El primero, puso nfasis en el carcter fragmentario, heterogneo y plural de la realidad, negaban al pensamiento humano la capacidad de recrear una explicacin holsticas de esa realidad (metarelatos), y, con ello, la pertinencia de las utopas. Si la utopa hegeliana, como lo proclamaba Fukuyama en su obra “El fin de la historia”, se haba alcanzado con la imposicin del neoliberalismo y la democracia liberal a escala mundial, resultaba obvio que el planteamiento de la post modernidad enfilaba su propuesta contra la utopa marxista: la construccin del socialismo.
La abierta ofensiva contra la utopa socialista, se fortaleci con el derrumbamiento de los pases socialistas burocratizados y en los cuales se haba creado las bases para un desarrollo capitalista al aprobar la vigencia de la teora del valor, as como por el reflujo revolucionario posterior a los 70. La nueva situacin histrica, condujo al aparecimiento de una intelectualidad de izquierda “desencantada” y “desencontrada”, lo que determin su xodo hacia la social democracia, la “postracin” ante el imperialismo en trminos de Petras, y hasta el alineamiento en las fuerzas ms reaccionarias, a las cuales siguen sirviendo hasta la fecha. Baste recordar a toda la intelectualidad expulsada del Partido Marxista Leninista en 1972, hoy en la socialdemocracia; a los Maug y Ponce ex militantes del Partido Comunista, hoy a sus anchas en la Izquierda Democrtica; a los Castillo y Galarzas, hoy comensales en el PRIAN y en el PRE; a los Celi y los Bonilla, ex miembros de Liberacin Nacional y del MIR, hoy al servicio del gobierno de Lucio Gutirrez, de la Direccin Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Democracia Cristiana Internacional.
La negacin de la capacidad para explicar los fenmenos en forma holstica, posibilitaba que la propuesta post modernista insista en la importancia de las “diferencias”, proponiendo que la preocupaciones polticas se centren en las “identidades impuestas o adaptadas”: etnias, color, gnero, preferencias sexuales. Al privilegiar tales identidades la propuesta post moderna, enfilaba su artillera contra el anlisis de clase, apoyada en un hecho evidente: es mucho ms aprehensible, fcil de reconocer la pertenencia a un “genero” que a una clase social.
La negacin de la utopa marxista, posibilit a los intelectuales funcionales del imperialismo proponer como elemento central de la lucha poltica los denominados movimientos sociales, entendidos como: “un concepto que alude a un sector de la sociedad que se convierte en actor social (que emerge en un determinado conflicto social) a travs de sus prcticas (acciones colectivas de protesta, manifestaciones, etc) y discursos (valores, ideas) encaminadas a modificar una condicin social determinada”[1], cita que permite advertir que el concepto actor social es temporal, adquiere tal carcter ante un determinado conflicto social, y deja de serlo tan pronto se resuelve el conflicto. Todo ello, en el marco de la formacin econmica y social capitalista, cuya existencia no cuestionan.
Los actores sociales, al no cuestionar al capitalismo, no responden a las contradicciones determinadas por las relaciones de explotacin propias del sistema , por lo que no es procedente asimilarlos a clases sociales, como muchas veces lo pretenden los defensores de estos conceptos. Por ello y en consecuencia, el concepto actor social fue formulado en vano intento por remplazar al de clase social, en tanto que el privilegiar los “conflictos sociales” tena por objetivo el tratar de ocultar las contradicciones principales del capitalismo. En el Ecuador, la “avanzada del imperialismo” lo represent la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), cuyos ms altos dirigentes Napolen Saltos y Fernando Villavicencio, terminaron trabajando para el Banco Mundial, en investigaciones indispensables para la poltica intrusiva del imperialismo norteamericano.
Desde otra perspectiva, el concepto “actor social” al depender exclusivamente y al ser su nico lmite los conflictos sociales que emerjan, permite la inclusin tanto de actores nacionales como extranjeros, naturales o jurdicos. Esta posicin, por cierto, tena por objetivo el lograr se aceptase la intromisin del FMI y del BM en los asuntos de todo orden en el pas cuando “emerga” un conflicto que los involucraba. En el Ecuador, los estudios preparados por la Universidad de Cuenca como por la Universidad Catlica del Ecuador, sin vergenza alguna, incluyen a esos organismos como “actores sociales” del contexto nacional, sin reparar la cesin de soberana que ello implica.
