Las maniobras de la política tradicional no acallan las protestas de Brasil

Del blanco al negro. De la derecha a la izquierda. Los vaivenes de las revueltas de Brasil siguen desconcertando al mundo y a los propios brasileños. El lunes 17 de junio explotó una oleada de revueltas masivas con un grito plural que excedía la petición inicial de bajar 0,20 centavos el precio del transporte público. “Esto no es por 0,20 centavos”, se oía en las calles. Por primera vez, los gritos apartidistas se escucharon en la calle de forma contundente.

El jueves 20, los grandes medios de comunicación y grupos conservadores se incorporaron a las protestas dirigiendo el foco contra el Gobierno de la presidente Dilma Roussef. Tras tres días de pánico, en los que en círculos izquierdistas se llegó a escuchar que existía un golpe de Estado, todo volvió a cambiar.

A partir del martes 24, los movimientos sociales y la izquierda política clásica se incorporaron de nuevo a las protestas. Las asambleas políticas que empezaron a consolidarse en las calles y plazas de todo el país atrajeron a los movimientos populares y alejaron a la derecha. La reacción macropolítica de Dilma Rousseff lanzar la propuesta de un plebiscito constituyente y aprobar algunas leyes concretas también alejó a los grupos más conservadores de las protestas. Pero las protestas no paran. En Río de Janeiro está convocada una manifestación alrededor del estadio Maracanã, mientras Brasil y España jueguen la final de la Copa de Confederaciones.

Sin embargo, las lecturas izquierda-derecha no explican lo que está ocurriendo en Brasil. Las explicaciones macro tampoco reflejan lo que se está cocinando en las calles y las redes de Brasil. Los detalles micro son, en estos momentos, las mejores metáforas para acercarse a un ecosistema social mucho más complejo. El lenguaje corporal de las calles desmiente las versiones oficiales. Y los mensajes emotivos en las redes sociales y la letra pequeñas de algunos manifiestos hablan claro sobre un nuevo movimiento social brasileño, horizontal y transversal, que todavía no tiene nombre.

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1. Una ocupación pacífica de una asamblea municipal. La Cámara Municipal de Belo Horizonte Cámara legislativa del vital tercer colegio electoral de Brasil está ocupada desde la mañana del sábado por una multitud. Durante un momento del streaming, realizado por PosTV.org, la multitud cantó una canción que Chico Buarque compuso contra la dictadura (y que la censura no entendió): “A pesar de ti, mañana será otro día”.

A diferencia de otras ciudades que ya han conseguido bajadas en la tarifa del transporte público, la mejora del transporte público en Belo Horizonte todavía es una causa común. Hay otras muchas peticiones. La Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte congrega a miles de personas bajo el viaducto del barrio de Santa Teresa y ya es la más sólida de Brasil. El deseo de participación política, mientras el poder público no aparece, ya cuaja en formatos horizontales en el espacio público de todo Brasil.

2. Un cartel en el que cabe todo. En el medio de la fotografía que The New York Times incluye en The Signs of the Brazilian Protest, tomada en Recife el día 20, hay un cartel que pasa casi desapercibido. Está, además, cortado. Casi con toda seguridad dice “hay tanta cosa equivocada que no cabe en este cartel”. Los medios del mundo han intentando identificar los gritos y peticiones concretas de los carteles. Pero han ignorado algunos que eran, tal vez, más sintomáticos.

En las calles de São Paulo se han podido ver carteles como “Todavía no tengo frase para llenar este cartel”, “En este cartel caben todos los gritos” o “Salimos de Facebook”. En un país poco dado hasta ahora a protestar en las calles, empuñar un cartel vacío revela un cambio de actitud vital. En su texto Deliciosa oportunidad de cuestionar los mitos, Theoronio de Paiva afirma que las revueltas tiran por tierra todos los mitos fundadores de Brasil: “Mucho tiempo de falta de conciencia política produjo una herida abierta descomunal”.

Derrumba el mito del pueblo “indolente, perezoso e sin carácter” del héroe nacional Macunaíma, un personaje creado por el escritor modernista Mário de Andrade. También derriba el mito del “hombre cordial”, que nunca dice no y negocia evitando el conflicto, metáfora acuñada por el sociólogo Sérgio Buarque de Holanda en 1936. Un cartel en blanco, con una actitud reivindicativa, despedaza los cimientos imaginarios de Brasil. Es un precipicio que abre la construcción de una nueva narrativa de país.

Retrato n.1 Povo acordado e suas 1000 Bandeiras from Edu Yatri Ioschpe on Vimeo.

3. Una mujer aguantando gritos no partidistas. Hasta el pasado 17 de junio, escuchar gritos apartidistas en una manifestación era algo casi inédito en Brasil. El vídeo Retrato n.1 Povo acordado e suas 1000 Bandeiras es la metáfora más cruda del choque de mundo. Muestra cómo una mujer de 57 años aguanta los gritos de una multitud enfurecida contra las banderas de los partidos políticos. Ellos gritan: “Oportunista”, “es politiquería”, “aquí nadie tiene siglas”, “quema la bandera”. Ella resiste: “No comencé hoy”, “lucho por la revolución socialista”, “tengo conciencia política”. El 17J se abrió una brecha contra el sistema de partidos. Pero también una resiliencia adaptación, mutación del descontento. Se empezó a diferenciar entre “apartidistas” (sin partido) y “antipartidistas”, como alguien que reacciona con violencia frente a los partidos. Se legitima lo apartidista pacífico y se critica lo antipartidista radical.
Asamblea en Brasil / Foto: Bernardo Gutiérrez

Asamblea en Brasil / Foto: Bernardo Gutiérrez

Asamblea política en la avenida Paulista de São Paulo. Fotografía: Bernardo Gutiérrez.

4. Un izquierdista sin bandera. Martes 24, 19.30 horas. Vano del Museu de Arte de São Paulo (MASP). Una asamblea temática titulada Democracia en los medios congrega a unas mil personas. Cualquiera puede hablar. Basta empuñar un micrófono. De repente, sube al pequeño palco montado Danilo (no dice su apellido), miembro del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), histórico movimiento que hasta entonces no ha entrado en las protestas. Un matiz vital.

Danilo afirma que está como ciudadano. Y no lleva bandera del MST. El detalle anticipó el cambio de estrategia de los movimientos y partidos de izquierda. Intentar participar en las manifestaciones con banderas fracasó. Incorporarse a una nueva gramática social agregadora y horizontal de forma diluida, como hizo Danilo, pasa a ser el nuevo camino. Los militantes de izquierda ya conviven con el deseo apartidista del nuevo movimiento en las asambleas populares de Río de Janeiro, São Paulo, Campinas (São Paulo), Porto Alegre, Belo Horizonte, Vitória y Jõao Pessoa, entre un largo etcétera.
Movilizaciones en Facebook

Movilizaciones en Facebook

5. Perfiles de apoyo a Dilma Rousseff. A partir del viernes 21 de junio, cuando grupos conservadores se incorporaron a las protestas y los grandes medios dirigieron el descontento contra el Gobierno de Dilma Rousseff, una oleada solidaria sacudió la red social Facebook. Muchísima gente cambió su fotografía de perfil por un avatar colorido diseñado para la campaña presidencial de Dilma Rousseff. También se veían muchas camisetas con el mismo diseño.

6. Policías que se unen a los manifestantes. Las imágenes de la dura represión de la Policía Militar (PM) en São Paulo o Río de Janeiro que expandieron las revueltas han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, las escenas de la no violencia, siendo mayoritarias, no han circulado tanto. La Policía Militar de São Paulo se unió en algunos momentos a las protestas. Una joven intentó besar a un policía militar en Río de Janeiro.

El vídeo en el que un presunto policía de paisano arroja su arma al fuego, ha circulado bastante. Aunque no se pueda comprobar su veracidad, lo interesante es el intento de construir un relato agregador que rompe el antagonismo entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La fotografía del colectivo Mídia Ninja en la que una pareja se acaricia bajo el clima bélico de Belo Horizonte también es un contraataque narrativo de las calles tomadas.

7. La revolución de arriba contra el 99%. Los grandes medios han dado gran relevancia a la reacción del Gobierno de Dilma y del Congreso brasileño a las revueltas. Cierto: en pocos días se han aprobado varias leyes. El fin del voto secreto de los diputados o la destinación de los beneficios del petróleo a educación y salud. También se anunció a bombo y platillo la búsqueda de un pacto para mejorar la movilidad urbana.

Un detalle pasó desapercibido: la negociación inicial fue exclusivamente con el Movimiento Passe Livre (MPL), que convocó las primeras manifestaciones. El MPL, en una carta abierta a Dilma, dejó desconcertado a un Estado que busca a los líderes concretos de una revuelta coral cocinada descentralizadamente: “Esperamos que esa reunión marque un cambio de postura del Gobierno Federal, que se extienda a las otras luchas sociales: a los pueblos indígenas, a las comunidades afectados por desalojo; a los sin techo; a los sin tierra”.

Que el Estado intenta acoplarse a las protestas y apropiarse de su energía es un hecho. Dilma ya se ha reunido con líderes de diferentes colectivos. ¿Conseguirá el Gobierno canalizar peticiones y apagar el fuego de una revueltas que en muchos casos critican a Gobiernos e instituciones locales, regionales o incluso supranacionales?

La fagocitación vertical de los movimientos sociales tampoco es ninguna novedad en Brasil. El expresidente Getúlio Vargas instauró en 1940 el Primero de Mayo (día del trabajador) y la subida del salario mínimo en actos populistas en estadios de fútbol. Salvando la distancia, los militares brasileños y parte de la prensa acostumbran a referirse al golpe de 1964 como la “revolución brasileña”. ¿Conseguirá el Estado fagocitar el espíritu de las revueltas? Que el propio Passe Livre, que se declara apartidista y confiesa sus influencias zapatistas, no se considere líder cambia en parte las reglas del juego. Debajo del pasamontañas no estamos nosotros, están ustedes (frase del subcomandante Marcos). Son el 99%.

Nota sobre os recentes protestos e nossas posições

O Polo Comunista Luiz Carlos Prestes (PCLCP) lança a seguinte nota pública sobre a onda de manifestações populares que tem ocorrido no Brasil nas últimas semanas Há mais de duas décadas não era presenciado um nível de mobilização popular tão intenso em nosso país, só comparada no último meio século em termos quantitativos às lutas pelas eleições diretas para presidente da república em 1984 e ao movimento que levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992. Mas aqueles episódios tinham motivos claros, previamente definidos por setores sociais e políticos fáceis de identificar no cenário nacional. Agora o momento é inusitado também pelo aspecto difuso tanto em termos de pauta de reivindicação quanto em termos de sujeitos sociais que propõe tais pautas.

Está claro que o estopim deste movimento foi a luta contra o aumento das tarifas do transporte coletivo em algumas cidades importantes do país, como Porto Alegre, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. O MPL (Movimento Passe Livre), existente no país há pouco mais de uma década, e caracterizado pelo apartidarismo, tem crescido em termos de capacidade de mobilização e em termos de aceitação popular da legitimidade de seus objetivos. Não é pra menos, dado o fato de que os investimentos públicos no país estão voltados para atender os interesses da indústria automobilística, fazendo o transporte coletivo ficar mais caro para o usuário do que o transporte individual, e tornando a mobilidade urbana um caos, um suplício cada vez maior para quem precisa deslocar-se nos grandes e médios centros urbanos. Chega-se a algumas situações absurdas de o tempo de deslocamento diário casa-trabalho-casa ser praticamente igual ao tempo da jornada de trabalho.

Outro movimento que estava pulsando há alguns anos eram os comitês populares dos chamados grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Os setores que organizavam este debate buscavam fazer ver o conjunto de mazelas sociais provocadas pelos poderes públicos para garantir a construção dos estádios e das condições consideradas (pelos organizadores) necessárias para o recebimento destes eventos. Milhares de famílias desalojadas de suas residências, com bairros inteiros sendo engolidos pela especulação imobiliária; bilhões de reais gastos para a construção dos estádios; aceitação pelo Governo Federal, pelo Congresso Nacional, pelos governos estaduais e pelos prefeitos de todas as condições impostas pela FIFA, como a zona de segurança em torno dos estádios, a garantia de amplo espaço de propaganda e comércio para os monopólios a ela associados, em detrimento do comércio tradicional dos moradores locais; a mudança de legislações importantes do país com o único fim de atender bem os interesses monopolistas da FIFA; a criação pelo Congresso Nacional (a pedido do governo federal) da lei de regime diferenciado de contratação, simplificando o processo de contratação de obras e serviços, o que consideraram uma necessidade para que o Brasil cumprisse os prazos estipulados pela FIFA para a construção da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo. No fundo, uma forma de simplificar os processos de concorrência pública, possibilitando ainda mais abusos das empreiteiras, na sua já bastante promíscua relação com certos operadores da “gestão pública”. Com relação a esta questão, as manifestações começaram a aparecer conforme se aproximava e iniciava o grande ensaio dos megaeventos: a Copa das Confederações.

Necessário também dizer que há pelo menos duas semanas o movimento popular transbordou para além destas questões específicas. A sociedade brasileira, dos mais diversos setores, tem saltado às ruas, cada qual com suas demandas específicas, mas na sua maioria empurrados por um sentimento de necessidade, impelidos por uma compulsão irrefreável. Dos escombros de décadas de inércia, de paralisia e de conformismo doentio explode uma avalanche de angústia, de indignação e de revoltas. Por certo que isso é provocado pelas iniqüidades históricas dos detentores de poder, seja ele político ou econômico. Todos aqueles partidos que governaram o Brasil nos últimos 50 anos, pelo menos, são responsáveis pela criação de toda essa onda de indignação que agora explode.

No fundo, a subordinação histórica dos governos e de todos os poderes do Estado aos interesses do grande capital. Os monopólios, todos eles, o latifúndio e o imperialismo têm mandado e desmandado nos rumos que os governos brasileiros devem seguir. Foi assim sob os governos militares ditatoriais (que, aliás, deram um golpe justamente para fazer isso, “modernizar” o capitalismo dependente); foi assim nos governos que se estabeleceram depois da “democratização lenta, gradual e segura” a partir da década de 1980; foi assim sob o reinado do “príncipe da sociologia” Fernando Henrique Cardoso; e, não com menor intensidade, tem sido assim nesta já completada uma década de governos do PT, com PCdoB e demais aliados, antigos ou de última hora.

Os brasileiros se decepcionaram com a campanha das diretas, que foi traída por algumas das figuras públicas que os grandes meios de comunicação (também monopólios privados) trataram de desenhar com heróis, como foi o caso de Tancredo Neves; se decepcionaram com o “salvador da pátria” Fernando Collor; se decepcionaram com Fernando Henrique Cardoso e sua proposta de “modernizar” o Estado brasileiro, mas que terminou por vender o que pode do patrimônio público aos monopólios privados do mundo e piorar as condições de vida as massas populares e mesmo dos setores assalariados até então bem remunerados. Por fim, tentando acertar, o povo brasileiro votou no PT, desenhado como “esquerdista” pelas grandes mídias, pois talvez aí estivesse a possibilidade de redenção.

