Autor: SIEP

En el presente artículo partimos del supuesto de que en las sociedades contemporáneas hace falta una instancia última y legitimadora de lo que hacemos, y la ética parece estar en condiciones de decir siempre la última palabra. Por esta razón, la ética ha de ser imaginativa, pues nadie tiene la seguridad total y absoluta sobre lo que se debe hacer, aunque es indudable que las normas éticas aspiran a ser universales, sin que jamás lleguen a serlo. –

Está claro que el sujeto de la ética somos nosotros, los mismos sujetos que estamos implicados en la vida política, económica, profesional o simplemente cotidiana, y que en nuestra convivencia diaria debemos buscar el bien común, es decir, el interés colectivo.

En toda sociedad o comunidad política se presentan relaciones de poder, en cuyo ejercicio se cumplen o no principios éticos. Por ello, en una definición general, podríamos considerar al poder como la capacidad de algo o alguien para causar efectos alterando la realidad. Un hombre posee poder si tiene la capacidad de satisfacer sus deseos y cumplir sus fines, cualesquiera que sean éstos.

Tiene poder quien es capaz de dominar las fuerzas naturales para obtener de ellas lo que quiere, tiene poder quien puede sacar provecho de sus propias facultades e imponerse sobre los demás para realizar sus propósitos. Poder es dominio sobre sí mismo y sobre el mundo para alcanzar lo deseado; es el medio privilegiado para lograr un fin. Se desea el poder para obtener, gracias a él, otra cosa. Vale en la medida en que contribuya a la realización de un fin valioso por sí mismo.

Para entender la esencia y el ejercicio del poder, es necesario comprender qué es el hombre y cómo su actuar se da mediante una interrelación con sus semejantes, lo que configura su comportamiento normativo y de las instituciones que se desarrollan en cualquier comunidad, entre las que destaca el poder político como instancia del control social.

La vida social es resultado de una multiplicidad de factores que tienden a consolidar ya institucionalizar diferentes normas de comportamiento que inciden en una comunidad. De estos factores destaca la compleja configuración del individuo, por lo que el estudio del hombre debe analizarse como una unidad en la cual sus características biológicas, psicológicas y sociales son inseparables y mutuamente condicionantes.

Desde el punto de vista de la antropología del poder, Jorge Sánchez Azcona[1] tipifica, como necesidades fundamentales y motivaciones básicas del actuar de las personas, las siguientes: necesidad de seguridad física, de seguridad emocional, de reconocimiento social (estatus) y de triunfo. Estas dos últimas son las fuerzas impulsoras decisivas que mueven al hombre tanto para el goce de lo económico como para la búsqueda del poder.

En una situación más compleja, la sociedad no puede subsistir si no se organiza y estructura desde el punto de vista político. Alguien tiene que mandar, organizar, conciliar o hasta imponerse a las diferentes voluntades particulares de otros miembros de la comunidad. Ese alguien es el detentador del poder. El poder tiene la función de organizar una comunidad, establecer un orden, una jerarquía normativa a través de la cual se limita, reprime y canaliza tanto el actuar individual como colectivo, sobre todo en la búsqueda y en el ejercicio del propio poder.

El poder es una expresión de la vida en sociedad que despierta gran inquietud e interés no sólo en cuanto a su estudio académico, sino por ser un espacio existencial en donde concurren las pasiones más intensas del hombre, en su búsqueda, ejercicio o sometimiento.

La búsqueda del poder es una tendencia innata que viene de lo más profundo del ser humano. El poder, junto con la religión, es una expresión que le permite al hombre ir más allá de los límites que normalmente le impone la vida; al tener poder el individuo siente que trasciende, que su finitud se relativiza, que se afirma en su yo individual. Piensa que si logra tenerlo y ejercerlo pasa a formar parte de los selectos, de los escogidos, de los importantes.

La ambición de poder descansa sobre el deseo personal de perpetuarse, de alargar su finitud, de sentir que trasciende los límites fatales de su propia muerte.

El poder no sólo es un medio por el cual la persona que ocupa cierta posición obtiene compensaciones psicológicas y existenciales, sino además, es un camino que facilita el logro de grandes éxitos económicos, factor de la más alta cotización en la historia de la humanidad. En este sentido, la posición del político le permite adquirir enormes ventajas que no tiene el ciudadano común y corriente, por sus obligadas relaciones, la información privilegiada de que dispone y por el desempeño de su propia función está forzado a vincularse con los intereses económicos preponderantes de su época.[2]

En este sentido, la acción política se rige por dos principios: la política regida propiamente por principios éticos caracterizados por la búsqueda del beneficio colectivo, y la política sustentada en intereses personales o de grupo basada en criterios de conveniencia y oportunidad, donde el éxito se mide por el logro del propósito ligado a la obtención de poder y riqueza y no tanto por la búsqueda y el logro del bien común.

Antes de abordar el análisis de la ética política, pasaremos a las definiciones de ética y moral, así como a sus respectivas diferencias.

Ética y moral

La ética se ocupa de investigar el ámbito humano denominado moral. En este sentido, la ética es una ciencia encargada de estudiar o reflexionar sobre la moral, es decir, estudia el comportamiento moral del hombre en sociedad. El fenómeno moral es una creación exclusiva del hombre. Sólo ciertos actos humanos pueden ser calificados de buenos o malos desde el punto de vista de la moral, ya que solamente el hombre tiene un sentido ético o una conciencia moral. La moral es un fenómeno eminentemente social, puesto que rige o regula la vida del hombre en sociedad. Ello significa que la moral no tendría sentido para un hombre que estuviera completamente aislado o desvinculado del medio social.

Así pues, el objeto de estudio de la ética es la moral. Esto significa que la moral no es ciencia, pero ello no impide que pueda convertirse en el objeto de estudio de una investigación científica. Es muy importante reparar en esta diferencia, ya que a menudo se suele afirmar que la moral es ciencia, o bien, utilizar la palabra «ética» como sinónimo de moral. La moral está constituida por una serie de normas, costumbres y formas de vida que se presentan como obligatorias, valiosas y orientadoras de la actividad humana.

La ética no se propone expresamente dirigir la vida humana, sino explicar la moral; no intenta decir a cada cual lo que ha de hacer u omitir en cada caso concreto de la vida.

La moral es un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente, que regulan la conducta individual y social del hombre; es el conjunto de reglas que la sociedad exige que un hombre observe dentro de ella. Un hombre moral es aquel que vive en concordancia con las costumbres de su sociedad y cuyo castigo es la separación de ella.

A través de la moral el hombre aspira a realizar el valor de lo bueno.

Las normas morales tienen como propósito regular la conducta del hombre en la sociedad; deben ser realizadas en forma consciente y libre, e interiorizadas por el sujeto.

Ningún individuo construye sus creencias morales en el vacío, puesto que desde que nace se encuentra en un espacio social que comprende comportamientos, actitudes y creencias compartidas. Le son inculcadas costumbres, reglas de conducta y adhesión a valores. Primero los sigue por imitación, luego los intemaliza hasta hacerlos suyos. El individuo se desarrolla en un ámbito de moralidad aceptada por la sociedad a la que pertenece y como uno de los rasgos que constituyen la vida en común.

Esto da origen a la moralidad social, término acuñado por Hegel en La Filosofía del Derecho, la cual está constituida por un conjunto de reglas de comportamiento, la mayoría aceptadas sin discusión. Las acciones de cada individuo en el espacio social no podrían llevarse a cabo sin reglas variadas que le señalen cómo debe comportarse en cada situación, desde las de simple cortesía, hasta las que indican las obligaciones y prerrogativas correspondientes a cada posición social, enuncian lo que se espera de cada función y prohíben comportamientos nocivos.

La moralidad social incluye también reglas generales, aplicables a todo miembro de la sociedad considerado ciudadano. Adquiere entonces una dimensión política. Dichas reglas señalan el comportamiento debido por todos ante la cosa pública, indican lo que la sociedad espera de cada quien para la realización de un bien común.[3]

La política se relaciona con la rectitud y la moralidad como aspectos personales. La conciencia, el sentimiento de lo correcto e incorrecto, forman parte de la personalidad e integridad de los individuos. Un individuo se denigra si no sigue los dictados de su conciencia y si no defiende sus creencias.

En el caso concreto que nos ocupa, podemos ver que la política, en tanto ejercicio del poder, tiene sus razones y sus justificaciones, diferentes a las del individuo que actúa con vistas a sus propios intereses, por lo que la moral del político no corresponde con la moral del individuo común y corriente. En muchos sentidos las acciones de los políticos son ostensiblemente contrarias a las de la moral común.

Una cosa es realizar la acción política entendida como relación de poder, y otra cosa es cómo se conduce quien actúa políticamente. Una cosa es el criterio con base en el cual se estima buena o mala una acción política y otra cosa es el criterio por medio del cual se juzga buena o mala una acción moral.[4] He allí la diferencia entre política y moral.

En el capítulo XVIII de El príncipe,[5]Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política, hace referencia al problema de la política y la moral al preguntarse si el hombre de Estado está obligado a respetar los pactos. El que los pactos sean observados y se cumplan las promesas es un principio fundamental de la moral.

Sobre esto Maquiavelo no tiene ninguna duda, pero advierte que realizaron grandes cosas los gobernantes que no cumplieron los pactos ni sus promesas, de lo que se deduce de Maquiavelo que para ser considerados buenos gobernantes se deben violar las normas de la moral. Por ello Maquiavelo afirma que para juzgar sobre la bondad o maldad de una acción política es preciso mirar el fin, es decir, el resultado de la acción, por lo que recomienda que todo gobernante debe procurar conservar el Estado y el poder, pues los medios para conseguirlo siempre serán considerados honorables.

En suma, el fin de un hombre político es la victoria contra el enemigo y luego la conservación del poder y del Estado conquistado. Para lograr este fin debe emplear todos los medios adecuados, de ahí la máxima que preside la acción política y la distingue de la acción moral: el fin justifica los medios.

II. Moral y política

Una diferencia sustancial entre moral y política se refiere a que la primera está en función de los principios y la segunda en función de los resultados. La bondad de una acción política se juzga por el éxito, y se califica como buen político al que logra tener el efecto deseado.

De esta forma, el hombre político puede comportarse de manera diferente e inclusive discordante de la moral común, es más, lo que es ilícito moralmente puede ser considerado y apreciado como lícito en política, de lo que se confirma que la política obedece a un código de reglas o sistemas normativos diferentes al de la conducta moral y en parte incompatible con él.

Aunque la cuestión moral se presenta en todos los campos de la conducta humana, cuando se plantea en la esfera de la política asume un carácter muy particular.

La moral y la política tienen dos sistemas normativos diferentes pero no  independientes por completo. La moral del político se califica con base en el éxito o el fracaso, en los fines y en la obtención de resultados. La moral del individuo común y corriente se mide por sus actos buenos o malos.[6]

Quien sabe apreciar los medios necesarios a la acción política y los pone en práctica, no es por ello bueno o malo moralmente, sino que es racional, ya que obra acertadamente para lograr el fin que quiere. Hay actos moralmente condenables que son racionales políticamente. La hipocresía y el engaño son perversos moralmente, pero pueden ser «buenos» políticamente. No cuenta la intención de los actos, sino su dimensión social y su resultado efectivo en una relación de poder.

Importa la imagen que el pueblo tiene de su gobernante, cómo se deja ver, no lo que sea en su subjetividad. No interesa que sea justo, sino que lo parezca ante los demás: no es pertinente que sea, en realidad, humanitario o fuerte, sino que así lo crea el pueblo. La buena intención puede llevar a perder el Estado; la correcta apariencia, aun engañosa, puede salvarlo. El criterio en política no es entonces el bien o el mal, sino la eficacia.

De ahí que, como dice Luis Villoro, una acción «mala» conforme a la moral individual puede ser considerada «buena» según la moral política si y sólo si:

1. Es dirigida hacia un fin bueno (la «utilidad de los gobernados»);

2. Es un medio necesario para la obtención de ese fin, y

3. Se reduce a producir ese resultado, es decir, no se acompaña de actos superfluos que rebasen los estrictamente necesarios para lograr el fin.[7]

III. Ética Política

La ética pretende determinar qué debe hacerse en cada situación y está interesada principalmente en la formulación de principios generales, dentro de los que pueden encuadrarse aspectos particulares. Tal es el caso, por ejemplo, del principio ético de utilidad que sostiene que las acciones son justas en la medida en que tiendan a fomentar la felicidad.

De esta forma, la ética determina y recomienda la adopción de ciertos principios generales, reglas, normas o ideas de conducta.

Toda ética política busca el bien común y se caracteriza por tener -al menos- los cuatro principios de acción que a continuación se presentan:

1. Una voluntad ética, en política, postula valores objetivos cuya realización constituirá el bien común, más allá de los bienes específicos de cada grupo. Proyecta una sociedad diferente que debe ser construida. Prescribe normas generales que responden a esos valores y rebasa, por ende, las reglas de la moralidad social existente.

2. Una voluntad ética, en política, está orientada por la sociedad proyectada. Los valores objetivos no son fijos ni inmutables, por lo que siempre están en un constante proceso de renovación.

3. Una voluntad ética, en política, quiere la realización de bienes sociales. No le bastan las buenas intenciones y los elevados pensamientos,sino que lo que quiere es transformar el mundo y a nosotros en él.

4. Una voluntad ética, en política, considera los valores objetivos por realizar en cada caso. Sus elecciones y decisiones son concretas.[8]

La ética comprende enunciados morales y de valor. Los juicios morales se refieren a las acciones buenas, mientras que los juicios de valor se refieren a las cosas justas.

En el caso concreto que nos incumbe, la ética política se enfoca  a determinar cómo deben actuar los hombres en su calidad de ciudadano; o funcionarios gubernamentales u hombres vinculados con el ejercicio del poder. La mayor parte de los pensadores políticos sostienen que la rectitud de las acciones políticas depende esencialmente de lo deseable y que, en gran medida, está dentro del poder de los actores políticos establecer y mantener los sistemas políticos deseables.[9]

La ética política es la de quien realiza la actividad política. No es el ejercicio del poder en cuanto tal, sino el poder, cuyo fin es el bien común, el interés colectivo o general. No es llegar al gobierno, sino realizar un buen gobierno. Buen gobierno es el que persigue el bien común, mal gobierno es el que pretende el beneficio propio. [10]

Existen valores básicos a todos los cuales aspiran los individuos, aunque con distinto grado de interés, ninguno de los cuales debe ser ignorado por completo en la política o en la vida; éstos son los siguientes: poder, ilustración, riqueza, bienestar (o salud), habilidad, afecto, rectitud (que incluye la moralidad y la justicia) y deferencia (o respeto).

Los individuos quieren ser poderosos; tienen una curiosidad y deseo natural de aumentar sus conocimientos; desean la riqueza; aprecian la salud y el disfrute sensual del bienestar; disfrutan un sentimiento de habilidad, de realización correcta de un trabajo difícil; necesitan afecto; sentirse justos en términos de su propia conciencia; así como también desean ser respetados y recibir la debida deferencia.

Estos valores gustan de ser disfrutados con seguridad y libertad. En el primer aspecto se busca que la seguridad sea presente y futura. En el segundo, referente a la libertad, se busca mantener la capacidad para actuar de acuerdo con nuestra propia personalidad, sin tener que hacer un gran esfuerzo de autonegación o autocontrol y sin quedar sujeto a restricciones externas.

La búsqueda de estos valores es legítima siempre y cuando un valor no sea excesivo y dañe a los otros. [11]

La ética política se rige también por una serie de valores o normas, que son las siguientes:

1. Tienen validez en un ámbito público, no privado. Por tal motivo, hay que distinguir entre los valores personales, que forman parte del plan de vida de un individuo, y valores integrantes de un bien colectivo, de carácter social. Los primeros son características de la imagen ideal con que una persona se identifica; pertenecen a su mundo privado. Los segundos tienen que ver con la representación del orden social, en el que se relacionan los distintos miembros de una asociación política, por lo que pertenece al ámbito público. Valores públicos y privados no siempre se concilian. Puede haber oposición entre ellos. Una acción personal puede cumplir normas de una moral privada y faltar a los deberes de la vida pública.

2. No son solamente individuales, también son comunes. El único agente moral es el individuo, puesto que sólo él tiene libertad y conciencia personal. Los valores de que trata la política corresponden a relaciones sociales y son, por lo tanto, compartidos por las personas inmersas en esas relaciones. No son exclusivos de individuos, sino comunes a muchos. Un comportamiento moral, en política, es el que intenta realizar en la sociedad valores que son objeto de un interés colectivo. En este sentido, una ética política trata específicamente de los valores que satisfacen el interés general de la asociación política.

3. Están en relación con el poder. No todas las relaciones sociales son propiamente políticas, ya que éstas tienen que ver con el poder. Por ello, una ética política no puede prescindir de estudiar las relaciones que debería tener el poder con las reglas de una moralidad social efectiva.

4. Son realizables. Una acción moral, en política, no consiste sólo en la proyección y disposición de realizar el bien común, sino en su realización efectiva en la sociedad. Los valores políticos tienen que cumplirse.[12]

Conclusiones

En el estudio del poder y la política no sólo se debe dar su descripción y análisis; por las implicaciones sociales que tiene, hay que buscar y utilizar el conocimiento científico para limitarlo, controlarlo, normarlo y, sobre todo, para que la comunidad sobre la que se impone dicho poder lo someta a aspectos jurídicos, institucionales y éticos para su manejo.

Todos los movimientos de raíz ética, en el campo de la política, han querido poner límites al poder estatal. Las revoluciones liberales tuvieron por fin principal proteger al individuo del poder del gobierno. El equilibrio de poderes en el Estado, los derechos humanos individuales, etcétera, tienen ese propósito. Otros proyectos fueron más radicales, plantearon la abolición del Estado como medio para realizar una sociedad auténticamente liberada.

El ejercicio del poder debe ser dignificado por medio de la ética política, mediante el desarrollo de una cultura democrática y la incorporación de un marco ético en el orden jurídico, que reconozca como fundamento de la sociedad a la que rigen dichas normas, principalmente los valores de justicia y libertad.

El poder lo representan y ejercen personas con intereses políticos y económicos muy precisos y, por tanto, hay que evitar en la medida de lo posible que lo ejerzan en forma indiscriminada, distorsionada, en función de beneficios particulares.

