Autor: SIEP

Era fundamental que ganase Nicolás Maduro, y ganó. Pero ganó a duras penas, lo cual exige desentrañar las causas del bajón sufrido por el chavismo y el notable aumento experimentado por la derecha.

Fue una victoria que puso en evidencia la endeblez metodológica de las encuestas que de uno y otro lado pronosticaban una holgada victoria del candidato chavista. Sobre el veredicto de las urnas lo primero que hay que decir es que su desconocimiento por parte de Henrique Capriles no es en modo alguno sorprendente.

Es lo que señala para casos como este el manual de procedimientos de la CIA y el Departamento de Estado cuando se trata de deslegitimar a un proceso electoral en un país cuyo gobierno no se somete a los dictados del imperio. Si bien la distancia entre uno y otro fue muy pequeña, no tuvo nada de excepcional a la luz de la historia venezolana: en las elecciones presidenciales de 1978 Luis Herrera Campins, candidato del COPEI obtuvo el 46.6 por ciento de los votos contra el 43.4 de su rival de Acción Democrática. Diferencia: 3.3 por ciento, y el segundo reconoció de inmediato el triunfo de su contendor. Antes, en 1968, otro candidato del COPEI, Rafael Caldera, accedió a la presidencia con el 29.1 por ciento de los sufragios, imponiéndose sobre el candidato de AD, Gonzalo Barrios, quien obtuvo el 28.2 por ciento de los votos. Diferencia: 0.9 por ciento y asunto concluido. Más próximo en el tiempo, contrasta con el autoritario empecinamiento de Capriles la actitud del por entonces presidente Hugo Chávez que, en el referendo constitucional del 2007, admitió sin más trámite su derrota cuando la opción por el No obtuvo el 50.6 por ciento de los votos contra el 49.3 por ciento del Si a la reforma que él favorecía. A pesar de que la diferencia fue de poco más del 1 por ciento Chávez reconoció de inmediato el veredicto de las urnas. Toda una lección para el ofuscado perdedor.

Resultados electorales muy ajustados son más frecuentes de lo que se piensa. En Estados Unidos, sin ir más lejos, en la elección presidencial del 7 de Noviembre del 2000 el candidato demócrata Al Gore se impuso en la votación popular con el 48.4 por ciento de los votos, contra el republicano George W. Bush, quien obtuvo el 47.9 de los sufragios. Como se recordará, una fraudulenta maniobra efectuada en el colegio electoral del estado de Florida cuyo gobernador era casualmente Jeb Bush, hermano de George W. obró el milagro de “corregir los errores” en que había caído un sector del electorado de la Florida posibilitando el ascenso de Bush a la Casa Blanca. En suma, el que perdió ganó, y viceversa: todo un ejemplo de soberanía popular de la democracia estadounidense. En las elecciones presidenciales de 1960 John F. Kennedy, con el 49.7 por ciento de los sufragios, se impuso a Richard Nixon que cosechó el 49.6. La diferencia fue de apenas el 0.1 por ciento, poco más de 100.000 votos sobre un total de unos 69 millones, y el resultado fue aceptado sin chistar. Pero en Venezuela las cosas son diferentes y la derecha grita “fraude” y exige un recuento de cada uno de los votos, cuando ya Maduro accedió a efectuar una auditoría. Llama la atención, no obstante, la intolerable injerencia del inefable Barack Obama que no dijo ni una palabra cuando le robaron la elección a Al Gore pero encontró tiempo ayer por la tarde para decir, por boca de su vocero, que era “necesario” y “prudente” un recuento de los votos dado el resultado “extremadamente reñido” de las elecciones venezolanas. ¿Admitiría que un gobernante de otro país le dijera lo que tiene que hacer ante las poco transparentes elecciones estadounidenses?

Dicho lo anterior, ¿cómo explicar la fuga de votos experimentada por el chavismo? Por supuesto, no hay una sola causa. Venezuela transitó desde la aparición de la enfermedad de Chávez (8 de Junio de 2011) por un período en donde las energías gubernamentales estuvieron en gran medida dirigidas a enfrentar los inéditos desafíos que tal situación planteaba para un experimento político signado por el desbordante activismo del líder bolivariano y por el hiper presidencialismo del régimen político construido desde 1998. Esa caracterización en un primer momento molestó a Chávez, pero luego hidalgamente terminó por reconocer que era correcta. Premonitoriamente Fidel le había advertido, ya en el 2001, que debía evitar convertirse “en el alcalde de cada pueblo.” En todo caso, el desconcierto que emanaba de la forzada inactividad de Chávez impactó fuertemente en la gestión de la cosa pública, con el consecuente agravamiento de problemas ya existentes, tales como la inflación, la estampida del dólar, la paralizante burocratización y la inseguridad ciudadana, para no mencionar sino algunos. Problemas, no está demás recordarlo, a los que se había referido más de una vez el propio Chávez y para enfrentar los cuales había planteado la necesidad del “golpe de timón” anunciado en el primer Consejo de Ministros del nuevo ciclo iniciado luego de la victoria del 7 de Octubre del 2012, durante el cual el líder bolivariano hizo un fuerte llamado a la crítica y la autocrítica, exigiendo a sus colaboradores mejorar radicalmente la eficiencia de ministerios y agencias, fortalecer el poder comunal y desarrollar un sistema nacional de medios públicos como ineludibles prerrequisitos de la construcción del socialismo. Señalaba en su intervención que “a veces podemos caer en la ilusión de que por llamar a todo “socialista” … uno puede pensar que con eso, el que lo hace cree que ya, listo, ya cumplí, ya le puse socialista, listo; le cambié el nombre, ya está listo.”

De ahí su fuerte exhortación a fortalecer los consejos comunales, la socialización de la economía, la cultura y el poder. Decía, con razón, que “no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla, rodeadas del mar del capitalismo, porque se las traga el mar.” Pero junto a estos problemas de la gestión estatal hubo otros factores que también contribuyeron a la creación de un malestar social y un malhumor público: la derecha y el imperialismo trabajaron activamente, como lo hicieran en el Chile de Salvador Allende, para sabotear el funcionamiento de la economía y exasperar el ánimo de la población mediante el metódico desabastecimiento de productos esenciales, los cortes de energía eléctrica, la sospechosa actividad de grupos de paramilitares sembrando el terror en los barrios populares y la persistente campaña de denuncias y agravios en contra de Maduro vehiculizadas y agigantadas por su enorme gravitación en el manejo de los medios de comunicación de masas, facilitando así la deserción de un numeroso contingente de votantes.

La Revolución Bolivariana enfrenta una situación delicada pero que está lejos de ser desesperante o provocar la caída en un angustioso pesimismo. El desfachatado entrometimiento de Washington refleja su urgencia para acabar con la pesadilla chavista “ahora o nunca”, consciente de que se trata de una situación pasajera. Ante esto Maduro como presidente tiene que responder con serena firmeza, evitando caer en las previsibles provocaciones que le tiendan sus enemigos. Es innegable que tiene ante sí una sociedad partida al medio, donde la derecha por primera vez demuestra tener la capacidad para encuadrar y movilizar, al menos en el día de las elecciones, al 50 por ciento del electorado.

Recuperar el predominio en ese terreno no es imposible, pero dependerá menos de la radicalidad de los discursos del oficialismo que de la profundidad y eficiencia de las políticas concretas que adopte Miraflores; dependerá, en suma, de la calidad de la gestión gubernamental para enfrentar los principales problemas que agobian a la población, tema sobre el cual Maduro insistió sensatamente en su discurso de anteanoche. No habría que subestimar, en este cuadro, el hecho de que hasta el 2016 la Asamblea Nacional tendrá una holgada mayoría chavista (95 sobre 165) y que el nuevo presidente contará con el apoyo de 20 de los 23 gobernadores de la República Bolivariana.

