COSTA RICA: los partidos de izquierda y el decadente neoliberalismo (2014) Carlos A. Abarca

Este artículo no pretende abordar la historia política de Costa Rica, ni de las organizaciones de la izquierda. Lo escribo con el propósito de refrescar la memoria crítica e inconforme de la juventud, la clase trabajadora y demás sectores sociales que hoy reflexionan su decisión electoral en la contienda que culmina el 2 de febrero del 2014.                      

I. ANTECEDENTES HISTÒRICOS

La historia reciente de las luchas por el poder del Estado en Costa Rica irrumpe con el legado de la Guerra Civil de 1948 y el fallido levantamiento militar del Dr. Calderón Guardia, en 1955. Comprende las presiones de inversión pública lideradas por la burguesía agropecuaria, industrial y el comercio exportador; en vivienda, salud, educación y prestaciones sociales, dirigidas por los agentes de los partidos gobernantes a través de las instituciones estatales y las municipalidades, y las gestiones de bienestar ciudadano derivadas de luchas reivindicativas de diferentes sectores de la sociedad.    

La distribución de la riqueza social como gran logro del Estado reformista fue, además, resultado del ascenso de las luchas sociales; de las protestas, huelgas y demandas del magisterio nacional, empleados estatales, el proletariado bananero, los obreros de la manufactura y los consumidores de servicios públicos. En esa dinámica de conflictos y conciliaciones, la sociedad civil adquirió de nuevo tesitura política y electoral, después de la Guerra Civil.

La constitución de 1949 otorgó derechos electorales a las mujeres y a la población negra. Poco después se redujo de 21 a 18 años la edad para ejercer el derecho al voto y la participación de la población joven en actividades políticas. Desde 1953 se reorganizó el movimiento sindical obrero y campesino en la Confederación General de Trabajadores. Desde 1955 se formaron las juntas progresistas comunales y otras confederaciones sindicales que se vincularon al PLN. Entre 1960 y 1970 surgieron nuevas agrupaciones obreras, de estudiantes, campesinos y sectores ciudadanos, las cuales se adscribieron en buen número a los emergentes partidos políticos de izquierda.    

En tercer lugar, el tema del Estado reformista es inseparable de las repercusiones de la coyuntura económica y política en los liderazgos, composición y estructuras de los partidos, así como en las instituciones ideológicas y consensuales organizadas por la burguesía local en alianza con los intereses de los Estados Unidos en Centroamérica. Entre esos momentos de cambio resaltan la revolución cubana, la crisis del mercado común centroamericano, el alza de precios del petróleo desde 1971, la depresión económica de 1973-1975, la derrota militar y política de la dictadura somocista, el auge de movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala, y la depresión capitalista de 1979-1983.

En el seno de esas alarmas se fraguó la fusión de los intereses del capital financiero e industrial con la política exterior de los Estados Unidos y Europa, y se lanzó la ofensiva imperialista que exigió a los Estados latinoamericanos el pago de las deudas externas e impulsó un comercio mundial sin restricciones nacionales, proteccionistas. El neoliberalismo forzó la reducción de las inversiones en bienestar social para subsidiar la reproducción y circulación del capital e impuso los ajustes de estructuras que arrasaron con las políticas de sustitución de importaciones, vigentes entre 1960 y 1980. Un antecedente estructural del neoliberalismo fue la revolución en la tecnología microeléctrica que unificó las industrias de telecomunicaciones, informática y automatización. A ese cambio se integró la biotecnología aplicada en farmacología, ingeniería genética, el cultivo de tejidos, industria alimenticia, minería y medio ambiente.

El neoliberalismo, la fase contemporánea del capitalismo imperialista, se convirtió en un sistema global cuando adquirió hegemonía política mundial a raíz de las transformaciones en la URSS y el desmembramiento de los países socialistas de Europa Oriental, durante los gobiernos de Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin (1985-1991). A partir de entonces, Estados Unidos y Europa a través de la OTAN se encontraron sin competencia militar y retomaron la ofensiva neocolonialista con las guerras regionales en Europa balcánica, el Medio Oriente, Asia y Àfrica.

En ese contexto adquieren relevancia en Costa Rica, los impedimentos de los gobiernos para avanzar el desarrollo de políticas sociales de interés popular. Surgieron contradicciones en el bloque político detentor del poder por medio de los partidos Liberación Nacional y diversas coaliciones del liberalismo tradicional. Se configuraron nuevas corrientes ideológicas y partidos de izquierda, cuyo itinerario histórico ha concordado con los objetivos de las luchas sociales en relación con el reparto de la riqueza nacional y para encauzar las instituciones del Estado hacia metas de desarrollo con sentido ético, equidad en la propiedad y reparto de la riqueza y soberanía nacional.

En particular, porque desde 1983 el bipartido PLN-PUSC controló el poder del Estado. En momentos, adoquinado con los ajustes estructurales que diseñaron e impusieron a los gobiernos el FMI, el BM, el BID y el capital transnacional. En otros, enfangado por la corrupción descarada de conductores de esas políticas como Rafael A. Calderón Fournier, José María Figueres Olsen y Miguel Àngel Rodríguez, en mafiosa colaboración con políticos y empresarios ligados a algunas instituciones autónomas y a la banca transnacional.

En consecuencia los gobiernos del PLN-PUSC de los últimos 30 años abandonaron el reformismo; no así la intervención del Estado a favor de la reproducción sin fronteras del capital. Viraron al ala derecha del liberalismo, alimentaron la ingobernabilidad, agudizaron las luchas sociales, la desconfianza en los poderes del Estado y sus instituciones, y el descontento político. De ahí que, lentamente se fue abriendo el horizonte para la reformulación radical de la dominación neoliberal bajo liderazgo de nuevas y jóvenes expresiones del espectro político de centro e izquierda; en competencia, aún sin confrontación, con quienes militan en la extrema derecha de la política.         

II.- EXCLUSION DE LOS COMUNISTAS Y RUPTURAS EN EL P.L.N.    

En Costa Rica, entre 1949 y 1979 se avanzó otra fase del Estado Benefactor, con sustento en el Capítulo V de la Constitución. Este período difiere en cuanto al fundamento ético e ideológico de los cambios sociales y laborales que se institucionalizaron entre 1941 y 1948. En los artículos del capítulo V, las garantías sociales se perciben a distancia del concepto republicano y socialista que las legitimó inicialmente. Ahora se sustentan en la doctrina keynesiana del Estado Interventor o Estado Benefactor. Ya no se apela a una ética política, a los principios de doctrina social católica, ni del socialismo; sino a la evolución de las estructuras y las relaciones económicas de la sociedad capitalista que determinan la distribución de la riqueza social.  

La doctrina liberal clásica consideró las necesidades sociales básicas y de las clases trabajadoras, en la noción «interés general de la nación» y priorizó el crecimiento de la producción en el agro y la industria. En los años 40, ese tema de política económica generó la confrontación entre los republicanos liberales de izquierda, los comunistas y los socialdemócratas; porque éstos conciben las garantías sociales como parte del Estado de Derecho y las subordinan al crecimiento de la producción privada con mediación estatal a favor de la acumulación capitalista.

Para ellos, las cuestiones de Estado son temas seculares de tipo jurídico y político. Por principios derivados del dogma de la preservación inalterable de la propiedad privada de la tierra, la banca y las empresas productivas, los socialdemócratas rechazan las tesis marxistas sobre la sociedad y las finalidades del Estado. De ahí que, vencedores en la Guerra, ilegalizaron al Partido Vanguardia Popular y han menospreciado las alianzas políticas con los movimientos socialistas y los partidos marxistas. http://www.monografias.com/trabajos62/costa-rica-reformas-sociales/.shtml#ixzz2nUJu9SwD

El Decreto Ley No. 105 de la Junta de Gobierno y el Artículo 98 de la Constitución de 1949 ilegalizaron al PVP y los sindicatos campesinos, obreros y del sector público afiliados desde 1943 a la Confederación de Trabajadores. Los comunistas, que en 1947 sumaban unos 12.000 militantes vanguardistas, solicitaron inscribir el Partido Nacional Democrático para las elecciones de la Asamblea Constituyente, pero el 16 de agosto de 1949 el Tribunal Electoral desacreditó la pretensión. En 1950 insistieron en legalizar al PVP y fueron excluidos por la Ley No. 1191 del 1 de agosto del mismo año.  

En 1953 los vanguardistas hicieron actividad electoral como Partido Progresista Independiente, con el candidato Joaquín García Monge. De nuevo fueron proscritos por Ley No.1608 del 16 de julio. En 1957 propusieron la denominación Partido Unión Popular y en 1958 el Partido Socialista Costarricense, con Fabián Dobles como candidato. Las dos iniciativas fueron anuladas por la Ley No. 2788 del 20 de julio de 1961. Por ello, en 1962 apoyaron al Partido Acción Democrática Popular, liderado por Enrique Obregón Valverde, un liberacionista de izquierda y por el periodista Julio Suñol, miembro de la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana. El PADP obtuvo en 1962 el 0.9% votos para Presidente y 2.5% para diputados. (Gutiérrez, 1984:68).

En 1966 los comunistas presentaron al Tribunal el Partido Acción Popular Socialista con el candidato Marcial Aguiluz Orellana, disidente del PLN. Simultáneamente, Manuel Mora Valverde, secretario general del PVP, expresó públicamente sus simpatías por el candidato Daniel Oduber. Ese año el PVP celebró el X Congreso y constató un apreciable crecimiento. La composición social del partido mostraba un 43% de militantes de extracción obrera y campesina, 57% personas de la clase media, el 80% hombres y el 20% mujeres. (Gutiérrez, 1984:72)

En 1969 se negó el registro electoral de los vanguardistas, como Bloque de Obreros Campesinos e Intelectuales, presidido por Eduardo Mora Valverde. Ese año, Marcial Aguiluz inscribió el Partido Acción Socialista (PASO) el cual fue aceptado por el Tribunal y la Asamblea Legislativa, ante el dilema de ilegalizar dos partidos en un mismo proceso de elecciones. El PASO obtuvo el 5.5% votos para diputados. Eligieron 12 regidores municipales y llevaron a la Asamblea a Manuel Mora Valverde y a Marcial Aguiluz O. Los dos presentaron el Proyecto de Ley contra el Art. 98 de la Constitución. Cuatro años después el Plenario no había tramitado el proyecto. El PVP tenía 1.023 militantes en 1970. http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/papers/iisec1.html

En las elecciones de 1974, los vanguardistas participaron y fueron electos diputados Eduardo Mora Valverde y Arnoldo Ferreto Segura, a pesar que aún regía la proscripción de los comunistas. Como fracción parlamentaria el PVP defendió leyes, como la expropiación de Osa Productos Forestales; eliminación de los Contratos-Ley de la Constitución; reforma a la Ley de la zona marítimo-terrestre; la Ley de Prohibición de Pesca en Aguas Patrimoniales del Estado; la creación del Parque Nacional “Manuel Antonio” en Quepos; reforma a la Constitución para derogar el párrafo segundo del Art. 98 y legalizar al PVP y otras fuerzas de izquierda activas en ese momento.

De modo que los vencedores de la Guerra Civil modularon el Estado Benefactor sin competencia electoral socialista, sin movilizar a sus bases sociales y con el fin de no contrariar los requisitos para la acumulación y reproducción del capital; sino más bien, para complementarlos atendiendo la necesidad de racionalizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Ejercieron coacción y represión contra las voluntades reformistas de corrientes ciudadanas no liberacionistas. Y, a pesar de eso, otros hechos malograron la consistencia de su experimento reformista. Entre ellos, las rupturas de consensos y las fisuras entre los partidos gobernantes; los alineamientos con los intereses de los Estados Unidos; las diferencias con respecto al sindicalismo y sobre las funciones políticas de las organizaciones sociales y sus liderazgos populares.    

Las discontinuidades y estancamientos en los programas de reforma social se acentuaron en sincronía con otros acontecimientos. En el plano sindical, el rechazo a las autoridades eclesiales y el aval a la influencia sindical peronista. En la gestión de gobierno, el apego a los programas de la Alianza para el Progreso y el Mercado Común Centroamericano, estrategias de los Estados Unidos no siempre en concordancia con los objetivos de la Comisión Económica para América Latina o las orientaciones de la Internacional Socialdemócrata al PLN. En el campo internacional, el seguidismo a las directrices de la ONU, la OEA y las agencias regionales del gobierno norteamericano o de la Unión Europea, sin ponderar particularidades sociales, políticas y culturales de la historia nacional.        

Los partidos Unión Nacional (Ulatista) Unificación (Echandista) y otras facciones opositoras a los gobiernos del PLN carecían de asideros reformistas y renegaron los compromisos históricos con el “caldero-comunismo” de los 40. Eran agrupamientos elitistas más que partidos políticos contralores; liderazgos que envejecían políticamente, sumas de electores y pocos militantes orgánicos que disfrutaban puestos y prebendas en los gobiernos del PLN. Sólo a finales del setenta lograron alguna cohesión con el liderazgo de José Joaquín Trejos y Rodrigo Carazo Odio. Por esos años surgió también el Partido Demócrata Cristiano, con muy poco desarrollo.  

En las tiendas del PLN las escisiones afloraron desde 1958. Algunos rechazaban el caudillismo autoritario de José Figueres y el relevo de candidatos a Presidente de la República con criterio de comandos militares. Censuraban el abandono del ideario socialdemócrata. Resentían los fraudes electorales en las convenciones. Demandaban diferenciación social e ideológica con respecto a los liberales republicanos y los “mariachis”. Las “inconformidades” resquebrajaron al Partido.

Jorge Rossi creó en 1958 el Partido Independiente. Enrique Obregón Valverde fundó el Partido Revolucionario Independiente, en 1962. Rodrigo Carazo acogió desde 1964 la doctrina social católica y Benjamín Núñez, con el mismo libreto, redactó en 1968 los Documentos de Patio de Agua. El texto legitimó las fisuras. Nacieron el Grupo 70 y la fracción legislativa independiente que lideró Frank Marshall Jiménez con conceptos de ultraderecha. En esas deserciones, unos fundaron el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano o se acercaron a Vanguardia Popular.

Carazo abandonó el Partido Liberación en 1969 y con José J. Trejos fundó la Alianza Nacional Cristiana en 1972 y el Partido Renovación Democrática en 1974. Cuatro años después, el Partido Liberación vivió la primera gran derrota histórica con la presidencia de Carazo Odio y su proyecto de abandonar el paternalismo de Estado, combatir la corrupción, dignificar la política, defender la soberanía frente al FMI y fortalecer la identidad nacional con un ideario anticomunista, socialcristiano y liberal demócrata, divulgado por el Partido Unidad. (Abarca V. 1995: 38-40)

III.- RENACIMIENTO Y DISPERSIÓN DE LA IZQUIERDA ESTUDIANTIL

Otros cambios removieron la conciencia histórica, actualizaron ideologías y conceptos, ampliaron temáticas y metodologías de acción política en relación con la transformación social, consecución de la soberanía nacional y satisfacción de aspiraciones socialistas. Una vez más, la juventud universitaria y liceísta, magisterio, intelectuales y sectores de clase media irrumpen en varios escenarios políticos, tres décadas después de la exitosa alianza de republicanos y vanguardistas y del Partido Socialdemócrata que fundaron el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales y José Figueres Ferrer.    

Entre 1960 y 1970 una intensa agitación gravitó en México, Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur. La aureola de soberanía y justicia social irradió de la revolución cubana, de la estrategia insurreccional del proyecto OLAS y el heroísmo del Che Guevara en Bolivia; acompañó a los emergentes movimientos revolucionarios urbanos europeos y de América Sur, las luchas de descolonización y las agendas autonomistas de los Países No Alineados. La viabilidad de la paz mundial afloró en la iniciativa soviética de distensión en la Guerra Fría y de congelamiento de la carrera nuclear, en contexto de multitudinarias protestas contra la guerra imperialista en Viet Nam.

Esa atmósfera envolvió las academias y fue referente de identidad política de una generación de intelectuales, estudiantes y habitantes urbanos. A fines de los 50 la juventud crítica se declaraba admiradora del Movimiento 26 de Julio y se acercaba a los Amigos de la Revolución Cubana. En 1963 un grupo formó el Partido Revolucionario Auténtico (PRA) el cual fue otro polo de atracción de quienes radicalizaban ideales y criticaban el comunismo ruso. El PRA lo integraron entre otros: Sergio Eric Ardón, Otto Castro Sánchez, Álvaro Montero Mejía, José Francisco Aguilar Bulgarelli, Guillermo Arce, Jorge Arturo Camacho, Juan Antillón, Guillermo Joseph y el “Chino” Vargas. En la campaña del 62 apoyaron al Partido Acción Democrática Popular y forjaron vínculos con militantes disidentes del PLN y del clero católico. (Iglesias, 1984: 109).

Otra corriente apareció en 1961. Ese año el estudiante Rodolfo Cerdas Cruz fundó en la UCR la Juventud Socialista, vinculada al PVP, ilegalizado. Cerdas se propuso eliminar la tutela comunista y hubo divergencias de fondo con la dirección del partido. En un viaje a la URSS, entró en relaciones con la embajada China, cuando los maoístas rompían con los comunistas-leninistas. Expulsado del PVP en 1969, con el apoyo del comunismo chino se dedicó a elaborar la letra de una “nueva democracia” y un “nuevo bloque revolucionario de cuatro clases”. (Cerdas, 1981:99-138). A raíz de las protestas estudiantiles del 24 de abril de 1970 contra de la aprobación del Contrato Ley con la transnacional ALCOA, la agitación estudiantil le dio tema y ocasión para atacar al PVP y fundar el Frente Popular Costarricense (FPC). (Mayer, S., 1984: 141).

Las protestas contra ALCOA movilizaron más de 50.000 universitarios y liceístas y remiten al repunte del movimiento estudiantil y los partidos de izquierda. En ese campo fértil cuajaron otras corrientes de pensamiento marxista y las organizaciones políticas: Frente Popular (FP) Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y el Partido Socialista Costarricense (PSC). El PVP no capitalizó de inmediato la rebeldía estudiantil. Estaba involucrado en acciones sindicales y electorales. (Ruiz, A. 1984: 126).

En esos años se formó un grupo de discusión de los problemas nacionales que llenó un vacío de pensamiento crítico ante la ausencia de respuestas del PVP. En 1971 fundaron una organización de estudiantes, alternativa a la JVC, con Rodolfo Cerdas, Pablo Azofeifa, Álvaro Montero M., Eduardo Dorian, Nelson Gutiérrez Espeleta, Daniel Masís, José Ml. Arroyo, Roberto Hidalgo, María Eugenia Trejos y Álvaro Soto. De ahí nació el Frente Amplio Estudiantil Nacional (FAENA) el cual se presentó como “la única organización de la izquierda patriótica y antiimperialista”.

En tercer lugar, el 11 de abril de 1972 se fundó el Partido Socialista Costarricense (PS); aunque funcionaba como grupo desde 1971 presidido por Álvaro Montero M. -fundador del PRA- Enrique Obregón Valverde, José F. Aguilar Bulgarelli, Arnoldo Mora, Rodrigo Gutiérrez S. y Alberto Salóm E. Con el logotipo de la hormiga, el PSC se opuso a la línea política del MRP y se dedicó a disputar espacios al PVP generando pugnas de representatividad política y sindical. Su base social arraigó en universidades, empleados públicos, obreros y campesinos, y grupos de católicos. Fue exitosa la creación de la Juventud Universitaria Socialista (JUS). En 1975, en coalición con otras fuerzas eligieron a Alberto Salóm, Presidente de la FEUCR y la JUS fue un fuerte componente de la Unidad para Avanzar (UPA). (Ruiz, Á. 1984: 125-128)

El Movimiento Revolucionario Auténtico (MRA) en parte heredero del PRA, surgió en enero de 1970. Ese año ganaron presencia en los episodios de ALCOA pues ocupaban el directorio de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales. De ahí surge el Frente Estudiantil del Pueblo (FEP) “siguiendo la línea de construcción de frentes que desarrolló el MIR en Chile”. Al año siguiente, una escisión originó el Movimiento de Acción Revolucionaria Socialista (MARS) y poco después sus dirigentes Hubert Méndez, José Picado, César Solano, José Merino y Oscar Madrigal se adhirieron al PVP. El otro sector del FEP fundó el Frente Obrero del Pueblo (FOP), en competencia con el Movimiento Iglesia Joven (MIJ).  

Otra división del MRP dio lugar al Bloque 24 de Abril, poco antes de las elecciones nacionales de 1974. Después vino la fractura en el Movimiento Estudiantil Católico (MEC). Más repercusión tuvo “la escisión militar” provocada por algunos estudiantes que, años más tarde, organizaron “el Grupo La Familia” a raíz de las quemas de unos autobuses. Esa acción fue condenada por el MRP, a pesar de que tenían información de la “Operación Miguelito”. En 1981, un comando del grupo la Familia se involucró en una acción contra la embajada americana en San José. A raíz de esto hubo un tiroteo y murió un policía. Fueron apresadas Viviana Gallardo y otras dos muchachas. Estando en prisión, un amigo del policía fallecido, el Cabo Bolaños, asesinó vilmente a Viviana para vengar la muerte del compañero.

La siguiente ruptura del MRP la provocó un grupo influido por el trotskismo. Salieron dos miembros de la dirección y con otros militantes acogieron como guía revolucionaria las obras de León Trotsky. Ante esa actitud, la dirección apeló a los estatutos y a medidas disciplinarias. Surgió el grupo leninista-trotskista internacionalista (LTI) y otro que ingresó a la Tendencia Mayoritaria Internacional (TMT). (Iglesias J. 1984:114-116). En la campaña electoral de 1986 se presentaron como Organización Socialista de los Trabajadores (OST), en 1990 como el Partido de los Trabajadores en Lucha (PTL) y en el 2002 como Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En las elecciones de 2010 se aliaron con el PVP liderado por Humberto Vargas Carbonell.

EL MIJ fue una opción radical de cristianos de izquierda que surgió inspirada y legitimada por el Congreso de Medellín (CELAM) de 1968. El evento estimuló la formación de organizaciones con compromiso político cristiano. Su líder, ejemplo de revolucionario, fue el sacerdote colombiano Camilo Torres Restrepo. En CR, el MIJ acuerpó a los partidos de izquierda; no tuvo independencia, estructura política de alcance nacional, ni realizó acciones de organización popular. Tampoco despegó un movimiento social cristiano radical. Al crearse el FOP, se enlazaron al MRP. Aportaron “gente fresca que se sumó a las aventuras militaristas y trató de atraer a obreros de la industria”. (Iglesias, J. 1984: 109-113).

En la UCR, desde 1967 el Frente de Acción Universitaria (FAU) imprimió al movimiento estudiantil y a la FEUCR un compromiso solidario internacional y nacional, y mayores vínculos con las luchas populares. En 1969, por acción del FAU y de la FEUCR se realizó un Seminario sobre el Contrato de la ALCOA y se organizó la protesta permanente en la Asamblea Legislativa. http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=12709

En 1970 el FAU, ligado al PVP a través de la JVC, era la única organización de izquierda aunque con poca fuerza electoral. En abril de 1972 se formó la Unidad Estudiantil de Izquierda (UNEI) una alianza de la JUS, ligada al PSC, el Frente Estudiantil del Pueblo (FEP), extensión del MRP, y la JVC. Ganaron la dirección de la FEUCR con un crecimiento de más de 1.000 votos. El grupo estudiantil del PVP se separó de UNEI en mayo de 1973 y se unió al Movimiento de Acción Revolucionaria Socialista (MARS) para formar el Frente Amplio Universitario (FAU). (Gutiérrez, 1984:72). Para las elecciones de la FEUCR de 1974, el PS y el PVP, con la papeleta Unidad para Avanzar (UPA) llevaron a Alberto Salom a la Presidencia. Obtuvieron 5.200 votos. Al año siguiente UPA obtiene otra vez el triunfo, pero con una baja de casi 2.000 votos. El FEP-MRP se negó a formar parte de la alianza y solo obtuvo 204 votos en 1974.

FAENA no formó coaliciones con la izquierda. Creó el Frente Estudiantil Mayoritario (FAM) con actividad en las sedes regionales de la UCR y facultades. En San Ramón nació el JIRU, Juventud de Izquierda Regional Universitaria, en la UNA el grupo Patria Joven. En 1972 presentó de candidatos a Eduardo Dorian y Pablo Azofeifa. Obtuvieron menos de 1.000 votos. En 1973, tuvieron buena presencia en las luchas por el presupuesto universitario y contra la Ley del Oleoducto. Se abstuvieron de participar en las elecciones de 1974 y apoyaron a UPA, la cual ganó el directorio de la FEUCR. En 1976 formaron el grupo Bases Universitarias Organizadas (BUO) y obtuvieron 3.000 votos. BUO viró a la derecha, dirigido por Federico Flores. Desaparece en 1979 y con él, FAENA. Hubo un “sucesor”: el grupo Liga de Asociaciones Solidarias (LAZOS). En sus mejores tiempos FAENA a lo sumo integró a 50 militantes. (Mayer, 1984:151-152)

Los años 1974-1976 fueron de auge de la izquierda universitaria. UPA se mantuvo en el directorio, hasta 1976, año que marcó la derrota de la izquierda. (Gutiérrez, 1984:73). En 1977 Fernando Coto, hijo del Presidente de la Corte de Justicia, magistrado del mismo nombre, dirigió la derrota de la izquierda estudiantil con su carapacho, danzas alucinógenas y triviales posiciones de derecha.

IV.- UNIDAD Y RUPTURAS EN LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

Entre 1949 y 1975, el Partido Vanguardia Popular dedicó sus esfuerzos a la actividad política para la consecución de legalidad electoral, el trabajo parlamentario y a la articulación de sus militantes con las luchas sindicales, agrarias, estudiantiles y en organizaciones comunales. Sus diligencias fueron marginales entre las clases medias económicamente activas. Ideológicamente, después del período estalinista y con la consolidación de Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev en el PC-URSS (1956 y 1982) se proclamó el “triunfo inevitable del socialismo sobre el capitalismo”.

En consecuencia, el PVP de los años 60-70 percibió que su función era contribuir con el desarrollo del capitalismo, más que luchar por la revolución. Propició “la vía pacífica al socialismo” en Costa Rica, (Ferreto, S.1981: 176) con rechazo explícito de la lucha armada; sin ponderar el impacto del apogeo de la Revolución Cubana, el avance de las actividades insurgentes del FSLN contra la dictadura somocista y la constitución en el país del PRA-MRA.

Sin embargo, desde 1968, ante los esperanzados aires de libertad y rebeldía de las juventudes a nivel mundial, el PVP consideró que debido a los cambios “en la correlación de fuerzas”, en Costa Rica era posible instaurar el socialismo sin agotar el desarrollo capitalista. Manuel Mora resaltó que en un gobierno del PLN podría surgir alguna resistencia al imperialismo. Reconoció el esfuerzo de Figueres, favorable a los cafetaleros, de abrir relaciones diplomáticas con la URSS y otros países socialistas, “señales claras de nuestra vía no capitalista en la transición al socialismo”. (Gutiérrez 1984: 67-69).

En perspectiva de acontecimientos futuros, esas tesis “consolidaron el “morismo” dentro de la izquierda vanguardista, aunque sus nuevos militantes se formaron en oposición a esa ideología. (Gutiérrez 1984:70). En posición hegemónica, el sector del partido afín a Manuel Mora retomó la tesis del “comunismo a la tica” enunciada entre 1936 y 1946, la cual había originado discrepancias. En 1949, Arnoldo Ferreto, Secretario General interino debido al autoexilio de Manuel Mora, documentó la autocrítica en relación con las posiciones políticas del partido en la coyuntura de 1943-1946. Esas censuras las formuló de nuevo en otros momentos, pero sin repercusión en el Comité Central del Partido. (Montero V. 2013:163-164 y 177)

Mientras tanto, la invasión norteamericana de Bahía Cochinos, la crisis de los misiles nucleares y la exacerbación del conflicto Cuba-URSS, hasta 1968, condimentaron rebeldías y suministraron en parte las ideas que originaron la “teoría del foco guerrillero”. Esquemáticamente: se considera que la izquierda debe construir una columna militar con el objetivo de agudizar las contradicciones sociales y políticas. Dado que las “condiciones objetivas” están dadas para la revolución, la guerrilla debe desarrollarse para forjar claridad y madurez en la conciencia revolucionaria. La propaganda y la organización de los trabajadores deben satisfacer ese objetivo. El frente militar operaría en terrenos de difícil acceso con acciones legítimas, como boicotear la producción y golpear las instituciones represivas, de modo que el conflicto social se polarice y facilite el asalto al poder. (Iglesias J., 1984: 110-111)

El “foquismo” lo adoptaron algunos movimientos revolucionarios que se apartaron de los PC en el período del pacifismo soviético. En Costa Rica lo acogió el PRA y luego el MRP. Colaboraron con el FSLN y participaron en la excarcelación de Carlos Fonseca Amador, del cuartel de Alajuela. Después de ese acto el PRA desapareció. El MRA, primero y luego, el MRP crecieron entre 1970 y 1976. Abordaron el financiamiento “realizando actividades selectivas, no comprensibles por el pueblo y en las que puso en peligro a cuadros muy especializados (…)

En una ocasión la tercera parte del partido cayó en prisión (…) En el secuestro de “Cuco” Arrieta fueron apresados otros militantes. (Iglesias, 1984: 120). El profesor Patrocinio Arrieta Leiva ocupó la Jefatura de Educación Primaria en 1924-25 y como tal presidió la Sociedad de Socorros Mutuos del Magisterio. Adquirió fama como prestamista (“cuando aprieta, Cuco Arrieta…”) y como víctima del primer secuestro político en Costa Rica. Era propietario de una vivienda que adquirieron unos chinos e instalaron el Restaurante Tin Jo, en el Paseo de los Estudiantes. Después del suceso, “Cuco” colaboró con dinero para el MRP.

En esas circunstancias “los Cucamaros”, por analogía con los “Tupamaros” de Uruguay, no participaron en las elecciones de 1974. Organizaron a pequeños productores de caña de Grecia, crearon el Sindicato de Trabajadores de Coope-Victoria y dirigieron la huelga de 1975. A finales de 1976 trabajaron con el PS y a mediados del 77 dialogaron con el PVP con miras a un trabajo sindical y electoral conjunto. Uno de esos acuerdos creó la alianza MRP-PS y AVANCE, sindicato que, junto con LUCHA (PVP), desalojó al FP de la dirección de ANEP. (Iglesias J. 1984: 117)

Entre 1979 y 1983 se mantuvo la alianza AVANCE pero unida al MT-11 de Abril, grupo que surgió de una escisión en el PS. En 1981 AVANCE se alía a sectores del PLN para enfrentar a LUCHA (PVP) y perdió la dirección de ANEP. “Entregaron el sindicato completamente sin fondos…al PVP”. Ante la iniciativa de los vanguardistas de formar la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) (Ferreto 1981: 195) en 1979, el MRP se aisló y trató de conservar la dirección de ANEP. De nuevo son derrotados en 1982 y entonces conformaron un eje con el sector del PLN afín a Daniel Oduber, para lo cual, el Ing. Rolando Araya Monge fue puente y argamasa.

En 1983, en el III Congreso del MRP reconocen que AVANCE se mantuvo en la ANEP con los recursos del MRP. Afirman que “legalizaron” la manipulación y la burocracia, sin dirección colectiva y sin claridad política (…) sin generar cuadros que reprodujeran la organización”. Consideran que predominó un accionar político voluntarista y parcial por parte de algunos dirigentes. Después lograron convencer a sus activistas para que convirtieran el Partido en un sindicato. Pero en 1984 le piden a sus afiliados que abandonen AVANCE y reingresen a la ANEP, porque el MRP intentaría ganar la dirección, en alianza con el PVP- grupo Manuel Mora, contra el PVP-Vargas Carbonell, que ese año dirigía la ANEP.” (Iglesias, J. 1984: 118-122)

El MRP, creció en sectores obreros. En 1979 organizaron y dirigieron otra huelga, esta vez, en la Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA), “una de las más heroicas y combativas que se recuerdan en Guanacaste”. Se suspendió para negociar cuando el movimiento estaba en auge y la patronal logró romper la huelga con ayuda policial”. Ese año crearon sindicatos en FERTICA, Hospital Monseñor Sanabria, estibadores del muelle de Limón y en una fábrica de calzado, en Alajuela. Aquí condujeron otra huelga. Dirigieron además la huelga en la fábrica Pozuelo. Esa protesta tuvo repercusión por la organización de las obreras. Pero se desgastaron en una campaña contra el consumo de galletas que no beneficiaba a las trabajadoras en huelga. Después de esas luchas crearon organizaciones campesinas. En Limón, San Carlos, Puntarenas, Miramar, Tenorio y Guácimo dirigieron ocupaciones de tierras y formaron el sindicato UPAGRA.

La presencia del MRP en Pueblo Unido (PU) fue opacada por el PVP, pues hacia 1982 PU era identificado por la mayoría de los ticos, como Vanguardia Popular o “los comunistas”. Lejos de diferenciarse, siguiendo con la línea militar, el MRP colocó su gente en puestos claves que le dieran acceso a sectores que no podían organizar por sus medios. Se quedó en la coalición PU, disfrutaron de la deuda política y de la diputación de Sergio Eric Ardón, en el gobierno liberacionista de 1982-1986.

El MRP realizó tres congresos. El primero en 1977, de cara a las elecciones. El segundo en 1980, en el punto más alto de actividad. Influido por el auge revolucionario en CA, dieron por un hecho la “madurez” de las condiciones para realizar la revolución en Costa Rica. Copiaron esquemas de organización de las FPL de El Salvador y del EGP de Guatemala. Mejoraron la preparación militar de sus militantes. Acordaron pasar a la clandestinidad y trabajar entre las masas para “poner en crisis el proyecto burocrático y economicista de la CUT, propuesta por el PVP.

En el tercer congreso, en 1983, ya había mucha deserción al punto que “ese Congreso aceptó la ruptura y definió quién heredaría el partido “oficial”. El grupo perdedor, dirigido por Otto Castro S. y Rolando Barrantes se dedicó a construir la Alianza Patriótica, la cual sufrió otra ruptura. El resto del grupo, con el nombre del partido, tampoco avanzó. La mayoría de cuadros del MRP rompió con ambos sectores. “En este momento el partido son dos personas: José Fabio Araya Monge y Sergio Eric Ardón. (Iglesias, 1984:119-122). El MRP y el FEP se esfumaron en el gobierno de Luis Alberto Monge.

El Partido Socialista Costarricense, otra agrupación de la “nueva izquierda”, trató de insertarse en varios frentes como las universidades, empleados públicos, zonas obreras y campesinos, y entre grupos de cristianos católicos. “La Hormiga” participó en la campaña nacional de 1973-74, una labor decisiva para su despegue político. Aportó ante todo “equipo joven, fresco y voluntarista y un tremendo empirismo”. No desarrollaron polémica teórica, ni metodológica con el PVP, ni con el MRP. Más que partido, fue la suma de personalidades en un grupo con experiencias y trayectorias heterogéneas; en un principio, alrededor de Álvaro Montero Mejía y Alberto Salom.

Desde 1974 la JUS en coalición con otras fuerzas fue el motor la Unidad para Avanzar (UPA) que dio a la izquierda la representación de la FEUCR. En los empleados públicos, en 1975, su trabajo dio a luz a la FENATRAP, desplazando a dirigentes de la CCTD, afín al PLN. Ese año organizaron campesinos de la Colonia Chambacú, en San Carlos. En fábricas y comunidades dirigieron una movilización contra el alza en las tarifas de buses en 1976, “la manifestación popular más importante de los años 70”. En el SINDEU cedieron ante el PVP. Entre los empleados públicos, el MRP los superó.