Existe una enorme complejidad para entender el poder, sobre todo para someterlo a valores, a normas jurídicas que protejan su ejercicio en un marco ético que sea reconocido y respetado por la comunidad, particularmente por los políticos. Hay que propugnar por un contenido ético de la política.

Resumen

A la política se le relaciona con la conquista y el ejercicio del poder, entendiendo por poder la capacidad de influir, condicionar o determinar el comportamiento ajeno. Sin embargo, una cosa es definir el ámbito de la política como ejercicio del poder y otra es, mediante la ética política, analizar la forma en que debe comportarse el hombre dedicado a ella.

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[1] Jorge Sánchez Azcona, Ética y poder, México, Editorial Porrúa, 1998, pp. 2-3.

[2] Ibidem, pp. 22-23, 29 Y 33-34.

[3] Luis Villoro, El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, México, Fondo de Cultura Económica-El Colegio Nacional, 1997, pp. 175-176

[4] Karl W. Deutsch, Política y gobierno, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 47-48 Y Norberto Bobbio, El filósofo y la política, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 144-147.

[5] Nicolás Maquiave10, El príncipe, México, Editorial Porrúa, colección «Sepan cuantos», número 152, séptima edición, 1981, p. 53.

[6] Norberto Bobbio, op. cit., pp. 148, 156-159, 166 Y 170.

[7] Luis Villoro, op. cit., pp. 99-100. La cita corresponde a la p. 109.

[8] lbidem, pp. 246-247.

[9] Félix Oppenheim, Ética y filosofía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 20-24.

[10] Norberto Bobbio, op. cit., p. 174.

[11][11] Karl Deutsch, op. cit., pp. 26-27.

[12] Luis Villoro, op. cit., pp. 71-74.

El gran filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, escribió que los dos sentimientos básicos del ser humano (afectos, en su terminología) son el miedo y la esperanza. Y sugirió que es necesario lograr un equilibrio entre ambos, ya que el miedo sin esperanza conduce al abandono y la esperanza sin miedo puede conducir a una autoconfianza destructiva.

Esta idea puede extrapolarse a las sociedades contemporáneas, especialmente en una época en la que, con el ciberespacio, las comunicaciones digitales interpersonales instantáneas, la masificación del entretenimiento industrial y la personalización masiva del microtargeting comercial y político, los sentimientos colectivos son cada vez más “parecidos” a los sentimientos individuales, aunque siempre sean agregaciones selectivas.

Es por ello que actualmente la identificación con lo que se oye o se lee resulta tan inmediata (“eso es precisamente lo que pienso”, aunque nunca antes se haya pensado sobre “eso”), al igual que la repulsión (“tenía buenas razones para odiar eso”, a pesar de que nunca se haya odiado “eso”). De este modo, los sentimientos colectivos se convierten fácilmente en una memoria inventada, en el futuro del pasado de los individuos.

Por supuesto, esto solo es posible porque, a falta de una alternativa, la degradación de las condiciones materiales de vida se vuelve vulnerable a una reconfortante ratificación del statu quo.

Si convertimos los sentimientos de esperanza y miedo en sentimientos colectivos, podemos concluir que tal vez nunca haya habido una distribución tan desigual del miedo y la esperanza a escala global. La gran mayoría de la población mundial vive dominada por el miedo: al hambre, a la guerra, a la violencia, a la enfermedad, al jefe, a la pérdida del empleo o a la improbabilidad de encontrar trabajo, a la próxima sequía o a la próxima inundación.

Este miedo casi siempre se vive sin la esperanza de que se pueda hacer algo para que las cosas mejoren. Por el contrario, una diminuta fracción de la población mundial vive con una esperanza tan excesiva que parece totalmente carente de miedo. No teme a los enemigos porque considera que estos han sido anulados o desarmados; no teme la incertidumbre del futuro porque dispone de un seguro a todo riesgo; no teme las inseguridades de su lugar de residencia porque en cualquier momento puede trasladarse a otro país o continente (e incluso comienza a barajar la posibilidad de ocupar otros planetas); no teme la violencia porque cuenta con servicios de seguridad y vigilancia: alarmas sofisticadas, muros electrificados, ejércitos privados.

La división social global del miedo y la esperanza es tan desigual que fenómenos impensables hace menos de treinta años hoy parecen características normales de una nueva normalidad. Los trabajadores “aceptan” ser explotados cada vez más a través del trabajo sin derechos; los jóvenes emprendedores “confunden” la autonomía con la autoesclavitud; las poblaciones racializadas se enfrentan a prejuicios racistas que a menudo provienen de aquellos que no se consideran racistas; las mujeres y la población LGTBI siguen siendo víctimas de violencia de género, a pesar de todas las victorias de los movimientos feministas y antihomofóbicos; los no creyentes o creyentes de religiones “equivocadas” son víctimas de los peores fundamentalismos.

En el plano político, la democracia, concebida como el gobierno de muchos en beneficio de muchos, tiende a convertirse en el gobierno de pocos en beneficio de pocos, el estado de excepción con pulsión fascista se va infiltrando en la normalidad democrática, mientras que el sistema judicial, concebido como el Estado de derecho para proteger a los débiles contra el poder arbitrario de los fuertes, se está convirtiendo en la guerra jurídica de los poderosos contra los oprimidos y de los fascistas contra los demócratas.

Es urgente cambiar este estado de cosas o la vida se volverá absolutamente insoportable para la gran mayoría de la humanidad. Cuando la única libertad que le quede a esta mayoría sea la libertad de ser miserable, estaremos ante la miseria de la libertad. Para salir de este infierno, que parece programado por un plan voraz y poco inteligente, es necesario alterar la distribución desigual del miedo y la esperanza. Es urgente que las grandes mayorías vuelvan a tener algo de esperanza y, para ello, es necesario que las pequeñas minorías con exceso de esperanza (porque no temen la resistencia de quienes solo tienen miedo) tengan miedo de nuevo.

Para que esto ocurra, se necesitarán muchas rupturas y luchas en los terrenos social, político, cultural, epistemológico, subjetivo e intersubjetivo. El siglo pasado comenzó con el optimismo de que rupturas con el miedo y luchas por la esperanza estaban cerca y serían eficaces. Este optimismo tuvo el nombre inicial e iniciático de socialismo o comunismo. Otros nombres-satélite se unieron a ellos, como republicanismo, secularismo, laicismo. A medida que el siglo avanzaba se unieron nuevos nombres, como liberación del yugo colonial, autodeterminación, democracia, derechos humanos, liberación y emancipación de las mujeres, entre otros.

Hoy, en la primera mitad el siglo XXI, vivimos entre las ruinas de muchos de esos nombres. Los dos primeros parecen reducirse, en el mejor de los casos, a los libros de historia y, en el peor, al olvido. Los restantes subsisten desfigurados o, como mínimo, se ven confrontados ante la perplejidad de acumular tantas derrotas como victorias protagonizan. Por estas razones, las rupturas y las luchas contra la distribución torpemente desigual del miedo y la esperanza serán una tarea ingente, porque todos los instrumentos disponibles para llevarlas a cabo son frágiles.

Además, esta discrepancia constituye en sí misma una manifestación del desequilibrio contemporáneo entre el miedo y la esperanza. La lucha contra tal desequilibrio debe comenzar por los instrumentos que reflejan este mismo desequilibrio. Solo a través de luchas eficaces contra este desequilibrio será posible señalar la expansión de la esperanza y la retracción del miedo entre las grandes mayorías.

Cuando los cimientos se derrumban, se convierten en ruinas. Cuando todo parece estar en ruinas, no hay más alternativa que buscar entre las ruinas, no solo el recuerdo de lo que fue mejor, sino especialmente la desidentificación con lo que al diseñar los cimientos contribuyó a la fragilidad del edificio. Este proceso consiste en transformar las ruinas muertas en ruinas vivas. Y tendrá tantas dimensiones cuantas sean exigidas por la predictora socioarqueología. Comencemos hoy, al inicio de año, por los derechos humanos.

Los derechos humanos tienen una doble genealogía. A lo largo de su vasta historia desde el siglo XVI, fueron sucesivamente (a veces de manera simultánea) un instrumento de legitimación de la opresión eurocéntrica, capitalista y colonialista, y un instrumento de legitimación de las luchas contra esa opresión.

Pero siempre fueron más intensamente instrumento de opresión que de lucha contra ella. Por eso contribuyeron a la situación de extrema desigualdad de la división global del miedo y la esperanza en la que nos encontramos hoy. A mediados del siglo pasado, tras la devastación de las dos guerras en Europa (con impacto mundial debido al colonialismo), los derechos humanos tuvieron un momento alto con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vino a sustentar ideológicamente el trabajo de la ONU.

El 10 de diciembre pasado se conmemoraron los 71 años de la Declaración. No es aquí el lugar para analizar en detalle este documento, que en su origen no es universal (de hecho, es cultural y políticamente muy eurocéntrico) pero que gradualmente se fue estableciendo como una narrativa global de dignidad humana.

Es posible decir que entre 1948 y 1989, los derechos humanos fueron predominantemente un instrumento de la guerra fría, lectura que durante mucho tiempo fue minoritaria. El discurso hegemónico de los derechos humanos fue usado por los gobiernos democráticos occidentales para exaltar la superioridad del capitalismo en relación al comunismo del bloque socialista de los regímenes soviético y chino.

Según tal discurso, las violaciones de los derechos humanos solamente ocurrían en ese bloque y en todos los países simpatizantes o bajo su influencia. Las violaciones que había en los países “amigos” de Occidente, crecientemente bajo influencia de los Estados Unidos, eran ignoradas o silenciadas. El fascismo portugués, por ejemplo, se benefició durante mucho tiempo de esa “sociología de las ausencias”, tal como sucedió con Indonesia durante el período en que invadió y ocupó Timor Oriental, o con Israel desde el inicio de la ocupación colonial de Palestina hasta hoy. En general, el colonialismo europeo fue por mucho tiempo el beneficiario principal de esa sociología de las ausencias.

Así se fue construyendo la superioridad moral del capitalismo en relación al socialismo, una construcción en la que colaboraron activamente los partidos socialistas del mundo occidental.

Esta construcción no estuvo libre de contradicciones. Durante este período, los derechos humanos en los países capitalistas y bajo la influencia de los Estados Unidos fueron muchas veces invocados por organizaciones y movimientos sociales en la resistencia contra violaciones flagrantes de esos derechos. Las intervenciones imperiales del Reino Unido y de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y de los Estados Unidos en América Latina, a lo largo de todo el siglo XX, nunca fueron consideradas internacionalmente violaciones de derechos humanos, aunque muchos activistas de derechos humanos sacrificasen su vida defendiéndolos.

Por otro lado, sobre todo en los países capitalistas del Atlántico Norte, las luchas políticas llevaron a la ampliación progresiva del catálogo de derechos humanos: los derechos sociales, económicos y culturales se juntaron a los derechos civiles y políticos. Surgió entonces cierta disociación entre los defensores de la prioridad de los derechos civiles y políticos sobre los demás (corriente liberal), y los defensores de la prioridad de los derechos económicos y sociales o de la indivisibilidad de los derechos humanos (corriente socialista o socialdemócrata).

La caída del Muro de Berlín en 1989 fue vista como la victoria incondicional de los derechos humanos. Pero la verdad es que la política internacional posterior reveló que, con la caída del bloque socialista, cayeron también los derechos humanos. Desde ese momento, el tipo de capitalismo global que se impuso desde la década de 1980 (el neoliberalismo y el capital financiero global) fue promoviendo una narrativa cada vez más restringida de derechos humanos. Comenzó por suscitar una lucha contra los derechos sociales y económicos.

Y hoy, con la prioridad total de la libertad económica sobre todas las otras libertades, y con el ascenso de la extrema derecha, los propios derechos civiles y políticos, y con ellos la propia democracia liberal, son puestos en cuestión como obstáculos al crecimiento capitalista. Todo esto confirma la relación entre la concepción hegemónica de los derechos humanos y la guerra fría.

Ante este escenario, se imponen dos conclusiones paradójicas e inquietantes, y un desafío exigente. La aparente victoria histórica de los derechos humanos está derivando en una degradación sin precedentes de las expectativas de vida digna de la mayoría de la población mundial. Los derechos humanos dejaron de ser una condicionalidad en las relaciones internacionales. Cuando mucho, en vez de sujetos de derechos humanos, los individuos y los pueblos se ven reducidos a la condición de objetos de discursos de derechos humanos.

A su vez, el desafío puede formularse así: ¿será todavía posible transformar los derechos humanos en una ruina viva, en un instrumento para transformar la desesperación en esperanza? Estoy convencido que sí. En la próxima crónica intentaré rescatar las semillas de esperanza que habitan la ruina viva de los derechos humanos.

– Boaventura de Sousa Santos es académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo enviado a OtherNews por el autor, el 20.01.20

Con los gobiernos de Lula en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay, la crisis hegemónica que afecta a las sociedades latinoamericanas desde el agotamiento del modelo neoliberal llega de lleno a la izquierda. Gobiernos elegidos en el marco de la oposición a las políticas neoliberales, que han ocupado históricamente el espacio de la izquierda en sus países, triunfan, derrotan los partidos que habían puesto en práctica políticas neoliberales, pero no salen del modelo eje de esas políticas.

No vamos a prejuzgar los eventuales gobiernos de López Obrador en México y de Evo Morales en Bolivia, no podemos dejar de considerar los riesgos que esos posibles gobiernos de la izquierda corren, aún más después que en un país como Brasil la izquierda no sale del modelo neoliberal. Aun con sus particularidades, debemos decir que, a pesar de iniciativas audaces –como la reestructuración de sus deudas externas y la resistencia al intento de alza del precio de la gasolina–, el gobierno argentino de Nestor Kirchner tampoco implementa una política económica distinta, en lo esencial, del modelo neoliberal.

Pero hacen también parte de esa crisis los callejones sin salida a que intentos de sustitución de las fuerzas políticas por movimientos sociales. Ecuador es el mejor ejemplo de un país donde movimientos sociales tumban gobiernos con políticas antipopulares, llegan a las puertas del palacio presidencial, delegan el gobierno, más de una vez, a otros, se sienten traicionados y retornan a la oposición.

Los problemas de división en el movimiento indigenista, así como las diferencias en la izquierda boliviana, revelan dilemas planteados entre incluir la vía institucional, articulando movimientos sociales con fuerzas políticas o buscando alternativas antiinstitucionales. La misma reconversión de los zapatistas a una línea de acción que vincula directamente la emancipación de los pueblos indígenas de Chiapas a la emancipación de todo el pueblo mexicano, lo cual significa también el reconocimiento de la necesidad de una acción política nacional –de nuevo orden, pero, al fin y al cabo, un reconocimiento de la necesidad de construcción de un modelo hegemónico alternativo de poder de carácter nacional. Es un intento más de buscar llenar el vacío producido por la crisis hegemónica en el continente.

El modelo hegemónico en el capitalismo contemporáneo es el neoliberal. La izquierda se recicló hacia la resistencia y la lucha en contra del neoliberalismo, a punto que ser de izquierda en estas décadas es, ante todo, ser antineoliberal (además de ser antiimperialista). Los distintos matices dentro de la izquierda apuntan para la identificación del antineoliberalismo con el anticapitalismo o con otras formas de posneoliberalismo. Pero tienen en común el marco del antineoliberalismo. No es por casualidad que el Forum Social Mundial, reagrupando a fuerzas tan amplias y diferenciadas, puso el antineoliberalismo como su elemento unificador.

El modelo neoliberal promovió la hegemonía del capital financiero, en su modalidad especulativa, prácticamente en todas las sociedades latinoamericanas. Se desarrolló un proceso de financiarizacion de nuestros países, que se extendió prácticamente por todos los poros de nuestras sociedades, incluido el Estado. Se debilitó la capacidad de financiamiento y de control por parte del Estado, se multiplicó el desempleo y las distintas formas de precarización de las relaciones laborales –todas formas de superexplotación del trabajo.

Se produjeron cambios radicales en la relación de fuerza entre las clases sociales, en favor del gran capital –en particular del gran capital internacionalizado y del capital financiero– y en contra del mundo del trabajo. La derecha renovó sus valores, sus planteamientos, sus formas de acción, imponiendo una hegemonía como nunca antes lo había logrado.

El capital financiero no crea las bases sociales de apoyo suficientes para su legitimación en el poder. No genera empleos; al contrario, tiende a eliminar empleos. No distribuye renta; al contrario, intensifica la concentración de renta. No amplía los derechos sociales; al contrario, los debilita. La financiarización hace víctimas a los pequeños y medianos empresarios. Las bases materiales de su proceso de reproducción permiten, máximo, arrastrar a sectores del gran capital volcado hacia la exportación y hacia altas esferas del consumo.

¿Cómo busca ese modelo su base de apoyo? En primer lugar, por el apoyo cohesionado del gran capital, que participa total o parcialmente del proceso de acumulación financiera. De la consolidación de capas privilegiadas entre los estratos medianos, agregados al gran capital internacionalizado, en distintos niveles. En tercer lugar, por las enormes dificultades que genera para la organización de los sectores sociales, atomizados y con grandes dificultades de volverse fuerza social y política. Además, cuenta con la dictadura ideológica de los grandes monopolios privados de los medios –con la televisión desempeñando un papel determinante.

Hay así un triple apoyo: de las capas privilegiadas económicamente; que a su vez disponen de la ideología propagada por los grandes medios monopólicos; contando además con la fragmentación, especialmente de los sectores vinculados al mundo del trabajo. Tratase así de una hegemonía que tiene en los mecanismos de fragmentación social y en los mecanismos ideológicos sus puntos esenciales de apoyo.

En su ciclo de implementación, el modelo tuvo éxitos económicos inmediatos, dispuso de la iniciativa con sus planes de contrarreformas, valiéndose de la desregulación económica, para transferir la inflación para el inmenso déficit público que, al llevar los Estados latinoamericanos a la quiebra, a su vez refuerza su dependencia a los organismos financieros internacionales. Sus ejes de apoyo son la estabilidad monetaria lograda, después de procesos inflacionarios descontrolados; el sostén del bloque dominante, tanto el gran empresariado, cuanto los organismos financieros y comerciales internacionales, así como el apoyo activo y decisivo de los grandes medios privados.

