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El asesinato de dos personas, presuntamente por miembros de la pandilla, supuso la militarización del nuevo municipio Chalatenango sur. Un millar de policías y cinco mil soldados habrían sido desplegados en los cinco distritos de esa demarcación, según fuentes oficiales. Como se ha vuelto costumbre en la comunicación oficial, las autoridades no brindaron explicaciones sobre el móvil de estos crímenes ni sobre si un despliegue de ese calibre era imprescindible para capturar a los sospechosos.

Nada de eso extraña a nadie, porque el grueso de las preguntas son irrelevantes en esta época, cuando el régimen de excepción ya adquirió visos de normalidad, cuando los abusos de autoridad están a la orden del día y cuando pese a las consecuencias que tuvieron en el rediseño de la política de seguridad y en la suspensión de garantías y libertades constitucionales de toda la nación, aún no se ha individualizado responsabilidades intelectuales ni materiales por los homicidios de la ola terrorista de marzo de 2022. Es obvio que la militarización cumple con dos efectos, uno propagandístico y el otro político.

Propagandísticamente, la alineación de militares y soldados en esos números permite renovar la comunicación del gobierno en clave espartana, un contenido con el que la administración de GANA se siente cómoda. La popularidad del presidente se sustenta en la narrativa de que es un líder fuerte, implacable con sus enemigos -aun cuando estos no sean necesariamente los enemigos del Estado, la república o la democracia-. Pese a que la pandilla perdió un porcentaje aún no precisado de su control territorial y de su músculo delictivo, a más no haber continúa siendo el polo contra el cual enfilar la batería discursiva oficial sin que parezca ficticio, y por eso los lamentables hechos de sangre registrados en Chalatenango fueron capitalizados comunicacionalmente de ese modo.

Hay otro componente, de esencia política, involucrado en esta ecuación. Esa zona ha sido de mayoritaria simpatía con el FMLN, por algo ese partido opositor dominó las votaciones en esos distritos en las pasadas elecciones municipales. A falta de información del gabinete de seguridad, pareciera que la hipótesis del gobierno es que se está urdiendo algo de proporciones inusuales en la zona; es eso, o se creyó que la coyuntura justifica un despliegue que no puede sino intimidar a la comunidad. Un observador imparcial preguntaría si todo esto no es a propósito de las afiliaciones de los lugareños.

Es en cualquier cosa la confirmación de que en el robustecimiento del proyecto autoritario y de control territorial y social, el gobierno continuará idealizando la fuerza, comunicándose de modo insuficiente con la población y que en su relación con aquellos sectores que le son desde indiferentes hasta críticos se aprovechará de las licencias que el régimen de excepción le brinda.

Nota aparte es que cada una de esas movilizaciones le cuesta dinero a los salvadoreños en un momento en el que las finanzas públicas atraviesan un grave impase, tanto como para estarlas financiando con el dinero de los trabajadores. ¿Cuánto costó poner en Chalatenango mil agentes policiales y cinco mil efectivos militares? Es un dato sobre el cual la administración no brindará información, como ya se sabe.

Las elecciones del 2024 ya pasaron a los registros históricos, cuyos resultados en general no fueron ninguna sorpresa, en lo que respecta a la elección de diputados para Asamblea Legislativa (AL), resalta el desplomo definitivo del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a su vez la consolidación de Nuevas Ideas (NI), como el partido mayoritario que por sí mismo hace mayoría absoluta.

La bancada cyan es la pieza fundamental para la continuidad de este proyecto dictatorial, ya que permitirá el maquillaje de la democracia burguesa ahora erosionada, por eso la función parlamentaria al bukelismo no le es necesaria sino útil en este momento, caso contrario puede recurrir en cuanto le plazca a su aparato militar.

Ahora bien, de cara al futuro inmediato no se visualiza la recomposición de la izquierda, tras la debacle del FMLN no faltarán quienes quieran ocupar el espacio dejado por este partido dentro del sistema democrático burgués.

¿El partido de izquierda adecuado al interés de quién?

Antes de las autoproclamaciones, iniciativas y propuestas de todo tipo, es importante esclarecer sobre la recomposición esta de la que se ya se habla, porque definitivamente muchas personas llegaron al convencimiento de la inviabilidad del FMLN como vehículo electoral, en este sentido considerar el reemplazo del vacío dejado por el FMLN, pone como medular de inicio, concretamente la proposición de organizar de manera llana y simple otra alternativa electoral, la cual debe ser democrática y light; la izquierda dócil que el bukelismo y la oligarquía esperan y que probablemente permitan como válvula de escape.

Dicho lo anterior, tenemos por resolver un problema actual que se antepone a toda iniciativa, intención o propuesta organizativa, esto tiene que ver con la desarticulación que tienen en cuanto a organización los movimientos populares, así como el movimiento sindical.

En cuanto a los movimientos populares, la enorme influencia de las ONG tiene aminorado cualquier indicio de potencial de lucha clasista, se imponen agendas desmovilizadoras internacionales. En lo que respecta a los sindicatos todo se reduce a la corriente sindical gubernamental que se convierte en una policía patronal que actúa según directrices, quedan sindicatos independientes, sus dirigentes con dignidad aún resisten, necesitamos ir más allá de este fraccionamiento, para superar el control que desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), se tiene sobre la organización de clase trabajadora, deben organizarse espacios diferentes como lo pueden ser asambleas, comités, etc,.

Plantear organizar otro partido de izquierda pasa por considerar aspectos como la base social sobre la cual se habrá de desarrollar, sino hay condiciones entre los movimientos populares y tampoco entre sindicatos, entonces a este tipo de partido no le queda más que el impulso de plataformas electorales pragmáticas., la esencia de un partido electoral cualquiera.

Partido revolucionario y organización popular

Si el problema fuera solo electoral, entonces bastaría con reagrupar lo que queda del FMLN dentro de un espacio amplio y democrático, donde además converjan diversas fuerzas cobijadas por una misma identidad política, para aprovechar esos pequeños espacios de participación en la próxima coyuntura electoral, o lo que es lo mismo tomar el papel que el bukelismo puede otorgar para evitar que el descontento popular desemboque eventualmente en un clima insurreccional, entonces acá es donde tiene cabida la izquierda electorera, y para esto ya sobra quienes soliciten la oportunidad de serlo, lo cual obtendrán siempre y cuando gocen de su venia.

Construir o fortalecer un partido revolucionario es algo diferente, está demás decir lo complejo que esto es bajo las condiciones actuales, sin embargo es una tarea por resolver en el futuro inmediato, no sin antes solventar algo con lo que debe compaginar, como lo es la reconstrucción del poder popular.

Quienes entendemos que la insurrección va más allá de un precepto electoral, debemos abocarnos en nuestros propios espacios, con independencia y unidad de clase.

En el marco del día nacional del empresario, recordamos los perfiles de los salvadoreños que los tomadores de decisiones y las audiencias de Estrategia & Negocios nombraron como admirados en nuestro más reciente especial, que conocimos entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Ricardo Poma (Grupo Poma)

Mantener a sus equipos motivados y comprometidos “ha sido crucial para superar los desafíos que hemos tenido que enfrentar”. Además, el grupo ha mantenido una disciplina estratégica y un “colador fino” para la toma de decisiones, “lo que ha reducido la posibilidad de equivocarnos”.

Roberto Kriete (Avianca)

La transición hacia un nuevo enfoque de negocios se trata de una “decisión muy audaz”, valora el empresario. Nadie nunca en la historia de la aviación ha convertido una aerolínea legacy (tradicional) en una low cost… sí han reducido costos, pero cambiar de modelo mientras estás volando es complicado”.

y Roberto Murray (Grupo Agrisal) fueron los mencionados en el estudio.

La cabeza de Agrisal explicó en una entrevista que para manejar los negocios a futuro deberá haber un mayor aprovechamiento de las tecnologías relacionadas con el negocio, una revaloración del factor humano en las empresas así como también una mayor sensibilidad sobre los grupos de interés y el entorno, con una visión estratégica de mediano y largo plazo buscando aprovechar las disrupciones.

En la categoría de Nuevos Liderazgos, el favorito fue Fernando Poma, un empresario de tercera generación que lleva las riendas de Real Hotels & Resorts, de Grupo Poma. “Si tuviese 90 años y en mis últimos días de vida, viendo hacia atrás, reflexionara ¿me hubiese gustado tomar esta decisión o no?”. Esa es la pregunta que guía a Fernando Poma. Más allá de su faceta como empresario exitoso, Fernando se define como un ser humano que gusta de vivir una vida de manera auténtica y alineada con su esencia personal.

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 Cimentó su empresa a base de reclutar personas apasionadas, “necesitábamos gente apasionada por lo que hacen, por cambiar el rumbo o la percepción de la región”, recordó el ejecutivo. Salvadoreño sobre los inicios de la súper app, que ofrece entregas de supermercado, alimentos, bebidas, medicinas, mandaditos, retail.

