Terminó la campaña electoral 2021 y estamos apenas terminando de recibir los resultados de la votación. Lo usual es que sean estos números los que acaparan la atención de políticos, medios de comunicación y, en general, de la población. Sin embargo, si tratamos de entender el porqué de esos resultados es ineludible partir de un análisis de la campaña electoral y de las condiciones sociopolíticas en que el proceso se desarrolló y vincularlo a su historia. En otras palabras, contestar dos preguntas: ¿por qué ganó Nuevas Ideas? ¿Este ejercicio ciudadano hizo avanzar la democracia, la deja estancada o la ha hecho retroceder? Las respuestas van orientadas tanto a lograr un entendimiento de los resultados electorales como a abrir rutas para estrategias políticas al futuro de nuestra democracia.
Para leer los resultados no podemos obviar la confluencia de tres crisis fundamentales: la social, representada por la histórica y grave exclusión de la mayor parte de nuestros compatriotas de una sociedad decentemente humana; la económica, que se expresa en el estancamiento de nuestra economía de los últimos 30 años (el promedio de crecimiento anual no pasa del 3 %); y la de legitimidad política, que ha hecho eclosión en las últimas 3 elecciones. Estas crisis se han ido expresando y acumulando a lo largo del tiempo, y las dos últimas corresponden al período de la posguerra.
Es necesario señalar cuatro rasgos de la crisis política que son novedosos en esta coyuntura electoral, que tienen una directa influencia en el resultado electoral y que dieron a la campaña electoral una configuración diferente a los eventos electorales de la posguerra. El primero es la pandemia que nos ha azotado por un año y ha distorsionado seriamente no solo la política, sino el conjunto de la sociedad. El segundo, la introducción, a partir de las elecciones presidenciales, de las redes sociales como un nuevo instrumento de trabajo político, para comunicar y captar preferencias electorales. Tercero, la llegada de un nuevo Ejecutivo que, aduciendo una forma diferente de gobernanza ha mostrado poco respeto a las normas que rigen la democracia, generando un permanente conflicto entre los órganos fundamentales del Estado. Cuarto –y en respuesta a lo anterior–, un fuerte y vocal renacer del activismo político de las organizaciones de sociedad civil y de la comunidad internacional denunciando el peligro de una destrucción de la democracia en El Salvador.
Teniendo en cuenta los anteriores señalamientos, pasemos al análisis de la coyuntura de la campaña electoral. Se trata del más importante enfrentamiento entre el Gobierno y sus partidos aliados contra una oposición que no solo abarcó a partidos, sino también a organizaciones e instituciones de la sociedad civil que consideraban que la coyuntura giraba en torno a sostener la democracia salvadoreña o ponerla en grave peligro. Mi análisis se centrará en los actores políticos del evento.
Los partidos políticos
En los últimos 30 años la alineación partidaria ha estado gobernada por la dicotomía derecha – izquierda y es en torno a esta división que las fuerzas políticas se agruparon o se distanciaron, bajo la hegemonía de los dos partidos más fuertes: Arena y FMLN.
En la elección recién pasada, el escenario político se modificó: por un lado, la oposición, conformada por los partidos Arena, FMLN, PDC, Vamos y Nuestro Tiempo asumieron, junto con sus diferentes propuestas legislativas, un discurso cuyo centro de lucha era un ataque al Gobierno, calificándolo de corrupto, violador de la Constitución y destructor de la institucionalidad democrática. Por su parte, el Gobierno, por medio de Nuevas Ideas, GANA y CD, estructuró su campaña alrededor de la figura del presidente Bukele, pidiendo el voto para formar una Asamblea Legislativa que trabaje al servicio del presidente y condenando todo lo logrado en la posguerra, empezando por calificar el conflicto armado y los Acuerdos de Paz como una estafa al pueblo. Por su parte, el PCN, como suele hacerlo, mantuvo una ambigua espera de los resultados del domingo. Lo importante es señalar que la tradicional fractura entre partidos conservadores y revolucionarios ha pasado a un segundo plano frente a la mutua necesidad de defender la democracia y su institucionalidad de parte de unos y de captar el voto con la figura del presidente en los otros.
La campaña del grupo progobierno fue la más novedosa en nuestra historia política porque, en una contienda legislativa y municipal, centró su propaganda en pedir el voto no por sus candidatos y sus programas, sino por el único salvadoreño que no puede ser candidato en esta elección: el presidente de la República. Nuevas Ideas y GANA utilizaron el cargo, figura y nombre del presidente llegando al extremo de solicitar el voto marcando “la N de Nayib” y por diputados que trabajen para lo que el presidente Bukele quiera.