La correlación de fuerzas, por lo tanto, sigue mostrando un claro predominio del chavismo, y la respuesta de numerosos gobiernos de la región y de fuera de ella como China y Rusia, entre otros agrega un importante reaseguro para la necesaria gobernabilidad y para avanzar en el impostergable cumplimiento del testamente político de Chávez, el ya aludido “golpe de timón.” Estamos seguros que el bravo pueblo venezolano estará a la altura de las circunstancias y de los retos que plantea la actual coyuntura.

El candidato bolivariano Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de Venezuela del 14 de abril por un estrecho margen. Con el 99,12% de los votos escrutados, hubo una participación del 78,71%. Maduro consiguió 7.505.378 votos (50,66%), y Capriles 7.270.403 (49,07%). Capriles declaró que no reconocía el resultado y exigió una auditoría del 100% de los votos.

Los resultados fueron anunciados por la jefa de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena a las 11.45 pm hora local, después de una espera larga y tensa. La razón de la demora, claramente, fue el hecho de que los resultados estaban tan ajustados, ya que se estila anunciarlos sólo una vez contado un número de votos que hiciera irreversible el resultado. Este fue el caso, especialmente, en la medida que la campaña de la oposición había estado difundiendo rumores de que había ganado y que Capriles anunció que el gobierno tenía la intención de “cambiar los resultados”.

Las masas bolivarianas se habían reunido frente al Palacio de Miraflores para celebrar la victoria esperada y Nicolás Maduro les dirigió un discurso. Mientras tanto, el estado de ánimo era sombrío en la sede de la campaña de la oposición. Un pequeño número de partidarios de la oposición organizó disturbios en las áreas residenciales de clase alta, como El Cafetal, en el este de Caracas, quemando neumáticos y bloqueando las calles.

Capriles anunció que no reconocerá los resultados y exigió una auditoría completa del 100% de la votación, alegando que se habían producido más de 3.200 irregularidades. Fue apoyado por el rector de la CNE, Vicente Díaz, quien también pidió una auditoría de todas las urnas. La verdad, sin embargo, es que la oposición había llevado a cabo una campaña implacable durante semanas para tratar de desacreditar a la CNE, y Capriles y otros voceros de oposición denunciaron fraude horas antes de que hubiera sido anunciado cualquier resultado. Esta fue su estrategia desde el principio.

Lo primero que hay que decir acerca de los resultados es que se trata de una nueva victoria electoral de la revolución bolivariana, a pesar de su carácter ajustado. La llamada oposición “democrática” no tuvo ningún problema cuando Capriles ganó la gobernación de Miranda por sólo 40.000 votos, o cuando ganaron el referéndum de la reforma constitucional de 2007 por un estrecho margen (1,4%). En ese momento, la revolución bolivariana aceptó los resultados como democráticos. El patrón es claro, cada vez que la oligarquía gana acepta el resultado, pero cuando pierde, grita fraude.

Como Maduro señaló en su discurso de victoria, Bush fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales EE.UU. en 2000, a pesar de conseguir menos votos que su rival (y hubo acusaciones generalizadas de fraude que nunca fueron investigadas). A lo largo de la campaña Maduro insistió en que reconocería los resultados dados por la CNE, incluso aunque éstos le dieran la derrota por un solo voto. Capriles por su parte se había negado a decir que iba a hacer lo mismo, y se negó a firmar un documento por el estilo elaborado por la CNE.

La participación rebasó el 78%, sólo 3 puntos por debajo de la masiva participación del 7 de octubre del año pasado, cuando Chávez fue reelegido. A pesar de todos los intentos de la oposición y del imperialismo de cuestionar el carácter democrático de las elecciones, todos los observadores internacionales coincidieron en que se habían llevado a cabo de una manera libre y justa, y que el sistema de votación era infalible y eficiente.

Las colas de gente para votar el día de las elecciones se habían formado desde la mañana temprano; como es tradicional, los activistas revolucionarios hicieron sonar la diana a las 3am, y un gran número de personas fue a votar a lo largo de la mañana en los barrios obreros. La oposición dio instrucciones a sus partidarios de salir a votar masivamente por la tarde, aunque no parecía haber largas colas en las zonas residenciales de clase media y alta en ningún momento del día. Durante todo el día el ambiente fue tenso, como lo había sido durante los últimos días de la campaña. Paramilitares colombianos y salvadoreños habían sido detenidos en el país, acusados ​​de intentar llevar a cabo acciones desestabilizadoras. Estaban armados y algunos tenían uniformes del ejército venezolano en su poder. Las fuerzas armadas se habían apoderado también de un alijo de armas, municiones y explosivos.

En los medios de comunicación capitalistas se han podido leer toda clase de informes sobre supuestas acciones de violencia contra partidarios de la oposición, pero la verdad es que fueron activistas bolivarianos quienes recibieron todo tipo de provocaciones y de violencia extrema. Vale la pena dar algunos ejemplos. Un grupo de unas docenas de matones de la oposición intentaron prender fuego al edificio del gobernador de Mérida, al final de un mitin de Capriles. Un trabajador de PDVSA, que estaba lanzando fuegos artificiales de celebración al final del enorme mitin de cierre electoral de Maduro el 10 de abril, fue asesinado por dos sicarios en una moto. El 14 de abril mismo, un camarógrafo de la emisora de la televisión comunitaria Barrio TV fue baleado en El Valle mientras informaba sobre las elecciones. Los planes detallados de desestabilización elaborados por la organización juvenil opositora JAVU también fueron descubiertos y publicados. El simpatizante bolivariano, Potro Alvarez, un conocido jugador de béisbol y cantante, fue asaltado por una turba frenética de la oposición mientras iba a votar en el distrito de clase media alta donde vive, en Baruta, al este de Caracas. El mismo día de las elecciones, un grupo de activistas revolucionarios que mantenían un “punto rojo” de información en Los Ruices (este de Caracas) fue rodeado por una multitud furiosa y violenta de la oposición y tuvieron que ser protegidos por la guardia nacional. Cuando se acercaba la hora del cierre de las urnas se produjo un ataque cibernético intenso para piratear las cuentas de Twitter de Maduro, de varios ministros y de destacados activistas bolivarianos, que también resultó en la desfiguración de la página web de la campaña de Maduro y la caída de toda una serie de páginas web del gobierno y de los ministerios. Todo esto fue calculado para crear incertidumbre y miedo en un momento crucial, cuando todo el mundo estaba esperando los resultados de las elecciones. Esta es la verdadera cara de la llamada oposición “democrática”, que son exactamente los mismos individuos, partidos y fuerzas económicas que organizaron el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Un desglose detallado de los resultados todavía no se ha anunciado, pero por las cifras anunciadas estado por estado se puede ver que la oposición esta vez logró recuperar gran parte del terreno perdido en las elecciones presidenciales del 7 de octubre y en las elecciones regionales de diciembre. Ha ganado en Mérida, Táchira, Zulia, Lara, Nueva Esparta y Miranda, que tenía antes, así como en Anzoátegui, donde ya había ganado en las elecciones para la Asamblea Nacional en 2010. Cabe destacar que la oposición ha ganado en el estado clave de Bolívar, donde se encuentran las principales industrias básicas de propiedad estatal y donde hay un estado de ánimo muy crítico entre la base boliviariana contra el gobernador Rangel y la burocracia en general, debido a su papel en la lucha contra el control obrero. Sin embargo, Maduro ganó en 16 de los 25 estados del país, incluso en el Distrito Capital y en los estados industriales de Carabobo y Aragua.

En su discurso desde el Balcón del Pueblo, en el palacio de Miraflores, Maduro se refirió a un tema que es muy sensible para las masas revolucionarias: la de hacer concesiones o conciliar con la oligarquía y el imperialismo. Él explicó que había recibido una llamada de Capriles una hora antes de que se anunciaran los resultados de las elecciones para ofrecerle un pacto. Maduro dijo que había rechazado cualquier tipo de pacto y que le había respondido que la condición previa para cualquier conversación era el reconocimiento de los resultados electorales, algo que Capriles, por supuesto, se negó a hacer.