Al mencionar Emprendedores resaltó el nombre de Darwin Romero (Applaudo Studios).

“Empezamos a darnos cuenta que teníamos la capacidad de encontrar nuevos clientes en Estados Unidos. No solo era de encontrar trabajo, sino encontrar clientes. Así comenzamos a crecer. Invertimos en procesos comerciales en EE.UU.”, detalló en 2018 Darwin Romero, cofundador y director ejecutivo.

https://www.youtube.com/embed/a7Z4nx0evPk Por país, la lista está dominada por innovadores como

Rodrigo Tona (Ternova)

Termoencogibles se ha convertido en Grupo Ternova. Como su CEO, se enfoca en la transformación, la innovación y la sostenibilidad. “Mi trabajo ha sido entender que esto no es un tema de opción: o nos transformamos o moriremos”, sentencia.

Alfredo Atanacio Cader (Uassist.Me)

es una firma dedicada a proveer ayuda administrativa remota y se ha convertido en un punto de referencia en la industria de outsourcing en el mundo, el concepto dio al centro de negocios SPACE, así como al proyecto habitacional LIVE enfocado en jóvenes ubicado en el centro histórico de San Salvador.

Diego de Sola (Inversiones Bolívar)

“La forma en la que conducimos nuestros negocios cimentará el camino para volver a dignificar la labor productiva”, sostuvo el joven ejecutivo salvadoreño.

Carlos Calleja (Grupo Calleja)

Su promesa es que el Super Selectos sea la tienda con más surtidos en El Salvador, ‘con más refrigerados, más productos importados, mejores ofertas. Hemos querido dignificar la experiencia de compra a nivel nacional’, dijo en 2019.

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Grupo Unicomer inició sus operaciones en el año 2000 con la adquisición de las marcas comerciales del grupo holandés CETECO, entre ellas, La Curacao, Almacenes Tropigas, Servitotal y Loco Luis, todas dedicadas a la venta de electrodomésticos, electrónicos y artículos para el hogar. Hoy, casi una década después, está presente en 27 países, incluyendo Centroamérica, El Caribe, Suramérica y Estados Unidos, con más de 25 marcas.

En la categoría mujeres empresaria destacó Carolina Escobar de Fiallos (Grupo Paill)

“La integridad implica un compromiso por desarrollar de forma competente y eficaz nuestra profesión. Como resultado se consigue hacer el bien a nuestro entorno, al desarrollarnos en nuestro trabajo, pero, sobre todo, implica tener calidez humana, promover la escucha activa y ante todo, ser solidarios”, reflexionó.

Metodología del estudio

Los protagonistas fueron elegidos mediante una encuesta que se promovió del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2021, tanto en las redes sociales de E&N como por gestión directa del equipo de corresponsales de la publicación a lo largo de Centroamérica.

Con una participación de 880 encuestados y 2.700 votos emitidos, los centroamericanos seleccionarona sus favoritos.

https://www.revistaeyn.com/empresasymanagement/los-empresarios-salvadorenos-mas-admirados-JN8690694

Antecedentes

El período presidencial de Félix Alfredo Cristiani (1989-1994) marca el agotamiento definitivo del modelo agro exportador de más de un siglo de existencia y el afianzamiento de una economía más orientada al comercio, las finanzas y los servicios.

Las privatizaciones que comenzaron con Cristiani y que se profundizaron en los gobiernos de Calderón Sol y de Francisco Flores, el desmontaje y reducción del Estado, la liberalización de la economía así como la suscripción de Tratados de Libre Comercio, como el TLC de Centro América con EEUU, el acuerdo comercial con México y con Chile, entre los más destacados, permitieron el surgimiento de un nuevo eje de acumulación que provocó la mutación y conversión de la oligarquía tradicional que había surgido en el último cuarto del siglo XIX y que tenía sus intereses fundamentalmente en la agro exportación, sobre todo del café y en la industria, en nuevos grupos empresariales cuyos intereses estarían más centrados en el sector financiero y de servicios así como en el comercio.

Se trata en esencia de una nueva oligarquía de la que forman parte los antiguos grupos económicos que mantuvieron su prosperidad y que supieron aprovechar las oportunidades de negocios que se crearon con el nuevo modelo económico afianzado a lo largo de los 20 años de gobiernos de ARENA.

Las ganancias de los diferentes sectores de esta oligarquía alcanzaron en el 2019 la exorbitante cifra de 9 mil 14 millones de dólares, repartidos de la siguiente forma: el 45% corresponde a Servicios Varios, el 31% a la Industria, el 16% al Comercio, el 5% al Agro y el 3%  a las Finanzas.

Solo el grupo Kriete tiene activos por más de 7 mil millones de dólares y un conglomerado de más de 10 empresas o sociedades, entre ellas AVIANCA Holding, lo que lo convierte en uno de los grupos empresariales más fuertes de la región centroamericana.

Los ejes de acumulación de esta nueva oligarquía, que nace a finales de los años 80 y se consolida a lo largo de los 4 gobiernos de ARENA, se basan en la utilización de los resortes del Estado para acumular y expandir sus riquezas.

Estamos hablando de grupos empresariales como los Kriete, los Poma, los Calleja, los Regalado, los Dueñas, los Wright, la familia De Sola, el grupo AGRISAL liderado por Roberto Murray Meza (ya fallecido), el grupo empresarial del ex presidente Cristiani, los Simán y el grupo Eserski, dueño de la más importante cadena de televisión comercial, de varias frecuencias radiales y de agencias de publicidad además de inversiones en otros sectores de la economía como los bienes raíces.

Otros grupos, con menos poder económico y que aún no forman parte de esta nueva oligarquía pero que siempre han tenido la aspiración de pertenecer a ella, son empresarios de origen árabe como los Zablah, los Salume, los Saca, los Safie y más recientemente el clan Bukele.

Existen también empresas extranjeras dedicadas a las comunicaciones telefónicas (Por ejemplo, el grupo Claro del mexicano-libanés Carlos Slim) o bien, empresas dedicadas a la generación y distribución de energía eléctrica y otras empresas como La Constancia, que fue adquirida por un grupo económico transnacional de origen sudafricano, dedicada a la producción, comercialización e importación de Cervezas, que sin ser grupos oligárquicos salvadoreños reciben beneficios del gobierno y participan en algunos negocios del Estado.

Fue en el período de Saca (2004-2009), el último de ARENA con el control del Ejecutivo, que desde la Presidencia de la República se promueve un intento de apertura en la oligarquía y se logran abrir algunos espacios para hacer negocios con el gobierno a capitales de origen árabe representados por los Salume, por familiares del ex Presidente Saca, incluyendo al mismo Tony Saca, los Safie, los Zablah y el clan Bukele.

No fue casual que la candidatura de Tony Saca en ARENA fuera promovida y financiada en el 2003 con importantes aportes de estas familias, sobre todo de Ricardo Simán (Presidente de la ANEP en ese momento y cabeza del grupo Simán) y Nicolás Salume (Presidente del Grupo COMERSAL).

Familias como los Bukele y los Safie entraron con poca fuerza, aunque no dejaron de aprovechar algunas licitaciones públicas para hacer crecer sus negocios y aumentar sus riquezas.

Armando Bukele, cabeza del clan familiar y principal accionista de las empresas del grupo, ganó licitaciones en el ISSS y en el Ministerio de Salud que hicieron crecer la droguería SINQUIMIA, en un rubro que por años había sido controlado por las droguerías del ex Presidente Cristiani.

Esta incursión en la actividad económica gestada desde el gobierno es la que estimula la ambición del grupo empresarial de los Bukele y sus aspiraciones de convertirse en un grupo oligárquico y aumentar de esa forma sus inversiones y por ende sus riquezas y su poder político.

¿Cómo construye el clan Bukele su ascenso político y su llegada a la Presidencia de la República para formar parte de la oligarquía salvadoreña?

Con la victoria del FMLN en el 2009, los Bukele planean su ingreso a la política partidista en la medida que encuentran la oportunidad de aliarse con un sector de la dirigencia efemelenista liderado por José Luis Merino (alias Ramiro Vásquez).

Desde que Shafick Handal fue candidato a la Presidencia en el 2004, Armando Bukele, jefe del clan y padre de Nayib, tiene acercamientos más frecuentes con el FMLN al manejar varias de sus  campañas electorales con la agencia que Armando Bukele había comprado por esos años y que dirigía su hijo Nayib.

Aunque la historia registra una relación que venía desde los años 80 de Armando Bukele con Shafick Handal y su hermano Farid no fue sino hasta la candidatura presidencial de Shafick que este acercamiento se profundiza.