Cuentan también con la cooptación de sectores –mayoritarios– de la izquierda tradicional – como mencionamos antes–, así como con la fragmentación social de las clases populares, con el desempleo, el subempleo y la precarización generalizada de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, a pesar del clima eufórico con que contó – especialmente a mediados de la década de los 90, valiéndose también del final del campo socialista y del nuevo ciclo corto de expansión de la economía norteamericana, con las ilusiones de que se generaba una “nueva economía”–, la secuencia de crisis llevó al agotamiento del modelo. En primer lugar, la crisis mexicana de 1994, seguida por la brasileña de 1999 y por la argentina de 2001.

Las tres principales economías del continente desembocaban en crisis por la aplicación del modelo neoliberal, después de México haber sido elevado a “caso modelar” por los organismos internacionales y de Argentina haberse vuelto el modelo más ortodoxamente neoliberal del continente.

Varios gobiernos –más de diez– fueron sustituidos en los últimos años en América Latina y el Caribe –en países distintos como Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú–, como efecto del agotamiento del modelo neoliberal. Gobiernos que prometieron salir del modelo, pero no lo han hecho o que simplemente lo mantienen. Todos pierden legitimidad rápidamente, sufren gran presión bajo las movilizaciones de los movimientos sociales, hasta que terminan renunciando.

Esas crisis llevaron al agotamiento del modelo, que contaba con bases sociales relativamente restringidas, porque la hegemonía del capital financiero no produce bases sociales suficientemente amplias como para basar en ellas su legitimidad. Al contrario, modelos centrados en la especulación financiera, en la exportación y en el consumo de las altas esferas del mercado, no requieren distribución de renta, ampliación de la capacidad de consumo de las capas populares, ni siquiera de todos los sectores de las capas intermedias.

Genérase así una crisis de hegemonía en América Latina, una disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre un modelo agotado, que persiste en sobrevivir, y un mundo nuevo, que no encuentra todavía formas de existencia para sustituirlo. Es por ello que América Latina se ha vuelto la región más inestable del mundo en términos económicos, sociales y políticos, con la sustitución de más de diez gobiernos en los últimos años, ninguno por efecto de golpes militares, todos por pérdida de legitimidad social, cuestionado por los movimientos populares, dentro de las legalidades existentes.

La izquierda tradicional de América Latina se dividió respecto a los modelos neoliberales. Inicialmente, cuando la propuesta estaba en manos de la derecha –y de la extrema derecha, en el caso de Pinochet– la izquierda se pronunciaba en contra del modelo. Pero, a partir del momento en que la social-democracia europea –a partir de los partidos socialistas de Francia y de España– asumió el modelo, como que afirmando el carácter universal del Consenso de Washington, la izquierda latinoamericana, especialmente en sus versiones nacionalista y socialdemócrata, adhirieron al modelo.

Fue un proceso que tuvo su punto de partida en la adhesión de Carlos Menem, de Carlos Andrés Pérez y de Salinas de Gortari. Los socialistas chilenos, a su vez, aliados a los democratacristianos, sucediendo a Pinochet en el gobierno, mantuvieron el modelo heredado. La adhesión del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, complementó ese proceso. Así, casi todos los partidos del espectro político se asociaron a ese consenso neoliberal.

Pero fue la victoria de Lula en Brasil y de Tabaré Vázquez en Uruguay, que terminó cerrando el ciclo de adhesiones, ahora por parte de dos fuerzas que habían protagonizado la resistencia al modelo neoliberal en las décadas anteriores. Con ello, América Latina quedó como la región en el mundo en que más se ha generalizado la aplicación del modelo neoliberal. Con pocas excepciones –como los casos de Cuba y Venezuela–, se puede decir que el modelo se extendió a lo largo y a lo ancho de todo el continente, haciendo de América Latina el laboratorio de experiencias neoliberales, al inicio, y posteriormente una región privilegiada de aplicación del modelo.

La izquierda, como ha existido hasta ahora en América Latina, revela así no disponer todavía de un proyecto alternativo al modelo neoliberal o no tener fuerza para ponerlo en práctica. Las excepciones vienen de gobiernos sui géneris –el de Cuba y el de Venezuela, con sus particularidades. El gobierno cubano es resultado de un proceso revolucionario, que destruyó las bases mismas del capitalismo y de la dominación imperial en el país. El gobierno bolivariano de Venezuela se apoya sobre dos factores particulares –los recursos petrolíferos y el apoyo de las FFAA. Asimismo, en Venezuela no llegó a cuajar un modelo neoliberal –a pesar de los intentos, frustrados, de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera.

Para dar cuenta de los problemas enfrentados por la izquierda en el periodo histórico dominado por la hegemonía imperial estadounidense y por el modelo neoliberal, hay que mencionar que la lucha de la izquierda tiene en el enfrentamiento esa hegemonía. Ella se combina con el neoliberalismo, para configurar los dos ejes del poder dominante en el mundo de hoy –el poder del dinero y el poder de las armas. Un proyecto hegemónico alternativo tiene que dar cuenta de esos dos ejes. Se puede decir que el gobierno brasileño da cuenta del segundo de ellos, con su política externa –aun con problemas, de los cuales la posición respecto a Haití es el más grave. No así en lo que atañe al proyecto mercantil, que caracteriza al neoliberalismo.

Sin entrar a analizar la posibilidad de reproducción de esos modelos en otros países de América Latina, busquemos las razones por las cuales las vertientes tradicionales de la izquierda del continente se encuentran en la situación apuntada. ¿Y qué perspectivas se presentan para la lucha antineoliberal de la izquierda latinoamericana?

La conversión de fuerzas nacionalistas y socialdemócratas al neoliberalismo, así como los impasses enfrentados en el presente por los gobiernos del PT y del Frente Amplio, revela un fenómeno mucho más amplio que ser diagnosticado como “traición” o algún otro enfoque más o menos similar. Hay que encarar este capítulo reciente de la historia de la izquierda latinoamericana en el marco de los profundos cambios en la relación de fuerzas acaecidas en el mundo en las últimas décadas.

No se trata de cambios cualesquiera. Fue, en primer lugar, el cierre del período histórico abierto con el final de la Segunda Guerra Mundial, de equilibrio de fuerzas entre los campos capitalista y socialista. Considerando que los avances antiimperialistas y anticapitalistas de las décadas anteriores se habían apoyado –y, a la vez, reforzado– en esa polarización, en un período que revirtió la situación de defensiva en que se encontraban las fuerzas de izquierda. Éstas, después de agotado el impulso del triunfo bolchevique, con la estabilidad política restaurada en Europa y el aislamiento correspondiente de la URSS, fue seguida del ascenso de los fascismos en Europa y del paso de la izquierda a la defensiva –explicitada en la línea de los frentes populares antifascistas.

La derrota de los países del eje en la segunda guerra, la constitución del campo socialista en Europa oriental, el triunfo de la revolución china, el proceso de descolonización en Asia y en África, produjeron un nuevo campo de enfrentamientos –con la oposición de los campos socialista y capitalista– y una nueva relación de fuerzas, con el equilibrio entre las dos grandes fuerzas. La constitución del campo del “tercer mundo” contribuía asimismo a una perspectiva futura favorable a la lucha antiimperialista y anticapitalista.

Ese período histórico, con una determinada constitución y relación de fuerzas entre ellas, fue cerrado bruscamente con la autodisolución del campo socialista y todos sus efectos políticos e ideológicos. De inmediato representó la introducción de un mundo unipolar, bajo un fuerte impacto de una nueva ofensiva política, ideológica y militar de EE UU.

Entre sus consecuencias más inmediatas –consecuencias también del paso del capitalismo de su modelo keynesiano al neoliberal– en el plano político están el debilitamientos de los partidos comunistas, la adhesión de los partidos socialdemócratas a modelos neoliberales, con la ruptura de la unidad de la izquierda, además del debilitamiento de los Estados y su capacidad de promover tanto políticas de desarrollo como la extensión de los derechos sociales dela masa de la población.

A esos factores hay que agregar el triunfo del liberalismo, en el plano internacional, con consecuencias directas dentro de cada país, incluso sobre el perfil ideológico de la misma izquierda. En el embate entre el campo capitalista y el socialista, había dos diagnósticos sobre la contradicción fundamental en el plano mundial. Para el campo socialista, la contradicción se daba entre el socialismo y el capitalismo. Para el campo capitalista, se trataba de la oposición entre democracia y totalitarismo.

El triunfo del bloque capitalista representó también el triunfo de su interpretación, extendida hacia la visión según la cual el siglo XX habría representado la lucha entre la democracia y el totalitarismo – éste representado, inicialmente, por el nazismo y el fascismo, posteriormente por el comunismo (teniendo el nacionalismo y el islamismo como variantes). Triunfa igualmente la identificación entre democracia y liberalismo, fundamental para su hegemonía política e ideológica.

Otro aspecto de la hegemonía ideológica neoliberal está dado por la asimilación del fracaso del modelo soviético con la crisis fiscal del Estado, valiéndose de ambos para descalificar al Estado. Para sus ideólogos más recalcitrantes, a ella se contrapone la valorización del mercado –aunque, bajo la polarización que imponen, entre estatal y privado, buscan esconder el mercado y apropiarse de la categoría privado, con ambigüedad de privatización y de esfera privada.

Para una interpretación que se pretende libertaria, se busca contraponer la sociedad civil al Estado. Son dos interpretaciones que no son incompatibles, pero que remiten a dos vertientes con sus particularidades. Una, derechamente al mercado, a la mercantilización, a las fuerzas que predominan en el mercado; la otra, a las ONG, al “tercer sector”, etc.

La izquierda latinoamericana no quedó ajena a esa influencia. Incorpora la identificación de democracia con democracia liberal. Acepta la crisis fiscal del Estado como señal del agotamiento definitivo del Estado como agente político, económico y social, pasando a valorar, en contraposición a la sociedad civil –con todas sus otras connotaciones: ciudadanía, consumidor, redes, etc. Esta visión es contemporánea a la aceptación de la tesis de la pérdida de centralidad del trabajo, con la sustitución de las interpretaciones centradas en las contradicciones de clase por las teorías de la exclusión social –de corte claramente funcionalista.

La novedad representada por los gobiernos de Lula y de Tabaré Vázquez da es un paso nuevo –y definidor– en la incorporación del liberalismo de parte de fuerzas de izquierda –de políticas económicas de carácter liberal. El gobierno brasileño inicialmente mantiene la política heredada de Cardoso, como una forma de neutralizar la posibilidad de una desestabilización económica en la transición hacia el nuevo gobierno, pero rápidamente esa política pasó a ser adoptada como permanente, incluso con un ajuste fiscal todavía más duro que en el gobierno anterior. El gobierno de Tabaré, habiendo escogido a un economista conservador del Frente Amplio –Danilo Astori–, incorpora el modelo heredado, que privilegia el ajuste fiscal y la estabilidad monetaria sobre las metas sociales.

Considerando que el principal efecto concreto de las políticas neoliberales es la retracción de los derechos sociales de la gran mayoría de la población, políticas económicas que chocan con la posibilidad de promoción de la prioridad de metas sociales. Lo cual significa no solamente no salir del modelo económico neoliberal, sino restringir las políticas sociales a políticas focalizadas, emergenciales, en lugar de políticas de universalización de los derechos.

Después de dividirse frente al neoliberalismo, con algunas de sus fuerzas poniendo en práctica esas políticas, mientras otras resistían desde la oposición, queda claro, cuando algunas de estas fuerzas llegan al gobierno –como son los casos de Brasil y Uruguay– y reproducen el modelo económico, eje de las políticas neoliberales, la izquierda latinoamericana se encuentra en una profunda crisis. Una crisis de identidad ideológica, de proyecto político, pero también de bases sociales de identificación.

Identidad ideológica, porque los partidos de izquierda que han asumido gobiernos no han roto ni con los modelos neoliberales, ni tampoco con sus valores. No han demostrado firmeza ideológica para poner en práctica políticas con valores distintos y contrapuestos a los que orientan al ideario neoliberal. La influencia liberal ha contribuido seguramente para el debilitamiento de las fuerzas de izquierda, al hacerlas abandonar posiciones anticapitalistas, así como las referencias al mundo del trabajo, a las contradicciones de clase, al proceso de acumulación de capital, a las alianzas sociales. Al igual que han sido influenciados por las tesis sobre la crisis irreversible del Estado y la necesidad del ajuste fiscal para sanear la moneda, como condición preliminar para la retomada de un supuesto crecimiento sostenible”.

Al no cuestionar el tipo de Estado por su financiarización en el plano económico, por el debilitamiento de su capacidad de decisión por la abertura y la desregulación económica, por el poder de generación de los consensos ideológicos en las manos de los grandes medios privados. Se aceptó el diagnóstico neoliberal sobre la crisis fiscal del Estado, con las necesarias consecuencias, que terminan priorizando el ajuste fiscal y las medidas de estabilización monetaria. Se abandona la centralidad de la reforma tributaria con fuerte contenido redistributivo, para financiar las políticas públicas. Porque la prioridad de metas monetarias implica el abandono de políticas monetarias como palanca del desarrollo y de la redistribución de renta. Los déficit públicos apuntan entonces, como alternativa, hacia los préstamos internacionales, con los condicionamientos respectivos, además de un camino del cual no se suele salir.

Particularmente ausentes son las ideas-fuerza de la izquierda de universalización de los derechos sociales y la reforma democrática del Estado centrada en la esfera pública. Si el neoliberalismo busca imponer la polarización entre las categorías de estatal y privado, la izquierda tiene que reimponer los términos reales de enfoque de la realidad social: público versus mercantil. Éste es el esquema que identifica el movimiento posneoliberal.

Las fuerzas tradicionales de la izquierda no se han mostrado, hasta ahora, capaces de salir de ese modelo, sin lo cual ninguno de los grandes problemas del continente –que sólo han aumentado bajo la aplicación de las políticas neoliberales– puede ser resuelto ni siquiera aminorado. Cuando nos planteamos la definición del campo de la izquierda en el período histórico contemporáneo como el de todas las fuerzas antineoliberales –reflejando no sólo el nuevo modelo hegemónico capitalista, sino también el retroceso que ha significado para la izquierda el paso del período anterior a éste–, definimos el límite inapelable para la definición de la izquierda: el antineoliberalismo.

Al no romper con ese modelo, gobiernos y partidos originarios de la izquierda desertan del campo de la izquierda, inducen la influencia liberal –en el plano político, económico e ideológico– en el seno de la izquierda, reafirmando la hegemonía neoliberal, en lugar de cuestionarla y luchar por su superación.

Lo que podemos denominar como crisis hegemónica en la izquierda latinoamericana –que, a lo mejor, se extiende a otras regiones del mundo– se caracteriza por algunos rasgos centrales:

a) la ausencia prácticamente de fuerzas políticas en condición de dirigir la construcción de un proyecto y un bloque de fuerzas posneoliberales;

b) el debilitamiento de las bases sociales tradicionales de la izquierda –movimiento sindical, trabajadores del sector público, intelectualidad de la esfera pública–, aunado al proceso de fragmentación y atomización del mundo del trabajo;

c) la hegemonía de las ideas liberales en el campo de la izquierda, expresadas en la identificación mecánica de democracia con democracia liberal, en la ausencia de cuestionamiento anticapitalista, en la aceptación de modelos económicos de carácter mercantil, en la sustitución de políticas universalizantes por políticas focalizadas y emergenciales, la retracción del Estado, como consecuencia de la prioridad de políticas de ajuste fiscal.

La construcción de un proyecto hegemónico posneoliberal requiere, ante todo, un análisis de las transformaciones acaecidas en las décadas de aplicación de políticas neoliberales.

a) Éste tiene, primeramente, que descubrir la nueva geografía de la fuerza de trabajo, con su nueva morfología, especialmente en todo el universo de los que sobreviven en los multiplicados espacios informales de la sociedad. Sin ello, el tema del trabajo –que sigue siendo estratégico– quedará reducido a las dimensiones de la fuerza de trabajo formal y de los sindicatos. Sin esa reconstitución no se superará el aislamiento de la izquierda, de sus fuerzas políticas y movimientos sociales, respecto a las nuevas generaciones de jóvenes pobres.

b) Tiene, asimismo, que definir la naturaleza del período histórico con claridad –de hegemonía neoliberal–, con todos sus elementos de fuerza y de debilidad. Para lo cual se necesita comprender la capacidad hegemónica mayor del neoliberalismo, que reside en su capacidad de influencia ideológica, a partir del llamado “American Way of Life”, que disputa la mente de personas en prácticamente todos los países del mundo, de todas las edades, género y etnias.

c) Tendría, además, que construir la fuerza social, política, ideológica y organizativa para poder sustentar esa alternativa posneoliberal.

El listado de requerimientos podría alargarse demasiado. Para poder resumirlos, diríamos que dos principios fundamentales tienen que orientar la acción de una fuerza de izquierda hoy: el de “sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria” y el de “en las sociedades de clase, la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes”.

Son principios porque están hondamente anclados en la realidad y, aunque a veces se quiera olvidarlos, reaparecen frente a nosotros como constitutivos de la lucha en contra de las sociedades capitalistas, como vectores incontornables de cualquiera práctica social que se pretenda de transformación de la realidad. El primero remite a la idea de que la práctica es implacable frente a los errores teóricos o a su falta de elaboración teórica. Que sin descifrar los nudos que articulan la realidad concreta, no es posible transformar la teoría en instrumento de trasformación. Aún más con fuertes presiones institucionales y de los medios, vía hegemonía del ideario liberal, la ausencia de formulaciones teóricas que anclen las propuestas programáticas, estratégicas y tácticas, condena inevitablemente a las fuerzas de izquierda a la cooptación frente a esas presiones.

El segundo representa la necesidad de construir proyectos alternativos, para no facilitar una tendencia que hoy por hoy es dominante: la adaptación a las políticas existentes, a la institucionalidad existente, a los consensos fabricados por los grandes medios privados. Representa el reconocimiento de la fuerza de la hegemonía liberal, tanto a nivel económico y político, cuanto social, como instrumento de diseminación de los valores de la forma de vivir estadounidense, que penetra prácticamente en todos los sectores de la sociedad.

En lo esencial, se trata de reconocer la dimensión de la tarea por delante: la de elaborar un proyecto posneoliberal y construir la fuerza –social, política, cultural y moral– capaz de hacerlo realidad.