El privilegiar las “diferencias”, “actores sociales”, sobre el de clase social, y los “conflictos sociales” sobre el de las relaciones de explotacin, permiti a los intelectuales funcionales plantear, como innecesaria la intermediacin de los partidos polticos, puesto que estos, en su definicin clsica, representan los intereses de las distintas clases o a estratos de las mismas. Esta propuesta tuvo como soporte la campaa meditica que anunciaba la incapacidad de los partidos polticos para cumplir su tarea de intermediacin, por su elevado grado de corrupcin, por lo que se volvan obsoletos, dignos de ser reemplazados por otro mecanismo: la participacin ciudadana, cuyo sustento ideolgico es conocido como el “discurso de la ciudadana”.
El discurso de la ciudadana tuvo un gran desarrollo en los ltimos veinte aos, discurso que, al igual que el del post modernismo y el de los movimientos sociales, asumieron los sectores ms reaccionarios de la burguesa, facciones de la pequea burguesa que se auto califican como “progresistas”, sindicatos y corrientes de la clase trabajadora e incluso de partidos y movimientos que se reivindican como pertenecientes a la izquierda. Es tambin comn su uso en los medios de prensa alternativos, como en los discursos de dirigentes de los principales partidos de la izquierda revolucionaria, fenmeno que, en Amrica Latina, se halla igualmente presente en el PT brasileo, el EZLN de Mxico y el FMLN de El Salvador.
En el Ecuador, como en toda Amrica Latina, es comn un cruzamiento del discurso de ciudadana con el de los movimientos sociales, en especial en quienes militan en la socialdemocracia, posicin que se explica por cuanto el logro de los derechos civiles y sociales de los ciudadanos, segn los tericos de estas posiciones, es rol que deben cumplir los movimiento sociales.
El discurso de la ciudadana, como lo afirma Jos Welmovick: “Sera la conquista de los derechos civiles y sociales mnimos por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la concepcin de la ciudadana implica que los ciudadanos, adems de derechos, tienen obligaciones. La ciudadana exige un compromiso de los ciudadanos con las leyes vigentes, como la contrapartida de la inclusin de esos derechos en el orden legal. Exige, en nombre de la defensa de la extensin de esos derechos a los excluidos, una defensa del orden en el que se quiere garantizar la inclusin de esos ciudadanos”[2].
Definicin que devela que los ciudadanos, para lograr lo que se denomina ciudadana plena, deben tambin defender el orden constituido, lo que en buen romance dice de la defensa del statu quo, del sistema capitalista. La garanta de los derechos y el respeto al orden constituido que segn ellos determinan la denominada ciudadana plena se observara en los pases capitalistas avanzados, modelo que lo convierten en paradigmtico, en el nico modelo de desarrollo a seguir, en abierta defensa de esa formacin econmica y social, con lo que convergen con el post modernismo al negar la posibilidad cierta de alcanzar la utopa marxista: el socialismo.
El “discurso de ciudadana”, en la etapa actual, pone nfasis en la necesidad de preservar la separacin entre los tres poderes del Estado, como un elemento fundamental de la institucionalidad democrtica. Esta posicin es de especial importancia para los intereses del imperialismo norteamericano, especficamente para desestabilizar al gobierno del Presidente Hugo Chvez.
Efectivamente, los Estados Unidos pretende modificar la Carta Democrtica de la OEA en la prxima Asamblea General de los 34 pases, que se realizar en junio en la ciudad de Fort Lauderdale (Florida), como lo anticipan las declaraciones de Robert Zoellick, segundo al mando en el Departamento de Estado, cuando menciona que la Carta Democrtica debera contrarrestar la prctica por la cual: “Hay una persona que gana las elecciones, luego va minando desde el poder a la oposicin, luego pone restricciones a la prensa, luego se apropia del poder judicial. Es una nueva forma de autoritarismo que est germinando y que hay enfrentar”.
Jos Miguel Vivanco, del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch), en apoyo sumiso a las pretensiones de Washington y en forma desvergonzada afirma que: “La reestructuracin que ha hecho Chvez del poder judicial en su pas, compromete directamente la viabilidad de la democracia en Venezuela, porque rompe con un principio fundamental del estado de derecho que es la separacin de poderes. Valindose de una mayora simple en el Congreso, ampli el cupo de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, de 20 a 32, para llenar los nuevos cargos con representantes del chavismo”[3].
En consecuencia con lo antes expuesto, de acuerdo al discurso de ciudadana y el carcter temporal de los movimientos sociales, ser necesaria la creacin de organizaciones que apoyen la “participacin ciudadana” ante conflictos sociales o polticos que afecten o pretendan afectar el “orden constituido”, la “institucionalidad democrtica”, en el objetivo de mantenerlo o restituirlo.