Os governos do PT e aliados fizeram mudanças apenas superficiais na política do Estado brasileiro. Mantiveram a macro política econômica herdada de FHC, inclusive no que tange a continuidade das privatizações de setores estratégicos, como o petróleo, que continua sendo leiloado sem a menor necessidade de autocrítica de seus arautos tidos como teóricos respeitáveis. Os governos do PT intensificaram o processo de inserção do capitalismo no campo, com a aceitação dos transgênicos, com a priorização para a produção dos biocombustíveis (álcool e biodiesel) em detrimento da produção de alimentos, o que tem provocado um aumento acelerado do preço da cesta básica, justamente o que mais pesa no orçamento dos trabalhadores e das grandes massas empobrecidas do pais. Os governos do PT e aliados aprofundaram ainda mais os ataques à previdência, levando à pobreza setores bem remunerados no passado e que, como aposentados, foram atirados à miséria (e ainda há mais ataques desta natureza no Congresso Nacional, como o chamado Acordo Coletivo Especial). Os governos do PT e aliados continuam flexibilizando os direitos trabalhistas; os governos do PT e aliados intensificam o processo de transferência para a iniciativa privada de recursos para a administração de serviços essenciais, como saúde e educação.

Como resultado dessa política, temos o enfraquecimento do serviço público justamente naquilo que interessa às amplas massas populares: saúde, educação, segurança, assistência social, pois até isso tem sido considerado espaço de lucro privado para setores da burguesia interna e, inclusive, externa.

Registre-se que os governos do PT e aliados, tirando dos setores médios, fez políticas compensatórias pontuais um pouco menos tacanhas em favor dos muito pobres. Isso ajudou a aquecer o mercado interno, contribuindo também para o crescimento econômico, mesmo que limitado, que ocorreu durante alguns dos últimos dez anos. Ao mesmo tempo, os monopólios foram mais agraciados do que imaginavam que seriam por um governo oriundo de setores populares. Todas as grandes políticas governamentais, mesmo que anunciadas em favor dos pobres, foram um generoso pasto para lucros milionários dos monopólios. Ficou ainda mais nítido nos últimos anos que o Brasil é uma república das empreiteiras, do agronegócio, dos bancos, dos monopólios automobilísticos, mesmo que se continue a fazer juras de amor aos pobres.

O povo brasileiro, cansado dos outros partidos, os da direita tradicional, votou no PT para ver se o Brasil mudava. Depois de dez anos percebeu que não mudou! E o pior é que a maioria do povo ainda considera essa gente toda que compõe o bloco governista da última década como de esquerda, o que é um grande desserviço a qualquer projeto de transformação social, que só pode ser feito pela esquerda de verdade.

Falávamos no começo que o estopim de todo o movimento que sacode o Brasil há duas semanas foi a luta contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Todos os outros elementos, somados aos abusos de gastos e procedimentos para a Copa, e também à brutalidade com que as polícias militares dos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro trataram o movimento popular, levaram ao transbordamento do imenso tonel de indignações, angústias e desilusões guardadas no subconsciente coletivo da população brasileira. E isso empurrou para as ruas diversos setores sociais, desde os trabalhadores medianamente esclarecidos, passando pela nova geração da chamada classe média empobrecida, até uma certa elite urbana, tão idealista e despolitizada quanto predisposta a aceitar qualquer discurso reacionário.

Como é sabido e debatido entre nós, a esquerda está muito frágil e desorganizada no Brasil, principalmente porque os setores que hoje estão no Governo Federal nasceram com discurso de esquerda, se apropriaram das organizações populares à partir do final da década de 1970, e continuam dirigindo, cada vez mais à direita, as principais entidades de massa dos explorados e oprimidos, como a CUT, a UNE, etc. O que podemos hoje considerar de esquerda são partidos e grupos com pouca expressão nos meios populares, e as amplas massas ainda não os consegue distinguir com clareza dos governistas PT e PCdoB.

As forças da ordem começaram por reprimir violentamente as mobilizações populares por transporte público mais barato e eficiente, como, aliás, sempre fazem. Mas, em virtude de outros descontentamentos e como resposta à repressão, outros setores se foram somando aos estudantes do Movimento Passe Livre e de movimentos semelhantes. Ficou difícil de reprimir, e então as forças da direita tradicional optaram por aderir ao movimento, e, até onde for possível, estão com a tática de infiltrar-se prática e ideologicamente no movimento, no sentido de dirigi-lo. De um dia para o outro os grandes meios de comunicação, sempre tão monolíticos em ignorar ou criminalizar as lutas populares, passaram a exaltá-la. Do ódio visceral, passaram a colocar na pauta, mostrando um abstrato “movimento legítimo e cívico da sociedade brasileira contra a corrupção e o mau uso dos recursos públicos”.

Esse novo tom apresentado pelas grandes mídias trouxe diversos outros setores para o movimento, e algumas outras pautas, como a luta contra a PEC 37, o combate à corrupção. Não há dúvida que a PEC 37 devia ser soterrada, e já o foi, porque era uma bandeira corporativa dos delegados de polícia e porque interessa a alguns (ou vários) corruptos que o Ministério Público fique fora das investigações, atendo-se ao exercício protocolar de receber processos das polícias e encaminhá-los burocraticamente ao judiciário.

Evidente que para a direita, mais golpista ou menos golpista, interessa ficar pisando e repisando apenas na questão ética. Eles não poderiam mesmo concordar com a avaliação de que o problema central do povo brasileiro seja a subordinação das instituições estatais aos interesses dos monopólios, do latifúndio e do imperialismo. Se conseguirem manter a massa lutando apenas contra a corrupção, preservarão seus próprios domínios, dificultando que haja a compreensão de que é preciso avançar para derrubar outros castelos, aqueles que impedem o país de dar um passado à frente. Até mesmo a luta por empresas públicas de transporte coletivo, com gratuidade dos serviços, uma pauta que pode ser cumprida sem que se comprometa o capitalismo, é ruim para a direita brasileira. Aliás, esse é um dos muitos problemas não resolvidos pela direita brasileira, e que os governos do PT e aliados não se dignou a colocar na pauta, depois de dez anos governando o país.

As amplas e difusas mobilizações populares que têm ocorrido no Brasil estão em disputa. A esquerda leva a desvantagem de estar desorganizada e de ser muito pequena neste momento, mas leva a vantagem de ter condições de absorver em seu programa todas as pautas legítimas desse amplo movimento, à exceção da sanha golpista de uma minoria infiltrada. A direita leva a vantagem de ter os grandes meios de comunicação em suas mãos, e de controlar o conjunto das instituições do Estado, mas leva a desvantagem de não ter condições de absorver em seu programa a imensa maioria das demandas populares que estão enchendo as ruas. À direita, resta a tentativa de continuar confundindo as massas, com palavras de ordem vazias e com concepções conservadoras. À esquerda, resta o desafio de realizar todos os debates que a sociedade está trazendo, sem preconceito de origem social de parte dos manifestantes, sem medo de perder no debate.

A esquerda precisa entender, no entanto, que mais importante que lutar por suas bandeiras partidárias deve ser colocar no meio da praça suas bandeiras programáticas. Temos visto em todos os lugares do Brasil, também porque a grande mídia tem feito questão de divulgar, que em muitos momentos a atuação tática restringe-se a discutir e combater para que as bandeiras dos partidos não sejam proscritas das manifestações. Evidente que o direito à manifestação do pensamento inclui a possibilidade de levantar uma bandeira, seja ela de partido, de sindicato, de movimento popular, de luta específica. Não resta dúvida de que o antipartidarismo esboçado nos últimos dias é expressão do que existe de mais atrasado na política nacional, e até mesmo é possível afirmar que seja uma tática da direita radical, procurando fazer uma batalha campal por causa disso, o que também ajudaria a afastar as massas do debate daquilo que deveria ser sua pauta mínima. Por outro lado, essa direita precisa evitar que as atuais pequenas organizações populares de esquerda acabem se tornando referência para toda essa massa que está indo às ruas.

Esta direita radical está usando o legítimo sentimento do povo de desconfiança com relação aos partidos, incluindo os de esquerda, para afastá-la das posições programáticas da esquerda. E a esquerda não pode cair nessa armadilha! Deve perceber que mais importante do que levantar uma bandeira do partido é difundir o conteúdo programático de cunho transformador.

É preciso que haja algum fato concreto de importância central para que se possa afirmar a tese de que esse movimento é inteiro ou majoritariamente golpista. Esse é um erro de avaliação espetacular, só justificado pelo desconforto brutal por que passam militantes do PT e do PCdoB. Não se pode agora abandonar as massas populares aos prazeres da direita radical que, se não por um golpe, com certeza quer voltar a governar o Brasil, a partir das eleições do ano que vem.

No entanto, queremos dizer que não coadunamos com as posturas que visam combater o governo federal pela direita. Não nos somamos aos gritos de impeachment e do “fora Dilma” para os quais setores da direita pretendem canalizar a justa indignação do povo brasileiro. Não porque o governo Dilma esteja indo bem, ou pelo menos de forma razoável, mas porque a esquerda não tem condições organizativas de assumir o poder neste momento, e a saída do PT e aliados do governo levaria ao retorno da direita radical. É verdade que não se trata de um movimento de massas de caráter golpista, ou mesmo fascista. Contudo, precisamos reconhecer que no interior desse movimento há sim organizações e bandos golpistas e fascistas que pretendem manipular as aspirações democráticas que movem a grande maioria do povo que está na rua. Ocorreram agressões pelo país a fora a militantes de esquerda, a militantes das causas LGBT´s, das mulheres, dos negros e indígenas. Isso demonstra a existência desses grupos e exige que os comunistas também construam, com o restante da esquerda, esquemas de segurança e blocos de ação conjunta nas manifestações sem que haja um afastamento do conjunto da massa. Ao mesmo tempo, precisamos ficar atentos às movimentações do imperialismo, como na recente mudança da embaixada estadunidense no Brasil, para a qual Obama nomeou Liliane Ayalde, nome que atuou na embaixada paraguaia nos anos que antecederam o Golpe parlamentar contra Fernando Lugo.

O momento é de fazer todo o esforço para inserir-se o máximo possível dentro dos setores populares que estão indo às ruas, especialmente entre os estudantes, a juventude em geral, os setores proletarizados, ou seja, colocar na ordem do dia as bandeiras programáticas que são justas e necessárias. Só em torno das bandeiras programáticas que é possível construir unidade de verdade entre a esquerda e não em tentar trazer uma ou outra sigla que há muito já abandonaram nosso lado da trincheira.

Elencamos aqui um conjunto de pautas que devemos privilegiar em nossa participação neste momento de ebulição popular, buscando construí-las com o conjunto da esquerda combativa. Não se trata de exigir que todos assumam esse programa de exigências, mas de termos um guia para ação, favorecendo a construção de unidades de programa que visem canalizar as aspirações do povo que tem tomado as ruas. No entanto, é importante enfatizar que a pauta do transporte coletivo segue sendo uma das que possui mais adesões e possibilidades de unidade, sendo também a pauta que mais deveremos enfatizar nos atuais processos de luta.

Lutamos por:

1 – TRANSPORTE: Luta pela municipalização com a criação de empresas públicas de transporte, com vistas à gratuidade dos serviços. No momento, cerrar fileiras pela redução imediata do preço das tarifas e para que a definição do preço da tarifa seja retirada da mão dos empresários, como forma de enfrentar e desarticular esta máfia. Lutar pela garantia de mobilidade urbana como um direito fundamental de todos, e um dever do Estado;

2 – SAÚDE: Lutar pela saúde pública, gratuita, estatal, universal e de qualidade, pela manutenção do SUS 100% público. Fim da gestão terceirizada e de todas as formas de privatização e elitização da rede pública de serviços de saúde: “organizações sociais” (OSs), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), fundações estatais de direito privado e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), reconhecendo a inconstitucionalidade das mesmas. Por concursos públicos até que se preencham todas as vagas nos estabelecimentos públicos. Contra os monopólios da indústria farmacêutica e qualquer outra forma de exploração monetária da vida. Pela valorização de todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, jornada de 30 horas, com carreira digna e salários adequados.

3 – EDUCAÇÃO: Construir as condições para desmercantilizar e formar uma educação universal, pública, gratuita, laica, crítica, criadora e voltada à transformação e emancipação social. Por imediatos 10% do PIB para a educação, pública e gratuita em todos os níveis, com implantação da Lei do Piso para os professores e melhoria salarial para os demais trabalhadores da educação. Mais concursos públicos e mobilização para erradicação do analfabetismo. Mobilização pela construção da universidade crítica, criadora e popular;

4 – SEGURANÇA PÚBLICA: Pela desmilitarização das polícias e dos bombeiros, com mais investimento em segurança da população. Valorização dos profissionais da segurança pública. Contra o uso das polícias para reprimir manifestações públicas legítimas e contra a criminalização dos movimentos sociais. Pela democratização das instituições de segurança e constituição de mecanismos efetivos de controle social. Contra a redução da maioridade penal;

5 – DEFENDER E AMPLIAR AS CONQUISTAS TRABALHISTAS: recuperação dos direitos subtraídos por meio da “flexibilização” e revogação das reformas de Lula e de FHC. Combate ao Acordo Coletivo Especial. Pelo fim imediato do fator previdenciário. Redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Que todos os recursos constitucionais que deveriam ser destinados à seguridade social (saúde, previdência e assistência social) sejam redirecionados ao seu fim, e que o governo seja impedido de conceder incentivos desta natureza aos monopólios, como tem feito reiteradas vezes, desde Collor e FHC, até Lula e Dilma. Garantia dos direitos sindicais e defesa da livre organização dos trabalhadores.

6 – COMBATER OS MONOPÓLIOS E O IMPERIALISMO PARA UM DESENVOLVIMENTO COM SOBERANIA: Pela auditoria da dívida pública externa e interna com suspensão imediata do pagamento. Reestatização das empresas estratégicas entregues aos monopólios privados nas últimas duas décadas. Pela suspensão dos leilões de poços de petróleo e pela Petrobrás 100% estatal, extinguindo-se a Agência Nacional de Petróleo, e redirecionando-se o funcionamento e o excedente econômico do monopólio público para fins públicos e a solução dos problemas sociais. Pela suspensão de todos os incentivos fiscais, financeiros e estruturais aos monopólios privados, bem como pela cobrança das dívidas com os bancos públicos.

7 – AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DO POVO E COMBATER AS REAIS CAUSAS DA CORRUPÇÃO: Criar instituições de democracia direta e “Conselhos populares” (conselhos por local de moradia, conselho de trabalhadores, conselhos camponeses, etc.) como órgãos de luta e de deliberação sobre as políticas a serem praticadas pelos governos, em todos os níveis. Financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais e pela possibilidade de revogabilidade dos mandatos;

8 – AMPLIAR AS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS: combate a todas as formas de opressão, preconceito e injustiça. Direito da mulher a dispor do próprio corpo, inclusive ao aborto em rede pública de saúde. Garantia aos direitos das populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Ampliação das atribuições da “Comissão Nacional da Verdade” para a apuração dos crimes cometidos e acobertados durante o regime ditatorial, com averiguação dos fatos e punição aos culpados na forma da lei. Democratizar os meios de comunicação, com revisão das concessões de rádio e TV, eliminação do favorecimento político e de acordo com o interesse público.