La muerte de Shafick a su regreso de la toma de posesión del ex Presidente Evo Morales le llevan a Armando Bukele a reforzar sus acercamientos con otros dirigentes del FMLN y poner más empeño en la participación de sus hijos en política, sobre todo de Nayib, a quién él siempre consideró que estaba destinado a ser Presidente de la República.

El triunfo electoral del FMLN en el 2009 abre de nuevo la posibilidad de incursionar en política partidista y comenzar a construir una alianza empresarial con el grupo dirigencial de José Luis Merino que tiene bajo su responsabilidad la administración del Grupo Alba, vinculado a la importación y comercialización del combustible venezolano.

Su plataforma inicial fue la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, donde se trasladó a vivir Nayib y su familia.

Los Bukele estaban claros que para tener acceso a los negocios del Estado y utilizar estos negocios como un eje de acumulación había que ganar la Presidencia de la República, tal como en el pasado lo habían hecho los grupos Oligarcas por más de 150 años desde el nacimiento de la República.

Así lo hizo la oligarquía cafetalera en el último cuarto del Siglo XIX con la promulgación de las leyes de extinción de las tierras comunales (1881) y la abolición de los ejidos municipales (1882) en el gobierno de Rafael Zaldívar para ser cultivadas con Café y la aprobación de reformas legislativas, reducción de impuestos para estimular la producción del café y la entrega de insumos agrícolas a bajos precios que le permitieron a los ricos cafetaleros tener una presencia dominante en la naciente economía agro exportadora del país.

Así lo siguió haciendo en el siglo pasado, esta oligarquía agro exportadora que diversificó sus inversiones con la ayuda de los gobierno de turno y consolidó su poder económico.

Así lo hizo también la nueva Oligarquía que surge a finales de los 80 y que tuvo como instrumento de su proceso de acumulación y expansión de sus negocios y riquezas a los gobiernos areneros.

Nayib Bukele ingresa al FMLN en el 2011 como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio del Departamento de la Libertad de apenas 12 mil habitantes, que muy pronto se convertiría en residencia de familias de clase media-alta y alta y receptor de inversiones inmobiliarias donde una empresa del Grupo Alba, INVERVAL S.A. de C.V., desarrollaría importantes proyectos urbanísticos (construcción de Residenciales y Apartamentos) que Bukele autorizó desde el Concejo Municipal con claras ventajas competitivas para la empresa que manejaba José Luis Merino mediante testaferros de su confianza.

Fue por esos años que Bukele obtiene dos préstamos del Grupo Alba: Uno para comprar la mayoría de las acciones de la sociedad que manejaba el Canal de señal abierta TVX y otro para ampliar la empresa de publicidad OBERMET S.A de C.V., propiedad de la familia, que ganó contratos con el Ministerio de Turismo en los gobiernos del FMLN hasta por montos que sobrepasaron los $30 millones en solo tres años.

Otras empresas del clan Bukele que lograron contratos con el gobierno fueron: Global Motors S.A. de C. V., distribuidora de la reconocida marca japonesa de motos YAMAHA, que vendió un importante lote de motos acuáticas y chalecos salvavidas a la PNC, y Droguería SINQUIMIA con la que ganó varios contratos de suministros de medicamentos con el ISSS y el MINSAL.

De hecho esta relación comercial con el gobierno inició en la Presidencia  de Saca pero se amplió considerablemente en el segundo gobierno del FMLN.

El proyecto político de los Bukele, muy vinculado a sus intereses económicos, lo expuso el propio padre de Nayib en el 2012 en un programa de TV que tenía en Megavisión titulado “Aclarando Conceptos”.

En ese programa Armando Bukele sentenció: “La comunidad salvadoreña de origen árabe tiene ahora suficiente poder para ser el grupo dominante. Pero como no tenemos conciencia hegemónica, al menos actuemos para dejar de ser dominados”.

En esta afirmación hay dos ideas a destacar y que explican tanto las aspiraciones presidenciales como oligárquicas de Nayib Bukele y sus hermanos.

Armando Bukele siempre consideró que el conflicto entre Israel y Palestina era una expresión del conflicto entre Oriente y Occidente y que en el caso de El Salvador tenía su expresión en la lucha histórica de los migrantes árabes y sus descendientes contra la oligarquía de origen blanco-europeo en El Salvador.

En la práctica los grupos oligárquicos de descendientes europeos o judíos que vivían en Estados Unidos y en Europa siempre bloquearon la entrada de las familias árabes, incluyendo las más acaudaladas, a la oligarquía salvadoreña.

En sus concepciones islámicas, Armando Bukele era de la opinión que los árabes debían estar siempre unidos y aumentar su presencia en la política con los elegidos por Alá.

En una conversación privada en el Club Árabe y que fue registrada por la Revista “Elementos” que se dedica al periodismo investigativo, Armando Bukele le dice a otros empresarios de origen árabe con los que conversaba citando referencias al Corán (la Biblia de los musulmanes) que “es el momento que se encienda la antorcha porque Alí ya comenzó. Nayib ha sido ungido con la llama de Alí”, les dijo.

Por eso es que no es de extrañar el ritual que Bukele usó durante la ocupación militar de la Asamblea Legislativa en Febrero del 2020 donde simula que conversa con Dios y es quién, según Nayib, le ordena ceder en su intento de destituir a los Diputados por la fuerza.

Según Nayib Bukele, todo lo que él hace como gobernante es guiado por la mano de Dios y por eso es que no tiene que dar cuentas a nadie de sus actos y decisiones.

Ya siendo Alcalde de San Salvador (2015-2018), Bukele renovó el contrato de eliminación y tratamiento de desechos sólidos con las empresas del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, socio de José Luis Merino.

Otorgó además un contrato de supervisión de la obra pública realizada por la alcaldía capitalina a la empresa consultora de obras civiles (Rivas Franco Consultores SA de CV) propiedad de su asesor en el despacho municipal, Rogelio Rivas, quien luego se convirtió en su primer Ministro de Seguridad y Justicia.

Ya en la Presidencia de Bukele, esta misma empresa de Rivas obtiene un contrato de supervisión de las obras de modernización de la Planta Potabilizadora Las Pavas, en Tacachico, La Libertad, por más de 2 millones 600 mil dólares.

Otras empresas vinculadas a los Bukele como la empresa productora de semillas y granos básicos, propiedad de la familia del ex Ministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliker (PRECOSAL SA de CV), ganó contratos con el Ministerio de Agricultura del gobierno de Sanchéz Cerén cuando el titular del Ministerio era el tío de Nayib por el lado materno, Orestes Ortez, quien también fue directivo de la empresa Alba Petróleos.

De hecho esta empresa del Grupo Alba le otorgó un crédito de salvataje a PRECOSAL que estaba al borde de la quiebra en los primeros años del gobierno de Sánchez Cerén, la que luego fue absorbida como parte del Grupo Alba.

Según la agencia de noticias INFOBAE y algunas agencias federales de investigación en EEUU, como el FBI y la DEA, el otorgamiento de préstamos millonarios a empresas en quiebra que finalmente no eran cancelados por los deudores fue uno de los mecanismos utilizados por ALBA para lavar dinero.

Los contratos que ganó la empresa de Pablo Anliker en el gobierno de Sánchez Cerén afectaron a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas agrícolas que en el primer gobierno del FMLN eran los proveedores de granos y semillas para los paquetes agrícolas y la merienda escolar.

Una práctica muy frecuente en los gobiernos de la derecha de entregar a dedo o sin licitación contratos a proveedores provenientes o vinculados a los grupos oligárquicos del país siguió siendo utilizada por Bukele y su gobierno, donde existen claras evidencias de corrupción y despilfarro, que no favorecen al pueblo, sino únicamente a empresas del clan familiar y del grupo cercano de amigos del gobierno.

Citamos a continuación algunos ejemplos de esta práctica corrupta.

En los primeros días de la Pandemia fue favorecida con un contrato de suministro de mascarillas y otros insumos médicos una empresa propiedad de la familia de Jorge Aguilar, quien en ese entonces era Presidente del FONAES (Fondo de Sanidad Ambiental) del gobierno.

Este contrato además de ilegal representaba un claro conflicto de interés que es prohibido y sancionado por la Ley.

La misma empresa de Aguilar se encargó del reciclaje de toneladas de plástico que habían sido recogidas casi al inicio del gobierno de Bukele por ONGs ambientalistas y personal del Ministerio de Medio Ambiente y del FONAES.

Otro contrato irregular que fue autorizado por el gobierno fue la compra de un lote de botas de hule para el personal médico que se encontraba en la primera línea de combate del COVID-19 a una empresa de familiares del Ministro de Salud, Frank Alabí, registrada como “Autodo, SA de CV” y que según el CNR, su giro ordinario era la importación y venta de repuestos para automóviles.