Los socialistas celebraron el primer congreso en octubre de 1972. Elaboraron el Programa de 21 Puntos, base de la campaña de 1974. El segundo Congreso se realizó en 1976. Ese año, la huelga del ICE les deparó éxito político, a pesar que fue derrotada y constituyó un golpe casi mortal para ASDEICE; aunque consagró figuras como Mario Devandas y el Ing. Alfaro. El PS creció entre los trabajadores de la caña, obreros, intelectuales y profesionales. Dirigieron la huelga de la caña en SITRATUVI, en Juan Viñas, y lograron puestos en el SINDEU. En las comunidades se sumaron al modelo de desarrollo comunal de la DINADECO. Entre 1974 y 78 ganaron presencia nacional.

En 1976 el PS propuso la unidad electoral con el PVP y el MRP. Se formó la coalición Pueblo Unido (PU) que obtuvo el 7.8% en las elecciones del 78 y tres diputados, en ellos Mario Devandas. Pero el partido fue absorbido por el PVP. La crisis en la dirección surgió en febrero de 1978 y se formaron dos facciones. Un grupo dirigido por Romano Sancho, Manuel Solís y Oscar Núñez, al perder la batalla legal por el nombre y el patrimonio del partido, fundaron el MT-11 de Abril. El PS “oficial” se lo dejaron Mario Devandas, Alberto Salom, Álvaro Montero y Arnoldo Mora.

La coalición PU no fue causa de la escisión del PS. En 1978 el partido catalizó un sector electoral no comunista, afín a la izquierda marxista. En PU, un equipo del grupo Montero – Devandas participó en la campaña de 1982. Álvaro Montero fue diputado “artificialmente”, por un pacto con el PVP. En 1982 Mario Devandas abandonó el partido con otros para conformar el núcleo, CANDIL. No lograron encender la mecha.

En síntesis, “el PS fue una experiencia política que, igual a otros partidos de izquierda, expresó los síntomas de la descomposición política del bloque dominante”, las angustias de sectores de la clase media alta y las utopías estudiantiles. Las divisiones del PS no generaron emigración al PVP. En 1984 algunos socialistas participaron en las elecciones con el nombre de Alianza Patriótica. El grueso del partido se negó a conciliar con el Comité Patriótico Nacional (COPAN) fundado y dirigido por Fausto Amador. (Ruiz, A. 1984: 125-133). El ex cura Arnoldo Mora fue cooptado por el PLN.  

El Frente Popular (FP) fue otra organización del abanico de izquierda. Para las elecciones de 1970, Cerdas formó el Frente Revolucionario Nacional, después llamado, Frente Popular Costarricense. “Figueres dio fuertes apoyos económicos al FP y al grupo FAENA, y China era una fuente económica permanente”. Por su parte, Juan José Echeverría Brealey hacía de puente con la Unidad. Rodolfo Cerdas era amigo de Enrique Benavides, vocero de la extrema derecha desde el periódico la Nación S.A., así como de Armando Vargas A., “hombre de estrechas relaciones con los Estados Unidos” y Ministro de Información del gobierno de Luis A. Monge.  

Desde 1972 iniciaron trabajo sindical en la Municipalidad de San José y algunas fábricas. Formaron comités contra el alza en el precio de la leche y recogieron firmas para forzar controles de precios a los productos de la canasta básica. Tenían el apoyo de varios miembros que salieron del PVP como Jaime Cerdas, Luis Alberto Jaén -fundador de las Juntas Progresistas- y Manuel Leitón, miembro de la Comisión Política del PVP. En las elecciones de 1974, las figuras relevantes fueron Cerdas, el sacerdote Carlos Muñoz, segundo lugar para candidato en San José y Daniel Camacho, en el tercer lugar. El FP presentó candidatos en Puntarenas y Acosta, en oposición al PVP. No lograron elegir diputado pero formaron 15 núcleos en San José, cada uno de 6 a 15 personas que impulsaron algunas luchas reivindicativas en comunidades, como Hatillo.

En 1974 se creó el cantón Corredores de Puntarenas y el FP fue a las elecciones municipales de 1975. Eligieron un regidor, en 1978. En Golfito, el regidor del PVP electo en 1975, ingresó al FP. En 1976 disolvieron los núcleos y células de San José y enfatizaron en los sindicatos. Primero en fábricas y luego en municipalidades, empleados públicos y universidades. Promovieron una huelga en Tirrases, con cierre de calles, dirigida por Plácido López, carpintero. En Puntarenas coordinaron tomas de tierras para viviendas suburbanas. En la zona sur, fundaron la Central Campesina del Sur en 1974 con 8 uniones campesinas de 40 miembros cada una. Sus dirigentes eran vanguardistas en retirada, como Miguel Arias y Pedro Araya. En 1977 regresaron a los barrios de la capital, en ocasión del proceso electoral del año siguiente.

El FP reconoció sus alianzas con sectores de la derecha para las elecciones de ANEP y en el SINDEU, en una autocrítica que publicaron en 1977. En la UCR eligieron tres miembros de 14 dirigentes. Ese año recurrieron a Leonel Villalobos, “director administrativo de la guardia rural” para movilizar empleados de ANEP. Luego crearon el SITECO y promovieron la división de los empleados públicos afiliados a ANEP.

El 23 de mayo del 77 realizaron el Congreso Nacional. Acordaron participar en la campaña de 1978 y “crearon una comisión de agitación y propaganda móvil que representaba obras de teatro en las comunidades…Hicieron millonarios programas de TV y radio centrados en el candidato a diputado, Rodolfo Cerdas. En Puntarenas, de los 9 candidatos a regidores todos dirigían comités comunales, pero el partido no les dio suficiente financiamiento electoral.

El triunfo personal de Cerdas marca el inicio del fin del FP. En mayo de 1978, el nuevo diputado dio el voto público a la Unidad para elegir el directorio legislativo. Fue un pacto con Carazo a fin de que el PLN pasara a la llanura. Ahí quedó claro que la “nueva democracia” no implicaba revolución popular…ni un camino al socialismo…Tampoco sería el producto de un nuevo bloque de fuerzas sociales…En el fondo consistía en un acentuado énfasis anti liberacionista. Cerdas buscó apoyo en  la burguesía para crear el Partido Nacional Democrático. Después del 78 abandonaron los frentes de trabajo. No lograron realizar una Conferencia Nacional propuesta. La comisión de cultura presentó un documento donde reconocen que el partido “no está dando la talla”. Poco después se fundó el Partido Nacional Democrático y desapareció el FP. (Mayer, S. 1984: 143-155).

La Organización Socialista de los Trabajadores (OST) de orientación trotskista, participó en las elecciones de 1978 con Carlos Coronado candidato a Presidente y Alejandra Calderón Fournier para diputada. Hija del segundo matrimonio del Dr. Calderón Guardia, Alejandra fue militante del PS antes de ingresar a la OST. En 1975, formó parte del Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM). Fue dirigente de la Coordinadora Patriótica Nacional (COPAN), una opción a los Comités de Vivienda, al Frente Democrático de la Vivienda y el Frente Costarricense pro Vivienda Digna controlados por PLN. En 1981 el MLM se convirtió en el Centro Feminista de Información Acción (CEFEMINA) una organización no gubernamental por Decreto Ejecutivo No. 17515-J de 1987 http://calderocomunismo.blogspot.com/2010/02/maria-alejandra-calderon-fournier-1954.html

En el clímax de la depresión de 1979-1983, el gobierno de Luis Alberto Monge propició un acuerdo con el líder de la oposición republicana, Rafael A. Calderón Fournier, para disfrutar conjuntamente el financiamiento adelantado de las deudas electorales, una vez que se constituyera el Partido Unidad Social Cristiana. La idea de reeditar la alternancia de gobiernos de los republicanos y los liberacionistas se legitimaría con el accionar de un nuevo bloque político que tendría el control del poder estatal y el usufructo capitalista de la riqueza nacional.

El cálculo político visualizó las reacciones, respuestas y exigencias de las Agencias Financieras Internacionales ante futuras crisis coyunturales. Éstas constituían, a la vez, las premisas del cambio en el “modelo de sustitución de importaciones” y sus crisis recurrentes desde la “Guerra del Fútbol” entre Honduras y El Salvador de 1969, el alza de precios del petróleo y la depresión de 1973-1975.

El entendimiento conservador burgués se vio favorecido por la división del PVP. El 3 y 4 de diciembre de 1983 el Pleno del Comité Central aprobó crear la jerarquía de Presidente. Designó en el alto puesto a Manuel Mora Valverde y nombró Secretario General, a Humberto Vargas Carbonell. La decisión del Pleno produjo cisma político. Durante 1984 la división arrasó con todas las células y núcleos de cohesión y dirección del partido construidas con tenacidad proletaria entre 1948 y 1983. Por segunda vez después de 35 años, de los cuales 27 fueron de activismo parcialmente ilegal, se infligía otra derrota política al PVP y sectores del movimiento popular.

El reemplazo de Manuel Mora como Secretario General, cargo que ostentó desde la fundación del Partido Comunista el 6 de junio de 1931, fue el hecho cimero de un proceso de disensiones internas solapadas. Las diferencias ideológicas y sobre tácticas y estrategia política, torpemente postergadas, escindieron al PVP en dos grupos: El Partido del Pueblo Costarricense cohesionado por familiares del clan Mora Valverde, amigos y militantes acríticos del “morismo”, y el PVP comandado por Arnoldo Ferreto S y Humberto Vargas. Los antecedentes más cercanos a la división arrastraban desacuerdos, agudizados al calor del nacimiento de la CUT en 1979, del triunfo de la revolución sandinista y el apogeo del movimiento insurgente en el Salvador y Guatemala.

Cual “bomba de tiempo” las discrepancias en el PVP estallaron en 1984 en consonancia con la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua; en coincidencia con el 50 aniversario de la gran huelga bananera del Atlántico y en sincronía con la huelga bananera del Pacífico Sur. La heroica lucha de los bananeros y obreros de la palma había incubado en siete meses de tediosas negociaciones entre la Unión de Trabajadores de Golfito y la United Fruit Co., alevosamente postergados por la transnacional. La UFCo. tenía el propósito de abandonar el cultivo del banano sin cumplir las obligaciones con el Estado establecidas en los Contratos de 1934 y 1938. Además, había previsto reinsertarse en la apertura comercial que auspiciaron Ronald Reagan y el capital financiero en el Plan para la Cuenca del Caribe, presidido por el gerente generalísimo de la United Fruit Company.          

Mil novecientos ochenta y cuatro, como en la novela futurista de Orwell publicada en 1949, en la cual conjetura sobre las contradicciones entre el capitalismo monopolista y el comunismo estalinista de la postguerra, fue también preludio de la globalización neoliberal.

V.- BIPARTIDISMO Y DISPERSIÓN DE LAS LUCHAS POR EL PODER

El neoliberalismo despegó en Costa Rica hace tres décadas. En el gobierno del PLN, de Luis A. Monge se aprobaron las leyes monetarias, cambiarias e institucionales que satisfacían requisitos de política económica exigidos por el FMI y rechazados o postergados por el Presidente Rodrigo Carazo. Oscar Arias S., en el siguiente gobierno del PLN, aprobó el primer Plan de Ajuste Estructural, PAE-I. En la gestión de Calderón Fournier se firmó el PAE II y al día siguiente del Pacto Figueres-Calderón, dado a conocer en 1995, se convino la forma de destrabar las pugnas en el Congreso para aprobar el PAE III en el gobierno de Figueres y para futuras administraciones.

En quince años, de 1983 a 1998, el Estado Benefactor keynesiano perdió todo el ropaje jurídico e institucional que le dio señorío. El país quedó desprotegido ante la competencia mundial e invasora de las firmas transnacionales de la banca, industria, comercio, diversiones y difusión de dogmas religiosos. Las agencias de los monopolios fueron protegidas por Luis A. Monge y Ronald Reagan en “zonas francas” exentas de impuestos de renta y territorial, con tarifas de privilegio en el consumo de agua, electricidad, Internet y servicios municipales.

El calvario de la nación comenzó con traslado al capital privado de las empresas productivas del Estado (CODESA) y algunos servicios del ICE y el MOPT, y la eliminación del monopolio del Banco Central como ente receptor de dinero. Se aprobaron leyes para reducir inversiones sociales con cargo al presupuesto nacional. Se lanzó al mercado la inversión en educación, desde la pre-escolar a la universitaria. Se reprimió y coaccionó al movimiento sindical, en particular sobre el tema de la firma y vigencia de convenciones colectivas. Se amparó al solidarismo patronal-obrero. Se estimuló la inversión privada en salud pública. La infraestructura portuaria, terrestre, aérea y peatonal construida por el Estado entre 1935 y 1975 se entregó en administración a consorcios financieros para aliviar el presupuesto nacional, la deuda externa y favorecer la circulación regional del capital.

Con el slogan demagógico, “volvamos a la tierra”, la burguesía empresarial-agrícola, sin diferenciar el capital nacional del transnacional, disfrutó a lo grande de privilegios tributarios y aduaneros. La geografía económica cambió: piña, melón, cítricos, banano, yuca y palma africana ocuparon los vagones del transporte ferroviario, portuario y marítimo. Las importaciones de granos hicieron inoperante al Consejo Nacional de Producción y los centros comerciales medianos y grandes arrasaron con los estancos del Estado y los expendios de comercio minorista. El café adquirió fama como materia prima agroindustrial; igual que la ganadería, procesada por un oligopolio. Nuevos capitales emigraron o se acumularon en litorales “paradisíacos”, aprovechando incentivos estatales al turismo y reproduciéndolos por medio de un mercantilismo frívolo, procaz y delictivo.

Desde 1983, la ofensiva del PLN y los gobiernos bipartidistas contra el movimiento sindical clasista marcó pautas a las empresas extranjeras y nacionales. La contratación y explotación de la fuerza de trabajo se rige hoy por la oferta y demanda de brazos, más que, por la legislación laboral. Jóvenes mujeres y hombres calificados en universidades privadas y públicas son diestros en las innovaciones técnicas y formas modernas de gerencia y administración de empresas, comercios y bancos. Pero, en general, padecen crónicamente de una incomprensión sistémica de sus culturas, sus contradicciones y fundamentos humanistas. El nuevo sector de clase media alta trabaja todos los días sin más horizonte que alimentarse, estudiar y disfrutar las noches del presente.

Quizás no saben que desde el gobierno de Luis Alberto Monge y del bipartidismo se estableció el impuesto a las viviendas, al salario y las jubilaciones; se quitaron los controles de precios a los productos de la canasta básica y la educación, y se contrajo el empleo en el Estado. Muchas hijas e hijos de educadores y profesionales sí conocen que el magisterio y los empleados estatales han quedado acorralados en un régimen ocupacional austero, de salarios y pensiones congeladas en proporción a las alzas en el costo de vida, las devaluaciones del colón y la demanda privada de fuerza de trabajo en el sector de servicios calificados.

Saben por experiencia o “porque han oído”, que la pirámide de población se ensancha en la franja de adultos mayores y los jóvenes e inmigrantes ocuparán los índices de empleo y de satisfacción de necesidades de la población activa y pasiva del país. Todos los días las imágenes de televisión y las letrillas de la prensa los alerta sobre el aumento de la criminalidad: en la última década se pasó de 7 a 14 homicidios por cada 100.000 costarricenses, en muchos casos, crueles asesinatos de mujeres jefas de hogar, madres solteras o laboriosas esposas. La pobreza cifrada en ingresos fijos acosa desde 1994 al 20% de los hogares. El desempleo y subempleo suman el 21% y el gasto social, obligación del Estado, se mantiene comprimido y enredado en la inequidad tributaria. A seis de cada 10 mujeres asalariadas se le violenta al menos uno de sus derechos. Dos tercios de la clase trabajadora con empleo formal y salario fijo, no superan los $ 600 mensuales.

En el ámbito político, la representatividad de los ciudadanos y de las clases sociales en los órganos del poder gubernamental y estatal, muestra el naufragio del bipartidismo desde el año 2006. Los ciudadanos repudiaron el enriquecimiento ilegal e inmoral de sus líderes y algunos funcionarios, y el Partido Acción Ciudadana (PAC) tuvo gran éxito electoral. En adelante, una marea multicolor de partidos personalistas, acaso con intereses parciales, inunda cada cuatro años al TSE provocando dispersión de energías y fuerzas políticas; “dando palos de ciego” sobre cómo lograr la satisfacción del interés general de la nación y para donde enrumbar a la más estable democracia electoral de Centroamérica.

A escala de candidatos presidenciales ha habido elecciones con dos partidos y otras, hasta 14. En 1978 y 1982 participaron 8 partidos con candidatos presidenciales, en ellos cuatro agrupaciones de izquierda que formaron la alianza PU, y la OST. En 1986 el PVP se salió de PU y se unió al Frente Amplio Democrático para formar la Alianza Popular. PU desapareció en 1990. En 1994 emergen partidos a escala regional, como el Unión Generaleña. Ese año, Fuerza Democrática abanderó la izquierda del país.

En 1998 el PVP levantó PU con escasa votación y también participó FD. En el 2002 renacen los partidos inscritos a nivel regional y cantonal, y otros de izquierda: El Independiente Obrero, el Patriótico Nacional, FD y la Coalición Cambio 2000, integrada por PU y Acción Democrática Alajuelense. Por primera vez en medio siglo, el Presidente fue electo en segundas elecciones que favorecieron al Dr. Abel Pacheco. En 2006 se inscribieron 14 partidos, entre ellos seis de izquierda. En el 2010 se fundó el partido Alianza Patriótica con el Acción Demócrata Alajuelense. FD ni PVP presentaron candidatos. http://es.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos_de_Costa_Rica

Cuantos más partidos hay, observa el historiador Vladimir de la Cruz, aumenta el abstencionismo, como en los años 1998, 2002 y 2006. A más partidos no ha correspondido mayor participación ciudadana. El abstencionismo comprende a quienes no van a votar, cifra que ha llegado a un 34% en el 2006 y en promedio es del 24.38%, y los que entregan papeletas en blanco. Hasta 2010 se elegían los candidatos al Poder Ejecutivo, Legislativo, Municipales y de los Consejos Distritales. En el 2014, entre 9.000 y 12.000 puestos no se van a elegir porque se hará por separado en el 2016. http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=13883

El suceso relevante de este año electoral fue la divulgación de los resultados que eventualmente obtendría el Partido Frente Amplio y su candidato José María Villalta, según dos empresas de encuestas. A finales de diciembre, Villalta ocupa el segundo lugar en las intenciones de voto y el candidato del PLN no lograría el 40% necesario para obtener la Presidencia. Se conjetura sobre la segunda vuelta electoral en abril del 2014. Hipótesis que, de confirmarse, acentuaría la polarización ideológica y el desencuentro de las actitudes y voluntades ciudadanas, entre aquellas posturas de derecha y las de centro-izquierda; entre los candidatos de los partidos aferrados a los dogmas del neoliberalismo y sus desigualdades sociales, y quienes rechazan ese modelo de capitalismo.

Importantes antecedentes indican la resistencia al neoliberalismo y a los partidos que lo instauraron en el país y lo siguen defendiendo. Bastantes acontecimientos confluyen en la aceptación de las propuestas de centro-izquierda propagadas por el Frente Amplio, Acción Ciudadana y otras fuerzas que, a pesar de su expreso anti-neoliberalismo, reciben menos simpatías de los votantes.

Entre ellas, el aumento de las acciones colectivas de protesta contra la Ley de Pensiones y el Combo ICE, en 1995 y 1999; el movimiento del NO al TLC, en el referéndum del 2007; las luchas obreras contra el arriendo del muelle de Limón; las manifestaciones ciudadanas contra la explotación de la minería abierta y por la protección de las cuencas hidroeléctricas; las alianzas de los partidos regionales y locales para desplazar a dirigentes del bipartidismo del poder municipal y los consejos de distrito; las luchas estudiantiles por el presupuesto universitario; o la formación de un bloque legislativo para derrotar al PLN en la elección del Presidente de la Asamblea, hace apenas dos años. http://www.hablandoclarocr.com/index./hablando-juntos/politica/203-transicion-y-politica-

El surgimiento del Partido Frente Amplio sintetiza una vertiente de las incidencias constructivas de la izquierda costarricense que, históricamente, ha reivindicado las necesidades y derechos de la clase trabajadora y la ciudadanía democrática. La reversión de la crisis de los partidos de izquierda avanzó entre 1984 y 1995. El 23 de julio de 1995 hubo una asamblea nacional con invitación a todas las corrientes de izquierda, a la cual no asistió el Partido del Pueblo Costarricense, facción Mora Valverde del PVP escindido en 1983. Ahí se fundó el Partido del Pueblo Unido (PPU) con el Lic. Trino Barrantes Araya, como Presidente.

Otras fuerzas de izquierda lideradas por el PPC e intelectuales y estudiantes, fundaron el Partido Fuerza Democrática para las elecciones de 1998 y llevaron a José Merino del Río, yerno de Eduardo Mora Valverde, a la Asamblea Legislativa. En el 2002 el PPU, PSC y el PADA (Alajuela) forman la Coalición Cambio 2000 que escogió candidato presidencial al Ex secretario General del PLN, Walter Coto Molina. Por su parte, FD se dividió en las elecciones del 2002 y Merino del Río lideró el Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”, así como el Movimiento Alternativa de Izquierdas (MAIZ). Esta organización inscribió el FA el 16 de octubre del 2004.

Cambio 2000 y FD tuvieron un revés en el 2004 y al año siguiente nació la coalición Izquierda Unida, integrada por seis partidos: Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) un Partido de Limón, Partido del Pueblo Costarricense (PPC), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Vanguardia Popular (PVP). Estas agrupaciones no lograron coaligarse en el 2006, mientras en esa campaña resultó electo de nuevo como diputado, José Merino del Río.    

En las elecciones de 2010 el FA dejó de ser un partido provincial y se inscribió a escala nacional. Postuló para presidente al Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y ex vocero del No al TLC, Eugenio Trejos. En esas elecciones resultó el nombramiento como diputado del Lic. José María Villalta Florez-Estrada. Sólo eligió el regidor de Siquirres, pero se integró a la lucha electoral en alianza con otros partidos en diez municipalidades de San José, Alajuela y Heredia. Asimismo, para la elección de Alcaldes, participó en cuatro municipios aliado con ecologistas, socialcristianos, PASE y Alianza Patriótica. www.tse.go.cr/revista/art/2/beers.pd

De manera que, en relación con la campaña que culmina en febrero del 2014, la opinión pública que prefiere al candidato Villalta del FA, ha sido forjada en el lento proceso del despertar de la conciencia de pertenencia a unas u otras clases sociales del país; en la oposición al caudillismo y el pragmatismo del PLN, en el repudio a la corrupción de distintos agentes de la clase gobernante y la defraudación del presente gobierno del PLN. En fin, por un sentimiento de identidad nacional que se cultivó y maduró desde 1983 en contra del neoliberalismo y de las desigualdades económicas y sociales que ensucian la buena imagen internacional de Costa Rica.          

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www.tse.go.cr/revista/art/2/beers.pd

El marxismo en América Latina Adolfo Sanchez Vasquez (1988)

            La amplitud del término “marxismo” nos obliga a fijar, desde el primer momento, las coordenadas en que habremos de movernos. Primera: la de atenernos a una situación de hecho: la diversidad de corrientes marxistas en América Latina. Segunda: la de considerar marxistas a todas las corrientes que se remiten a Marx, independientemente de cómo hayan sido rotuladas: socialdemocracia, leninismo, maoísmo, castrismo-guevarismo, reformismo o foquismo. Por marxismo en América Latina entenderemos, pues, la teoría y la práctica que se ha elaborado en ella tratando de revisar, aplicar, desarrollar o enriquecer el marxismo clásico.

            Puesto que todo marxismo se remite a Marx, cabe empezar preguntándonos: ¿cuál es el Marx que llega a América Latina? Es el Marx de los textos que primeramente circulan en el continente, el del Manifiesto Comunista, primer tomo de El Capital y Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, textos leídos desde la década del 80 del siglo XIX, con clave socialdemócrata y, desde los años veintes del presente siglo con la clave leninista de la III Internacional. Este Marx proporciona una concepción de la historia, y del lugar que en ella ocupan tanto los países modernos, capitalistas, como, los “atrasados”. Los parámetros de dicha concepción son los siguientes: 1) existe una historia universal desde que la burguesía ha creado un mercado mundial; 2) este desarrollo histórico universal, vinculado a la expansión mundial capitalista, tiene un carácter progresivo no sólo por el inmenso incremento de las fuerzas productivas sino también porque crea las bases materiales de una sociedad superior y con ellas hace emerger al proletariado como sepulturero del capitalismo; 3) el desarrollo progresivo del capitalismo desemboca inevitablemente en la sujeción de los pueblos no occidentales, colonizados, cuya incorporación al progreso histórico dependerá, en definitiva, del proceso de expansión capitalista; 4) aunque el capitalismo prepara las condiciones materiales para el socialismo, éste sólo llegará como resultado de la acción del proletariado, convertido en sujeto central y exclusivo del cambio revolucionario; y 5) la emancipación de los pueblos sojuzgados sólo vendrá por tanto de la acción del proletariado de las metrópolis, como eje de la revolución mundia

           

Aunque este paradigma lo aplica Marx sobre todo a los pueblos de Oriente, se extiende también a América Latina, aunque este continente apenas si ha sido objeto de la atención de Marx. Entre los escasos textos de Marx y Engels sobre América Latina está el artículo de Engels, de 1847, con motivo de la guerra de conquista que los Estados Unidos libran contra México. En él se dice: “Constituye un progreso también que en un país ocupado hasta el presente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante sea lanzado por la violencia al movimiento histórico. En interés de su propio desarrollo México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos”. Afirmaciones más elaboradas de este género se encuentran por esos mismos años en los escritos de Marx sobre la colonización británica en la India. Su característica fundamental es considerar la dominación del capitalismo inglés como objetivamente progresista, aunque reconociendo la elevada cuota de explotación y sufrimiento que significaba para las masas populares.

Pero volviendo a América Latina tenemos también el artículo de Marx sobre Bolívar en el que acumula los epítetos más negativos contra el Libertador. Marx asimila a Bolívar al fenómeno del bonapartismo, pero al hacerlo su enfoque eurocéntrico le hace perder de vista la especificidad de las sociedades latinoamericanas. Mientras que en la explicación del bonapartismo francés, Marx en concordancia con sus principios metodológicos busca la clave del surgimiento de un individuo como Bonaparte en cierta correlación de las fracciones de la clase dominante, aquí la explicación del fenómeno Bolívar la busca en cierta incapacidad común a “todos sus compatriotas”. Su eurocentrismo le lleva así a mellar el arma metodológica que él mismo había creado y utilizado al estudiar el bonapartismo originario.

Ahora bien, la experiencia histórica del desarrollo desigual del capitalismo, que arroja riquezas sobre las metrópolis y miseria sobre las colonias, así como la experiencia política de las luchas nacionales y de clases en Irlanda, llevan a Marx y a Engels a elaborar un nuevo paradigma sobre las relaciones entre metrópolis y colonias o entre pueblos “civilizados” y “atrasados”. En el viraje teórico que da Marx con sus escritos sobre Irlanda, el desarrollo capitalista occidental no sólo se presenta en sus aspectos positivos sino también negativos. Sus efectos contradictorios explican las posiciones reformistas de los obreros ingleses y las revolucionarias de los trabajadores de Irlanda. El sujeto revolucionario ya no es central o exclusivamente la clase obrera sino toda la masa explotada y oprimida irlandesa, de la que son parte fundamental los campesinos. Por último, el centro de la revolución pasa del país capitalista desarrollado al país “atrasado” y la revolución en éste – como revolución de independencia- adopta una forma no sólo social sino nacional.

Pero admitido este nuevo paradigma, se plantea a Marx la cuestión -se la plantean a él los populistas rusos- de si un país “atrasado”, aunque no colonial, e insuficientemente desarrollado desde el punto de vista capitalista, puede ascender a la forma superior de sociedad, comunista, sin pasar por el capitalismo, o si por el contrario habrá de recorrer necesariamente el camino capitalista. Ya en 1877, en “Carta a la redacción de Otchestvienni zapiski, (“Anales de la patria”) y saliendo al paso de un crítico ruso de El capital, Marx escribe: “A todo trance quiere convertir mi esbozo histórico sobre los orígenes del capitalismo en Europa Occidental en una teoría filosófico-histórica sobre la trayectoria general a que se hallan sometidos fatalmente todos los pueblos, cualesquiera que sean las circunstancias históricas que en ellos concurran, para plasmarse por fin en aquella formación económica que, a la par que el mayor impulso de las fuerzas productivas, del trabajo social, asegura el desarrollo del hombre en todos y cada uno de los aspectos. (Esto es hacerme demasiado honor y, al mismo tiempo, demasiado escarnio)”.

La respuesta de Marx a la cuestión que le plantea Vera Zásulich y que tanto inquieta a los populistas rusos sobre si la Rusia zarista, con predominio de la comuna rural en el campo, habrá de pasar necesariamente por el capitalismo, consiste en afirmar que una serie de circunstancias históricas hacen posible en Rusia que la comuna rural pueda convertirse en “un elemento regenerador de la sociedad rusa” y convertirse “en punto de partida del sistema económico al que tiende la sociedad moderna”. Y todo ello “sin pasar por el régimen capitalista”. Pero se trata de una posibilidad que para realizarse requiere ante todo una condición que Marx señala claramente: una revolución rusa.

Tal es la posición que Marx asume en los textos suyos antes citados y que los marxistas de América Latina ignorarían al llegar el marxismo a este continente e iniciar aquí su itinerario. Habría, pues, un Marx ausente que correspondería al de sus escritos sobre Irlanda y la comuna rural rusa. Los parámetros de su concepción de la historia y de la revolución, diferentes de los anteriores, serían los siguientes: 1) la historia universal se constituye no sólo con los “pueblos históricos”, occidentales, sino también con los pueblos oprimidos, “sin historia”; 2) el desarrollo histórico capitalista de Europa Occidental no se da inevitablemente en todos los países; 3) sus efectos negativos para los pueblos sojuzgados ponen en cuestión su carácter progresista; 4) el centro de la revolución no se halla exclusivamente en Occidente sino que, en de- terminadas condiciones históricas, se halla fuera; 5) la emancipación de los países colonizados o dependientes sería llevada a cabo no por el proletariado de las metrópolis sino por las masas oprimidas de esos países; y 6) en las condiciones de “atraso”, o de sojuzgamiento por las metrópolis, la liberación social se halla indisolublemente unida a la liberación nacional. Este paradigma marxiano, ignorado al comenzar a difundirse el marxismo en América Latina, tendrá que esperar algunos decenios para abrirse paso entre los propios marxistas del continente.

El primer marxismo de América Latina es el que llega de Europa a través de núcleos de trabajadores europeos inmigrados y trasplantado miméticamente, como había sucedido con otras ideologías políticas europeas como la del liberalismo. Pero el socialismo no era en tierras latinoamericanas una novedad que llegara con  el marxismo. Desde mediados del siglo XIX existía ya un socialismo no marxista, mesiánico o utópico tanto en el terreno de las ideas como en el de la acción. El socialismo marxista nace orgánicamente con la fundación del Partido Socialista Argentino en 1895, que es también el año en que se publica en Madrid la primera traducción al español de El capital, realizada precisamente por Juan B. Justo, fundador de dicho partido. Este socialismo marxista no sólo tiene que hacer frente al Estado y las clases dominantes, sino también al anarquismo introducido por trabajadores inmigrantes europeos, particularmente italianos y españoles. La rivalidad entre socialistas reformistas y anarquistas se extiende desde finales del siglo pasado hasta comienzos de la década del 20, especialmente en América del Sur. Pero también en México llegó a gozar de cierta influencia en las primeras décadas del siglo, asociado sobre todo al nombre de Ricardo Flores Magón y a su periódico Regeneración (1900 1918).

El marxismo que llega a América Latina y que hacen suyo los partidos sociales fundados es el de la versión dominante en la sección más relevante de la Internacional Socialista: el Partido Socialdemócrata Alemán. Este marxismo socialdemócrata lleva  a cabo  una  revisión fundamental -en sentido reformista- de las tesis básicas de Marx. Y con respecto a los países colonizados o dependientes, la Internacional Socialista se apoya en los textos más eurocentristas de Marx y Engels, con base en ellos ve su destino sujeto a la lógica implacable de la expansión capitalista que los condena a sacrificarse ante el progreso histórico encarnado por las metrópolis occidentales. En cuanto a América Latina, la II Internacional no podía tener, por tanto, una política que reivindicara la lucha nacional de sus pueblos contra el imperialismo. Las posiciones de Juan B. Justo en su Teoría y práctica de la historia (1909) son un eco del marxismo reformista, evolucionista de la social- democracia alemana y, a la vez, un calco del eurocentrismo mencionado.

Pero en los años de difusión del marxismo de la II Internacional, surge también una orientación opuesta, como la que defiende Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Socialista de Chile. Ahora bien, de modo semejante a como la izquierda radical europea, representada por Rosa Luxemburgo, se oponía en nombre de un verdadero internacionalismo a la lucha por la autodeterminación nacional, el antirreformismo de Recabarren no significa una reivindicación del elemento nacional. Por ello ve en la conmemoración del Día de la Independencia una celebración burguesa a la que el pueblo chileno no debe sumarse.

Vemos, pues, que el marxismo que llega a América Latina, de finales del siglo pasado a comienzos de la década del 20, es un calco del que impone la socialdemocracia alemana en la II Internacional. De él está ausente una cuestión fundamental con la que tendrá que bregar el marxismo, teórica y prácticamente, en el continente: la lucha antiimperialista de los pueblos latinoamericanos por su autonomía y verdadera liberación nacional.

Un acontecimiento histórico lejano -la Revolución Rusa de 1917- deja una profunda huella en la recepción del marxismo en América Latina. De esta revolución derivaría el intento de dirigir las fuerzas revolucionarias a escala mundial conforme a la teoría, la estrategia y la organización bolcheviques que habían triunfado en Rusia. Tal sería la razón de ser de la fundación de la Internacional Comunista en 1919. En la difusión y aplicación del marxismo, la IC significaba una ruptura radical con la II Internacional. Desde los años veintes fueron constituyéndose en América Latina diferentes partidos comunistas como secciones nacionales de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista se proponía transformar revolucionariamente la sociedad de cada país como parte de un proyecto común de revolución mundial. Dentro de este marco mundial situaba también a las sociedades “atrasadas”. De este modo, a los pueblos que para la visión circulante del marxismo clásico y para la II Internacional sólo eran objetos de la historia, les ofrecía su entrada activa como sujetos en ella. Frente a la concepción eurocentrista- colonialista de la II Internacional, la Internacional Comunista hacía suya la causa de los pueblos oprimidos que por su contradicción fundamental con el imperialismo pasaban a constituir una parte importante de la revolución mundial. Con todo esto quedaban sentadas, al parecer, las bases para reconocer la autonomía de la lucha de los pueblos oprimidos, de acuerdo con sus peculiaridades nacionales. Pero ya en el II Congreso de la IC se proclama ” la subordinación de los intereses de la lucha proletaria en un país a los intereses de esa lucha a escala mundial”. Por otra parte, el papel de las diferentes fuerzas y clases sociales interesadas en la liberación nacional se condicionaba al papel de vanguardia del proletariado, casi inexistente en las sociedades coloniales o débiles en las dependientes. No obstante, la política de la IC significaba un gran avance al subrayar la identidad de intereses del proletariado occidental y de los pueblos oprimidos no occidentales, así como al señalar la preeminencia de la vía revolucionaria en ellos y admitir la posibilidad del tránsito al socialismo, sin pasar por el capitalismo. Sin embargo, cierto eurocentrismo persistía al reafirmar el papel preeminente del proletariado occidental dentro del proceso revolucionario mundial. La clave de la liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo seguía estando en Occidente.