Politólogo alemán con doctorado en Ciencias Políticas. Actualmente se desempeña como jefe del equipo de análisis político de la Fundación Rosa de Luxemburgo de la Republica Federal de Alemania. Forma parte de la junta de Directores de esa Fundación. brie@rosalux.de

Resumen

El texto está organizado en cuatro partes. En la primera se aborda la crisis del modelo neoliberal en América Latina y como esa crisis llegó de lleno a la izquierda. Siendo que en las últimas décadas la condición de izquierda parte de su resistencia al neoliberalismo, gobiernos electos por fuerzas de izquierda, no salen del modelo eje de esas políticas. Se argumenta que gobiernos como los de Lula en Brasil o el de Tabaré Vázquez en Uruguay, son ejemplos de esto. En la segunda parte se hace un apretado recuento histórico del proceso vivido por la izquierda latinoamericana con la implementación del modelo neoliberal en la región. En la tercera parte se pone ese proceso en un contexto más amplio, revisando históricamente lo que ha pasado en el mundo con las fuerzas de izquierda en su lucha contra el capitalismo. En la cuarta y última parte se aborda la aguda crisis que vive hoy la izquierda latinoamericana. Crisis que se diagnostica como ideológica, política y de identificación con bases sociales. Se plantean así mismo los requerimientos que el autor considera indispensables para la construcción de un proyecto hegemónico posneoliberal. Se sostiene que se vive una crisis de hegemonía en América Latina, una disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre un modelo agotado, que persiste un sobrevivir, y un mundo nuevo, que no encuentra todavía formas de existencia para sustituirlo. Es por ello que América Latina se ha vuelto hoy en día en la región más inestable del mundo en términos económicos, sociales y políticos.

Palabras clave: América Latina, izquierda, neoliberalismo, proyecto hegemónico.

La situación de América Latina y del mundo ha cambiado enormemente en relación con la época que le tocó vivir al Che y en la que dimos nuestros primeros pasos militantes. Y como estoy convencida de que si la izquierda quiere tomar el cielo por asalto debe tener los pies muy firmes en la tierra, considero que para abordar los desafíos que hoy se nos presentan debemos comenzar por analizar brevemente cuál es la situación del mundo en que nos toca vivir. Los desafíos que enfrentó el Che ayer no son los mismos que los que hoy debería enfrentar si pudiese estar todavía entre nosotros.

En los últimos decenios del siglo XX estamos atravesando por una etapa ultraconservadora. No sólo fracasó el socialismo en Europa del Este, sino que el capitalismo demostró una sorprendente capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias y para utilizar en beneficio propio los avances de la nueva revolución científico técnica; mientras los países socialistas de Europa del Este, luego de haber alcanzado un notable desarrollo económico, fueron cayendo en el estancamiento hasta terminar en el desastre que conocemos. A esto se agregan las dificultades que comenzaron a sufrir los gobiernos socialdemócratas europeos y sus regímenes de «estado de bienestar»: detención del crecimiento económico, inflación, ineficiencia productiva.

Junto a esto, en América Latina, se agotaba el modelo cepaliano de desarrollo hacia adentro o sustitutivo de importaciones. En la mayoría de los casos esta crisis del desarrollismo populista desembocó en dictaduras militares contrarrevolucionarias.

Y cuando éstas terminan no se regresa al sistema político democrático pre dictadura. Se establece un sistema de democracia restringida, tutelada, donde las decisiones fundamentales acerca de la dirección de los procesos económicos, sociales y culturales se construyen fuera del sistema político formal de los partidos, quedan en manos de grupos de presión más conocidos como «poderes fácticos» (fuerzas armadas, grupos empresariales, iglesias, entidades internacionales como el FMI y el Banco Mundial, conglomerados que controlan los medios de comunicación, etcétera).

Tanto la izquierda latinoamericana del sur, que ya venía muy golpeada por largos años de dictadura militar, como la izquierda de Centroamérica, que estuvo a la vanguardia de la lucha desde el triunfo de la revolución sandinista, se ven muy afectadas por los últimos acontecimientos mundiales.

Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo en que el capitalismo ha demostrado una vitalidad mucho mayor de la que esperábamos, logrando sobrevivir y recuperarse hasta ahora de sus crisis. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de constatar que ha creado situaciones inaceptables que parecen no ser superables dentro de sus límites. La brecha entre el capitalismo desarrollado y el llamado Tercer Mundo no cesa de agrandarse; que no da señales de detenerse el derroche del enorme potencial productivo alcanzado por la humanidad debido a los avances de la ciencia y la técnica; que continúa el funcionamiento de la economía sobre la base del deterioro del entorno natural del hombre y de la destrucción de los supuestos físicos y biológicos en los que se sustenta la civilización actual; que sigue y seguirá estando presente el peligro de guerra, incluso nuclear.

A pesar de los avances en la marcha hacia la paz, la distensión y el desarme, hasta que no sean erradicadas para siempre las causas que brotan de la naturaleza capitalista del orden internacional y socioeconómico imperantes. Todo esto constituye la más elocuente expresión de la irracionalidad que subyace en el trasfondo de la sociedad contemporánea.

Una opción alternativa socialista o como se la quiera llamar se hace más urgente que nunca si no estamos dispuestos a aceptar esta cultura integral del desperdicio, material y humano que, como dice un economista cubano no sólo genera basura no reciclable por la ecología, sino también desechos humanos difíciles de reciclar socialmente al empujar a grupos sociales y naciones enteras al desamparo colectivo.

Son enormes los desafíos que se nos plantean y no estamos en las mejores condiciones para enfrentarlos.

Producto de todo lo que señaláramos anteriormente, la izquierda latinoamericana quedó desconcertada y sin proyecto alternativo; está viviendo una profunda crisis que abarca tres terrenos: el teórico, el programático y el orgánico.

Crisis teórica

La crisis teórica de la izquierda latinoamericana tiene, a mi entender, un doble origen: por un parte, su incapacidad histórica de elaborar un pensamiento propio, que parta del análisis de la realidad del subcontinente y de cada país, de sus tradiciones de lucha y de sus potencialidades de cambio.

Salvo escasos esfuerzos en este sentido entre los que cabe destacar muy especialmente los de Mariátegui en los años veinte y los del Che Guevara en los años sesenta, la tendencia de la izquierda latinoamericana fue más bien la de extrapolar modelos de otras latitudes: el soviético, el chino. Se analizaba la realidad con parámetros europeos: se aplicaba, por ejemplo, el esquema de análisis clasista europeo a países que tenían una población mayoritariamente indígena, lo que llevaba a desconocer la importancia del factor étnico cultural.

Otra de los elementos que la explican es la inexistencia de un estudio crítico del capitalismo de fines del siglo XX el capitalismo de la revolución electrónico informática. No estoy hablando de estudios parciales sobre determinados aspectos de la producción capitalista actual que sin duda existen, me estoy refiriendo a un estudio con la integralidad y la rigurosidad con la que Marx estudió el capitalismo de la revolución industrial.

Un análisis de este tipo es fundamental, porque una sociedad alternativa no puede surgir sino de las potencialidades que emerjan en la actual sociedad en que vivimos. Y no veo cómo hacer este análisis si no es con el propio instrumental científico que Marx nos legó.

Por desgracia, algunos sectores de la izquierda han sido excesivamente permeables a la propaganda antimarxista del neoliberalismo que responsabiliza indebidamente a la teoría de Marx por lo ocurrido en los países socialistas de Europa del Este; nadie, sin embargo, le echaría la culpa a la receta de cocina por el flan que se quemó al poner muy fuerte el horno. Reconozco que la imagen no es muy feliz, porque los aportes de Marx no pretendieron nunca ser receta de nada, pero la uso porque creo que ilustra lo que quiero decir. La crisis del socialismo no significa como muchos ideólogos burgueses se han esforzado por pregonar, la muerte del marxismo.

Y quiero hacer una aclaración: de aquí en adelante ocuparé el término «marxismo» sólo para simplificar mi exposición, ya que no olvido que Marx fue reacio a usar ese término para denominar sus investigaciones científicas y con toda razón, porque un dogma puede reclamar derechos de autor, pero jamás una ciencia.

Se habla de matemática, de física, de antropología, de sicoanálisis, pero esas ciencias no se denominan: galileísmo, newtonismo, levystraussismo, freudismo, porque toda ciencia tiene un desarrollo que trasciende su fundador. Puede hablarse de los descubrimientos de uno u otro autor, pero la ciencia como tal no lleva apellido, es siempre una construcción colectiva.

Por otra parte, cuando me refiero al marxismo estoy pensando únicamente en los aportes científicos de Marx, es decir, en lo que Louis Althusser considera su gran descubierto científico: la ciencia de la historia y no en otras acepciones como aquella que se refiere al movimiento histórico al que dio origen.

Ahora, si consideramos el aporte de Marx como una ciencia, es lógico que su desarrollo deba ser permanente y que si éste se detiene, la ciencia entre en crisis. Si su objeto es la sociedad y su cambio, y se han producido cambios notables en este terreno desde Marx hasta hoy, es lógico que se vayan creando nuevos instrumentos para dar cuenta de las nuevas realidades y que para crearlos se tenga presente los más recientes descubrimientos científicos de todas las disciplinas del saber. Es esto lo que no se ha hecho.

De ahí que podamos hablar de una crisis del marxismo o crisis de la ciencia de la historia inaugurada por Marx. Esta crisis ha sido más profunda en los países socialistas debido a que desde la época de Stalin se transformó al marxismo en ciencia oficial, es decir, en una anticiencia, en un dogma, permaneciendo estancada durante décadas.

La crisis del marxismo no significa, sin embargo, que lo fundamental del instrumental teórico creado por Marx haya perdido validez como instrumento analítico de la sociedad y su cambio. ¿Quién ha hecho una crítica más profunda y acertada del capitalismo de su época? ¿Quién mejor que él fue capaz de vislumbrar dentro de lo que era posible en su época hacia dónde marchaba la humanidad sujeta a las relaciones capitalistas de producción?

Es interesante además observar que la ciencia social contemporánea no puede prescindir de sus aportes. Es paradójico, pero los capitalistas usan más el marxismo para elaborar su estrategia contrarrevolucionaria que nosotros para nuestra estrategia revolucionaria. Basta examinar a fondo la estrategia de la guerra de baja intensidad para ver cuán útiles les han sido las categorías marxistas, y más aún si se examinan las reflexiones que plantea el documento Santa Fe II acerca de las instituciones permanentes del Estado.

Pero reivindicar los aportes de Marx es reivindicar también el determinismo histórico, y quiero aclarar que cuando hablo de determinismo, este determinismo nada tiene que ver con el evolucionismo mecanicista de las ciencias naturales aunque algunas de sus afirmaciones aisladas del contexto global de su pensamiento se presten a ello.

Se trata de un determinismo de nuevo tipo, que deja un espacio para la acción del hombre en la historia. Lo que Marx hace es proporcionarnos los conocimientos que nos permiten ver en qué lugar tenemos que combatir para que nuestro actuar sea más eficaz, porque sí debemos combatir para transformar el mundo contra lo que parece deducirse de la tesis evolucionistas, mecanicistas, que esperaban el advenimiento del socialismo como fruto de las contradicciones inherentes al capitalismo.

Negar el determinismo marxista es negar todo el andamiaje teórico que el autor de El Capital construyó con tanta pasión y esfuerzo con el único objetivo de poner a disposición de la clase obrera las armas conceptuales de su liberación. Haciéndole entender cómo funciona el régimen de producción capitalista, qué leyes lo rigen, cuáles son sus contradicciones internas, le permite organizar su lucha contra la explotación de una manera mucho más eficaz.

Si nosotros queremos transformar el mundo tenemos que ser capaces de elaborar una estrategia y una táctica, ¿y qué son la estrategia y la táctica sino el fruto del análisis de una realidad objetiva?

Tenemos que ser capaces de detectar las potencialidades de lucha de los distintos sectores sociales que van a conformar el sujeto del cambio social: ¿dónde está hoy ese potencial?, ¿dónde tenemos que trabajar?, ¿cómo tenemos que organizarlo?, ¿dónde están las contradicciones del sistema?, ¿cuál es el eslabón más débil? Y sólo podremos dar una respuesta seria a estas preguntas si hacemos un análisis científico de esta sociedad.

Por último, quiero aclarar que mi defensa del aporte de Marx no significa que considere que todo lo que escribió Marx es un dogma de fe.

La izquierda debe, según mi opinión, revalorizar la teoría como un arma imprescindible para la transformación social: destinando tiempo a la formación teórica, reconquistando a cuadros intelectuales, formando comunidades científicas de investigadores, realizando escuelas populares permanentes de cuadros.

Crisis programática

Por otro lado, la izquierda latinoamericana vive una profunda crisis programática, que no es ajena a la crisis teórica anteriormente descripta. Luego del fracaso del desarrollismo populista en América Latina, de la caída del socialismo y del éxito del neoliberalismo, la izquierda no ha elaborado un programa alternativo que, partiendo de las nuevas características del mundo, permita hacer confluir en un solo haz a todos los sectores sociales afectados por el régimen imperante.

Sabemos, sin embargo, que las alternativas no se elaboran de un día para otro en un congreso o en una mesa de trabajo, porque cualquier alternativa tiene que incluir consideraciones técnicas cada vez más complejas que requieren de conocimientos especializados. Y hoy la izquierda latinoamericana cuenta con pocos intelectuales orgánicos dispuestos a realizar este trabajo.

Dificultades para un perfilamiento alternativo

Junto a la ausencia de una propuesta alternativa rigurosa y creíble, dos otros elementos dificultan el perfilamiento alternativo de la izquierda. Por una parte, el que ésta suela adoptar una práctica política muy poco diferenciada de la práctica habitual de los partidos tradicionales, sean de derecha o de centro y, por otra, el hecho de que la derecha se haya apropiado inescrupulosamente del lenguaje de la izquierda, lo que es particularmente notorio en sus formulaciones programáticas.

Peligro de ser sólo buenos administradores de la crisis

A pesar de este déficit programático no es descartable que, en algunos países de América Latina, la izquierda llegue a conquistar importantes gobiernos locales y, aún más, sea capaz de acceder al gobierno de la nación, entre otras cosas debido al creciente descontento popular producido por las medidas neoliberales que afectan a sectores sociales cada vez más amplios. Pero existe el peligro de que una vez en el gobierno se limite a administrar la crisis y hacer la misma política que los partidos de derecha.

Pero aceptar que existe una crisis programática ¿significa quedarse con los brazos cruzados? ¿Puede la izquierda levantar una alternativa a pesar de la inmensamente desfavorable correlación de fuerzas que existe a nivel mundial? Por supuesto que la ideología dominante se encarga de decir que no existe alternativa, y los grupos hegemónicos no se quedan sólo en declaraciones, hacen todo lo posible por hacer desaparecer toda alternativa que se les cruce en el camino, como ocurrió con la Unidad Popular en Chile, la revolución sandinista en Nicaragua y como ha tratado de hacerlo durante treintiocho años sin éxito con la heroica revolución cubana.

Por desgracia, algunos sectores de la izquierda latinoamericana han terminado por caer en la trampa de considerar que la política es el arte de lo posible y al constatar la imposibilidad inmediata de cambiar las cosas debido a la tan desfavorable correlación de fuerzas hoy existente, consideran que no les queda otro camino que ser realistas y reconocer esa imposibilidad adaptándose oportunistamente a la situación existente. La política así concebida excluye de hecho todo intento por levantar una alternativa frente al capitalismo realmente existente.

La política no es el arte de lo posible, es el arte de descubrir las potencialidades que existen en la situación concreta para hacer posible lo que en ese momento aparece como imposible. La política entonces no puede ser realpolitik, porque eso significa de hecho resignarse a no actuar sobre la realidad, limitarse a adaptarse a ella; renunciar de hecho a hacer política y doblegarse a la política que otros hacen.

A la realpolitik debemos oponer una política que sin dejar de ser realista, sin negar la realidad, vaya creando las condiciones para la transformación de esa realidad, es decir, para que lo imposible hoy se vuelva posible mañana.

Por ejemplo, partiendo del dato objetivo de que hoy en América Latina ha disminuido enormemente el poder de negociación de la clase obrera, tanto por el fantasma del despido, son privilegiados los que pueden acceder a un trabajo asalariado estable, como por la fragmentación que ha sufrido con el nuevo modelo de desarrollo neoliberal, hay quienes predican la imposibilidad de luchar en esas condiciones. Es evidente que la clásica táctica de lucha sindical: la huelga que se basa en la unidad de la clase obrera industrial y su capacidad de parar las empresas no parece dar hoy frutos positivos y los oportunistas se aprovechan de ello para tratar de inmovilizar al movimiento obrero y convencerlo de que debe aceptar pasivamente sus actuales condiciones de sobre explotación.

El arte de la política, por el contrario, consiste en descubrir a través de qué vías se pueden superar las debilidades actuales de la clase obrera industrial, que son debilidades reales, para ir cambiando la correlación de fuerzas. Ahí surge una nueva táctica: ya no se trata de la solidaridad de clase del Siglo XIX, si entonces era fundamental la unidad de los proletarios explotados por el capital, hoy es fundamental la unidad de los explotados por el capital con el resto de los sectores sociales perjudicados por el sistema neoliberal. Sólo así se puede lograr ese poder de negociación que la clase obrera por sí sola ya no tiene, y que mucho menos tiene el resto de la población.

Esta salida ya ha sido probada en la práctica. Los sindicalistas argentinos han logrado avances en su lucha justamente cuando han sabido involucrar en su movimiento a amplios sectores de la sociedad, como lo hicieron los sindicalistas de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. .

Esta ha sido también la experiencia del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Mientras este movimiento trabajó sólo a nivel campesino, estaba aislado y no tenía gran fuerza; pero cuando muy lúcidamente comprendió que tenía que hacer un viraje en su forma de trabajar, y que era necesario lograr que los habitantes de la ciudad comprendiesen que la lucha por la tierra no era sólo la lucha a favor de unos pocos campesinos, sino que significaba la solución de muchos problemas críticos de la propia ciudad, comenzó a tener un apoyo cada vez más amplio y hoy se ha transformado en un punto de referencia de todas las luchas sociales en Brasil. Hoy está proponiendo acciones que permitan organizar a todos los excluidos de Brasil.

El programa alternativo tiene que elaborarse entonces teniendo en cuenta las cosas anteriormente señaladas.

Por otra parte, en cuestiones programáticas, la izquierda no se encuentra con las manos vacías, existen formulaciones y prácticas de proyectos alternativos, sólo que no están acabadas, pero ya se pueden dibujar aquellas cosas que no pueden estar ausentes.

