecen a dar pasos más firmes.

¿Qué si en El Salvador ese ambiente político también es favorable? “Debo decir que hemos visto con mucho aprecio el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente (…) El presidente Saca también en su último discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas aboga por el cambio climático, y yo creo que lo importante de este informe es que es una oportunidad para los políticos de ahora de ver más allá de sus tiempos electorales”, dice.

Los Efectos del Cambio Climático en El Salvador

Los Efectos del Cambio Climático en el Salvador

Por Jorge Vargas Méndez

El informe elaborado a lo largo de seis años por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) y que recientemente fue aprobado en la capital belga, ha dejado perplejos tanto a gobiernos incrédulos como negligentes de todo el planeta. Y no es para menos, pues finalmente se confirma que el cambio climático no sólo es inminente sino que, además, arrasará con amplias regiones costeras en varios continentes e impondrá la miseria a millones de personas en las próximas décadas.

Esa noticia, en realidad, no sorprendió a instituciones y grupos ecologistas de los distintos países que desde hace décadas venían insistiendo en que el fenómeno sería una realidad si continuaba la degradación ambiental y, particularmente, la emisión indiscriminada de gases causantes del efecto invernadero. Pero, al igual que con otros temas de interés vital para la población, poco o nada hicieron los gobiernos ni los sectores de poder económico y/o político ante los llamados que hicieron.

Lejos de eso, en algunos casos se les llegó a tildar de grupos pro-izquierdistas o anacrónicos y, en el menos peor de los casos, de grupos ecofatalistas. Nuestro país, por cierto, no escapó de esa situación.

Una crisis ambiental anunciado desde hace décadas en El Salvador Ciertamente, fenómenos naturales como lluvias torrenciales, tsunamis, huracanes, sequías y otros, siempre han estado presentes en nuestro territorio –y en Latinoamérica– desde épocas inmemorables. En mayo de 1586, por ejemplo, hubo una lluvia tan abundante que causó inundaciones en los pueblos indígenas de la zona central del actual territorio salvadoreño.

Varios siglos después, en julio de 1926, un huracán que golpeó fuertemente en Sonsonate arrebató a una niña de los brazos de su madre y tras golpearla contra el suelo la mató de inmediato; ese mismo mes, pero días antes, las lluvias inundaron los barrios de México D.F., y paralelamente, en Nueva York, la temperatura se incrementó tanto que causó la muerte de varias personas. De 1932 a 1936, los copiosos inviernos aumentaron el caudal de todos los ríos del país y éstos al desbordarse destruyeron puentes y centenares de viviendas, provocando cuantiosas pérdidas materiales, decenas de muertes y miles de familias damnificadas. En agosto de 1936, las lluvias fueron tan abundantes que en pocos días aumentaron el nivel del lago de Ilopango, lo que requirió de la implementación de un proyecto especial para desaguarlo al mes siguiente.

Coincidentemente, por esos mismos años, el mismo diario local denunciaba a menudo los altos niveles de deforestación y sentenciaba sobre los efectos que ello tendría en el futuro. Pero no se hizo nada para evitar la deforestación abusiva y la degradación ambiental se volvió cada vez más antrópica. Y es que el futuro, en aquellos días como hoy, era algo muy lejano y prematuro. Mas el pasado es el mejor augurio del futuro y aquel escenario anunciado constituye hoy un problema presente o, para quienes lo quieran ver así, una amenaza para el tiempo vecino, pero siempre, muy inmediato.

Quien siembra degradación ambiental cosecha tempestades

Hace una década los estudios especializados hablaban de que para este siglo habría un 2.5º C de incremento máximo en la temperatura, pero ahora se pronostica que podría alcanzar hasta 6º C y más al final de la centuria. De hecho, en los últimos cincuenta años la temperatura ha aumentado 1.4º C, lo que indudablemente ha hecho posible considerar que la amenaza puede estar a la vuelta de la esquina y en los niveles que antes parecían impredecibles.

Eso explica por qué la década del noventa fue considerada la más cálida del siglo XX, aunque sin tomar en cuenta las olas de calor que se registraron en 2001, 2003 y 2005. En consecuencia, el deshielo se ha hecho más que evidente en el polo norte –ha sido menor en el polo sur–, un 10% de los glaciares alpinos ya no existe y en otras regiones del planeta el hielo se derrite permanentemente aportando millones de litros al caudal de los ríos que, por supuesto, desembocan en el mar.

Para colmo, según afirma Paul G. Knight del departamento de Meteorología de la Universidad de Pennsylvania, EUA, un aumento en el nivel del mar de más de 50 centímetros daría lugar a mayores sistemas de tormentas y abundantes lluvias, lo que sugiere que ya hubo un aumento significativo pues en los últimos años han habido más huracanes, tormentas tropicales e inviernos abrumadores. Es debido a todo eso que se ha vaticinado, finalmente, que el nivel del mar podría aumentar 0.5 metros al cierre del siglo XXI. Pero ¿qué significa eso para nuestro país?