Antes de entrar en el estudio de esas organizaciones, es necesario agregar un elemento de anlisis que ratifica la afirmacin de que tales organizaciones constituyen “avanzadas del imperialismo en el Ecuador”: la total dependencia de los recursos financieros proporcionados, directamente por los pases imperialistas o a travs de organismos multinacionales como el Banco Mundial (BM), tanto para su creacin como para su accin.
Si se revisan las justificaciones del presupuesto que los gobiernos de los Estados Unidos ponen a consideracin de Congreso para las operaciones en el extranjero (“Congressional Budget Justification for Foreign Operations”), se constata que:
– Los recursos estn destinados en su totalidad para el involucramiento en la guerra de Colombia, como se infiere de la aseveracin de que la “Iniciativa Andina Contradrogas”, es un programa complementario al Plan Colombia. Evidencia igualmente lo dicho el que en la justificacin para el ao 2005, el gobierno de George W, Bush, haya eliminado la divisin que haba mantenido entre los recursos asignados para el Plan Colombia, respecto a los destinados para la Iniciativa Andina Contra Drogas;
– A partir del 2003, a los objetivos estrictamente militares el imperialismo agrega como objetivos estratgicos: el “fortalecimiento de la democracia”, la “aplicacin de las leyes” y el “velar por los derechos humanos”, programas manejados directamente por la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en ingls); y,
– En el ejercicio fiscal del 2002, por ejemplo, “la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en ingls) administr 390 millones de dlares del programa para promover el desarrollo social y econmico y fortalecer la democracia, la aplicacin de las leyes y para velar por los derechos humanos”[5], de un total de 882 millones de dlares, asignaciones que se mantienen, ms menos, en todos los presupuestos posteriores.
Las conclusiones anteriores indican la existencia de dos circunstancias que no deben soslayarse: los fondos asignados como ayuda para el Ecuador tienen como objetivo fortalecer su involucramiento en el Plan Colombia; y, que las entidades que defienden el “fortalecimiento de la democracia”, la “aplicacin de las leyes” y el “velar por los derechos humanos”, trabajan en el territorio nacional en cumplimiento de los mandatos y objetivos estratgicos de los Estados Unidos, como verdaderas “avanzadas” del Plan Colombia y del imperialismo.
En el Ecuador, las acciones que se realizan en este campo las dirige una organizacin denominada “Participacin Ciudadana”, creada por USAID, como lo comprueban las declaraciones de Lars Klassen, Director de la Oficina en Quito, quien expreso el 12 de septiembre de 2.002: “Para mi fue una sorpresa darme cuenta que no exista un grupo dedicado a las elecciones. Estamos destinando 420.000 dlares para la creacin de ese grupo (Participacin Ciudadana), y varias de esas iniciativas” [6], grupo creado y dirigido por Csar Montfar, catedrtico de la Universidad Andina Simn Bolvar, en su calidad de Director Ejecutivo.
Las actividades de “Participacin Ciudadana”, a partir de su creacin se financian totalmente con recursos de USAID. En el ao 2003 la suma alcanz a los 685,359 dlares, en el 2004 a 1.656.823,42, segn los Planes operativos de “Participacin Ciudadana”correspondientes a esos aos. Al total del ao 2003 que alcanza a la suma de 2’342.182,42 dlares, deben agregarse los valores correspondientes a los aos 2004 y 2005, cifras no incluidas en la pgina web de “Participacin Ciudadana”, a pesar de la pregonada transparencia en las actividades pblicas, que, por cierto, segn parece, o incluyen a las de la propia entidad,. Si ante la carencia de informacin asumimos que el aporte de USAID es igual a la cifra del 2003, a pesar de que las actividades de “Participacin Ciudadana” se han incrementado por la mayor conflictividad poltica qu ese registra en el pas, puede estimarse que los fondos de USAID han superado los 4 millones de dlares, lo que dice de la total dependencia de los Estados Unidos y el porque se su accionar en apoyo total a los objetivos del imperialismo en nuestro pas.