9 – REALIZAR A REFORMA AGRÁRIA: expropriação de todos os latifúndios que tenham dívidas de impostos ou de investimentos públicos. Por um plano de reforma agrária abrangente, com mudanças econômicas, sociais e políticas no meio rural. Incentivo público para a produção de produtos alimentícios livres de agrotóxico, em especial pela agricultura familiar, por cooperativas de produtores, por empreendimentos públicos em áreas desapropriadas do latifúndio monocultor.

10 – REALIZAR A REFORMA URBANA: Instituir o direito à cidade, com vida digna e saudável que permitam o uso pleno dos momentos e lugares, integrando-se todos os cidadãos, especialmente o povo pobre hoje rechaçado para as periferias. Universalização do saneamento básico. Reconhecimento da luta pelo direito à cidade através das ocupações urbanas como instrumento de organização popular e regularização fundiária dessas e de outras áreas que sejam de interesse das comunidades. Combater as práticas de operações urbanas que direta ou indiretamente removem as populações mais pobres de áreas já consolidadas em favor do interesse do capital (a exemplo das obras dos megaeventos, como a Copa). Combate à especulação imobiliária nas cidades, com a democratização do solo. Garantir moradia para todos.

Estes e outros pontos fazem parte, grosso modo, do nosso programa mínimo de atuação. No momento em que milhões de brasileiros vão às ruas, não podemos nos perder em aspectos secundários da política, em táticas sectárias ou em abstrações exageradas. Se conseguirmos fazer avançar a consciência dos setores mais proletarizados desta imensa massa estaremos cumprindo nosso objetivo, e com certeza avançando no caminho da revolução brasileira.

Pela construção de uma Frente anti-imperialista, antimonopolista e antilatifundiária!

Rumo ao socialismo!

Brasil, 26 de junho de 2013.

POLO COMUNISTA LUIZ CARLOS PRESTES

Dagoberto y Jonás

25 de Junio de 2013 El Dagoberto del título, como ustedes supondrán, es Dagoberto Gutiérrez: una persona a la que muchos admiran por su talante reflexivo, su trayectoria política y su condición moral. Jonás, claro está, es Jorge Meléndez: uno de los presuntos asesinos del poeta y revolucionario Roque Dalton.

La historia siempre nos depara sorpresas, giros que sacuden las imágenes que nos habíamos formado de ciertos hechos y ciertas personas. A Gutiérrez se lo ha visto en los últimos años como una especie de reserva moral de la izquierda y por eso desconcierta su diálogo con una figura que aun no ha clarificado ante la opinión pública un oscuro pasaje de su biografía política.

Hace poco, en una entrevista, pusieron contra las cuerdas a Dagoberto por ese diálogo político que ahora mantiene con Jonás. Felicito al entrevistador, David Ernesto Pérez, por poner en dificultades a una conciencia tan reflexiva. Por un momento, el juego de las preguntas y las respuestas adquirió la dimensión de un diálogo platónico. Pérez, un periodista mayéutico, interrogó a Dagoberto sobre la legitimidad de Jonás como jefe de un partido. Y las respuestas del dirigente del MNP se tambalearon como las ideas de un boxeador al que le han propinado un buen golpe.

Acorralado, Dagoberto armó su defensa y trazó la moderna distinción entre los ámbitos de la moral, la política y la historia. Estas dimensiones pueden separarse analíticamente con el propósito de hacer juicios relativamente objetivos y cálculos políticos realistas. Pero un político sabio nunca olvida las implicaciones éticas de sus juicios y cálculos prácticos. Para Gutiérrez, además, el asesinato de Dalton –como la revolución rusa y el asesinato de Trotsky– ya es un hecho histórico cuyo análisis no debería mezclarse con la moral ni afectar las decisiones que hoy nacen de una política ajena a la pureza. Si esto es así, y no lo malinterpreto, Dagoberto piensa de modo semejante a Mauricio Funes y como muchos dirigentes del FMLN.

Para que Gutiérrez advierta la complejidad del caso, le recomendaría que se acercase a los familiares del poeta y les dijera que su asesinato ya es un hecho histórico, un fenómeno del pasado que debe analizarse con el lenguaje de las ciencias sociales. Está claro que los familiares de la víctima no admitirían de buena gana “ese punto de vista restrictivo” porque para ellos esa muerte, aunque ya sea un hecho histórico, es un duelo que permanece vivo y que se renueva al ver la vida pública de los presuntos asesinos. Ni el cálculo político realista, ni el análisis sociológico, ni las precisiones jurídicas (siempre tan relativas y modificables) pueden negar la existencia y la actualidad de ese duelo familiar y el conflicto que plantean sus demandas de justicia.

Por otro lado, Roque Dalton es un mito y aunque la muerte del mito pueda localizarse en un punto del tiempo histórico siempre es una muerte que sucedió ayer mismo y por la cual el pueblo guarda un luto colectivo que se renueva cada mes de mayo. Esto trasciende el derecho y los juegos de poder para ubicarse en otra dimensión. El tiempo del mito es otro. Quienes asesinaron al poeta se echaron encima una losa de cuyo peso simbólico va a ser bastante difícil que escapen. Todos los protagonistas de aquel crimen, los que siguen teniendo una vida pública, saben que el asesinato de Dalton los ha dejado medio muertos, por mucho que ahora destaquen en su nuevo rol de consejeros del príncipe o de fundadores de partidos políticos.

Y hay algo más. Quienes participaron en aquel asesinato no han podido salir airosos y limpios del fango en que ellos mismos se metieron. En vez de aclarar los hechos y asumir con nitidez sus responsabilidades se han dedicado a enturbiar las aguas del asunto, posiblemente con el objetivo de salvar sus ambiciones de poder. Si el duelo por Dalton se vuelve contra ellos es porque tampoco han sabido asumir la verdad y las consecuencias de lo que hicieron ante la familia del poeta y ante el pueblo. Cuando Meléndez nos dice que la muerte de Roque fue un proceso y no un asesinato revela que, muchos años después del crimen, no está dispuesto a asumir la verdad.

En el mejor estilo sofista, Jonás nos quiere presentar la muerte de Roque como si hubiera sido la culminación de “un proceso legal revolucionario”, como si hubiera sido la ejecución emanada de un órgano de la justicia popular. Tal como hizo el nazi Adolf Eichmann, el antiguo dirigente del ERP diluye su responsabilidad personal en la decisión colectiva y los procedimientos institucionales. Se le puede preguntar a Dagoberto ¿Qué confianza merece un político que ante un asunto tan complejo es capaz de auto-engañarse con triquiñuelas de abogado?

Aquí no se discute si Jonás tiene principios –seguramente los tiene–, se discute cómo daña a sus principios y a su legitimidad moral como político el que no haya clarificado públicamente su participación en el torticero asesinato de Roque Dalton.

Lamento que el líder del MNP repita las mismas palabras de Joaquín Villalobos y hable de este caso como de “un error”. Llamar error a lo que pasó en mayo de 1975 es un eufemismo, un intento de maquillar lo que en verdad fue una acción torticera. Eso que Dagoberto llama “error histórico” y que Meléndez denomina “proceso” no fue más que un turbio, alevoso y vulgar asesinato político; uno de esos crímenes que a veces perpetran los mafiosos o los pistoleros, cuando dirimen quién es quién en sus jerarquías internas de poder. Para justificar el crimen previsto, los asesinos montaron la pantomima de un juicio. Stalin, el oscuro, también montó juicios –con sus pertinentes acusadores, defensores y acusados– para darle una pátina legal a la eliminación física de sus adversarios políticos. A los dudosos juicios estalinistas también se les llamó “procesos”. Con las elegantes y neutras palabras se pueden dulcificar los más oscuros crímenes.

Quienes decidieron y ejecutaron la muerte de Dalton y de Pancho habían caído en un profundo agujero moral. Aquellos años dentro del ERP son dignos de ser trasladados al universo de la novela negra: se inició la caza de los miembros de la RN; los cazadores también se mataron entre ellos, así murió Vladimir Rogel; otro de los asesinos de Dalton, anticipando que también lo eliminarían, huyó con el dinero de los secuestros. Díganme ustedes, si no había algo ahí que estaba profundamente podrido y que no merece ennoblecerse con palabras como “error” o “proceso”.

No se hace un bien a la historia ni a la conciencia moral de la izquierda ideando subterfugios para eludir la cruda realidad. Me sorprende que a Jorge Meléndez le incomode que se le llame asesinato a lo que fue un turbio asesinato. A nadie le gusta que lo llamen asesino, pero si las cosas fueron así, no hay más remedio que aceptarlo. Peor es matar y después tapar el crimen con mentiras y auto-engaños.

Comprendo que si hay que negociar se negocia, pero sé que no se puede negociar a cualquier precio. Comprendo que hay que negociar, pero también sé que hay negociaciones y negociaciones ¿Qué papel juegan las bases del MNP en la actual conversación con Jorge Meléndez? ¿Participan o son meras invitadas de piedra?

El líder del MNP no quiere que una moral enemistada con el realismo comprometa sus movimientos. El caso es que su oposición al FMLN, en los últimos años, ha tenido un acento ético muy fuerte. De ahí que se mire a Dagoberto Gutiérrez como a una figura “con principios”. Es normal que aquellas personas a las que ha dado esperanzas en la posibilidad de una izquierda “honesta”, ahora se pregunten dónde pone Dagoberto “los principios” hoy que dialoga con un dirigente que no ha esclarecido de forma satisfactoria un pasaje turbio de su biografía.

Como ciudadano no me acaba de convencer el MNP. No sé hasta qué punto es nuevo en realidad. A pesar de eso, creo que las figuras como Dagoberto son necesarias en nuestra izquierda. Lamentaría que por culpa de una mala decisión suya, un sector de sus propios seguidores y de la opinión pública lo acabaran devorando.

Visión crítica de los Derechos Humanos y de la CIDH, para una nueva emancipación continental

El objetivo de la presente ponencia es vincular la necesidad de re-pensar las visiones acerca de los Derechos Humanos, junto a la necesidad de re-pensar a sus instituciones-clave, así como reflexionar la praxis misma de promoción y defensa de los derechos, analizadas a partir de su contextualización. A partir de dicha direccionalidad, conviene en primer lugar hacer una revisión somera del sistema interamericano de derechos humanos existente, es decir, de “lo que tenemos”, a fin de dilucidar los elementos que nos permitan proponer frente a ello una alternativa, y por lo tanto, poder esbozar lo que posteriormente “podemos tener”.

a. ¿Qué tenemos?.

Como institucionalidad existente se ha construido un “sistema interamericano de derechos humanos”, el cual a la luz de sus orígenes socio-históricos es tributario tanto ideológica como políticamente del sistema denominado “universal” (o de Naciones Unidas). En dicho Sistema se busca dar vigencia a todo un entramado jurídico internacional, fundamentado en normas presuntamente “universales”, que serán aplicadas y replicadas a nivel regional, mediante normatividades concomitantes creadas, desarrolladas y validadas a través de una institucionalidad igualmente regional: Comisión interamericana, Corte Interamericana, Relatorias de Derechos Humanos, etc.

b. ¿Desde dónde opera o sobre cuáles presupuestos?.

Dicho sistema tiene como fundamento una visión de los derechos humanos que los visibiliza explícitamente como normas de obligatorio cumplimiento para los Estados signatarios, caracterizadas como inalienables, innatas, inherentes, inviolables, etc. Lo que no es visibilizado en dicho discurso o relato, es que dicha visión permite operativizar o instrumentalizar una cosmovisión en la cual los derechos individuales son situados jerárquicamente por encima de los derechos colectivos, y en consecuencia, ubicando los derechos de las personas individualmente consideradas como superiores a los derechos de los pueblos y comunidades. Es decir, que la visión de los derechos humanos que se nos oferta en este sistema, en realidad oculta – tras una discutible “neutralidad valorativa”- una agenda ideológica y política así como una epistemología, ambas de corte liberal.

c. ¿Cómo opera el sistema?.

Desde el punto de vista hermenéutico, la normativa de derechos humanos que emana de dicho sistema, es objeto de dispositivos regulatorios que suponen la aplicación de una hermenéutica exclusivamente técnico-legal de los textos jurídico-positivos contentivos de dichos derechos, los cuales epistemológicamente se encuentran a priori confinados a los reduccionistas marcos lógicos de la cosmovisión occidental, capitalista y patriarcal del mundo, que en ocasiones deriva también en diferentes formas de racismo epistémico.

Desde el punto de vista operativo, la aplicación de dicha visión parte de una creencia profundamente arraigada (de naturaleza liberal-burguesa) acerca de la plena capacidad de las instituciones – generadas en el seno del capitalismo – para poder resolver con algún grado de eficacia, las graves contradicciones y crisis estructurales que el sistema-Mundo promueve y reproduce a escala global y continental.

Desde el punto de vista filosófico, la visión de derechos humanos presente en el sistema interamericano, se adscribe al enfoque clásico de los Derechos Humanos, cuyo ethos es decididamente eurocéntrico. De este modo, la defensa práctica de los derechos humanos supondrá – y necesariamente devendrá – en una lucha en ocasiones frontal en contra del poder político que detente todo Estado (o todo Gobierno), sea del matiz que fuese, que junto a la consideración jurídico-formal de éstos como únicos y exclusivos responsables de la violación de los derechos humanos, son premisas del pensamiento jurídico y iushumanista de carácter liberal, neoliberal y conservador del status quo capitalista global.

d. ¿Quiénes operan en el Sistema?.

En primer lugar, operan los Estados- Parte del sistema interamericano, entendidos alternativa y simultáneamente como únicos violadores y principales garantes de los derechos humanos.

En segundo lugar, las instituciones generadas por el sistema: la Comisión interamericana y la Corte interamericana. Al abordar contextualmente dichas instituciones, dejan de ser observadas como “entelequias” jurídicas para ser analizadas entonces como entidades sociológicas: observamos que en la práctica son impulsadas por personas con adscripciones socioculturales concretas. Asimismo, cuando se detallan los orígenes sociales, culturales y académicos de los miembros de dichas entidades (Comisión, Corte) se observa que los mismos – salvo pocas excepciones- han recibido parte fundamental de su trayectoria profesional y (sobre todo) académica, en instituciones educativas que defienden los enfoques clásicos del Derecho (de raigambre occidental, liberal, capitalista, patriarcal, e incluso, racista), de corte netamente disciplinario, y más específicamente, tributarios ideológicamente de doctrinas políticas, sociales y culturales eurocéntricas y anglocentricas (norteamericanas). Es decir, que tienen su lugar de enunciación en las “epistemologías del Norte” hegemónicas.