La actual costa salvadoreña posiblemente termine bajo el mar

En la actualidad, nuestro país cuenta con alrededor de 320 kilómetros de playas costeras desde los límites con Guatemala hasta el Golfo de Fonseca. Pero, según los augurios dados a conocer en Bruselas recientemente, a finales del siglo XXI esa situación podría presentar cambios drásticos y dramáticos. Y aunque se ignora en qué medida el mar penetrará tierra adentro, es seguro que un aumento en su nivel traiga implícito un fenómeno como el mencionado, cuyas consecuencias si bien hoy son impredecibles no resultan nada difíciles de enumerar.

Para empezar, millares de familias que habitan en las playas y cercanías se verán obligadas a desplazarse hacia otras zonas del país cuando el mar comience a hacer inviable su existencia ahí donde se encuentran ahora. Pero no sólo eso. También desaparecerán grandes extensiones de tierra que hoy están orientadas a diversos cultivos y que sirven para el sostén de millares de familias; asimismo, quedarían bajo el mar muchas fuentes de agua dulce, tal es el caso de pozos perforados artesanalmente, y aguas superficiales como pozas, riachuelos y ríos.

En ese contexto, los recursos pesqueros también se verán severamente reducidos debido al cambio en los ecosistemas marinos y costeros. Por lo general, los bancos de peces y otras especies emigran durante cierto tiempo o a veces para siempre frente a las modificaciones bruscas de su hábitat, y no digamos cuando un aumento en el nivel del mar destruya los escasos bosques salados o manglares, que es donde se lleva a cabo la reproducción de muchas especies y que al mismo tiempo les sirven de protección frente a sus depredadores.

Otras secuelas de esa amenaza causada por la especie humana

Como efecto de todo anterior se generarán conflictos sociales al interior de los municipios afectados debido a la usurpación de tierras y asentamientos ilegales por parte de las familias que buscarán lugares más seguros para habitar y tierras con vocación para sus cultivos. Algunos conflictos, además, tendrían a su base la disputa por el agua que, debido al proceso de salinización del agua apta para beber y el aumento en la demanda de la misma, escaseará mucho más que en la actualidad.

Con ese panorama asolador no es difícil imaginarse, además, las cuantiosas pérdidas económicas que implicará la destrucción de la infraestructura existente en los diferentes municipios y principalmente en ciudades portuarias como Acajutla, El Triunfo y La Unión, así como también, la desaparición de grandes extensiones de tierras hoy orientadas a cultivos como el algodón, caña de azúcar y otros. De hecho, a medida que aumente la temperatura global también se verán afectadas la flora y la fauna de todo el territorio. La biodiversidad se verá reducida.

El rubro turístico también se verá totalmente afectado con la destrucción de grandes complejos hoteleros y centros de recreación o balnearios, los cuales perderán su calidad de oferta para el turismo nacional e internacional. En suma: toda la infraestructura privada y pública, nacional o extranjera, que ahora existe quedará abandonada y con los efectos del oleaje marino poco a poco se convertirá en ruinas. Una imagen parecida a lo que podría ocurrir a lo largo de la costa salvadoreña, la tuvimos con los inviernos pasados en la infraestructura que quedó cubierta a orillas del lago de Ilopango, tras obstruirse su desagüe durante los terremotos de 2001.

Algunos efectos económicos y sociales del incremento en el nivel del mar

Como consecuencia de todo lo anterior se puede inferir que también habrá un descomunal incremento del desempleo en la zona rural y, particularmente en la franja costera, luego de verse afectadas actividades como la agricultura de manutención, la pesca artesanal, el comercio de temporada, etc., todo lo cual impondrá mayor presión sobre el mercado laboral en el Gran San Salvador y en otras ciudades del centro y norte del territorio.

En la capital, se concentrarán millares de personas en busca de empleo y vivienda y, más temprano que tarde saldrán organizaciones y partidos políticos “dispuestos” a llevar a las últimas consecuencias tales demandas en virtud de su compromiso “con las mayorías populares” o “con las más pobres de los pobres que deberán convertirse en pequeños propietarios”. Una experiencia muy conocida para las actuales generaciones, pero que nunca se tradujo en bienestar para la mayoría de la población.

Así las cosas, el desempleo y el hambre en sus máximas expresiones –porque ya existe en niveles alarmantes–, serán el detonante de una nueva etapa de confrontación nacional. El Salvador, otra vez, arderá en llamas. Y la emigración hacia el exterior se vería más estimulada. Todo ello, podría ocurrir, en la segunda mitad del siglo XXI. Pero hay más.