Lo mismo ocurrió con la empresa “Kamar Store”, propiedad del hermano mayor de Nayib, Yamil Bukele, nuevo Iman de los Musulmanes salvadoreños luego del fallecimiento de Armando Bukele, a la que el gobierno le compró sin licitación insumos médicos durante la emergencia del COVID-19 siendo que en el CNR esta empresa figura como una tienda que se dedica a la venta de ropa y zapatos deportivos.

Entre las empresas favorecidas con la construcción del Hospital El Salvador, se encuentra la empresa “Aire Frío”, propiedad del actual jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

Menos de un año después Guevara fue candidato a Diputado por San Salvador y ganó la jefatura de la bancada oficialista, siendo que la Constitución prohíbe que un proveedor del Estado sea candidato a un cargo de elección popular.

A pesar de esta evidente ilegalidad, sigue en la Asamblea y seguramente buscará su reelección a Diputado.

La empresa de capital hondureño, Alutech El Salvador, S.A., que donó un millón de dólares a la campaña presidencial de Nayib Bukele en el 2019, fue favorecida por CEPA en el 2020 con el contrato de ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional San Romero.

Negocios similares esta empresa ganó en Honduras, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, como fue la ampliación del Aeropuerto de Tegucigalpa y la modernización de la base militar en Palmerola.

Se sabe de otros empresarios que han ganado contratos con el Estado partiendo de la relación que tienen con el clan Bukele o con funcionarios de gobierno.

Es el caso de la constructora del Grupo Salazar Romero (cuyo principal accionista es primo hermano de Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”, jefe del cártel de Texis) que con los contratos otorgados por el Ministerio de Vivienda de Bukele y FONAVIPO sus activos aumentaron de 18 millones 300 mil dólares en 2019 a 80 millones 800 mil dólares en el 2020.

Se tiene registro además que entre Mayo y Junio del 2020, en un contexto de confinamiento absoluto por el COVID-19, el CNR autorizó la creación de 82 empresas o sociedades nuevas, algunas de las cuales se cree que están relacionadas con el clan Bukele o con personas cercanas a la familia presidencial.

El eje de acumulación implementado por los Bukele utilizando los resortes del Estado ha consistido, entonces, en hacer negocios con el gobierno, adjudicar licitaciones “a dedo” o simplemente otorgar obras y contratos sin concurso público, mantener en reserva los contratos, favorecer con estos negocios a empresas del clan familiar o a empresarios amigos y funcionarios cercanos.

La estrategia también supone una alianza con los grupos oligarcas para que éstos no pongan trabas en la “repartición del pastel gubernamental” y a la distribución de recursos y utilidades.

Esta estrategia implica el compromiso de no afectar los intereses corporativos de estos grupos de poder, mantener el sistema de privilegios creados desde los gobiernos de ARENA, legislar en favor de la obtención de jugosas ganancias de parte de los más importantes y poderosos grupos empresariales del país (aprobación de la Ley del Agua, Reforma Previsional para favorecer a las AFPs en detrimento de los pensionados, exención de impuestos y reducción de aranceles para la gran empresa, ampliar los beneficios fiscales para los grupos empresariales, autorización de proyectos urbanísticos que impactan negativamente en el medio ambiente, oposición a aprobar una reforma tributaria progresiva que haga pagar más impuestos a los sectores de mayores ingresos, etc.) así como el respaldo a resoluciones o sentencias judiciales que favorezcan a los más ricos del país como fue el caso AVIANCA, el caso MOLSA o la probable indemnización a favor del grupo Guirola-Hill, del que forma parte la familia de la Canciller de la República.

Si Bukele abriera las licitaciones a la participación de la pequeña y mediana empresa o promoviera nuevos impuestos al gran capital que permitieran reducir los impuestos que pagan los pobres y la clase media, o bien, si Bukele combatiera el despilfarro en el gasto público y la corrupción de su gobierno, habría entonces más dinero para atender las necesidades de la población de menos recursos y no tendría que recurrir al endeudamiento externo o a medidas lesivas como el despido de trabajadores y empleados públicos y los drásticos recortes al gasto social.

Por qué Bukele necesita la reelección en el 2024 y al menos 5 años más como Presidente de la República?

Bukele no tiene más salida, viendo las experiencias de sus vecinos, que poner sus barbas en remojo y asegurarse 5 años más de inmunidad.

Nadie ni nada puede garantizarle que al dejar la Presidencia en Junio del próximo año no enfrentará procesos judiciales, tanto en el país como en el exterior.

Bukele está urgido de seguir ejerciendo el control del Ejecutivo y de los demás Órganos del Estado para no ser juzgado penal y políticamente por graves violaciones al ordenamiento constitucional (empezando por la búsqueda de una reelección ilegal e inconstitucional), por violar el Estado de Derecho durante su ejercicio público como gobernante, por violar los Derechos Humanos durante la vigencia del Régimen de Excepción, por financiar y encubrir asesinatos cometidos por las pandillas y por agentes del Estado dentro de las cárceles o por cometer y encubrir actos de corrupción en su gobierno.

Bukele sabe que para garantizar esta impunidad debe seguir ejerciendo control sobre el Fiscal General de la República y los Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Debe además tener el control sobre las decisiones calificadas del Órgano Legislativo y mantener el mando sobre la Policía y el Ejército.

El eje de acumulación que le permitirá al Clan Bukele formar parte de la Oligarquía y ejercer un poder hegemónico sobre el país (tal como lo expresó Armando Bukele en un programa televisivo como hemos visto antes) necesita también de continuar en la Presidencia de la República por muchos años más.

El modelo oligárquico agroexportador requirió de más de 100 años para desarrollarse y consolidarse. Fueron necesarios varios gobiernos de derecha que se sucedieron en el tiempo y que requirieron de prácticas autoritarias para enfrentar la resistencia popular.

El modelo económico neoliberal y oligárquico que reemplazo al modelo agroexportador una vez agotado demandó de 20 años de control del Ejecutivo por parte de la nueva Oligarquía y el uso del partido ARENA como su instrumento de dominación.

Las aspiraciones oligárquicas del clan Bukele y del capital árabe en el país aliado al grupo empresarial creado por el padre de Nayib necesitan más de 5 años de control del gobierno y de los demás Órganos del Estado.

Bukele buscará su relección inmediata en el 2024 no porque el pueblo mayoritariamente se lo demande. Y mucho menos porque sea necesario que continúe en el poder para asegurar mejores condiciones de vida a la población.

Por el contrario, su ejercicio presidencial solo ha permitido que la Oligarquía aliada a los intereses de EEUU en el país y en la región siga exprimiendo a la población y continúe robándose los recursos públicos para incrementar sus riquezas.

Con Bukele los ricos son ahora más ricos que antes, incluso más ricos que cuando ARENA gobernaba. Los pobres continúan sumidos en la pobreza y no existen perspectivas claras de que su situación económica y social vaya a mejorar.

Con Bukele la pobreza ha vuelto a los niveles que existían antes que llegara el FMLN al gobierno, se ha abierto aún más la brecha entre ricos y pobres y ha aumentado la concentración de la riqueza.

A quiénes beneficia, entonces, que Bukele siga en la Presidencia?

Indudablemente que solo a su clan familiar aliado del Grupo Alba y a la Oligarquía que nació y se fortaleció en los gobiernos de ARENA.

*El colectivo está formado por analistas e investigadores salvadoreños. Tetzahuitl es un nombre Náhuatl que hace referencia a un presagio, a un fenómeno insólito considerado una señal que anuncia un hecho del futuro. La palabra náhuatl “tetzahuitl” significa una cosa escandalosa o cosa de agüero.  En general, es posible decir que tetzahuitl es un suceso que provoca temor y además constituye un presagio o augurio.

1.Las recientes elecciones se caracterizaron por un fraude estructural y constitucional, un alto nivel de abstencionismo y una victoria holgada del régimen. Bukele ganó con el 82% de los votos válidos y en 2019 había ganado con el 54%. Su partido (NI), que hoy tiene el 66% de las diputadas y diputados, a partir de mayo tendrá el 90%. También reforzará su poder en las alcaldías, pues gobierna en el 57% de ellas y gobernará en el 64%.

2.Los partidos llamados de oposición (ARENA, FMLN, NT y VAMOS) aceptaron la candidatura inconstitucional de Bukele y los cambios en las reglas electorales a favor de NI. Y pese a que Bukele será presidente de facto porque la Constitución prohíbe la reelección continua, esos partidos aceptaron su victoria y solo cuestionan las elecciones legislativas, donde el fraude técnico encubrió el fraude constitucional.

 3.El régimen repartió votos entre partidos aliados y moribundos (GANA, PCN, PDC y CD) para humillar a los demás. También le dio una alcaldía a FS, de reciente creación.

4.El FMLN tuvo un fuerte descenso con respecto a 2019:

1.El candidato presidencial anterior obtuvo 390,000 votos y el actual recibió 204,000 (-48%).

    2.Tenía 23 diputadas y diputados y no tendrá ninguno.