De este modo, desde la hermenéutica jurídica desarrollada o implementada por los miembros de dichas instituciones interamericanas, es casi inevitable la reproducción de los marcos ideológicos y epistemológicos dominantes, de sus sesgos ideológicos y políticos, de sus discursos uniformadores y de sus relatos unilineales y unidimensionales, así como de los prejuicios sociales y culturales propios de las sociedades de las que se provienen dichos miembros.

En consecuencia, el destino en materia de derechos humanos de Pueblos enteros, queda condicionado a la voluntad decisoria o a la “sapiencia ilustrada” de personajes “altamente reconocidos” en el ámbito de los derechos humanos – tal como los concibe unívocamente el sistema liberal-capitalista-, que por razón de este mismo hecho los incapacita para abordar las realidades sociodiversas del continente desde marcos ideológicos y epistemológicos diferentes (tales como desde “los derechos colectivos”), y por lo tanto, colocándose “de espaldas” a estas realidades, o buscando subordinarlas etnocentricamente a lógicas y procesos reduccionistas, asimilatorios, y disciplinarios. Igualmente, dicha visión los inhabilita para percibir, conocer y reconocer, comprender, y (mucho menos) compartir, los profundos procesos de transformación que se están desarrollando y protagonizando colectivamente en nuestro continente, promoviéndose de este modo injusticias cognitivas y cegueras epistemológicas.

En función de lo expuesto, es pertinente también preguntarse: ¿si acaso los miembros de dichas instancias normativas (Comisión, Corte) estarán exentos de prejuicios o condicionamiento socioculturales?, o ¿si serán asépticos ideológica y políticamente?. ¿Acaso dichos miembros no provienen de trayectorias intelectuales y políticas muy concretas y determinables, que comprometen la pretendida “neutralidad” política y valorativa de sus interpretaciones y decisiones?. Sostenemos que dicha presunta “neutralidad” (imparcialidad o “independencia”) no puede sustentarse fácticamente, y por el contrario, es utilizada ideológicamente para disimular y encubrir afiliaciones políticas e ideológicas implícitas, generalmente inconfesadas. Tal como lo reveló muy bien el Obispo Desmond Tutu:“Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor”. Por lo tanto, no puede plantearse neutralidad política ni valorativa alguna frente a contextos continentales y geopolíticos en donde predominan las diferentes asimetrías de poder establecidas sociohistóricamente por un capitalismo patriarcal, neoimperial o neocolonial.

Por último, y en tercer lugar, tenemos a las autodenominadas “Organizaciones No Gubernamentales”(u ONG´s), las cuales en sus prácticas de derechos humanos se adscriben con absoluta rigurosidad a las premisas, dinámicas y esquemas de funcionamiento liberales establecidas por el sistema interamericano para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, por lo que casi sin excepciones asumirán la evaluación, seguimiento y monitoreo de casos individuales de violación de derechos humanos, atendiendo uniformemente a las situaciones coyunturales, mediante el clásico abordaje disciplinario, casi exclusivamente jurídico y desde un enfoque eminentemente liberal, en materia de abordaje y procedimientos de defensa de los derechos humanos.

e. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta praxis de los derechos humanos desde el ámbito del sistema interamericano?.¿Cuál es la finalidad de su racionalidad subyacente?

Cuando exploramos el contenido político-ideológico de los procesos resultantes de la operatividad del sistema interamericano en sus distintos ámbitos, encontramos que:

1. Desde el punto de vista teórico: dicho sistema se adscribe a una visión ortodoxa eminentemente liberal de los derechos humanos, que es cónsona a las formas de ordenamiento hegemónicas establecidas por el Capital Global, por lo que desde diferentes dimensiones (cognoscitivas, epistemológicas, ideológicas, políticas) busca reforzar y consolidar las posiciones ya existentes de los detentadores reales del Poder Mundial;

2. Desde el punto de vista geopolítico: ésta visión hegemónica de los derechos humanos ha sido y es utilizada de manera sistemática y estratégica como herramienta de dominación continental, coyunturalmente en contra de los Gobiernos populares de carácter progresista (que no se subordinen a las agendas y pretensiones neoimperiales), y estructuralmente, en contra de las legitimas aspiraciones sociohistóricas de los Pueblos de la región que buscan su definitiva emancipación;

3. Desde el punto de vista militar: esta praxis de los derechos humanos es consustancial a las estrategias de “guerra de baja intensidad” o de “guerra asimétrica” (o de “cuarta generación”) aplicadas contra nuestros países por el hegemón hemisférico (EE.UU.), que busca alinear socioculturalmente a nuestras poblaciones nacionales dentro de sus ideologías neoconservadoras y neocoloniales, ganando las “mentes colectivas” de nuestro continente hacia una “naturalización” de las asimetrías de poder y de las desigualdades existentes;

4. Desde el punto de vista económico: la visión de los derechos humanos presente en el sistema interamericano es completamente cónsona con la implementación progresiva del “Mercado Total”, mediante los Planes de Ajuste Estructural (PAE) o los Tratados de Libre Comercio, diseñados como políticas neoliberales para el todo continente por los Entes Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.) o regionales, y que al final, significará la total subordinación del orden jurídico internacional en materia de Derechos Humanos a las leyes de derecho mercantil internacional (Lex Mercatoria) y su abdicación en favor del orden político y social diseñado por el Capital Transnacional;

5. Desde el punto de vista político: la praxis de los derechos humanos del sistema interamericano deviene en la aplicación de los llamados “dobles estándares” en materia de derechos humanos: es decir, a partir de una institucionalidad estructuralmente liberal, se realizará la aplicación sesgada, selectiva, asimétrica y discriminatoria de los criterios o cánones (presuntamente “universales”) de derechos humanos, según la ubicación de cada país en el ajedrez geopolítico y económico previamente establecido por las potencias neoimperiales. Un rol importante en esta praxis es cumplido por los eufemísticamente denominados “Medios de Comunicación” (que preferimos denominar: medios de difusión de propaganda).

De este modo, se busca desde la agenda hemisférica neoimperial, fundamentar o justificar iniciativas diplomáticas hostiles contra los Gobiernos populares de carácter progresista y/o contra sus Pueblos, promoviendo la “urgencia” o necesidad perentoria de algún tipo de intervencionismo, sea unilateral, multilateral, o preventivo, con el fin de poder llegar a instalar en los “países amenazantes” algún tipo de “Democracia de Baja Intensidad”, que administre bajo formatos neoliberales “derechos humanos” también de baja intensidad. Desde la mirada de la institucionalidad interamericana, se tratará de instrumentalizar al sistema interamericano de derechos humanos, como arma política para la presunta legitimación de la aplicación (supuestamente no arbitraria) de las medidas sancionatorias contenidas en la Carta Democrática Interamericana en contra de los países caracterizados por el Imperio norteamericano como “insubordinados”.

También en este escenario juegan un papel relevante algunas ONG´s, que al desarrollar y subordinar su praxis de derechos humanos a los valores y esquemas del sistema hegemónico, funcionan directa o indirectamente, consciente e inclusive insconcientemente, como fachadas o “mamparas” de los intereses y estrategias del Capital Transnacional. De otra parte, cuando muchas Organizaciones No Gubernamentales hacen depender internamente sus agendas (e inclusive sus planificaciones y pautas de funcionamiento) a las posibilidades de financiamiento internacional (mejor decir, transnacional), comprometen de dicho modo la pretendida “neutralidad”, independencia o “imparcialidad” que públicamente gustan mucho de enarbolar.

Así descritas, con las excepciones de rigor, muchas ONG´s de Derechos Humanos terminan siendo “presas fáciles” de las estrategias de intervención política, económica y cultural diseñadas para nuestros países, incluso inoculando en el propio cuerpo social las agendas ideológicas y políticas ocultas de los sectores de la dominación mundial; y permitiendo así (por acción u omisión) la construcción de la supremacía supraconstitucional de la Lex Mercatoria, y el debilitamiento (o desaparición) de la soberanía nacional y regional a favor de la “soberanía” jurídica transnacional del Capital Transnacional.

Descrito así “lo que tenemos”, en el Sistema interamericano de derechos humanos, puede afirmarse que tal institucionalidad, observada como un todo (principios, organización, funcionamiento) de naturaleza liberal y formas burguesas, es plenamente consustancial a los esquemas e instituciones de poder del Capitalismo Global, y por lo tanto, forman parte estructural de la estrategia de ofensiva final (contra-revolucionaria y salvaje) del Capitalismo Global contra todos los Pueblos del mundo. En tanto el Capitalismo Global se encuentra en situación de crisis estructural, el modelo liberal contenido en el sistema interamericano se presenta en la presente coyuntura mundial y regional, como un modelo inadecuado, agotado e incluso, insostenible.

En razón lo expuesto, es pertinente preguntarse: ¿Qué necesitamos entonces hacer?.

Para dar respuesta a los nuevos tiempos históricos, no sólo de la coyuntura continental, sino también global, nuestros Pueblos requieren imperativamente la construcción de nuevas visiones, teorías y praxis, de contenido alternativo, revolucionario y emancipador, cónsona con los desafíos que colectivamente enfrentamos, y que sean adecuadas, plenas y sostenibles para los actuales y futuros contextos sociales e históricos.

En tal sentido se propone:

a. ¿Que debemos tener?:

Una Comunidad Continental de Derechos: que habla de ser construida desde abajo hacia arriba, entre los Pueblos y los Gobiernos progresistas, dentro de las nuevas formas de articulación e integración regionales. Un ejemplo de proceso que puede conllevar a la construcción de un nuevo modelo, lo constituye la experiencia continental expresada en la Cumbre de los Pueblos y Gobiernos promovida por el presidente Evo Morales en relación con el desafío del Cambio Climático en Cochabamba.

b. ¿Desde dónde debe operar?.

Desde visiones descolonizadoras y emancipadoras de los derechos (no sólo humanos). Así, deben ser entendidos “los derechos” como espacios para la inclusión de nuevos desafíos y de construcción social e institucional, a favor de un mundo realmente justo y pacífico, edificados a través de las legitimas luchas contra-hegemónicas, de naturaleza anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Un punto de partida para dicha reconstrucción epistemológica de los derechos, es fomentar la reinvención de los derechos humanos desde perspectivas socialistas, no eurocéntricas ni anglocentricas, emancipadoras, es decir, decididamente desde una “epistemología del Sur”.

c. ¿Cómo habría de operar dicho sistema?.

Las pautas de funcionamiento de un nuevo modelo han de significar una ruptura de los paradigmas hegemónicos vigentes. En tal sentido:

1. Ha de establecerse la responsabilidad directa y concreta de los Entes Financieros Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) así como de las Empresas Transnacionales (medios de difusión de información, incluidos) en la violación masiva, sistemática y estructural, de los derechos humanos;

2. Es necesaria la comprensión nacional y regional acerca de la necesidad de un nuevo orden social internacional, para que la Vida del Planeta y la Vida Digna de todos los Pueblos sea posible y viable, priorizando la vigencia de los derechos sociales y colectivos;

3. Debe fomentarse el reconocimiento de las luchas de los pueblos y comunidades a favor de su dignidad histórica, por su potencial emancipatorio y articulatorio de las demandas colectivas de la Humanidad. Esto implica el fortalecimiento de espacios colectivos de interlocución, participación y protagonismo en materia de Derechos Humanos, en los nuevos mecanismos o espacios de integración continental o regional (ALBA, UNASUR, CELAC);

4. Se debe promover la reconstrucción y reconstrucción critica y colectiva de las visiones y teorías de los derechos humanos, a favor de una “epistemología de la visión”, que haga visibles los aportes de los diferentes sectores sociales, sociodiversos y pluriculturales, según sus respectivos contextos, a partir de sus propias epistemologías, y desde visiones interdisciplinarias (sociológicas, antropológicas, políticas) así como transdisciplinarias (que incorporen otras ontologías y epistemologías). Esto supone también, la transformación epistemológica y decolonial de todos nuestros sistemas jurídicos.

5. Ha de promoverse la educación, formación y praxis social colectiva y protagónica en materia de derechos humanos, a partir de análisis contextualizados y geopolíticos, garantizando los procesos de justicia cognitiva y justicia intercultural, todo en función de la descolonización y emancipación de nuestros Pueblos. Esto supone inclusive, la creación o actualización de Indicadores adecuados culturalmente y pertinentes socialmente, para la Evaluación de las Políticas Públicas. En tal sentido, se plantea la creación de una “Escuela Continental de Derechos”, dentro de los actuales mecanismos o propuestas de integración continental o regional;

6. Ha de considerarse a nuestros Pueblos como sujetos epistémicos, creadores de visiones, teorías y discursos propios en materia de Derechos, a partir de su praxis sociohistórica, que permitan un enriquecimiento de nuestro acervo social y cultural, a partir de una ecología de los saberes y de experiencias colectivas e integradoras de educación descolonizadora mutua.

7. Cualquier sistema de derechos que haya de implementarse ha de estar insertado orgánicamente en los Pueblos y Comunidades, por lo que sus contenidos y procesos han de ser de origen y patrimonio popular;

8. Debe plantearse la constitución de instancias legítimas, progresistas y emancipatorias de Justicia Popular Continental, cuya configuración institucional ha de surgir orgánicamente desde nuestros pueblos. Un ejemplo de experiencia que puede alimentar la realización de esta propuesta, lo constituye el Tribunal Permanente de los Pueblos.

9. Los derechos humanos han de ser utilizados de manera sistemática y estratégica como herramienta de emancipación continental. En función de ello, ha de reconocerse el carácter popular, histórico y político de toda lucha por los derechos humanos, como fundamentos para la transformación revolucionaria del mundo existente;

10. También han de monitorearse los logros y victorias de los Pueblos y Gobiernos Progresistas, en materia de todos los derechos humanos, integralmente considerados. Esto supone procesos de protagonismo para la vigencia de una corresponsabilidad compartida en materia de derechos Humanos, entre el Estado, las sociedades y los Pueblos;

11. Debe ser develado y denunciado el carácter político conservador y pro-capitalista de la supuesta “independencia” y “neutralidad” política y valorativa de la visión clásica de los derechos humanos. Esto supone oponerle a aquella, una visión de los derechos humanos comprometida con las transformaciones continentales y mundiales, y decididamente revolucionaria;

12. La nueva institucionalidad continental o regional en materia de derechos humanos ha de nacer reticular y popularmente, mediante el tejido de redes políticas y sociales, a partir del dialogo, discusión y debate de los pueblos y movimientos sociales y políticos desde su igualdad diferencial, a fin de construir realidades permanentemente incluyentes, en alianza progresista con los diferentes Gobiernos revolucionarios del continente.

d. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta praxis de los derechos humanos desde el ámbito continental?.¿Cuál es la finalidad de su racionalidad subyacente?