La salud, el aumento en el nivel del mar y el cambio climático

Por ahora, aunque lo anterior tenga visos de eco-alarmismo, esa situación parece que está lejos, pero como el tiempo avanza vertiginosamente no deja de ser preocupante. Y tan es así, que de inmediato nos asalta la siguiente pregunta: ¿Cómo afectará la salud de la gente un mayor aumento en el nivel del mar?

Al darse un desplazamiento masivo de poblaciones humanas costeras hacia otras zonas, aumentará la contaminación del aire y del agua de consumo, se incrementará la producción de desechos sólidos y aguas residuales; habrá mayor hacinamiento en los lugares de destino o de reasentamiento, lo que en definitiva hará más vulnerable a las familias frente a varias enfermedades epidémicas y, sobre todo, aquellas que son las más frecuentes en el país como las gastrointestinales y respiratorias.

Esa situación hará colapsar por completo el sistema de salud pública. Y si ahora las personas tienen que cargar con el 50% (o más) de los costos de atención médica en los servicios que ofrece el Estado, para entonces es posible que no haya nadie con capacidad económica para tener acceso a tales servicios. Y si actualmente, la mujer, la niñez y las personas de la tercera edad, constituyen los grupos más vulnerables en materia de salud, no hay por qué dudar que en un panorama semejante mejore su situación.

Y según afirman especialistas, todo aumento en la temperatura global no hace más que favorecer la proliferación de vectores que transmiten enfermedades como la malaria y el dengue, entre otros, lo que ha hecho que las epidemias se extiendan geográficamente en los últimos años a tal punto de volverse endémicas.

¿Será posible que ocurra ese descalabro en nuestro país?

Lo que no se puede ocultar es que el calentamiento global es una realidad –como intentaron hacerlo las delegaciones de algunos países en Bruselas, al momento de publicar el informe del IPCC–, pues eso es mucho más grave para el futuro en el sentido de que no permite la adopción de medidas para reducir el impacto del fenómeno. Y tampoco podemos asegurar que El Salvador, como muchos otros países, saldrá incólume.

En realidad, el nivel del incremento térmico que pueda sufrir el planeta depende mucho de las acciones que emprendan de aquí en adelante gobiernos, organismos mundiales y los sectores económicos y políticos del poder mundial. Bastaría, según especialistas, con darle cumplimiento a los compromisos internacionales que han buscado desde hace años reducir y eliminar las emisiones abusivas de contaminantes atmosféricos. Pero no se hizo antes y no se espera que lo hagan ahora. Los países que más contaminan, por cierto, están dando muestras de esa falta de voluntad.

Ahora bien, hay que tener claro que en cada país –y para el caso en El Salvador– la situación del medio ambiente determinará el nivel de impacto que tendrá el aumento en la temperatura global en los próximos años. Y eso, por de pronto, no es nada favorable. Como tampoco lo son las condiciones de vulnerabilidad económica y ambiental en la que viven millares de familias a lo largo y ancho del territorio, aun cuando se sabe que la población que más saldrá afectada será la más pobre y desposeída. En esto, hay mucha tela que cortar y, por supuesto, algo en lo que pueden comenzar a trabajar desde ya el gobierno central y las municipalidades con la implementación de planes y programas de mediano y largo plazo, siempre y cuando se hagan al margen de intereses personales, grupales y partidistas, algo que es muy difícil pero no imposible.

Después de todo es una deuda por cobrar que tiene la población que se verá afectada, pues los Estados han dejado en evidencia que el “desarrollo sostenible” después de veinte años (1987) sólo fue un ardid para obtener financiamiento y respaldo político, mas nunca un compromiso serio por proteger el medio ambiente, y eso es una realidad irrefutable que hoy se comprueba a escala mundial mediante el informe del IPCC y, a nivel de cada país, por la fragilidad ambiental y la falta de voluntad política en la protección del medio ambiente en beneficio de un modelo de vida, cuya forma de producir, distribuir y consumir es totalmente incompatible con el entorno natural. He aquí un esbozo de ese posible escenario y ojalá que no esperemos a que ese futuro nos alcance.

jvargasmendez@yahoo.com

La minería, mercado y poder

La minería, mercado y poder

Dagoberto Gutiérrez

Después de largos años y de prolongado silencio en los socavones oscuros de las mina, las empresas transnacionales, descubren y ubican oro en el norte del país, una prolongada franja como río de sangre corre a lo largo de los departamentos norteños y así como la sangre atrae a las aves de rapiña, así el oro atrae a los mercaderes de la minería metálica, se rompe el silencio y las empresas inician el proceso que va de la exploración, pasa a la explotación y llega al mercadeo.

La Pacific Rim, empresa con capital canadiense, resulta ser la más animosa y la que abre brecha en las comunidades del departamento de Cabañas, porque la zona de El Dorado ha resultado ser, según las pesquisas mineras, un área de fuerte carga aurífera.