Maduro reiteró lo que ya había dicho más temprano ese día, que no habría ningún diálogo con la burguesía y que ya pasó el tiempo en que las cosas se negociaban “a espaldas del pueblo”. Si bien no rechazaba tener charlas o una conversación con “portavoces razonables de la oposición”, insistió en que lo que se necesitaba era un auténtico diálogo “con el trabajador, con el soldado” y que el debate debe ser abierto “en las fábricas, en los barrios, con el fin de desarrollar el Plan de la Patria (el programa electoral con el que Chávez se había presentado) y el legado de Chávez “, y dijo que éste era la “construcción de un país socialista”.

Explicó que durante la campaña se había topado con una sistemática campaña de guerra y sabotaje económico. “En cada estado que visité hubo un apagón del suministro eléctrico, y la energía sólo era restablecida cuando me iba”, explicó. Como cuestión de hecho, unas 23 personas han sido detenidas acusadas de participar en el sabotaje de la red eléctrica. Lo mismo puede decirse del sabotaje de la cadena de suministro de alimentos, con la especulación y el acaparamiento. Por último, reconoció la necesidad de la autocrítica y de una “rectificación a fondo” y de que el pueblo participe en ese proceso.

La dura verdad es que esta fue una victoria, pero sólo por un estrecho margen, que debe servir como una llamada de advertencia seria para la revolución. Desde el 7 de octubre la revolución bolivariana ha perdido 680.000 votos, mientras que Capriles ha ganado el mismo número. El ambiente entre las masas revolucionarias es de celebración por haber logrado una nueva victoria, pero al mismo tiempo hay un malhumor combativo y autocrítico. El descontento acumulado contra la burocracia y los reformistas “bolivarianos” se está convirtiendo en una exigencia para que se tomen acciones combativas contra los saboteadores y los elementos infiltrados dentro del movimiento revolucionario, y en particular contra todos esos alcaldes, gobernadores regionales, y funcionarios locales y estatales que juran por Chávez y se ponen una camisa roja, pero en realidad son sólo arribistas, oportunistas o, peor aún, corruptos. Hay llamamientos crecientes para una purga en el PSUV.

Maduro tiene razón al decir que a lo que la revolución se enfrenta es a una guerra de desgaste económico por parte de la clase dominante. Todas las conclusiones necesarias deben extraerse de esto. La única manera de completar la revolución y defender sus masivas conquistas sociales, es asestando golpes al poder económico de la clase capitalista, que es utilizado para sabotear la voluntad democrática de la mayoría. Esto significa expropiar los medios de producción, los bancos y el latifundio, a fin de permitir la planificación democrática de la economía en interés de la mayoría de la población. Esto en sí mismo permitiría a la revolución hacer frente a problemas tales como la inflación, el acaparamiento y la especulación, que están teniendo claramente el impacto deseado de desgastar la base social de apoyo a la revolución entre los trabajadores y los pobres.

Los problemas de la corrupción y de la burocracia sólo pueden abordarse mediante la introducción del control y de la gestión obrera en todos los niveles de la economía. ¿Cómo es posible que en una empresa estatal como Corpoelec, generadora y distribuidora de electricidad, haya sabotaje generalizado? Los trabajadores revolucionarios de la empresa han venido denunciando esto desde hace algún tiempo. La manera de tratar esto es a través del control obrero, que es la misma manera como pueden ser tratados los problemas de robo e ineficiencia a gran escala de las empresas básicas de Guayana.

El obstáculo en el camino de la adopción de estas medidas no es tanto la fuerza de la oposición. A pesar de su buen resultado electoral del domingo, todavía el 70% de la gente piensa que la presidencia de Chávez fue buena para el país. La inmensa mayoría de la población apoya los programas sociales introducidos. Si un número significativo ha sido convencido por los cantos de sirena de Capriles, es en parte debido a la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas de desorganización económica que son el resultado de la continuación de la existencia del mercado capitalista, no al contrario. Los dos últimos meses han demostrado que las masas bolivarianas están todavía motivadas y que son muy superiores a las fuerzas de la oposición en lo que respecta a la movilización de masas en las calles.

El obstáculo en el camino de completar la revolución hacia el socialismo no es el “bajo nivel de conciencia de las masas”, como argumentan los reformistas ¡Todo lo contrario! ¿Qué más se puede pedir a las masas de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres y pobres bolivarianos? Una y otra vez han demostrado tener un fino instinto revolucionario, una comprensión política muy desarrollada y una voluntad de combate. Ellos son quienes han salvado la revolución en todos los momentos cruciales, como ayer, y la han propulsado hacia adelante después de cada victoria.

La presión sobre la dirigencia bolivariana para que concilie será ahora muy poderosa. Los medios de comunicación burgueses internacionales ya han construido el discurso de un “país dividido”, el “llamamiento desvanecido del chavismo”, que Maduro no tiene “ningún mandato”, etc. The New York Times estuvo presionando para una reconciliación con los Estados Unidos cuando se publicó una declaración del representante de la OEA, y ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson en el sentido de que tanto Maduro como el canciller Elías Jaua se habían aproximado a él:

“Bill Richardson… dijo que Maduro lo llamó aparte después de una reunión de los observadores electorales el sábado y le pidió que llevara un mensaje. “Me dijo: ‘Queremos mejorar la relación con los EE.UU., regularizar la relación’”, dijo Richardson. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, se reunió con Richardson el domingo, y le dijo que Venezuela está dispuesta a reanudar las conversaciones que se habían cortado, dijo Richardson”

De lo que el New York Times y la clase dominante de EE.UU. están hablando no es tanto la reanudación de las relaciones diplomáticas sino de que Maduro debe girar a la derecha y conciliar con el imperialismo. Este fue también el significado del mensaje envenenado de apoyo a Maduro del ex presidente brasileño Lula, cuando dijo que debe “formar alianzas con otros sectores”. Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y principal representante de ATTAC, estaba empujando en la misma dirección anoche en Telesur, cuando se refirió a un “diálogo político con los empresarios, inversores, sectores de la oposición”. Con el asesoramiento de amigos como éstos, ¿quién necesita enemigos?

Una capa de burócratas y arribistas ahora comenzará a considerar si el campo bolivariano es el que les da las mejores garantías para promover sus propias carreras, que es lo único que les interesa. Una serie de gobernadores regionales ya se han unido a la oposición en los últimos años y ahora la presión para que abandonen el barco será mucho más fuerte.

Si la oligarquía fuera inteligente (y eso no es cierto), debería jugar para el mediano plazo, con la combinación de la presión sobre la cuestión del llamado “fraude electoral” y la auditoría de los resultados con el sabotaje económico, mientras que al mismo tiempo ofrece una mano a los diferentes sectores de la burocracia bolivariana.

El pueblo revolucionario trabajador es la única garantía contra estas maniobras, lo que significaría una sentencia de muerte para la revolución. La vanguardia revolucionaria, que está presente en cada barrio obrero, comunidad campesina, fábrica, y cuartel militar necesita organizarse urgentemente en torno a un programa claro de cómo completar la revolución, la forma de llevar a cabo el legado de Hugo Chávez de un país socialista.

El fortalecimiento de la corriente marxista dentro del movimiento bolivariano, que se agrupa alrededor del periódico Lucha de Clases es por lo tanto crucial, ya que el marxismo revolucionario es la única ideología que puede proporcionar una expresión acabada a las aspiraciones revolucionarias instintivas de las masas bolivarianas.

¡Defender el resultado electoral a través de la movilización y la vigilancia de masas!

¡Luchar contra el sabotaje por medio del control obrero!

¡Luchar contra la dislocación económica a través de la expropiación de los medios de producción, los bancos y las grandes haciendas!

¡Construir una fuerte corriente marxista en el movimiento bolivariano!