    3.Gobernaba en más de 50 alcaldías y no gobernará en ninguna.

5.La dirección del FMLN no asume responsabilidad ante la derrota, no se autocritica y le envía a la militancia cinco mensajes para justificar los resultados.

6.A partir del primero de mayo el Estado será controlado totalmente por la derecha, bajo la hegemonía absoluta del clan gobernante y su partido. Cinco partidos de derecha tendrán presencia en la Asamblea Legislativa y siete gobernarán las 44 alcaldías.

    7.Sin embargo, pese a su gran poder, el grupo gobernante no estabilizará al país, pues la gente demanda mejorías que no llegarán. Lo que vendrá es la desilusión.

8.En la nueva coyuntura que se abre, el movimiento popular seguirá luchando contra el régimen. Ya veremos si un referente partidario de izquierda se suma a esa lucha.

Las continuas derrotas electorales que el FMLN ha venido sufriendo desde 2018, así como la reducción de su capital político y de su  representación en los Órganos del Estado, llevan forzosamente a plantear el siguiente desafío a sus actuales dirigentes:

¿Lo que la izquierda en El Salvador necesita es solo una reorganización interna o más bien la creación de un nuevo partido que sea un referente real de las luchas del pueblo?

A juzgar por el estado agónico en que se encuentra el partido en mi opinión hay que practicar una eutanasia inmediata y comenzar a trabajar  en la creación de un nuevo referente partidario que retome el ideario fundacional de un verdadero partido de izquierda, tal como el que surgió a inicios de los años 80.

El FMLN, así como está, ya no tiene ninguna viabilidad.

La mayoría de sus  dirigentes han demostrado una incapacidad total para superar la crisis que enfrenta el partido al punto de que no reconocen que se encuentran atrapados en una lógica derrotista, lo que ha provocado que poco a poco se hayan ido alejando de sus principios revolucionarios.

Son tan incapaces y faltos de autocrítica que responsabilizan de su derrota a los dos gobiernos anteriores del FMLN, sobre todo al primero (2009/2014).

Les acusan de haberse distanciado de las aspiraciones populares pero por otro lado contradictoriamente reivindican como propias las conquistas sociales que produjeron una reducción importante de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema.

Han llegado al colmo de ver como victoria el hecho de no haber desaparecido jurídicamente.

Así lo planteó su candidato presidencial, Manuel “el chino” Flores, cuando dijo que muchos, de adentro y de afuera del partido, los creían derrotados y aniquilados. Según Flores eso no ocurrió, ya que seguirán existiendo legalmente y lograron remontar la votación del 2019. No hay nada que nos haga crear que esta remontada ocurrió.

Probablemente les anularon algunos votos que habían ganado en las Presidenciales pero de esa anulación a asegurar que les “robaron” cerca de medio millón de votos efectivos hay una gran diferencia.

Vanagloriarse de ser la segunda fuerza política del país con apenas 204 mil votos (menos del 7% de la votación) es una vergüenza.

Existe además una situación que no nos explican.

No solo el FMLN no desapareció jurídicamente, tampoco desapareció el PDC, el PCN, GANA, Vamos y Fuerza Solidaria (el partido creado por Herbert Saca con recursos del oficialismo).

Cuál es el mérito entonces de no desaparecer si otros tampoco desaparecieron y sobre todo que no tienen ninguna representación en el Estado, al punto que el FMLN se ha vuelto inviable como oposición real.

Cuando Oscar Ortiz, actual Secretario General del FMLN, dice que pondrá su cargo a disposición de la dirigencia nacional, en el fondo está dejando que sean los responsables de la debacle electoral los que decidan sobre el futuro del FMLN.

Qué es lo más probable que ocurra?

Que la CP acepte la renuncia de Ortiz y que en su lugar nombren a Lourdes Argueta o al Chino Flores, con la bendición de José  Luis Merino, lo que sería más de lo mismo.

¿Por qué no se atreven a denunciar y a desligarse de José Luis Merino? Esta es la corrupción que le ha hecho daño al partido y que ha corrompido a su dirigencia.

Las acusaciones en contra de mi gobierno y el de Sánchez Cerén la Fiscalía aún no ha podido demostrarlas, porque en el fondo fueron fabricadas por la derecha oligárquica y por una Fiscalía al servicio de los intereses oligárquicos y del clan Bukele.

Hablar de reestructuración interna o de relevo generacional sin desligarse de los corruptos y mercantilistas en el FMLN no es ni refundación y menos creación de un sólido instrumento partidario de izquierda que defienda los intereses populares.

Bajo el disfraz de una supuesta reestructuración interna, que más bien suena a una especie de rueda de caballitos, el FMLN seguirá siendo un partido sin rumbo, destinado al fracaso.

Acá lo que se impone es la creación de un nuevo partido de izquierda que recoja lo mejor de la militancia actual, del liderazgo joven y que no sea genuflexo a José Luis Merino y a sus seguidores en la Comisión Política actual.

La cirugía tiene que ir a la raíz del problema.

De lo contrario acabarán siendo más de lo mismo.

Por eso sostengo que no es una reestructuración lo que necesita el  FMLN sino una refundación de raíz que parta de la creación de un nuevo referente partidario, fuertemente vinculado al movimiento social y a la lucha callejera, y a nuevos principios fundacionales ajustados a los tiempos que vivimos.

Se forjó en los negocios en los duros años 80´s, en una economía en guerra y de fronteras cerradas. Consolidó SIMAN como una cadena líder en El Salvador y dirigió la regionalización de la empresa familiar hasta Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

Con más de 50 años de su vida en la centenaria empresa familiar y dos décadas al frente del negocio, Ricardo Félix Simán Dabdoub se despide de la operación diaria de la empresa fundada por su abuelo en 1921, y pasa a presidir la junta directiva de Grupo ALSICORP.

“Yo soy alguien que ha sido súper activo y operativo. (El nuevo rol) es un cambio no solo para la empresa, sino para mí también”, confiesa Simán. No obstante, concede, “siempre hay que rejuvenecer la dirección de la empresa y estoy muy satisfecho de las personas que han tomado estas responsabilidades”, expresó.

Por primera vez en más de 100 años de existencia, la dirección de la mayor cadena de tiendas por departamentos de Centroamérica será llevada por alguien externo a la familia Simán.

El relevo de uno de los grandes líderes del retail en Centroamérica comenzó a prepararse desde hace unos tres años. El empresario salvadoreño explicó que la empresa tiene acuerdos internos que facilitan la transición. Desde hace unos tres años empezaron a formar un equipo con profesionales y miembros de Junta Directiva externos a la familia Simán, y evaluaron a la gente más destacada para ocupar los puestos.

Fue entonces que seleccionaron a dos nuevos presidentes ejecutivos: Juan Pablo Gálvez, a cargo de dirigir la cadena de almacenes y a Pablo Portillo, para llevar el timón en el negocio de franquicias. “Vemos que lo están haciendo muy bien, ahora estamos adaptándonos a otra forma de trabajar y de supervisar, y a ver las cosas a veces con más calma”, expresó Simán sobre sus sucesores.

Ricardo Simán espera que en el futuro próximo algunos miembros de la familia se puedan integrar a los puestos de dirección de la compañía, pero solo será posible si cumplen con todas las habilidades necesarias para ello.

“Vamos a ver qué oportunidades salen”, responde en son de broma, al hablar del futuro que le depara su salida como presidente y CEO de Almacenes SIMAN a sus 70 años y, aunque comparte que le gustaría seguir dedicándose más a su gran pasión, la fotografía, advierte que todavía no se separará completamente de las operaciones de la empresa, pues ha pasado a presidir la junta directiva de Grupo ALSICORP. “Aquí voy a estar y si se portan mal, vamos a dar un par de coscorrones”, dijo con una sonrisa.

EL TRANSFORMADOR DEL NEGOCIO

Ricardo Simán se unió a la empresa familiar desde los 18 años. Inició en el departamento de mayoreo de productos textiles, el cual terminó cerrando “por la competencia desleal y otros factores”. Luego, a inicios de la década de 1980, se incorporó en el negocio del retail. Eran tiempos turbulentos en El Salvador que el empresario recuerda como una “época muy dura” por el comienzo del conflicto armado y por que además estaban prohibidas las importaciones.

Aunque afirma que no le gusta ver al pasado y que “se le han borrado bastante de los recuerdos”, al rememorar esos comienzos de su trayectoria reconoció que tuvieron que echar mano de mucho ingenio para fabricar localmente lo que podían ofrecer al público y desarrollaron una gran cantidad de proveedores locales, muchos de ellos todavía siguen activos y trabajando con la cadena.

Describió que en aquellos años, Almacenes SIMAN funcionaba como “una empresa de familia, con todos sus pro y con algunos obstáculos para caminar”. Se encaminaron hacia una evolución profesional cuando le nombraron CEO y Presidente de la Junta Directiva. Eran tiempos de cambio y con grandes proyectos por venir.