Así como la comuna de París permitió hacer ciertas sistematizaciones, igual ocurre, estima Raúl Pont, con la experiencia en los gobiernos locales.

Por otra parte, coincido con Helio Gallardo en criticar a quienes plantean que no puede haber protesta sin propuesta, porque la protesta es ya una propuesta popular. El mero hecho de resistir al neoliberalismo es plantear un rechazo a este modelo de sociedad y empezar a caminar por otro sendero.

La resistencia organizada ha logrado de hecho frenar la aplicación del modelo en algunos países de América Latina.

¿Qué sino eso fue el plebiscito organizado por el Frente Amplio de Uruguay en 1992 para derogar la ley aprobada en 1991 que autorizaba la privatización de las más grandes empresas públicas del país?

Crisis orgánica e Instrumento político adecuado a los nuevos desafíos

Pero la izquierda no vive sólo una crisis teórica y programática, sino también una crisis orgánica. Esta crisis se da en un contexto de un cada vez mayor escepticismo popular en relación con la política y los políticos. La gente está harta de las prácticas partidarias poco transparentes y corruptas; ya no quiere saber más de mensajes que se quedan en meras palabras, que no se traducen en actos; exige prácticas coherentes con el discurso.

Esta decepción de la política y los políticos no es grave para la derecha, pero para la izquierda sí lo es. La derecha puede perfectamente prescindir de los partidos políticos, como lo demostró durante los períodos dictatoriales, pero la izquierda en la medida en que busca transformar cualitativamente la sociedad no puede prescindir de un sujeto organizador, necesita de un instrumento político sea éste un partido, un frente político u otra fórmula.

Y esto por una doble razón: en primer lugar, porque la transformación no se produce espontáneamente, las ideas y valores que prevalecen en la sociedad capitalista y que racionalizan y justifican el orden existente invaden toda la sociedad e influyen muy especialmente en los sectores menos provistos de armas teóricas de distanciamiento crítico.

En segundo lugar, porque es necesario ser capaz de vencer a fuerzas inmensamente más poderosas que se oponen a esa transformación, y ello no es posible sin una instancia política formuladora de propuestas, capaz de dotar a millones de hombres de una voluntad única , es decir, de una instancia unificadora y articuladora de las diferentes prácticas emancipadoras.

Esa instancia política es, como decía Trotsky, el pistón que comprime al vapor en el momento decisivo y permite que éste no sea desperdiciado y se convierta en fuerza impulsora de la locomotora.

Reconociendo la importancia de la organización política para conseguir los objetivos de cambio social, la izquierda, sin embargo, ha hecho muy poco por adecuarla a las exigencias de los nuevos tiempos.

Durante un largo período esto tuvo mucho que ver con la copia acrítica del modelo de partido bolchevique, ignorando lo que el propio Lenin planteaba al respecto. Esto se tradujo en América Latina en la construcción de organizaciones prepotentes, que se sentían dueñas de la verdad, que funcionaban siguiendo un modelo militar, que proclamaban ser organizaciones obrera aunque la mayor parte de sus cuadros provenían de otros sectores sociales, que se autoproclamaban la única vanguardia con todo lo que ello significa de actitud sectaria, dogmática, hegemonista y verticalista. Este modelo parece haber caducado definitivamente. La gente dispuesta a luchar por un cambio social profundo se siente cada vez menos motivada a militar en una organización de este tipo.

Esta crisis orgánica aparece a su vez acompañada de una crisis de militancia bastante generalizada, no sólo en los partidos de izquierda sino también en los movimientos sociales y en las comunidades cristianas de base y no es ajena a los cambios que ha sufrido el mundo y, entre ellos, los sujetos sociales del cambio.

En América Latina, durante las últimas décadas, se han producido cambios muy importantes dentro de las fuerzas populares: una reducción absoluta del campesinado; una reducción de la población laboral empleada en la industria, amenazada constantemente de quedar excluida del proceso industrial; precarización de la fuerza laboral y fragmentación social, acentuada por los proceso de maquila en varios países, con la consecuente pérdida de identidad; crecimiento enorme del trabajo informal.

Han aparecido igualmente nuevos sujetos sociales: las mujeres han adquirido una importancia creciente en las distintas esferas: económicas, sociales y políticas; la juventud ha adquirido una mayor autonomía; los indígenas han llegado a representar un papel protagónico en algunos países; los cristianos progresistas y sus organizaciones de base han ido desempeñando un papel significativo en las luchas populares; los jubilados han aumentado notablemente en número y en muchos países han pasado a ser uno de los sectores más combativos; crecen los movimientos ecológicos, étnicos, raciales, por la libertad sexual; de la misma manera crece el número de emigrados que llegan a constituir verdaderas colonias en algunos países más desarrollados.

Y al mismo tiempo que se modifican los sujetos sociales se producen importantes cambios culturales. Los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, difunden la omnipresente ideología neoliberal con su cultura individualista, egocéntrica, del sálvese quien pueda: la telenovela se han transformado en el opio del pueblo del mundo de hoy. Por otra parte, todo conduce a fomentar el consumismo: el «hombre tarjeta de crédito»: la servidumbre de fines del siglo XX.

Sin embargo, parece interesante constatar que, junto a esta crisis de militancia en muchos de nuestros países se da un crecimiento de la influencia de la izquierda en la sociedad y aumenta la sensibilidad de izquierda en los sectores populares.

Esto me hace pensar que, además de los factores expuestos anteriormente que pueden estar en su origen, es muy probable que también influya en la crisis de militancia el tipo de exigencias que se plantean a la persona para que ésta se pueda incorporar a una práctica militante organizada. Habría que examinar si la izquierda ha sabido abrir cauces de militancia adecuados para hacer fértil esa creciente sensibilidad de izquierda en la sociedad.

La izquierda necesita, entonces, urgentemente un instrumento político adecuado a los nuevos desafíos.

Sin embargo, me parece necesario advertir que no se trata de tirar todo por la borda y empezar desde cero. Existe una tendencia muy grande, especialmente en la juventud, a criticar destructivamente todo lo que existe y a pensar que se puede llegar a construir algo perfecto si se empieza todo de nuevo, evitando mirar al pasado.

Olvidar el pasado, no aprender de las derrotas, dejar de lado las propias tradiciones de lucha, es hacerle el juego a la derecha porque esa es la mejor forma de no acumular fuerzas, de volver a reincidir en los mismos errores.

Por ello mismo, antes de crear una nueva organización política habría que examinar muy bien la capacidad de transformación que tienen las organizaciones políticas actualmente existentes. Tal vez no se requiera construir una nueva organización, a lo mejor de lo que se trata es de fundir varias organizaciones ya existentes en una sola siempre que ésta se estructure de una manera diferente.

Algunas ideas sobre organización para los nuevos desafíos

A continuación señalaré algunas ideas acerca de cómo la izquierda latinoamericana podría organizarse para enfrentar los nuevos desafíos.

Muchas de estas ideas han surgido de la propia práctica y de las reflexiones que de ella han hecho varios de los dirigentes políticos de nuestro continente en entrevistas que les hiciera desde el ’79 en adelante, y de los escritos de dos compañeros con los cuales me siento muy identificada en esta materia: Clodomiro Almeyda dirigente socialista chileno, ex canciller de Salvador Allende, recientemente fallecido y el uruguayo Enrique Rubio dirigente de la Vertiente Artiguista y diputado nacional .

No se trata, de manera alguna, de un nuevo recetario, debemos recordar nuevamente que lo que debemos buscar es ser eficaces en la conducción de la lucha de clases para transformar nuestras sociedades particulares insertas hoy, es cierto, en un marco mucho más globalizado que antaño.

Reunir a su militancia en torno a un proyecto de sociedad y a un programa concreto

La aceptación o no aceptación del programa debe ser la línea divisoria entre los que están dentro de la organización y los que se excluyen de ella. Puede haber disenso en muchas cosas, pero debe existir consenso en las cuestiones programáticas. El programa político debe ser el elemento aglutinador y unificador por excelencia y es lo que debe dar coherencia a su accionar político.

Mucho se habla de la unidad de la izquierda. Sin duda ésta es fundamental para avanzar, pero se trata de unidad para la lucha, de unidad para resistir, de unidad para transformar. No se trata de una mera unidad de siglas de izquierda porque entre esas siglas puede haber quienes hayan llegado al convencimiento que no queda otra cosa que adaptarse al régimen vigente y si es así restarán fuerzas en lugar de sumar.

No hay que olvidar que hay sumas que suman, sumas que restan, éste sería el caso recién mencionado, y sumas que multiplican. El más claro ejemplo de este último tipo de suma es el Frente Amplio de Uruguay, coalición política que reúne a todos los partidos de la izquierda uruguaya y cuya militancia rebasa ampliamente la militancia que adhiere a los partidos que lo conforman. Ese gesto unitario de la izquierda logró convocar a una gran cantidad de personas que anteriormente no militaban en ninguno de los partidos que conformaron dicha coalición y que hoy militan en los Comités de Base del Frente Amplio. Los militantes frenteamplistas sin bandera partidista constituyen dos tercios del Frente y la militancia partidista el tercio restante.

Contemplar variadas formas de militancia

No todas las personas tienen la misma vocación militante ni se sienten inclinadas a militar en forma permanente. Eso fluctúa dependiendo mucho de los momentos políticos que se viven. No estar atentos a ello y exigir una militancia uniforme es autolimitar y debilitar a la organización política.

Hay, por ejemplo, quienes están dispuestos a militar en una área temática: salud, educación, cultura, y no en un núcleo de su centro de trabajo o en una estructura territorial. Hay otros que se sienten llamados a militar sólo en determinadas coyunturas (electorales u otras) y que no están dispuestos a hacerlo todo el año. Tratar de encasillar a la militancia en una norma única, igual para todos, en una militancia de las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, es dejar fuera a todo este potencial militante.

Las estructuras orgánicas deben abandonar su rigidez y flexibilizarse para optimizar este compromiso militante diferenciado, sin que se establezca un valor jerárquico entre ellas.

Pero la organización política no sólo debe trabajar con la militancia que adquiere un compromiso partidario, debe también lograr incluir en muchas tareas a los no militantes. Una forma de hacerlo es la de propiciar la creación o la utilización de entidades fuera de las estructuras internas del partido, que sean útiles a la organización política y que le permitan aprovechar las potencialidades teóricas o técnicas existentes: centros de investigación, de difusión y propaganda, etcétera.

Por otra parte, el militante de la nueva organización debería ocupar la mayor parte de su tiempo en vincular al partido con la sociedad. Las actividades internas deberían reducirse a lo estrictamente necesario.

Considero que también debe cambiar la incorrecta relación entre militancia y sacrificio. Para ser militante en décadas pasadas había que tener espíritu de mártir: sufrir era revolucionario, gozar era visto como algo sospechoso. De alguna manera eran los ecos de la desviación colectivista del socialismo real: el militante era un tornillo más de la máquina partidaria; sus intereses individuales no eran considerados. Esto no quiere decir que desvaloricemos el espíritu de renuncia que debe tener el militante, pero éste debe buscar, dentro de lo posible, combinar sus tareas militantes con el desarrollo de una vida humana lo más plena posible.

Abandono de los métodos autoritarios

Los partidos de izquierda fueron durante mucho tiempo muy autoritarios, la cúpula del partido era la que decidía y los militantes acataban órdenes que nunca discutían y muchas veces no comprendían. Al criticar esta desviación se ha tendido a rechazar la utilización del método del centralismo democrático. Personalmente no veo cómo se puede concebir una acción política unificada y exitosa sin emplear este método, salvo que se decida actuar por consenso, método aparentemente más democrático porque busca el acuerdo de todos, pero que en la práctica a veces es mucho más antidemocrático, porque otorga de hecho derecho a veto a una minoría: al extremo que una sola persona puede impedir que se lleguen a implementar acuerdos con apoyo inmensamente mayoritario.

La izquierda tiene que aceptar que los problemas que se le plantean son cada vez más complejos y que ella no es dueña de la verdad, que la otra parte también puede tener parte de la verdad. En el diálogo siempre tiene que otorgar al otro al menos el beneficio de la duda y debe a aprender a construir el consenso y no a manipular el consenso como muchas veces se ha hecho.

Para que una organización tenga una vida interna democrática es fundamental que ésta cree espacios para el debate, la construcción de posiciones, el enriquecimiento mutuo mediante el intercambio de opiniones.

Por otra parte, pienso que no es malo sino deseable que se reconozca y legalice la existencia, dentro de una misma organización política, de diversas corrientes de opinión. Comparto con Tarso Genro la idea de que ello permite que dentro de una misma organización se expresen las distintas sensibilidades políticas de la militancia. Pienso que el agrupamiento de la militancia en torno a determinadas tesis puede contribuir a profundizar el pensamiento de la organización.

Lo que hay que evitar es que estas tendencias se conviertan en agrupamientos estancos, en fracciones, en verdaderos partidos dentro del partido y que los debates teóricos sean el pretexto para imponer correlaciones de fuerzas que nada tienen que ver con las tesis que se debaten. Por otra parte, si de lo que se trata es de democratizar el debate, lo lógico sería que no hubiese tendencias permanentes, o que, al menos en algunos temas, especialmente en temas nuevos, las personas pudiesen reagruparse de diferente manera. No siempre, por ejemplo, tendrían que coincidir en un mismo agrupamiento las personas que tienen una determinada posición frente al papel del Estado en la economía, con las que tienen una determinada posición respecto a la forma en que el partido debe estimular la participación política de la mujer.

Respecto a este tema de las tendencias y al respeto a las posiciones de los demás, me parece que en Porto Alegre se da una ejemplar práctica democrática. En el gobierno de la ciudad ganado por tercera vez consecutiva por el Partido de los Trabajadores las distintas tendencias del PT se van alternando en el cargo de alcalde y estos alcaldes forman sus equipos de gobierno con representantes de las diversas tendencias.

Según Tarso Genro, ex alcalde de Porto Alegre, esto sólo es posible si se parte del presupuesto de que las posiciones de la corriente a la que uno pertenece tendrán que ser complementadas por la dialéctica del diálogo y debate con las otras. Si se partiera de la vieja posición tradicional de que uno es el representante del proletariado y el resto es el enemigo, la actitud necesariamente sería diferente: ese resto tendría que ser neutralizado o aplastado.

Ahora bien, ser abierto, respetuoso y flexible en el debate no significa de ninguna manera renunciar a luchar porque las ideas propias triunfen si uno queda en minoría. Si luego del debate interno uno sigue convencido que ellas son las correctas, debe continuar defendiéndolas con el único requisito de que esa defensa respete la unidad de acción del partido en torno a las posiciones que fueron mayoritarias.

Y, hablando de debate, creo importante que se tenga en cuenta de que hoy es casi imposible que un debate interno deje de ser al mismo tiempo público y, por lo tanto, la izquierda tiene que aprender a debatir tomando en cuenta esa realidad.

La nueva cultura de la izquierda debe reflejarse también en un forma diferente de componer la dirección de la organización política. Durante mucho tiempo se pensó que si una determinada corriente o sector del partido ganaba las elecciones internas en forma mayoritaria, eran los cuadros de esa corriente los que debían ocupar todos los cargos de dirección. De alguna manera primaba entonces la concepción de que la gobernabilidad se lograba teniendo una dirección lo más homogénea posible.

Hoy tiende a primar un criterio diferente: una dirección con representación proporcional, que refleje la correlación de fuerzas dentro de ella, parece ser más adecuada porque eso ayuda a que la militancia se sienta más involucrada en las tareas. Pero este criterio sólo puede ser eficaz si el partido ya ha logrado adquirir esa nueva cultura democrática, porque si no es así, se produce una olla de grillos y el partido se hace ingobernable.

Por otra parte, me parece muy conveniente la participación directa de los militantes en la toma de las decisiones más relevantes, a través de consultas o plebiscitos internos. Y subrayamos «decisiones más relevantes», ya que no tiene sentido y sería absolutamente inoperante estar consultando a la militancia sobre decisiones que se deben adoptar en la gestión política cotidiana, de alta dedicación, que corresponde a opciones necesariamente no masivas. Estas consultas directas a las bases son una manera bastante efectiva de democratizar las decisiones partidarias.

Consultas del tipo recién mencionado podrían realizarse no sólo con los militantes, sino también con los simpatizantes o a lo que pudiéramos llamar el ámbito electoral del partido. Pienso que este método es especialmente útil para designar a los candidatos de izquierda a los gobiernos locales, si de lo que se trata es de ganar el gobierno y no de usar las elecciones sólo para propagandizar las ideas del partido. Una consulta popular al electorado acerca de los varios candidatos que la organización política propone, puede ser un método muy conveniente para no errar el tiro. A veces se han perdido elecciones por levantar candidatos usando un criterio netamente partidista: prestigio interno, expresión de una determinada correlación de fuerzas internas, sin tener en cuenta la opinión de la población sobre ese candidato.

Consultas a la población se han realizado con éxito en América Latina. La Causa R de Venezuela realizó un plebiscito sobre el parlamento y logró que se acercaran a votar en improvisadas urnas en la calle cerca de 500 mil personas. Otro ejemplo es la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, realizada por el Movimiento Civil Zapatista en el segundo semestre de 1995: una consulta muy original acerca de varios temas de interés, entre otros, si la organización debería unirse a otras y conformar un frente político, o si debía mantenerse como una organización independiente.

Cosas como éstas nos hacen pensar que la izquierda suele moverse en la dicotomía entre lo legal y lo ilegal, y no tiene suficientemente en cuenta un sinnúmero de otros espacios que yo denominaría alegales , porque no entran en la dicotomía antes señalada, que pueden ser aprovechados para concientizar, movilizar y hacer participar a la población.

Necesidad de construir una relación de respeto al movimiento popular

Hay que reconocer que ha existido una tendencia a considerar a las organizaciones populares como elementos manipulables, como meras correas de transmisión de la línea del partido. Esta posición se ha apoyado en la tesis de Lenin en relación con los sindicatos de los inicios de la revolución rusa, cuando parecía existir una muy estrecha relación entre clase obrera-partido de vanguardia-Estado.

Esta concepción fue abandonada por Lenin en los años finales de su vida, cuando en medio de la aplicación de la Nueva Política Económica (NEP) y sus consecuencias en el ámbito laboral, prevé el surgimiento de posibles contradicciones entre los trabajadores de las empresas estatales y los directores de dichas empresas y sostiene que el sindicato debe defender los intereses de clase de los trabajadores contra los empleadores, utilizando, si considera necesario: la lucha huelguística que, en un estado proletario no estaría dirigida a destruirlo sino a corregir sus desviaciones burocráticas.