En El Salvador se está produciendo una intensa lucha por la recomposición del poder político, entre los sectores que conforman la tradicional clase burguesa y los sectores económicos emergentes que buscan consolidarse como núcleos económicos dominantes. Estos sectores emergentes de la burguesía ya controlan ciertos órganos del aparato del Estado burgués, lo que les permite presionar y negociar con quien más le conviene de cara a la defensa de sus intereses. Esta “toma” de una parte de las instituciones, preocupa a una parte del empresariado salvadoreño tradicional que considera que la democracia está en riesgo, aunque en realidad lo que está en riesgo son sus intereses económicos y políticos y la perdida del control del aparato de Estado.

Una Constitución reaccionaria y antidemocrática

La Constitución de la Republica de El Salvador, vigente desde 1983 con algunas reformas, no fue elaborada con la participación democrática del pueblo salvadoreño. Al contrario, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil y en momentos en que las Fuerzas Armadas y demás cuerpos represivos de seguridad, junto a los escuadrones de la muerte, masacraban a los dirigentes obreros y populares. Esta Constitución en el artículo 85 sentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”.

Estos conceptos respondieron a las necesidades y realidades históricas de los sectores de la clase dominante, que en aquel momento buscaba desesperadamente frenar un posible arribo al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en ese momento libraba la lucha armada y propugnaba por la insurrección popular. Aunque, al mismo tiempo, creó mecanismos institucionales para que la guerrilla del FMLN pudiese desarmarse, abandonar el programa socialista, y participar en la vida política como un partido más, pero amarrado a los preceptos constitucionales que la oligarquía definió en 1983.

Por ello la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares, estableciendo rígidos requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos, e implementando procesos viciados en la inscripción de los mismos.

Las maniobras de ARENA

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) nació como una agrupación contrarrevolucionaria, y siempre ha defendido los intereses de los sectores tradicionales de la clase dominante. Después de la derrota electoral del 2009 perdió del poder ejecutivo, así como la hegemonía en la Asamblea Legislativa, como resultado de la división interna que llevó a la fundación del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Antes de que se produjera el cambio de correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa, ARENA se atrincheró en el órgano judicial, recurriendo posteriormente a una serie de maniobras como dictar sentencias favorables a la seudo democratización del sistema político, al permitir las candidaturas independientes, el desbloqueo de listas cerradas de candidatos a diputados, etc.

Estas maniobras estaban dirigidas a debilitar políticamente al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, creando mecanismos institucionales que les restasen caudal electoral al FMLN y GANA, este último como expresión partidaria de los sectores burgueses emergentes. Las sentencias de la Sala Constitucional fueron una clara maniobra política que beneficiaba a ARENA, pero al dictarlas dejaron muy claro que los gobiernos de ARENA se basaron en instituciones antidemocráticas, como siempre lo hemos denunciado los socialistas centroamericanos.

Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), partiendo de que dichas sentencias sólo buscaban cambiar algo para que todo siguiera igual, declaramos que no apoyábamos las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política de la derecha y porque eran insuficientes para satisfacer los objetivos políticos de la clase trabajadora. Expresamos a la vez que no podíamos permitir ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo, como los que fueron realizados en los gobiernos de ARENA.

Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) también hemos criticado al gobierno del FMLN porque éste se ha negado a encabezar la lucha por la democratización del sistema político salvadoreño. Hasta ahora las “Reformas Electorales” sólo han beneficiado a ARENA y GANA, no así a la clase trabajadora, ya que continúan vigentes las restricciones que impiden la participación política de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios, por lo que sigue siendo necesario luchar por una verdadera democratización del régimen político.

La clase dominante tradicional y el partido ARENA han buscado maneras para evitar que las expresiones políticas de los nuevos grupos económicos emergentes consoliden posiciones dentro de las instituciones del Estado. En este contexto, a pesar que ARENA se recuperó en las pasadas elecciones legislativas de 2012, la repartición de los cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Republica se realizó cuando el FMLN y sus aliados tenían mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa

Este es el verdadero origen de la actual crisis política. Este “golpe de mano” del FMLN y sus aliados es considerado “inconstitucional” por ARENA y la clase dominante tradicional. El temor de estos sectores es que en el futuro tendrían que negociar las decisiones judiciales con el FMLN y sus aliados.

La defensa de la Constitución, nueva táctica de la derecha arenera

El nombramiento de los Magistrados por segunda ocasión por parte de la legislatura 2009 -2012 llevó a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la elección de los magistrados en 2012 y en 2006. Evidentemente, las decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contradecían la voluntad de los aliados del FMLN dentro de la Asamblea Legislativa.

Fue así como la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo para interponer una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) contra las ultimas sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la que ordenó la suspensión de los actos de la Sala de lo Constitucional, validando momentáneamente en los hechos las decisiones de la Asamblea Legislativa de elegir Magistrados en dos ocasiones. Esta resolución de la CCJ fue considera por la Sala Constitucional de la Corte Suprema como “invasión indebida en la justicia constitucional del Estado salvadoreño”, agravando la crisis política y poniendo en tela de juicio los órganos de la integración centroamericana, que fueron reconocidos en su momento por el Estado de El Salvador.

Por su parte, el presidente Mauricio Funes se mostró afín a las resoluciones de la CCJ, debido su temor a que se declaren también inconstitucionales los nombramientos de los militares en los organismos de seguridad, decisión que ha sido cuestionada por muchas organizaciones sociales.

Esta lucha política en las alturas del poder, no beneficia en nada a la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares. A pesar de ello, la clase dominante tradicional muy astutamente ha logrado arrastrar a ciertas organizaciones a su causa, como es el caso de algunos grupos en Aliados por la Democracia. De igual manera, expresiones políticas de los sectores económicos emergentes, también han manipulado y arrastrado a sectores de masas en esta lucha por el control de los aparatos del Estado.

En este conflicto por el control de la Corte Suprema de Justicias, tanto el FMLN y sus aliados, como ARENA, han apelado a la movilización controlada de sus seguidores, para incidir en la mesa de negociaciones. Ninguno de estos bandos en pugna apela realmente a las masas, porque ambos temen que se cree una dinámica social que no puedan controlar. Ambos enseñan los dientes y los puños, esperando convencer al otro de la necesidad de encontrar una salida negociada.

Chantaje e imposiciones del imperialismo

Esta crisis política ha empezado a preocuparle al imperialismo norteamericano, debido a las buenas relaciones que mantiene con el gobierno de Funes y del FMLN.

El imperialismo también presiona por una salida pactada a dicho conflicto. Para ello ha recurrido al chantaje, amenazando con retirar los programas de cooperación financiera al gobierno y utilizando la figura del presidente Funes, quien parecía no querer involucrarse en el conflicto so pretexto de la independencia de poderes. Pero la dinámica del conflicto obligó a Funes a encabezar el proceso de diálogo entre el FMLN y ARENA.

Funes ha dicho que “Se trata de lograr un ámbito favorable al diálogo y a la construcción de consensos que permita alcanzar acuerdos superadores del conflicto de poderes que vivimos ya desde hace varias semanas… No estoy esperando que al final de esto salga la solución, pero al menos si nos ponemos de acuerdo en cómo comenzar a abordar el problema y el alcance de estas reuniones, con eso diría yo que nos podríamos dar por satisfechos…” (http://www.presidencia.gob.sv)

La dirección del FMLN junto al gobierno de Funes, solamente están presionado para negociar, pero no en función de los intereses de las grandes mayorías, sino para garantizarse cuotas de poder como partido político.

El resultado de las primeras negociaciones entabladas, bajo la mediación del Presidente Funes, indica que tanto ARENA como el FMLN y sus aliados, han llegado a acuerdos parciales que indican la voluntad política de fortalecer el bipartidismo, la repartición de cuotas de poder, a costa de los mismos valores democráticos que ambos sectores dicen representar.