Pero la dependencia no solamente es econmica, “Participacin Ciudadana” contribuye con la dependencia ideolgica de sus directivos: todos ellos forman parte de otras ONG’s que dependen econmica, ideolgica y polticamente del imperialismo norteamericano (Cornelio Marchn de la “Fundacin Esquel”, Valeria Merino de “Transparencia Internacional”); son parte de la burguesa industrial, comercial e intermediaria (Joaqun Zevallos ex Presidente de la Cmara de Industriales de Guayaquil, Gustavo Pinto ex Presidente de la Cmara de Comercio de Quito, Benjamn Rosales quien aport la suma de 529 millones de sucres a la campaa presidencial de Jamil Mahuad, en pago de lo cual fue luego designado Gobernador de la Provincia del Guayas); son destacados miembros de la Democracia Cristiana, sobre cuyo compromiso con el mantenimiento del capitalismo y de la democracia liberal no cabe duda alguna (Galo Garca Feraud ex Ministro Gobierno de Osvaldo Hurtado, Mae Montao recientemente removida de la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos y privatizadora del puerto de Esmeraldas, Claudio Malo ex Ministro de Educacin de los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, Mario Jaramillo ex Ministro de Educacin de los gobiernos de Sixto Durn Balln y de Gustavo Noboa ). A ellos se suman, a pesar de sus proclamas revolucionarias de juventud o cuando desempearon las funciones de rectores: Vctor Bastidas (ex rector de la ESPOL), Reinaldo Valarezo (ex rector de la Universidad Nacional de Loja); y, Vinicio Baquero (ex rector del Escuela Politcnica Nacional y actual Presidente del CONESUP), quien se proclamaba defensor de la Universidad Pblica a pesar de lo cual termin tratando privatizar a la Politcnica Nacional.
En la nmina de directivos igualmente consta el periodista Jorge Vivanco, ex Presidente de la Comisin Anticorrupcin, quien se ha destacado por sus posiciones ticas, su defensa de los intereses nacionales, por lo que su membresa admira a la vez que preocupa, cuanto ms que fue el diario Expreso, en el cual labora Vivanco, el que devel las actividades de la Fundacin Esquel dirigida por Cornelio Merchn, miembro de “Participacin Ciudadana”.
La estructura de la directiva de “Participacin Ciudadana”, antes detallada permite reconocer el predominio de miembros militantes de la Democracia Cristiana, lo cual, desde otra perspectiva, explica el por qu del rol pro imperialista y pro capitalista y, en consecuencia anti socialista, que cumple esa ONG. Basta recordar el papel subversivo que desempe la Democracia Cristiana en Chile contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, as como para la instauracin de la dictadura pinochetista. En el Ecuador, su participacin en el asesinato de Jaime Hurtado, lider popular miembro del Partido Marxista Leninista y la prisin y torturas de Arturo Jarrn directivo del movimiento Alfaro Vive Carajo, es innegable, puesto que el asesinato y la tortura se cometieron en los gobiernos de los democratacristianos Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, respectivamente.
“Participacin Ciudadana”, por cierto no es la nica ONG que opera como “avanzada” del imperialismo en el Ecuador, gracias al financiamiento que recibe del gobierno de los Estados Unidos a travs de USAID. Segn el diario Expreso, junto a aquella debe alinearse a la “Fundacin Esquel”, puesto que con los fondos entregados por USAID, Esquel: “ejecut un plan de generacin de consensos en reas polticas clave, que fue el origen del “Grupo Ruptura 25”, proyecto coordinado por Mara Paula Romo, (militante de la Democracia Cristiana N.A.) quien igualmente coordina “Coalicin por la Democracia” [9], proyecto igualmente financiado por USAID y ejecutado a travs de Esquel, en donde tambin participan los abogados; Gustavo Jalk, ex director de “Projusticia”, Alberto Wray ex asesor jurdico del ex presidente Jamil Mahuad, Farith Simon miembro de la Academia Constitucional de la Universidad San Francisco.
En el “Grupo Ruptura 25”, igualmente activa Norman Wray, quien actualmente trabaja en Esquel, coordinando otro proyecto de juventud, tambin financiado por USAID. Norman Wray es primo hermano del ya mencionado Alberto Wray.
Si “Participacin Ciudadana” cumple con el objetivo del imperialismo de “fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo ser para tratar de alcanzar todos los objetivos incluidos en lo que los estrategas del imperio llaman “aplicacin de las Leyes”. Pero no slo para ello, puesto que si la Fundacin Esquel es el instrumento para la transferencia de recursos de USAID y de fundaciones como la Rockefeller, Ford o Kellog para “fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo es para la transferencia de recursos hacia ONG’s que operan en el territorio ecuatoriano y cuya funcin es apoyar a la “aplicacin de las Leyes” y el “velar por los derechos humanos”, como lo analizaremos en documento aparte.