Este comportamiento por parte de ambos constituye una flagrante violación a la Constitución, que prohíbe explícitamente a los funcionarios del Gobierno prestar su puesto, figura y nombre para favorecer a una facción política (art.218) y demuestran el poco respeto que sienten por la ciudadanía y el órgano Legislativo, pidiendo el voto por alguien que no es candidato. Han personificado una campaña para diputados en campaña presidencial (sin candidato a la vicepresidencia). Ni los militares de antes se atrevieron a hacer algo similar, es por ello que para mí el partido Nuevas Ideas pasa de ser “partido de gobierno” a partido oficial.
El Gobierno
Durante el régimen militarista la utilización de los recursos y personal del Estado para favorecer al partido oficial fue proactiva, masiva y común en cada elección. En los 30 años de la posguerra se había logrado reducir esta lacra abusiva y antidemocrática, pero en la campaña que analizamos reapareció con contundencia: el uso casi masivo de vehículos de transporte y carga para llevar y traer ciudadanos, la conducción de operaciones de campaña en horas de trabajo se generalizó e, incluso, el día de la votación se recurrió a estos instrumentos y funcionarios para tratar de hacer votar a cientos de personas fuera de las horas legales, con el apoyo de la Policía Nacional Civil y bajo orden directa de su director.
Previo a eso, el Gobierno creó su propio periódico con fondos públicos y utilizó el canal del Estado para darse propaganda; y, de remate, la ministra de Educación repartió computadoras en las escuelas y el ministro de Obras Públicas y el presidente publicitan el bypass de la libertad, ambas acciones dentro de los últimos 100 días de campaña violando la ley explícitamente. Todo esto es multiplicado por el aparato de comunicación gubernamental y, lo que es peor, el ministro de Hacienda, en una de las más descaradas maniobras electoreras, desde hace más de medio año se ha negado a entregar los fondos que por ley les corresponden a los municipios para su desarrollo, y a los partidos políticos les negó la entrega de la llamada deuda política, que la Constitución establece que deben recibir al inicio de cada elección.
En medio de la campaña, además, tres empleados de la seguridad del Ministerio de Salud, atacaron a un grupo de efemelenistas que venían de un mitin, en donde murieron asesinadas dos personas. La PNC asumió la tesis presidencial de que se trataba de un altercado entre los dos grupo, iniciado por los militantes del FMLN, y para intentar probarlo detuvieron a dos de los pasajeros y publicaron un video que supuestamente probaba que los del FMLN eran los agresores y que los otros tres actuaron en defensa propia. Este y otros casos en los que la PNC tomó parte a favor del partido oficial, lo cual viene a confirmar que este cuerpo policial ha perdido su carácter constitucional de ser “ajeno a toda actividad partidista” (art. 159.2).
El dinero
El partido Nuevas Ideas montó la más costosa campaña que se conoce en nuestra historia. Los datos de la pauta de radio, TV y de los medios escritos pagada por este partido durante las tres primeras semanas de campaña sumaron un total de 6.5 millones de dólares, mientras que el gasto del partido de oposición que le sigue, Arena, no llegó a un millón. Para el final de la campaña, el cálculo era que había gastado más dinero que todos los demás partidos sumados.
La gran pregunta que nos hacemos ante estas denuncias, es: ¿de dónde provienen los fondos? Semejante derroche está por encima de las capacidades de la familia Bukele.
Una de las debilidades de la democracia contemporánea es, precisamente, el papel que el dinero juega en los procesos electorales. En El Salvador no hay limitación legal para el gasto de partidos y candidatos ni para las donaciones privadas. En el pasado, buena parte de las campañas era financiada con donaciones de los grandes empresarios. Obviamente, su monto estaba vinculado a las preferencias políticas de los donantes, lo que generaba condiciones desiguales entre los partidos de llegar a los votantes. Esto, hay que aclarar, beneficiaba, sobre todo, a Arena. Si bien generaba diferencias en el supuesto “campo igualitario para los partidos contendientes”, nunca se llegó a la actual situación de desequilibrio de más de 6 a 1 a la que aludí previamente. Estas diferencias tan pronunciadas no solo atentan al carácter de igualdad entre los contendientes, sino que contribuyen a que el electorado pierda confianza en el proceso electoral, pues se llega a la conclusión de que el verdadero elector ya no es la ciudadanía, sino los plutócratas que financian a los partidos.