Exijamos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana

En el 2009, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), planteó la necesidad de terminar con los gobiernos de ARENA. Una vez derrotada la derecha arenera, expresamos total desacuerdo con el gobierno de Unidad Nacional, por ser contrario a los intereses de las grandes mayorías, llamando a la instauración de un gobierno de la clase trabajadora, de campesinos, pueblos originarios y sectores populares en el cual no debía participar ningún burgués.

Era y sigue siendo necesario rechazar todo pacto o negociación con la derecha. Se debía terminar con el sistema antidemocrático, ampliar las libertades, garantías y derechos en beneficio de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, siendo necesarios la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la cual sea el pueblo quien decida democráticamente los rumbos de la nación.

A pesar de sus maniobras y de los resultados electorales del 2012, la derecha arenera realmente no ha podido recuperarse. Ha perdido el control del órgano judicial y la hegemonía en la Asamblea legislativa, lo que ha generado una crisis del sistema de dominación burgués. Este es el momento en que el FMLN debería luchar desde la Asamblea Legislativa por la derogatoria de la pétrea Constitución de 1983 y reorganizar el Estado en beneficio de las clases oprimidas, pero se niegan a hacerlo. Salvador Sánchez Cerén ha dicho con claridad que el FMLN aspira a realizar reformas constitucionales.

Esta crisis política se produce en el marco de la crisis económica nacional e internacional del sistema capitalista, lo que debe ser aprovechada por la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares para cambiar el sistema político económico y social imperante.

Un Plan de Lucha para convocar a la Constituyente

Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, pueblos originarios y populares a construir un frente unitario para reclamar la instalación de una Asamblea Constituyente que implemente un plan de reorganización democrática del Estado. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) proponemos un Plan de Reivindicaciones básicas que debe implementar la Asamblea Nacional Constituyente, así tenemos:

1. Que sea el pueblo quien elija directamente al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal general de la república y al Procurador general de la República, así mismo que sea el pueblo quien revoque el mandato a cualquier funcionario publico. Un alto funcionario no debe ganar más allá del salario de un obrero calificado.

2.- Democratización del régimen político lo que implica flexibilizar los requisitos para la creación y legalización de partidos políticos, y de las candidaturas no partidarias que permitan la participación política de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares. A nivel municipal los consejos municipales deben ser representativos de todas las expresiones políticas.

3. Incorporación de mecanismos como el referéndum, plebiscito. Etc que permitan la participación democrática y consulta popular en temas de interés nacional.

4. Reconstruir la nación y el estado federal centroamericano.

5. Revertir el proceso de dolarización.

6. Retirar toda protección jurídica que permita a los funcionarios públicos actuar en impunidad tal es el caso del fuero político y militar.

7. Cese de la creciente remilitarización.

8. Garantizar la seguridad, la prevención y combate a la violencia y delincuencia.

9. Por el derecho a la libertad de sindicalización y el derecho a huelga de todos los empleados públicos y municipales, así como también garantías de estabilidad laboral.

10. Despenalización de todos los métodos tradicionales de lucha social.

11. Asegurar que los que tienen más dinero, paguen mas impuestos.

12. Implementación de una reforma agraria integral.

13. Reconocimiento de la existencia y derechos de los pueblos originarios (indígenas).

14. Fortalecer el sistema público de salud con carácter gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la población.

15. Garantizar el acceso de toda la población a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, así como la asignación de un presupuesto justo a la Universidad de El Salvador. Destinar los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema de educación pública, mejorando la excelencia académica y la investigación científica.

16. Aumento general de salarios para los trabajadores públicos y privados de la ciudad y del campo. Que se establezcan salarios mínimos acordes con el monto de la canasta básica, los cuales deben subir automáticamente al ritmo del aumento de la canasta básica. Obligar a los patronos a pagar todas las prestaciones sociales de ley.

17. Plan de construcción de viviendas a bajos precios para todos los trabajadores, sectores populares y campesinos que las necesiten. Eliminación de los asentamientos marginales y entrega de viviendas gratuitas a sus habitantes.

18. Protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Terminar con todo proyecto que afecte al medio ambiente y las poblaciones.

19. Renacionalización de las empresas, servicios y recursos privatizados o entregados en concesión.

20. Nacionalización de la banca y del sistema financiero, bajo control de los trabajadores.

21.- Garantizar el Derecho al trabajo y una vida digna para todos. Se debe combatir el desempleo. No a la flexibilización laboral y a los empleos precarios sin goce de prestaciones ni estabilidad. No a la privatización de la seguridad social.

¡!Es hora de democratizar el Salvador en beneficio de los mas pobres!!

Centroamérica, 28 de Julio del 2012

Secretariado Ejecutivo Centroamericano del

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOC

12 de abril de 2013 La ausencia de un programa político definido de transformaciones revolucionarias, y su sustitución por programas electorales de naturaleza coyuntural, es una de las expresiones más reveladoras del peso de la visión reformista predominante en el discurso y la práctica del grueso del movimiento revolucionario salvadoreño.

Desprenderse de esta visión reformista y retomar el rumbo revolucionario es uno de los principales desafíos de la izquierda salvadoreña, para poder así aprovechar la extraordinaria acumulación de fuerzas existente e inclinar la balanza social hacia la ruptura del sistema y no hacia su sostenimiento, como sucede en la actualidad.

Para cumplir esta tarea de naturaleza estratégica se requiere poner en tensión la voluntad popular de transformar este sistema capitalita dependiente, por un nuevo tipo de sociedad, la sociedad socialista. Y de esta forma iniciar el esfuerzo histórico por hacer desaparecer las diferencias de clase, la opresión y la explotación.

Sin un programa político, el barco de la revolución navega sin rumbo. Y va dando bandazos hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el oportunismo o hacia el izquierdismo, y puede hasta naufragar. De lo que se trata es de garantizar que el barco llegue al puerto, al puerto del socialismo.

Y una de las más evidentes manifestaciones del peso alcanzado en nuestro pensamiento por la visión reformista, es la ausencia de debate sobre un programa político que defina con claridad los objetivos y las estrategias, tanto a corto como a mediano y largo plazo del movimiento revolucionario salvadoreño. Trabajamos con base a la coyuntura. Afinamos el oído y el olfato de la táctica (programa mínimo) y descuidamos la visión estratégica (programa máximo). No siempre ha sido así.

Y podemos rescatar como valiosa herencia la plataforma de lucha por el poder del Comandante Anastasio Aquino, que construyó un ejército indígena para garantizar el cumplimiento de los famosos Decretos de Tepetitan de 1833 que entre otras cosas, planteaban: “Queden libres de obligación de pagar todos los deudores que se encontraren en el territorio en que hace sentir su fuerza mi gobierno.”

En los últimos noventa años hemos vivido diversas experiencias de construcción de programas y de lucha por el poder. De 1924 a 1928 la lucha por conquistar la jornada laboral de ocho horas fue una bandera reivindicativa prioritaria de la FRTS (programa mínimo) a la vez que se creaban las condiciones para constituir el partido político de la clase obrera y garantizar así la lucha por el socialismo (programa máximo).

En la insurrección de 1932 el objetivo del PCS fue la instauración de soviets. Eran los tiempos de la III Internacional. El socialismo tenía quince años de existir en el mundo en la URSS. El programa no estuvo muy claro pero la decisión de romper con el sistema fue definitiva, categórica. De 1932 a 1944 la bandera fue el derrocamiento del tirano Martínez. De 1944 a 1992 la bandera fue terminar con la dictadura militar. ¿Y ahora?

Durante toda la década del setenta del siglo pasado uno de los puntos más significativos de la lucha ideológica entre las diversas corrientes de izquierda fue precisamente el debate sobre la caracterización del régimen y sobre el programa revolucionario.

Y claro, sobre las formas de lucha y de organización. Y también sobre las corrientes ideológicas internacionales. Se leía y se debatía profusamente, apasionadamente. Discusiones intensas que se daban en las alturas y en la base popular de la izquierda política y social de ese momento, entre los “revis” y los “ñurdos”, entre los “electoreros” y los “ultras.”