A forma de conclusin
La “avanzada imperialista”, como se infiere de lo antes expresado, responde a los planteamientos tericos e ideolgicos de la derecha europea ms reaccionaria: el post modernismo, los movimiento sociales y el discurso de la ciudadana, los cuales responden y satisfacen plenamente los intereses del imperialismo norteamericano, en su afn estratgico de imponerse vanamente a escala mundial.
A nivel de los pases andinos, los Estados Unidos ha definido objetivos adicionales, sobre la base de los requerimientos de la guerra impuesta en el marco del Plan Colombia.
Para lograr esos objetivos, ha procedido a crear y financiar las actividades de una serie de ONG’s, cuyos principales responden al ideario y militan fundamentalmente en dos partidos reformistas: la Democracia Cristiana y la Izquierda Democrtica (socialdemcrata), los cuales no tienen reparo en convertirse en mercenarios, al servicio de una potencia extranjera. No olvidemos que todos ellos reciben salarios de las ONG’s en las que trabajan para el enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano.
En los momentos de crisis polticas, como los que atraviesa actualmente el Ecuador, hacen activa presencia, arguyendo la necesidad de “defender la institucionalidad y la democracia”, por lo que su accin, simultneamente, pone nfasis en impedir que las movilizaciones populares avancen hacia la destitucin de Lucio Gutirrez. La razn es simple: Lucio Gutirrez no slo se proclama el “mejor amigo de los Estados Unidos”, lo es cuando negocia a contra cincha el TLC, cuando acepta la ocupacin paulatina del territorio nacional mediante la construccin de nuevas bases militares al servicio del imperialismo cuyo ejemplo ms claro, evidente e innegable es la de San Lorenzo, cuando recibe la ayuda militar que involucra cada vez ms al Ecuador en la guerra de Colombia, cuando abroga en el seno del Grupo de Ro para la constitucin de un ejrcito multinacional para intervenir en la guerra de Colombia, cuando negocia en forma ilegal e inconstitucionalmente el otorgamiento de la inmunidad para las tropas de ocupacin norteamericanas, etc, etc.
Para ello tienen el desenfado de interpretar las demandas populares, como si aquellas se limitasen a pedir un nuevo reparto de puestos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo Electoral y en el Consejo de la Judicatura, desoyendo el clamor popular que pide un nuevo ejercicio de democracia “real” que termine con el gobierno de Gutirrez, y, que avance hacia la instauracin de un gobierno popular, perspectiva que no halaga en absoluto a los detentadores de siempre del poder econmico y poltico.
Las cartas estn echadas. El futuro dir si fuimos capaces, al mismo tiempo que descubrimos los objetivos del imperialismo y a sus obsecuentes servidores: los manipuladores socialdemcratas y democratacristianos, responsables de la flexibilizacin laboral, de la contratacin por horas, de las privatizaciones, del despido masivo de servidores pblicos y municipales, de la dolarizacin, de la sucretizacin de la deuda privada, del atraco bancario, de la inmigracin masiva, de la entrega de la Base de Manta; de construir un gran Frente de la izquierda anticapitalista, que nos permita desvincular al movimiento popular de los manipuladores de siempre y de conducirlo en la lnea de sus propios intereses: la construccin de un gobierno popular.
- Miembro del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores
Notas
[1] Delgado, Eduardo: “Iglesia y Movimientos Sociales”, Op. Cit. pgina 9.
[2] Welmovick, Jos: “El discurso de la ciudadana y la independencia de clase”, Marxismo Militante, Ediciones Zitra, Quito, Ecuador, 2002, pgina 68.
[3] El Tiempo: “Estados Unidos busca modificar la Carta Democrtica de la OEA para aislar a Hugo Chvez”, Bogot, Colombia, 26 de febrero del 2005.
[4] CNN: “EE.UU. anuncia la Iniciativa Regional Andina, que complementa el Plan Colombia”, 17 de mayo del 2001.
[5] CNN: “EE.UU. anuncia la Iniciativa Regional Andina, que complementa el Plan Colombia”, 17 de mayo del 2001.
[6] Diario El Universo, Guayaquil, Ecuador, 12 de septiembre del 2002, pgina A2
[7] “Participacin Ciudadana fue creada el 12 de julio de 2002, mediante acuerdo ministerial Nro 01068 del Ministerio de Bienestar Social”.
[8] Navarro, Guillermo: “Ecuador: corrupcin, poltica econmica y gobernabilidad”, Ediciones Zitra, Quito, Ecuador, 2000, pgina 40.
[9] Diario Expreso: “La ayuda de EE.UU. es cuestionada”, Guayaquil, Ecuador, 20 de febrero del 2005.