El aparato electoral estatal
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en esta elección tuvo un comportamiento contradictorio. Hay que reconocer que en las tres elecciones anteriores de diputados y alcaldes el TSE demostró su falta de capacidad para manejar los cambios que se produjeron en sus tareas (candidatos no partidarios, votos de preferencia por candidatos y votos cruzados), así como graves violaciones a la Constitución al declarar electo a un candidato no partidario acumulándole los votos de los demás candidatos no partidarios. En estas elecciones, sin embargo, aunque ha demostrado que es posible ofrecer resultados confiables con la debida celeridad y reduciendo las dificultades que estos cambios presentan a los procesos de conteo de votos, ha mostrado una grave debilidad en asumir su función constitucional de “tribunal supremo”, permitiendo que Nuevas Ideas, en su propaganda y en sus prácticas, cometa violaciones flagrantes a las normas constitucionales sin recibir sanción alguna. La reacción tardía del Tribunal lo convierte en cómplice de estas violaciones por su incapacidad de ejercer su autoridad.
La sociedad civil
Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil siempre han jugado un papel político, especialmente ante las crisis; su carácter heterogéneo en esas coyunturas tiende a moverse hacia intereses de carácter político. Este fue el caso del Foro Popular en 1879 frente a la crisis del militarismo, a partir de la cual se integraron personas civiles del Foro en el Gobierno que se creó a raíz del golpe de Estado de octubre de ese año. Una segunda coyuntura política en la que la Sociedad Civil jugó un papel importante fue el conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, y entre el Ejecutivo y la Sala a mediados de junio de 2011 y de 2012. Ambos casos incluyeron movilizaciones de calle por un mismo problema de fondo: es el respeto a la Constitución y al Estado de derecho.
En los últimos meses hemos visto cómo se está repitiendo esta historia. Gradualmente observamos a la sociedad civil expresarse en un creciente movimiento de que busca defender la legalidad democrática consagrada en la Constitución y en las leyes del país. Esta vez, sin embargo, ha superado las diferentes pertenencias partidarias y las diversas posiciones económicas de los civiles que asumen una posición política defendiendo la democracia. Durante la campaña, el ritmo de participación política creció y asumió diversas tareas.
Una de las muchas iniciativas fue la invitación a los candidatos de todos los partidos a suscribir un acuerdo con un grupo de más de 40 organizaciones, con el objeto de apoyarse mutuamente en la promoción de una plataforma de temas legislativos que contribuyan a desarrollar la institucionalidad democrática en defensa de la probidad y la anticorrupción, la transparencia y el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la libertad de prensa. A esta propuesta se adherieron más de 100 candidatos de los diversos partidos, con las únicas excepciones de Nuevas Ideas y GANA, que a partir de mayo sumarán la mayoría absoluta en la Asamblea.
En conclusión, desde la perspectiva del desarrollo de la democracia en nuestra sociedad, el proceso electoral que hemos vivido, debe calificarse como un retroceso de la democracia en relación con las anteriores elecciones de la posguerra. Las novedades que el partido ganador ha presentado en este proceso, más que innovaciones resultan ser similares a los eventos electorales que caracterizaron la época anterior a la guerra civil. El desempeño del partido ganador, cada vez se perfila más como un partido oficial, al contrario de los partidos tradicionales que ni en sus estrategias ni en su discurso presentan modificaciones positivas novedosas, lo cual es una indicación de su falta de visión política.
Dado el comportamiento del Ejecutivo en su año y medio de ejercicio, y de su partido en estas elecciones, lo más probable es que su actitud se recrudezca en una antiinstitucionalidad democrática, un mayor grado de centralización y personalización de la gobernanza. El ejercicio de la nueva legislatura tendrá un grado alto de sumisión a los mandatos del Ejecutivo, lo cual puede incrementar la corrupción y la creciente anulación de la independencia de los órganos fundamentales del Gobierno que el art. 86 de la Constitución ordena.
El electorado confirmó por tercera vez su abandono a los partidos políticos tradicionales. Para desarrollar una vida política democrática es indispensable una pluralidad de opciones políticas a la ciudadanía; la hegemonía total de un solo partido es una característica de los regímenes dictatoriales; y esto solo podrá lograrse si los partidos políticos que han perdido asumen la tarea de una reforma a fondo en sus estructuras y prácticas de mando, métodos de comportamiento y comunicación con la ciudadanía, y planteamientos de nuevas políticas que le permitan al país una salida de las tres crisis fundamentales que lo afectan. En esta tarea tendrán que colaborar las organizaciones de la sociedad civil que han demostrado su fidelidad a la democracia.