En el terreno teórico-filosófico, los primeros congresos de la IC destacan -como hace Bujarin en el VI Congreso- el materialismo dialéctico como método y concepción materialista del mundo.

Se subraya asimismo en el materialismo histórico la fundamentación científica de la necesidad histórica del socialismo, insertando en ella la teoría de la revolución. Con esos principios formulados por Bujarin se sentaban las bases del Diamat soviético y quedaba cerrado el espacio a toda interpretación que rompiera con el ontologismo, teñido de positivismo, que arrancaba del Anti-Dühring de Engels. Tal posición filosófica era asumida, en cierto modo, tanto por los dirigentes de la socialdemocracia como por los de la IC.

Veamos ahora, a grandes rasgos, el lugar de América Latina en el marxismo de la II Internacional. Lo que domina en sus primeros diez años de existencia es cierta indiferencia ante los problemas latinoamericanos. Sólo en el VI Congreso, en 1928, les dedica un informe especial. En él se subraya el carácter semicolonial de los países de América Latina, se establece una relación directa entre industrialización y colonización y se condena el nacionalismo como una ideología cultivada por el imperialismo. Aunque se reconoce la debilidad del proletariado y de la burguesía nacional, así como el peso de los campesinos en la lucha, se considera que el proletariado se ve empujado por ellos a ser la vanguardia. La lucha se vuelve antifeudal y antiimperialista y pasa por dos etapas: una de liberación nacional y democrático-burguesa y otra de tendencias socialistas con el proletariado a la vanguardia. Pero todo eso se hace depender, en definitiva, del papel de los partidos comunistas.

¿Hasta qué punto ese esquema corresponde a la realidad? Los propios delegados latinoamericanos al VI Congreso señalan su inadecuación a ella. Objetan la asimilación de América Latina a la situación de los países coloniales, así como el aferrarse al eje proletariado-burguesía nacional pasando por alto la verdadera correlación de clases. Y en cuanto a los países dependientes con fuerte población indígena, lamentan los delegados latinoamericanos que se olvide al imperialismo que los oprime y se ignore el problema indígena.

Lo  que  demuestra  todo  esto  es  la  persistencia  de  cierto  eurocentrismo en la IC. A su estrategia general se le escapan la especificidad de experiencias nacionales tan distintas como la Revolución Mexicana y su evolución posterior, la lucha guerrillera de Sandino en Nicaragua, las insurrecciones de El Salvador y Brasil y la experiencia legal posterior del Frente Popular en Chile. Esta ignorancia del elemento nacional-popular llevará a identificar -como hace el PC argentino- al peronismo con el fascismo o a tachar de populista a Mariátegui. La disolución de la IC en 1943, impuesta por la política exterior soviética, convertirá con Stalin el eurocentrismo de las décadas 20 y 30 en el rusocentrismo de los años 40 y 50 en el movimiento comunista mundial.

El pensamiento marxista de los años veintes y treintas tiene como principales exponentes en América Latina a Julio Antonio Mella en Cuba; Mariátegui en Perú; Aníbal Ponce en Argentina y Vicente Lombardo Toledano en México. Detengámonos en Mariátegui que ofrece una cara diversa del pensamiento marxista en la época de la III Internacional.

Mariátegui muere joven en 1930. Su importancia y originalidad estriban en haberse planteado y dado una nueva solución al problema de la latinoamericanización del marxismo. Para llegar a ella era preciso, en primer lugar, una clara conciencia de la necesidad teórica y práctica de semejante paso y, en segundo lugar, una interpretación certera de la realidad nacional. Ambas cuestiones están en el centro de su pensamiento. Por lo que toca a la primera, afirma sin rodeos: “No queremos ciertamente que el marxismo sea en América Latina calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro lenguaje, al socialismo indoamericano”. En cuanto a la segunda, la hallamos bien cumplida en la obra que muchos consideran la obra cumbre del marxismo latinoamericano: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928).

La realidad que interpreta Mariátegui es la de un país con una escasa población industrial y minera en tanto que en el campo existe una in- mensa población campesina, casi en su totalidad indígena. Realidad de un país muy atrasado y esquilmado por el imperialismo. Pero justa- mente en estas condiciones de atraso y explotación Mariátegui encuentra lo específico nacional, y lo encuentra en la medida en que recurre a un marxismo inexistente -hasta él- en América Latina y que él mismo tiene que construir. Aunque el marxismo-leninismo de la III Internacional le abre un camino ante el reformismo y le traza el marco de una revolución mundial en la que los pueblos oprimidos como el suyo tienen su puesta, Mariátegui percibe cierto desencuentro entre la estrategia general que inspira y las condiciones específicas nacionales. Producir el encuentro entre marxismo y realidad será para Mariátegui una tarea vital que entraña una renovación del marxismo existente. Y a ese marxismo renovado Mariátegui trata de llegar por diversas vías.

La primera es la depuración del marxismo que ha aprendido en Europa, marxismo cientificista y positivista que no ha entrado en bancarrota con la bancarrota de la II Internacional que ya arroja sus sombras, incluso sobre la Internacional Comunista. Aunque el leninismo logra desembarazar al marxismo del reformismo y, hasta cierto punto, del eurocentrismo, su teoría de la importación de la conciencia socialista no sólo no le libra del cientifismo sino que éste se halla en la base misma de la teoría leninista de la conciencia de clase y de la organización. Mariátegui se enfrenta al progresismo y objetivismo y lo hace con los instrumentos conceptuales que fuera del propio marxismo le brindan Bergson, el pragmatismo y sobre todo Sorel. Incluso no duda en alinear a este último entre Marx y Lenin. Y habla de una “espiritualización del marxismo” que, lejos de reivindicar el saber, exalta la pasión como fuerza de los revolucionarios. Lo que propone Mariátegui es una lectura voluntarista del marxismo que, forzándola un poco, se apoyaría en Lenin, pero en un Lenin filtrado por Sorel. La presencia soreliana en Mariátegui no es casual o coyuntural sino que se explica por su voluntad de romper con el cientifismo, progresismo y objetivismo que encuentra en el marxismo existente. De ahí que su presencia se manifieste también en sus últimos escritos, incluso cuando más firmemente proclama su leninismo.

¿Hasta qué punto tuvo conciencia Mariátegui de que su sorelismo podía conciliarse con su leninismo? El acento que Lenin pone en el factor subjetivo, en la capacidad y voluntad de los revolucionarios para transformar la realidad sin esperar con los brazos cruzados el curso espontáneo de las condiciones objetivas, explican que Mariátegui se sintiera leninista sin dejar de ser soreliano, o que se considerara soreliano sin dejar de ser leninista. Pero hay una ambigüedad en Mariátegui que proviene del propio Lenin con su extraño maridaje de cientifismo y voluntarismo. Si Mariátegui hubiera sacado todas las consecuencias de uno y otro ¿cómo podría aferrarse a la teoría leninista, de origen kaustkiano, de un partido que introduce en la clase obrera una conciencia exterior a ella? El sorelismo de Mariátegui era incompatible con ese elemento modular leninista. A la vez, su leninismo tenía que encontrar un límite insalvable en los obstáculos que levantaba su sorelismo. De ahí también la ambigüedad del leninismo de Mariátegui que los leninistas ortodoxos aceptan pasando por alto su sorelismo, de la misma manera que no faltan los que niegan -por la presencia sorealiana- su leninismo. Sin torcer el bastón de un lado u otro, diremos que en Mariátegui hay más bien una voluntad política de ser leninista que no se cumple en virtud de su sorelismo. Pero leninista o no, Mariátegui se ha librado de los grilletes del cientifismo, el progresismo y el determinismo mecanicista y, con ello, del principal obstáculo para encarar la realidad nacional: el eurocentrismo. Y con ese marxismo, así liberado, Mariátegui se acerca al Perú de su tiempo y escribe sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana.

El marxismo de la IC había ya roturado el campo del anti-reformismo. Pero su lastre eurocentrista le impedía fijar un lugar propio a los países coloniales y dependientes dentro de su estrategia mundial. En Perú, el APRA -una variante latino-americana del populismo pretendió haber encontrado ese lugar al tratar de rescatar lo nacional-popular por encima de los antagonismos de clase. El aprismo no dejó de interesar a Mariátegui. De él le atraía su insistencia en el problema nacional y en el papel del bloque de fuerzas populares como sujeto histórico, Mariátegui comprendía la insuficiencia del concepto de clase en las condiciones de un país que tiene que rescatar su identidad nacional y en el que el problema agrario, siendo fundamental, no permitía hablar del proletariado  como sujeto revolucionario  exclusivo. Sin embargo,  el populismo aprista estaba lejos de llenar el vacío que en la interpretación de la realidad de un país con una población indígena predominante, dejaba el marxismo clásico. Lo peculiar en él estaba en cómo las contradicciones de clase (sin desaparecer) se vinculaban con el problema nacional. Y es aquí donde Mariátegui se esfuerza por superar las insuficiencias del marxismo vigente, dado que él desconocía las tesis de Marx sobra Irlanda y la comuna rural rusa.

Para captar lo específico de la sociedad peruana pone el pie en ese mundo agrario marcado por lo indígena que no sólo marca el campo sino también la realidad nacional. Reivindicar lo indígena es reivindicar la nación, y al revés. Aquí Mariátegui parece confundirlo todo en la noche oscura, policlasista, del aprismo. Pero tras recorrer un mismo trecho del camino juntos, se separa de él. En primer lugar, porque a juicio suyo esta reivindicación agrario-indigenista que entraña una reivindicación nacional sólo pueda cumplirse articulando el potencial revolucionario de las masas campesinas con el del proletariado. Y, segundo, porque la reivindicación nacional-popular, aún pasando por la revolución democrática-burguesa sólo puede tener una meta: el socialismo. Por este objetivo socialista se distingue del aprismo; pero, a la vez, por el lugar que asigna al elemento nacional y a los campesinos en el bloque de fuerzas populares se aleja de la III Internacional, que se debate en el dilema burguesía-proletariado. La diferencia con ella sobre el sujeto del cambio se extiende también a la idea del partido que ha de dirigir el bloque. ¿A quién se acerca más Mariátegui en este punto: ¿a Rosa Luxemburgo o a Lenin? ¿Partido como resultado o partido preexistente al movimiento? Tal vez Mariátegui vaciló en esta cuestión y ello explicaría que el Partido Socialista de Perú sólo se afiliara a la IC un mes después de su muerte.

Un tercer elemento en el pensamiento mariateguiano es su espíritu crítico y su apertura del marxismo al pensamiento ajeno (sorelismo, populismo) así como a la vanguardia artística, al psicoanálisis, como elementos fecundantes, ya sea para contraponerse a las interpretaciones cientificista y positivista del marxismo, ya sea para enriquecerlo. No hay que elevar mucho la imaginación para comprender cuál sería el destino ulterior de su obra: su rechazo o su aceptación tras una lectura que haría de ella, con su maquillaje, una obra “marxista-leninista”  sin más.

Para ello, había que podar en ella sus incursiones en tierras extrañas. De este modo se cumplía, al parecer, la voluntad leninista de Mariátegui que, incluso contra ella misma, no se llegó a cumplir.

En la recepción del marxismo en América Latina, la Revolución Cubana constituye un viraje decisivo. En una primera fase tiene un objetivo democrático y nacionalista y se descarta el socialismo como objetivo inmediato. Las alianzas incluyen a todas las fuerzas sociales enemigas de la tiranía batistiana. La fuerza política dirigente es el Movimiento 26 de julio, de inspiración martiana y el Directorio Estudiantil, procedentes ambos de los sectores más radicales de la pequeña burguesía, es la violencia, particularmente la guerra de guerrillas. Al triunfar la Revolución y pasarse de los principios a las medidas concretas surgen las contradicciones en el seno de las alianzas de clases e incluso los primeros desprendimientos. A la vez, en cuanto que las medidas adoptadas afectan a intereses extranjeros, el imperialismo agrede a la Revolución. La lucha nacional adquiere cada vez más un carácter anti- imperialista. Finalmente, al radicalizarse socialmente y afirmarse nacionalmente, la Revolución se vuelve anticapitalista y se ve empujada a una alternativa socialista; se convierte así en una revolución nacional, antiimperialista y, a la vez, social.

Al encontrarse con el socialismo, la revolución se encuentra forzosamente con el marxismo. Pero ¿con qué marxismo? La revolución en sus primeras fases no era socialista ni el partido marxista-leninista de la época (el Partido Socialista Popular) se hace presente en ella. Sus dirigentes la habían condenado por el papel subordinado de la clase obrera en ella y la vía de la lucha armada escogida. Contrastan, pues, el marxismo que se expresa a través del Partido Popular Socialista y las concepciones de los dirigentes de la revolución. Partiendo de ambas perspectivas sólo podía darse el desencuentro, que efectivamente se dio, entre el marxismo establecido y reconocido en Cuba y, en general en los partidos comunistas de América Latina, y la Revolución.

Por otra parte, con la revolución afirmaba el marxismo que no separa al socialismo de sus raíces democráticas y nacionales (la ideología y la práctica combativa de Martí), pero a la vez se negaba el que permanecía ciego ante el elemento nacional. La constante apelación de los revolucionarios cubanos a Martí, que por supuesto no era marxista, se explica por su función de lo nacional y lo social. Finalmente, la Revolución acabó por ser en la década del 60 un verdadero escándalo teórico y práctico para el marxismo-leninismo, tal como era concebido y aplicado por los partidos comunistas latinoamericanos con respecto al papel de la clase obrera y del partido. La Revolución venía a poner en cuestión la tesis de que una revolución democrático-burguesa y su transformación en socialista sólo podía tener lugar si el proletariado desempeñaba  el  papel  principal  y  si  existía  el  partido  marxista- leninista que podía garantizar esa transformación. Aunque los revolucionarios cubanos aceptan que la revolución no puede darse espontáneamente, sin una vanguardia, afirman -con base en su propia experiencia- que puede darse sin el partido marxista-leninista y, sobre todo, del representado por los partidos comunistas tradicionales. Por otro lado, la vanguardia había existido en la Revolución Cubana: políticamente (con el movimiento del 26 de julio) y militarmente (con la guerrilla, o Ejército Rebelde). Pero en un terreno o en otro, en la ciudad o en el campo, lo decisivo era la vanguardia política, vinculada con los sectores populares. La vanguardia militar no sólo se subordina a ella sino que sólo puede desarrollarse políticamente en relación con las masas, los campesinos.

Si la Revolución pudo triunfar en Cuba fue, en primer lugar, porque existían -de acuerdo con el marxismo clásico una serie de condiciones objetivas que la hacían posible y, en segundo lugar, porque los factores subjetivos -conciencia, organización y acción- permitían realizar lo que objetivamente era posible. Al tomar en cuenta ambos factores, los revolucionarios cubanos se distanciaban del marxismo existente para el cual la revolución -sin el papel determinante de la clase obrera y sin la dirección del partido marxista-leninista- venía a ser un salto mortal en la aventura. De ahí que al hacerse una “revolución sin socialistas” y sin partido, eran infieles a la letra de cierto marxismo, pero no al espíritu del marxismo originario. Así, pues, el marxismo con el que se encuentra la Revolución Cubana, era otro marxismo que difícilmente podía encajar en los moldes existentes.

La Revolución Cubana provoca un deslumbramiento tal en los revolucionarios latinoamericanos que llega a cegarlos. En diferentes países de América Latina se hace sentir la aspiración a seguir un camino con las armas en la mano. Surge así y se desarrolla un variado y extenso movimiento guerrillero que opera primero en el campo y después en las ciudades. Este movimiento se inspira en cierta interpretación de la Revolución Cubana que se centra en una apoteosis de la voluntad revolucionaria y, por ello, del factor subjetivo, pero reducido éste al foco guerrillero. Es así como se desarrolla un marxismo que podemos llamar foquista. Su expresión teórica la hallamos en el texto de Regis Debray, Revolución en la revolución (1967). En esta exposición teórica de la lucha armada, guerrillera, encontramos: 1) la reducción de las diversas formas de lucha a la lucha armada y a una sólo de ella: la guerra de guerrillas; 2) la disociación de la lucha armada de la lucha política; 3) la sustitución del partido (en sentido leninista) por el foco guerrillero, y 4) la elevación de la dirección militar al rango de dirección única y exclusiva en la lucha, ya que absorbe en su seno, o subordina a ella, la dirección política.

El foquismo se remite al leninismo, al que prolonga al militarizar la concepción política de la exterioridad de la conciencia revolucionaria con respecto a las masas. Pero se aparta de él en los aspectos que antes hemos señalado: al absolutizar una forma de lucha (la lucha armada guerrillera); al eliminar el papel del partido de la clase obrera y al disociar la táctica (militar) de la estrategia (política). Aunque el foquismo dio lugar en su tiempo a un amplio y franco debate entre los marxistas de América Latina, lo que selló su destino fue la propia práctica al mostrar la derrota de los movimientos guerrilleros que se ajustaban, en nombre del marxismo-leninismo, a los cánones foquistas.

Las experiencias históricas de la Revolución Cubana y del foquismo venían a demostrar -como el anverso y el reverso de una medalla- lo que se gana o se pierde cuando se toman en cuenta o se ignoran, respectivamente, las condiciones específicas en que se lucha. Lo que nuevamente se ponía de manifiesto era la necesidad de tomarlas en cuenta y de oponerse a toda generalización abstracta de una sola forma de lucha, aunque haya probado su validez en determinadas condiciones. Y esto se aplica no sólo a la lucha armada, y a su forma específica como guerra de guerrillas, sino también a la vía legal. Tampoco ésta puede ser absolutizada olvidando que hay que estar preparados -recuérdese la advertencia del viejo Engels- para seguir la vía opuesta, violenta, ya que la clase dominante siempre estará dispuesta a ser la primera en destruir la legalidad conquistada. Es lo que vino a demostrar, al comenzar la década del 70, la experiencia chilena de la Unidad Popular al tratar de abrir una vía pacífica al socialismo.

Ahora bien, las experiencias fracasadas del foquismo y de la Unidad Popular en Chile no clausuraban para los marxistas de América Latina las posibilidades futuras de la vía pacífica o de la lucha armada. Los procesos de democratización abiertos en Argentina y Uruguay, aunque con enormes limitaciones e incertidumbres, permiten hablar cautelosamente en favor de la primera. A su vez, la Revolución Nicaragüense prueba la validez y efectividad de la segunda. Pero esta revolución pudo triunfar como revolución popular, nacional, democrática y anti- imperialista, sacando las lecciones debidas de la derrota del foquismo, aunque desde entonces paga un terrible precio por conservar lo conquistado con las armas y con el apoyo de todo el pueblo frente al poderoso enemigo exterior: el imperialismo yanqui.

Finalmente, al cabo de largo recorrido de la práctica política inspirada por el marxismo en América Latina que hemos examinado, podemos subrayar que se halla presente -con sus altas y bajas, con sus avances y retrocesos- en la lucha revolucionaria y antiimperialista de los pueblos latinoamericanos. Su historia es inseparable de la historia real, de la misma manera que la historia real de América Latina, y particularmente de sus luchas de liberación, es inseparable del marxismo.

Veamos, por último, la situación del pensamiento marxista que siempre ha ejercido una gran atracción sobre los intelectuales latinoamericanos. Ya vimos que en la época de la III Internacional se regía en gran parte por categorías universales, abstractas, extrañas a las realidades nacionales del continente, a la vez que mostraba un sensible embotamiento de su filo crítico. La excepción de la regla es -como ya señalamos- el pensamiento de Mariátegui. Nuevas perspectivas se abren en la década del 50 al entrar en crisis en Europa y más débilmente en América Latina, el marxismo institucionalizado, dogmático, predominante hasta entonces. Pero, en este terreno -como en otros- aporta un viento fresco la Revolución Cubana. Desde los años sesentas tiene lugar en el continente, y particularmente a través de las editoriales argentinas y marxistas, una amplia difusión del marxismo clásico, pero también de pensadores   marxistas   contemporáneos   -como   Lukács,   Korsch   y Gramsci- que hasta entonces sólo habitaban una especie de “terra incógnita”. El marxismo penetra asimismo en las universidades latinoamericanas y, desde los años sesentas y setentas, constituye una de las corrientes teóricas más vigorosas en la docencia y la investigación. Pero no sólo se difunde y estudia lo más diverso y polémico del marxismo europeo, sino que también se elabora una producción propia en todos los campos y desde los más diversos enfoques, lo que contrasta notablemente con el monolitismo ideológico de tiempos pasados.

Así, en filosofía, el Diamat soviético que en definitiva era una ontología o metafísica materialista, aunque dialectizada a la manera hegeliana, pierde su lugar dominante y tiene que compartir el espacio filosófico marxista con otras corrientes para las cuales el problema fundamental ya no es el de las relaciones entre el espíritu y la materia, como decía el viejo Engels y repiten los manuales soviéticos. Pasa a un primer plano el problema epistemológico de la cientificidad del marxismo, en torno al cual giran las investigaciones de Althusser y de sus discípulos  latinoamericanos.  Surge  también una  orientación  -menos vigorosa- antropológica-humanista, fundada en un concepto abstracto de esencia humana. Finalmente, insertándose en una línea que viene del joven Marx y que pasa por Lukacs y Gramsci, tenemos la corriente que hace de la praxis la categoría central no solo como nuevo objeto de la filosofía sino como nueva práctica filosófica. Entre estas diversas corrientes filosóficas marxistas se dan confrontaciones diversas y aportaciones que rebasan en algunos casos a las importadas, a veces con exceso, sobre todo en el caso del althusserismo.

Ahora bien, sin descuidar el estudio del instrumental filosófico y metodológico necesario, es en las ciencias sociales donde el marxismo rinde sus más logrados frutos en América Latina, aunque no hay que ignorar la verdadera destrucción de las ciencias sociales en general que llevaron a cabo en sus respectivos países las dictaduras del cono Sur.

Sin embargo, en la década del 60 sobre todo, la riqueza temática, la actitud crítica, la vinculación con los grandes problemas políticos, económicos y sociales del continente, alcanzan tal nivel teórico que se ha podido hablar con razón de una “edad de oro” para los estudios científico-sociales. Bajo la atención de los investigadores marxistas caen cuestiones vitales como las del desarrollo del capitalismo exterior y del capitalismo dependiente, las características fundamentales del pasado colonial que polémicamente se considera como capitalismo o como feudalismo, la diversidad de modos de producción, su imbricación y determinación del dominante. Una de las aportaciones más vigorosas de los científicos sociales latinoamericanos ha estado en sus análisis de las situaciones de dependencia, que no se reducen a los planteamientos muy discutidos de la escuela o teoría de la dependencia. Igualmente hay que señalar las formulaciones sobre el imperialismo que han enriquecido y rebasado las concepciones tradicionales de Lenin, Bujarin y Rosa Luxemburgo. Objeto también de la ciencia social latinoamericana de inspiración marxista, vinculada siempre a objetivos políticos que a veces la han sobrepolitizado, han sido cuestiones teóricas importantes para fundamentar una estrategia y una táctica política correctas, aunque no siempre hayan sido aprovechadas por los dirigentes políticos. Entre ellas están: las correlaciones y componentes de clase, las particularidades del Estado en el capitalismo dependiente y, de modo especial, tomando en cuenta las exigencias de la propia realidad, las peculiaridades de los Estados dictatoriales, autoritarios, del cono Sur. Los científicos latinoamericanos han investigado las nuevas formas de dominación surgidas en las décadas del 60 y el 70. Y no sólo examinan cuestiones en cierto modo nuevas, como las anteriores, sino también otras debatidas en tiempos pasados y despachadas a veces sin el suficiente rigor como son las del carácter de la revolución, las vías o fases de la lucha, el papel de la burguesía nacional, el sujeto del cambio histórico, el populismo, etcétera.

Todo esto ha obligado a entrar en los problemas centrales del materialismo histórico, poniendo en cuestión una concepción lineal, determinista de la historia y, sobre todo, saliendo al paso,  de los estragos eurocentristas del pasado.

En suma, el marxismo se ha esforzado en América Latina, en las últimas  décadas,  por atender a  las  realidades  nacionales,  específicas, contribuyendo así a que la práctica política se aleje -aunque no siempre- del economicismo u objetivismo de los partidos comunistas tradicionales o del subjetivismo y mesianismo de los últimos ecos del foquismo. Pero los marxistas de América Latina no se han concentrado en una problemática continental o nacional. Se han ocupado de los fenómenos más recientes del capitalismo como sistema mundial, de sus leyes universales, y, en particular, de su dimensión imperialista – inagotable y constante en América Latina-. Finalmente, se han incorporado, aunque con evidente retraso, al examen de la experiencia histórica del socialismo “real”.

Es innegable que el marxismo en América Latina, libre de los corsés que lo aprisionaron durante largos años, se ha desarrollado fecundamente desde la década del 60 y que permanece sensible a cuestiones que hoy ocupan el primer plano como la de la democracia. Pero al hacerlo los marxistas se esfuerzan par no dejarse llevar por el planteamiento abstracto del viejo y nuevo liberalismo.

Por último, la influencia del marxismo no está sólo en su aportación a la teoría que fundamenta una práctica política, sino también en la que ejerce en otras corrientes del pensamiento como las conocidas como “filosofía latinoamericana” y “teología de la liberación”. Una y otra, al tratar de examinar la realidad de América Latina a cuya liberación quieren contribuir, se valen de recursos teóricos y metodológicos extraídos del marxismo. Pero, incluso posiciones alejadas del marxismo y opuestas a él no pueden ignorarlo, aunque sea para medir sus armas con él en los diferentes campos del saber. En América Latina el marxismo sigue siendo un elemento sustancial de su cultura, aunque esta cultura no se reduzca, por supuesto, a él. Y así lo confirma el hecho de que un Octavio Paz al enfrentarse a problemas vivos de nuestro tiempo lo tenga como un interlocutor insoslayable. El marxismo es un ingrediente innegable de su cultura.

Ahora bien, en este balance de la situación actual del marxismo en el continente, no podemos dejar de reconocer que la derechización impresionante que se produce en el mundo capitalista ha llegado también a América Latina, y que, sin llegar a desarraigarlo de su cultura -como está sucediendo en Occidente- suscita cierto reflujo, provocado no sólo por la tremenda presión ideológica de la “nueva derecha” sino también por los marxistas de ayer que han transformado una crítica justa a cierto marxismo y al socialismo “real” en la negación total del marxismo e incluso de toda alternativa socialista.

Pero este reflujo no altera el puesto del marxismo en la cultura latinoamericana contemporánea, lugar legítimamente conquistado no sólo por su presencia en las esferas del saber qua hemos examinado, sino también por su peso -que no hemos examinado en nuestra exposición- en el terreno de las artes y de la literatura. En conclusión, si antes dijimos que el lado liberador de la historia real de América Latina de este siglo es inseparable del marxismo, ahora podemos decir también que sin él no puede escribirse tampoco la historia de las ideas de América Latina.

[1] Conferencia de Sánchez Vázquez publicada en  Dialéctica, nº 19, 1988

Political and constitutional crisis: The extreme-right threat to democracy July 26, 2019 John Bachtell

Compounding the ecological and climate crises, militarization, nuclear war danger, and the crisis of wealth extremes is Trump, the GOP, the extreme right-wing, and their corporate backers—and the threat they pose to capitalist democracy. We face an unprecedented political and constitutional crisis.

The extreme right danger and political crises are global, especially where extreme right-wing, nationalist forces threaten to take power or already have.

The extreme right and fascist movements are fueled by anti-immigrant hate, racism, misogyny, anti-Semitism, and Islamophobia. Communities of color, immigrants, Muslims, and Jews are being scapegoated to maintain power and divert anger away from the corporate ruling class for wealth concentration, profound changes in the economy and society, and declining standards of living.

And without breaking the domination of the extreme right on U.S. politics, the working class and people cannot address the threats to our existence posed by the climate crisis, militarism, and wealth inequality, the outbreak of a new economic crisis, and the oncoming disruption by robotics and AI.

New features of the extreme right danger

The limited democratic, social, and civil rights won by the working class and people under capitalism are always threatened. Now they are under assault in unprecedented ways.

With the extreme right takeover of the GOP and the election of Ronald Reagan as president in 1980, the CPUSA recognized the emergence of a new kind of danger. Gus Hall, who was general secretary of the party then, described it as a “whiff of fascism.”

The right’s aim was, and remains, dismantlement of the New Deal-era reforms of the 1930s, the Great Society reforms of the 1960s, and the gutting of every worker and civil right protection. We were among the first organizations to sound the alarm and call for the formation of an all-people’s coalition to defeat the extreme right.

This threat has evolved and gotten more dangerous with the extreme concentration of wealth, the Koch-funded ALEC takeover of the GOP and state governments, and the right-wing takeover of the Supreme Court.

To one degree or another, the extreme right will always pose a danger to democracy, so long as its capitalist support base exists.

The GOP is in crisis because traditional conservatism is a dying ideology. The party is dominated by those forces responsible for unprecedented threats facing nature and society. It is without solutions, and its only objective is to maintain power by any means necessary.

With a declining base of voters, it maintains power with vile appeals to hate and division, obstruction of progressive legislation, voter suppression, gerrymandering, authoritarianism, and the institutionalization of its power and policies through stacking the courts.

The GOP crisis created an ideological vacuum which allowed the insurgent Tea Party extreme-right and Trump to take over its apparatus.

The extreme right and its support base include sections of finance capital, fossil fuel industries, the military-industrial complex and state security apparatus, gun manufacturers, and parts of finance capital. It aggressively builds its base among disaffected members of the working class, neo-conservatives, social conservatives, religious conservatives, Christian Evangelicals, white supremacists, and anti-immigrant hate groups.

The ascendance of Trump represents a qualitative advance for right-wing extremism, a radical departure from mainline conservatism, and an increased danger to democracy, peace, and the planet.

The Trump administration is characterized by authoritarianism, lawlessness, daily attacks on democracy, breaching of constitutional norms, and the erosion of the separation of powers and the system of checks and balances.

The Trump administration has open links to white supremacist, male supremacist, and fascist groups and networks. They and their ideas have been brought from the political and internet fringes into the White House. The activity of fascist terrorist networks and hate crimes has grown since 2016.

Trump’s hateful ideology is a concoction of anti-Black and anti-Mexican racism, anti-immigrant hatred and national chauvinism, misogyny, Islamophobia, homophobia, and anti-Semitism.

Trump draws directly from the “alt-right,” or rebranded fascist, playbook: exploit people’s fears and insecurities by conjuring up dire external threats of immigrants taking jobs, Muslim terrorists, and the “Jewish global conspiracy,” and internal threats like the “deep state conspiracy,” criminal immigrants, terrorists, socialists, and communists.

A crucial part of Trump’s base and administration are right-wing religious fundamentalists and nationalists, including Secretary of State Mike Pompeo and Vice President Mike Pence. They put their stamp on every policy and judicial appointment.

The Trump administration is the most corrupt in history, and he is a gangster masquerading as president. When the full Mueller report is finally released without redactions, it may actually only begin the work of uncovering Trump’s vast network of money laundering, bribery, obstruction of justice, connections with global criminal syndicates, and other criminal behavior.

The criminality of Trump and his cohorts underlies the collusion with foreign powers including Russia, Saudi Arabia, the UAE, and Israel, to influence the outcome of the 2016 election and the subsequent obstruction and coverup.

Foreign election interference undermines national sovereignty and democracy. It is wrong when the U.S. violates the national sovereignty of other countries, and it is wrong when it is done to the U.S. and affects our working class and people.

Trump belongs in prison. We support beginning an impeachment inquiry in the House, which is the most effective way to expose Trump’s corruption and lawlessness. However, this is not possible without a shift in public opinion and unity of the House Democratic Caucus. Convicting Trump of his crimes in the U.S. Senate is even harder. None of it should divert us from total focus on the 2020 elections.

Right-wing propaganda eco-system

Another new danger to democracy is the unprecedented daily assault on truth. It is revealed through endless attacks on the press and the development of a vast right-wing media and propaganda eco-system. Fox News, Infowars, Breitbart, and other media outlets are propaganda arms and policy shops for the Trump White House and GOP.

This right-wing media propaganda eco-system is showering tens of millions of people with massive disinformation, conspiracies, racism, paranoia, and vile hate.

The existence of social media has allowed progressive, Marxist, and socialist ideas to be disseminated widely and is a powerful organizing tool. But it has also been corrupted by the greed of the social media corporations who look the other way when disinformation is used.

Foreign powers exploited social media networks in the 2016 election and continue to do so. Social media is being used by the extreme right, neo-fascists, and global right-wing to organize and spread hate, confusion, and disinformation.

The fascist danger

A group from the white supremacist Proud Boys organization confronts anti-Trump protesters during a rally, June 18, 2019, in Orlando, Fla. Trump has repeatedly given the ideas of such groups a greater public hearing by using the tribune of the presidency. | Chris O’Meara / AP

The Republican Party has become the cult of Trump. The threat of the emergence of a full-fledged fascist party with a mass base of support and propaganda machine cannot be discounted. Fascism never comes into existence full-blown but morphs in a step-by-step process and must be fought at every turn.

Fascist ideology spreads by the dehumanization of whole groups of people—which is happening already through Trump’s vile racist rhetoric; the criminalization of reproductive rights, Islam, the LGBTQ community, and immigrants and asylum seekers; the terrorization of immigrant communities; and the attack on “globalists,” a traditional anti-Semitic trope.

It’s no surprise that male supremacist groups that advocate online the subjugation of women are identified as the “gateway” to right-wing extremism and white supremacist groups.

They promote the idea of “victimhood”—that whites are the real victims of racism, and men are the real victims of sexism.

The extreme right, white supremacist, fascist, and so-called “alt-right” elements have a more sinister goal: to slow down, stop, and reverse historic demographic shifts. The U.S. will be a majority people of color country by 2050, and birthrates among whites are historically low.

These forces believe their hold on power rests on winning a substantial majority of whites to white supremacy and passing laws that suppress the rights of people of color, particularly voter suppression, ending immigration and asylum, and carrying out mass deportations, while at the same time breaking the power of the organized labor movement.

Fighting for unity in rapidly changing times

The U.S. and the world have undergone rapid, tumultuous, and profound economic, political, social, and demographic changes since the end of the Cold War. But even these changes are small compared to the storm bearing down on humanity and nature.

It’s not just changes, but their scale, scope, and speed that are overtaking us now. People’s lives, livelihoods, and communities are being upended overnight. They are profoundly unsettling, confusing, and involve seemingly distant and powerful global forces. They have left millions of working-class people fearful, anxious, and insecure.

U.S. society has also witnessed tremendous positive social and cultural changes as a result of transformative social movements, however. These include blows to white supremacist and male supremacist ideas, advances for equality, including the election of the nation’s first African-American president, the passage of marriage equality, and the nomination of the first woman to run for president of a major party.

Our country’s population, with its multiple languages and cultures, is becoming more diverse than ever, continuing the historical process of creating a uniquely American working-class culture. These demographic and cultural changes have heightened understanding of racial equality, multi-cultural awareness, and appreciation for the rich and growing diversity of our working class and people.

But it has also left many people, particularly many whites, feeling fearful, insecure, and threatened. The idea of a loss of status and perceived advantages have left many whites vulnerable to appeals to racism and “white identity.”

The advances of women and the militant upsurge of the #MeToo movement raised awareness of gender equity; freed millions of men from male supremacist ideas; challenged them to become better partners, fathers, and friends; and changed social relations for the better.

But it has also left many men feeling insecure and threatened. The idea of lost status has left millions of men vulnerable to appeals to sexism.

The advances for the LGBTQ community represent a victory against homophobia and for democracy, inclusivity, and new understandings of sexual identity, gender, and gender fluidity.