1. Desde el punto de vista teórico: construir y reconstruir nuevas visiones de los derechos, y dentro de éstas visiones, priorizando los derechos colectivos de nuestros pueblos, así como los derechos sociales, culturales y ambientales. Implica gestar una visión de los Derechos desde una epistemología del Sur, originada en forma colectiva y participativa;

2. Desde el punto de vista político y militar: la necesidad de construir nuevas Contra-Hegemonías en el continente, protagonizadas por los Gobiernos progresistas y sus Pueblos, en aras de la autodeterminación y las soberanías nacional, regional y continental, así como para la plena vigencia de todas nuestras independencias (política, económica, cultural);

3. Desde el punto de vista económico: garantizar el “Buen Vivir” como alternativa a un Capitalismo en crisis estructural, redistribuyendo las riquezas materiales y culturales de nuestros Pueblos;

4. Desde el punto de vista geopolítico: fomentar la reconstrucción de un Nuevo Orden Geopolítico Internacional, así como nuevas relaciones de Poder más justas y simétricas, no imperialistas ni colonialistas, entre nuestros continentes, regiones y países, respetando las opciones de futuro que cada sociedad se haya dado, para la consolidación de un mundo justo y pacifico y sustentable para las generaciones futuras y para el Planeta. Estas son apenas algunas ideas iniciales para fomentar el diálogo y el debate en torno a nuevas visiones de los Derechos Humanos para el continente.

O PCdoB apoia Dilma e sua disposição de ouvir as ruas

A mera referência, pela presidenta Dilma Rousseff, à convocação de um plebiscito e de uma Assembleia Constituinte com o objetivo específico de realizar uma reforma política deixou a direita (os partidos do campo neoliberal, do PSDB ao DEM, e a mídia conservadora) em polvorosa. Por duas razões principais. A primeira delas foi o fato de a presidenta retomar a iniciativa política e chamar para si a construção de uma resposta adequada aos anseios das ruas, manifestados ruidosamente nestes últimos dias. A outra se liga à perspectiva de uma reforma política democrática capaz de ampliar o protagonismo popular e aprofundar a democracia.

O que se viu, nestes anos em que se tentou uma reforma política, foi o forte esforço dos grandes partidos, sobretudo os partidos da direita para patrocinar mudanças restritivas, favoráveis apenas a seus interesses, reduzindo severamente o espaço dos partidos ligados diretamente ao povo. Daí o impasse criado e, aparentemente, difícil de resolver pelas vias normais do Congresso Nacional.

Mas o pronunciamento de Dilma Rousseff, na segunda-feira (dia 24), foi mais abrangente. Seu sentido foi claro: a necessidade de seu governo ouvir as ruas. Sentido que aponta, frente às manifestações dos últimos dias, uma propensão de seu governo a realizar as mudanças que a nação reclama, ao contrário do que pretendiam aqueles que tentaram manipular, instrumentalizar e dirigir o movimento contra o governo, inclusive levantando de maneira descabida e artificial a ideia disparatada do impeachment da presidenta.
Contra estas pretensões absurdas, Dilma Rousseff agiu com desenvoltura de estadista e chamou para si a responsabilidade de encontrar as soluções para a crise que se desenhava. Virou o jogo. Mesmo que, vinte e quatro horas depois, na terça-feira (dia 25), tenha flexibilizado sua proposta de uma miniconstituinte pela reforma política, que poderá traduzir-se em um plebiscito.

Mas Dilma Rousseff comprometeu-se com o país, para encontrar as respostas exigidas pelas ruas. Ruas que, indica a Comissão Política Nacional do Partido Comunista do Brasil (reunida na terça-feira, 25, em Brasília), foram palco de “um vigoroso protesto” que, do foco inicial “voltado contra o aumento das tarifas de transporte público”, rapidamente “assumiu bandeiras mais amplas como as reivindicações por melhores serviços públicos nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana e contra a corrupção”.

O PCdoB, reafirmou a Comissão Política Nacional, manifestou a certeza de que “o governo e as forças progressistas precisam ouvir atentamente a voz das ruas e se empenharem para atendê-la”. Ao mesmo tempo em que deixou claro o repúdio partidário contra “atos de violência, vandalismo e destruição” contrários ao brio e “espírito patriótico da maioria dos manifestantes”.

A direção comunista repudiou claramente a tentativa da mídia conservadora no sentido de dirigir as manifestações contra o governo da presidenta Dilma Rousseff, incentivando a “equivocada hostilidade e aversão aos partidos políticos”, e dando “guarida a deploráveis atos de agressão a militantes de legendas de esquerda, promovidos por grupelhos de extrema-direita”.

Com clareza, o documento reafirma o apoio do PCdoB à presidenta Dilma Rousseff e à sua disposição “de ouvir as ruas e de procurar atender às suas reivindicações com agilidade”, refirmado a urgência de reformas para melhorar a vida do povo e avançar e aprofundar a democracia.

O PCdoB acentua, também, com a urgência em “romper o cerco do conservadorismo e realizar uma reforma política democrática ouvindo amplos setores da sociedade”, que seja capaz de coibir a “influência do poder econômico nos processos eleitorais, com adoção do financiamento público exclusivo das campanhas”, fortaleça os partidos políticos e institua formas de democracia participativa e direta. O Partido também apoia o combate ainda mais severo à corrupção.

“As ruas dizem que as conquistas iniciadas [em 2003 – nota da Redação] não podem parar e que as mudanças precisam ser aceleradas, uma vez que um decênio de mudanças é insuficiente para superar a enorme desigualdade social herdada de séculos de história”, afirma o PCdoB. E o governo de Dilma Rousseff pode sair deste processo ainda mais fortalecido ao contrário do que sonham a direita e sua mídia conservadora. As ruas são o palco da ação do povo, e também o cenário da luta contra a direita de feição fascista. Ouvir a voz das ruas e indicar o caminho progressista para atender a seus reclamos – este é o rumo para avançar e fortalecer o poder popular. É o caminho a seguir para manter o país na rota das mudanças e da consolidação da democracia.

El Salvador 2010: la Administración Funes un año después. Lo desafíos de una situación política singular

I. UN PERÍODO POLÍTICO SINGULAR Y LAS DIFICULTADES DE SU ENTENDIMIENTO El triunfo de Mauricio Funes -candidato del FMLN-en marzo del 2009 como Presidente de la República, abre en El Salvador un período político cuyo principal rasgo distintivo es su singularidad, pues no tiene antecedente en la historia nacional; este rasgo plantea a los sujetos sociales no sólo retos de actuación sino también de entendimiento de la nueva situación que obliga a la revisión de los parámetros analíticos acostumbrados que posibilite su correcta caracterización, lo cual es requisito indispensable para una acción eficaz de esos sujetos en pos de sus objetivos.

Esas dificultades de interpretación tienen que ver con el hecho de que se dan problemas relativamente nuevos; pero también con la concurrencia de dos factores, uno objetivo y otro subjetivo, los que le inyectan una extrema complejidad a la situación. El primero consiste en una mezcla de elementos de lo viejo (estructuras, práctica, políticas, etc.) heredados de los gobiernos anteriores, con gérmenes de lo nuevo que corresponden a una visión distinta de sociedad y que son posibilitados por otros actores que han accedido a un cierto control del aparato de Estado; esto ha propiciado un cambio de correlación de fuerzas relativamente favorable a una
reorientación de rumbo del país, pero precario e inestable, y aún con un significativo peso de aquellos elementos que responden a la situación anterior.

En el plano político esta combinación se evidencia más en el Órgano Ejecutivo en donde hay, en una medida considerable, hegemonía de la izquierda, pero donde también la derecha mantiene cuotas significativas de poder, especialmente en los mandos intermedios y bajos de la burocracia estatal; lo mismo en cuanto al balance de poder existente entre el Ejecutivo y los otros dos Órganos de Gobierno, en los cuales la presencia de las fuerzas progresistas es minoritaria. Esta combinación de lo viejo con lo nuevo se advierte en la Asamblea Legislativa, en donde ese balance
sigue favoreciendo a lo viejo, que sería la hegemonía de la derecha, pero donde también lo nuevo se expresa como una división del partido ARENA lo que ha permitido que, por primera vez, un Ejecutivo con signo de izquierda sea apoyado en ciertas negociaciones e iniciativas de ley por las fracciones parlamentarias de GANA, PCN y DC, y no lo sea por el FMLN.

Esta separación entre la Presidencia de la República y el partido oficial no es a lo que estamos acostumbrados y más que verla como algo negativo habría que tomarla como el anuncio de un avance dentro del ideario liberal y antiautoritario, como un balbuceo de lo que en el futuro puede ser una real separación de poderes, tan necesaria y normal en una sociedad democrática.

En el Órgano Judicial sucede algo similar, pues los conflictos de algunos Magistrados con la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, así como al interior de la Corte Plena, lo mismo que entre ésta y la Sala de lo Constitucional, no hacen más que expresar las contradicciones entre lo nuevo y lo viejo y quizás anticipar avances en la Administración de Justicia en términos de probidad e independencia judicial.

Sin embargo, éste nacimiento de lo nuevo es más débil en el plano económico, pues la dinámica de éste sigue siendo determinada por los intereses de los sectores más conservadores de la derecha, que cada día evidencian más su resistencia a perder los privilegios y ventajas que les permitía su anterior condición de usufructuarios del aparato público central y de dueños del partido oficial.

El segundo factor, el subjetivo, consiste en cierto voluntarismo maniqueista de izquierda que tiende, por un lado, a interpretar la realidad a través del cristal de los deseos y al margen de las posibilidades existentes de desarrollo de la realidad concreta; y, por otro, a reducir las actuaciones gubernamentales a revolucionarías o reaccionarias. Manifestaciones de este voluntarismo son las visiones minimalistas y maximalistas del Gobierno de Mauricio Funes; la primera que considera que tal gobierno es más de lo mismo, pues en sustancia nada ha cambiado; y la segunda que
considera que la izquierda ha tomado el poder político, que se trata de un cambio revolucionario que permite comenzar a construir ya el socialismo y que si no se avanza por este rumbo es por falta de voluntad de quienes gobiernan.

II. LOS ANTECEDENTES Y LAS ACUMULACIONES

Esta situación inédita viene a ser síntesis de distintas acumulaciones históricas del pueblo salvadoreño, las que pone su impronta e inciden en sus límites y alcances; por una parte es heredera del proceso de organización popular territorial que se desarrolló, particularmente en el campo, durante la guerra civil (1980-1992); por otra, es resultado y habría que verlo como un factor de debilidad, de la desacumulación organizativa del movimiento social sectorial que se gestó y desarrolló en la lucha reivindicativa urbana y rural de las décadas del 60 y 70 del siglo veinte, producto de la represión gubernamental, de la militarización de las organizaciones de masas durante el conflicto armado, y de la institucionalización de su dirigencia en el aparato público; esto actualmente se traduce en una dispersión orgánica, en una inconsistencia ideológica y en una debilidad de liderazgo.

También es resultado de la experiencia política electoral adquirida por los sectores de oposición durante el período 1994-2004, con sus errores y aciertos, que abreva
en la lucha cívica de 1967-1968 y se nutre con los fraudes de 1972 y 1977 y con los comicios de reinstitucionalización del Estado después del golpe militar de octubre de 1979 celebrados durante el período de guerra contrainsurgente (1982….. 1984…. 1989). Otra acumulación a destacar es el descontento de amplios sectores de la población por las demandas económico-sociales insatisfechas por los sucesivos gobiernos del partido ARENA (1989…. 1994… 1999…. 2004), principalmente en materia de empleo, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y seguridad
pública.

En el plano sicológico-social habría que tomar en cuenta el encadenamiento de
frustraciones de amplios sectores populares por las promesas incumplidas y las necesidades vitales insatisfechas por esos gobiernos de derecha, que para el 2007
-2009 se tradujeron en una esperanza movilizadora por un cambio progresista en el rumbo del país y en perspectivas reales de triunfo y de satisfacción de expectativas con la fórmula FMLN-Mauricio Funes.

Este proceso de acumulación-desacumulación de experiencia popular (de esperanzas,
frustraciones, intentos de cambios, avances y retrocesos), cuyo punto de partida puede ubicarse en 1932 y que combina la lucha de masas con los golpes de Estado, la lucha armada con la lucha electoral, la lucha cívica con la lucha reinvindicativa, la lucha parlamentaria con la lucha de calle, con puntos nodales en 1944, 1948-50, 1960-
61, 1967-68, 1971-72, 1977, 1979-80-81 y 1989, tiene como constante a nivel ideológico el enfrentamiento entre el autoritarismo militar y las aspiraciones democráticas del pueblo hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992; a partir de
1999 hasta el 2009, esas aspiraciones trasladan su contradicción con la reversión autoritaria impulsada por la derecha conservadora que vivió la negociación de esos acuerdos y la consecuente reforma institucional como una derrota política.

En este proceso no encontramos un momento equivalente al actual, en que fuerzas de izquierda, con sus limitaciones, hayan accedido por vía electoral a un relativo control del Órgano Ejecutivo; quizás alguna similitud pueda encontrarse con las experiencias de gestión gubernamental de 1960-61 y de 1979-80, en las cuales se les planteó a los sectores progresistas y a las organizaciones revolucionarias el reto de saber leer en la realidad el rumbo a tomar, los límites de su propio accionar y, específicamente, cual es el tratamiento correcto a dar al Gobierno; otro momento parecido, pero en otro plano, se configura en 1989-90, después de la ofensiva militar insurgente, cuando se discutió y concretó la decisión, no sin traumatismos, de negociar una salida política al conflicto armado y avanzar por la vía institucional hacia la democratización y la justicia social; desde esta perspectiva, los resultados electorales de marzo de 2009 habría que verlos también como una continuidad de estos sucesos y como su producto diferido.

III. EL DILEMA DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS

Si bien el momento actual es inédito, no lo es el dilema que se plantea a las fuerzas democráticas y de izquierda, pues ya se vivió en ocasiones anteriores, particularmente en 1979-1980, cuando se tuvo que decidir entre apoyar u oponerse al proceso modernizador abierto con el golpe militar de octubre; y en 1989-92, cuando se tuvo que decidir entre continuar la guerra o negociar una salida política; en el primer caso predominó la tesis de combatir el proyecto promovido por el sector progresista de la Fuerza Armada; en el segundo caso se impuso la tesis de buscar una salida
negociada a la guerra civil.

Guardando las distancias de contexto, algo parecido sucede en la actualidad cuando al interior de la izquierda social y política, partidaria y no partidaria, parece no existir mucha claridad sobre el tratamiento a dar al Gobierno de Mauricio Funes, dado que se
oscila entre participar, criticar, apoyar, confrontar o desestabilizar.

En octubre de 1979, la izquierda se diferenció por el tratamiento a dar el régimen surgido del golpe militar: para un sector había que participardirectamente en la Junta y en el Gabinete para, desde adentro, inclinar la gestión pública en función de los objetivos planteados en la proclama de la Fuerza Armada; para otro sector había que intensificar la lucha social y armada porque nada había cambiado, a efecto de desgastar a la Junta de Gobierno y producir una crisis, en el supuesto de que ello llevaría a un situación revolucionaria favorable para el triunfo popular; para un tercer
sector, había que dar un apoyo crítico y condicionado a los militares progresistas y al mismo tiempo movilizar al pueblo para exigir el cumplimiento de los compromisos contenidos en la proclama.