Entonces, detalló, lo primero por lo que se preocupó fue del adecuado manejo y selección del personal. “Si el recurso humano no está bien atendido, seleccionado y bien compensado, las empresas no van a ninguna parte”. Así, entre sus primeros proyectos destacó el cambio en la forma de seleccionar al personal, con exámenes y evaluaciones mucho más profesionales. Trajeron consultores en diferentes áreas y modernizaron los sistemas de contabilidad y de inventarios.

Para principios de la década de 1990, la marca SIMAN ya tenía tres sucursales bien posicionadas en El Salvador, pero se trazaba la ruta para dar el paso fuera de las fronteras de su país. Así nació en 1993 la tienda del Centro Comercial Los Próceres, ubicada en la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Después, en 2002 llegaron a Managua, Nicaragua, y en 2009 abrieron su primera tienda en Costa Rica, en Multiplaza Escazú.

EL ESTRATEGA

Simán no solo regionalizó la marca familiar, también logró un importante hito al expandir el negocio por medio de una alianza con el grupo español Inditex, una negociación que fue “un proceso largo”, pero que le dio la llave para operar las codiciadas y exitosas franquicias de moda Zara, Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti.

A finales de 2022, Almacenes SIMAN contaba con unos 7.800 empleados directos, la mayoría mujeres (58 %) y con cerca de los 200.000 metros cuadrados de área de venta, el buque insignia de un conglomerado que ahora se conoce como Grupo ALSICORP.

El grupo tiene una huella importante en el sector del retail de Centroamérica y bajo la dirección de Ricardo Simán se compone actualmente de 19 tiendas SIMAN, 17 de Prisma moda, 10 de MAC Cosméticos, Bershka, Pull &Bear y Stradivarius, nueve de Zara, cuatro de Xclaim, Zara Home, Oysho y tres de Massimo Dutti.

El empresario mencionó que la participación de las tiendas de Inditex en el negocio “es un porcentaje importante y va creciendo”, pero ahora la estrategia para este brazo del Grupo ya no es abrir tantas nuevas localidades, sino que las están ampliando y ajustando a las nuevas demandas y generaciones con un estilo vanguardista.

UN CAMINO, GRANDES HISTORIAS

Consultado sobre sus grandes momentos a nivel empresarial, Ricardo Simán destacó que en los últimos años se dieron cambios drásticos en la operatividad de la empresa. Haber conseguido las primeras franquicias con Inditex y el inicio de operaciones de su sitio en Internet fueron hitos importantes, concedió.

Otros momentos que lo desafiaron al frente de la empresa fueron la guerra civil salvadoreña, varios terremotos y, más recientemente, la histórica paralización de las actividades por la pandemia del COVID-19, en 2020. “Nos costó unas pérdidas enormes”, confesó, aunque reconoció que pudieron tomarse acciones para maniobrar en el histórico cierre de actividades.

Durante los primeros meses de la pandemia, pese a que se les permitió comenzar a vender por Internet, el empresario reconoció que no pudieron dar el servicio que habrían esperado brindar a los clientes que se decantaron por el ecommerce durante las primeras semanas de la emergencia. “Tengo que aceptarlo, fallamos en varias oportunidades. Primero por la limitación de personal que teníamos y por la logística. No habíamos tenido esa demanda anteriormente y eso fue un aprendizaje. Pero ese proceso nos hizo saltar a otra forma de trabajar y ahora las ventas por Internet y canales digitales son importantes, pueden andar por un 10 % y creciendo”, acotó el presidente.

Pese a que las nuevas generaciones de consumidores están más familiarizadas con las redes sociales y las compras en línea están en auge, Ricardo Simán cree que la necesidad de interacción del ser humano no va a cambiar y avizora oportunidades para el sector del retail tradicional en la región centroamericana. La experiencia de “llegar a un centro comercial, a una tienda, ver, probarse la ropa, interactuar… creo que eso difícilmente va a desaparecer y, además, a veces va acompañado de alguna diversión. Espero que esa vivencia no desaparezca, no por mi negocio, sino por el ser humano”, consideró.

Las inversiones para el Grupo empresarial no se detienen y dijo que “siempre están buscando nuevas oportunidades”. Ahora se enfocarán en impulsar la nueva la tarjeta Credisiman Visa, ampliar los locales de las franquicias de Inditex, digitalizar el sistema de control de inventarios y el del servicio al cliente, aunque los próximos planes y estrategias corresponderán a los nuevos CEO quienes serán los encargados de diseñar y ejecutar dichos movimientos, los que no le serán del todo ajenos ya que Simán los atenderá desde la presidencia de la Junta Directiva del Grupo ALSICORP.

VISIÓN DE PAÍS, LÍDER GREMIAL

En esta retrospectiva de su trayectoria, a nivel personal, Simán consideró que, por el espíritu que le inculcaron sus padres y tíos, siempre ha buscado dónde servir. Por ello, atesora como uno de sus mayores legados su trabajo al frente de gremiales del sector privado salvadoreño como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (1997-2001) y de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, entidad que dirigió entre 1989 y 1990 y en un segundo período entre 1995 y 1996.

“Eso no produce ingresos, más que todo (atrae) riesgos y problemas, pero a mí siempre me ha gustado estar al servicio de la sociedad y de los empresarios. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy duro con los gobiernos de aquella época, durante los terremotos de 1986, el Huracán Mitch, el terremoto de 2001… fueron tragedias terribles y (haber podido colaborar) son satisfacciones que uno tiene, ver, que ha podido contribuir en algo a la sociedad que tanto lo necesita. Creo y sostengo que el deber social número uno de un empresario es reinvertir y crear nuevas fuentes de trabajo”, concluyó.

Política e historia: lo político y la política

Aquí se dispone ya de suficiente número de elementos para intentar exponer el concepto de política en Marx, Engels y Lenin, y sus relaciones con la problemática del Estado. Hay que hacer, sin embargo, dos observaciones previas.

1] En este capítulo se intentará plantear los problemas de la teoría marxista general del Estado y de la lucha política de clases. Este capítulo, que trata sobre todo del problema general del Estado, precede, en el orden de exposición, al capítulo sobre las clases sociales y la lucha de clases. Y no por azar: no es, entiéndase bien, que pueda emprenderse en el orden lógico un examen del Estado sin referencia directa y simultánea a la lucha de clases, o que este orden de presentación corresponda a un orden histórico de existencia del Estado antes de la división de la sociedad en clases; es que las clases sociales constituyen el efecto, ya se verá en qué sentido exacto, de ciertos niveles de estructuras, de las que forma parte el Estado.

2] Se presentará ya la distinción entre la superestructura jurídico-política del Estado, lo que puede llamarse lo político, y las prácticas políticas de clase -lucha política de clase- , lo que puede llamarse la política. Sin embargo, no habrá que perder de vista que esta distinción se aclarará en el capítulo siguiente sobre las clases sociales, donde podrá fundamentarse la distinción y la relación entre las estructuras por una parte, y las prácticas de clase, o sea, el campo de la lucha de clases, por otra.

El problema de lo político y de la política se enlaza, en Marx, Engels y Lenin, con el problema de la historia.

En efecto, la posición marxista a este respecto depende de las dos proposiciones fundamentales de Marx y Engels en el Manifiesto comunista, según las cuales:

a)“Toda lucha de clases es una lucha política”, y b) “La lucha de clases es el motor de la historia”.

Está muy claro que puede hacerse una primera interpretación, de tipo historicista, de la relación de esas dos proposiciones.

Esta interpretación presupone finalmente el tipo hegeliano de “totalidad” y de “historia” ; se trata, en primer lugar, de un tipo de totalidad simple y circular, compuesta de elementos equivalentes, que se distingue radicalmente de la estructura compleja predominante que especifica el tipo de unidad marxista.

Se trata, en segundo lugar, de un tipo lineal de historicidad, cuya evolución está desde siempre contenida en el origen del concepto, identificándose el proceso histórico con el devenir del autodesenvolvimiento de la idea. En esa “totalidad”, la especificidad de los diversos elementos en cuestión está reducida a ese principio de unidad simple que es el Concepto cuya objetivación constituyen; la historia se reduce a un devenir simple cuyo principio de desarrollo es el paso “dialéctico” de la esencia a la existencia del concepto.

Pero puede hacerse, efectivamente, una interpretación historicista de las dos proposiciones marxistas que acaban de citarse. ¿Cuál sería su resultado? No serían comprendidos entonces en el dominio de lo político un nivel estructural particular y una práctica específica, sino en general el aspecto “dinámico” -“diacrónico”-de todo elemento, perteneciente a no importa qué nivel de estructuras o de prácticas de una formación social. Siendo el marxismo para el historicismo una ciencia “genética” del devenir en general, y siendo la política el motor de la historia, sería en último análisis una ciencia de la política -y hasta una “ciencia de la revolución”- identificada con el devenir unilineal simple.