Para algunos el régimen era una dictadura militar en escalada fascista, para otros una dictadura militar de derecha, para otros una tiranía militar fascistoide, una dictadura de excepción, etc. Y se hablaba como proyecto de un gobierno democrático antiimperialista y antioligárquico; de un gobierno de obreros y campesinos con hegemonía proletaria, de un gobierno de salvación nacional, etc.

Al final el avance del proceso unitario y la agudización de la crisis nacional impusieron la necesidad de abandonar posiciones dogmáticas y en febrero de 1980 a nivel de CRM se logró coincidir en un planteamiento único: el de la plataforma programática del gobierno democrático revolucionario, que respondía a un nivel concreto de alianzas plasmado en el Frente Democrático Revolucionario. Y posteriormente en la alianza FDR-FMLN.

El corazón de este planteamiento radicaba en lo político en el cese a la represión contra el pueblo y libertad de los presos políticos, así como en lo social la realización de una reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Un mes después, el proyecto contrainsurgente de manera audaz asumía este planteamiento social para quitarle las banderas al proyecto revolucionario.

Posteriormente, los desafíos derivados del avance de la Guerra Popular Revolucionaria y de la profundización de la Intervención Regional del gobierno estadounidense, impusieron la necesidad de una nueva iniciativa táctica plasmada en la propuesta del FMLN-FDR de enero de 1984, llamando a la creación de un Gobierno Provisional de Amplia Participación.

Y todo esto culminó en el proceso de dialogo y negociación que dio origen a los Acuerdos de Paz de enero de 1992. Surgió una nueva institucionalidad, que incluyó la transformación del FMLN de fuerza político-militar a fuerza político-electoral. Y a la búsqueda de conquistar el gobierno mediante la vía electoral, y de esta manera ir acumulando poder político.

El 2009 el FMLN logra conquistar el ejecutivo a través de una amplia alianza de fuerzas democráticas y revolucionarias. En la actualidad esta planteada la renovación de ese mandato popular en el 2014. Han sido veinte años ya de enfrentamiento político con la derecha, durante cinco elecciones presidenciales.

Además de participar en elecciones legislativas y municipales. En el caso de las presidenciales se ha optado por 2 candidatos de fuera del FMLN
(Rubén Zamora en 1994 y Mauricio Funes en 2009)y por tres candidatos de dentro del FMLN (Facundo Guardado en 1999, Schafik Handal en 2004 y Salvador Sánchez Ceren en 2014).

Hay una relación estrecha en lo electoral entre candidato y programa. Un programa excelente puede ser opacado por un candidato débil, mientras que un candidato excelente puede ganar incluso con un programa débil. Influye fuertemente en este campo la magia de la imagen. La percepción se convierte en la realidad. La misma lección se extrae de las experiencias del PAR en 1967 con Fabio Castillo, de la UNO en 1972 con José Napoleón Duarte y en 1977 con el Cnel. Ernesto Claramount.

En conclusión, como movimiento popular tenemos el desafío de construir una propuesta política de largo plazo, que rebase los límites de las competencias electorales. Y no estamos hablando de socialismo como meta a corto plazo pero tampoco estamos hablando de acomodarnos a este sistema capitalista como el mejor de los mundos posibles. Y pensar exclusivamente en la siguiente elección y en el próximo cargo.

Esto no significa abandonar la tarea de seguir derrotando a la derecha en cada elección y de garantizar la continuidad del actual proceso iniciado en el 2009. Esto significa construir desde nuestros lugares de trabajo y territorios organización popular que es poder popular; además una propuesta de Nación desde nuestra visión y necesidades a mediano plazo, digamos veinte años.

Y educar a nuestro pueblo en la necesidad de una ruptura, de un cambio de sistema, en la necesidad de un futuro socialista (programa máximo). Debemos aprender a caminar simultáneamente en estos tres carriles. Es posible y urgente hacerlo.

Movimiento social y popular

La implementación de la Ley de Medicamentos es una de las últimas medidas mediante las cuales el gobierno del presidente Funes expresa su naturaleza popular. Lamentablemente como movimiento popular no hemos tenido la claridad de visión y capacidad de acompañar activamente y solo ha activado el movimiento social vinculado a problemáticas de salud.

Cuando se trata de una gran batalla por la profundización de la democracia social. Pero a diferencia de 2002, en la batalla contra la privatización de la salud, esta vez la movilización popular ha estado bloqueada en parte por la existencia de un gobierno de izquierda.

Es un enfrentamiento social en el cual el Gobierno defiende los intereses populares contra la elite empresarial que se ha beneficiado por décadas de este lucrativo negocio. Pero el gobierno aparece dando la batalla solamente con un débil apoyo. Una excepción fue la masiva movilización del 4 de abril, del Hospital Rosales a la Corte Suprema de Justicia, convocada por el Foro Nacional de Salud.

El presidente Funes si ha comprendido que la batalla por la salud es la que le permitirá quizás cerrar con broche de oro su presidencia y se ha lanzado al ruedo denunciando las maniobras de la derecha para tratar de boicotear la ley de Medicamentos. Son estas actitudes las que mantienen su figura en alto en las preferencias populares.

Lo mismo sucede con otras tres grandes batallas: la del agua, la del transporte y la de las minas. Incluso con la batalla por el aumento salarial anunciado por el Gobierno, en la cual brilla por su ausencia el movimiento sindical. No hay interés en organizar esta lucha en las direcciones sindicales pero tampoco en las bases. Es lamentable, pero es una realidad.

Y mucho menos interés en la población. Prevalece el espíritu de “aceptar lo que nos den” sobre el espíritu de “luchar por lo que es justo.” Es un problema de conducción política y es un problema de estado de ánimo de los sectores populares.

En la batalla del transporte, el esfuerzo gubernamental por garantizar cambios en el sector orientados a beneficiar a la población se ven bloqueados por la actitud cerrada de transportistas que se lucran del caos existente. No hemos tenido la capacidad como movimiento popular de crear un Sindicato de Pasajeros que asuma la defensa de los derechos a un transporte barato y de calidad. Y la población es víctima y espectadora de este duelo entre Viceministerio de Transporte y Transportistas. Esperamos que sea el gobierno el que nos resuelva el problema.

Lo mismo sucede con la batalla del agua, hay un debate en la Asamblea para una Ley del Agua que es acompañado básicamente por ONGs que trabajan en el tema, pero con escasa presencia de las organizaciones comunales, de los sindicatos, de las mujeres.

No se logra captar la integralidad e interconexión de los temas. Y es que esto le correspondería hacerlo a la conducción política, como en el pasado. Definir líneas de acción. Quizás hoy con mayores niveles de consulta. Pero la conducción política esta ausente o preocupada por otros temas. Hay un vacío preocupante.

Y en este caso del agua ANDA juega un papel ambiguo, para ser benévolos. Hay que resaltar que el 4 de abril las comunidades Aragón II y Brisas del Mirador bloquearon a la altura del Rancho Navarra la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Comalapa exigiendo a ANDA que se les restablezca el servicio de agua, suspendido desde hace dos semanas.

No hemos tenido la capacidad de supervisar desde el movimiento popular a este ente estatal. Y es posible hacerlo, pero estamos paralizados y confundidos. Unos temerosos de atacar al gobierno y hacerle el juego a la derecha y otros preocupados exclusivamente por atacar al gobierno al que consideran de derecha. Debemos de buscar puntos de encuentro. Es urgente.

En la batalla contra las minas, o en general en defensa de nuestros recursos naturales, no hemos tenido la capacidad de doblegar la voluntad colonialista de la italiana ENEL. No hemos logrado construir un frente común contra la amenaza de Cerro Blanco en la frontera con Guatemala.

Y la minera canadiense Pacific Rim continúa amenazante con una demanda hoy por 315 millones de dólares en concepto de indemnización por denegarles el permiso para trabajar en el país, tal como lo denunció la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica..