No obstante estos distintos puntos de vista y el sectarismo prevaleciente, se pudo avanzar en la unidad política-militar en contra de la dictadura; sin embargo el hegemonismo, el purismo ideológico y el maximalismo programático, impidieron coincidir en una visión y acción comunes que permitieran fortalecer a los oficiales democráticos, principalmente del Ejército, y más bien se contribuyó a su vacilación y aislamiento, que fue un factor decisivo para que los “institucionalistas” de derecha recuperarán el mando y lograran derrotar a los primeros y así imponer su reformismo contrainsurgente, con los costos humanos que ello significó entérminos
de represión y recrudecimiento de la guerra.

Así mismo ayudaría a obtener claridad recordar la lección que nos dejó la firma de los Acuerdos de Paz: que no basta ganar la batalla política, sino que es necesario darle sostenibilidad a la victoria.

En 1992 se impuso la paz a la derecha guerrerista, abriendo así un proceso de reforma democrática del Estado; sin embargo, no hubo capacidad de profundizar y fortalecer ese proceso; al contrario, principalmente a partir de 1999, se entró en un franco deterioro institucional y de reversión autoritaria que sólo fue interrumpido por el triunfo electoral de marzo del 2009; pero, aún así, no existe mucha garantía que el país se encamine a una ampliación y consolidación de lo conquistado en términos de democratización. De tal manera que uno de los principales retos de este Gobierno y de las fuerzas de izquierda que lo hicieron posible, es sostener y acumular para
transitar hacía el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población y no desperdiciar la oportunidad de avanzar hacia los objetivos programáticos y evitar así otro episodio de frustración popular.

IV. EL CAMBIO DE CONTEXTO

El triunfo electoral del FMLN en marzo del 2009 no se puede explicar si se prescinde del contexto internacional y nacional en que se dio; se trata de una serie de factores que convergieron a partir de noviembre del 2007, cuando se lanzó a Mauricio Funes como candidato a la Presidencia de la República. Algunos de estos factores incidieron en sentido positivo como el triunfo de Barak Obama en Estados Unidos, el papel protagónico de los salvadoreños radicados en ese país, principalmente, y el despliegue del poder movilizador de la comunicación electrónica, entre otros;
en cambio, hubo otros que, en el plano ideológico-mediático, influyeron negativamente en el ánimo de la población en contra de un gobierno de izquierda, tal como sucedió con “la amenaza” del llamado Socialismo del siglo XXI, y con el supuesto riesgo que implicaba el triunfo de un candidato de ese signo en las condicionesde la crisis del modelo neoliberal que afectaba la economía norteamericana.

En el plano nacional sucedió algo similar; así la precaria situación económica del país influyó en sentido positivo, al igual que el giro político efectuado por el FMLN-al postular un candidato no partidario y acercarse a un sector de la derecha; lo mismo puede decirse con respecto a la división que se dio en ARENA alrededor de la candidatura del Ingeniero Rodrigo Ávila y el liderazgo del Presidente Saca. En sentido negativo se comportaron la debilidad (dispersión, etc.) del movimiento social, particularmente urbano, así como el protagonismo político de la gran prensa
comercial a favor del candidato oficial.

A un año de la toma de posesión de Mauricio Funes, ese contexto ha cambiado en algunos aspectos y medida y no es especulativo afirmar que han sido en contra de la fuerzas democráticas y de izquierda, especialmente porque ha aumentado el distanciamiento entre el Presidente y el Frente, lo cual de por si no es negativo, pero de no saber administrarse puede desembocar en un tensionamiento permanente e incluso en una ruptura de la izquierda partidaria, que sería nefasta para el desarrollo y continuidad del proyecto político que se hizo viable gracias a su heterogeneidad y a la correlación de fuerzas que se gestó con la división de ARENA y las alianzas
hacia el centro-derecha que se construyeron alrededor de un candidato con prestigio, que se percibió como moderado y no alineado partidariamente.

La ruptura de este “matrimonio de conveniencia”, a quien puede afectar más es al FMLN, pues es este el más interesado en darle continuidad a su proyecto político, lo cual depende, en gran medida, de que este Gobierno se haga viable y se consolide y esto no será posible si se acentúa esa separación conflictiva entre ambas partes.

Algunos indicadores de que ese contexto ha cambiado los encontramos en el golpe militar que derrocó al Presidente Zelaya en Honduras; los triunfos electorales de candidatos presidenciales liberales-conservadores en Panamá y Chile; la acentuación de la crisis de la seguridad pública; la disfuncionalidad existente entre los altos mandos del Gobierno central y los mandos intermedios y bajos que en su mayoría siguen identificados con la ideología de ARENA; la desestabilizaciónsubterránea emprendida por el sector de los grandes empresarios utilizando la problemática de la
delincuencia y el boicot a la aplicación de la reforma fiscal y a los préstamos bancarios para la inversión productiva, que se acompaña con un discurso de aparente colaboración con el gobierno; a ello se suma una oposición no tan disimulada de un sector de izquierda que busca desestabilizar confrontándolo con el movimiento social, bajo el argumento que aquel ha degenerado en otro régimen neoliberal con la
complicidad del partido oficial; este propósito de confrontación parte del supuesto de que el fracaso de la Administración Funes hará avanzar el proceso “revolucionario”.

Algunos aspectos del contexto nacional que inciden en términos favorables son la profundización de la división de la derecha y el auge organizativo en el sector público, así como el apoyo norteamericano a cambio del no alineamiento con el bloque de países liderados por Venezuela.

V. LA COMPLEJIDAD DEL MOMENTO Y LOS RETOS DEL PRESIDENTE

En la situación política actual, además de su singularidad como hecho histórico, destacan otros rasgos que contribuyen a incrementar su complejidad y a plasmar otra de sus características: su volatilidad que se acompaña, a nivel de la percepción que se tiene de la misma, de una poca previsibilidad sobre el rumbo inmediato y su desenlace en los próximos cuatro años. Entre estos rasgos se puede mencionar el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos (GANA, MCC, etc.); la fractura y recomposición de la derecha en varios polos partidarios; los conflictos al interior de los Órganos Ejecutivo y Judicial; la proliferación de sindicatos de trabajadores públicos, que se
une a la dispersión y debilidad de liderazgo del movimiento social; el distanciamiento entre el Gobierno y el FMLN; y el paralelismo existente entre el Gabinete y las Secretarías de Casa Presidencial; la oposición larvada de la derecha, que se pretende encubrir con una aparente disposición a colaborar, que le apuesta a la cooptación, pero también y principalmente a desestabilizar aprovechando la problemática delincuencial y saboteando un pacto fiscal que el de sostenibilidad financiera propia al Gobierno; para ello manipula la opinión pública a través de una campaña mediática permanente contra las instituciones que no se someten al poder empresarial,
como es el caso del Órgano Judicial, cuya independencia y facultad de control del poder político se manejan como una amenaza a la libertad de prensa.

No obstante una tendencia al declive, la población continúa evaluando con una nota aceptable la gestión de Mauricio Funes; sin embargo, las encuestas ya muestran un incipiente desencanto, frustración o descontento; esto tiene que ver con las promesas de campaña y las expectativas que despertó el triunfo electoral de marzo, que doce meses después todavía no se percibe que se encaminen a volverse realidades presentes, lo que es proclive a la frustración, principalmente porque el alto costo de la vida sigue en aumento, el desempleo no muestra signos de disminuir, la
delincuencia no se logra controlar, la impunidad y la corrupción se tratan de manera ambigua y aun no se logra motivar una amplia y real participación de la población en la solución de sus problemas.

Concluido su primer año de gobierno, tanto el Presidente como el partido que lo llevó al Ejecutivo tiene planteado cinco problemas de cuya solución depende el rumbo que tome el actual proceso político y el desenlace de esta coyuntura: ¿Cómo administrar la relación, de por sí intranquila, entre el Presidente y elPartido de Gobierno?; ¿Cómo avanzar en la reforma económica social sin que la derecha pase a la desestabilización abierta?; ¿Cómo equilibrar la relación con la derecha y al mismo tiempo fortalecer el apoyo del movimiento social?; ¿Cómo articular alianzas con los partidos de derecha para avanzar en la agenda legislativa sin que esto signifique hacer concesiones
que desnaturalicen el compromiso ético y neutralicen el combate a la corrupción y a la
impunidad?; y ¿Cómo fortalecer la relación con Estados Unidosy al mismo tiempo ir al encuentro del proceso integracionista Latinoamericano, con base en los principios de autodeterminación y no alineamiento?.

VI. LAS VARIABLES Y LOS ESCENARIOS.

Cómo fácilmente puede convenirse, el desenlace de este proceso político será producto de la concurrencia de factores de distinta índole, internos y externos al proceso mismo. En términos simples este desenlace puede darse en dos escenarios: en el éxito o fracaso de la Administración Funes que pueden medirse en términos del logro o no de los objetivos programáticos propuestos y del cumplimiento o no de las promesas de campaña; pero, además y principalmente, en los resultados electorales del 2011 y 2014 que permitan o no la continuidad del proyecto de nación al
que se apostó con la victoria de marzo del 2009.

De todos los factores o variables que hemos mencionado en líneas anteriores queremos destacar y combinar dos: la mayor o menor división de las fuerzas de derecha que pueda ocurrir en los próximos cuatro años; la mayor o menor
separación entre el Gobierno de Mauricio Funes y el FMLN en el mismo período. Obviamente la abstracción que hagamos de otros factores, para efectos de facilitar el análisis, no excluye su intervención en el mundo de los hechos, y lo que pueda determinar la configuración y combinación de otros escenarios de desenlace.

Un primer escenario sería el resultado de una combinación y persistencia de dos tendencias que por hoy se muestran como las dominantes: una mayor división de las fuerzas de derecha y una mayor separación de Mauricio Funes con el FMLN. La consecuencia de ello sería un creciente clima de inestabilidad para el Gobierno, lo que propiciará una de dos salidas: la cooptación de Mauricio Funes por el sector de derecha afín al ex Presidente Saca (GANA, etc.); o la concertación de acuerdos de este sector con el recién lanzado Movimiento Ciudadano por el Cambio, liderado por
el Presidente Funes, y otros movimientos socio-políticos similares, tanto de centro derecha como de centro izquierda; de cara a las elecciones del 2014, este bloque de fuerzas representaría la posibilidad de una alternancia presidencial ideológicamente compartida (centro derecha+centro izquierda).

El escenario opuesto al anterior, que en este momento se ve como el menos probable, sería aquel que resultaría de una combinación de una menor división que lleve a una reunificación de la derecha, con una menor separación que lleve a un reencuentro de Mauricio Funes con el FMLN. La combinación de estas tendencias hipotéticas, pues que no aparecenaún ni como emergentes, le podría dar cierta estabilidad a este Gobierno, sobre la base de concesiones de la izquierda hacia la derecha, y podría dar lugar a la aplicación de un proyecto mínimo, que combine los intereses de ambas; sin embargo, la continuidad del proyecto de marzo del 2009, dependería en gran medida
que se reeditara la relación del FMLN con los “Amigos de Mauricio”, hoy Movimiento Ciudadano por el Cambio; esto abriría otra vez la posibilidad de derrotar a la derecha, que en este supuesto sería un contendiente fortalecido por su unidad.
Un tercer escenario intermedio a los dos anteriores, resultaría de la combinación de una mayor división de la derecha con una menor separación del FMLN con Mauricio Funes; este escenario daría una relativa estabilidad al Gobierno, propiciaría el desarrollo y consolidación de su proyecto e incluso catapultaría un triunfo del FMLN, con alianzas más a la izquierda y un programa más progresista, para las elecciones presidenciales del 2014.

Un cuarto y último escenario –dentro de este esquema lógico-, también intermedio al primero y el segundo, se produciría de la combinación de una menor división y recomposición de las fuerzas de derecha, con una mayor acentuación de la separación entre Mauricio Funes y el FMLN; este escenario sería proclive a una desestabilización de este Gobierno, lo que puede desembocar en
una crisis de gobernabilidad que sería la antesala de una alternancia a favor de la derecha en las elecciones presidenciales del 2014.

Tanto el segundo como el tercer escenario potenciarían la posibilidad de que el FMLN y sus aliados hacia el centro izquierda incrementen su peso legislativo y municipal en las elecciones del 2011; lo contrario suponen el primero y el cuarto escenario, lo que vendría a fortalecer la posibilidad de un triunfo de un bloque de derecha y de centro derecha en las elecciones presidenciales del 2014.

Lo anterior no es más que un ejercicio de futurología, pues la única certeza que se puede anticipar es que el curso que tome El Salvador no depende solo de la voluntad e interacción de los actores políticos principales (Gobierno, FMLN, ARENA, etc.), sino también de las condiciones objetivas que hunden sus raíces en la historia de los últimos ochenta años, por lo menos, las que determinan los límites y alcances de la actuación de esos sujetos y de las mismas capacidades de la Administración Funes para alcanzar sus objetivos programáticos, la cual también ve condicionada su gestión por factores, tanto internos como externos, que escapan a la voluntad de aquellos.

Lo anterior abre la oportunidad de incidencia de otros sujetos potenciales que por el momento no aparecen como protagonistas en el tinglado del drama nacional y que con seguridad constituye la mayoría de la población, pero cuya intervención haría la diferencia y puede ser definitoria del rumbo que tome este país; esto será posible en la medida que este sujeto anónimo asuma como propio el proyecto histórico de sociedad –no escrito pero grabado en el ideario popular-que se ha gestado por décadas de lucha por la democracia y la justicia social.

El triunfo electoral de marzo del 2009 y el programa de este Gobierno hay que verlo como parte de este proceso por conquistar este cambio necesario, cuya suerte depende del desenlace de esta coyuntura, en el cual puede jugar un papel decisivo el movimiento popular heredero de aquellas luchas, con la condición de que ubique correctamente la dirección de su acción política y el oponente a derrotar para remover los obstáculos que se oponen al avance de ese proyecto, hacia el cual hay que reencausar la presión ciudadana, y que indudablemente no es el Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN.

¡Frente anticapitalista para avanzar!¡Frente antifascista para evitar el retroceso! (Declaración política del PCB)

La opción de los gobiernos del PT por La gobernabilidad institucional burguesa y por “neo-desarrollismo” capitalista es el principal responsable de la explosión de indignación de sectores heterogéneos de la sociedad brasileña.

La opción por las alianzas con la derecha para garantizar la gobernabilidad hace del gobierno rehén de estas fuerzas conservadoras, llevando a que, en diez años, no se produjera ni siquiera una medida de naturaleza socializante. Por el contrario, el propio sector petista del gobierno fue el protagonista de las medidas de carácter antipopular y contrarias a los trabajadores.