But it has also left many heterosexuals feeling insecure and threatened, radically challenging traditional norms, including that of the family.

The fascist chant, “We will not be replaced,” shouted at the Charlottesville neo-Nazi torchlight march in 2017 was meant to tap into these fears.

Throughout our nation’s history, every time our multi-racial working class and people win social advances, reactionary corporate forces attempt to turn back the clock, as happened post-Reconstruction, during the McCarthy period, and in the post-Civil Rights era. And the rise of Trump can be understood in no small measure as a reaction to change, including the election of President Obama, and advances for people of color, women, labor, and the LGBTQ community.

Powerful capitalist forces feared these advances, particularly the election of the nation’s first Black president. But the one thing they fear most: the power of a united working class and people.

Consequently, the Koch brothers and other right-wing billionaires created the Tea Party movement. Trump rode to fame on the racist “birther” lie against President Obama, attacking Mexican immigrants as rapists and murderers, and promising to turn back the clock and “Make America Great Again.”

While the soil has been tilled by decades of right-wing and racist ideological assault on the American people, and white working people in particular, the ruling class and extreme right have been working feverously to divide and turn a section of white workers against their class interests.

Class oppression, racism and white supremacy, and male supremacy have been fused throughout U.S. history, most notably the legacy of slavery and inequality. Voter suppression, criminalization of reproductive rights, and union-busting are attempts to divide and weaken the movement, reassert domination, and restore oppression based on class, race, and gender.

Trump and the extreme right aimed their sights directly at the growing class and people’s unity. Anti-immigrant hysteria, Islamophobia, racism, sexism, anti-Semitism, anti-communism, and anti-socialism and massively spreading lies and disinformation are desperate attempts to divide and hold power.

People’s economic insecurities and anxieties over social changes are manipulated by conjuring up dire threats from internal and external enemies.

Economic nationalism is aimed at exploiting fears and insecurities and turn the U.S. working class and people against the working class and peoples of other nations and whip up Trump’s base.

As Jamelle Bouie writes, “Never mind the jobs or economic growth, what ‘Make America Great Again’ looks like in practice is the imposition of social control on groups that threaten a regressive, hierarchical vision of the country. MAGA is the Muslim ban; MAGA is child separation; MAGA is a woman in handcuffs for thinking she had the right to her own body.”

Cartografía neocolonial del poder minero en América Latina/Abya Yala: La planadora territorial (2018) Cristian Abad Restrepo

Toda cartografía es constitutivamente intencional, es decir, es producida con fines de apropiación y control sobre el espacio. Sabemos que detrás de la cartografía, cualquiera que sea, siempre hay sujetos y/o colectivos que desean imponer su orden. En definitiva, toda representación sobre el espacio es territorial. De esta forma, todo mapa es político, y no nos referimos precisamente al mapa de los Estados modernos que dividen los continentes, sino al contenido y a sus atributos, con el cual se anima y se invita a ejercer el poder.

Podemos decir, entonces, que toda cartografía es producida para controlar las relaciones espaciales. Si esto es así, todo actor con ansias de poder tiene que producir mapas, porque este es ejercido mediante el instrumento cartográfico que lo haga viable territorialmente.

No es gratuito que Yves Lacoste (1990), un personaje clásico en el estudio de la geografía, haya sentenciado que esta “sirve para hacer la guerra” puesto que es un conocimiento estratégico. Por eso es que los mapas son el instrumento de control territorial más eficaz para producir un tipo de realidad, que no es más que la realidad de quien o quienes lo han producido.

Dicho de otra forma, la cartografía es una “planadora territorial”, porque borra las diversas relaciones e interacciones que se dan en los espacios, al imponer una visión de mundo. Parafraseando a Massey (2005) toda representación cartografica es “a-espacial”, esto es, congelan las relaciones que están circulando y hacen posible la diversidad de territorios.

Hablamos especialmente de ciertos mapas con los cuales se legitima el poder institucional con fuerza de ley, como es el caso de los mapas metalogenéticos que tienen como función saber orientar el desarrollo económico de los territorios y articular a los diversos pueblos a los circuitos del mercado mineral global, pero en condiciones de inferioridad y de fuerza de trabajo casi servil.

Una vez son identificadas las franjas mineras, o sea, la localización de los minerales, se impone el discurso del desarrollo minero, el de la mineria responsable y ambientalmente sostenible. En fin, se impone una visión de mundo moderno/colonial de expropiación/extractiva. A nuestro entender, los mapas mineros sirven para “barrer” las diversas expresiones espaciales de la cultura, históricamente se ha hecho así y se continuará haciendo en toda Abya Yala. Ahora bien, miremos el contenido y el horizonte desde el cual la cartografia minera o mapas geológicos hacen tabula rasa.

Mapas y franjas metalogenéticas: instrumentos para la circulación del capital

Los grandes descubrimientos como la Ley Mineral definida como el grado de concentración de los minerales en las rocas y/o material mineralizado de un yacimiento[1], es el responsable de la extracción de la abundancia mineralizada, molecularizada, que posterior a un proceso de amalgamiento es convertida en lingotes de plata, oro, platino y cobre.

Tales minerales están diseminados en grandes superficies terrestres y subterráneas, de allí que sea necesario diagnosticar en porcentajes (%), partes por millón (ppm) o gramos por tonelada (gt) los yacimientos mineros. Por eso es que la megamineria o minería a gran escala implica la extracción de grandes volúmenes de tierra que contienen minerales de baja ley, es decir, minerales de concentración que por su grado de diseminación necesita de grandes plantas o establecimientos para su extracción. Entre más grande sea la mina, puede que los depósitos de minerales sean de más baja ley y/o concentración, proceso que determina el tamaño del tajo minero y el empleo de cantidades exorbitantes de agua, energía y remoción de tierra.

De acuerdo con lo anterior, los países de la región están divididos, no por el mapa político de los Estados, sino por regiones metalogenéticas, es decir, por la distribución espacial (franjas) de los recursos minerales metálicos y no metálicos, donde se determinan los yacimientos de carácter mundial, estratégicos y prioritarios a nivel nacional. Esta forma de comprender la “abundancia mineral”, tiene consecuencias políticas e incluso epistemológicas tanto en la reconfiguración geopolítica de los territorios como de la implantación de estructuras de conocimiento, donde el concepto técnico-geológico valida las pretensiones desarrollistas sobre aquellos espacios hacer objetos de explotación.

En el Mapa Metalogenético de Colombia de 2016 identificó “447 depósitos minerales de interés económico nacional, 3111 ocurrencias o manifestaciones minerales que evidencian el potencial en exploración, 26 distritos mineros aluviales los cuales muestran indicios de concentraciones de oro, platino y titanio, 79 distritos mineros “in situ” que incluyen depósitos y ocurrencias de interés económico y 16 cinturones metalogenéticos, incluidos en 6 grupos principales para oro, esmeraldas, cromo, níquel, cobre y molibdeno”[2] (Mapa Metalogenético de Colombia 2016).

Otro caso es México que a través de su Servicio Geológico Nacional delimitó 12 provincias metalogenéticas y caracterizó 33 yacimientos minerales a los que llama de clase mundial, es decir, que por su tamaño y factibilidad económica son de relevancia mundial” (Servicio Geológico Mexicano 2016, 105).

Un último caso por ejemplificar, es el Perú que cuenta con 23 franjas mineralizadas sobre las cuales están concesionadas 18.364.015 millones de hectáreas sea para la explotación, exploración y aun sin explorar. Cabe resaltar que todas las franjas están localizadas en áreas de montaña, que para el caso de Colombia y Perú [3] corresponde a la cordillera de los Andes, dada la variedad de suelos y tipos de roca que han favorecido a la mineralización de depósitos minerales por siglos, que de no ser por la ciencia moderna de los minerales y/o ingenierías no sería posible identificar estos espacios.

Los tres casos presentados tienen en común, además del concepto técnico de identificar las franjas mineras, la orientación económica de las regiones en términos de producir enclaves mineros (Machado 2015), desde el cual se proyecta un futuro a extraer. Dicho de otra forma, existe una visión de mundo que hemos subjetivado asociado a la idea de que donde hay minerales se les tiene que extraer, porque de resto es una pérdida de tiempo y de dinero.

Desde nuestro criterio, estos mapas están regidos por la concepción colonial de orientar la energía y la materia hacia el Norte global, proceso originario que comenzó en 1492 con el colonialismo externo y que sigue siendo gestionado por los Estados coloniales impuestos. En ese sentido, las cartografías mineras tienen como intención identificar y localizar los espacios por donde pueda circular el capital y la modernidad, estableciendo jerarquías políticas y epistémicas, como es el caso de la instalación de enclaves que tiene como funcionalidad conectar el capital transnacional y los depósitos mineros locales, pero desde una visión explotativa (Quijano 2013). En definitiva, sobre estas áreas mineras la modernidad materializa su sentido originario que es “exportar el suelo de los Otros”, al imponer diversas jerarquías que Aníbal Quijano (2000) llamó colonialidad del poder.

Desde hace 527 años los europeos y ahora los norteamericanos han estudiado los cuerpos, los territorios, la cultura y la organización social, en conjunto con el suelo y el subsuelo del Abya Yala, porque de esta manera pueden intervenir geopolíticamente los espacios para asegurar la exportación de la Naturaleza, que son las fuentes de vida de múltiples pueblos. Para lograr esto necesitan proyectar sus deseos sobre las áreas y tierras abyayalense, produciendo “silencios epistémicos” desde su marco de referencia o, como diría Bautista (2018), desde sus marcos categoriales y modelos ideales con los cuales entienden e interpretan el mundo. La cartografía minera es una expresión de esta proyección sobre lo desconocido, una nueva aventura por conquistar que se abre con cada mapa colonial minero.

El poder de la cartografía minera y los silencios epistémicos

Dice Boaventura de Sousa (1991) que “la principal característica estructural de los mapas reside en que, para desempeñarse adecuadamente en sus funciones, tienen inevitablemente que distorsionar la realidad”. Pues bien, los mapas mineros cuando se los ve desde sus convenciones, silencia la diversidad de los territorios. La distorsión de la realidad consiste en excluir todo, lo que permite concluir que no hay nada, solo hay minerales. Si tomamos como ejemplo una franja metalogenética, seguramente vamos a ver símbolos como Au (oro), Cu (cobre), Mo (Molibdeno), Ag (plata) entre otros.

El resultado de esto son paisajes uniformes, generalizados y un empobrecimiento del espacio como sucede en la actualidad con el extractivismo-minero en toda la cordillera de los Andes y del Amazonas. Un paisaje extremadamente diverso que está siendo disciplinado/destruido por la megamineria moderna. Harley (2005) dice que:

[…] la falta de diferenciaciones cualitativas en los mapas estructurados por la episteme cultura (moderna) sirven para deshumanizar el paisaje. Estos mapas transmiten un conocimiento que mantiene al sujeto al margen… si los lugares se les ven parecidos se les puede tratar de forma parecida. El espacio se volvió un producto socialmente vacío, un paisaje geométricamente de hechos fríos, no humanos (Harley 2005,  131).

La “deshumanización del paisaje” tiene que ver con la creación de una realidad u orden que se inclina hacia el progreso y la modernización, obviamente manipulada por parte de los poderosos de la sociedad (Ídem). Podemos decir con este autor mencionado, que la cartografía minera está cargada de valor, porque los mapas no son “registros inertes o reflexiones pasivas sobre el mundo”, son la manifestación de una racionalidad que guía formas de producir espacios, por tanto, maneras de producir discursos sobre las áreas representadas.

Ya el simple hecho de localizar y nombrar los minerales tiene un significado político, porque sobre estos gobiernan determinados códigos, racionalidades, un modo de producción, un uso social de la tierra, el ordenamiento territorial entre otros aspectos. Desde nuestra perspectiva, todo mapa le precede una intencionalidad y tiene un efecto político, por tanto, una creación de determinada verdad al distorsionar la realidad, es decir, una realidad invertida (Bautista 2018).

“La modernidad no sería posible sin los mapas”, puesto todo mapa es colonial. Por eso decimos que cuando el Estado moderno tiene más ambición por el control de su soberanía, esto es, recursos y población, mayor es su apetito de mapas (Harley 2005). De allí, la existencia de los mapas geológicos que penetran el subsuelo para saber sus potencialidades económicas y orientar su desarrollo. Es decir, es necesario tener conocimientos de los recursos que posee un Estado para ejercer sobre estos un poder.

Una vez identificados los recursos minerales, el Estado desarrolla dispositivos de legitimación, es decir, lleva las narrativas del desarrollo minero al instaurar un “régimen de verdad” que permita la extracción, esto es, implanta una realidad minera donde anteriormente no existía, encontrando en la cartografía una herramienta extremadamente poderosa donde se funde la dimensión política y las dinámicas de los territorios en una imagen que permita su saqueo. Cabe recordar que se necesita de esto, porque como dijo Ratzel (1988) “el Estado vive del suelo”, necesita extraer del suelo su vitalidad. Si esto es así, podemos decir que, las realidades mineras son falacias burguesas impuestas.

De acuerdo con lo anterior, los mapas de las áreas de abundancia mineral son espacios homogéneos, con pocas o nulas referencias a los pueblos que las ocupan, donde con un simple plumazo (Harley 2006) son afectados los ecosistemas y determinar el destino de muchas personas. La función de identificar las regiones, providencias, cinturones mineros y/o franjas tiene los mismos propósitos, como dice J. Harley, que “las armas de fuego y los barcos de guerra, pues han sido armas del imperialismo” (2006, 84) y del colonialismo en todas sus manifestaciones.

En la actualidad aún permanece intacta esta estructura de concebir lo desconocido para luego apropiárselo como sucede con la ciencia y sus modos de georreferenciar los recursos. En definitiva, “las líneas silenciosas de los mapas sobre el paisaje de papel, fomentan la idea de un espacio socialmente vacío” (Ibíd., 88). Ese es el poder de la cartografía eurominera.

Contrato neocolonial-minero para el control territorial

Ahora bien, la cartografía no es solamente un trazo que delimita áreas mineras, es producto también de un acuerdo que funciona como forma de pago entre Estados, empresas extractivas y bancos multilaterales. A esto le llamamos “contrato neocolonial minero” que negocia los espacios de las comunidades y pueblos, sin que estas estén enteradas de las concesiones otorgadas a las empresas extractivas por parte del Estado, sin consulta y consentimiento de las comunidades que tienen sus propias economías agroalimentarias y turísticas. Es de esta forma que las elites clásicas rentistas-mestizas latinoamericanas han sabido hacer sus negocios mineros mediante enclaves mediante conexiones internacionales directas pero subordinadas y dependientes.

Este contrato neocolonial consiste en que el Estado financia los estudios geológicos en su jurisdicción. Generalmente estos estudios se hacen con mucha precisión y detalle, porque no se puede dejar escapar ninguna franja minera. Posterior a estos estudios, el Estado oferta su potencial minero en el mercado mundial, llamando al sector extractivo global para que localice sus inversiones y establezca sus enclaves. También funciona como forma de pago de deuda externa, hace las veces de reserva mineras para futuros emprendimientos energivoros y/o responder a las políticas neoliberales sobre la Naturaleza. También sirve para inventariar los minerales a nivel planetario.

En la década de los años 90, el Banco Mundial en el marco de las políticas de liberalización de los minerales, asesoró y construyó la arquitectura política regional extractiva, para que todos los Estados latinoamericanos se disputasen el primer puesto en inversión minera. Por eso es que hace más de 30 años esta banca ha patrocinado el cambio de políticas y leyes con el fin de aumentar la inversión privada (Banco Mundial 2013).

De hecho, entre los años de 1988 a 2012, esta institución destino 1.400 millones de dólares en reformas al interior de los “Estados en desarrollo” dentro del marco de los ajustes estructurales. Esta década es determinante en Suramérica porque consolidaron una “mentalidad bruta de exportación”, al reeditar la colonialidad minera y la profundización de la elite dependiente nacional del sur con las metropolitanas del norte.

Dentro de estas reformas, iniciadas a fines del siglo XX y profundizadas en la actualidad, está el reconocimiento y el uso estratégico de los datos geológicos para entender mejor la disponibilidad de «minerales estratégicos» (Banco Mundial 2019). Es decir, el “contrato neocolonial minero” consiste en que el control territorial es ejercido por agentes globales, con fines de consolidar un “mapa minero planetario”, empezando por América Latina y el Caribe, que le permita a las potencias localizar sus inversiones. Es de esta forma que el capital puede circular por el espacio terrestre.

Asistimos a nueva fase de cartografiar la tierra toda para extraerla, someterla y consumirla, apoyándose en los Estados Nacionales. La cartografia como herramienta geo-estrategica y política permite el acceso controlado al territorio (Sack 1986) nacional. De acuerdo con lo anterior, pordemos concluir que los dueños del mapa se traduce en dueños del mundo de la tierra y de los minerales (Harley 2005), como en los tiempos de conquista y colonización (Dussel 1994).

Los mapas metalogenéticos es una herramienta de guerra contra los pueblos en Abya Yala. Por eso es que la megamineria entra a los territorios minando a los pueblos, es decir, los catea y luego los divide (Machado 2013), porque no se puede impedir el desarrollo del capital (Bautista 2014) y mucho menos de la modernidad. Por eso decimos que la modernidad es una aplanadora territorial. Absolutamente todo lo destruye, esa es su homogeneidad.

Referencias bibliográficas

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* Doctor en Geografía. Universidad Federal de Paraná, Brasil. Profesor de Historia de América Latina y educación ambiental y procesos comunitarios. Correo: cabadrestrepo@gmail.com.

El Jus Cogens Laboral: los derechos humanos laborales recogidos en normas imperativas del derecho internacional general Miguel F. Canessa Montejo

Introducción

Uno de los grandes logros jurídicos en el pasado siglo XX fue el reconocimiento de que la persona humana con independencia de su nacionalidad, género, raza, color, idioma, religión o convicción, origen étnico o social, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, opinión política o cualquier otra condición es titular de un conjunto de derechos básicos que deben ser respetados, protegidos y cumplidos por los Estados y por la comunidad internacional en su conjunto. Así, los derechos humanos se convirtieron en una referencia esencial en los ordenamientos jurídicos.

Los derechos laborales contribuyeron de manera importante a este logro jurídico. En el plano nacional, la Constitución mexicana (1917) y la Constitución de Weimar (1919) fueron los primeros textos constitucionales que elevaron los derechos laborales a la cúspide del ordenamiento interno. Luego fueron seguidos por la casi totalidad de las constituciones nacionales del siglo XX. Simultáneamente en el tiempo, en el plano internacional, se constituyó la Organización Internacional del Trabajo (1919) por medio del Tratado de Versalles, que también recogió una serie de principios fundamentales para el mundo del trabajo.

Posteriormente, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Miembros de la OIT elaboraron la Declaración de Filadelfia (1944), donde ampliaron las funciones del organismo internacional y especialmente señalaron la importancia del respeto de los derechos laborales básicos en las sociedades contemporáneas.

Por eso no fue una sorpresa que un grupo selecto de derechos laborales fuese incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Se entendió que el mundo del trabajo en el que se desenvuelven los seres humanos tenía que ser protegido por un conjunto de derechos laborales básicos que asegurase el respeto de la dignidad humana. Su inclusión se reafirmó en posteriores instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como los Pactos Internacionales de 1966, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), el Protocolo de San Salvador (1988), el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), las Cartas Sociales Europeas (1961 y 1988), la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos(1981).

Este selecto grupo de derechos laborales recogidos en instrumentos internacionales de derechos humanos son: la libertad de trabajo, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la discriminación de personas con responsabilidades familiares, la seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo (la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal remunerado, el descanso remunerado en feriado y las vacaciones periódicas pagadas), el derecho a una remuneración mínima, el derecho a la promoción en el empleo, el derecho a la formación profesional, el derecho a la información y a la consulta en el seno de la empresa, el derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de despido colectivo, el derecho a la tutela de los créditos en caso de insolvencia de sus empleadores, la libertad sindical, el derecho a la protección de los representantes de los trabajadores y facilidades para el ejercicio de sus funciones, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social (la asistencia médica, las prestaciones monetarias o seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos, las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las prestaciones de maternidad, etc.), la protección especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores migrantes y a los minusválidos.

Hay que considerar que estos derechos laborales básicos se encuentran recogidos en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, con lo que están sujetos al tipo de obligaciones jurídicas dispuesto por el instrumento internacional.

Ante la disparidad de términos que se usan para identificar a este importante grupo de derechos, he seleccionado el término derechos humanos laborales como el más apropiado, en razón de que no se trata de una denominación nueva o reciente en el Derecho Internacional. Su uso es continuo por las organizaciones internacionales y los organismos privados. A su vez, es un término que se usa indistintamente en los idiomas como equivalentes (derechos humanos laborales‟ en castellano; labour human rights‟ en inglés;droits humains de travail‟ en francés). De esta manera, se facilita su comprensión y se reducen eventuales confusiones. Asimismo, se debe resaltar que se trata de una expresión recogida por la jurisprudencia internacional para referirse precisamente a los derechos laborales señalados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Además, es un término funcional que permite incluir el listado completo de los derechos laborales básicos, sin rechazar que la técnica jurídica formule categorías, distingos o jerarquías dentro de sus componentes. Así se supera en flexibilidad a otros términos afines.

Finalmente, es un término que expresa con claridad la titularidad universal de la persona sobre esos derechos. Así entiendo que los derechos humanos laborales son todos aquellos derechos en materia laboral consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona, respetando la dignidad humana y satisfaciendo las necesidades básicas en el mundo del trabajo.

El presente Estudio pretende establecer si los derechos humanos laborales se encuentran recogidos en normas imperativas del Derecho Internacional general, dando forma a una categoría jurídica con particulares consecuencias jurídicas: el jus cogens laboral.

Esto conduce a abordar tres interrogantes que estructuran la investigación. En primer lugar, ¿qué son las normas imperativas (jus cogens) del Derecho Internacional general? En segundo lugar, ¿cuál es el contenido de un eventual jus cogens laboral? En tercer lugar, ¿cuáles son los efectos jurídicos del jus cogens laboral sobre los ordenamientos nacionales?

En términos metodológicos se han fijado tres criterios delimitadores en la presente investigación. En primer lugar, la investigación se enfoca en las normas imperativas del Derecho Internacional general y no en las normas imperativas de los ordenamientos nacionales, aunque ambas tengan como raíz común el Derecho Romano y compartan la indisponibilidad de su regulación. Como veremos posteriormente, el jus cogens se constituye sobre la aceptación y el reconocimiento de la práctica de la comunidad internacional, mientras las normas imperativas nacionales vienen establecidas por sus propios ordenamientos, mayormente fijadas por las Constituciones nacionales.

Esto explica porque determinados derechos puedan ubicarse dentro de las normas imperativas de los ordenamientos nacionales y, sin embargo, la práctica de la comunidad internacional no los haya considerado dentro del jus cogens del Derecho Internacional general.

De este modo, no podemos implementar una lectura que traslade mecánicamente el listado de derechos laborales establecidos en normas imperativas de los ordenamientos nacionales hacia el jus cogens del Derecho Internacional general, esto lo desnaturalizaría. En segundo lugar, esta diferencia de contenido de las normas imperativas entre ambos ordenamientos –internacional y nacional- no supone un cuestionamiento o socavamiento a su naturaleza imperativa.

Si la Constitución o el bloque de constitucionalidad resultan dispares respecto al listado del jus cogens internacional, esto no le resta un ápice el carácter obligatorio de estos derechos dentro de los ordenamientos nacionales. En tercer lugar, los derechos laborales recogidos en instrumentos internacionales de derechos humanos son el campo de intersección entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo, por lo que un correcto análisis no puede agotarse en las categorías del Derecho Laboral.

1. El Jus Cogens en el Derecho Internacional general

Las normas imperativas o de jus cogens en el Derecho Internacional general es uno de los temas más estudiados por la doctrina jurídica, por lo que no pretendo analizarlo en profundidad sino apoyarme en autores que ya lo han hecho, presentándolo de una manera breve y donde se resalten sus aspectos más sustanciales, especialmente en referencia a los derechos humanos.

La definición formal de una norma de jus cogens se encuentra en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969): “Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”[1].

El artículo 53 es el resultado de un largo proceso de discusión, primero dentro de la Comisión de Derecho Internacional (en adelante, CDI) y posteriormente en la Conferencia de Estados en Viena donde se aprobó la redacción de la Convención (1969)[2]. La CDI elaboró el artículo dentro de una definición formal con la finalidad que fuese la propia práctica de los Estados y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia quienes estableciesen su contenido material (CDI 1963: párrafo 231)[3].

A partir de la lectura del artículo 53 se desprende, en mi opinión, tres elementos de las normas de jus cogens.

En primer lugar, son normas imperativas del Derecho Internacional general. Esto significa que en caso de conflicto tienen preponderancia sobre cualquier norma convencional, declarando la nulidad de ésta por su contradicción con la norma de jus cogens. La justificación de su imperatividad reside en que son normas que consagran valores fundamentales de la Comunidad Internacional y por ende deben recibir especial protección[4].

Así, las normas imperativas pueden ser identificadas como uno de los pilares del orden público internacional[5].

En segundo lugar, son normas aceptadas y reconocidas por la Comunidad Internacional en su conjunto. Lo que no debe interpretarse que se requiere la unanimidad de sus Miembros para aceptarla y reconocerla[6]. Como afirmó el propio Presidente del Comité de redacción de la Convención de Viena (1969), el reconocimiento por la comunidad internacional en su conjunto, no significa necesariamente el reconocimiento por parte de todos y cada uno de los Miembros de la comunidad internacional para otorgar el carácter de jus cogens a una norma, lo que se requiere es una amplia mayoría que refleje los “componentes esenciales” de la comunidad internacional.

Como consecuencia, un Estado aislado o un número pequeño de Estados no pueden impedir que una norma general del derecho internacional adquiera carácter imperativo (citado por SIMMA 1994: 290-291). Con lo que se rechazaría la eficacia jurídica de cualquier objeción persistente sobre una norma de jus cogens, en tanto representaría poner en tela de juicio su carácter imperativo[7].

En tercer lugar, son normas inderogables que sólo pueden ser sustituidas por otra norma imperativa. En la traducción al castellano de las Convenciones se utiliza el término “una norma que no admite acuerdo en contrario”, que debe interpretarse como la inderogabilidad de la norma[8].

La inderogabilidad de una norma de jus cogens no tiene un carácter absoluto porque puede ser sustituida o reemplazada sólo por otra norma imperativa posterior. Lo sustancial es que la norma de jus cogens no puede ser derogada ni modificada por una simple norma convencional o consuetudinaria, o por un acto unilateral de los Estados.

En mi opinión, estas tres características tienen que ser concurrentes para identificar una norma de jus cogens, no basta que se manifieste una sola característica para calificarla como tal.

Existe la polémica si las normas imperativas del Derecho Internacional general se aplican sólo para los Estados que han ratificado o se han adherido a la Convención de Viena, o si también se extiende a la generalidad de los Estados. En mi opinión, la norma imperativa o de jus cogens es obligatoria para todos los Estados al ser reconocida y aceptada por la comunidad internacional en su conjunto. Por lo que no debe confundirse la regulación que cumple la Convención de Viena sobre la materia y el reconocimiento de la existencia de las normas imperativas que es obligatoria para todos los Estados[9].

El siguiente paso es tratar de identificar cuáles son las normas de jus cogens aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto. Como se ha señalado, queda en manos de la práctica de los

Estados y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia establecer cuáles son las normas de jus cogens. Si seguimos los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ), que goza de la legitimación internacional en identificar las normas imperativas del Derecho Internacional general, tanto antes como después de la elaboración de la Convención de Viena (1969), podemos concretizar un listado de normas de jus cogens.

El período previo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), la Corte Internacional de Justicia se concentró en formular la existencia de principios del Derecho Internacional asentados en la humanidad que resultan obligatorios para los Estados, pero sin precisar ejemplos claros sobre cuál es el contenido de esos principios.

El primer pronunciamiento relevante proviene de la sentencia del caso “Canal de Corfú” (9 de abril de 1949), en donde la Corte señala que existen obligaciones internacionales que están basadas en «determinado principio general y bien reconocido, a saber: consideraciones elementales de humanidad, hasta más exigibles en tiempos de paz que en la guerra» (CIJ 1949: 22)[10].

Luego, en la opinión consultiva sobre las “Reservas a la Convención para la prevención y sanción contra del delito de genocidio” (28 de mayo de 1951), la Corte resalta que existen principios fundamentales de la Convención que son reconocidos por las naciones civilizadas como vinculantes para los Estados (CIJ 1951: 23).

Después de la redacción de la Convención, la CIJ inicia una mayor concretización sobre las normas de jus cogens. En el caso “Barcelona

Traction” (5 de febrero de 1970), que se convierte en la sentencia paradigmática sobre el tema. La Corte resalta que «debe establecerse una distinción esencial entre las obligaciones de los Estados respecto a la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen respecto a otro Estado dentro del marco de la protección diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en cuestión, todos los Estados pueden ser considerados como poseedores de un interés jurídico en que tales derechos sean protegidos, las obligaciones de que se trata son obligaciones erga omnes. Estas obligaciones derivan, por ejemplo, en el Derecho Internacional contemporáneo, de la puesta fuera de la ley de los actos de agresión y de genocidio, pero asimismo los principios y normas concernientes a los derechos fundamentales de la persona humana, incluida la protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial» (CIJ 1970: 33-34).

La sentencia es coincidente con lo expresado en el artículo 53 de la Convención de Viena (1969) respecto a que existen “obligaciones” hacia la comunidad internacional en su conjunto, aunque en el tratado se alude a “normas imperativas” que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto. Un importante sector de la doctrina lo ha interpretado como una alusión indirecta a las normas de jus cogens[11].

Con su Opinión Consultiva sobre las “Consecuencias jurídicas para los Estados de la continuada presencia de Sudáfrica en Namibia” (21 de junio de 1971), la CIJ resaltó que el régimen de apartheid dentro de Namibia supone no respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza (CIJ 1971: párrafos 129-131).

En la sentencia sobre el caso del “Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán” (24 de mayo de 1980), la CIJ señala dos puntos importantes sobre esta materia. Por un lado, el reconocimiento del carácter fundamental del principio de inviolabilidad, estableciendo que hasta en el caso de un conflicto armado o en el caso de una violación de las relaciones diplomáticas, esas normas requieren que tanto la inviolabilidad de los miembros de la misión diplomática como de los locales, propiedades y archivos de la misión deban ser respetados por el Estado receptor (CIJ 1980: párrafo 86).

Por otro lado, que la privación abusiva de la libertad a los seres humanos y someterlos a condiciones penosas son en sí mismas manifiestamente incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como con los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (CIJ 1980: párrafo 91).

Posteriormente, con la sentencia sobre el caso “Asunto de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua” (27 de junio de 1986), la CIJ resalta que en los diversos trabajos de la Comisión de Derecho Internacional se reconoce como una norma de jus cogens la prohibición del uso o amenaza de la fuerza (CIJ 1986: párrafo 190)[12].

Igualmente, la sentencia sobre el caso “Timor Oriental” (30 de junio de 1995) resulta muy ilustrativo porque la CIJ subraya que el derecho de autodeterminación de los pueblos es una norma imperativa: «En opinión de la Corte, la afirmación de Portugal que el derecho de autodeterminación de los pueblos, como está desarrollado desde la Carta y desde la práctica de Naciones Unidas, tienen un carácter erga omnes, es irreprochable. El principio de autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y en la jurisprudencia de la Corte; este es uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo» (CIJ 1995: párrafo 29)[13].

En la Opinión Consultiva sobre la “Legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares” (8 de julio de 1996), la Corte recuerda su pronunciamiento sobre el caso “Canal de Corfú”, resaltando que las normas del derecho internacional humanitario son tan fundamentales para el respeto de la persona humana y las consideraciones elementales de la humanidad. Agregando que «estas normas fundamentales son para ser respetadas por todos los Estados hayan o no ratificado las convenciones que los contienen, porque ellos constituyen principios intrasgredibles del derecho internacional consuetudinario» (CIJ 1996: párrafo 79)[14].

Asimismo, en la sentencia sobre el caso “Actividades militares en el territorio del Congo” (3 de febrero de 2006), la Corte vuelve a reafirmar que «”los principios subyacentes de la Convención [del Genocidio] son principios que son reconocidos por las naciones civilizadas como vinculantes para los Estados, aún sin obligación convencional” y que una consecuencia de esa concepción es “el carácter universal tanto de la condena del genocidio y la cooperación requerida para liberar a la  humanidad de un flagelo tan odioso‟ (Preámbulo de la Convención)”.

De esto se sigue que “los derechos y obligaciones amparados por la Convención son derechos y obligaciones erga omnes» (CIJ 2006: párrafo 64). Este criterio se confirma nuevamente en la sentencia sobre el caso “Aplicación de la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio” (26 de febrero de 2007), cuando la CIJ señala que la prohibición del genocidio se encuentra en una norma imperativa del Derecho Internacional (jus cogens) (CIJ 2007: párrafo 161).

Finalmente, merecen mencionarse las recientes sentencias de la Corte Internacional de Justicia donde vuelve a pronunciarse sobre las normas imperativas del Derecho Internacional general. En el caso “Inmunidades jurisdiccionales de los Estados” (3 de febrero de 2012), la sentencia subraya que: «el asesinato de civiles en territorios ocupados, la deportación de los habitantes civiles como mano de obra esclava y la deportación de los prisioneros de guerra para el trabajo esclavo son normas de jus cogens» (CIJ 2012a: párrafo 93). En el caso “Cuestiones relacionadas a las obligaciones para perseguir o extraditar (20 de julio de 2012), la sentencia enfatiza que: «la prohibición de la tortura es parte de la costumbre internacional y se ha convertido en una norma imperativa (jus cogens) » (CIJ 2012b: párrafo 99).

A estos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia quiero agregar también los señalados por los tribunales y los órganos de control de derechos humanos, así como los desarrollados por la Comisión de Derecho Internacional, quien por su propia labor tiene la responsabilidad de analizar en profundidad esta materia.

En el caso de los tribunales regionales de derechos humanos, destaca la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados”, en donde: «Este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenecen al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho general. En la actual etapa de evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens» (Corte IDH 2003: párrafo 101).

Respecto a los tribunales penales espaciales, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (en adelante, TPIY) afirma que: «La expresa prohibición de la esclavitud en el Protocolo Adicional II de 1977, el cual comprende a los conflictos armados internos, confirma la conclusión que la esclavitud está prohibida por el derecho consuetudinario humanitario internacional más allá del contexto de un crimen contra la humanidad. La Sala considera que la prohibición de la esclavitud en situaciones de conflicto armado es inalienable, inderogable y un derecho fundamental, uno de las normas del núcleo de la costumbre general y del derecho internacional convencional» (TPIY 2002a: párrafo 353).

De igual forma, el Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona (en adelante, TEISL) sostiene que:

«La prohibición de la esclavitud es una norma consuetudinaria del derecho internacional y el establecimiento de esclavizar como un crimen contra la humanidad está firmemente consolidado. Así, la esclavitud con la finalidad del abuso sexual es una prohibición jus cogens de la misma manera como la esclavitud con la finalidad del trabajo físico» (TEISL 2007: párrafo 705).