Es evidente que la derecha empresarial y mediática ha logrado que la izquierda social emprenda cada una de estas batallas separadamente, viendo solo los árboles de su sector y descuidando el bosque del horizonte común, de la lucha amplia por la democracia social.

Esta situación se explica a su vez por la ausencia de un ente popular que sistematice y coordine los diversos esfuerzos y los oriente hacia una meta común. Luego de los Acuerdos de Paz de 1992 el FMLN renunció a jugar este papel. Y este vacío influye poderosamente en la determinación de la actual situación.

Crisis en ARENA

La derrota electoral de marzo de 2009 es un hachazo al pecho que todavía sigue desangrando al partido de la oligarquía. Perdieron el ejecutivo. Es una situación de agonía que lleva ya cuatro años y que no pudo ser curada ni por las labores quirúrgicas de Cristiani ni por el bálsamo de la inesperada victoria electoral del año pasado. ARENA está en peligro de muerte. Y lo saben.

Y parece que no les interesa saberlo porque las pugnas continúan y cada una de las fracciones parece empeñada en lograr la anulación política de su adversario, aunque esto les acarree una nueva derrota electoral en el 2014. Quijano observa impotente como su candidatura es triturada en los trapiches de las intrigas y deserciones legislativas y hasta municipales. Y se lamenta del error cometido al no haber aceptado la conducción del partido.

No obstante esto, no puede subestimarse la capacidad de este partido por readecuar su estrategia y fortalecerse. Ya lo ha hecho en el pasado y puede repetirlo. No olvidemos marzo del año pasado. No olvidemos Apopa, Soyapango, Ilopango, etc. No podemos dormirnos…

Pero cada decisión política parece abrir una nueva herida, como ha sido la designación del candidato a la presidencia y luego la del candidato a la vicepresidencia. Y las deserciones de oficiales en plena batalla que conducen a la irrelevancia legislativa. Y las denuncias internacionales por vínculos terroristas. De continuar esta tendencia a la implosión, la segunda vuelta a estas alturas será seguramente entre Sánchez Ceren y Saca.

En el peldaño 107 del IDH 2012

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en su Informe sobre el Indice de Desarrollo Humano, IDH 2012 ubica a nuestro país en el preocupante puesto 107. En el 2011 ocupó el puesto 105, o sea que hemos bajado dos posiciones.

El Indice de Desarrollo Humano evalúa tres condiciones: esperanza de vida, escolaridad promedio, e ingreso nacional bruto. Es una medición internacional que inició en 1990 y que este año lleva como titulo: “El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso.”

En los primeros lugares de este año se encuentran Noruega, Australia, Estados Unidos, Holanda y Alemania. En los últimos lugares se encuentran (186) Níger, República Democrática del Congo, Mozambique, Chad y Burkina Faso. O sea Europa y Africa. Los imperios y las colonias.

Hay cuatro categorías: muy alto, alto, medio y bajo. El Salvador esta en la franja de IDH Medio. Seguimos a Gabón (106) Surinam (105) y Maldivas (104) y somos seguidos por Bolivia (108) Mongolia (también 108) y Palestina (110). Y no es twitter.En nuestra región, Panamá ocupa el lugar 58, Costa Rica el lugar 69. Belice el 93. Honduras el 121. Nicaragua el 129. Guatemala el 133.-

16 Febrero 2010 GUATEMALA-No olvido una máxima que con frecuencia mencionaba uno de mis mejores profesores de ciencias políticas; él decía: en política es importante tener la razón, pero es más importante tenerla a tiempo. Esto implica que en política tener la razón en cualquier punto que sea, si esta llega a destiempo, es decir, si es prematura o tardía, no sirve para mucho, al contrario puede resultar contraproducente.

El mensaje del máximo dirigente del FMLN, Medardo González, que para la próxima elección presidencial llevarán un candidato propio, del partido, no es políticamente oportuno y más expresaría o bien un mensaje dirigido a “tranquilizar” los ánimos de sus bases más ideologizadas o radicales que no son la mayoría o bien un deseo insatisfecho de lo que siempre se quiso pero que la realidad les impuso de manera contundente en 20 años y tres elecciones presidenciales previas.

Hay lecciones de la historia que valdría la pena aprender. Si bien con la candidatura de Schafick Handal en el 2004 se consolidó el voto duro del frente y se logró aumentar el caudal electoral, se debiera recordar que las dos mejores competencias electorales presidenciales en que el FMLN fue más competitivo y en las que tuvo la capacidad de generar incertidumbre en los resultados y de constituirse en opción real de poder frente a la derecha fue en 1994 con un candidato que no era miembro del FMLN, Rubén Zamora, con quién obligó a la derecha a una segunda vuelta frente a Armando Calderón Sol, y la elección de 2009 con Mauricio Funes en la que al final se erigió con la victoria, y a fuerza de objetividad no por una abrumadora mayoría.

Consideramos que aquel mensaje ya aludido no es oportuno ni políticamente correcto por tres razones básicas. En primer lugar, a priori o de forma muy anticipada estarían poniendo obstáculos o en el peor de los casos, cerrando la posibilidad de abrirse a una amplia alianza de fuerzas sociales y políticas que garanticen la continuidad del cambio y de la construcción de un consenso político más amplio, más plural y más representativo, más estable y de mayor alcance. Adelantar criterios y posicionarse con el tema de las candidaturas no abona a la intención y necesidad de crear o consolidar esa amplia alianza con miras a profundizar el cambio.

En segundo lugar, puede conducir a la tentación y al error estratégico de confundir el gobierno con el poder. Estamos de acuerdo que en las condiciones actuales y dada la naturaleza del sistema político vigente, la construcción de poder demanda de las conquistas electorales y del control del gobierno y del aparato de Estado como medio y no como fin. Sin embargo, anteponer la lógica electoral como objetivo a la construcción de un sujeto social y político de cambio más plural y más democrático, no es lo más inteligente. La dirigencia del FMLN debiera orientar sus energías y sus discursos, cuidándose de no caer en los nocivos hegemonismos, a la construcción de un sujeto social y político que trascienda las fronteras partidarias y de izquierda revolucionaria, así como a la definición de una estrategia y un proyecto político viable o realizable en el contexto nacional, regional y mundial actual que presente claras orientaciones tácticas y estratégicas y líneas de orientación políticas, económicas, sociales e ideológicas que potencie la adhesión discursiva y activa de los más amplios sectores vivos del país, de forma que se lo apropien y lo hagan suyo pues es la única forma de volverlo realizable y sostenible y de continuar o profundizar el cambio.

Como bien lo intuyen algunos de sus dirigentes, aquel objetivo inmediato que se propuso el FMLN de sacar a ARENA del poder sigue siendo en cierto modo una tarea pendiente, pues si bien ya no controlan la dirección del Órgano Ejecutivo, siguen enquistados en las estructuras más internas y profundas del poder y el sistema político mismo y buena parte de su diseño institucional sigue estando hecho a la medida y conveniencia de aquellos poderes fácticos económica y políticamente muy influyentes que tal expresión partidaria representa. El logro pleno de aquel objetivo inmediato podría verse erosionado por una estrategia y un pensamiento político muy cortoplacista.

En este contexto la dirigencia del FMLN debiera cuidarse además de no caer en el error de sobrevalorar su capacidad política y su fuerza electoral y subestimar la capacidad de recomposición de la derecha y de su mostrada habilidad de adaptación a los nuevos entornos.