Los resultados de esto son la reanudación de las privatizaciones a gran escala, la reforma de las pensiones y la imposición de complementar la pensión de los funcionarios públicos (FUNPRESP), la generalización de las particiones público-privadas, la entrega de nuestras reservas de petróleo, la opción por el agronegocio –en detrimento de la reforma agraria y la agricultura familiar–, por el sistema financiero y los grandes monopolios, la exención de impuestos al capital y la precarización del trabajo (creando más y peores empleos), la política de superávit primario con el desmantelamiento de los servicios públicos, el endeudamiento creciente de las familias, la falta de perspectiva para la juventud, El descrédito de la política y de los partidos políticos.

En diez años de gobierno, en ningún momento los trabajadores fueron llamados a intervenir de forma independiente y autónoma para cambiar la correlación de fuerzas en favor de medidas de carácter popular y en defensa de sus derechos, atacados por la ofensiva del capital y por la contrarreforma del Estado, bajo mando del petismo, que impuso la cooptación y La desmovilización de la mayoría de los movimientos sociales.

A poco más de un año del fin del gobierno Dilma, y después de haber perdido el contacto con las calles a cambio de permanecer en los gabinetes, vemos el esfuerzo tardío y desesperado de los grupos que apoyan, levantando a toda prisa las tímidas banderas reformistas abandonadas desde La primera toma de posesión de Lula. Este esfuerzo ahora se da en una coyuntura desfavorable para romper la alianza con la derecha moderada y superar la política económica de continuismo neoliberal.

La movilización de la calle, que comenzó por iniciativa popular, está ahora en disputa, pues la derecha intenta secuestrar y carnavalizar el movimiento popular, canalizándolo para sus objetivos. Ésa es recurrente de las clases dominantes, que secuestran los movimientos iniciados por la izquierda y las conducen para el pacto de las élites, como han sido los casos de Directas Ya y Fuera Color.

Valiéndose de la justa indignación de la población con el gobierno, los partidos de su base de apoyo y demás partidos de orden, que manipulan las demandas populares y de los trabajadores con fines electorales y después dan la espalda a estas demandas, la derecha más ideológica y reaccionaria, que no fue comprada por La maquinaria gubernamental del PT, se traviste de apartidista y lanza a las masas desorganizadas y alienadas por los medios de comunicación contra la izquierda socialista, estimulando el desorden para, enseguida, exigir el orden.

Precisan echar de las calles a la verdadera izquierda y sus propuestas revolucionarias, y así apoderarse de las manifestaciones y no tener el contrapunto organizado y popular frente a SUS embestidas desestabilizadoras, que cuentan con el apoyo logístico y la mirada benevolente de sus colegas uniformados en horario de servicio.

En este momento, la hegemonía del movimiento es del campo moralista, antipartidario y “nacionalero” de clase media, con consignas difusas y sectoriales. A esto se suma una comprensible explosión de los sectores de la población hasta ahora invisibilizadas por el discurso jactancioso del gobierno: individuos que, en su mayoría provienen de las comunidades proletarias, cansados de los abusos policiales. Se valen del tumulto para apoderarse de bienes de consumo que codician en los anuncios en la televisión, pero que no pueden comprar.

Las fuerzas fascistas, reducidas en número, pero con el apoyo de los grandes medios de comunicación a su discurso patriotero y antipartidista, se aprovechan de esa tendencia para intentar conducir el movimiento hacia algún tipo de golpe institucional “de masas” y dentro del orden legal, dejado intacto por los gobiernos del PT. Como los golpes con tanques en las calles están desfasados, pueden intentar formas golpistas en el parlamento y/o en el poder judicial o acumular fuerzas para vencer en las elecciones de 2014.

Es como mínimo preocupante la facilidad con la que los participantes en las manifestaciones, ninguna de las cuales de organizaciones de izquierda, atacaron y ocuparon simbólicamente la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y, en Brasilia, el Palacio Itamaraty y la cúpula del Congreso Nacional. Estos enfrentamientos ocurrieron, en la mayoría de los casos, entre policías uniformados y policías de paisano, incluyendo grupos paramilitares y organizaciones fascistas.

Se anuncia, a partir de ahora, la concentración de las consignas de la derecha en torno a la lucha contra la corrupción y el restablecimiento del orden, roto por un desorden provocado por ella misma. Es necesario recordar que la corrupción es inherente al capitalismo y que, irónicamente, la bandera “contra la corrupción” ya sirvió a la derecha para la elección de Fernando Collor y a la falsa izquierda en los antiguos discursos del PT.

Los sectores de masas que hostigan a los partidos de izquierda aún no perciben la diferencia de estos en relación con los partidos sin rostro que las conducen y que deberían ser objeto de revuelta popular, los que agreden físicamente a los partidos de izquierda son paramilitares, no manifestantes.

La hostilidad contra los partidos de izquierda se ve reforzada, además, por la profunda despolitización y el conservadurismo de un nuevo sentido común que, incluso levantándose contra de los efectos más evidentes del orden capitalista en crisis, se muestra incapaz de ver las determinaciones más profundas de esta crisis, relacionadas con el funcionamiento del propio sistema. Un sentido común conservador impide que se perciba la actualidad y la necesidad de una lucha anticapitalista que apunte a una alternativa socialista y revolucionaria, haciendo que las personas caigan en el movimiento por el movimiento y sin horizontes definidos, lo que ha llevado a un impasse semejante a las manifestaciones similares de los indignados en Europa u Occupy en EEUU.

El “huevo de la serpiente” adquiere visibilidad. Detrás de este movimiento, están también militares de derecha descontentos con el rumbo de la Comisión de la Verdad, el Opus Dei preocupado con la venida del Papa y un conservadurismo religioso que quiere aprovecharse de la situación para hacer retroceder los conquistas de la lucha contra las discriminaciones.

Esta derecha es tan conservadora y pro-imperialista que no acepta ni externalizar el gobierno a las fuerzas reformistas que actúan al servicio de ella, de manera competente y con la ventaja de ser agentes desmovilizadores de los trabajadores y proletarios. Podrán haber, por lo tanto, divergencias en las clases dominantes entre aquellos que, con lucidez, se siente cómodo con los gobiernos del PT, y los que quieren asumir el poder ellos mismos.

Las fuerzas de derecha pueden estarse aprovechando de la coyuntura desfavorable creada en América Latina después de la muerte de Chávez, la vinculación de Colombia con la OTAN y el golpe de Estado en Paraguay, así como la ola de protestas diferenciadas que recorren el mundo, para acabar con la externalización de los reformistas y tomar el poder directamente, a fin de restringir aún más la ya restringida democracia burguesa e imponer la barbarie de un capitalismo sin mediaciones y sin políticas compensatorias, intensificando la explotación capitalista.

Con el agravamiento de la crisis del capitalismo, el imperialismo puede querer descartar la alianza tácita con los reformistas y acabar con la concurrencia hasta ahora consentida. No es una coincidencia el nombramiento de la nueva embajadora norteamericana en Brasil, vinculada al sionismo, la USAID y al Pentágono y que fue embajadora en Nicaragua durante la lucha contra los sandinistas, en Colombia en el auge de la ofensiva de Uribe contra la insurgencia y el movimiento popular, y en Bolivia durante la tentativa de separatismo y de desestabilización del gobierno de Evo Morales.

Hay una tendencia del movimiento a partir de ahora a bifurcarse entre actos convocados por el campo popular y por la derecha, preferentemente en los espacios, fechas y recorridos diferentes. Los frentes con las fuerzas populares y las de izquierda socialista tendrán que ser forjados en la lucha y en articulaciones a partir de los espacios comunes de lucha, de los municipios y de los estados, como condición para posibles unidades nacionales.

El PCB reafirma su línea estratégica basada en el carácter socialista de la revolución brasileña y su oposición a la izquierda en el gobierno petista que no es más que reformista, rehén de la derecha y al servicio del capital. Ante los ataques de los sectores golpistas más a la derecha, cerraremos filas al lado de los trabajadores contra nuestro enemigo común.

No daremos apoyo a cualquier intento de salvar el gobierno Dilma y reafirmamos que de ésta es la responsabilidad mayor por la existencia de protestas y su giro a la derecha, ya que el gobierno en ningún momento hace gestos de un cambio real de su coalición con la burguesía. Por el contrario, vemos que se refuerzan las apelaciones al “orden” y la “tranquilidad” y se anuncia la propuesta de “unidad nacional”, con la convocatoria de una reunión con los gobernadores y alcaldes, iniciativas gubernamentales que sólo preservan el status quo político en degeneración.

Travestida de retirada, la otra solución apuntada para hacer callar el clamor provocado por el estallido de la revuelta –el precio de los billetes de autobús– sólo hace reeditar el mismo principio que mueve al gobierno: aumentar los subsidios para las empresas, desviando fondos públicos para el lucro privado. Tales medidas son vergonzosamente anunciadas en apariciones de tv que unen a PT y PSDB para que, en el monopartidismo bicéfalo hasta ahora dominante en Brasil, nadie aparezca “mal en la foto”, pensando en futuras elecciones.

Nuestra eventual unidad en un frente antifascista coyuntural se dará con identidad propia, responsabilizando al gobierno por los riesgos de fascismo, poniendo nuestras críticas y propuestas tácticas y estratégicas. Quién tiene que ser protegido no es el gobierno, sino los trabajadores, ante el riesgo de retroceso generado por el impasse político de una coalición de fuerzas que los desarmó contra sus verdaderos enemigos, a los que se alió en la ilusión del desarrollo capitalista que se debería hacer lo imposible: satisfacer las demandas de todos (burguesía y trabajadores).

A pesar de la actual hegemonía conservadora sobre el movimiento, está lejos de ser resuelta esta disputa. Pero el fascismo sólo será derrotado y la orientación del movimiento sólo puede llegar a tener una vocación socialista, si se vuelcan en la lucha los trabajadores y el proletariado en general, de forma organizada, a través de sindicatos y movimientos populares combativos y contrarios al orden imperante.

La única manera de abortar el germen fascista es fortalecer una alternativa real de la izquierda socialista para Brasil que abandone las ilusiones de un desarrollo pactado con la burguesía monopolista y el fetiche de un orden democrático abstracto que interese a ambas clases en disputa, reafirmando la necesidad de un gobierno popular.

Para cualquier escenario, de avance o retroceso, el frente de izquierda socialista y anticapitalista debe construir un programa común, formalizar una articulación unitaria, priorizando sus esfuerzos de unidad en acciones en el movimiento de masas, para dejar de ser sólo una mera coalición electoral. Cuando hablamos del frente de izquierda socialista y anticapitalista, no tenemos como criterio exclusivo el registro electoral, sino que incluimos las organizaciones políticas revolucionarias no institucionalizadas y movimientos sociales a antihegemónicos.

El eje central para establecer un diálogo con el movimiento de masas que expresa caóticamente su descontento no puede ser una abstracta defensa del “orden y la tranquilidad” y una continuación de lo misma con “más diálogo”, sino la incisiva declaración de que las demandas por educación , sanidad, vivienda, transporte, contra de los gastos de la Copa, los desahucios, la violencia policial, la privatización desenfrenada y el endeudamiento de las familias, las precarización de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos de los trabajadores no se explican por la afirmación moralista contra la “corrupción”, sino por los efectos esperados de la opción por el desarrollo capitalista y el mito de que el crecimiento de este orden podría llevar al mismo tiempo a los beneficios de los monopolios y a la satisfacción de las demandas populares.

Es hora de decir que la vida no puede ser garantizada por el mercado: sanidad, educación, vivienda, transporte y otros servicios esenciales no pueden ser mercancías, son derechos y deben ser garantizados por los fondos públicos que están siendo utilizados prioritariamente para subsidiar y apoyar los grandes monopolios capitalistas y los grandes bancos.

Este cambio exige superar los límites de esta democracia burguesa que ahora se desenmascara, no una mera reforma política para mantener en el poder a los mismos que siempre mandan, sino el establecimiento de un verdadero gobierno popular que se fundamente en formas de democracia directa y dar voz de hecho a la mayoría de la sociedad y, principalmente, a los trabajadores.

El PCB, que no se intimidados por las amenazas de la derecha, no saldrá de las calles, al lado de las fuerzas de izquierda anticapitalistas y populares y levantará bien alto sus banderas:

– ¡El fascismo no pasará!

– ¡No a la criminalización de los movimientos populares!

– ¡Desmilitarización de la policía!

– ¡Por la nacionalización del transporte público, la sanidad y la educación, bajo control de los trabajadores!

– ¡El petróleo es nuestro!

– ¡Por un frente de izquierda anticapitalista!

– ¡Por un gobierno popular!

Río de Janeiro, 23 de junio 2013

PCB – Partido Comunista Brasileño

Comité Central

Primeras reflexiones

El movimiento iniciado en Brasil como resistencia al aumento de las tarifas del transporte fue sorprendente. Quien diga que alcanza a captar todas sus dimensiones y proyecciones futuras, muy probablemente tendrá una visión reduccionista del fenómeno, presionando la sardina para defender preconceptos, para confirmar sus propios argumentos, sin darse cuenta del carácter multifacético y sorprendente de las movilizaciones.

No vamos a intentar eso en este artículo, sino apenas llegar a algunas primeras conclusiones.

Fue una victoria del movimiento la anulación del aumento; muestra la fuerza de las movilizaciones, aún más cuando se apoyan en una reivindicación justa y posible: tan así que se pudo concretar. Esa victoria, en primer lugar, refuerza que las movilizaciones populares valen la pena, sensibilizan a las personas, hacen que se hable a toda la sociedad y sirven como fuerte factor de presión sobre los gobiernos.

Además de lo anterior, el movimiento puso en discusión una cuestión fundamental en la lucha contra el neoliberalismo –la polarización entre intereses públicos y privados–, sobre quién debe financiar los costos de un servicio público esencial que, como tal, no debería estar subordinado a los intereses de las empresas privadas, movidas por el lucro.

La conquista de la anulación del aumento se traduce en un beneficio para los extractos más pobres de la población, que son los que comúnmente utilizan el transporte público, demostrando que un movimiento debe abarcar no sólo las reivindicaciones que corresponden a cada sector de la sociedad en particular, sino tiene que atender demandas más amplias.

Tal vez el aspecto central de las movilizaciones haya sido el haber incorporado a la vida política amplios sectores de la juventud, no contemplados en las acciones gubernamentales que, hasta aquí, no habían encontrado formas específicas de manifestarse políticamente.

Quedó claro, también, que los gobiernos de los más diferentes partidos –unos más, los de derecha; otros menos, los de izquierda– tienen dificultades para relacionarse con las movilizaciones populares. Toman decisiones importantes sin consulta y cuando se enfrentan con resistencias populares tienden a reafirmar tecnocráticamente sus decisiones –no hay recursos, las cuentas no cierran– sin darse cuenta de que se trata de una cuestión política, de una justa reivindicación de la ciudadanía apoyada en un inmenso consenso social a la que deben darse soluciones políticas para las que los gobernantes fueron elegidos. Sólo después de muchas movilizaciones y de desgaste de la autoridad gubernamental, las decisiones correctas se asumieron. Una cosa es afirmar que se dialoga con los movimientos y otra es enfrentarse efectivamente con sus movilizaciones, más cuando contestan y contradicen decisiones gubernamentales.