De aquí se siguen varias consecuencias: a) Una identificación de la política y de la historia, b) Lo que puede llamarse sobreposición de los diversos niveles de las estructuras y de las prácticas sociales cuya especificidad, autonomía relativa y eficacia propia quedarían reducidas a su aspecto dinámico-histórico-político.

Lo político constituiría aquí el centro, o el denominador común y simple, a la vezde su unidad (totalidad) y de su desenvolvimiento: ejemplo particularmente sorprendente de ese resultado, la  famosa sobrepolitización del nivel teórico que llevó al esquema “ciencia burguesa-ciencia proletaria” , c) La abolición de la especificidad misma de lo político, su desmenuzamiento en todo elemento indistinto que rompería el equilibrio de la relación de las fuerzas de una formación.

Esas consecuencias tienen por resultado hacer superfluo el estudio teórico de las estructuras de lo político y de la práctica política, lo que conduce a la invariante ideológica voluntarismo-economismo, y a las diversas formas de revisionismo, reformismo, espontaneísmo, etc.

En resumen, lo político, en una concepción histórica del marxismo, desempeña con toda exactitud el papel que reviste finalmente el Concepto en Hegel. No me ocuparé aquí de las formas concretas que reviste esa problemática. No haré más que dos citas para situar el problema.

Una procede de Gramsci, cuyos análisis políticos, siempre preciosos, con frecuencia están empañados por el historicismo de Croce y de Labriola. Esta cita ilustra las consecuencias señaladas:

“La primera cuestión que hay que plantear y resolver en un estudio sobre Maquiavelo es la de lo político como ciencia autónoma, es decir, del lugar que la ciencia política ocupa o debe ocupar en una concepción sistemática del mundo …, en una filosofía de la praxis. El progreso que, a este propósito, hicieron los estudios sobre Maquiavelo y la ciencia política por obra de Croce, consiste sobre todo. . . en haber disipado una serie de falsos problemas, inexistentes o mal planteados. Croce se fundó en la distinción de los momentos del espíritu y en la afirmación de un momento de la práctica, de un espíritu práctico, autónomo e independiente, aunque enlazado circularmente con la realidad entera por la dialéctica de los distintos.

En una filosofía de la praxis, la distinción no se hará ciertamente entre los momentos del Espíritu absoluto, sino» entre los grados de la superestructura, y se tratará, pues, de establecer la posición dialéctica de la actividad política (y de la ciencia correspondiente) como grado determinado de la superestructura: podrá decirse a título de primera indicación y de aproximación que la actividad política es precisamente el primer momento o primer grado, el momento en que la superestructura está aún en la fase inmediata de simple afirmación voluntaria, indistinta y elemental.

¿En qué sentido puede establecerse una identidad entre la política y la historia, y por consiguiente entre el conjunto de la vida y la política? ¿Cómo, en ese caso, podrá concebirse todo el sistema de las superestructuras como diferencia de la política, y cómo se justificará entonces la introducción del concepto de diferencia en una filosofía de la praxis?. . . Concepto de ‘bloque histórico’, es decir, de la unidad de estructura y superestructura, unidad de los contrarios y de los diferentes. . . ”[1]

Ya se ven apuntar, en esta cita de Gramsci, las consecuencias señaladas del historicismo, que conducen aquí, como por otra parte ocurrió con el izquierdismo teórico del decenio de los veinte – Lukács, Korsch, etcétera-, a una sobrepolitización de carácter voluntarista: es el equivalente del economismo en la misma problemática.[2]

Tomo una segunda cita a T. Parsons, maestro de la tendencia “funcionalista” de la sociología actual, tendencia sobre la cual volveremos extensamente, porque, influida por el historicismo de M. Weber, rige los análisis de la ciencia política moderna: [3] es sorprendente comprobar que conduce, por razón precisamente de sus principios teóricos comunes con el historicismo marxista, a resultados análogos relativos a lo político y la política:

“…no podría abordarse el estudio de la política apoyándose en una concepción teórica reservada a ese problema, por la sencilla razón de que la política constituye un centro de unificación de todos los elementos analíticos del sistema social, y no se la podría reconocer a ella misma como uno de esos elementos particulares”.[4]

Se verá a continuación que el funcionalismo constituye, de hecho, en el plano epistemológico, la continuación directa de la concepción historicista general: se ve claramente la reducción que se produce de lo político, el cual, por otra parte, se convierte aquí, en tanto que principio simple de la totalidad social, en el principio de su desenvolvimiento, en la perspectiva sincronía-diacronía que caracteriza al funcionalismo.

En la concepción antihistoricista de la problemática original del marxismo debe situarse lo político en la estructura de una formación social, por una parte en cuanto nivel específico, por otra parte, sin embargo, en cuanto nivel decisivo en que se reflejan y condensan las contradicciones de una formación, a fin de comprender exactamente el carácter antihistórico de la proposición según la cual es la lucha de clases la que constituye el motor de la historia.

Comencemos por este último punto, puesto en evidencia por Althusser, quien demostró, como se recordará que para el marxismo no es un tipo universal y ontológico de historia, un principio de génesis referente a un asunto, lo que constituye el principio de inteligibilidad del proceso de transformación de las sociedades, sino el concepto teóricamente construido de un modo de producción dado en cuanto todo-complejo-con predominio.

A partir de este concepto nos es dado el materialismo histórico, y puede construirse el concepto de historia que no tiene nada que ver con un devenir lineal simple. Así como los niveles de estructuras y de prácticas presentan, en el interior de la unidad de un modo de producción y de una formación social históricamente determinada, una especificidad propia, una| autonomía relativa y una eficacia particular, presentan temporalidades de ritmos y escansiones diferenciales.[5]

Los diversos niveles de una formación social están caracterizados por un desarrollo desigual, rasgo esencial de la relación de esas temporalidades diferenciales en la estructura, por diferencias de fases o etapas que son el fundamento de la inteligibilidad de una formación y de su desarrollo. En esa medida, las transformaciones de una formación y la transición son captadas por el concepto de una historia de temporalidades diferenciales.

Tratemos de ver el lugar que corresponde, en ese contexto, a lo político, y más particularmente a la práctica política. El concepto de práctica reviste aquí el sentido de un trabajo de transformación sobre un objeto (materia prima) determinado, cuyo resultado es la producción de algo nuevo (el producto) que constituye, o por lo menos, puede constituir, una ruptura con los elementos ya dados del objeto.

Pero, ¿cuál es a este respecto la especificidad de la práctica política? Esa práctica tiene por objeto específico “el momento actual”[6] como decía Lenin, es decir, el punto nodal en que se condensan las contradicciones de los diversos niveles de una formación en las relaciones complejas regidas por la sobredeterminación, por sus diferencias de etapas y su desarrollo desigual. Ese momento actual es, pues, una coyuntura, el punto estratégico, en que se fusionan las diversas contradicciones en cuanto reflejan la articulación que especifica una estructura con predominio.

El objeto de la práctica política, tal como aparece en el desarrollo del marxismo por Lenin, es el lugar en donde finalmente se fusionan las relaciones de las diversas contradicciones, relaciones que especifican la unidad de la estructura; el lugar a partir del cual puede descifrarse, en una situación concreta, la unidad de la estructura y actuar sobre ella para transformarla.

Con eso esta dicho que el objeto sobre el cual versa la práctica política depende de los diversos niveles sociales –la practica política versa a la vez sobre lo económico, sobre lo ideológico, sobre lo teórico y sobre lo político en sentido estricto— en su relación, que constituye una coyuntura.

Se sigue de ahí una segunda consecuencia en lo que concierne a la política en sus relaciones con la historia.

La práctica política es el motor de la historia en la medida en que su producto constituye finalmente la transformación de la unidad de una formación social, en sus diversas etapas y fases. Esto, no obstante, no enun sentido historicista: la práctica política es la quetransforma la unidad, en la medida en que su objetoconstituye el punto nodal de condensación de las contradicciones de los diversos niveles, de historicidad propias y de desarrollo desigual.

Esos análisis son importantes para situar el concepto de lo político, y más particularmente de la práctica política, en la problemática original del marxismo: sin embargo, es preciso completarlos sobre un punto. En efecto, tales análisis, relativos al objeto y al producto de la práctica política, no pueden bastar para situar exactamente la especificidad de lo político: deben completarse con una concepción adecuada de la superectructura política.[7]

Pues, en realidad, contentándose con definir lo político simplemente como práctica de objeto y producto definidos, siempre se corre el riesgo de diluir su especificidad, de acabar identificando como político todo lo que “transforma” a una unidad dada. Olvidando el examen teórico de las estructuras políticas, se corre el peligro de errar el momento actual de la coyuntura y caer en ese “momento” de que hablaba, planteando claramente el problema, Gramsci. En suma, si se quiere superar definitivamente un historicismo de lo político no basta limitarse al análisis histórico del objeto de la práctica política, es preciso también situar, en el interior de una formación social, el lugar y la función específicos del nivel de las estructuras políticas que son  su objetivo: sólo en esa medida podrá mostrarse la  superdeterminación por lo político en sus relaciones con una historia diferencial.