Este cambio pasó desapercibido para los partidos marxistas leninistas quienes hasta hace muy poco pensaban que la cuestión de la correa de transmisión era la tesis leninista para la relación partido-organización social.

Esta tesis mal digerida fue aplicada por la izquierda en su trabajo con el movimiento sindical primero, y luego con los movimientos sociales. La dirección del movimiento, los cargos en los organismos de dirección, la plataforma de lucha, en fin, todo, se resolvía en las direcciones partidarias y luego se bajaba la línea a seguir por el movimiento social en cuestión, sin que éste pudiese participar en la gestación de ninguna de las cosas que más le atañían.

Esta situación fue cambiando. De alguna manera la crisis de las organizaciones políticas de izquierda, producto del terrorismo de los gobiernos militares que se ensañó contra ellas, y el auge simultáneo de muchos movimientos sociales contribuyeron a ello. Los movimientos sociales maduraron, cobraron confianza en sus propias fuerzas, se dieron cuenta que con sus propias iniciativas -más cercanas a su realidad que las que podían promover dirigentes políticos que decidían el destino de sus luchas sentados en un escritorio- podían lograr con más facilidad sus objetivos reivindicativos. Los dirigentes políticos, a su vez, fueron dándose cuenta de que el estilo verticalista de conducción funcionaba cada vez menos y rendía cada vez menos frutos.

Comenzaron a entender que los ritmos, los momentos de la lucha de cada movimiento no puede estar completamente subordinada a su proyecto político, porque existen dinámicas distintas y que es importante respetar estas dinámicas y encauzarlas en un gran movimiento contra el enemigo común. Se han ido convenciendo que esto no se logra imponiendo desde arriba una línea, sino ganando desde abajo la conducción.

Por otra parte, se han ido dando cuenta de que la organización política no es la única que tiene ideas y propuestas y que, por el contrario, el movimiento popular tiene mucho que ofrecerle, porque en su práctica cotidiana de lucha va también aprendiendo, descubriendo caminos, encontrando respuestas, inventando métodos, que pueden ser muy enriquecedores.

Por otra parte, es un error garrafal pretender conducir al movimiento de masas desde arriba, por órdenes, porque la participación popular no es algo que se pueda decretar desde arriba. Sólo si se parte de las motivaciones de la gente, sólo si se le hace descubrir a ella misma la necesidad de realizar determinadas tareas, estas personas estarán dispuesta a comprometerse plenamente con las acciones que emprendan.

Esta revalorización de los movimientos sociales y la comprensión de que la conducción se gana y no se impone, ha llevado a algunos sectores de la izquierda a buscar nuevas fórmulas para conformar los frentes políticos que no sean una mera alianza entre partidos políticos, sino que, a su vez, den cabida a la expresión de los movimientos sociales.

Después de lo dicho hasta aquí podemos comprender por qué los cuadros políticos de la nueva época no pueden ser cuadros con mentalidad militar: hoy no se trata de conducir a un ejército, ni tampoco demagogos populistas porque no se trata de conducir a un rebaño de ovejas ; los cuadros políticos deben ser fundamentalmente pedagogos populares, capaces de potenciar toda la sabiduría que existe en el pueblo, tanto la que proviene de sus tradiciones culturales y de lucha, como la que adquiere en su diario bregar por la subsistencia a través de la fusión de ésta con los conocimientos más globales que la organización política pueda aportar. Debe fomentar la iniciativa creadora la búsqueda de respuestas.

La organización política no debería buscar contener en su seno a los representantes legítimos de todos los que lucha por la emancipación social, sino esforzarse por articular sus prácticas en un único proyecto político.

Adecuar su lenguaje a los nuevos tiempos

La militancia y los mensajes de la izquierda de hoy, de la era de la televisión, no pueden ser los mismos que los de la década del 60; no son los de la época de Gutenberg, el inventor de la tipografía que dio origen a la imprenta, estamos en la época de la imagen y de la telenovela. La cultura del libro, la cultura de la palabra escrita, como dice Atilio Borón , es hoy una cultura de élite, ya no es una cultura de masas. La gente hoy lee muy poco o no lee, para poder comunicarnos con el pueblo debemos dominar el lenguaje audiovisual. Y la izquierda tiene el gran desafío de buscar cómo hacerlo cuando los principales medios audiovisuales están absolutamente controlados por grandes empresas monopólicas nacionales y transnacionales.

Muchas veces se quiere competir en el eslabón más fuerte de la cadena y eso es evidentemente imposible, no sólo por los recursos financieros que eso significa, sino también porque, aunque se dispusiese de esos recursos, como es el caso de la CUT en Brasil, los grupos económicos que monopolizan esos medios impiden cualquier tipo de incursión de la izquierda en éstos. La CUT ha querido tener un espacio propio y no se le ha otorgado.

Pero hay otras formas alternativas de comunicación en nuestro subcontinente que no han sido suficientemente trabajadas por la izquierda, como las radios comunitarias, los periódicos barriales, los canales municipales de televisión, y más accesibles aún a cualquier grupo que trabaja en el ámbito comunitario: el uso de videocasseteras para llevar a pequeños grupos de personas experiencias de interés que les permitan aprender y formarse una conciencia crítica frente a los mensajes e informaciones que transmiten las grandes trasnacionales de la información.

Aquí también está el desafío de crear videos pedagógicos que permitan intercambiar experiencias y aprender de otras experiencias populares.

Y en este intercambio de experiencias empiezan a jugar hoy un papel importante las radios populares conectadas a redes que transmiten por satélite y permiten que los actores populares se comuniquen entre sí de un país a otro y puedan dialogar sobre sus experiencias.

Organización política de los explotados por el capitalismo y de los excluidos

Si, como veíamos anteriormente, la clase obrera industrial ha ido disminuyendo en América Latina, en contraste con el sector de los marginados o excluidos por el sistema que está en constante aumento, parece necesario que la organización política tome en cuenta esta realidad y que deje de ser una instancia que reúna sólo a la clase obrera clásica para transformarse en la organización de todos los trabajadores y sectores sociales oprimidos.

Una organización política no ingenua, que se prepara para todas las situaciones

La posibilidad actual que tiene la izquierda de disputar abierta y legalmente muchos espacios, no debe hacerle perder de vista que la derecha respeta las reglas del juego sólo hasta donde le conviene. Hasta ahora no se ha visto ninguna experiencia en el mundo en que los grupos dominantes estén dispuestos a renunciar a sus privilegios.

El hecho de que estén dispuestos a retirarse de la arena política cuando consideran que su repliegue puede ser más conveniente, no debe llevarnos a engaño. Pueden perfectamente tolerar y hasta propiciar la presencia de un gobierno de izquierda, siempre que éste se limite a administrar la crisis. Lo que no permitirán nunca y en eso no hay que ser ilusos, es que se pretenda construir una sociedad alternativa.

En la medida en que crezca y acceda a posiciones de poder, la izquierda debe estar preparada para hacer frente a la fuerte resistencia que opondrán los núcleos más apegados al capital financiero, más apegados a privilegios de toda índole, que se van a valer de medios legales o ilegales para evitar que se lleve adelante un programa de transformaciones democráticas y populares.

De ahí que la izquierda, como toda fuerza política que tiene el poder en la mira, no puede dejar de incluir en su estrategia la constitución de una fuerza material que le permita defender las conquistas alcanzadas democráticamente.

Una nueva práctica internacionalista en un mundo globalizado

En un mundo en que el ejercicio de la dominación se realiza a escala global, parece aún más necesario que ayer establecer coordinaciones y estrategias de lucha a nivel regional y supra regional.

Encarnación de los valores éticos de la nueva sociedad que se pretende construir

Por último, En un mundo en que reina la corrupción y existe, como veíamos anteriormente, un creciente descrédito en los partidos políticos y, en general, en la política, es fundamental que la organización de izquierda se presente con un perfil ético netamente diferente, que sea capaz de encarnar en su vida cotidiana los valores que dice defender, que su práctica sea coherente con el discurso político. De ahí el auge que ha tenido la figura del Che.

Es fundamental, por otra parte, que la organización que construyamos encarne los valores de la honestidad y de la transparencia. En este terreno no puede permitirse el más leve comportamiento que pueda empañar su imagen. Debe crear condiciones para mantener una estricta vigilancia en cuanto a la honestidad de sus cuadros y mandatarios.

Debe luchar también contra todo tipo de discriminación de raza, etnia, género, sexo, empezando por casa.

Por último, además de las banderas enarboladas por la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que conservan toda su vigencia, pienso que habría que agregar una cuarta bandera: la de la austeridad. Y no por un sentido ascético cristiano, sino para oponerse al consumismo suicida y alienante de fines de siglo.

Conclusión

Desde el ’95 comenzaron a sentirse la primeras protestas masivas contra los desastrosos efectos del neoliberalismo, y lo interesante es que varias de ellas se dieron en los propios países desarrollados. Francia no veía una huelga general desde el ’68. La ciudad canadiense de Toronto fue conmovida, en noviembre de 1996, por la manifestación popular más grande de su historia: cerca de doscientas mil personas recorrieron disciplinadamente las calles de la ciudad durante largas horas.

Más recientemente este rechazo se refleja en los resultados electorales en varios países: mientras en Europa los laboristas en Inglaterra y los socialistas apoyados por los comunistas en Francia, ganaban las elecciones; en América Latina el FMLN ganaba la alcaldía de San Salvador y varias de las principales ciudades del país, disputando muy de cerca la correlación de fuerzas con ARENA; y Cuauhtémoc Cárdenas ganaba las elecciones del Distrito Federal.

También han crecido las protestas populares en América Latina en los últimos meses: la gran marcha del MST en Brasil, las manifestaciones contra el gobierno en Nicaragua, el inicio de protestas estudiantiles en Chile, las recientes manifestaciones masivas contra Fujimori en Perú, las explosiones urbanas en varias ciudades argentinas.

Todo esto hace pensar a algunos que la situación está cambiando, que estamos entrando a una nueva ola expansiva. Sea cual fuera la interpretación, los desafíos para la izquierda son enormes, porque si no se logra canalizar esta creciente resistencia en una voluntad única, sus efectos se desvanecerán como pompas de jabón.

Cuando iniciábamos este trabajo decíamos que aunque la revolución no se veía en el horizonte cercano, la revolución era ahora más necesaria que nunca, no sólo para los pobres de este mundo sino para la humanidad toda. Quizá la revolución no sea hoy el motor de la historia, como afirmaba Marx, sino el «freno de emergencia» de la historia, como dice el historiador Walter Benjamin; un freno que nos impida caer en el abismo al que nos conduce inexorablemente el neoliberalismo.

Martha Harnecker es educadora popular chilena. Autora de numerosos trabajos de investigación sobre la izquierda latinoamericana.

Se puede decir que hay dos izquierdas en América Latina y que ambas padecen de crisis, cada una a su manera. Una es la que llegó a los gobiernos, empezó procesos de democratización de las sociedades y de salida del modelo neoliberal y que hoy se enfrenta a dificultades –de distinto orden, desde afuera y desde adentro– para dar continuidad a esos procesos. La otra es la que, aun viviendo en países con continuados gobiernos neoliberales, no logra siquiera constituir fuerzas capaces de ganar elecciones, llegar al gobierno y empezar a superar el neoliberalismo.

 La izquierda posneoliberal ha tenido éxitos extraordinarios, aún más teniendo en cuenta que los avances en la  lucha contra la pobreza y la desigualdad se han dado en los marcos de una economía internacional que, al contrario, aumenta la pobreza y la desigualdad. En el continente más desigual del mundo, cercados por un proceso de recesión profunda y prolongada del capitalismo internacional, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han disminuido la desigualdad y la pobreza, han consolidado procesos políticos democráticos, han construido procesos de integración regional independientes de Estados Unidos y han acentuado el intercambio Sur-Sur.

Mientras que las otras vertientes de la izquierda, por distintas razones, no han logrado construir alternativas a los fracasos de los gobiernos neoliberales, de las cuales los casos de México y de Perú son los dos más evidentes, mostrando incapacidad, hasta ahora, de sacar lecciones de los otros países, para adaptarlas a  sus condiciones específicas.

 ¿En qué consiste la crisis actual de las izquierdas que han llegado al gobierno en América Latina? Hay síntomas comunes y rasgos particulares a cada país. Entre ellos están la incapacidad de contrarrestar el poder de los monopolios privados de los medios de comunicación, aun en los países en los que se ha avanzado en leyes y medidas concretas para quebrar lo que es la espina dorsal de la derecha latinoamericana. En cada uno de esos países, en cada una de las crisis enfrentadas por esos gobiernos, el rol protagónico ha sido de los medios de comunicación privados, actuando de forma brutal y avasalladora en contra de los gobiernos, que han contado con  éxitos en su gestión y un amplio apoyo popular.

 Los  medios han ocultado los grandes avances sociales en cada uno de nuestros países, los han censurado, han tapado los nuevos modelos de vida que los procesos de democratización social han promovido en la masa de la población. Por otro lado, destacan problemas aislados, dándoles proyecciones irreales, difundiendo incluso falsedades, con el propósito de deslegitimar las conquistas logradas y la imagen de sus líderes, sea negándolas, sea intentando destacar aspectos secundarios negativos de los programas sociales.

 Los medios han promovido sistemáticamente campañas de terrorismo y de pesimismo económico, buscando bajar la autoconfianza de las personas en su propio país. Como parte específica de esa operación están las sistemáticas denuncias de corrupción, sea a partir de casos reales a los que han dado una proporción desmesurada, sea inventando denuncias por las cuales no responden cuando son cuestionados, pero los efectos ya han sido producidos.

Las reiteradas sospechas sobre el accionar de los gobiernos producen, especialmente en sectores medios de la población, sentimientos de crítica y de rechazo, a los que pueden sumarse otros sectores afectados por esa fabricación antidemocrática de la opinión pública.  Sin ese factor, se puede decir que las dificultades tendrían su dimensión real, no serían transformadas en crisis políticas, movidas por la influencia unilateral que los medios tienen sobre sectores de la opinión pública, incluso de origen popular.

 No es que sea un tema de fácil solución, pero no considerar como un tema fundamental a enfrentar es subestimar el nivel en que la izquierda está en mayor inferioridad: la lucha de las ideas. La izquierda ha logrado llegar al gobierno por el fracaso del modelo económico neoliberal, pero ha recibido, entre otras herencias, la hegemonía de los valores neoliberales diseminados en la sociedad.

“Cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas”, según Perry Anderson. Tendencias a visiones pre-gramscianas en la izquierda han acentuado formas de acción tecnocráticas, creyendo que hacer buenas políticas para la gente era suficiente como para producir automáticamente conciencia correspondiente  al apoyo a los gobiernos. Se ha subestimado el poder de acción de los medios de información en la conciencia de las personas y los efectos políticos de desgaste de los gobiernos que esa acción promueve.

Un otro factor condicionante, en principio a favor  y luego en contra, fue el relativamente alto precio de los commodities durante algunos años, del que los gobiernos se aprovecharon no para promover un reciclaje en los modelos económicos, para que no dependieran tanto de esas exportaciones. Para ese reciclaje habría sido necesario formular y empezar a poner en práctica un modelo alternativo basado en la integración regional. Se ha perdido un período de gran homogeneidad en el Mercosur, sin que se haya avanzado en esa dirección. Cuando los precios bajaron, nuestras economías sufrieron los efectos, sin tener como defenderse, por no haber promovido el reciclaje hacia un modelo distinto.

Había también que comprender que el período histórico actual está marcado por profundos retrocesos a escala mundial, que las alternativas de izquierda están en un posición defensiva, que de lo que se trata en este momento es de salir de la hegemonía del modelo neoliberal, construir alternativas, apoyándose en las fuerzas de la integración regional, en los Brics y en los sectores que dentro de nuestros países se suman al modelo de desarrollo económico con distribución de renta, con prioridad de las políticas sociales.

En algunos países no se ha cuidado debidamente el equilibrio de las cuentas públicas, lo cual ha generado niveles de inflación que han neutralizado, en parte, los efectos de las políticas sociales, porque los efectos de la inflación recaen sobre asalariados. Los ajustes no deben ser  trasformados en objetivos, pero si en instrumentos para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y eso es un elemento importante del éxito de las políticas económicas y sociales.

Aunque los medios de información hayan magnificado los casos de corrupción, hay que reconocer que no hubo control suficiente de parte de los gobiernos del uso de los recursos públicos. El tema del cuidado absoluto de la esfera pública debe ser sagrado para los gobiernos de izquierda, que deben ser los que descubran eventuales irregularidades y las castiguen, antes de que lo hagan los medios de información. La ética en la política tiene que ser un patrimonio permanente de la izquierda, la transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos tiene que ser una regla de oro de parte de los gobiernos de izquierda. El no haber actuado siempre así hace que los gobiernos paguen un precio caro, que puede ser un factor determinante para poner en riesgo la continuidad de esos gobiernos, con daños gravísimos para los derechos de la gran mayoría de la población y para el destino mismo de nuestros países.

Por último, para destacar algunos de los problemas de esos gobiernos, el rol de los partidos en su condición de partidos de gobierno nunca ha sido bien resuelto en prácticamente ninguno de esos países. Como los gobiernos tienen una dinámica propia, incluso con alianzas sociales y políticas con la centro izquierda,  en varios casos, esos partidos deberían representar el proyecto histórico de la izquierda, pero no han logrado hacerlo, perdiendo relevancia frente al rol preponderante de los gobiernos.

Se debilitan así la reflexión estratégica, más allá de las coyunturas políticas, la formación de cuadros, la propaganda de las ideas de la izquierda y la misma lucha ideológica.

Nada de eso autoriza a hablar de “fin de ciclo”. Las alternativas a esos gobiernos están siempre a la derecha y con proyectos de restauración conservadora, netamente de carácter neoliberal. Los gobiernos posneoliberales y las fuerzas que los han promovido son los elementos más avanzados que la izquierda latinoamericana dispone actualmente y que funcionan también como referencia para otras regiones de mundo, como España, Portugal y Grecia, entre otros. 