El Comité de Derechos Humanos al abordar el tema de las reservas al PIDCP, señaló que «las disposiciones del Pacto que son de derecho internacional consuetudinario (y a fortiori cuando tienen el carácter de normas perentorias) no pueden ser objeto de reservas. Así pues, un Estado no puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud, de torturar, de someter a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de privar arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y encarcelar arbitrariamente a las personas, de denegar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de presumir que una persona es culpable hasta que demuestre su inocencia, de ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, de permitir el fomento del odio nacional, racial o religioso, de denegar a las personas en edad núbil el derecho a contraer matrimonio o el de denegar a las minorías el derecho a gozar de su propia cultura, profesar su propia religión o utilizar su propio idioma. Y, aunque las reservas a cláusulas concretas del artículo 14 puedan ser aceptables, no lo sería una reserva general al derecho a un juicio con las debidas garantías» (Comité DDHH 1994: párrafo 8).

En el caso de la Comisión de Derecho Internacional, hay una serie de comentarios sobre las normas imperativas en sus diversos documentos de trabajo. He seleccionado dos temas abordados por la Comisión donde se concentran esos comentarios: la propia elaboración del proyecto de la Convención de Viena (1969) y el proyecto de la “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos” (2001)[15].

En cuanto a los trabajos preparatorios de la Convención de Viena (1969), los diferentes Relatores responsables del tema dentro de la CDI fueron elaborando distintas propuestas que terminaron materializándose en el proyecto presentado a la Conferencia de Estados. Merece atención el proyecto del Relator Waldock, en la que se propone expresamente como causal de nulidad por violación de una norma imperativa: el uso o amenaza de la fuerza en contravención de la Carta de las Naciones Unidas; cualquier acto u omisión calificado por el derecho internacional de delito internacional; o cualquier acto u omisión a cuya eliminación o sanción deba contribuir todo Estado por exigirlo así el derecho internacional (citado por GÓMEZ ROBLEDO 1982: 40). Dicha propuesta fue suprimida dentro de las discusiones al interior de la CDI por considerar que era preferible no establecer un listado de casos de jus cogens.

Respecto al proyecto de la “Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”[16], se debe destacar especialmente los artículos 26 (Cumplimiento de normas imperativas)[17] y 40 (Aplicación del presente capítulo a las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general)[18], en donde la CDI considera que la violación grave de las normas imperativas generan una responsabilidad de los Estados[19]. En sus Comentarios al artículo 26 del proyecto, la CDI señala que «los criterios para identificar las normas imperativas de derecho internacional general son exigentes.

El artículo 53 de la Convención de Viena no sólo requiere que la norma reúna todos los criterios necesarios para ser reconocida como de derecho internacional general, vinculante como tal, sino que haya sido reconocida como de carácter imperativo por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto. Hasta la fecha, son relativamente pocas las normas imperativas reconocidas como tales.

Sin embargo, diversos tribunales, tanto nacionales como internacionales, han afirmado la idea de las normas imperativas en contextos que no se limitan a la validez de los tratados. Esas normas imperativas que son claramente aceptadas y reconocidas comprenden las prohibiciones de agresión, genocidio, esclavitud, discriminación racial, delitos contra la humanidad y tortura, y el derecho a la libre determinación» (CDI 2001: 216-217).

Igualmente, la CDI reitera que es inconveniente establecer ejemplos sobre las normas imperativas dentro del propio articulado del proyecto[20]. Por eso los ejemplos son plantearlos dentro de los comentarios a los artículos.

Así, sobre el artículo 40 señala: «Se conviene generalmente que, entre esas prohibiciones, la prohibición de la agresión ha de considerarse imperativa. Esto lo corroboran, por ejemplo, el comentario de la Comisión a lo que luego fue el artículo 53, las declaraciones no contradichas de los Gobiernos durante la Conferencia de Viena, las exposiciones de ambas partes en el asunto

relativo a las Actividades militares y paramilitares y la posición de la propia Corte en ese asunto. También parece haber un amplio acuerdo respecto de otros ejemplos citados en el comentario de la Comisión al artículo 53: por ejemplo, la prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos, el genocidio y la discriminación racial y el apartheid. Esas prácticas han sido prohibidas en tratados y convenciones internacionales que han gozado de amplia ratificación y que no admiten excepciones. En la Conferencia de Viena hubo acuerdo general entre los Gobiernos en cuanto al carácter imperativo de esas prohibiciones. En lo que se refiere al carácter imperativo de la prohibición del genocidio, está apoyado por diversas decisiones de tribunales nacionales e internacionales.

Aunque no se menciona específicamente en el comentario de la Comisión al artículo 53 de la Convención de Viena, también parece ser aceptado generalmente el carácter imperativo de ciertas otras normas. Esto se aplica a la prohibición de la tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 16 de diciembre de 1984. El carácter imperativo de esta prohibición ha sido confirmado por las decisiones de órganos internacionales y nacionales.

Teniendo presente que la Corte Internacional ha definido como “inconculcables” las normas básicas de derecho humanitario internacional aplicables en los conflictos armados, parecería estar justificado que se considerasen también imperativas. Por último, merece ser mencionada la obligación de respetar el derecho a la libre determinación. Como lo señaló la Corte Internacional en el asunto relativo a Timor Oriental, “el principio de libre determinación… es uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo”, que da lugar a la obligación de la comunidad internacional en su conjunto de permitir y respetar su ejercicio» (CDI 2001: 305-307).

Con todos estos pronunciamientos podemos establecer un listado de normas de jus cogens, que en algunos casos consagran principios del Derecho Internacional y en otros recogen derechos humanos y derechos humanitarios: la prohibición del genocidio, el principio de inviolabilidad de los diplomáticos y de sus locales, la prohibición de los actos de agresión, uso o amenaza de la fuerza, la prohibición de la esclavitud, el principio de igualdad de las personas ante la ley, la prohibición de la discriminación, la privación abusiva de la libertad, la prohibición de la tortura, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los principios del Derecho Internacional Humanitario[21].

No se trata de una lista cerrada porque la propia práctica de la comunidad internacional puede introducir nuevas materias dentro de ella.

Merece destacarse que sólo un grupo de derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales se ubican en las normas de jus cogens. Por tanto, no se puede afirmar –en la actual etapa del Derecho Internacional- que todos los derechos humanos son recogidos en normas de jus cogens[22].

Por supuesto, esto no impide que conforme evolucione el Derecho Internacional se reconozca a la totalidad del listado de los derechos humanos dentro de esta categoría de la dogmática jurídica.

En resumen, las normas de jus cogens del Derecho Internacional general son las normas imperativas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, que siendo inderogables establecen la nulidad de las normas internacionales que están en contradicción con ellas. Quedando su identificación a la práctica de los Estados y a la jurisprudencia internacional.

2. El Jus Cogens Laboral

En el listado de normas imperativas destacan claramente para el ámbito laboral dos derechos humanos: la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la discriminación racial. Entendiendo que estos dos derechos humanos laborales están recogidos en normas imperativas del Derecho Internacional. No obstante esto, se trataría de una interpretación restrictiva ante la propia evolución de la práctica internacional, en especial en los últimos años.

a) La prohibición de la esclavitud y de la servidumbre

Como se ha señalado, la prohibición de la esclavitud es identificada por la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction como una de las obligaciones erga omnes. Por lo que es indiscutible que se trata de un derecho humano recogido en una norma imperativa del Derecho Internacional[23].

El punto que merece analizarse es si la prohibición de la esclavitud se extiende también a la prohibición de la servidumbre, tomando en cuenta que ambas prohibiciones suelen ser consagradas conjuntamente en los instrumentos internacionales[24].

En primer lugar, ambos conceptos de esclavitud y de servidumbre pueden ubicarse dentro de las más graves violaciones de la libertad de trabajo. Para la OIT la esclavitud y la servidumbre son dos modalidades del trabajo forzoso u obligatorio[25].

Sin embargo, existen diferencias entre ambas figuras jurídicas por la distinta formulación legal de las prohibiciones. Por un lado, la esclavitud y la servidumbre se refieren a los sujetos que sufren esa condición, mientras que las prohibiciones del trabajo forzoso se refieren al tipo de relación existente entre el trabajador y su empleador[26].

Criterio que fue asumido por el Relator Especial de la CDI en su Quinto Reporte.

En segundo lugar, el concepto de esclavitud lo encontramos en el artículo 1 de la Convención sobre la Esclavitud (1926) cuando señala:

“La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. Esto se complementa con el Estatuto de Roma (1998): “Por «esclavitud» se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluidos el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños” (Artículo 7, 2, c). En el caso del concepto servidumbre lo podemos ubicar en la Convención suplementaria sobre la esclavitud (1956) bajo el artículo 1:

 “a) La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios; b) La servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”.

Al comparar ambos conceptos existe una raíz común que es la ausencia de libertad en la persona que ejercita el trabajo. En ambos conceptos la persona se convierte en un objeto que está a disposición de un tercero, ya sea como el ejercicio de atributos del derecho de propiedad o como el estado en que se ejerce autoridad sobre él.

En mi opinión, podría interpretarse que la mención de la prohibición de la esclavitud señalada por la Corte Internacional de Justicia incluye también a la prohibición de la servidumbre, en razón que los instrumentos internacionales los equiparan conjuntamente dentro de sus textos y porque comparten una raíz común en sus definiciones.

Refuerza este argumento el tratamiento jurídico simultáneo que le dispensan los instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4 párrafo 2, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 15, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27 párrafo 2, al regular la eventual suspensión de la aplicación de los derechos humanos ante una situación de emergencia nacional, expresamente señalan que la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la servidumbre se encuentran excluidas de este supuesto.

En resumen, postularía que tanto la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la servidumbre se encuentran recogidas en una norma imperativa del Derecho Internacional general.

b) La prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

Un tema colindante es la relación entre la prohibición de la esclavitud y la prohibición del trabajo forzoso, especialmente si ambas son figuras jurídicas equiparables o si son sustancialmente diferentes. Esto es más relevante desde que la Comisión de Derecho Internacional se pronunció en sus comentarios a su proyecto de Código de Crímenes en contra de la paz y de la humanidad (1996). Conforme a su artículo 18: Enslavement[27] es un crimen de lesa humanidad[28] y «Enslavement significa el establecer o mantener sobre personas una condición de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso contrario a las bien establecidas y ampliamente reconocidas normas del derecho internacional» (CDI 1996: 105).

Siguiendo a la CDI podríamos entender que enslavement agrupa a las tres figuras jurídicas, aunque siendo distintas cada una de ellas. Con posterioridad al comentario de la Comisión, el TPIY, apoyándose en el referido comentario, considera: «[que las] formas contemporáneas de esclavitud forman parte de enslavement como un crimen en contra de la humanidad bajo el derecho consuetudinario internacional» (la cursiva es mía) (TPIY 2002b: párrafo 117). De este modo, la jurisprudencia internacional considera que el trabajo forzoso está subsumido dentro de la prohibición de la esclavitud (enslavement) como un crimen contra la humanidad y forma parte dentro del listado de prohibiciones recogidas en normas imperativas del Derecho Internacional general.

Lo que se ha producido en realidad es que durante los últimos años hay un proceso de ampliación simultánea del contenido jurídico de la prohibición de la esclavitud (enslavement) y de la prohibición del trabajo forzoso, provocando una yuxtaposición entre ambas prohibiciones, aunque sin coincidir plenamente su contenido jurídico.

En el caso de la prohibición de la esclavitud, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud señala como sus modalidades: a) la servidumbre por deudas; b) la servidumbre; c) el trabajo forzoso; d) la esclavitud infantil; e) la esclavitud sexual; f) el matrimonio forzado; y g) la venta de esposas.

En el caso de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el Estudio General “Erradicar el trabajo forzoso” (2007) de la Comisión de Expertos de la OIT señala como sus modalidades: a) la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y otras formas ilícitas de trabajo obligatorio[29]; b) la trata de personas con fines de explotación[30]; c) el trabajo forzado u obligatorio impuesto por el Estado con fines de producción o servicios; d) la privatización de la cárceles y trabajo penitenciario; e) la pena de prestación de trabajo de utilidad pública; f) el trabajo obligatorio como condición para preservar prestaciones de desempleo; y, g) la obligación a realizar horas extraordinarias bajo amenaza de una pena. Esto podría explicar porque la jurisprudencia penal internacional alude de manera indistinta en sus pronunciamientos tanto a la prohibición de la esclavitud como a la prohibición del trabajo forzoso[31].

Si bien no existe un pronunciamiento judicial estableciendo que la prohibición general del trabajo forzoso u obligatorio se encuentra recogida en una norma imperativa o de jus cogens, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales resalta que la violación de la prohibición del trabajo forzoso configura un crimen contra la humanidad[32].

En sentido estricto, la jurisprudencia internacional apunta que algunas determinadas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso se encuentran recogidas por normas imperativas. Así, las ya mencionadas sentencias de la Corte Internacional de Justicia en materia de prohibición de la esclavitud. Asimismo, la sentencia de la Sala de Apelaciones del TPIY señala que en el momento pertinente a los presuntos delitos, las formas contemporáneas de la esclavitud (enslavement) formaban parte de la esclavitud como crimen de lesa humanidad bajo la costumbre internacional (TPIY 2002b: párrafo 117).

En el caso “Krnojelac”, el TPIY afirma: «la esclavitud constituye una violación del derecho internacional humanitario. La esclavitud es expresamente prohibida por el Protocolo adicional II, artículo 4 («garantías fundamentales»), (…). Además, los delitos de esclavitud o servidumbre se identifican como un crimen contra la humanidad en virtud de la Carta de Núremberg y el Estatuto de Tokio (la traducción es mía)» (TPIY 2002a: párrafo 352).

Así, como la mencionada sentencia del caso “Brima, Kanara y Kanu” ante el Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona, donde expresamente el Tribunal afirma que la prohibición de la esclavitud sexual se encuentra recogida en una norma de jus cogens (TEISL 2007: párrafo 705).

En resumen, algunas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, conforme al listado de la Comisión de Expertos de la OIT, se encuentran recogidas en normas de jus cogens, tales como: la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y otras formas ilícitas de trabajo obligatorio; y, la trata de personas con fines de explotación. En otras palabras, la intersección entre la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre con la prohibición del trabajo forzoso sería el contenido protegido por las normas de jus cogens.

c) La prohibición de las peores formas de trabajo infantil

En una situación similar al caso de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio se encuentra la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, conforme a la jurisprudencia internacional.

El artículo 3 del Convenio Nº. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil establece como sus modalidades:

“(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que son crímenes de guerra: la esclavitud sexual (artículo 8, 2, b, xxii)[33] y reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades (artículo 8, 2, b, xxvi). Estos dos crímenes internacionales coinciden con modalidades prohibidas de las peores formas de trabajo infantil[34].

Para el caso de la esclavitud sexual se ha mencionado anteriormente que la jurisprudencia internacional fue precisa en considerar que su prohibición se encuentra recogida por una norma imperativa del Derecho Internacional general. Para el caso del reclutamiento infantil, el Tribunal para Sierra Leona señaló que, con anterioridad a noviembre de 1996, el delito cristalizó en la costumbre internacional, independientemente de si comete en un conflicto armado interno o en un conflicto armado internacional (TEISL 2004: párrafo 17)[35].  Su configuración como un crimen internacional lo ubica dentro del orden público internacional.

De este modo, estas dos modalidades de las peores formas de trabajo infantil están recogidas en normas imperativas o de jus cogens, recibiendo sus perpetradores la condena de los tribunales penales internacionales. La tendencia de la jurisprudencia internacional sería incluir las restantes modalidades prohibidas de las peores formas de trabajo infantil señaladas por el Convenio Nº. 182 de la OIT.

d) La prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación

Respecto a la prohibición de la discriminación, igualmente la Corte Internacional de Justicia lo señala como una de las obligaciones erga omnes, pero refiriéndose específicamente a la prohibición de la discriminación racial. Lo que fundamenta la prohibición de la discriminación es asegurar que las personas no sufran ningún tipo de humillación en su dignidad humana motivadas por diferencias o distingos peyorativos. Sin duda, la discriminación racial ha sido la modalidad que más se ha presentado en la civilización hasta extremos como el apartheid. Por eso, no es extraño que la CIJ se haya pronunciado precisamente sobre ella. Pero no debemos interpretar que las demás modalidades discriminatorias son excluidas del ámbito de las normas imperativas.

El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda esta interpretación, al establecer el tribunal regional que la prohibición de la discriminación en sus diferentes modalidades es recogida por las normas de jus cogens del Derecho Internacional general. Así, señala que «no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición» (Corte IDH 2003: párrafo 101).

Apoyándome en el pronunciamiento de la CIJ y de la Corte Interamericana se puede afirmar que la prohibición de la discriminación en sus diferentes modalidades se encuentra recogida en una norma imperativa del Derecho Internacional general.

En conclusión, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, algunas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso y de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, así como la prohibición de la discriminación en el ámbito laboral, constituyen en la etapa actual del Derecho Internacional general los derechos humanos laborales recogidos en normas imperativas o de jus cogens.

3. La eficacia jurídica del jus cogens laboral en los ordenamientos nacionales

La conformación de un jus cogens laboral significaría que cualquier tratado internacional que esté en oposición a estos derechos humanos laborales sería nulo, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena. Aunque resulta difícil pensar que los Estados celebren un tratado que establezca la esclavitud o la servidumbre en sus territorios[36], con lo que en apariencia carecería de un efecto real sobre la normativa internacional.

Sin embargo, en la doctrina jurídica se discute si las normas imperativas también pueden declarar la nulidad sobre los actos unilaterales de los Estados que estén en oposición a ellas[37]. Esto resulta importante, porque es concebible una legislación interna o una sentencia judicial que estén en conflicto con una norma imperativa del Derecho Internacional general en vez de un tratado internacional.

En principio, un Estado está sometido a las normas de jus cogens, incluyendo las que recogen derechos humanos, por lo que está obligado a respetarlas tanto en el ordenamiento internacional como en el nacional. Esta obligación de respetar las normas imperativas del Derecho internacional en el ordenamiento nacional supone que los actos unilaterales del Estado también se encuentran sometidos a ellas.

Los internacionalistas que postulan la imperatividad de las normas de jus cogens sobre los actos unilaterales de los Estados lo justifican en diversos argumentos. En primer lugar, se señala que la violación de una obligación internacional impuesta por una norma imperativa puede darse por medio de un tratado o un acto unilateral y no se podría justificar que la violación desaparece por la validez del acto unilateral del Estado[38]. En segundo lugar, los Estados no serían inmunes por su jurisdicción nacional para contravenir una norma imperativa a través de un acto unilateral[39]. Aunque existe una práctica contradictoria sobre la materia[40]. En tercer lugar, las normas imperativas al imponer obligaciones erga omnes los hace prevalecer sobre la normativa nacional y su incumplimiento supondría una responsabilidad internacional del Estado infractor[41]. En cuarto lugar, las normas imperativas constituyen el orden público internacional y no cabe que sus efectos se vean restringidos por actos unilaterales de los Estados[42].

La jurisprudencia internacional también ha considerado que las normas imperativas se aplican sobre los actos unilaterales de los Estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene:

«En su evolución y por su propia definición, el jus cogens no se ha limitado al derecho de los tratados. El dominio del jus cogens se ha ampliado, alcanzando también el derecho internacional general, y abarcando todos los actos jurídicos. El jus cogens se ha manifestado, así, también en el derecho de la responsabilidad internacional de los Estados, y ha incidido, en última instancia, en los propios fundamentos del orden jurídico internacional» (Corte IDH 2003b: párrafo 99).

El TPIY en el caso Furundzija analizando la naturaleza de jus cogens en la prohibición de la tortura postula que tiene efectos interestatales:

«En el nivel interestatal, sirve para deslegitimar internacionalmente todo acto legislativo, administrativo o judicial que autorice la tortura. Carecería de sentido argumentar, por un lado, que debido al valor de jus cogens de la prohibición de la tortura, las normas consuetudinarias o convencionales que permitan la tortura serían nulas y sin efectos jurídicos ab initio y, posteriormente, hacer caso omiso de un Estado que, por decir, adoptase medidas nacionales autorizando o condenando la tortura o absolviera a sus autores a través de una ley de amnistía. Si tal situación llegase a ocurrir, las medidas nacionales, en violación del principio general y de toda disposición convencional relevante, produciría los efectos jurídicos mencionados anteriormente y, además, no se le concedería reconocimiento jurídico internacional.

Se podrían iniciar procedimientos judiciales por las víctimas potenciales si ellas tuvieran locus standi ante un órgano judicial o internacional competente para pedirle que declare que la medida nacional es ilegal internacionalmente; o la víctima podría plantear una reclamación civil por daños ante un tribunal extranjero, al que por tanto se le pediría inter alia que ignorase el valor jurídico de un acto nacional que la autorizó. Más importante aún es que los autores de la tortura que actuasen por cuenta de o beneficiándose de esas medidas nacionales pueden sin embargo ser declarados responsables penales de tortura, ya sea en un Estado extranjero o en su propio Estado bajo un régimen posterior. Expuesto más brevemente, a pesar de una eventual autorización nacional de un órgano legislativo o judicial en violación del principio que prohíbe la tortura, los individuos siguen obligados a cumplir ese principio» (TPIY 1998: párrafo 155)[43].

Los efectos que le reconoce el Tribunal a la prohibición de la tortura por su carácter de jus cogens pueden extenderse a todas las normas imperativas que recogen derechos humanos.

De igual modo, se ha interpretado desde la Comisión de Derecho Internacional cuando afirma: «Hasta la fecha, son relativamente pocas las normas imperativas reconocidas como tales. Sin embargo, diversos tribunales, tanto nacionales como internacionales, han afirmado la idea de las normas imperativas en contextos que no se limitan a la validez de los tratados» (CDI 2001: 216)[44].

Si cabía alguna duda sobre la aplicación de las normas imperativas sobre los actos unilaterales de los Estados, esto desaparece con la jurisprudencia internacional reseñada y los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional. En otras palabras, cualquier tratado internacional o acto unilateral de los Estados sería nulo si está en conflicto con los derechos humanos laborales recogidos en las normas imperativas del Derecho Internacional general.

Así, el jus cogens laboral gozaría de un carácter imperativo sobre el ordenamiento internacional como sobre los nacionales.

Si un tratado internacional o un acto unilateral de un Estado –una ley, una sentencia, una norma administrativa, etc.,- está en oposición con una norma imperativa del Derecho Internacional general sería declarado nulo.

Reflexión final

La inclusión de los derechos laborales en los instrumentos internacionales de los derechos humanos supuso colocar a este selecto grupo de derechos en la cúspide del ordenamiento internacional, con obligaciones vinculantes para los Estados y sometidos a procedimientos de control internacional.

En mi opinión, hay que resaltar la existencia de un jus cogens laboral.

En ese listado de normas imperativas del Derecho Internacional general establecido por la jurisprudencia internacional y la práctica de los Estados, se ubican: la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la servidumbre, algunas modalidades de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio y de las peores formas de trabajo infantil, y la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La importancia del jus cogens laboral reside en que cualquier tratado internacional o acto unilateral de los Estados sería nulo si está en conflicto con los derechos humanos laborales recogidos en las normas imperativas del Derecho Internacional general. Así, el jus cogens laboral gozaría de un carácter imperativo sobre el ordenamiento internacional y los ordenamientos nacionales, respectivamente.

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1980 Caso “Personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán” (Estados Unidos vs. Irán) La Haya, Sentencia de 24 de mayo de 1980.

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2012a Caso “Inmunidades jurisdiccionales de los Estados” (Alemania vs. Italia) La Haya, Sentencia de 3 de febrero de 2012.

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Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona (TEISL)

2004 Caso “Norman” Freetown, Decisión preliminar de 31 de mayo de 2004 (Cámara de Apelaciones).

2007 Caso “Brima, Kamara y Kanu” La Haya, Sentencia de 20 de junio de 2007.                                                                                                                     Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY)                    1998 Caso “Furundzija” La Haya, Sentencia de 10 de diciembre de 1998.        2001 Caso “Kunarac, Kovac y Vukovic” La Haya, Sentencia de 22 de febrero de 2001                                                                                                                       2002a Caso “Krnojelac” La Haya, Sentencia de 15 de marzo de 2002                    2002b Caso “Kunarac, Kovac y Vukovic” La Haya, Sentencia de 12 de junio de 2002 (Cámara de Apelación)                                                                                   2003 Caso “Krnojelac” La Haya, Sentencia de 17 de setiembre de 2003 (Cámara de Apelación)


[1] A su vez, el artículo 64 de la Convención de Viena formula la definición formal del jus cogens superveniens: “Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”.

[2] Una excelente investigación histórica sobre el proceso de elaboración de la Convención de Viena (1969) se encuentra en “El Ius Cogens Internacional (Estudio histórico-crítico)” de Antonio Gómez Robledo. México DF., UNAM, 1982.

[3] «Efectivamente, la Comisión de Derecho Internacional cuando preparó el proyecto de artículos que sirvió de base a los trabajos de la Conferencia, decidió no incluir ni siquiera ejemplos de normas de jus cogens, dejando su determinación a la práctica y a la jurisprudencia internacional» (PASTOR RIDRUEJO 2002: 43). Ver también (LI 2001: 510).

[4] «La razón porque determinadas normas poseen tal cualidad imperativa es por ser vistos en el reconocimiento universal de que esas normas consagran valores, las cuales no pueden estar a disposición de los Estados de manera individual. Esa es ciertamente el caso con las normas de derechos humanos fundamentales. Por tanto, el patrón de la formación de las normas de jus cogens es realmente difícil» (la traducción es mía) (SIMMA 1994: 292). Véase también (GÓMEZ ROBLEDO 1982: 113).

[5] «Puede afirmarse que, consideradas en su conjunto, expresan, se integran o constituyen el desarrollo de la práctica del núcleo esencial positivo de los principios constitucionales o fundamentales del orden jurídico internacional» (MARIÑO 2005: 81). Véase también (TOMUSCHAT 1993: 307).

[6] «Así, de acuerdo a la Convención, una norma imperativa necesariamente opera conforme para todos los Estados, y esto sobre la base de que la norma habiendo sido “aceptada y reconocida” como imperativa por “la comunidad internacional de los Estados en su conjunto”. Hay un acuerdo general entre los intérpretes que la ausencia de aceptación o hasta la oposición por parte de uno o varios Estados no es obstáculo para que la norma llegue a ser imperativa» (la traducción es mía) (GAJA 1981: 283). Véase también (MARIÑO 2005: 371) y (ORAKHELASHVILI 2012: 29).

[7] «El verdadero concepto de jus cogens hace razonable argumentar que las normas imperativas no admiten ninguna objeción persistente. Si la finalidad de la norma imperativa es permitir que el interés de los Estados prevalezca sobre el interés conflictivo de un singular Estado o un pequeño grupo de Estados, esta finalidad se frustraría si un Estado o un pequeño número de Estados les fuera permitido escapar de la aplicación de la norma imperativa sobre la base de la objeción persistente» (la traducción es mía) (RAGAZZI 1997: 67). Véase también (BYERS 1997:217).

[8] Tanto el texto en inglés (“as a norm from which no derogation is permitted”) y en francés (“en tant que norme à laquelle aucune dérogation n‟est permise”) se refieren expresamente a una norma inderogable.

[9]«Una norma de jus cogens cual ha sido reconocida y aceptada por la comunidad internacional en su conjunto conforme con el artículo 53 de la Convención de Viena y desde el cual ninguna derogación es permitida sería una norma del Derecho Internacional universal. Ningún Estado, incluyendo los que no son parte de la Convención, puede rechazar su fuerza obligatoria sobre ellos por medio de cualquier declaración u objeción. Esto es el resultado natural del inherente carácter en una norma de jus cogens. Por tanto, esta forma sería una excepción para la norma de que un tratado no puede imponer una obligación a un tercer Estado. Más específicamente, porque de su importancia, una norma de jus cogens requiere que cada Estado se compromete con la comunidad internacional en su conjunto sobre la obligación absoluta de cumplirla, y no sólo se compromete con la obligación relativa de cumplirla entre los Estados partes. Por tanto, esto sería obligatorio para todas las naciones» (la traducción es mía) (LI 2001: 514).

[10]Para GÓMEZ ROBLEDO, el término utilizado por la sentencia tiene que ser visto como un sinónimo de ius cogens (GÓMEZ ROBLEDO 1982: 195).

[11] «La sentencia de fondo del Tribunal Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, dictada el día 5 de febrero de 1970, contiene un dictum en el que se habla “de las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto” para caracterizar determinado tipo de obligaciones que denomina erga omnes, y que como ha dicho el maestro Miaja de la Muela, son en realidad las derivadas de normas de ius cogens» (PASTOR RIDRUEJO 1979: 581). Véase también (BYERS 1997: 230).

[12] Esto es reiterado por la CIJ en su Opinión Consultiva sobre “Conformidad con el Derecho Internacional de la Declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo” (22 de julio de 2010), donde resalta que el uso ilegal de la fuerza es una grave violación del Derecho Internacional general.

[13] En la Opinión Consultiva sobre “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado” (30 de septiembre de 2004), la CIJ reitera el carácter erga omnes del derecho de autodeterminación de los pueblos: «La Corte hizo claro que el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho erga omnes» (CIJ 2004: párrafo 88) y que Israel ha violado determinadas obligaciones erga omnes: «Las obligaciones erga omnes violadas por Israel son la obligación de respetar el derecho del pueblo Palestino a la autodeterminación y determinadas obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario» (CIJ 2004: párrafo 155).

[14] Posteriormente, la Corte reitera el carácter erga omnes de estos postulados: «En opinión de la Corte, estas normas incorporan obligaciones las cuales son esencialmente de un carácter de erga omnes» (CIJ 2004: párrafo 157).

[15] También hay material muy valioso en los documentos de la CDI sobre el proyecto de las “Reservas a los tratados”. Véase (CDI 2002: párrafos 59-100)

[16] El proyecto fue aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en sus sesiones 2702º a 2709º celebradas del 6 a 9 de agosto de 2001, remitiéndolo a la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo aprobó bajo la Resolución 56/82 (12 de diciembre de 2001), en la que toma nota de los artículos presentados por la CDI.

[17] El artículo 26 establece: “Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté de conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general”.

[18] El artículo 40 establece: “1. El presente capítulo se aplicará a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa del derecho internacional general. 2. La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable”.

[19] «Como parte de ese entendimiento, las referencias anteriores a violaciones graves de obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto y esenciales para la protección de sus intereses fundamentales, que en su mayoría se referían a la cuestión de la invocación tal como fue expresada por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la Barcelona Traction, se sustituirían por la categoría de las normas imperativas. Era preferible utilizar esta categoría, ya que se refería al alcance de las obligaciones secundarias y no a su invocación. Otra ventaja del método era que el concepto de normas imperativas estaba ya bien establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados» (CDI 2001: párrafo 49).

[20] «No es apropiado dar ejemplos de las normas imperativas a que se hace referencia en el texto del propio artículo 40, como tampoco se hizo en el texto del artículo 53 de la Convención de Viena.

Las obligaciones a que se refiere el artículo 40 dimanan de aquellas normas sustantivas de comportamiento que prohíben lo que ha llegado a considerarse intolerable porque representa una amenaza para la supervivencia de los Estados y sus pueblos y para los valores humanos más fundamentales» (CDI 2001: 305).

[21] También la doctrina se ha pronunciado sobre ejemplos de normas de jus cogens que en general coinciden con las mencionadas. Véase a manera de ejemplos: (ALEXIDZE 1981: 262-263); (CASSESE 1993: 77, 241); (GÓMEZ ROBLEDO 1982: 102, 155, 185); (MARIÑO 2005: 83-87); (MERON 2003: 418); (RAGAZZI 1997: 49-50); (VILLÁN DURÁN 2002: 100,111).

[22] «Dudaríamos ciertamente en pretender la naturaleza imperativa del cuerpo entero de los derechos humanos y humanitarios de hoy íntegramente» (la traducción es mía) (SIMMA y ALSTON 1992: 103). Ver también (VILLÁN DURÁN 227-228). Aunque para el Instituto de Derecho Internacional en su resolución del Congreso de Santiago de Compostela en 1989, se sostiene que los derechos humanos en general gozan de ser obligaciones erga omnes (citado por RAGAZZI 1997: 141-142).

[23] Se ha interpretado que la sentencia Barcelona Traction de la CIJ al señalar la prohibición de la esclavitud se extiende también a la prohibición del comercio de esclavos (RAGAZZI 1997: 106).

[24] El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 8 párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 4.1 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; el artículo 6.1 de la Convenio Americano sobre Derechos Humanos; el artículo 5 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Al lado de estos instrumentos internacionales mencionados, específicamente se han elaborado tratados universales sobre la materia. La Convención sobre la Esclavitud (25 de septiembre de 1926), el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (2 de diciembre de 1949), el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud (23 de octubre de 1953) y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (7 de septiembre de 1956). Mención aparte es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998) que dentro de sus artículos ubica a la esclavitud y otros actos inhumanos de carácter similar como crímenes de lesa humanidad (artículo 7, 1, c y k).

[25] Tanto en los Informes Globales de 2001, 2005 y 2009 sobre el trabajo forzoso, se consideran a la esclavitud y la servidumbre por deudas como formas tradicionales del trabajo forzoso (OIT 2001: párrafo 1; OIT 2005: párrafos 26 y 27; OIT 2009: párrafo 19 y 39).

[26] «Naturalmente, algunas manifestaciones de la esclavitud (por ejemplo, la servidumbre) a menudo se yuxtaponen con el trabajo forzoso, pero ellos deberían ser tomados separadamente debido a las diferencias esenciales en sus formulaciones legales de sus prohibiciones» (la traducción es mía) (DRZEWICKI 2001: 229). Ver también (OIT 2005: párrafo 16).

[27] Enslavement ha sido traducido oficialmente al castellano como “esclavitud”, aunque en sentido estricto no existe una traducción para dicha palabra en nuestro idioma. Más aún cuando existe el término en inglés slavery al que le correspondería dicha traducción. Sin embargo, el Derecho Penal Internacional interpreta que ambos términos son similares, conforme lo ha expresado en sus sentencias el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY 2001: párrafo 523) y (TPIY 2002a: 356) y el Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona (TEISL 2007: párrafo 743).

[28] El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo recogió en su artículo 7,1,c). De igual modo, fue recogido en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales: el artículo 5,c del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia; el artículo 3,c del Tribunal Penal Internacional para Ruanda; y, el artículo 2,c del Tribunal Especial Independiente para Sierra Leona.

[29] La Comisión de Expertos ubica dentro de esta modalidad a las servidumbres por deudas (OIT 2007: párrafo 71). Véase también (OIT 2009: párrafo 40).

[30] La Comisión de Expertos ubica dentro de esta modalidad a la explotación sexual y la prostitución forzosa (OIT 2007: párrafo 78).

[31] El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en el caso “Kunarac, Kovac y Vukovic” señala precisamente refiriéndose a la esclavitud (enslavement) que: «Esta definición puede ser más amplia que la tradicional y, a veces definiciones aparentemente distintas de la esclavitud, la trata de esclavos y la servidumbre, o trabajo obligatorio o forzados se encontrasen en otras áreas del derecho internacional. Esto se evidencia en particular por los distintos casos de la Segunda Guerra Mundial (…), que han incluido el trabajo forzoso u obligatorio en virtud de la esclavitud como crimen contra la humanidad. En las labores de la Conferencia Internacional del Trabajo, se discutió esto anteriormente, apoyando esta conclusión (la traducción es mía)» (TPIY 2001: párrafo 541). Véase también (TPIY 2002b: párrafo 117).

[32] Véase las sentencias (TPIY 2001: párrafos 539-543), (TPIY 2002a: párrafos 349-360), (TPIY 2002b: párrafos 116-124), (TPIY 2003: párrafos 191-203), (TEISL 2007: párrafos 739-749) y (TEISL 2008: párrafos 170-174).

[33] También es considerada la esclavitud sexual como un crimen contra la humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 7, 1, g) y, como también se ha resaltado en la jurisprudencia internacional analizada en el presente Estudio.