En tercer lugar, se sigue cayendo en el error de “poner la carreta delante de los bueyes”, lo que en las condiciones actuales del país y por la alta responsabilidad que un amplio sector de la población le ha delegado como partido para conducir el Órgano Ejecutivo ya no es aceptable. Antes de aventurarse con la idea de los “candidatos de hueso rojo”, deberían enarbolar la bandera y asumir el liderazgo para la construcción de un plan de nación de largo plazo que supere el cortoplacismo quinquenal, que perfile el tipo de sociedad deseable y que El Salvador necesita a 20 ó 25 años plazo, que sea coherente y viable, que responda a las presentes y futuras demandas económicas, políticas, sociales y culturales del país que apunten a darle viabilidad y sostenibilidad a un verdadero cambio estructural, de sociedad y de modelo de desarrollo y no sólo a introducir tímidos cambios al patrón de acumulación de capital en el marco del mismo modelo de sociedad imperante.

Este plan debiera ser el referente de cualquier candidato a la presidencia para las elecciones del 2014, independientemente de que sea de “hueso rojo” o de “corazón más plural y más democrático”. Es fácil entender que la construcción de este tipo de plan requiere de la construcción de consensos que vayan más allá de los consensos mínimos relativos a la formas de acceso y ejercicio del poder y la toma de decisiones, de los mecanismos para resolver los conflictos, y en su conjunto sobre el modelo de vida económica, social y política a la que aspiramos como salvadoreños. Este consenso mínimo sólo es el punto de partida que en cierto modo y con algunas limitaciones está contenido en los principios constitucionales y que también animaron y dieron sustento a los Acuerdos de Paz. Un plan de nación de largo alcance requiere de amplios consensos y del concurso de todos los sectores productivos y representativos del país y que no es posible ni viable que lo asuma una sola fuerza política, por muy fuerte, representativa y preclara que sea o que se considere. Esta será la única forma de abandonar la estrecha visión y práctica que nos ha llevado a lógica perversa e inmediatista de “refundar la democracia” cada cinco años, pues cada presidente que es elegido se erige como el Robin Hood o el que “ahora sí” hará las cosas diferentes.

Sería un error dejarse llevar nuevamente por el vanguardismo o el hegemonismo que si bien les rindió algún fruto en y durante la guerra como frente guerrillero, debiera entenderse que en el marco de la competencia electoral y la nueva experiencia democrática por la que atraviesa el país tales concepciones y prácticas políticas tienden a restar y no a sumar, a dividir y excluir pero no a unir o incluir.

Para el FMLN apostarle a capitalizar la popularidad de Funes, sobre todo si logra sostenerse con los mismos niveles de aceptación en la percepción ciudadana hasta el final de su mandato, sin introducir de fondo serios cambios en su democratización interna como partido y de su enraizamiento con los sectores sociales que supone representar, en la definición con mayor claridad de su proyecto político, así como en la formación de nuevos liderazgos tampoco sería una apuesta segura. Baste ver el ejemplo de La Concertación Democrática en Chile en la recién pasada elección presidencial, donde el candidato oficialista fue derrotado en la segunda vuelta o ballotage por la oposición de derecha, a pesar de la alta popularidad con la que termina su mandato la Presidenta Bachelet; la experiencia y el resultado del PT en Brasil en la próxima elección presidencial de octubre de 2010 podría ser para la dirigencia del FMLN un laboratorio a estudiar muy de cerca del que podría derivar importantes lecciones.

Si la lucha es por profundizar la democracia en El Salvador el FMLN tiene que trabajar no sólo por hacer un buen gobierno sino también por fortalecer su institucionalidad como partido de forma tal que cuando le corresponda de nuevo asumir el rol de oposición, muy previsible en un régimen democrático, lo encuentre preparado para hacerlo sin traumas tan profundos ni exorcismos políticos como le ha tocado a ARENA ni, tal como le sucedió a éste último, lo encuentre anclando su fuerza y potencial electoral en el control del aparato del Estado y en el manejo clientelar de los recursos públicos. Este desafío exige de la actual dirigencia del FMLN una visión más futurista y menos encerrada en lo electoral.

(*) Sociólogo y colaborador de ContraPunto

Ayer como hoy: en contra del AdA con la Unión Europea

Publicado en Contrapunto, lunes, 08 de abril 2013
Julia Evelyn Martínez
SAN SALVADOR – Hace exactamente cuatro años, gracias a una invitación del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador (CDC) tuve la oportunidad de participar como expositora en un encuentro de movimientos sociales centroamericanos en Tegucigalpa, reunidos para definir y coordinar estrategias de resistencia en contra de la aprobación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA).

Revisando mis anotaciones, encuentro que fueron tres razones principales en base a las
cuales justifiqué en ese encuentro, mi oposición al AdA. En primer lugar, el AdA es la versión europea del CAFTA. Esto significa que forma parte de la estrategia de expansión global del Capital que tiene como sus principales objetivos, el control transnacional de los sectores estratégicos de la región centroamericana (agua, energía, servicios públicos, servicios financieros, pensiones, tierra, recursos marinos, medicamentos, etc.) y obtener mejores condiciones de rentabilidad para las empresas europeas en las compras gubernamentales, concesiones de obras públicas y mayor protección de patentes.

Este es el espíritu de la AdA, el cual sin embargo, se mantiene oculto gracias al estéril debate que sobre el tema comercial impone tanto la agenda informativa de los medios de comunicación, como las oficinas de los Ministerios de Economía. En este falso debate, el análisis de este instrumento se reduce a la constatación de las obvias asimetrías existentes entre El Salvador y Europa, y la capacidad (o incapacidad) de las empresas nacionales de poder aprovechar “las oportunidades” para aumentar sus exportaciones hacia ese destino.

En segundo lugar, aun cuando el tema comercial no es el tema principal del AdA, es obvio que, pese a las asimetrías existentes, las exportaciones desde El Salvador a Europa aumentarán. Sin embargo, no serán exportaciones de pequeñas o medianas empresas nacionales, sino que serán exportaciones realizadas por empresas europeas radicadas en El Salvador (como la empresa atunera CALVO) que aprovecharán las ventajas del AdA para que sus mercancías entren a los mercados europeos sin pagar aranceles, o bien para que las grandes empresas comerciales salvadoreñas (como SIMAN o SUPERSELECTOS) y/o franquicias europeas (como ZARA o MNG) puedan importar mercancías libres de impuestos desde Europa, para ampliar sus ventas al mercado nacional y desplazar todavía más a la ya debilitada producción salvadoreña.

En tercer lugar, la denominada cooperación para el desarrollo que acompaña al AdA es el envoltorio de regalo que recubre la expoliación de recursos y bienes públicos. Este ofrecimiento cumple el mismo papel que en 1492 cumplieron los espejos y cristales de colores, que los conquistadores entregaron a los indígenas a cambio de sus riquezas. Adicionalmente, debe denunciarse el intenso lobby que la UE está realizando con las organizaciones no gubernamentales que dependen de su cooperación para el financiamiento de sus actividades y de sus planillas, que está logrando el efecto de cooptar sus posturas críticas y/o dividir al movimiento social frente al acuerdo. Cuatro años después, mis convicciones sobre este Acuerdo siguen siendo las mismas, pero el contexto en que se presenta la solicitud de ratificación a la Asamblea Legislativa es más desfavorable para los intereses del pueblo salvadoreño que hace 4 años.

La solicitud de ratificación proviene ahora de un gobierno que se autodefine de izquierda, que goza de un alto nivel de popularidad en las encuestas de opinión y está liderada por funcionarios que hace menos de cuatro años se oponían al AdA. Y esto, puede no solo confundir al movimiento popular sino que amenaza con desmovilizar las protestas de las organizaciones populares y laborales en contra del AdA, en especial, las de aquellas organizaciones que están identificadas con los programas sociales gubernamentales, y que no quieren “hacerle olas” a este gobierno, de cara al proceso electoral de 2014.

Esto es parte de la gran paradoja de la izquierda en América Latina: criticar a las políticas de derecha cuando las hacen los gobiernos y partidos de derecha; justificar y/o tolerar las políticas de derecha cuando las hacen gobiernos y partidos de izquierda. ¿Será aún tiempo que la izquierda salvadoreña tome conciencia del error
histórico de mantenerse en esta paradoja?