 Lo que se vive es el final del primer periodo  de la construcción de  modelos alternativos al neoliberalismo. Ya no se podrá contar con el dinamismo del centro del capitalismo, ni con precios altos de las commodities. Las clave del paso a un segundo período tienen que ser: profundización y extensión del mercado interno de consumo popular; proyecto de integración regional; intensificación del intercambio con los Brics y su Banco de Desarrollo.

Además de superar los problemas apuntados anteriormente, antes que todo crear procesos democráticos de formación de la opinión pública, dar la batalla de las ideas, cuestión central en la construcción de una nueva hegemonía en nuestras sociedades y en el conjunto de la región.

Hay que construir un proyecto estratégico para la región, no solo de superación del neoliberalismo y del poder del dinero sobre los seres humanos, sino de construcción de sociedades justas, solidarias, soberanas, libres, emancipadas de todas las formas de explotación, dominación, opresión y alienación.

– Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Las grandes tecnológicas estadounidenses acaparan el ‘top 10’ de las compañías más cotizadas del mundo en 2019, con una capitalización total de $9,000 millones, pese a que la petrolera Aramco se hace del primer lugar. Las 100 compañías más valiosas del mundo suman hoy una capitalización de más de $25,400 millones de dólares, una cifra equivalente a casi dos veces la economía China.

En términos comparativos, se trata de un 33% más de capitalización que el año pasado y el doble que hace una década, según datos de Bloomberg, publicados por Expansión de España.

En el top 10 del ranking destaca el poderío del sector tecnológico, con siete representantes: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba y Tencent, que juntas suman una capitalización de $5,960 millones de dólares, esto es, un 45% más que a cierre de 2018, lo que supone una subida histórica.

Sin embargo, la gran protagonista del año es la petrolera estatal saudí Aramco, que al cerrar en diciembre pasado tuvo la salida a Bolsa más grande de la historia y se posicionó así como la mayor empresa cotizada de los mercados globales.

Aramco, en concreto, suma una capitalización de casi 1,900 millones, y es la primera vez desde 2011 que una petrolera escala a la primera posición, un puesto que durante los últimos siete años había correspondido a grupos tecnológicos.

La petrolera logró posicionarse en el puesto número uno, a pesar de los ataques que sufrió en septiembre del año pasado.

Cabe destacar que entre 2012 y 2017 ese primer lugar fue conquistado por Apple. En 2018 el oro fue para Microsoft.

El triunfo de las tecnológicas y financieras

Las tecnológicas son, de nuevo, el sector dominante en 2019. En el ranking de las 100 empresas con mayor cotización suman casi $9,000 millones de dólares lo que supone el 35% de la valoración total de esa elite.

Apple cerró la década en segunda posición tras acabar 2019 con una valoración de casi $1,300 millones de dólares. Este importe es un 61% superior al del ejercicio anterior y le sirve para superar de nuevo a Microsoft, que es ahora tercera, con $1,200 millones de dólares.

Con Alphabet en cuarto lugar $933,269 millones de dólares; Amazon en el quinto con $927,042 millones de dólares; Facebook en el sexto, $593,448 millones de dólares, y Alibaba en el séptimo, $578,046 millones.

El segundo puesto corresponde al sector financiero, con $4,200 millones de dólares, esto es, el 16.6% del total.

En su caso, se trata de una representación algo menor que el pasado ejercicio, lo que se explica por la pujanza de otras dos industrias: la energía -gracias al debut de Aramco y su paso a la historia bursátil mundial – y el sector de farmacia y química, que también gana peso. Ambas rondan hoy los $3,000 millones.

Es así como el octavo puesto del top ten con $552,718 millones de dólares corresponde a Berkshire Hathaway -el brazo inversor de Warren Buffett-, que se mantiene por delante de la china Tencent con $471,080 millones de dólares.

Cierra esa elite bursátil de nuevo el sector financiero con JPMorgan, con $436,411 millones de dólares, lo que supone una escalada de casi el 50%, una de las más elevadas del ejercicio junto a Apple.

Fuera del top ten, Johnson & Johnson pierde dos puestos para quedar ahora undécima, con una valoración a cierre de 2019 de más de $383,595 millones de dólares.

Exxon, que en 2019 era décima, está ahora en el puesto 18º, con lo que le han adelantado, además de JPMorgan, firmas como Visa, Bank of América o Mastercard, mostrando así la pujanza del sector financiero en 2019.

Estados Unidos, al frente

El mercado bursátil dejó un panorama dispar para la geografía mundial.

Estados Unidos sigue siendo líder del top 100 de firmas más valiosas, pues sus empresas en la lista suman una capitalización de $15,500 millones lo que supone el 60.6% del total.

Se trata, no obstante, de cuatro puntos menos que el año pasado, lo que se explica por el auge de Asia y Europa.

En concreto, la capitalización de las firmas asiáticas pasa de $3,600 a $6,000 millones, lo que representa el 23.3% del acumulado de capitalización global.

La escalada llega sobre todo de la mano de su gran embajador, Aramco, acompañada de grandes firmas en primeras posiciones como Alibaba (cuya valoración escala un 37%), Tencent (sube un 21%) o, ya en puestos inferiores, ICBC, Samsung o TSMC .

En la lista van en detrimento de Europa, donde Suiza, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca y España son, por este orden, los países con representantes en la lista las cien empresas más valiosas.

En el caso español, Inditex es el único representante: figura en el puesto 98º con una capitalización a cierre del pasado ejercicio de $112,254 millones de dólares.

Se trata de una mejora respecto al año pasado (cuando era la 110º), si bien no supone su mejor desempeño en esta clasificación.

En 2017, por ejemplo, llegó a colocarse en el puesto 73º y en 2018 ocupaba el 78º. Hay que ampliar el foco hasta las 200 firmas más valiosas del mundo para encontrar más empresas españolas: Banco Santander e Iberdrola. Ambas, no obstante, siguen elevando sus cifras particulares al igual que Inditex, aunque a menor ritmo que otros grandes titanes mundiales.

En la historia

Tanto tecnología como energía han sido protagonistas en el podio de empresas más valiosas desde 1992, si bien con representantes distintos a los actuales. Entonces, en el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el líder mundial en términos bursátiles era Exxon Mobil, que ahora ocupa la posición 18º. Exxon sumaba entonces $75,000 millones, una capitalización que tiene hoy una empresa como Mitsubishi, que está en el puesto 150º. Exxon dio el relevo a Nippon Telegraph, que se llevó el oro como la compañía más valiosa del planeta entre 1993 y 1995.

En 1996 estrenó el liderato General Electric, primera cotizada durante ocho ejercicios (1996 a 1998, 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005).

El reinado de este titán norteamericano -que, sin embargo, queda hoy relegado al puesto 119º- sólo se vio interrumpido por dos empresas: Microsoft, que fue líder en 1999 con el auge de las puntocom para recuperar ese puesto en 2002 y de nuevo en 2018; y Exxon, que reeditó su oro de 1992 en 2006, 2010 y 2011 y que este año ha pasado el relevo del sector energético a Aramco.

En esta lista solo falta Apple, cuyo reinado es más reciente: fue la más valiosa de 2012 a 2017. Nadie se atreve a vaticinar qué pasará en las próximas décadas.

Máxime si se echa la vista atrás, pues el podio de Apple en los últimos ejercicios contrasta con el puesto 70º que ocupaba en 2007 con su primer iPhone, justo en el momento en que Amazon ocupaba la posición 377º y Facebook ni siquiera cotizaba en Bolsa.

Desde 1988, UNICEF ha sido el principal arquitecto y promotor del enfoque a la programación basado en los derechos humanos para realizar los derechos de las mujeres y los niños descritos en la Convención y en la Convención sobre la eliminación de todo tipo de discriminación contra la mujer. Los programas de país de la organización se rigen por los principios de derechos humanos aplicados en todas las fases y sectores.

El enfoque basado en los derechos humanos se deriva de una serie de principios que son la base de ambas convenciones: rendición de cuentas, universalidad y no discriminación, indivisibilidad y participación. Está firmemente enraizado en la labor de las Naciones Unidas, que en 2003 aprobó una declaración titulada “Enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: hacia un entendimiento común”.

De conformidad con este paradigma, uno de los objetivos subyacentes de todos los programas de las Naciones Unidas es promover la realización de los derechos humanos tal como se describen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos fundamentales sobre los derechos humanos.

Principios del enfoque basado en los derechos humanos

Universalidad: Todas las personas nacen con derechos humanos independientemente de su origen étnico, sus creencias y sus prácticas, su ubicación geográfica, su género o su nivel de ingresos. Sin embargo, a pesar de los sólidos marcos jurídicos internacionales y nacionales que apoyan los derechos humanos, los grupos sociales que tradicionalmente han sufrido las consecuencias de la marginación y de la discriminación dentro de sus países y sociedades son los que siguen corriendo un mayor riesgo de que sus derechos se conculquen o no se cumplan, una situación que ocurre sistemáticamente.

Un enfoque basado en los derechos humanos selecciona específicamente a los grupos más marginados –y a los miembros más vulnerables de esos grupos, que por lo general son las mujeres y los niños– en los países y las comunidades más necesitados.

El enfoque tiene consecuencias para el presupuesto de los programas y para su planificación, ya que por lo general resulta más difícil alcanzar a los grupos marginados o a las personas que viven en lugares remotos de las zonas rurales o en tugurios urbanos, que a quienes se hallan en zonas más integradas. La vacunación es un ejemplo, ya que el costo por unidad que supone vacunar a recién nacidos en las zonas rurales es bastante más elevado que el costo de vacunar a los recién nacidos que viven en ciudades.

Si se aplica a la inmunización un enfoque basado en los derechos humanos, puede que sea necesario emplear una medida alternativa para determinar las prioridades programáticas y asignar los recursos.

Al utilizar como factor determinante en la asignación de recursos el número de muertes que se han evitado (o los años saludables conseguidos) por inmunización, en lugar de los costos por unidad, cambia inmediatamente la ecuación entre costos y beneficios, ya que los grupos más pobres o más marginados tienen más probabilidades de beneficiarse de la ampliación de los servicios esenciales. A menudo es necesario aplicar soluciones innovadoras para defender los derechos de los niños marginados y desfavorecidos y de sus familias. Por ejemplo, el Gobierno de la India y UNICEF se han asociado en una iniciativa de divulgación para enviar a la escuela a más de 300.000 niños y niñas desfavorecidos utilizando técnicas como los centros móviles de aprendizaje para facilitar que los niños que se encuentran en lugares de difícil acceso puedan recibir una educación.

Rendición de cuentas: Según un enfoque basado en los derechos humanos, se reconoce que los niños y las mujeres son titulares de derechos y no sujetos pasivos de un acto de caridad. Los Estados partes, los firmantes de las dos convenciones, tienen la obligación de trabajar en favor de la realización de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. En los tratados y marcos de derechos humanos, los más vulnerables, especialmente los niños y las mujeres, reciben una protección especial.

Los ciudadanos  con autonomía y los organismos creados en virtud de tratados pueden responsabilizar a los gobiernos por cualquier violación de los derechos humanos, y evaluar sus progresos en la aplicación de los acuerdos relativos a los derechos humanos. En términos prácticos, el enfoque basado en los derechos humanos incluye la necesidad de prestar asistencia a todos los niveles de la comunidad y de la sociedad para que cumplan sus obligaciones en favor de los niños y las mujeres.

En Colombia, por ejemplo, UNICEF ha prestado apoyo a una serie de foros sobre políticas y rendición de cuentas en los cuales se preguntó a los funcionarios locales electos sobre sus logros y los desafíos que supone la aplicación de los derechos de la infancia.

Indivisibilidad: Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que no se debe conceder un carácter prioritario a ninguno de los derechos.

Para los niños y niñas, la indivisibilidad significa garantizar que los derechos relacionados con la personalidad integral del niño se cumplan mediante la satisfacción de sus necesidades físicas, psicológicas, de desarrollo y espirituales, y no solamente concentrándose en la prestación de servicios esenciales como la atención básica de la salud y la educación. También exige trabajar en asociación con otras organizaciones que dispongan de aptitudes y conocimientos técnicos complementarios para satisfacer estas necesidades.

El enfoque basado en los derechos humanos ha generado un mayor hincapié en conceptos de amplia base como el desarrollo durante la primera infancia, la continuidad de la atención de la salud para la madre, el recién nacido y el niño y la creación de un entorno protector para la infancia. También ha ampliado la gama de compromisos básicos en favor de los niños en situaciones de emergencia, que incluyen la educación, la protección de la infancia y la terapia y orientación psicosocial para los afectados por desastres naturales, pandemias o conflictos armados.

En Viet Nam, por ejemplo, la aplicación constante del enfoque basado en los derechos humanos en la esfera de la cooperación para el desarrollo ha dado como resultado que los funcionarios formulen políticas intersectoriales integradas y holísticas para la salud, la educación y la protección.

Participación: Un elemento central de un enfoque basado en los derechos humanos es la premisa de que la cooperación para el desarrollo es más eficaz cuando los usuarios a quienes se dirige –tanto los individuos como las comunidades– participan en su planificación, aplicación y evaluación. La promoción de la autonomía del individuo y de la comunidad es tanto el objetivo para la realización de los derechos humanos como un medio en favor de los mismos. La adaptación de los programas al contexto local ha demostrado ser fundamental para su aceptación, ampliación y sostenibilidad.

Por ejemplo, en Rwanda, el Gobierno y UNICEF han apoyado instituciones nacionales y locales para llevar a cabo consultas de base con niños sobre la Estrategia de desarrollo económico y reducción de la pobreza. Gracias esta consulta, las recomendaciones de los niños se incorporaron al documento final.

Abordar las disparidades en relación a los derechos de la infancia

El enfoque de la cooperación basado en los derechos humanos ofrece un marco holístico e integrado para abordar las disparidades en la realización de los derechos de la infancia. En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente que las privaciones de los derechos de los niños a la supervivencia, el desarrollo y determinados tipos de protección (como por ejemplo contra el trabajo infantil) se concentran especialmente en determinados continentes, regiones y países. Dentro de las naciones, las disparidades también son notables en la realización de los derechos de la infancia sobre la base de circunstancias como la pobreza en el hogar, la ubicación geográfica, el origen étnico, el género y la discapacidad.

Aumentar el acceso y proporcionar servicios esenciales a la población marginada y excluida es fundamental para realizar los derechos de la infancia a la supervivencia y el desarrollo.

El enfoque basado en los derechos aborda las disparidades identificando las zonas y los grupos más vulnerables y excluidos dentro de los países, utilizando análisis de situación sobre las causas directas y subyacentes

y las causas básicas de las disparidades a las que hacen frente en materia de supervivencia, desarrollo y protección. Este enfoque contribuye también a articular las denuncias de las poblaciones pobres y marginadas por medio de la promoción y la movilización social. Exige una rendición de cuentas por parte de los titulares de obligaciones a la hora de hacer realidad los derechos de las mujeres y los niños, y garantizar que sus denuncias se codifiquen en la legislación y las políticas nacionales y locales y reciban el apoyo de unos presupuestos adecuados.

También procura sacar el máximo rendimiento de los recursos –financieros, humanos, de información o materiales– en apoyo a políticas para reducir las disparidades en la mayor medida posible con respecto al nivel de desarrollo de un país.

El Programa Buen comienzo en la vida del Perú es un ejemplo de un programa basado en los derechos humanos que aborda las causas directas de las disparidades, en este caso el acceso inadecuado a una atención de la salud de calidad y a información sobre prácticas de nutrición e higiene mejoradas, que contribuye a las altas tasas de emaciación y de carencia de micronutrientes entre los niños menores de tres años de las poblaciones indígenas más pobres de la cordillera de los Andes y de la selva del Amazonas en ese país.

La aplicación de un conjunto de intervenciones eficaces con respecto a sus costos –que incluye el seguimiento del crecimiento, la orientación a las madres en materia de nutrición y de salud, la administración de suplementos de micronutrientes y la promoción de la higiene, junto a una firme participación de la comunidad– contribuyó reducir las tasas de emaciación del 54% en 2000 al 34% en 2004, y reducir la carencia de vitamina A del 30% a alrededor del 5% durante el mismo período.

Los programas y las políticas tratan también de abordar las causas subyacentes y básicas que menoscaban el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, las disparidades en los ingresos se pueden abordar por medio de estrategias de reducción de la pobreza, que incluyen medidas de protección social como las transferencias de efectivo a los hogares pobres para apoyar el gasto en bienes sociales como la atención de la salud y la educación de los niños. En América Latina es posible encontrar con frecuencia este tipo de programas, y los ejemplos más conocidos son la iniciativa Bolsa Escola del Brasil y el programa Oportunidades de México. Pero otras regiones están logrando también progresos en la prestación de programas de apoyo con ingresos: por ejemplo, en Malawi se ha introducido un mecanismo de transferencia de efectivo en seis distritos para proporcionar apoyo a los huérfanos y a los niños y niñas vulnerables, y en particular a los hogares encabezados por niños.

También es posible abordar la desigualdad de género aumentando la concienciación sobre las prácticas discriminatorias y promoviendo reformas jurídicas y sociales. Las disparidades en la prestación de servicios esenciales debido a la ubicación geográfica se pueden reducir mediante la aplicación de servicios integrados y servicios móviles. Por ejemplo, en el sur del Sudán, los programas de inmunización de la infancia se han combinado eficazmente con la vacunación del ganado contra la peste bovina.

Ampliar las oportunidades educativas a las madres es fundamental para mejorar la supervivencia y el desarrollo de los niños, ya que las investigaciones han demostrado que las mujeres que han recibido una educación tienen menos probabilidades de morir en el parto y más probabilidades de enviar a sus hijos a la escuela.

Un desafío fundamental es supervisar y evaluar la eficacia de los programas basados en los derechos humanos, no solamente a la hora de producir mejores resultados para la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de los niños, sino también a la hora de transformar las actitudes, prácticas, políticas, leyes y programas que apoyan el cumplimiento de los derechos de la infancia.

Nota: En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos organizó una reunión técnica internacional a fin de examinar y actualizar la información relativa a las instituciones nacionales de derechos humanos existentes. A la reunión asistieron representantes de instituciones nacionales, Estados, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Además de intercambiar puntos de vista sobre las disposiciones vigentes, los participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función y la composición, así como sobre el estatuto y las funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos. A continuación, se resumen estas recomendaciones, que la Comisión de Derechos Humanos hizo suyas en marzo de 1992.