[34] También se encuentran recogidas en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículo 4, e) y en el Tribunal Especial Independiente de Sierra Leona (artículos 2, g, y 4, c,respectivamente).

[35] Véase también (TEISL 2007: párrafo 728).

[36] «De hecho, los Estados no concluyen acuerdos para cometer torturas o genocidios o esclavizar pueblos. Algunos ejemplos comunes de jus cogens citados en la literatura legal son en realidad hypothéses de école. Por otra parte, los Estados no están inclinados a contestar la absoluta ilegalidad de los actos prohibidos por el principio de jus cogens. Cuando dichos actos ocurren, los Estados lo niegan de hecho o justifican las violaciones de una manera sutil o con argumentos ingeniosos. Así, mientras el principio de jus cogens tiene un valor moral y potencial, su importancia práctica inmediata para la validez de los acuerdos es limitada. Sin embargo, cuando viene a balancear un derecho humano que ha asumido el status de jus cogens contra otro derecho humano que no ha ganado tan elevado status, el concepto puede ser relevante» (la traducción es mía) (MERON 1986: 190-191). Ver también (PASTOR RIDRUEJO 1979: 582); (GAJA 1981: 279).

[37] «Los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional sobre el artículo 50 (artículo 53), establecieron que la no derogación de una norma de jus cogens está permitido “incluso” por acuerdos entre Estados, así sugiriendo que alcanza más allá del derecho de los tratados fue contemplado. La aplicación de la doctrina del jus cogens para actos unilaterales es ampliamente, pero no unánimemente aceptado» (la traducción es mía) (MERON 2003: 421).

[38] «La necesidad por trasladar la causa de una posible violación de una obligación impuesta por una norma imperativa parece ser aplicable de la misma forma para los tratados y los actos unilaterales (…). Observando más allá de la Convención de Viena, parece razonable que si un acuerdo o un acto unilateral es nulo porque éste intenta justificar la violación de una obligación impuesta por una norma imperativa, la misma violación no puede ser justificada» (la traducción es mía) (GAJA 1981: 295).

[39] «Además, las normas imperativas pueden chocar con la inmunidad estatal de la jurisdicción de los Estados extranjeros, en que ellas pueden eliminar tal inmunidad. El juez Wald, un miembro de la Corte Federal de Apelaciones norteamericana, argumentó convincentemente en su Opinión Disidente en Princz vs. la República Federal de Alemania que “un Estado nunca es titular para una inmunidad de cualquier acto que contravenga a una norma de jus cogens, sin importar dónde o en contra de quien que actos fueron perpetrados”. También como el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia señaló en Furundzija, las normas imperativas pueden producir efectos legales “en el nivel del derecho local”: ellas deslegitiman cualquier acto legislativo o administrativo autorizando la conducta prohibida. Consecuentemente, medidas nacionales (incluyendo leyes nacionales otorgando amnistía a los autores de conductas prohibidas) no pueden ser acordes con el reconocimiento legal internacional o cualquier razón son no oponibles para los otros Estados (…). Es interesante resaltar que los tribunales españolas también han tomado recientemente esta posición conforme a las normas de amnistía, la cual ellos han señalado inaplicables por estar en contra del ius cogens (Casos Scilingo y Pinochet)» (la traducción es mía) (CASSESE 2005: 208).

[40] Véase la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el Caso Al Adsani vs. Reino Unido.

[41] «Una norma de ius cogens internacional general también exige, en abstracto, ser hecha prevalecer sobre cualquier norma de Derecho interno contraria a ella, incluso si pertenece a la Constitución estatal. Si no fuera hecha prevalecer por un Estado en un determinado conflicto entre normas, aquel incurriría en la correspondiente responsabilidad internacional que sería invocable por los procedimientos regidos por el propio Derecho internacional. Así, puesto que todos y cada una de esas normas imperativas imponen obligaciones erga omnes, es decir obligaciones frente a la Comunidad internacional cuyo cumplimiento puede ser exigido por todos los sujetos de su ordenamiento y en particular por todos los Estados, también todos estos pueden invocar tal responsabilidad internacional y, en el supuesto de haber sido “lesionados”, exigir una reparación plena» (MARIÑO 2005b: 827). Ver también (CANÇADO 2003: párrafo 70).

[42] «Del ámbito de la ley internacional está no solamente excluida la conclusión de tratados contrarios a estos principios, sino que todo otro acto o acción cuyo objeto o fin no guarde conformidad con estos principios debe igualmente considerarse como desprovisto de todo efecto… Si existe un ius cogens internacional, debe, en efecto, tener necesariamente por efecto el de producir la nulidad de todo acto jurídico y de toda acción de los Estados por causa ilícita. Si un acuerdo no conforme a las normas de ius cogens se tiene por nulo, es porque sus efectos son contrarios al orden público internacional. ¿Cómo podría entonces concebirse que este efecto no se extienda a todo acto o a toda acción jerárquicamente inferior a los tratados? (SUY, citado por GÓMEZ ROBLEDO 1982: 211-212). Ver también (CANÇADO 2003: párrafo 68).

[43] He tomado la traducción de (BOU FRANCH 290-291).

[44] Ver también (SIMMA 1994: 288).

FMLN: de partido de masas a secta Sergio Arauz Junio de 2019 (El Faro)

Durante los diez años en el poder, el colectivo de exguerrilleros que controlaban el FMLN y el gobierno extendieron entre su militancia la idea de que representaban a los miles de militantes. Más de alguno llegó a creer que sus ideas representaban al pueblo salvadoreño en general. Este colectivo decía practicar el centralismo democrático adoptado por las organizaciones marxistas leninistas, un concepto inventado para evitar largos debates y frenar el disenso que implica tomar decisiones en organizaciones acostumbradas al asambleísmo; un eufemismo para justificarse como autoridad y centralizar todas las decisiones en aras de ser más ágiles. Una agilidad que no sirvió para evitar la derrota más humillante de su historia y perder un millón de votos en el transcurso de cinco años.

Este fin de semana, el FMLN elige a su nueva dirigencia. Una que tendrá que defender una bandera que ya no promete ser mayoritaria y que parece estar resignada a competir por los residuos, residuos que alcanzan, en el mejor de los casos, para 10 diputados en las elecciones de 2021. Los más fuertes aspirantes a secretario general ya tienen pasados cuestionables: Arístides Valencia prometió $10 millones a las pandillas y representa los intereses de saliente secretario general. El otro es Óscar Ortiz, ex vicepresidente que representa el fracaso del gobierno de Sánchez Cerén, además de ser cuestionado por su sociedad con Chepe Diablo. Cledys Molina, la única voz autocrítica y sin pasado, no tiene padrino pero sí escasas probabilidades

El FMLN perdió un millón de votos por la decisiones cerradas y erradas de este colectivo que se repartió el control del gobierno y del partido en una mesa de menos de diez personas. Un grupito élite que nunca salió de la comodidad de su poder y se aisló entre sus fanáticos: burócratas.    

Esas ideas, bien distantes de la realidad, se extendieron hacia abajo. Tomaron decisiones basadas en información errónea, como cuando se aliaron a los partidos más cuestionados del espectro: PCN y GANA; o de cuando creyeron que el parche a la ley de pensiones era justo, o cuando usaron la maquinaria de esquilmar fondos públicos de la partida secreta. La mesa se blindó de ideas externas y fue así como el oxígeno de un partido que dice representar al pueblo empezó a extinguirse: todo dependía del pequeño grupo de veteranos y puristas comandantes. Unos puristas que justificaron una ley de amnistía general que favorece a los criminales y el despilfarro del primer presidente que llevaron al poder, Mauricio Funes. Justificaron lo injustificable.

La mesa del colectivo -cual concejo de ancianos o sanedrín- tenía fuertes debates, pero nunca transparentaron sus diferencias. Aunque no fue lo más grave. Esta mesa empezó a creerse el absurdo: creyeron a pie juntillas que las críticas externas provenían de una conspiración internacional contra la izquierda; empezaron a discursar sobre el avance de la derecha oligárquica y hasta llegaron a tal punto de creer que George Soros tenía una agenda en su contra. Empezaron a leer como ataque hechos muy cuestionables -por usar un eufemismo-.

Se negaron a explicar en público hechos que cualquier político está obligado a explicar. Sigfrido Reyes, uno de sus principales amigos exguerrilleros y asistente a las reuniones del colectivo, viajó una docena de veces en jets privados de Enrique Rais -empresario prófugo acusado de financiar mafias judiciales-. Hasta septiembre de 2017, Probidad cuestionaba a Sigfrido Reyes $1.4 millones en ingresos a sus cuentas bancarias. Óscar Ortiz, ex vicepresidente del país, se asoció a un presunto capo de la droga y su partido nunca rindió explicaciones al respecto. Hasta mayo de 2017, Probidad también le cuestionaba ingresos por casi $1.8 millones.  

Salvador Sánchez Cerén, el presidente y más prominente de los adscritos a la mesa del colectivo, nunca rindió cuentas a la prensa ni a nadie sobre casi nada. A parte de la más de una decena de parientes directos que metió a su gobierno, debe explicar el uso de $1.5 millones que recibió para gastos discrecionales mientras fue vicepresidente del país. Dinero proveniente de la partida secreta. El presidente más venerado por la izquierda pura usó casi $180 millones de partida secreta y recibió sobresueldos.

Por estos hechos, de los que sí son conscientes, es que están tan cómodos con una Corte Suprema de Justicia que ha empezado a desvanecer los casos más cuestionables. Todos son hechos documentados por instituciones autónomas y no han sido explicados racionalmente. Y estos son solo algunos de los ejemplos más emblemáticos del tipo de dirigentes que llevaron al FMLN al borde de la extinción.

El FMLN creció en pluralidad de ideas y corrientes de pensamiento mientras fue opositor. Cuando convirtió el disenso en sinónimo de traición, la pluralidad se extinguió. En función de una unidad artificial y tramposa, este partido llegó al punto de no permitir nuevas membresías por peligro de infiltración. José Luis Merino, cabeza principal de las empresa Alba, uno de los seis del colectivo, se adueñó de la lista de militantes y rechazó miles de peticiones de afiliación. Es por eso que hoy el FMLN dejó de parecer una iglesia popular y es casi una secta.

La elección del próximo domingo 16 de junio no augura un cambio. Los dos más fuertes aspirantes a asumir como Secretario General del partido tienen un pasado sucio y cuestionable. Si la izquierda no se recompone seriamente y, por el contrario, juega a ser comodín, ¿quién será la oposición legislativa de Nuevas Ideas y el gobierno del Nayib Bukele?

Las alternativas creíbles del capitalismo mundializado. François Houtart

Antes de hablar de alternativas, es necesario disponer de buenos análisis sobre la mundialización contemporánea de la economía capitalista. En efecto, esta última es más que el fruto de la tecnología, como a menudo la presentan para subrayar el carácter inevitable. De hecho, ella se inscribe en el interior de un proceso de recomposición de la acumulación del capital, conocido bajo el nombre de “consensus de Washington”.

Esta última fase se caracteriza sobre el plano del mecanismo, por la integración mundial de diversas etapas de la producción y de la distribución en lugares geográficos diferentes, sobre todo, gracias a las nuevas técnicas de la comunicación y de la informática (Robert Reich, 1993].

Ello ha hecho de la mundialización, como lo escribe Michel Beaud (Gemdev, 1999, 11), un “movimiento orgánico englobante”. Ella desemboca sobre una gigantesca concentración del poder económico, lo mismo que sobre el crecimiento de la “burbuja financiera”, facilitada por el abandono del patrón oro.

En cuanto a su función, se trataba de reforzar la parte del capital privado en los recursos producidos en relación con aquellos del trabajo y del Estado, seguidos por más de treinta años de política keynesista (o fordista) en las sociedades occidentales y el seguimiento de un desarrollo nacional y populista en la mayoría de los países del Sur. La baja de la productividad en el primer caso y el costo de las transferencias de tecnología y de know how en el segundo caso, fueron los factores decisivos en el cambio de orientación.

Es cierto, esta política permite mantener un crecimiento económico importante y sin embargo frágil, tal como testimonian las diferentes crisis. Ella empuja un considerable desarrollo tecnológico. Pero igualmente ha desembocado en el reforzamiento del poder de una minoría sobre el mundo con un débil efecto de arrastre sobre las capas sociales intermedias y el rechazo de millones de seres humanos en la pobreza y la extrema pobreza.

En efecto, para acrecentar su posibilidad de acumular, frente a una productividad decreciente de los sectores socialmente desarrollados de la economía, el capital ha dirigido una ofensiva contra los otros beneficiarios del producto social, el trabajo y el Estado, con las consecuencias sociales que ya conocemos, sobre todo en el Sur. No se trata, pues, de una mundialización cualquiera.

Una de las bases del sistema económico capitalista es de afirmar y hacer creer que no hay alternativas, que es necesario empujar la liberalización hacia adelante con el fin de poder resolver los problemas en suspenso y que el mercado es el verdadero regulador de la sociedad.

Los más abiertos entre sus seguidores dirán, en la línea de los neoclásicos, que es necesario procurar el restablecimiento de las leyes de la competencia para combatir los monopolios. Algunos agregan, incluso, que importantes sectores de la actividad humana pertenecen al sector no mercante y que un mínimo de Estado es indispensable para fundar eficazmente el cuadro legal del mercado, asegurar las tareas de educación y salud, realizar las infraestructuras colectivas y garantizar el orden público. En fin, frente a la inquietante tasa de miseria, todos están de acuerdo en poner en pie los programas de lucha contra la pobreza y movilizar los organismos voluntarios, especialmente religiosos, para remediarla.

Pero lo que no es reconocido en esos medios sigue siendo el hecho que el mercado es una relación de fuerza que, en el marco del sistema económico existente, construye las desigualdades y las requiere para poder reproducirse. Ello pertenece a su propia lógica: la rivalidad de intereses, la competencia, el mejor (el más fuerte) gana, acrecentar el beneficio, reducir los costos de producción, flexibilizar el trabajo, privatizar

En una tal perspectiva, la relación social entre los miembros necesariamente tiende a la desigualdad, principalmente en la relación capital/trabajo. Más aún, la relación mercantil tiende a volverse la norma del conjunto de las actividades colectivas de la humanidad, después de la educación y la salud, hasta la seguridad social, las pensiones, los servicios públicos, las prisiones… Entonces, ¿cómo abordar las alternativas?

I. La cuestión teórica de las alternativas

La cuestión fundamental es saber si realmente existen alternativas al sistema económico actual que, de hecho, domina el conjunto del planeta, comprendidos algunos países socialistas en transición hacia el sistema de mercado. ¿sería entonces una objeción válida decir, en la línea de Adam Smith, que el capitalismo toma el ser humano tal cual es, mientras que las alternativas lo enfocan tal como se quisiera que sea?

En otras palabras, ¿Serían las alternativas -teniendo en cuenta las más recientes experiencias- meras utopías? En efecto, la historia del bloque soviético parece dar la prueba del fracaso de las soluciones de recambio. El socialismo real no es más una referencia creíble; de ahí, el vacío ideológico que deja el puesto al “pensamiento único”.

Más aún, solamente ahora se comienzan a estudiar las múltiples razones internas y externas que han provocado la caída de los regímenes del Este (Eric J. Hosbawn, 1999, 483-517). De otra parte, la creación destructora, que caracteriza el capitalismo, toma dimensiones planetarias y las contradicciones que conlleva sobre los planos ecológicos y sociales se vuelven cada vez más insoportables en el sentido literal de la palabra.

Las resistencias se multiplican en diversos medios, sobre numerosos planos y en el mundo entero, en la búsqueda de alternativas. Sin embargo, nadie cree que pueda producirse un cambio en un lapso de corto tiempo, por una simple revolución política. El fracaso del socialismo real, al menos, habrá hecho tomar conciencia del hecho de que toda transición es un proceso de largo aliento.

Evidentemente, aún no es tiempo de hacer una síntesis de las proposiciones alternativas, tanto en el orden del pensamiento, como en el de las prácticas. La fascinación del mercado es omnipresente. Es suficiente con echar una mirada sobre China o Vietnam, para constatar que este último se volvió el objeto de la última consigna del partido comunista y que la integración a la mundialización es presentada como un objetivo nacional. Incluso si en esos países han encontrado algunas soluciones originales para conciliar mercado y socialismo, la integración de dichas perspectivas en el proyecto político está sumergida por la lógica del capitalismo, que no deja ninguna margen de maniobra. Sin embargo, frente a la opción neoliberal, se presentan hoy en día dos corrientes de alternativas: la neokeynesista y la poscapitalista.

1. La corriente neokeynesista

Esta orientación preconiza, en su modelo teórico, la aceptación de la lógica del mercado como motor de la economía, pero a condición de regular el sistema, de limitar sus efectos perversos e impedir que no desemboque sobre los abusos. Esta parece para muchos una solución razonable y realista.

El modelo de referencia es, en este caso, el de la sociedad europea de después de la segunda guerra mundial, con sus pactos sociales entre el capital y el trabajo, con el Estado como garante y árbitro de la repartición de las riquezas.

En una cierta medida, fue también así, en el Sur, la característica del modelo de Bandoung, según la expresión de Samir Amin, es decir, un proyecto de desarrollo nacional y populista formulado por los países recientemente independientes de Asia y Africa, igual para América Latina (desarrollismo). En esas regiones, la alianza entre una burguesía emergente y el sector organizado de los trabajadores de la economía formal se anuda en torno a un proyecto de desarrollo por sustitución de las importaciones.

La idea consiste en aplicar a escala mundial los principios del keynesianismo y de regular el sistema económico capitalista. Después del ultraliberalismo que condujo a la desregulación del mercado, de los flujos financieros y de la organización del trabajo y que engendra los programas del ajuste estructural, deformando las funciones del Estado, el reloj comienza su trayectoria inversa.

Se trata de restablecer las condiciones de la competencia, tratando siempre y al mismo tiempo de reducir la destrucción del medio ambiente y las injusticias sociales. Como hoy en día el problema no se plantea solamente a nivel de Estados, es necesario encontrar los medios de una regulación mundial y construir, a este efecto, los instrumentos adecuados. Según el neokeynesianismo, a ese nivel se plantea el problema de las alternativas.

Esta corriente conoce numerosas variantes, en dependencia de si los protagonistas ponen el acento sobre las regulaciones cuyo fin es salvar el capitalismo o sobre el establecimiento de los límites destinados a respetar un principio de precaución (ecología) y a salvaguardar los derechos elementales (trabajadores, la soberanía de los Estados…).

En la primera categoría puede situarse a ciertos voceros del Foro Internacional de la Economía, que tienen sus asientos anuales en Davos, incluido George Soros, genio de la especulación y filósofo de la economía, sin olvidar a ciertos dirigentes del Banco mundial y del FMI. En la segunda parte, el abanico es igualmente vasto, después de la Tercera vía de Toni Blair y de Bill Clinton, muy próximas según las cuentas, de la primera orientación, hasta la socialdemocracia y la democracia cristiana, ambas se pronuncian por una “economía social del mercado”.

Lo que caracteriza el conjunto de sus diversas posiciones es que ellas no vuelven a cuestionar la lógica del capitalismo, pero que tratan de remediar sus abusos y sus excesos. El capitalismo salvaje es rechazado, sea porque pone en peligro el sistema mismo, sea porque sus costos ecológicos y sociales son muy elevados.

En el primer caso, se basa sobre una ética interna del sistema: las reglas del juego deben ser respetadas, pero para hacerlo debe funcionar mejor. En el segundo caso, el juicio, más o menos severo, porta sobre los efectos perversos del sistema, atribuidos sobre todo a los agentes económicos, que es necesario enmarcar en las normas y controlar mejor. Entonces, la ética consiste en hacer un llamado a la conciencia de los actores en presencia y a establecer un cuadro normativo para el funcionamiento de la economía. La doctrina social de la Iglesia se sitúa netamente en esta línea.

2. La corriente poscapitalista

Aquí se considera la organización de la economía sobre otras bases diferentes a la del capitalismo, o de la que hoy en día llamamos, para parecer más civilizados, la economía de mercado (según Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, se trata de la misma cosa).

Es la lógica misma del capitalismo que se pone en tela de juicio, o sea, una economía de mercado centrada sobre ella misma o una actividad capaz de generar un máximo de beneficio que se traduce en acumulación, fuente de la actividad productora y del crecimiento. A ello el poscapitalismo opone una definición diferente de la economía: se trata de una actividad que permita asegurar las bases materiales del bienestar físico y cultural del conjunto de los seres humanos.

Mientras que la primera definición da más valor al esfuerzo de los individuos, de los cuales en esta visión de las cosas, la suma constituye la sociedad; la segunda definición, subraya el hecho de que la economía es una construcción colectiva y recuerda que el mercado es una relación social.

Se trata entonces de una crítica más fundamental que la posición neokeynesista e inevitablemente va a parar sobre las proposiciones de alternativas más radicales. Ello merece un examen más profundo, antes de abordar la cuestión de la credibilidad.

Cierto, entre los protagonistas del poscapitalismo hay divergencias. Encontramos una izquierda revolucionaria, que estima que la toma del poder es la llave de un cambio rápido y radical.

Cruzamos también los que se pueden curiosamente calificar de “conservadores” y que, en los países ex socialistas o, si se quiere, oficialmente socialistas, promueven un retorno a las soluciones soviéticas, incluso al estalinismo, en un esfuerzo de conjurar o de evitar el caos mafioso del mercado sin rienda, tal como por ejemplo se experimenta hoy en día en Rusia. Mientras tanto, la mayoría de los otros admiten la idea de que la transición hacia un modelo alternativo de economía es un proceso de larga duración.

Hoy en día se ha comenzado un esfuerzo teórico serio que reúne en un dialogo, antes impensable, a los pensadores marxistas de diversas tendencias y a los intelectuales de izquierda de diferentes orígenes, librepensadores y creyentes. Es cierto que la investigación teórica se encuentra aún en sus inicios, pero ha sido bien empezada, como lo prueban actividades como la celebración en París del 150 aniversario del Manifiesto del Partido Comunista, que reunió 1500 intelectuales de los cinco continentes y se constató la existencia de varias revistas que abordaron el tema.

Evidentemente, es apenas posible señalar el conjunto de las perspectivas consideradas; el aporte de Lucien Sève en su obra Commencer par les fins, es bien importante. El analiza sin concesiones los fracasos del socialismo real, pero aboga también por una reflexión teórica que no desprecie el pasado y que permita proseguir un trabajo intelectual; enfrenta con osadía al capitalismo en una perspectiva radical: “Rebasar el capitalismo sigue siendo, en el sentido más propio y más fuerte de la palabra, una revolución, o sea, un radical “derrocamiento” del orden existente” (Lucien Sève, 1999, 97); el autor insiste sobre la necesidad de la reflexión teórica para la acción.

Algunos dirán que se trata de una utopía. En respuesta, los protagonistas del proyecto les toman la palabra, pero dan al término un sentido diferente, el que Paul Ricoeur llama “la utopía necesaria”, es decir, un objetivo no precisado en el tiempo, pero que sintetiza las aspiraciones colectivas. En dicha condición, utopía no es sinónimo de irrealizable; pero la teoría no puede pararse ahí.

Debe también examinar los datos del análisis social y económico, permitiendo así dar cuenta de las experiencias del pasado y apreciar las múltiples resistencias al sistema capitalista que se manifiestan hoy en día. En efecto, estas últimas no son todas antisistémicas ni necesariamente aptas para formular las hipótesis de acciones alternativas, lo que recuerda la necesidad de criterios de juicio.

Para que una alternativa concreta sea creíble, no es suficiente con que ella funcione. Es necesario que se inscriba en un conjunto más vasto y que forme uno de los elementos de la construcción del objetivo último, sin el cual ella no puede transformarse rápidamente en uno de los elementos del sistema existente, este último posee una enorme facultad de adaptación y de absorción, de donde la importancia de la teoría para la construcción de las alternativas.

Queda bien claro que, para esta corriente, las alternativas se sitúan en la superación del capitalismo. Una tal gestión implica también un juicio ético. Como ya lo hemos dicho, los partidarios del neoliberalismo ponen en relieve, de una parte el estímulo de la iniciativa individual, que ellos estiman ser valorizante para el ser humano y, de otra parte, la convergencia de los intereses contradictorios que se anulan en el mercado, lo que conforma el carácter autorregulador de este último.

Algunos van incluso más lejos, como Michael Novak, quien en Estados Unidos defiende la idea de que el capitalismo es la forma de organización de la economía más próxima del evangelio, ya que ella alía el respeto de la persona con el bien común o, aún más, Michel Camdessus, ex director del FMI, quien declaraba una semana antes de su demisión, en un simposio de Pax Romana en Washington, que el FMI es uno de los elementos de la construcción del Reino de Dios.

La necesidad de rebasar el capitalismo supone, pues, una condición ética a la búsqueda de las alternativas. Es también -en la medida en que uno puede deslegitimarlo- posible movilizar la opinión pública y hacer converger las acciones. Ahora bien, en la perspectiva poscapitalista, esta acción va más lejos que una simple condenación de los abusos. Para reproducirse a largo plazo, todo sistema y especialmente el sistema capitalista tiene necesidad de instancias críticas que le permitan corregir sus disfuncionamientos. Es por eso que las reacciones, incluso radicales, no llegan a recuestionar las bases teóricas de su construcción, terminando por serle útiles.

La deslegitimación propuesta por el poscapitalismo, antes de ser moral, se apoya sobre la incapacidad del capitalismo de responder a las exigencias mínimas de la economía, definida como un mecanismo del conjunto social, que debe garantizar la seguridad material de todos los individuos y de todos los pueblos. Es lo que la repartición de las ganancias en el mundo, expresada en forma de copa de champaña por el gráfico del PNUD, muestra muy claramente.

Karl Polanyi, economista norteamericano de origen húngaro, lo había comprendido bien cuando explicaba que el capitalismo había desenclavado la economía de la sociedad y había hecho de ellas “una sola”.

Es necesario agregar que el capitalismo tiende a imponer sus leyes al conjunto de las actividades colectivas de la humanidad. El proyecto a largo plazo es de reinsertar la economía en la sociedad y por esta razón, el mismo autor no duda en proclamar la superioridad moral del socialismo sobre el capitalismo (Karl Polanyi, 1995).

Para la corriente poscapitalista, la reacción ética frente a los abusos se inscribe en una visión más global, ya que estos últimos no son simples accidentes del camino ni el resultado de perversiones individuales. El análisis poscapitalista los estima connaturales al sistema, lo que fácilmente es confirmado por el hecho que los mismos agentes económicos del “capitalismo civilizado” y comprendidos aquellos del capitalismo dicho “rhénan”, en el Sur y/o en el Este europeo, los promotores del “capitalismo salvaje”.

La rentabilización del beneficio o la ley de la competencia no conoce límites en el marco de las relaciones de fuerza. Es en la medida en que el capitalismo encuentra resistencias organizadas, cede terreno, pero no sin utilizar la represión, la fuerza, las dictaduras políticas e incluso las guerras para defender sus intereses.

En esta perspectiva, se trata de construir otra mundialización, la de las resistencias y las luchas (F. Houtart y F. Polet, 1999). Frente a la “globalización” del capital, se encuentra una fragmentación de los movimientos populares o de las organizaciones de defensa de diversos derechos, parcelación debida a la diversidad geográfica y sectorial. Sólo una convergencia permitiría construir una nueva fuerza. A pesar de sus imperfecciones, la acción contra la OMC comenzada en Seattle es un importante aliciente.

Los progresos tecnológicos y las cuestiones ecológicas también tienen su lugar en la visión poscapitalista. Los primeros no aparecen como un fin en sí, menos aún como un medio de rentabilizar el beneficio, pero sí como un medio para mejorar la suerte de los seres humanos sobre el conjunto del planeta; de ahí la atención sobre las condiciones sociales del desarrollo de las tecnologías (los costos humanos), de su función en el sistema económico (suprimir el empleo o bien mejorar las condiciones de trabajo), del reparto de sus aportes en las sociedades (reservadas a una minoría o repartidas entre todos), del caracter ético de su aplicación (biotecnología) y de sus consecuencias sobre el medio ambiente natural (CO², etc.).

En cuanto a los factores ecológicos, éstos son objeto de una atención particular, pues si Marx había dicho, hace siglo y medio, que el capitalismo destruye las dos fuentes de su misma riqueza, la naturaleza y los seres humanos, los regímenes socialistas no estuvieron nada atentos a las exigencias de la ecología. Nunca jamás, dirán los partidarios de una solución poscapitalista, el principio de precaución exige que la utilización de la naturaleza escape a la lógica de la mercancía y se inscribe en un marco que hoy en día sólo puede ser mundial.

Como el mercado es una relación social, en muchos casos es el derecho del más fuerte el que se impone. En la actual coyuntura, incluso si el polo central del capitalismo se encuentra repartido entre los tres elementos de una tríada que comprende Estados Unidos, Europa y Japón, que en conjunto, disfrutan de numerosos monopolios económicos, científicos y estratégicos, la fuerza militar que garantiza el sistema se encuentra en las manos de Estados Unidos.

Thomas Friedman, consejero de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, escribía en el New York Times Magazine del 28 de marzo de 1999, un artículo titulado “Para que la mundialización funcione, Estados Unidos no deben tener miedo de actuar como la superpotencia invencible que es en realidad”, y dice: “La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald’s no puede extenderse sin McDonnell- Douglas, el fabricante del f-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de la Silicon Valley se llama el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de los Estados Unidos (Thomas Friedman, 1999, 61).

Tal declaración tenía, al menos, el mérito de la franqueza. La oposición al hegemonismo norteamericano se inscribe en dicha perspectiva y el cuestionamiento de la OTAN, que es una expresión mayor, no tiene otras razones (Samir Amín, 1999). Ella se manifestó en ocasión de la guerra de Kosovo, como fruto de un análisis que va más allá de lo inmediato y que se inscribe en la perspectiva global del poscapitalismo. El inicio de la institucionalización de la defensa europea que siguió esta guerra manifiesta una cierta conciencia de las contradicciones existentes al mismo seno de la tríada y ello indica también la posibilidad de una alternativa.

II. Las alternativas concretas

Cada uno de los dos proyectos a los que acabamos de referirnos propone alternativas; el primero, la orientación neokeynesista, con el fin de humanizar el capitalismo; y el segundo, el poscapitalista, para rebasarlo. El concepto de alternativa es entonces ambivalente, ya se trate de alternativas que se sitúan en el interior de la economía capitalista o las que preconizan una alternativa al sistema capitalista. Ambas formulan un pensamiento teórico, construyen una ética, alimentan las resistencias y proponen las etapas concretas.

Coinciden sobre algunos puntos políticos y recomiendan ciertas regulaciones, como por ejemplo la de los flujos financieros internacionales, pero la filosofía de base es muy diferente. Hay que estar atento para no equivocarse, pues numerosos factores de orden social e incluso cultural juegan su papel para desnivelarlos.

De otra parte, en ambos lados se habla hoy de alternativas (en plural), pero en sentidos igualmente distintos. Para los unos, no hay más objetivos globales, estos últimos presentan un riesgo de regreso a otro “pensamiento único”; en cambio, existe un conjunto de soluciones concretas que permiten presentar alternativas creíbles a la solución contemporánea, reconocida como insostenible. Es la concepción que más se acerca a las posiciones neokeynesianas.

Para los otros, las alternativas concretas no son creíbles que en la medida en que ellas se inscriben en un reemplazamiento progresivo del sistema capitalista, es decir, como etapas en una transición inevitablemente larga. Después de todo, ¿no le fue necesario más de cuatro siglos al capitalismo para construir sus bases materiales de su reproducción (la industrialización y la división del trabajo)?

Es normal, entonces, que otro modo de producción también tome su tiempo para construirse. “El problema del socialismo, decía Maurice Godelier, es que tuvo que aprender a caminar con las piernas del capitalismo”. La nueva revolución tecnológica podría ayudar a transformar las cosas, pero es obvio que ello no se hará automáticamente.

Antes de proponer los campos concretos en los cuales las alternativas creíbles son presentadas hoy en día, recordemos tres cosas. La primera es que las alternativas, que son el fruto de actores sociales, no pueden surgir más que de la deslegitimación de la situación existente, es decir, del capitalismo real. Esta etapa es indispensable. En otros términos, es necesario destruir la idea de que no hay más alternativas.

En efecto, en la medida en que una tal convicción siga prevaleciendo, ninguna solución será creíble y los juegos serán hechos con avance; de aquí la importancia del papel de las instancias morales para aquellos que quieren regular el sistema económico existente y, a la vez, para aquellos que quieren reemplazarlo.

El segundo recordatorio es acerca del hecho de que el mercado es una relación social y de que, en el marco de la mundialización, su transformación no se hará sino en el seno de un nuevo equilibrio que exija una convergencia de las resistencias y de las luchas a la misma escala. No se trata de utilizar solamente simples técnicas económicas o de gestión para cambiar el sistema económico y sus prolongaciones sociales, políticas y culturales. Hay, entonces, un abanico de acciones sociales y políticas indispensables a la puesta en marcha de las alternativas.

La tercera observación: es necesario cambiar el sistema (adaptarlo o reemplazarlo, según las perspectivas), pues la simple suma de alternativas, tan múltiples como sean, no bastarían para alcanzar este objetivo. Sin embargo, existe una cantidad de lugares y numerosos actores, probablemente muchos más que hace medio siglo. Hoy en día, el conjunto de las poblaciones del universo está implicado directa o indirectamente en las relaciones sociales del capitalismo:

directamente por la relación capital/trabajo; indirectamente por un gran número de otros mecanismos, como la fijación de los precios de los productos agrícolas de exportación o de las materias primas, los mecanismos de la deuda externa, la apertura de los mercados, la fluctuación de las monedas o la especulación financiera. En efecto, ¿cómo explicar no solamente la existencia de más de 20 millones de desempleados en Asia del Este y del Sur- Este, a partir de las crisis bancarias y financieras, sino también por el hecho que los dalits (intocables) de India se subleven en las luchas de castas (y no de clases), precisamente a partir del momento en que el país decreta la apertura de la economía a los principios del liberalismo, incluyendo entre otros la supresión de los subsidios a la alimentación de base; o más aún, que la revuelta de los pueblos indígenas de Chiapas en México coincide con la misma fecha de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Cómo comprender la radicalización social de los movimientos feministas en el Sur, sin ponerla en relación con la feminización de la pobreza? Y podríamos multiplicar los ejemplos.

Así, las alternativas concretas (en plural) pueden ser consideradas sea como parapeto puesto al sistema, sin que este último no sea impugnado en su lógica fundamental, sea tanto como jalonear en la vía del rebasamiento. Es cierto que algunas proposiciones concretas pueden a veces coincidir con las diferencias de intensidad, pero a veces también se revelan casi idénticas.

La regulación de los flujos financieros es propuesta tanto por George Soros como por ATTAC, movimiento de origen francés, en favor del impuesto Tobin. Pero entre los dos polos representados, de una parte por el financiero americano y, de otra, por la iniciativa del Le Monde Diplomatique, hay mucho más que matices. Los últimos objetivos son opuestos; el primero quiere salvar el capitalismo y lo declara muy abiertamente. El segundo quiere sobrepasar, incluso si junta diversas corrientes.

Para abordar el problema de las alternativas creíbles, es necesario situarse en tres niveles diferentes: el de la utopía, el de los objetivos a mediano plazo y el de las medidas concretas. Desde luego, a estos tres escalones, debemos agregar hoy en día numerosas ideas, proposiciones y experimentaciones.