Con certeza, un problema que el movimiento enfrenta son las tentativas de manipulación desde fuera. Una de ellas, representada por los sectores más extremistas que buscaron incorporar reivindicaciones maximalistas, de levantamiento popular contra el Estado, buscaba justificar sus acciones violentas caracterizadas como vandalismo. Son sectores pequeños, externos al movimiento, con infiltración o no de la policía. Alcanzan a ser destacados por la cobertura que los medios promueven, pero son rechazados por la casi totalidad de los movimientos.

La otra tentativa fue de la derecha, claramente expresada por la actitud de los viejos medios de comunicación. Inicialmente se opusieron al movimiento, como acostumbran hacer ante toda manifestación popular. Después, cuando se dieron cuenta de que podría representar un desgaste para el gobierno, promovieron e intentaron incidir artificialmente. Fueron igualmente rechazadas esas intenciones por el conjunto de los movimientos, en el que siempre existe un componente reaccionario que se hace presente.

Hay que destacar la sorpresa de los gobiernos y su incapacidad para entender la explosividad de las condiciones de vida urbana y, en particular, la ausencia de políticas dirigidas a la juventud por parte del gobierno federal. Las entidades estudiantiles tradicionales también fueron sorprendidas y estuvieron ausentes.

Dos actitudes se distinguieron a lo largo de las movilizaciones: la denuncia de las manipulaciones intentadas por la derecha –expuesta claramente en la actividad de los medios tradicionales– y sus intenciones de apoderarse del movimiento. La otra, la exaltación acrítica del movimiento, como si él contuviese proyectos claros y de futuro. Ambas son equivocadas. El movimiento surgió a partir de reivindicaciones justas, compuesto por sectores de jóvenes, con sus actuales estados de conciencia, con todas las contradicciones que un movimiento de esas características contiene. La actitud correcta es la de aprender del movimiento y actuar junto a él, para ayudarlo a tener una conciencia más clara de sus objetivos, de sus limitaciones, de las intenciones de ser usado por la derecha y de los problemas que originó, así como llevar adelante la discusión de sus significados.

El significado completo del movimiento va a quedar más claro con el tiempo. La derecha se interesará en sus estrechas preocupaciones electorales. Los sectores extremistas buscarán interpretaciones acerca de que estaban dadas las condiciones de alternativas violentas, aunque esto desaparecerá.

La más importante son las lecciones que el propio movimiento y la izquierda –partidos, organizaciones populares, gobiernos– saquen de esta experiencia. Ninguna interpretación previa explica la complejidad y el carácter inédito del movimiento. Es probable que la mayor consecuencia sea la introducción del significado político de la juventud y de sus condiciones concretas de vida y de expectativas en el Brasil del siglo XXI.

*Sociólogo y politólogo brasileño. Extraído de su blog en Carta Maior.

Brasil: ¿un nuevo ciclo de luchas populares?

Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos.

La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático.

Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender y mucho menos contener el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.

Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos.

Pero esto sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.

A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia–que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci.

Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.

¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy.

Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.

La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año.

Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula-que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.

Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador).

Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular?

Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular.

Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad como las que hoy hay en Brasil no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital.

Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.

Colombia, la OTAN y las alarmas que suenan en América Latina

18/6/2013 El solo anuncio de que Colombia podría firmar un acuerdo con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) desató un vendaval de declaraciones en buena parte de América Latina, especialmente en el entorno de los países vinculados al ALBA. Según el diputado venezolano al Parlamento Latinoamericano, Roy Daza, el anuncio colombiano “prende las alarmas en Venezuela y en toda la región“, ya que “todas las cancillerías de América Latina están alarmadas sobre una situación que debe ser aclarada”. Uno de los gobiernos que fue más lejos en su protesta fue el de Evo Morales, quien decidió solicitar la convocatoria urgente de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de UNASUR (Unión de Naciones del Sur) para analizar los riesgos que podía tener para la región la iniciativa colombiana.

Como señaló el ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, “Cualquier forma de presencia de la OTAN en Sudamérica o Latinoamérica ya implica un riesgo para la paz de la región. Esta presencia también implica desestabilización de la misma región, un riesgo inminente de la paz que gozamos”. Hay que tener en cuenta que estas manifestaciones se realizaron cuando ya se había aclarado que era imposible que Colombia se integrara en la OTAN. En realidad, las declaraciones previas tuvieron un contenido más fuertemente antiimperialista y prevenían sobre las grandes catástrofes que podrían cernirse sobre América Latina de plasmarse la presencia de la OTAN en su territorio.

Carlota García EncinaPreviamente Evo Morales se preguntaba retóricamente: “¿Cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN, ¿para qué?, para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invadan los de la OTAN como han invadido en Europa y en África… es una agresión, una provocación, una conspiración a Gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y no [lo] vamos a permitir”. En consonancia con sus palabras también se pronunció el presidente venezolano Nicolás Maduro: “En América Latina, a través de la Unasur nos hemos declarado como una región de paz, libre de guerras y de armas nucleares…, por eso lamentamos mucho este giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Suramérica y América Latina al anunciar su ingreso a la OTAN que es peor que [el] anuncio de las siete bases militares [de 2009]”. Por eso llamó a abrir el debate en torno a “¿cuál es el destino de los militares de la región…, si es la paz o ir con la OTAN a la guerra?”, recordando que la OTAN estuvo involucrada en la invasión y derrocamiento de Gaddafi en Libia. Frente a ello, “ningún ejército [de América Latina] ha salido a combatir en otro país del mundo, nuestras Fuerzas Armadas son de naturaleza pacifista”.

La OTAN y su círculo de amigos
En realidad, más allá de algunas declaraciones altisonantes, la controversia surgida en algunos países de América Latina por el próximo acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN poco tiene que ver con lo que en realidad significa. De ahí la conveniencia de profundizar en el significado de la iniciativa colombiana, al mismo tiempo que se analizan los vínculos de la OTAN con algunos países de América Latina, ya que no como región en su conjunto.

Para empezar, la OTAN busca ampliar su círculo de amigos. Así lo reconoce su Concepto Estratégico de 2010, según el cual en el actual marco geoestratégico la cooperación con otros países es fundamental para poder afrontar los retos globales (en Afganistán, la ISAF –International Security Assistance Force– cuenta con efectivos de 22 países no pertenecientes a la OTAN que contribuyen con 4.000 soldados a la misión). Por este motivo, la política de asociación y partenariado se ha convertido en una prioridad para la organización desde hace un par de años.

Políticamente permite que algunos países se comprometan con la Alianza en la medida de sus intereses y necesidades, desde el simple diálogo político hasta la identificación de áreas de interés común en las que cooperar. Operativamente facilita que otros países puedan participar de una manera u otra en operaciones lideradas por la OTAN, y mejorar su interoperabilidad con las fuerzas armadas aliadas. La idea de “cuantos más, mejor” también significa una mayor aceptación, legitimidad y efectividad de las operaciones OTAN. Y es, sobre todo, un espaldarazo a los valores que comparten los aliados. Tampoco hay que menospreciar que es el único instrumento que, en época de crisis y recortes, se puede permitir la OTAN, ya que si se compara con el más elevado gasto que supondría la ampliación se entiende que esta salida resulta más barata para las arcas de la organización.

La política de asociación y partenariado es actualmente un valor en alza, aunque la OTAN lleva 20 años desarrollado un conjunto de programas y estructuras de asociación con casi 40 países a lo largo del área euro-atlántica, mediterránea, de la región del Golfo y de Asia. Este entramado se ha quedado obsoleto y se quiere reformar. Desde la Cumbre de Lisboa de 2010 y la adopción del nuevo Concepto Estratégico se han dado pasos importantes. En abril de 2011 los ministros de Exteriores de la Alianza aprobaron el “paquete de Berlín” para impulsar una reforma que quiere dar flexibilidad y eficiencia a la política de partenariado, además de llegar a más partes del globo. En la Cumbre de Chicago (mayo de 2012) la política de partenariado volvió a ser protagonista, al ser uno de los tres puntos fundamentales de la agenda. Se invitó a 13 países de todo el mundo que habían contribuido significativamente (política, operativa o financieramente) en las operaciones aliadas. Entre ellos no había ninguno de América Latina.

Los socios que se comprometen con la OTAN buscan afrontar los retos de seguridad del siglo XXI, como terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, piratería y ciberdefensa. Si antes el acercamiento de la OTAN a otros países era eminentemente regional, ahora el futuro pasa por desdibujar las diferencias regionales y buscar países con intereses comunes. También se intenta que éstos puedan asumir parte de las cargas asociadas. Inclusive, en algunos casos podría darse la situación de que contribuyeran más que algunos aliados, y de ese modo incluso se puedan ver implicados en algunos procesos de toma de decisiones. La nueva política de partenariado debe servir además para establecer relaciones estratégicas en regiones nuevas e importantes y desarrollar una nueva dinámica de seguridad.

Las estructuras y los formatos existentes se mantienen, pero en la práctica están siendo reemplazados por una fórmula más flexible denominada formato “28+n” y la realización de encuentros ad hoc cuando se consideren necesarios. De momento, sólo se trata de reuniones donde hay un valioso intercambio de información, pero para la Alianza es una manera de acercarse a las potencias emergentes de Asia, África o América Latina con las que OTAN desea contar. Ya ha conseguido atraer a China y a la India y, según los cálculos de la OTAN, ese acercamiento a los emergentes asiáticos podría estimular a otros países, por ejemplo los latinoamericanos, a participar en algunas de las reuniones y dejar de lado algunas reticencias y percepciones que tienen de la OTAN.

La OTAN, América Latina y Colombia
Las relaciones entre la OTAN y los países de América Latina han sido hasta hoy escasas y a grandes rasgos se limitaron a la participación de Argentina en la Fuerza de Estabilización en Bosnia-Herzegovina (SFOR) en 1998 y la Fuerza de Intervención en Kosovo (KFOR) en 1999-2007 y de Chile en SFOR en 2003-2004. El único país latinoamericano que actualmente participa en una misión bajo mando de la OTAN es El Salvador. Desde marzo de 2011 está integrado en la ISAF, en labores de adiestramiento de las fuerzas militares y policiales afganas, con un contingente de casi una veintena de efectivos. Sin embargo, es Colombia la que acaba de convertirse en la gran protagonista de la relación entre la Alianza y el hemisferio occidental.

Como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en Londres, la relación no es nueva. Desde 2008, a petición de la OTAN y EEUU, Colombia ha evaluado las posibilidades de cooperación en la ISAF. Ese año, una delegación de oficiales militares y de la policía nacional colombianas viajó a Afganistán para ver de qué manera su experiencia nacional podía servir en actividades de desminado, operaciones especiales, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y erradicación de cultivos ilícitos. De forma complementaria, visitó Colombia el jefe de la misión de adiestramiento de la OTAN en Afganistán, Bill Caldwell, para aprender de la lucha contra el narcoterrorismo. Al mismo tiempo, en este período ha ido aumentado la presencia de altos mandos militares colombianos en las conferencias de la OTAN y existen equipos militares de enlace de Colombia en la sede la organización. En este proceso de análisis sobre las posibilidades de participación de Colombia, el país ha estado en contacto no sólo con la OTAN y EEUU, sino también con otros gobiernos, como el del Reino Unido, con quien ha fortalecido su cooperación en materia de defensa. Además, Colombia ya ha participado en una reunión “28+n” sobre la lucha contra el narcotráfico.

El almirante James Stavridis estuvo al mando del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) entre 2006 y 2009, lo que le llevó a conocer de primera mano las actividades en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Esto fue determinante para que desde su puesto como SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) entre julio de 2009 y mayo de 2013 promoviera su participación en la OTAN. En mayo de 2012, inmediatamente después de la Cumbre de Chicago, Stavridis sugirió que Colombia podría ser el próximo país latinoamericano en enviar tropas a Afganistán.

También hay que destacar que en mayo de 2012 la OTAN votó a favor de incluir a Colombia en la denominada Comunidad OTAN ATP-56 AAR (Air-to-Air Refuelling), lo cual significa que cumple con la normativa aliada para el reabastecimiento en vuelo. Con este acuerdo, la fuerza aérea colombiana es ahora elegible para establecer acuerdos de interoperabilidad en este tipo de operaciones con cualquiera de los miembros de la OTAN y sus socios.

Si la relación de Colombia con la OTAN no es nueva, tampoco es la única de América Latina. Aparte de El Salvador, hay presencia de algunos observadores latinoamericanos en maniobras de la OTAN. En junio de 2011 las maniobras “Bold Monarch 11” contaron con observadores de Argentina y Brasil. Éste último país también ha participado en una reunión 28+n y es el que despierta mayor interés para la Alianza Atlántica. Sin embargo, la OTAN es consciente de la poca acogida que sus propuestas tienen en América Latina. En 2009, la Alianza –aprovechando su 60 aniversario– apostó por abrir las puertas a países como Japón, Corea del Sur e Israel, y luchar contra amenazas globales como la seguridad energética y marítima. Estas modestas ambiciones globales, que descansaban sobre todo en el énfasis de las políticas de asociación y partenariado, encontraron la oposición de potencias como Rusia y algunos países latinoamericanos.

Entonces, los medios de comunicación latinoamericanos advirtieron sobre el incremento de las actividades militares de EEUU en la región y lo ligaron al deseo de expansión de la OTAN. Se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de que el Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) asignara Palanquero –una base colombiana a la que tienen acceso las tropas de EEUU– como el inicio de un corredor aéreo de la OTAN entre América del Sur y África. Otros medios se afanaban en recordar el artículo tres del Tratado del Atlántico Norte, entendiendo erróneamente que las estructuras militares de un Estado miembro y las de la OTAN están siempre interrelacionadas y que una base de EEUU en cualquier país también lo es de la OTAN. El ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, antes de la celebración de la cumbre aliada en Lisboa en noviembre de 2010, señaló que una interpretación literal por parte de la OTAN de su papel como organización “atlántica” podía abrirle las puertas a la intervención en cualquier parte del mundo, a la vez que rechazaba cualquier injerencia de la Alianza en el Atlántico Sur.

Vemos así como continúan las percepciones de lo qué es y significa la OTAN en América Latina, en ocasiones hablando de expansionismo cuando se trata de políticas de asociación y partenariado o, como en el caso de Argentina, hablando de las Islas Malvinas como bastión de la OTAN, según declaraciones de la ex ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, en marzo de 2010. En realidad, la OTAN no busca acercarse a América Latina en su conjunto. Sus políticas de partenariado han ido desdibujando las características regionales en busca de socios con intereses comunes. Lo que necesita, por tanto, son países que puedan participar en misiones lideradas por la organización hasta el intercambio de información. El abanico es enorme y en ella tiene cabida Colombia, de la que los aliados valoran altamente su experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El Atlántico Sur no afronta desafíos de seguridad muy diferentes a los del Atlántico Norte, pues la democracia, la seguridad, la paz y la seguridad colectiva son comunes a todos, y todos comparten muchas de las amenazas emergentes.