A. Competencias y atribuciones

1. La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.

2. La institución nacional dispondrá del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia.

3. La institución nacional tendrá, en particular, las siguientes atribuciones:

a) presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de autosumisión, dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos; los dictámenes, las recomendaciones, las proposiciones y los informes, así como cualquier prerrogativa de la institución nacional, abarcarán las siguientes esferas:

i) todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las relativas a la organización judicial, destinadas a preservar y ampliar la protección de los derechos humanos; a este respecto, la institución nacional examinará la legislación y los textos administrativos en vigor, así como los proyectos y proposiciones de ley y hará las recomendaciones que considere apropiadas para garantizar que esos textos respeten los principios fundamentales en materia de derechos humanos; en caso necesario, la institución nacional recomendará la aprobación de una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor y la adopción de medidas administrativas o su modificación;

ii) toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida ocuparse;

iii) la elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de derechos humanos en general o sobre cuestiones más específicas;

iv) señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los derechos humanos en cualquier parte del país, proponer medidas encaminadas a poner término a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del gobierno;

b) promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva;

c) alentar la ratificación de esos instrumentos o la adhesión a esos textos y asegurar su aplicación;

d) contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las instituciones regionales, en cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados y, en su caso, emitir un dictamen a ese respecto, en el marco del respeto de su independencia;

e) cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos;

f) colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional;

g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los medios de comunicación.

B. Composición y garantías de independencia y pluralismo

1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de:

_ las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas;

_ las corrientes de pensamiento filosófico y religioso;

_ los universitarios y especialistas calificados;

_ el Parlamento;

_ las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los debates a título consultivo).

2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia.

3. En el interés de la estabilidad del mandato de los miembros de la institución nacional, sin la cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en el que se señale un plazo determinado de duración del mandato. Este podrá prorrogarse bajo reserva de que se siga garantizado el pluralismo de la composición.

C. Modalidades de funcionamiento

En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá:

1. Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud de sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante;

2. recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;

3. dirigirse a la opinión pública, directamente o por intermedio de cualquier órgano de comunicación, especialmente para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones;

4. reunirse de manera regular y cada vez que sea necesario, en presencia de todos sus miembros, debidamente convocados;

5. establecer grupos de trabajo integrados por sus miembros, cada vez que sea necesario, así como secciones locales o regionales para facilitar el desempeño de sus funciones;

6. mantener la coordinación con los demás órganos de carácter jurisdiccional o de otra índole encargados de la promoción y protección de los derechos humanos (en particular, ombudsman, mediadores u otras instituciones similares);

7. establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, incapacitados físicos y mentales) o de otras esferas especializadas, habida cuenta de la importancia fundamental de la labor de esas organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales.

D. Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasi jurisdiccional

La institución nacional podrá estar facultada para recibir y examinar denuncias y demandas relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir a ella los particulares, sus representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de sindicatos y cualquier otra organización representativa. En ese caso, y sin perjuicio de los principios antes mencionados que se refieren a otros aspectos de la competencia de las comisiones, las funciones que se les encomienden podrán inspirarse en los siguientes principios:

1. tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los límites establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un procedimiento de carácter confidencial;

2. informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en particular de los recursos de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos;

3. conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a cualquier otra autoridad competente, dentro de los límites establecidos por ley;

4. formular recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer modificaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, especialmente cuando ellas sean la fuente de las dificultades encontradas por los demandantes para hacer valer sus derechos.

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Here are five steps to a strong outline:

1. Choose Your Topic and Establish Your Purpose. A lot of writers struggle to define the initial focus for their paper. Trying to come up with a topic from a list of possibilities is a difficult task, but understanding your essay’s larger purpose is just as important. Having a goal or objective in mind will help you set guidelines and limitations on what is appropriate content for your essay. What do you want your readers to learn from reading your paper? What do you want them to understand about your topic? These questions can help you focus your ideas around the specific take-home messages you want to leave with your readers.

 2.   Create A List Of Main Ideas. This is the brainstorming part of the writing process. The goal here is to come up with a list of essential ideas that you are planning to present in your article or essay. This step can be a list of arguments to answer a question, a list of resources, or it could even include tips on how to do something. No matter what the topic is, this step gives you a chance to get all of your ideas out and have a list of possible topics that you can touch on in your essay.

 3.   Organize Your Main Ideas. The goal of this step is to rearrange the list of ideas that you came up with in Step 2, putting them in an order that will make sense to you and the reader. There are many different strategies for organizing your ideas, and these will vary depending on the type of essay you are writing. Some common organizational structures are cause and effect, classification, chronological and process. Once you have put your ideas in order, you’re well on your way to developing the structure of your essay.

 4.   Flush Out Your Main Points. After you have decided on the order of your main points, you’ll want to add some relevant content to help support each main idea. Your goal in this step is to expand upon your original ideas so that your reader has a better understanding of each point. You can add more detail to each concept by including examples, quotes, facts, theories or personal anecdotes. While this step may seem tedious, it will make your drafting process much easier. You’ll save time in the long run because your paper will be more logical and focused and your ideas will be fully developed.

5.    Review and Adjust. Most people would think that after step four your outline is done, but that is not the case. Writing is a repetitive process, and all good writers continue to review and revise their essay until they feel it is the best it can possibly be. The same goes for an outline; it should be like a roadmap that you use to direct your essay exactly where you want it to go. Make sure that you’ve included all of your ideas and established the connections between each of your main points.

Although outlining may seem like a long process, it will make the writing process a much easier experience.  Once you have your outline completed, all the hard work is done. You’re ready to start putting your ideas into full sentences and writing a logical, well-developed essay. 

Las ciencias sociales han tratado la desigualdad social por lo general como sinónimo para la estratificación vertical, entendida como jerarquía de posiciones sistemáticamente vinculadas con ventajas o desventajas en el acceso a los bienes y servicios de una determinada sociedad.

De la desigualdad (vertical) así entendida, se distinguió la diferencia (horizontal) para designar distinciones en el interior de un determinado nivel jerárquico, que no —o en todo caso no necesariamente— implican este tipo de ventajas o desventajas. En consecuencia, el análisis de la desigualdad enfocó la clase social —definida en términos económicos a través de las relaciones de producción o la relación con el mercado—, mientras conceptos supuestamente horizontales como el género, la etnicidad o la raza quedaron “relegados a la periferia sociológica”.1[1]

Esta diferenciación conceptual entre desigualdad (vertical-económica) y diferencia (horizontal-cultural) se pudo mantener mientras los conflictos sociales se caracterizaban principalmente por reivindicaciones redistributivas. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo pasado, otras demandas sociales, de corte más horizontal que vertical, más cultural que económico, han cobrado relevancia.

Grupos constituidos en torno a identidades que antes eran escondidas, oprimidas o negadas —el género, la raza, la etnicidad, la religión, la orientación sexual o la pertenencia a un determinado territorio— exigen ahora el reconocimiento y la participación en la distribución de los recursos del Estado.

El universalismo (económico) de la lucha de clases —“Proletarios del mundo, ¡uníos!”— ha cedido gran parte del protagonismo en la lucha social al particularismo de las reivindicaciones culturales.

En la medida en que estos elementos del posicionamiento social —los no

económicos— empezaron a ganar importancia, la restricción a la clasificación vertical se convirtió en un obstáculo para el análisis de la desigualdad.

Escritoras feministas como Judith Butler e Iris Marion Young rechazaron la “dicotomización” entre el orden económico y las constelaciones culturales, argumentando que la cultura y la economía están tan profundamente interconectadas y son tan mutuamente constituyentes que no pueden ser separadas.

Estudios sobre el racismo llegaron a la misma conclusión: en la medida en que las diferencias culturales fomentan relaciones sociales asimétricas —cuando una raza se siente superior a la otra y un sexo por encima del otro—, intervienen también en el acceso desigual a los recursos de la sociedad; de esta manera la cultura se convierte en un elemento constitutivo de la diferenciación vertical y, por lo tanto, de la desigualdad social.

El ocaso de las políticas de clase y el aumento de demandas culturales marcan una nueva constelación en la cultura política, donde el centro de gravedad se ha desplazado de la redistribución hacia el reconocimiento. Se ha producido una politización de la cultura y la identidad se ha añadido, y en buena medida ha reemplazado, a la clase social como referente en la generación de solidaridades y acciones colectivas. Por consiguiente, a estas constelaciones políticas posclasistas las han denominado políticas de la identidad.

En América Latina, la etnicidad ha ganado particular importancia (y atención académica) entre las diferentes expresiones de la política de la identidad.

Tradicionalmente, las poblaciones originarias se consideraban parte del campesinado explotado, pero a partir de los años ochenta y con más fuerza en los noventa se observa un cambio en las demandas, pues se empiezan a plantear reclamos por el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Sin olvidarse necesariamente de las preocupaciones de clase, el acento está ahora más en la identidad indígena y en cuestiones étnico-nacionales.

A menudo, estas identidades son elegidas y “esencializadas” por razones estratégicas, de acuerdo con las oportunidades que ofrece la coyuntura política para regular la distribución de bienes materiales y simbólicos.[2]

La particularidad de las demandas identitarias es que se sustentan en la “identidad única de este individuo o de este grupo, el hecho de que es distinto de todos los demás”;[3] es decir, en la diferencia consciente y acentuada de todos los otros.[4] La política de la identidad colisiona así con el concepto liberal de la ciudadanía que se asienta en la pertenencia a una comunidad política en términos de igualdad y se expresa en un conjunto de derechos y obligaciones compartidos por todos los “ciudadanos”.

La contradicción de fondo entre el universalismo de la ciudadanía y el particularismo de las identidades ha causado rechazo a la política de la identidad en todos los campos políticos. Conservadores ven en ella una “receta para el caos”[5] porque amenaza la unidad nacional y la cohesión social. Los liberales lamentan la pérdida de los postulados de la Ilustración, que pone en peligro la libertad individual y la autonomía personal.

La izquierda marxista acusa al particularismo de la política identitaria de haber fragmentado la lucha de los oprimidos y sofocado el movimiento sindical. Sectores de la izquierda moderada la interpretan como una calamidad que agota la energía moral y la política sin tocar el fondo del orden social. Autores de la talla de Richard Rorty[6] y Brian Barry[7] insisten en que se trata de una distracción contraproducente de la lucha por la equidad económica y la justicia social, una imprudencia que balcaniza a los grupos sociales y rechaza normas morales universales.

Sin embargo, hay diferentes formas de abordar las demandas identitarias. La versión que enfatiza, muchas veces de manera confrontacional, la diferencia entre la cultura propia y otras culturas y la convierte en la principal plataforma política, es solo una de las facetas. Esta posición caracteriza a muchas organizaciones de pueblos originarios en el Nuevo Mundo y a la Nueva Derecha en Europa que defiende la “cultura nacional” contra los inmigrantes asiáticos y africanos.

Nos encontramos así ante la situación de que esta versión de las políticas de la identidad representa a la vez las nociones más radicales y las más reaccionarias en el escenario político contemporáneo. Lo que está en juego depende, en última instancia, del caso concreto, algo que el análisis político no siempre ha sido capaz de tomar en cuenta.

La otra versión de las políticas identitarias rechaza el “esencialismo” de la política de la identidad convencional y pone énfasis en la interacción constructiva entre las culturas. Esta es la posición de la interculturalidad, de la política del reconocimiento y de la ciudadanía multicultural.

El término “política del reconocimiento” fue acuñado por el filósofo canadiense Charles Taylor en su reacción (comunitarista) a la teoría de la justicia que había sido formulada, desde una posición liberal, por John Rawls.[8] Rawls reclamaba la estricta neutralidad del Estado frente a las identidades particulares y las preferencias culturales de sus ciudadanos; es decir, la religión, la raza, el género y la descendencia nacional o étnica son aspectos rigurosamente privados que no tienen por qué ser materia de políticas públicas. Las demandas de justicia frente al Estado solo pueden referirse a lo que todos tenemos en común: nuestras “necesidades universales” de “bienes primarios” como el ingreso, la salud, la educación o las libertades individuales.

Taylor, en cambio, argumenta que las “necesidades básicas” no se limitan al abastecimiento con recursos económicos o a la normatividad jurídica que garantiza la libertad del individuo, sino incluyen también el reconocimiento de la persona como miembro de una comunidad cultural. La injusticia, para Taylor, no se agota en el recorte de las libertades individuales, sino implica la denegación de derechos para grupos culturalmente constituidos como, por ejemplo, las minorías religiosas, étnicas y raciales. El Estado debe reconocer estas diferencias culturales mediante la aplicación de derechos colectivos.

El también filósofo canadiense Will Kymlicka coincide con Taylor en la postulación de que las minorías culturales y étnicas deben ser protegidas, pero defiende la posición liberal de Rawls y da prioridad a la autonomía del individuo sobre los intereses del grupo. Kymlicka reconoce que el marco jurídico-legal de las democracias occidentales está configurado para un determinado “tipo” de ciudadano: blanco, masculino y heterosexual, y los demás —los no blancos, los no anglosajones (minorías étnicas originarias e inmigrantes), las minorías religiosas, las mujeres, los homosexuales— sufren desventajas estructurales. Para garantizar el pleno desarrollo de los derechos del individuo, el Estado debe tomar en cuenta también las reivindicaciones culturales de estos ciudadanos; es decir, debe contemplar una “ciudadanía diferenciada” o “ciudadanía multicultural”.[9]

Debido a su composición étnica-cultural, el Perú podría ser un país por excelencia para aplicar una política del reconocimiento y/o la ciudadanía multicultural. Sin embargo, son pocos los intelectuales peruanos que inciden en este tema (además casi todos vinculados con la Universidad Católica),[10] y lo que se discute queda principalmente entre ellos; es decir, se trata de un debate que apasiona a algunos círculos académicos, pero no tiene ninguna repercusión en la política estatal. Eso, obviamente, no es así por culpa de los estudiosos.

El desinterés oficial por estos temas pasa por alto que también en el Perú se ha producido un giro desde el clasismo, predominante todavía en la lucha del campesinado por la tierra durante los años sesenta y setenta, hacia expresiones identitarias. Entre las manifestaciones más importantes podemos señalar las diferentes formas del nacionalismo (desde el nacionalismo económico que representa Ollanta Humala hasta el etnonacionalismo de su hermano Antauro), el surgimiento de organizaciones étnicas en la sierra y los recientes paros amazónicos, y sobre todo las expresiones regionales que en los últimos años han ido proliferando. Basta con una revisión de los reportes mensuales sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo para darse cuenta de que en el Perú el factor territorial tiene mucho más impacto como movilizador sociopolítico que la etnicidad.

Sin embargo, son los movimientos indígenas los que más interés han despertado, tanto en los círculos académicos como en las agencias de la cooperación internacional, en las ONG y a veces en el mismo Estado, a pesar de que nunca lograron siquiera aproximarse a la importancia que tienen en los países vecinos. El problema, desde mi punto de vista, es que la evaluación de estos movimientos a menudo no pasa del nivel fenomenológico (o, por las particularidades del caso, fenotípico); basta que los actores hablen quechua y lleven ponchos para que una protesta social pase por movimiento indígena y se olvide otros componentes igualmente importantes, pero menos visibles.

La interrogante que plantea Canessa en este sentido —“¿si un movimiento está compuesto por indígenas, eso lo convierte automáticamente en un movimiento indígena?”—[11] es una pregunta importante que merece más atención en los estudios sobre los movimientos etnopolíticos. ¿Podemos comparar a Sendero Luminoso con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por el simple hecho de que su “masa” fueron mayoritariamente “indígenas” quechuahablantes?

Obviamente no, ¿pero qué criterios aplicamos para trazar la línea de separación? O si consideramos el tema desde el otro lado: ¿qué expresiones encuentran las demandas étnico-culturales en un país donde no existe un fuerte movimiento indígena? ¿Y cómo se mezclan estas demandas con otras, más verticales y materiales?

Las diferentes maneras como se fusionan la etnicidad, la clase, el territorio y otras identidades en los nuevos movimientos sociales del Perú —más allá de un discurso “único”, étnico o regional o lo que sea, que pueda prevalecer en la presentación pública de una determinada organización— es un tema cuyo análisis está pendiente. Nancy Fraser reclama que “una perspectiva genuinamente crítica […] no puede tomar literalmente la apariencia de esferas separadas. Más bien debe mirar por detrás de las apariencias para descubrir las conexiones ocultas entre [las políticas de] la distribución y el reconocimiento”.[12]

La antropóloga Sherry Ortner sostiene que en los Estados Unidos de América, por ejemplo, “la raza y la etnicidad son en realidad posiciones cripto-clasistas”, detrás de las cuales se “esconde” la clase, la cual, por tanto, requiere más “arqueología intelectual”.[13] ¿Cuánto de eso hay en el Perú? Preguntas importantes que esperan ser respondidas.

Extraído de Argumentos (IEP) http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub

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[1] Grusky, David B., ”The Past, Present, and Future of Social Inequality“. En Grusky, David B. (ed.), Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, p. 28. 2001.

[2] Gayatri Spivak acuñó el término “esencialismo estratégico” para denominar la “auto-esencialización” de grupos subalternos con fines emancipadores. Véase Spivak, Gayatri Chakravorty, “Subaltern Studies. Deconstructing Historiography”. En Donna Landry y Gerald MacLean (eds.), The Spivak Reader. Londres: Routledge, p. 214. 1985.

[3] Taylor, Charles, El multiculturalismo y la ‘política del reconocimiento’. México: Fondo de Cultura Económica, p. 61. 1992.

[4] Taylor habla de las “políticas de la diferencia”.

[5] Parekh, Bhikhu, “Redistribution or Recognition? A Misguided Debate”. En Stephen May, Tariq Modood y Judith Squires (eds.), Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press, p. 199. 2004.

[6] Rorty, Richard, Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century. Cambridge: America. 1999.

[7] Barry, Brian, Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.

[8] Rawls, John, Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. El original en inglés fue publicado en 1971.

[9] Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós. 1996.

[10] Véase sobre todo los diferentes trabajos de Fidel Tubino.

[11] Canessa Andrew, “Todos somos indígenas: Towards a New Language of National Political Identity”. En Bulletin of Latin American Research, vol. 25, nº 2, p. 253.

[12] Fraser, Nancy, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation”. En Nancy Fraser y Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. Londres y Nueva York: Verso, p. 62. 2003.

[13] Ortner, Sherry B., Anthropology and Social Theory. Culture, Power, and the Acting Subject. Durham y Londres: Duke University Press, pp. 73 y 78. 2006.