1. El nivel de las utopías

Hablando de las utopías, recordemos que no se trata de una ilusión, sino de un proyecto movilizador. Este último no puede ser una pura construcción del espíritu; debe ser enraizado en lo real, a sabiendas que este último se inscribe en un espacio y en un tiempo que forman una red de condicionamientos para los actores sociales que las ponen en marcha. No hablaremos aquí de la utopía neoliberal, que expresándose por la voz, entre otras, del primer director de la OMC, veía el fin de todas las miserias del mundo y la realización de la felicidad de la humanidad, a partir del primer cuarto del siglo XXI, a condición de liberar totalmente la economía. Es precisamente el olvido -quizá no tan inocente como parece a primera vista- de considerar el mercado como una relación social que vuelve ilusoria esta posición.

Las dos orientaciones, neokeynesista y poscapitalista, rechazan identificar la utopía con un futuro mítico, separándose radicalmente en el nivel de la definición del objetivo último. La primera concibe un mercado regulado, obedeciendo a los imperativos fijados por fuera de sí mismo y garantizados por las autoridades públicas, posición bastante cercana -por ciertos aspectos- a las neoclásicas, deseando sobre todo recrear las condiciones de la competencia, lo que quizá permite comprender el acercamiento entre liberales sociales y socialistas de la Tercera vía.

Para la lógica poscapitalista se trata de derrocar la lógica del capitalismo y, por ende, establecer las nuevas reglas del juego económico: el reemplazamiento de la noción de ganancia por el de necesidad, la toma en cuenta de la manera social de producir en el proceso de producción y en el desarrollo de las tecnologías, el control democrático no solamente del campo político, sino también de las actividades económicas, el consumo como medio y no como objetivo, el Estado como órgano técnico y no como instrumento de opresión, etc. Desde luego, en función de estos criterios las experiencias del socialismo real son juzgadas hoy en día por esta corriente, con el fin de analizar lo que no funcionó y el por qué.

El nivel de las utopías debe traducirse en programas; es, pues, necesario dar un paso más. Como ya lo hemos dicho, las alternativas a mediano y corto plazos, propuestas por las dos corrientes que no aprueban la fase neoliberal de acumulación capitalista, se ocultan muy frecuentemente. Son, entonces, los lugares de convergencia los que vamos a evocar.

2. Las alternativas a mediano plazo

Utilizando la expresión “a mediano plazo”, indicamos los objetivos generales que se estiman alcanzables pero que o, bien, deben ser traducidos en un gran número de proposiciones más concretas, tomadas de las alternativas a corto plazo y que se organiza según sus posibilidades o, bien, necesitan de un largo combate, frente a las fuerzas de oposición que encuentran. En seguida vamos a recorrer los dos campos principales de acción: de una parte, las alternativas económicas y sus dimensiones sociales y, de otra parte, las alternativas políticas.

a) Las alternativas económicas y sus dimensiones sociales

En el campo económico, el primer objetivo de una alternativa a mediano plazo es otro tipo de modulación de los intercambios mundializados. En efecto, la oposición a la mundialización no apunta sobre la universalización de las transaciones pero sí, sobre la manera como ellas se realizan en el mercado capitalista. Es eso lo que ha sido expresado en Seattle y en Bangkok.

Algunos sectores de las actividades interhumanas deben situarse por fuera de la lógica de mercado, so pena de perder su sentido. Es el caso de la cultura, la educación y de los medios de comunicación. La apertura de los mercados debe procurar márgenes de maniobra a las economías débiles. La libre circulación no puede concernir únicamente a los capitales y los bienes, sino que debe también incluir a las personas.

Las actividades especulativas que dominan la economía mundial deben ser canalizadas o totalmente eliminadas, etc. Para cada uno de estos puntos, se han propuesto soluciones.

La mundialización actual favorece los intereses económicos de las naciones más fuertes y, a la vez, a las empresas transnacionales en pleno proceso de concentración; los reagrupamientos económicos regionales constituyen igualmente otra manera de situarse en la “globalización”. De hecho, estos últimos corresponden a dos perspectivas alternas: de una parte, podrán responder progresivamente y mejor a las necesidades de las poblaciones, diversificando los intercambios internos y de otra parte, constituirán una base más sólida de negociación en una economía mundializada y ofrecerán así, un punto de partida a una pluripolaridad económica y política futura, frente a la unipolaridad actual, la de la tríada (Europa, Japón y Estados Unidos), bajo la hegemonía de estos últimos.

Para modificar las relaciones Norte-Sur, hay otro aspecto de la mundialización contemporánea; se trata de levantar los obstáculos al desarrollo de las economías dependientes, cambiando completamente la orientación de los flujos financieros que convergen hacia las economías desarrolladas, consecuencia de su peso en las relaciones mundiales.

Dichos obstáculos están constituidos por la fluctuación de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas, los subcontratos y las zonas francas, a condiciones fiscales y sociales draconianas, la importancia del servicio de la deuda, las exigencias de las inversiones extranjeras, las tasas usureras de inversión a corto plazo (capitales golondrinas), la evasión de los capitales locales hacia lugares de más alta rentabilidad, etc. En todos esos dominios, las soluciones están avanzadas y algunas, de entre ellas, ya son parcialmente aplicadas o sometidas a discusión.

Continuando con las materias directamente ligadas a la mundialización, la reducción del comercio de armas y su estricto control internacional forman también uno de los objetivos a mediano plazo de las alternativas, como también las armas de destrucción masiva, de las cuales el control debería ser objeto de un poder realmente internacional y no solamente depender de algunas naciones que dominan el orden mundial.

Existen proyectos en ese sentido y son creíbles en la medida en que una voluntad política pueda ser despejada. Después del fin de la Guerra Fría, se ha hablado de “dividendos de la paz”. Esta noción, que ha conocido un debate de ejecución, podría ser entendida.

Como las alternativas significan una transformación o un reemplazo del capitalismo, hoy en día mundializado, no es suficiente con abordar únicamente la dimensión espacial, sino que es necesario también tener en cuenta una lógica que actualmente se ejerce a nivel mundial. En ese dominio, el primer aspecto es el de los límites puestos a la lógica mercante. Entre los que proponen las alternativas, nadie piensa en abolir el mercado, pues, si este último es una relación social, puede también construirse sobre la base de una verdadera reciprocidad.

A este efecto, el desarrollo de una economía social, incluso si el contexto actual limita considerablemente sus potencialidades, abre la vía a más de una solución, comprendida la propiedad de los medios de producción por el conjunto de los productores. Concretamente, se demuestra por los frenos puestos a la concentración de las empresas, escapando por ese cauce a las legislaciones o, aún más, por el paro de las privatizaciones en todas partes y sobre un plano positivo, por devolver el valor a los sectores no mercantes, en tanto que contribución real a “la riqueza de las naciones”. Lo anterior es objeto de reivindicaciones concretas de varios movimientos sociales.

La reorganización del proceso de producción y de distribución, que conoce en la actual fase neoliberal una etapa de considerable desregulación en función del criterio de rentabilidad, es también una de las alternativas a mediano plazo. Concierne sobre todo cuatro sectores: en primer lugar, la revalorización del capital productivo por relación al capital financiero, a fin de parar el decrecimiento relativo del primero y de reducir el carácter especulativo del segundo; luego, una utilización crítica de las tecnologías para evitar que la rentabilidad no sea el único criterio de su desarrollo y de su aplicación, introduciendo otros parámetros, tales como el bienestar humano, la dignidad de las personas, el respeto a la naturaleza.

En tercer lugar, se encuentra la redefinición del trabajo, que ha sido profundamente modificado por las nuevas tecnologías, pero que debe ser organizado en función de otros parámetros diferentes de la competencia salvaje entre las empresas (y que desemboca en la flexibilización del tiempo de trabajo, la individualización de los trabajadores, el trabajo de los niños, la presión sobre los costos de la cobertura social y de la seguridad de los lugares de trabajo, etc.).

Es necesario citar el factor ecológico, del que las exigencias son cada vez más reconocidas. Es posible que a corto plazo este último elemento sea el mejor e incluso forzar la adopción de alternativas a la lógica capitalista, ya que no es posible continuar con el actual curso de las cosas, caracterizado por la explotación de los recursos no renovables y la destrucción del medio ambiente para la simple obtención de un beneficio a corto plazo.

Sobre un plano más general, puede decirse que los diferentes objetivos alternativos van en el sentido indicado por Polanyi de reinsertar la economía en la sociedad, sometiéndola a los imperativos sociales y ecológicos. La cumbre de las Naciones Unidas en Copenhague y la de Río de Janeiro (la Agenda 21), muestran que no es pura ilusión, incluso si los resultados concretos son todavía desalentadores. Recordemos sin embargo que la interpretación de esos objetivos alternativos a mediano plazo es diferente en las perspectivas neokeynesista y poscapitalista y que ello puede también tener una repercusión sobre las vías propuestas para su realización.

b) Las alternativas políticas

Las alternativas económicas no tienen ninguna oportunidad de salir a la luz sin las alternativas políticas. En efecto, la mundialización actual da al sistema económico capitalista un predominio del poder, es decir, una enorme capacidad de imponer sus normas al funcionamiento de la vida colectiva. En el sentido extenso de la palabra, el contrapeso sólo puede ser político; de ahí, un cierto número de objetivos a mediano plazo. Sobre el plano mundial, esencialmente se trata de reforzar las organizaciones internacionales y de democratizarlas.

Ello también concierne el Consejo de Seguridad, en su papel de mantener la paz, así como las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas. En cuanto a las organizaciones nacidas de la conferencia de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI y, más recientemente, la OMC) que se volvieron los instrumentos eficaces de la aplicación del Consensus de Washington, el regreso a su función original de regulación del sistema económico mundial, sobre otros criterios diferente a la simple rentabilidad del capital, es una de las perspectivas alternativas seriamente consideradas. Todo ello va a la par con la restauración del Estado en su papel de garante de los objetivos sociales y de las preocupaciones ecológicas, con el reforzamiento de su eficacia técnica y el crecimiento del control democrático a todas las escalas.

La realización de dichos objetivos alternativos a mediano plazo dependen, en el plano internacional, de tres factores esenciales: una convergencia de las resistencias al capitalismo y de las luchas sociales a todos los niveles; una voluntad política de todos los Estados; y el desarrollo del Derecho Internacional. Incluso puede afirmarse que la dinámica de estos tres factores va a dirigir la posibilidad de realización de las alternativas.

En el primer caso, el establecimiento de redes de movimientos sociales y la organización de acciones comunes están en curso de realización. En 1999, algunos eventos simbólicos sacaron a la luz pública su existencia, por ejemplo El Otro Davos, que reunió a cinco movimientos sociales importantes de 5 continentes, para afirmar que existe otra manera de concebir la economía mundial diferente de la del mercado, y la acción común llevada a cabo en Seattle, entre los sindicatos obreros norteamericanos, especialmente y otros movimientos sociales de diferentes categorías y de diversas regiones del mundo.

Algunas iniciativas a nivel de los Estados, especialmente sobre el plano regional, manifiestan una voluntad política de encontrar alternativas, por ejemplo el Merco-Sur y ASEAN, que desarrollan proyectos económicos, en clara oposición al establecimiento de zonas de libre intercambio entre países de la región y Estados Unidos. En el plano del Derecho Internacional, es necesario señalar las numerosas iniciativas en el dominio de los derechos humanos y del Derecho de los Pueblos en relación con el Derecho Mercantil, entre otras, las iniciativas del Tribunal Permanente de los Pueblos y de la Liga Internacional por los Derechos de los Pueblos.

3. Las alternativas a corto plazo

Para que pueda hablarse de alternativas creíbles, es necesario fijar no solamente una finalidad y formular los objetivos a mediano plazo, sino también hacer las proposiciones a corto plazo, que puedan construir la base de las acciones reivindicadoras y de programas políticos.

Es imposible hacer un catálogo, pero es suficiente con dar algunos ejemplos que prueban que la posibilidad de crear alternativas existe.

La mayoría se sitúa en el dominio de las regulaciones, pero se inscribe como etapas en un proceso a más largo plazo, sea para humanizar la relación social capitalista, sea para transformarla. Pueden clasificarse en diferentes campos: Regulaciones económicas: tasación de las operaciones financieras internacionales (tasa Tobin); fiscalidad regional e internacional; supresión de paraísos fiscales; anulación de la deuda de los países pobres; reagrupamientos regionales bajo la forma de mercados comunes o de zonas de cooperación económica; reestructuración de las instituciones financieras internacionales, etc.

-Regulaciones ecológicas: protección de los recursos no renovables; protección de las riquezas biológicas; establecimiento de reglas internacionales sobre la polución; aplicación efectiva de la Agenda 21, etc.

-Regulaciones sociales: legislación internacional del trabajo; código de conducta de las inversiones internacionales; participación de los organismos representativos de los trabajadores en las instancias regionales e internacionales, etc.

-Regulaciones políticas: constitución de poderes regionales con competencia reguladora en materias económica y social; reorganización de los órganos de las Naciones Unidas; gestión mundial del patrimonio ecológico y cultural; parlamento mundial, etc.

-Regulaciones culturales: protección de las producciones culturales nacionales y locales.

En conclusión, las alternativas existen. Que ellas son creíbles, no hay ninguna duda. Al final de cuentas, su realización está ligada a la voluntad de ponerlas en marcha. En ese momento la credibilidad no se sitúa en el nivel de las alternativas, pero si al de acción colectiva. Existen formas sociales capaces de portar los proyectos alternativos a corto y mediano plazos. ¿Existe una voluntad política para realizarlos? Ese es otro debate que sería bueno abrir rápidamente.

El marxismo y el postmodernismo del siglo XXI (2008). Tomás Rodríguez León

De la visión clasista a la visión sectorialista

A partir de la llamada crisis de los paradigmas y de la derrota parcial de la izquierda producida tanto por la caída el muro de Berlín como también por el no triunfo de la revolución en Centroamérica muchos sectores de la izquierda  decidieron abandonar los viejos planteamientos clasistas, y tirar con baúl y todo a los clásicos del marxismo, para integrarse  a desarrollar planteamientos pluriclasistas, pluralistas y democráticos que abarcarían a un espectro mucho más amplio de la sociedad, asumiendo una visión francamente social democrática de la política.

Ganar representatividad en  el sistema político y  en las rutinas parlamentarias son parte del  primer mecanismo ideológico de una nueva «racionalidad democrática» que sustituya la perspectiva insureccional. Se impulsa entonces la recuperación del gradualismo evolucionista y se abandona toda perspectiva revolucionaria.

Ser de izquierda será en adelante enfrentarse a las consecuencias del capitalismo en sus expresiones de coyuntura (se ponen de moda las conductas antineoliberales) más que oponerse al sistema y menos presentar el socialismo como oferta histórica.

Las identidades políticas ya no son ubicadas dentro de contenidos ideológicos, sino construcciones surgidas de  ilusiones imaginarias,  compulsiones simbólicas y  asedios de lo real. En otras palabras ya no habrá  sujeto político al que liberar  (la clase obrera no pesara más  en la conciencia izquierdista) y se retorna al socialismo del siglo XVIII (utópico) queriendo construir algo en el SIGLO XXI.

El tránsito primero a la institucionalización y luego a la construcción de una izquierda social, presionaron para un expresión más política y para revelar algo de contenido ideológico articulado a una  propuesta para insertarse en el juego del poder, en ese contexto no era ni prudente ni deseable recuperarse en la vida con el marxismo ya satanizado por la burguesía triunfante  iniciándose  el abandono de toda concepción clasista. A la postre, teóricos jubilados de Europa le darán formato a este vacío conceptual. Nace, así, la teoria post moderna del socialismo del siglo XXI.

La izquierda nueva o post moderna, por sus resultados, es una necesidad de autorregulación del sistema, ubicada  como elemento organizador frente a la  dispersión y desorganización de los  conflictos de los individuos y grupos, que ya produciría consecuencias disgregadoras para el propio sistema social.

Entonces, lógicamente  la visión clasista  involucionará hacia una visión sectorializada de la sociedad en donde primero y a través de una corriente social se lideran las urgencias  y aspiraciones de grupo y luego se armaran colectivos políticos para  los intereses confusos de todos. Mientras el mundo capitalista se globaliza y homogeniza, la izquierda claudicante se fragmenta en las parciales reivindicaciones o en la suma de parcialidades.

La estructuración de un lenguaje explicatorio será una racionalidad obligada como un mecanismo de simplificación de todas las  complejidades y confusiones, más aun cuando la realidad de las masas se asimila a la oferta de alternabilidad que le ofrece esta izquierda. Como  manifestación de estos discursos o lenguajes  se ira  forjando a una  «tematización» conexa al  sistema político.

Emergen entonces nuevos enunciados como ciudadanía, partidocracia y otros verbos y neologismos que ponen en olvido la nomenclatura y el glosario de la elaboración científica del socialismo marxista

Los nuevos sujetos sociales

A partir de la reelaboración equivoca de la realidad y suponiendo que la derrota conceptual del análisis  dialéctico era verdad superada, se evidencia el franco parcelamiento de las expresiones sociales. La micro mirada en lo cotidiano y local sobre-determinará  el peso de un nuevo lenguaje donde la opresión de género, el discrimen étnico, las “culturas subalternas”, se expresan como nuevos sujetos que emplazan y reemplazan a totalitarias vanguardias de otros tiempos (la clase obrera, la concepción proletaria).

La pretensión de avanzar a la socialización a través de la democracia o de reconocerse en las profundidades de una democracia ideal que nace de lo correctivo de los males agregados de la sociedad capitalista y no desde su esencia, es la clave para entender los desvaríos del pensamiento innovador imperante. Para quienes planteamos la vigencia del marxismo, los problemas sociales son consustanciales al ordenamiento económico de la sociedad burguesa y no distorsiones del concepto o construcción democrática.

La veracidad del pensamiento burgués se traduce en su más alta representación y será  el propio imperialismo el pionero en la aceptación de un nuevo marco de referencia “democrático” donde se trastoca el discurso posmodernista de la pequeño burguesía  que se escuda, para hablar en sus propio discurso, en imaginarios izquierdistas.

Asi, mientras se masacra a pueblos enteros, el ejército norteamericano, acepta a homosexuales en sus filas, pone a mujeres a torturar en prisiones  de Irak, recibe a latinos y negros en los altos mandos del ejército  y la  consejera de seguridad,  figura clave del poder imperial, (mujer y negra) Condoleza Rice, reivindica la presencia de la raza  ya no excluida, dando paso a que el nuevo candidato demócrata afro americano, sentencie la  incuestionable realidad de la democracia incluyente, fruto del vientre imperial.

Los giros lingüísticos

Lo post se presenta, no solo como lo  ulterior necesario o lo ulterior cronológico sino que se impone como lo tangencial moderno. Ser post es equivalente a “ser mejor”…superación de….lo post moderno, el post marxismo, el post estructuralismo serian la convocatoria a renunciar lo viejo y a la aceptación de lo posibilísticamente cierto, es decir lo post como necesidad y virtud. En este concepto se inserta el neologismo de socialismo del siglo XXI.

Un aspecto analizados por Néstor Kohan, destaca en la cultura de los post la sobre utilización de las S  donde  se reemplaza los singulares por los plurales de manera que;  no existe resistencia sino “resistencias” no existe izquierda sino “izquierdas” ni imperialismo sino “imperialismos” y constituye uno de los tantos síntomas de frivolidad y superficialidad  donde el estilo es el mensaje[1]

Utilizar el lenguaje puede significar encubrir con el lenguaje, negarle la singularidad al imperialismo, puede significar diluir las responsabilidades específicas y concretas del imperialismo norteamericano por ejemplo. Otra variante desde este mismo ejemplo es la actualización no del termino imperialismo sino imperio.

Los nuevos discursos expresan lenguajes amortiguados donde para parecer más democráticos y menos revoltosos se importan léxicos dulcificados tanto para enjuiciar a la realidad como para proponer respuestas: De otra parte y para tomar distancia del marxismo superado, se dejan conceptos correlativos a la historia y la semántica revolucionaria como: lucha de clases, combatividad, ideología proletaria, suplantándolas con criterios de ciudadanía, sociedad civil, clases subalternas, acción activa y participativa etc.

Así, es más que doloroso, fastidioso encontrar un documento de un sector- fracción del MIR Ecuador que pretende “repensar la realidad desde valores emancipatorios y humanos” y que entre otros criterios expresa lo subalterno en contraposición a la explotación del trabajo y el rechazo  a lo “insostenible de los esquemas ideológicos inflexibles”.

La lectura forzada e injusta de Gramsci se impone como instrumento del nuevo lenguaje.  Posible  ponerlo en escena a falta de  una defensa abierta  y consecuente del pensamiento comunista del mártir italiano. El contexto de la elaboración de Gramsci es  la derrota del movimiento obrero frente al fascismo y su propio encarcelamiento,    circunstancias obligadas,  donde producir teoría revolucionaria  requiere de codificación de lenguajes cifrados que enmascaren  la construcción de teoría profunda sin reparar en la forma.

Cuando Gramnsci habla de clases subalternas no sustituye la dimensión de vanguardia ideológica del proletariado y cuando elabora el concepto de sociedad civil lo hace tributando su máxima contribución pedagógica a la estrategia revolucionaria, que es la búsqueda del consenso y hegemonía  revolucionaria.

Si Gramsci no hubiese escrito los cuadernos en la cárcel es muy probable que sus aportes al marxismo estuviesen desarrollados en un lenguaje de otra dimensión. También Lenin en el destierro de Siberia, escribe el Desarrollo del capitalismo en Rusia, un estudio más académico que político con encuadre de lenguaje  teórico para afianzar el pensamiento marxista. Los comunistas saben hablar desde la cárcel o desde la clandestinidad  en lenguajes que difieren sin dejar de prestar atención a los fenómenos sociales, políticos e ideológicos y sin hacer renunciamientos de principios

Los Cuadernos y las Cartas desde la Cárcel  no son solo aportes teóricos importantes  son también  la forma efectiva de resistir a la represión fascista que recayó sobre la clase obrera y su digno representante Antonio Gramsci. Gramsci el mismo que  empeñado, desde una celda en reabrir los horizontes intelectuales y políticos del marxismo, trascendió al igual que el Che a la historia, no sin los oportunistas en el camino que los sitúan o pretenden presentarlos como  iconos inofensivos de sospechosa universalidad

En otro momento nos dedicaremos al rescate de Gramsci y a su reivindicación de la utilización  morbosa de los esnobistas.

El micromundo de los movimientos sociales

Refugio de bandidos ideológicos, de sobrevivientes  asustados de la represión y de la sobrevivencia derrotada, los viejos cuadros revolucionarios se hicieron  militantes de la ONGs  muchos con el auspicio económico de Europa.[2]

De la militancia social revolucionaria de los años sesenta y setenta  a la militancia social institucional  finisecular de los años noventa se generaron plenas condiciones para la variación de la ideología y de la semántica. El sujeto social histórico ya no era la clase obrera y  a los nuevos sujetos sociales, habría que encontrarlos en la llamada “población objetivo” de los programas desarrollistas; en la ecología, las féminas, los gay y o agrupaciones culturales o etnias.

El cambio no fue solo de lenguaje sino de concepciones,  hacer algo y ese algo  se tradujo en pluralismo, diversidad y reformismo, esto último se enmarca en una nueva realidad y propuesta que llevó a la misma Marta Harnecker a decir que los revolucionarios actuales son los reformistas. Cuestionar a la democracia y ampliarla en su contenido no fue más una táctica sino una estrategia que a la postre resultó ser de contención y no de marcha en el proceso de ascenso revolucionario.

Los Movimientos Sociales, emergen como movimientos ciudadanos con una doble connotación: de un lado descategorizando los conceptos clasistas de la izquierda proletaria y de otro descartando la necesidad histórica de un partido revolucionario. Siendo los MS una masa amorfa de contenido y acción, será esta, la línea basal desde la que se elabora el discurso reformista de una corriente electoral que se ha dado en llamar  izquierda y que como lo hemos descrito en otro análisis no es sino la representación de los afanes desarrollistas de una nueva burguesía emergente. En suma lo que ha ocurrido es  un ‘desarme’ intelectual y político de las “clases subalternas”

La idea de representación colectiva como totalitaria

Una de las claves del juicio supuesto a lo viejo realizadas por el post modernismo innovador es el rechazo a lo totalitario. Su primera versión nació del seno  del movimiento comunista europeo (erocomunismo) en franco revisionismo y de la intelectualidad disidente que primero  asume la crítica al estalinismo  y fue moviéndose desde lo extremo hacia el centro con un sutil encuadre socialdemócrata.

La lucha contra el totalitarismo tiene propiedad y origen en el anticomunismo de Churchill y Truman y se corresponde a la nueva situación a partir de la  post guerra con la derrota de la Alemania nazi y el triunfo de la Unión Soviética. Ellos  en la promoción de la democracia occidental proclaman el rechazo a los dos totalitarismos  e inauguran la guerra fría. En otra fase es bueno recordar que el estribillo de la ideología burguesa imperialista siempre fue la defensa del pluralismo ideológico parte del lenguaje asumido por el esnobismo.

La lucha contra el estalinismo desde la izquierda no asimila el término totalitarismo. La pérdida de la democracia socialista no fue efecto de una concepción de totalidad  considerada como categoría invariable que puede ser originaria de la mala interpretación del marxismo, sino descomposición metodológica de la esencia del marxismo, que encuentra en las masas y su participación el referente de acción democrática. No se trata  de defender la totalidad aunque si es necesario  identificarse con la unicidad.

Desde la defensa de las categorías del marxismo (que no es pasarse al dogmatismo) es propio recordar que la antropología de Marx se entiende  como un humanismo que se centra el hombre como valor esencial, es decir que parte de lo general para  fundamentar la igualdad. La valoración y   presencia de la raza humana  como única, le permite al marxismo superar el debate sobre la supremacía de una sobre otra, aun reconociendo las diferencias y las escalas de desarrollo. El hombre se sitúa de antemano como propietario frente a la naturaleza, primera fuente de todos los medios[3]

La unicidad del marxismo le da fundamento igualitario a la condición de la mujer, a las nacionalidades y a las creencias, sin pasar a la cacofonía recordatoria y enfática de las diferencias. Cuando Marx y Engels , llaman a la defensa de las naciones oprimidas, las razas sometidas, las religiones perseguidas  no lo hacen en defensa de las naciones sino en contra de la opresión, ni se  defiende a las razas, sino que se oponen al sometimiento como se oponen también a la persecución . Aquí estriba la riqueza del marxismo su unicidad y si no nos asusta el término su totalidad.

Pero la trampa está en que mientras las corrientes post modernas le rinden homenaje a las “diferencias” y enaltecen la tolerancia hacia el “otro” el mercado mundial hegemoniza y aplana toda diversidad[4]   El mercado y el terror imperialista son la auténtica expresión de totalitarismo que reinan entre bombardeos  e invasiones mientras en la jerga izquierdosa se sueña con una entelequia de democracia inexplorada que se estrella con la realidad cuando, siendo poder legitima  el abuso de la fuerza desde el estado, por ejemplo Dayuma.

Los medios y la construcción de la hegemonía en el lenguaje del poder

Otro aspecto de destacar en la nueva realidad intelectual es el interés en omitir lenguajes no involucrados en la dualidad de confrontación entre las dos nuevas fuentes de hegemonía; el poder imperialista burgués y la expresión posmodernista del neorevisionismo. No permitir que el léxico marxista se involucre, es la estrategia de silencio de la ideología imperante.

Esto se debe también a la escasa reelaboración teórica del marxismo, a que estos (los marxistas) son minorías en los propios partidos comunistas y a los pobres mecanismos de divulgación por el arcaísmo de los medios de reproducción  empleados.

Los medios  canalizan las expresiones del poder constituido o constituyente, del poder del estado o los opositores temporales, con actores oficiales y discursos legitimados por la encuesta del poder. La delegación está y fuera de ella, los excluidos deben caer en el silencio para dejar que sus representantes hablen por ellos. Se trata también en la misma relación de expulsar la opinión del marxismo no siquiera obligándola a callar (fea y no democrática seria tal actitud) sino de alejar los oídos de los órganos de opinión para sentenciar su ausencia.

Destaca  y se acepta solo la interdependencia entre las instituciones que detentan el control, en tanto los medios de comunicación serán  la verbalizacion de  las fuentes de poder y de  autoridad social. Los mensajes al servicio de quienes poseen el poder político y económico.

Son noticia, teoría valida, verdad en discusión los que tienen el poder en el gobierno y o la oposición. El marxismo será una tercera vía no consentida y la intención será jamás abrirse al debate con sus tesis, pues la experiencia indica que en ese terreno es batalla perdida pues la dialéctica con  su peso específico y contundencia pondría en entredicho sus verdades. También faltan nuevos interlocutores y difusores del socialismo científico y eso es tarea a construir.

El marxismo no puede ni debe quedarse en la retaguardia y el reto comunicacional y pedagógico es un desafío para lograr el consenso o la hegemonía revolucionaria como lo propone Gramsci. Ahora en condiciones más difíciles por el sorprendente ascenso y velocidad de los monopolios de  medios.

La gente (y la clase)  subordinados a la determinación de las imágenes y a los planteos habituales del sistema dominante.(Esc Frankfurt) no pueden ser una fatalidad, la verdad revolucionaria no es fuerte por su nivel ideal sino por su necesidad históricamente determinada, la tarea, es construir los canales adecuados para educar y movilizar, para construirse en poder dual que irrumpa contra las lógicas de  falsedades y errores de quienes detentan el poder de dominación o de quienes pretenden maquillarlo

Una nueva industrial cultural que emerge y se dirija  al  debate cotidiano, con la calidad axiomática del marxismo como eje orgánico, debe dotar a una intelectualidad comprometida para que sea  la base  sostenible de una oferta política profunda y máxima que  reivindique la verdad del socialismo.


[1] Nestor Kohan Fetichismo y hegemonía en tiempos de rebelión .Ciencias Sociales ED La Habana

[2] Las ONGs que  recibieron más de diez mil millones de dólares y que según el Banco Mundial va a canalizar tres mil millones de dólares a través de ellas, para limpiar el piso después de las masacres. J Petras

[3] Karl Marx glosas marginales al programa del partido obrero

[4] Nestor Kohan fetichismo y hegemonía en tiempos de rebelión

Roberto Kriete es el salvadoreño más rico de Centroamérica, según ranking Forbes Vanessa Linares

El empresario, filántropo y magnate de la industria aeronáutica, Roberto Kriete, (casilla dos) es el salvadoreño más rico de Centroamérica, según el último listado publicado por la revista de negocios Forbes. Con una fortuna en activos de $2,000 millones, Kriete superó incluso a otros salvadoreños acaudalados como Mario Simán, presidente de Grupo Unicomer, en la casilla tres y Ricardo Poma, presidente de Grupo Poma, en la número cinco.

Kriete es licenciado en Economía de la Universidad de Santa Clara, California (Estados Unidos) y obtuvo una maestría en administración de empresas en The Boston College, Massachusetts.

A lo largo de su carrera ha desempeñado varios cargos como el de director de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), director suplente del Consejo de Administración del Hotel Real Intercontinental de El Salvador, presidente de la Compañía de Inversiones del Grupo Kriete que administra inversiones locales e internacionales en diferentes sectores como aviación, bienes raíces, agroindustria y hoteles entre otros y presidente de la Fundación Gloria de Kriete, así como de Ágape.

Hace menos de un mes, el empresario, presidente de Kingsland Holdings Limited, también se convirtió en el titular de la Junta Directiva de Avianca Holdings, luego de que United Airlines ejerciera sus derechos contractuales al pacto que había firmado con el colombiano Germán Efromovich por las acciones en la compañía aérea.

La sexta edición del ranking de Forbes, que listó de nuevo a los líderes más prominentes de Centroamérica y República Dominicana, “presenta un cambio particular”. Según sus creadores, en años anteriores se publicaron los nombres de 12 de los hombres de negocios más ricos; y hoy se amplió la lista y aparecen 40.

Esta vez se incorporaron otros empresarios que también ostentan fortunas importantes y que acumulan una riqueza tal que pueden ser considerados como “los próximos millonarios de la región”.

Así, en la lista de este año, también suenan otros nombres de salvadoreños ya conocidos como Roberto Murray Meza; Javier y Miguel Ángel Simán; y, el más joven, Alejandro Dueñas.

En la lista general de Centroamérica y República Dominicana lideró con amplia ventaja el panameño Stanley Motta, presidente de Copa Holdings, cuyos activos totales se estiman en $4,087 millones. También figuran empresarios como el italiano Sandro Salsano (#6), presidente de Grupo Salsano , un conglomerado con inversiones en diversos sectores como el inmobiliario, consumo, bienes de lujo y tecnología y medios; y Mario López Estrada (#8) el apodado “rey de la telefonía” en Guatemala.

El ranking de Forbes se realiza con la información de los empresarios y sus empresas y negocios disponible que salen publicados en medios impresos, electrónicos y digitales, así como con los informes anuales Forbes de 2017 y 2018. Los creadores del ranking hicieron la salvedad de que el listado agrupa a los empresarios más importantes de la zona, ordenados de acuerdo con sus activos, ingresos e inversiones más recientes, aunque no se tengan cifras consistentes y recientes en algunos casos.

Otros compatriotas entre los más acaudalados de la región

Mario Simán, presidente de Grupo Unicomer, operador de 850 salas de venta en Centroamérica y el Caribe que incluyen cadenas de La Curacao, Gollo, Artefacta y Radio Shack.

Mario Simán #3  Grupo Unicomer

Mario Simán es el actual presidente de la Junta Directiva de Grupo Unicomer. El empresario salvadoreño tiene formación académica en el área de comercio con maestría en administración de empresas. El Conglomerado nació en el año 2000, tras la compra del holandés Ceteco (que agrupaba las marcas La Curacao, Servitotal, Almacenes Tropigas) relacionado con artículos para el hogar, electrodomésticos y línea blanca.

Las operaciones de Unicomer comprenden varias cadenas dedicadas a la venta al por menor con excelente posicionamiento, ofreciendo productos de marcas con renombre mundial y pequeños enseres, muebles, audio, video, productos electrónicos, accesorios y productos de óptica, motos, y accesorios tecnológicos.

Ricardo Poma #5 Grupo Poma

Ricardo Poma estudió ingeniería industrial en la Universidad de Princeton y obtuvo una maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Actualmente, el empresario preside Grupo Poma, un conglomerado que tiene operaciones en varios países de la región, en sectores como hoteles, bienes raíces, manufactura y la distribución automotriz, por mencionar algunos.

Roberto Murray Meza #15    Grupo Agrisal

Graduado en Economía de la Universidad de Yale, Roberto Murray Meza obtuvo una maestría en administración de empresas de Harvard. Además tiene una maestría en Letras en España, de Middlebury College.

Desde 1999 y hasta 2013, fue presidente de Agrisal y actualmente es presidente del Consejo de Accionistas de Grupo Agrisal, un consorcio industrial, hotelero, automotriz, inmobiliario y agrícola que opera en la región.

Javier y Miguel Ángel Siman #38   Grupo Simán

Los hermanos lideran Grupo Simán, compuesto por un conjunto de empresas comerciales, de bienes raíces e industriales, entre ellas, Almacenes Simán e Inversiones Simco, la división inmobiliaria. Javier Simán es dirigente empresarial y político. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Loyola Nueva Orleans y se dedicó a administrar los negocios del Grupo Simán. Su hermano Miguel Ángel cuenta con una destacada trayectoria en el sector público y privado. Además de ser Presidente de Inversiones Simco, división inmobiliaria del Grupo, participa en varias fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

Alejandro Dueñas #39 Urbánica Desarrolladora Inmobiliaria

Alejandro Dueñas, quizá el más joven de la lista de los empresarios más ricos de Centroamérica y República Dominicana según Forbes, es el CEO de Urbánica, Desarrolladora Inmobiliaria, la división inmobiliaria de Dueñas Hermanos Limitada.

La empresa que preside tiene un portafolio de proyectos de construcción en los rubros de centros comerciales y de estilo de vida, edificios de oficinas corporativas, turísticas, colonias residenciales y apartamentos. Urbánica es la desarrolladora del Distrito El Espino.