La quietud de la comunidad se rompe como el espejo de una poza al caerle una piedra; pero la gente no reacciona al principio y el ir y venir de las máquinas, de los camiones y de personas extrañas y extranjeras, desconocidas y sospechosas, silenciosas y de mirada huidiza, llega a alterar la vida comunitaria después de varios meses, porque la exploración es la que indica a los mercaderes si hay oro en ese suelo pedregoso, cuanto oro hay y cuanto vale aproximadamente.

Como suele ocurrir, se trata de terrenos rústicos sin valor aparente en la superficie, pedregoso, con arbustos, pero vinculado a fuentes de agua de superficie y subterráneas y por eso las comunidades tienen una vida íntimamente unida a estos suelos que ocultan en sus intimidades cavernosas, el oro apetecible. El punto es que los gobiernos sucesivos han entregado toda la riqueza minera del país a las grandes empresas y nunca han establecido ninguna responsabilidad y mucho menos culpabilidad por los daños ocasionados a la naturaleza ni a los seres vivos, humanos y no humanos, y ahora ante la crisis del dólar, los capitalistas planetarios prefieren tener su dinero convertido en barras de oro y no en billetes verdes, que de un día para otro no valen nada; ese metal se vuelve de nuevo, codiciado y buscado, y ¡ay de aquella sociedad con la mala suerte de tener oro en sus suelos!, porque todos los buitres, de todo plumaje y picotazo, le sacara los ojos a la gente, a la tierra, a los animales y a la naturaleza por una onza de oro.

La mala noticia de tener oro en tu suelo, o petróleo, carbón , agua, o gas natural, nace del hecho de tener, al mismo tiempo, un gobierno y una oligarquía sirvientes de las empresas que extraerán esos recursos sin que el país ni la sociedad obtengan ningún beneficio de su explotación , y por el contrario, sufran y paguen el costo de la destrucción del medio ambiente de la contaminación del suelo, de las aguas , de los seres humanos y de sus animales, todo esto se llama externalidades, que las pagan las comunidades, mientras las empresas se embolsan, eso si, las utilidades.

Este intercambio desigual y perverso, es lo que produce la resistencia popular a la minería, y es lo que vuelve a esta actividad capitalista en una amenaza mortal para los seres humanos. Tratándose de un país como El Salvador, con mínimo territorio, mínimos recursos naturales, mínimos gobiernos, gran población y gran voracidad en sus oligarquías, esta minería genera la resistencia esperable en una sociedad que aprende ,día a día, a ser digna.

Por supuesto, que existiendo una boda rigurosa y secreta entre guerra y mercado, y siendo la utilidad mercantil, ciega, sorda y muda, ante todo que implique bienestar humano, es la minería fuente permanente de guerras, conflictos internos, desangramientos intercomunales, desplazamiento de poblaciones, golpes de estado y divisiones sociales.

La lógica de esta realidad parte del hecho de que la minería se realiza en medio de las comunidades, en sus tierras de labranza, en las vegas de sus ríos y ojos de agua, porque los metales no han aprendido a evitar a la gente y allí donde hay metales hay buitres, que tratan de convertir a los pobladores en la carroña, y al metal buscado en el paciente privilegiado, que vale mas , mucho mas que cualquier ser humano con sombrero, con zapatos empolvados, con camisa sin abotonar y pantalones con bolsillo sin dinero que proteste e intente impedir a la empresa su negocio.

Todo esto ocurre en el departamento de Cabañas, y la empresa minera que ha creado la figura llena de humor trágico de La Minería Verde, ha capturado también la imaginación de una parte de sus víctimas, ofreciendo empleo seguro, en un océano de desempleados; carreteras, escuelas, clínicas etc. Son ofertas que en un mundo de desamparados logran atraer y bajar la cohesión humana. La empresa también captura a los gobiernos, financian campañas electorales, pueden financiar gestiones gubernamentales y pueden controlar el poder político local, con tal de llevarse al final la riqueza apetecida.

En Cabañas se ha llegado hasta el asesinato y por ahora hay tres personas muertas con el estilo de la ejecución de las bandas de ultraderecha, dos hombres y una mujer embarazada y madre de 7 hijos, todos resistentes contra esta minería, todos miembros de las comunidades, todos abandonados por el gobierno por el que votaron, y todos cubiertos por un manto de silencio espectral que vuelve impenetrable a las manos asesinas y a los autores intelectuales.

Las comunidades de Cabañas resistentes ante la minería, los asesinados y el silencio gubernamental ante los hechos son la prueba de fuego del momento que determinara quien gobierna a quien en nuestro país, por ahora el mercado tiene las mejores cartas, pero el pueblo, como siempre, tiene la ultima palabra.