Jun 11, 2019- 11:17

https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/roberto-kriete-es-el-salvadoreno-mas-rico-de-centroamerica-segun-ranking-forbes/611541/2019/

Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las Ciencias Sociales Latinoamericanas Hugo Zemelman M**

La realidad que enfrentamos, la realidad socio histórica, tiene múltiples significados. No es una realidad clara, inequívoca, con una significación cristalina y a la cual se le pueda abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos. No es así por diversas razones, las cuales forman parte del debate que hoy día se da en el ámbito académico sobre el problema que afecta a las ciencias sociales, y que yo resumiría en un concepto: el desajuste, el desfase que existe entre muchos corporas teóricos y la realidad.

Esta idea del desfase es clave, ya que alude a los conceptos que a veces utilizamos creyendo que tienen un significado claro, y no lo tienen. Esto plantea la necesidad de una constante resignificación que, aun siendo un trabajo complejo, es también una tarea central de las ciencias sociales, sobre todo de aquellas de sus dimensiones que tienen que ver con la construcción del conocimiento.

Dicho de otra manera, es un tema central en el proceso de investigación y, por lo tanto, es un tema central de la metodología.

La necesidad de resignificar surge precisamente por el desajuste entre teoría y realidad.

Pero, ¿por qué el desajuste? Por algo elemental: el ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento que los cambios que se dan en la realidad externa al sujeto, por eso constantemente se está generando un desajuste.

Dicho así parece como un problema menor pero, en verdad, tiene consecuencias profundas porque en la medida en que no resolvemos este problema, podemos incurrir en discursos y enunciados, o manejar ideas, que, pudiendo tener una significación en términos de la bibliografía o, para decirlo de una manera más amplia, en el marco del conocimiento acumulado, no tengan necesariamente un significado real para el momento en que construimos el conocimiento.

En el ámbito de las universidades de América Latina, lo que decimos es un tema que debería ser abordado, pero que desafortunadamente no lo es. Se constata de manera clara en las políticas de formación de los científicos sociales en América Latina: no hay preocupación por el tópico, o bien, se cree que es exclusivo de los filósofos de la ciencia, de los lógicos, y no de quien quiere construir un conocimiento sin necesidad de incursionar en las problemáticas de la filosofía de la ciencia o de la lógica.

Al no tomar en cuenta esta dificultad en la formación de los científicos sociales, corremos el riesgo de que ellos estén pensando ficticiamente, es decir, que – aun cuando existan excepciones- estén pensando sobre realidades inventadas. Tan simple como eso.

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no supiéramos construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia para el momento histórico, entonces significa que estamos organizando, no sólo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que no son los propios de esa realidad que se quiere conocer.

Esta situación que, tal como la estamos planteando, parece como elemental y obvia, sin embargo es parte de uno de los via crucis de las ciencias sociales.

Afortunadamente, desde hace algunos años a la fecha, hay grupos de intelectuales latinoamericanos que han comenzado a reaccionar frente a este hecho y que han puesto de manifiesto que muchos de los conceptos que utilizamos para entender el Estado, la sociedad, las desigualdades, la democracia, la cultura, incluso para entender las dinámicas sociales, la propia educación, no responden a conceptos que estén reflejando la realidad que llamamos histórica, sino que son conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces la academia los repite sin revisar debidamente si están dando cuenta de realidades concretas.

Al no tener conciencia que se está dando un desajuste entre la teoría y la realidad que se pretende denotar, resulta que estamos inventando realidades. Situación que podemos reconocer no solamente en el ámbito de la investigación o de la docencia, de la academia en general, sino que también en otro orden de discursos, por ejemplo el discurso político.

En ocasiones nos encontramos con que este frecuentemente está amarrado a conceptos que no son pertinentes, que no están dando cuenta de la realidad. Todo lo cual supone, entre otras implicaciones, plantearse la cuestión y tratar de resolverla; resolución que en ningún caso podríamos considerar que es exclusivamente teórica, en el sentido de que basta construir un cuerpo de proposiciones con una función explicativa que resuelva de una vez y para siempre el problema.

Precisamente es una cuestión que no se resuelve teóricamente, porque si así fuera, sería tanto como desconocer la naturaleza misma del problema. Si pienso que un desajuste de esta naturaleza se puede resolver a través de una teoría, no estoy tomando conciencia que el problema está en la teoría misma porque, por más brillante y genial que ésta sea, por definición corre el riesgo de desfasarse de la realidad.

La resolución, pues, no es teórica, en la medida que el problema es la teoría misma; por eso ésta requiere ser resignificada, revisada a la luz de las exigencias de las realidades históricas, muchas veces emergentes, nuevas, inusitadas, imprevistas. Ahora bien, si no es un problema que se va a resolver teóricamente, ¿cómo se resuelve? Es en este marco donde surge la cuestión importante de entender, y que se ubica en el plano de lo que de manera abstracta podemos definir como pensamiento.

Debo aclarar que no estoy identificando pensamiento con teoría, pues eso significaría volver al mismo vicio de creer que el desfase del que estamos hablando se corrige con el pensamiento teórico. En tanto es en éste donde cristalizan las teorías, correríamos el mismo riesgo de desfase o de desajuste del pensamiento teórico respecto de la realidad histórica.

Siendo así, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué nos referimos? A un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer.

No se trata de decir: tengo los conceptos y construyo un discurso cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien de partir de la duda previa, anterior a ese discurso cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer?

Lo que no es una cuestión teórica sino más propia de lo que llamaría una forma epistémica de resolver el problema. Surge entonces una discusión interesante que simplemente me limito a apuntar: la necesidad de distinguir entre un pensamiento teórico y un pensamiento epistémico, cuya diferencia está precisamente en el cómo se resuelve la relación del pensamiento con esa realidad que se quiere nombrar.

Me explico: en el pensamiento teórico la relación que se establece con la realidad externa – con la externalidad, para decirlo en términos más correctos, a la luz de las discusiones actuales- es siempre un pensamiento que tiene contenidos, por lo tanto el discurso de ese pensamiento es siempre un discurso predicativo, vale decir, un discurso atributivo de propiedad; ya que no es un pensamiento que puede dejar de hacer afirmaciones sobre la realidad pues un pensamiento teórico es un pensamiento que hace afirmaciones sobre lo real.

Quisiera poner un ejemplo para clarificar esta idea: si leemos un libro de un autor “X” y enfrentamos un problema que ese autor ha analizado, lo más inercial y frecuente es repetir las afirmaciones que el autor ha dicho sobre la realidad “A”, aunque estemos analizando la realidad “B”. Es decir, repetimos el mismo discurso aunque le agreguemos un enunciado con una serie de predicados, o para decirlo en términos más precisos, le agreguemos una hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis estamos hablando de construcción de enunciados con predicados que dicen cosas, que no son vacíos; una hipótesis vacía es una contradicción, sería absurdo tener hipótesis sin contenido. Por lo tanto el pensamiento teórico es un pensamiento que ya tiene un contenido organizado y que puede ser el mismo contenido que se viene arrastrando (o puede ser un contenido diferente, pero lo fundamental es que tenga un contenido) y, por lo tanto, su estructura en términos de construir proposiciones es muy precisa.

En cambio, cuando hablamos de pensamiento epistémico nos referimos a un pensamiento que no tiene contenido y eso es lo que a veces cuesta entender. ¿Cómo puedo yo tener un pensamiento sin contenido? Si lo pusiéramos en términos de la discusión clásica, por ejemplo, con Karl Popper en su texto Conjeturas y Refutaciones, la centralidad del pensamiento epistémico es la pregunta, no es el predicado, no es la atribución de propiedades.

Esto, dicho así, aparece como de sentido común, pero el problema está en darle a la pregunta un status no simplemente de mera conjetura sino, más bien, de algo más amplio que eso, como es permitir que el pensamiento se pueda colocar ante las circunstancias. Se plantea la dificultad de colocarse frente a las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad sobre ellas. Es un tema fundamental porque cuando se dice “colocarse ante las circunstancias”, frente a las realidades políticas, económicas, culturales, significa que estamos construyendo una relación de conocimiento sin que ésta quede encerrada en un conjunto de atributos; porque eso sería ya una afirmación teórica.

Es difícil esta forma de pensamiento epistémico porque la tendencia es ponerle siempre nombre a las cosas. Hay que vencer esta tentación; más bien la tarea sería preguntarse ¿cuántos nombres puede tener?.

Lo que decimos se viene discutiendo hace mucho tiempo, pues es un tema casi permanente en la historia de las ciencias, que no se termina por resolver de manera definitiva.

Quisiera ejemplificar con dos autores que, desde disciplinas muy diferentes a las que nos ocupan, han planteado el tema y lo han resuelto de manera diversa. Uno es Bachelard ( en textos como La Racionalidad Científica y La Filosofía del NO) que afirma que la tarea de la ciencia es ponerle nombre a las cosas. Según Bachelard, el problema sería cuidarse de dos grandes riesgos: uno, de no ponerle nombre viejo a cosas nuevas y, dos, de creer que porque no tienen nombre, en el momento en que se plantea, son innombrables.

En ese tránsito entre no colocar nombres viejos a cosas nuevas y creer que porque no tienen nombre son innombrables, se ubica lo que estamos llamando pensamiento epistémico.

Otro ejemplo es el de Lakatos. Cuando él se pregunta por qué el ser humano ha podido progresar en la construcción de su conocimiento, contesta más o menos en los siguientes términos: “porque la razón humana ha podido pensar en contra de la razón”, porque el hombre ha sido capaz de pensar en contra de sus propias verdades, porque ha podido pensar en contra de sus certezas.

Analicemos estas dos expresiones: significan no atarse, no quedarse atrapado en conceptos con contenidos definidos, sino plantearse el distanciamiento respecto de esos contenidos, o de esas significaciones, para buscar qué significaciones o contenidos pueden tener las cosas que estamos tratando de pensar. Es la problemática de lo que aquí llamo pensamiento epistémico.

Puede parecer un ejercicio puramente formal, pero relacionémoslo con lo que decía al comienzo, esto es, con el hecho de que la realidad socio histórica es una realidad mutable, en constante cambio, cualidad ésta en la que radica la explicación de porqué se producen los desajustes entre la realidad denotada y el pensamiento teórico. Es algo que estamos viendo permanentemente y de una manera clara. En el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas se ha tomado conciencia de cómo el pensamiento social ha estado durante muchísimos años atrapado en un conjunto de conceptos que no estaban dando cuenta de la realidad y que hay que redefinir.

Conceptos como Occidente, indio, blanco, raza, estratificación social, diferenciación social, explotación, empresario, obrero, capas medias, Estado, legitimación, etcétera, son algunos conceptos que hemos heredado de los textos, sin discusión ninguna, y que hemos aplicado como si la realidad fuera homogénea en los distintos países.

En la medida que estos conceptos nos parezcan rigurosos, muy coherentes porque conforman discursos altamente lógicos y muy persuasivos, muchos de ellos, estamos realmente cobijándonos al interior del discurso sin poder salirnos de él, por lo que no estamos pensando la realidad histórica concreta, sino una realidad inventada. El problema, entonces, está en distanciarse de los constructos, y ese distanciamiento es la función del pensar epistémico.

Cómo se expresa esto, cómo se “operativiza” lo que no es sólo un problema metodológico, ya que ocurre que también el discurso metodológico puede desfasarse. Ya lo han planteado los metodólogos a lo largo de la historia de la ciencias sociales: el canon metodológico, o sea las normas metodológicas, pueden ser grandes trampas también para el pensamiento. De pronto, conceptos como rigor, claridad, coherencia científica terminan por transformarse en afirmaciones absolutas, en circunstancias de que conceptos relativo de lo que es claro y lo que no lo es, o bien lo que es coherente y lo que no, se van resignificando a lo largo del tiempo.

En la medida que no se entienda esto, quedamos prisioneros de un armazón metodológico que impedirá reconocer las nuevas formas, las formas emergentes de la realidad socio histórica.

Pero existe una celda adicional a esta prisión del pensamiento en el plano metodológico: las técnicas. Estas pueden ser también grandes trampas. Cuando se les maneja sin la claridad necesaria respecto de lo que significan, o sin el conocimiento de su lógica interna, terminamos por creer que la realidad posible de estudiarse es sólo aquella que la técnica permite ver. Estos puntos también son parte de los desafíos del pensamiento epistémico.

Pero, en que consiste todo esto, cómo se puede expresar, si es que no sólo se reduce al plano metodológico. Es aquí donde surge una de las cuestiones más interesantes pero muy mal entendida: el de las categorías. Quiero detenerme en esto porque el problema de las categorías es el eje del pensamiento epistémico.

Como muchos de los problemas que hemos mencionado, deben ser objeto de un desarrollo mayor. En primer término, no hay que confundir lo que decimos con la vieja discusión que se ha dado sobre las categorías en el discurso de la filosofía; es decir, no estamos aludiendo con el concepto de categoría, por ejemplo, a lo que las viejas corrientes del pensamiento filosófico al estilo de Kant, plantearon con respecto a las categorías donde éstas, en el fondo y en la forma, daban cuenta de lo que podríamos llamar dos grandes cuestiones: o del fundamento último de la ciencia o de las posibilidades mismas de pensar. Esa es una discusión que sin duda alguna hay que tener, pero aquí sólo hago el acotamiento correspondiente para que no se piense que estamos confundiendo distintos planos.

Una segunda cuestión, sobre la cual habría que detenerse, es que las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un habeas teórico, no tienen un contenido preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables con una significación clara, univoca, semánticamente hablando. También esta es una discusión antigua que no se da solamente en las ciencias sociales, sino también está presente en las ciencias de la naturaleza.

Si revisamos, por ejemplo, la historia de la ciencia a lo largo de dos mil quinientos años, nos encontraremos con esta tensión entre las categorías y lo que aquí llamamos conceptos teóricos. Hay categorías que se han mantenido a través de los siglos, aunque con distintos contenidos; incluso en un mismo momento, una categoría puede ser objeto de referencia de construcciones teóricas diferentes.

Pongamos algunos ejemplos.

El concepto de fuerza, de masa, y de energía, para poner tres casos de la ciencia de la naturaleza. En las ciencias sociales tenemos otros tantos como el concepto de poder, de sujeto, de masa social, de dinámica, y de conflicto. Esos no son conceptos que tengan una significación unívoca, ya que pueden tener muchas significaciones y es cuestión de revisar la literatura actual para ver que muchos de estos conceptos tienen presencia prácticamente en todos los textos, aún cuando sean textos discrepantes teóricamente entre sí.

El concepto de conflicto, por ejemplo, está presente en un Marx y está presente en un Parsons, por citar simplemente dos autores de referencia distantes entre sí teóricamente. En ambos se habla de conflicto, en ambos se habla de equilibrio, pero con significaciones muy diferentes porque los discursos teóricos –entendidos como la capacidad del ser humano de formular atributos a los fenómenos- son distintos.

Volvamos, pues, a la distinción entre pensamiento teórico pensamiento epistémico (idea que, por cierto, debo aclarar me la sugirió un alumno en un seminario en El Colegio de México).

En el sentido estricto de la palabra, el pensamiento epistémico es preteórico, funciona sin un corpus teórico y, por lo mismo, sin conceptos con contenidos definidos, con funciones claras de carácter gnoseológico o cognitivo, o para decirlo de otra manera, con funciones de determinación o con funciones de explicación.

Por lo contrario, son instrumentos del pensamiento epistémico, son categorías que me permiten plantearme esto que, de manera abstracta, he llamado “colocarse frente a la realidad”. Pero, en términos más concretos, ¿qué es colocarse frente a la realidad? Significa construir una relación de conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo me comienzo a plantear los problemas susceptibles de teorizarse.

Imaginemos, por ejemplo, que quiero analizar el conflicto social. Bien, ¿cómo puede ser nombrado éste? Si me retrotraigo al punto de pensamiento epistémico, me tendría que abrir a muchas posibilidades que, de hecho, son las posibilidades que se contienen en la historia de las ciencias sociales; podría yo decir, al conflicto social, yo lo voy a pensar –en el sentido de pensar para ponerle un nombre- con un contenido desde, por ejemplo, la teoría del rol set (que es la conjunción de roles, conceptos muy trabajados, desarrollados y volcados en investigaciones empíricas por la llamada sociología funcionalista y de mucha presencia entre los sociólogos y entre los politólogos). Pero también podría pensar al conflicto social a partir de la teoría de los grupos. Si yo elijo una u otra óptica, las posibilidades de encontrar contenido al problema llamado conflicto social son muy distintas. E incluso podría haber un tercer investigador social que diga ni rol set, ni teoría de los grupos, yo voy a pensarlo desde a categoría de clase social.

Este es sólo un ejemplo para dar cuenta de las múltiples posibilidades de teorización. Aquí todavía no hay ninguna teorización, sino solo las posibilidades, porque si yo trabajo estos tres ángulos, a manera de ejemplo, como posibles teorías, como posibles categorizaciones del fenómeno del conflicto social, los contenidos a los cuales voy a llegar son absolutamente diferentes. Y no podríamos decir que uno solo de estos hipotéticos investigadores está estudiando el conflicto social y el otro no, pero las posibilidades de teorización son totalmente diferentes.

El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales que no tienen un contenido preciso, sino que son herramientas que permiten reconocer diversidades posibles con contenido. Esto hace parte de lo que podríamos definir como un momento pre-teórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles teorizaciones posteriores. Decir pre-teórico, significa decir, construcción de relación con la realidad.

Pero ¿qué significa, a su vez, esto? Significa que si yo me estoy colocando frente a las circunstancias que quiero estudiar sin precipitar un juicio en términos de construir un predicado ya predeterminado con contenido sobre aquello que no conozco, entonces estoy distanciándome de la posibilidad de anticipar nombres teóricos a un fenómeno que no conozco; y ese distanciamiento frente a la realidad para no precipitar juicios teóricos que se van a expresar en enunciados predicativos, es lo que en términos más amplios podríamos llamar “Problema”.

Es decir, si yo construyo un enunciado teórico –no obstante lo valioso y coherente que sea, o los amplios antecedentes bibliográficos que tenga-, pero lo construyo y lo aplico por ejemplo a través del método hipotético deductivo a la realidad sin plantearme este distanciamiento que aquí estoy llamando “problema”, estoy retro-alimentando aquello que señale al inicio: el desfase, el desajuste o el divorcio entre mi pensamiento y la realidad.

Esto así, porque el encadenamiento entre el pensamiento y la realidad no conocida es la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas, y la construcción de los problemas no puede ser encajonada en términos de determinados contenidos ya conocidos. Vuelvo a la advertencia de Bachelard: es más fácil llamar a las cosas con los nombres de siempre, en circunstancias en que se conoce el nombre pero no se conoce aquello que se quiere nombrar con ese nombre.

Así, muchas veces las investigaciones quedan reducidas a investigar el nombre, pero no aquello que se nombra. Esto pasa en la economía, en la antropología, pasa en todos los discursos porque es muy cómodo decir “yo he leído tantos autores y tengo tantos conceptos en la cabeza que preciso usarlos”, y obviamente “usarlos” es transformarlos rápidamente en nombres. Pero ocurre que, entonces, esa persona no está realmente construyendo conocimiento porque si hay un requisito elemental en este ámbito, es precisamente el de construir el conocimiento de aquello que no se conoce, no de aquello que se conoce.

Este es el fundamento de la principal función del pensamiento epistémico: éste funciona con categorías sin contenidos precisos y, en el quehacer concreto de la persona, se traduce en la capacidad de plantearse problemas. No necesito abundar en la dificultad que implica el plantearse un problema.

CONSTRUCCIÓN DE PROBLEMAS DESDE EL PENSAMIENTO EPISTÉMICO

Aquí hay varias cuestiones: las inercias mentales, la capacidad o no para plantearse problemas y la exigencia de no confundir problema con objeto. Sobre lo primero: los temores, el no atreverse, el estar pidiendo siempre reconocimiento de la autoridad, el estar constantemente refugiándose en la bibliografía, cobijándose en lo cierto o en lo verdadero, es olvidarse de la advertencia de Lakatos acerca de que si el ser humano ha podido avanzar en el conocimiento, ha sido porque se ha atrevido a pensar en contra de todo lo que estimaba verdadero y cierto.

En términos sicológicos esto es algo muy profundo: atreverse a estar en el desasosiego, a perder la calma, a perder la paz interior. Tan simple como eso. Quien no se atreva, no va a poder construir conocimiento; quien busque mantenerse en su identidad, en su sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento; armará discursos que lo reafirmen en sus prejuicios y estereotipos, en lo rutinario, y en lo que cree verdadero, sin cuestionarlo.

Lo que está en juego –segunda cuestión- es la capacidad, o no, de plantearse un problema, el aplicar o no un razonamiento que no quede atrapado en los conocimientos ya codificados; significa aquí ser crítico de aquello que nos sostiene teóricamente, o sea, ser capaces de distanciarnos de los conceptos que manejamos, así como también de la realidad observada.

Es decir, no solamente tenemos la obligación de distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para no incurrir en una reducción de la realidad, sino también implica cuestionar lo empírico, lo que observamos, porque esto puede no ser lo relevante, puede ser sólo la punta del iceberg.

Y esa punta del iceberg que miramos morfológicamente no es el problema; en el mejor de los casos, puede ser un tema -por ejemplo, el de la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la opresión- que voy a estudiar. Los temas pueden ser sólo enunciados que creemos claros porque son un recorte empírico de lo observable, pero en realidad solamente son un aspecto que asoma a la observación y, por lo tanto, ocultan la mayor parte de lo que son como problema. Esto se da con mucha frecuencia, por eso que no es de extrañar que las tesis, incluso las de Maestría y Doctorado, no pasan del tema (que es lo mismo que decir no pasan de lo morfológico, de lo observable, no pasan de la observación sin crítica a las estructuras de la información), pero no hay esfuerzo de problematización desde el tema.

Porque la problematización desde el tema, significa estar dispuestos a zambullirse debajo del nivel del agua y comenzar a ver qué hay más allá de la superficie, qué hay debajo de la punta del iceberg.

El punto fundamental no es comenzar a decir lo que hay debajo del agua o de la punta del iceberg, porque eso significaría reducir lo que no está ni siquiera observado y mucho menos conocido, a un conjunto de conceptos que manejamos y que creemos mecánicamente aplicables.

Aquí es donde se ve casi analógicamente lo que significa “crear un problema”; en el fondo es zambullirse más allá de lo observable y para eso hay que contener la respiración, que en el caso de la investigación, equivaldría a recurrir al pensamiento crítico, el cual hace las veces de oxígeno. Si queremos zambullirnos para ver lo que hay debajo del iceberg, debemos tener capacidad de crítica y la capacidad de crítica, y ésta significa no contentarse con lo que se ve, con lo observable.

Los estadísticos, por ejemplo, tienen muy clara esta cuestión (aunque el que la tengan clara no significa necesariamente que la resuelvan) que, para decirlo en sus términos, consiste en la relación que hay entre un indicador de algo y el indicatum de ese indicador, es decir, aquello que subyace a ese indicador; si yo creo que ese indicatum está todo reflejado en el indicador, puedo cometer grandes errores conceptuales y por lo tanto no aproximarme a conocer lo que quiero conocer. Hay que zambullirse para ver aquello que no se ve, que es el indicatum, que es el resto del iceberg.

En la construcción de problemas, no hay que dejarse llevar por la observación morfológica, ni dejarse llevar acríticamente por la información o, para decirlo en términos más sintéticos, no creer que el tema que hemos podido enunciar, es el problema.

Para poder resolver esto –y aquí entramos a la tercera cuestión en relación a la formulación de problemas por el pensamiento epistémico- se requiere, fuera de lo obvio, paciencia, se requiere quizá resolver otra cuestión que en el plano de la investigación es muy usual: no confundir el problema con el objeto. Yo puedo tener un objeto –el cual puedo derivar de mis premisas teóricas- sin darme cuenta que éste supone implícitamente una construcción, y puedo entonces comenzar a repetir conocimiento sobre un objeto ya construido.

En la medida en que yo no haga el esfuerzo de construir este objeto desde el problema, también puedo caer, no digo en confusiones, sino en falsedades. Por ejemplo, si el teórico “A” transformó el problema de la explotación económica en un corpus teórico –el cual tiene contenido y por lo tanto es un objeto concreto identificable-, y yo no hago ningún esfuerzo por volverme a plantear el problema de la explotación económica, sino repito la conclusión de este señor en cuanto a objeto teórico derivado de otro contexto histórico, es evidente que no estoy estudiando necesariamente el fenómeno, sino a lo sumo estoy estudiando al autor “A” que dijo algo sobre el tema; mi esfuerzo se reduce a ver si lo planteado por ese autor mantiene la vigencia en un recorte de tiempo diferente, lo cual es muy distinto a decir que estoy estudiando el problema.

Desafortunadamente esto es lo que se ha dado en América Latina de manera casi permanente, y es lo que ha llevado a muchos autores a plantearse la necesidad de revisar el uso de los conceptos, aún de aquellos que pensamos que son muy claros y con significaciones muy precisas.

LA LECTURA DE TEORÍAS EN EL PENSAMIENTO EPISTÉMICO

Este punto se vincula de manera muy directa con la función más importante de lo que estoy llamando aquí pensamiento epistémico. Este se basa –como hemos visto- en la construcción de una relación de conocimiento, la cual, a su vez, en el fondo consiste en demarcar problemas antes que construir enunciados con atributos teóricos. Esta cuestión que es muy simple de decir, presenta, no obstante, varias dificultades; yo quisiera mencionar sólo una para ir circunscribiéndome a algunos tópicos: el problema de cómo leemos la teoría.

Este es un tema que quiero privilegiar aquí por una razón fundamental: porque es un tema que no sólo tiene implicaciones de carácter metodológico, sino también en el terreno pedagógico en un sentido amplio, esto es, en el marco de las políticas de formación; problemática que, por cierto no se restringe al ámbito preescolar o de la educación primaria, sino que está presente también hasta en el nivel de los posgrados

La cuestión a la que hago referencia es ¿cómo leemos? Todos sabemos leer, todos sabemos descifrar las palabras, pero no necesariamente sabemos leer. Detrás del aquí llamado pensamiento epistémico está la urgencia por saber leer los contenidos que todo mundo está recibiendo a través de las bibliografías de los distintos autores; saber leer un texto es no restringir la lectura a lo que podríamos definir como el “procesamiento del subcontenido” o, para decirlo de otra manera, el procesamiento de sus conclusiones o la esquematización de un conjunto de proposiciones que el autor nos hereda para poder trabajar con ellas frente a las realidades que queramos. Esta sería una lectura en el sentido clásico, es decir, a la larga, una lectura exegética, pero reducida a los contenidos teóricos, lo cual me parece altamente insuficiente.

En el caso de las ciencias sociales en particular, hay que hacer un esfuerzo adicional y éste no es otro que tratar de leer los textos como lo que son: construcciones, el constructo mismo; leerlos desde lo que podríamos definir como sus lógicas constructoras. A lo que aludo con “lógica constructora” es a tratar de reconocer detrás de las afirmaciones atributivas de propiedades que tiene un texto teórico por ejemplo, los problemas que pretende responderse el autor a través de tales proposiciones; es decir, reconocer cómo el señor “X” construyó su problema y cómo lo termina teorizando. Esto es algo fundamental, elemental, no en el sentido de simple, sino en el sentido fundamente: si yo leo un texto reduciéndolo simplemente al conjunto de proposiciones que el texto me ofrece –lo que siempre resulta más fácil- lo que estoy haciendo es olvidar que detrás existe una lógica de construcción.

Cuando digo, leamos no sólo las propuestas de un Weber sobre la burocracia, sobre los movimientos sociales, sobre las religiones, sobre lo que fuere, obviamente me refiero a ir más allá de la mera proposición que él haya podido hacer en torno del fenómeno A o Z; supone, por el contrario, rastrear como construyó esas proposiciones, y ese ¿cómo construyó? alude a lo que aquí de manera un tanto esquemática yo llamaba el discurso preteórico de Weber, o de Marx, o de Durkheim. Es el discurso epistémico implícito en su propia construcción teórica, la cual, de alguna manera, está basada en el uso de determinadas categorías, muchas de ellas no explicitadas sino, en la mayoría de los casos, están implícitas en los textos.

Es lo que los comentaristas de esos autores han llamado hasta hoy, la génesis del pensamiento de Durkheim, de Marx, de Weber; es precisamente en la génesis en donde es preciso descubrir el empleo de categorías desde las cuales ellos problematizaron y respondieron a ese problema a través de una serie de teorizaciones.

Las lógicas de construcción son muy claras en algunos autores, pero no en todos. Y Aquí quiero traer a colación una cuestión importante. Uno de los problemas que tenemos hoy a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, no solamente es el abuso de los textos de difusión o de resúmenes (que son fatales, por cierto), sino también la abundancia de un cierto tipo de libros, de producción, donde no se ve claramente lo que estoy llamando las lógicas constructoras.

Esto demuestra que podemos estar –y lo planteo como una hipótesis nada más y no como una aseveración- en presencia de una producción teórica débil (y aquí me alejo de la acepción de Vattimo que empleaba el concepto “debilidad del pensamiento” para decir que no era necesario encontrar el fundamento último de cualquier teorización).

Me estoy refiriendo a que no siempre está claro cómo se construyeron las aseveraciones en torno a un fenómeno. Es importante de tener en cuenta este punto para iniciar una discusión acerca de la función teórica actual.

Este problema, entonces, de las lógicas de construcción es fundamental, porque en tanto éstas se basan en el uso de categorías subyacentes, es lo que nos permite ver si un pensamiento puede o no estar vigente más allá del contexto histórico en que se construyó. Aquí voy a citar a Gramsci, quien señaló que el gran problema del conocimiento social es poder construir un conocimiento que sea capaz de crecer con la historia. Este es el punto, y no es problema teórico, es un problema epistémico. Hay categorías que resisten, por decirlo así, las mutaciones históricas más que otras; pueden ser categorías que se mantienen vigentes más allá del periodo histórico en el cual se forjaron inicialmente y, por tanto son susceptibles de ser recuperadas como elementos constructores de más conocimiento, o de nuevo conocimiento, más allá del momento, repito, en que fue gestado.

EL TIEMPO Y LA COMPLEJIDAD DE LO REAL

El pensamiento tiene que seguir a la historia en el sentido de adecuarse creativamente a los cambios de los procesos históricos. Esto supone asumir muchas cuestiones, por lo menos dos que son básicas: una, que los fenómenos históricos no son fenómenos lineales, homogéneos, simétricos, ni están sometidos a la mecánica celeste de nadie; son fenómenos complejos en su dinamismo, en el sentido en que se desenvuelven en varios planos de la realidad, no solamente en uno y son a la vez macro y microsociales. Esto supone, por ejemplo, que tenemos que estudiar esos fenómenos históricos en varios recortes de la realidad y no solamente en uno. Esa es una primera exigencia.

La segunda involucra al problema del tiempo. Las temporalidades de los fenómenos son muy variables, los tiempos son múltiples, no hay un solo tiempo que fije el fenómeno, sino muchos tiempos y eso, evidentemente, es uno de los grandes desafíos para el conocimiento.

Existe una tendencia a lo factorial, a reducir el fenómeno complejo a un factor o conjunto de factores, y analizar éstos en términos de la lógica de determinación causa y efecto. El problema es que eso no siempre ocurre en los fenómenos sociales, pues pueden haber múltiples factores aplicables o existentes en distintos niveles de la realidad. Los fenómenos históricos no ocurren de manera plana, longitudinal, sino tienen lugar a través de coyunturas, las cuales forman parte de los procesos, de las tendencias a largo plazo, y eso tenemos que tomarlo en cuenta.

Y por último, los procesos socio-históricos no son solamente económicos, políticos, sociales, institucionales, etcétera, sino que conforman una constelación, están relacionados entre sí, son parte de una matriz de relaciones complejas, que los lleva a que se determinen recíprocamente lo económico con lo político, lo político con lo cultural, y así sucesivamente.

Por otro lado, los fenómenos histórico-sociales hacen parte no solamente de contextos y de relaciones múltiples dentro de distintos niveles de la realidad, sino también de contextos, de significaciones -por usar un término-, o de universos de significaciones.

Por ejemplo, desde una perspectiva numérica, ser pobre en Bolivia, quizá ser comparable a ser pobre en otro país; pero el ser pobre en un país con un contexto cultural determinado, con una carga simbólica específica, y serlo en otro país que tiene una simbología diferente (por lo tanto una carga de significaciones diferentes), sin duda transforma cualitativamente al fenómeno. Aludo con esto a que no solamente no sólo están las complejidades anteriores, sino a que además los fenómenos son universos de significación, lo que aquí de alguna manera estamos tratando de llamar cultura.

Por otra parte, en el concepto de cultura está presente el hecho elemental de que cualquier fenómeno social que queramos estudiar, ya sea en corto o en largo plazo, es construcción de los seres humanos, de los sujetos, pero no de uno sólo, sino de muchos sujetos. Quizá uno de los grandes desafíos que nos hereda el siglo XX es precisamente la complejidad de los sujetos que construyen la historia, que están detrás de los fenómenos que queremos estudiar y que son complejísimos; sujetos múltiples que tienen distintas características, variados espacios, tiempos diversos, y visiones diferentes del futuro desde las cuales construyen sus realidades.

En síntesis, todo esto es lo que de alguna manera está detrás del enunciado “pensamiento y cultura en América Latina”; porque América Latina es una construcción de sujetos que se están transformando y que, a su vez, construyen realidades distintas a las que pueden eventualmente surgir en otros contextos culturales, como pueden ser lo asiáticos, los europeos, los africanos, o los norteamericanos. En la medida en que eso no lo tengamos en cuenta, evidentemente el conocimiento, en esa a veces absurda pretensión de universalidad, no va a ser nunca un conocimiento real, porque la realidad del conocimiento no está sólo en la universalidad, sino que está en lo que aquí yo llamaría la pertinencia histórica del conocimiento.

Y ésta se refiere a la capacidad que tiene el conocimiento de dar cuenta de la especificidad de los fenómenos, que es lo que resulta de entender a estos como ubicados en contextos muy complejos de relaciones múltiples y en distintos tiempos. Eso es un desafío, si es que realmente queremos llegar a construir un conocimiento que permita reconocer posibilidades de construcción y que no se limite simplemente a describir lo que ya se ha producido o se circunscriba nada más a dar cuenta de lo que ya da cuenta el discurso dominante.

Ese es el problema. ¿O es que la realidad social, económica, política e incluso tecnológica, se agota en los parámetros del discurso dominante?

Hay mucha ciencia social que lo cree así y hace ciencia, a veces rigurosa, al interior de los parámetros del discurso dominante, como si la realidad de la sociedad humana se redujera a los contenidos de ese discurso que hoy día es uno y mañana puede ser otro. La realidad es mucho más que eso, la realidad está siempre dentro y fuera de los límites del conocimiento, sea dominante o no. Por lo tanto, para poder reconocer esa realidad que está fuera de los límites de lo que se dice que es lo real en el plano de la economía, en el plano de los sistemas políticos, etcétera, necesitamos aplicar un razonamiento mucho más profundo, que rompa con los estereotipos, con los pre-conceptos, con lo evidente.

Esa es la función de lo que aquí he llamado el pensar epistémico, esto es, el plantearse problemas a partir de lo que observo pero sin quedarme reducido a lo que observo, sino ir a lo profundo de la realidad y reconocer esas potencialidades que se ocultan, que son las que nos van a permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas de construcción de la sociedad. Quisiera concluir con esa vieja advertencia de Braudel, el gran historiador francés, y que siempre habría que recordarla: “así como un país no tiene sólo un pasado, tampoco tiene sólo un futuro”.