Entremos en lo vivo del problema:  las estructuras políticas -lo que se llama superestructura política— de un modo de producción y de una formación social constituyen el poder institucionalizado del Estado. En efecto, siempre que Marx, Engels, Lenin o Gramsci hablan de lucha (práctica) política distinguiéndola de la lucha económica, consideran expresamente su especificidad en relación con su objetivo particular que es el Estado, en cuanto nivel específico de estructuras de una formación social.

En este sentido se encuentra, en efecto, en los clásicos del marxismo, una definición general de la política. Se trata muy precisamente de la concepción indicada de la práctica política: ésta tiene por objeto el momento actual, produce las transformaciones -o quizás la conservación- de la unidad de una formación, pero en la única medida exacta en que tiene por blanco, por “objetivo” estratégico específico, las estructuras políticas del Estado.[8]

Así, Marx nos dice: “El movimiento político de la clase obrera tiene… como objetivo final [Endzweck] la toma del poder político” .[9] También precisamente en este sentido debe entenderse la frase de Lenin: No basta decir que la lucha de clases no llega a ser una verdadera lucha, consecuente, desplegada, sino el día en que abarca el dominio de la política…Para el marxismo, la lucha de clases no se convierte en una lucha totalmente desplegada del conjunto de la nación más que el día en que no sólo abarca la política sino que se dirige al dominio de lo esencial: la estructura del  Estado.”[10]

Lo que realmente resalta en esta cita es que ese objetivo del poder del Estado es la condición de la especificidad de la práctica política. Señalemos aún, a este respecto, la posición de Lenin en sus textos de 1918 relativos al problema del “doble poder” del Estado de los soviets. En realidad Lenin sigue considerando aquí también, el objetivo de la práctica política enlazado con la superestructura del Estado. En efecto, la consigna  “Todo el poder a los soviets” está enlazada en el pensamiento de Lenin, al hecho de que considera a los “soviets” “segundo Estado”. Se advertirá la diferencia entre poder del Estado y aparato del Estado. Lo que nos interesa aquí, es que esa consigna no procede del hecho de que los soviets estén dominados por los bolcheviques -en realidad los soviets, en la fecha de la consigna, estaban dominados por los mencheviques-, sino de que los soviets constituyen un aparato de Estado que asume funciones del Estado oficial, de que constituyen el Estado real. De donde la conclusión: hay que fortalecer a este segundo Estado y tener por objetivo tomarlo en cuanto Estado: “La esencia verdadera de la Comuna no está donde la buscan en general los burgueses, sino en la creación de un tipo particular de Estado. Pero un Estado de ese género ya nació en Rusia: son los soviets…[11]

Estos análisis de Lenin proceden, por lo demás, de su posición teórica relativa a la diferencia -y la relación- de la lucha económica y de la lucha política, tal como la había definido ya esencialmente en ¿Qué hacer?: “La socialdemocracia dirige la lucha de la clase obrera…en sus relaciones no sólo con un grupo de patronos, sino también con…el Estado como fuerza política organizada. Se sigue, pues, de ahí que los socialdemócratas no pueden limitarse a la lucha económica”…,o también: “Las rebeliones políticas son una declaración de guerra al gobierno con el mismo título que las rebeliones económicas son una declaración de guerra a los fabricantes”.[12]

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[1] Este texto está citado según las Oeuvres choisis de las Éd. Sociales (pp. 197 ss). Sobre la identificación, en Gramsci, de la “ ciencia” y de la “ filosofía de la praxis” con la política véanse: II materialismo storico e la filosofia di B. Croce, Einaudi, pp. 117 jí, y Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Einaudi, pp. 79 ss, 142 ss.

[2] A este respecto, remito a los análisis de Althusser en Para leer E l capital, 1969.

[3] T h e Social System , Glencoe, 1951, pp. 1 2 6 « .

[4] En efecto, esta corriente no sólo está directamente afiliada

al historicismo, sino que se presenta, a través de la importancia que reviste, como la “alternativa” del marxismo. Como advierte Runcirnann en su excelente libro Social Science and Political Theory , 1965, p. 109 :  “ En ciencia política no existe realmente, aparte del marxismo, más que un solo candidato serio para una teoría general de la sociedad. . . Sus partidarios declaran que existe otra serie de proposiciones generales que proporcionan una explicación mejor del comportamiento político que el marxismo . . . Se trata del funcionalismo…”  O también, p. 1 2 2 : “ Sigue en pie el hecho de que alguna forma de funcionalismo es la única alternativa actual del marxismo, como base de una teoría general en ciencia política” .

[5] Para la distinción entre modo d e producción y formación social, esencial para el problema del concepto de historia, véase la Introducción.

[6] “L a dialéctica materialista” , en La revolución teórica de Marx. Hay que señalar, sin embargo, que ese concepto de práctica no es todavía, en el estado actual de las investigaciones, más que un concepto práctico (técnico ).

[7] Se trata de lo que puede llamarse “ superestructura jurídico-política del Estado” , a condición de señalar esto: esa expresión engloba demasiado esquemáticamente dos realidades diferentes, dos niveles relativamente autónomos, a saber, las estructuras jurídicas -el derecho- y las estructuras políticas- el Estado.  Su empleo es legítimo en la medida en que los clásicos del marxismo establecieron de manera efectiva la relación estrecha de esos dos niveles: ese empleo no debe hacernos olvidar por eso que la expresión abarca dos niveles relativamente distintos, cuya combinación concreta depende del modo de producción y de la formación social en cuestión. Deberá tenerse en cuenta esta observación cuando se emplee dicha expresión.

[8] Se puede, pues, perfectamente suscribir la definición que da M . Verret de la política: “ L a práctica política es la práctica de la dirección de la lucha de clases por y en el Estado (Theorie et politique, e.d. Sociales, 1967,pág. 1944). Dentro de un instante abordaremos la cuestión de la relación entre la política y el Estado, tal como la plantea la antropología política actual.

[9] Carta a Bolte del 29 de noviembre de 1871.

[10] Lenin, Oeuvres completes, Éd. Sociales, t. 19.

[11] Theses d ’Abril, “ Lettre sur la tactique” .

[12] Más particularmente sobre la relación lucha económica- lucha política, véase infra, pp. 9 7 y 108.

Under President Nayib Bukele, El Salvador has experienced one of the most spectacular declines in violent crime in recent memory, anywhere in the world. Despite ranking among the most dangerous countries on the planet a mere decade ago, the Central American state today boasts a homicide rate of only 2.4 per 100,000 people—the lowest of any country in the Western Hemisphere other than Canada.

El Salvador owes much of its dramatic drop in crime to Bukele’s crackdown on street gangs and criminal organizations, including MS-13 and Barrio 18. Although homicide rates were trending downward before Bukele took office in 2019, violent crime declined sharply after March 2022, when his government declared a state of emergency following a spike in murders, allowing the government to suspend basic civil liberties and mobilize the armed forces to carry out mass arrests. This state of exception granted Bukele’s administration a blank check to fight gangs and detain suspects without consideration for transparency, due process, or human rights.

Bukele’s iron-fist measures and their apparent results have not only made him wildly popular in his country—earning him a landslide reelection in February 2024—but also captured the imagination of politicians elsewhere grappling with rapidly deteriorating public safety. Members of the political elite in other states are now toying with the so-called Bukele model. In Ecuador, for instance, President Daniel Noboa has unabashedly followed in Bukele’s footsteps in response to prison riots and a major surge in homicides, declaring a state of emergency in January that gave the armed forces free rein to detain suspects and to take over control of the country’s prisons. The Bukele-style security measures appear to be succeeding there, as well: a little over a month into the crackdown, the government reported that the daily average of homicides had fallen from 28 to six. The fact that militarized public safety campaigns are proving effective outside El Salvador has only enhanced the model’s growing appeal across Latin America, which has long suffered the highest rate of violence of any region in the world.

But as appealing as a Bukele-style crackdown might seem, these punitive campaigns against organized crime come at a serious cost to democracy and human rights. These measures concentrate power in the hands of the executive, chipping away at other democratic institutions, such as Congress and the judiciary, that are critical bulwarks against governmental abuse. They also fail to solve the underlying problems, such as corruption and impunity, that generate such violence and instability in the first place.

There are alternatives to the Bukele model for reducing crime. In cities in Brazil, Colombia, and Mexico, politicians have managed to decrease homicides without eroding civil and human rights by making sustained investments in democratic policing, which emphasizes transparency, accountability, and civil liberties. These measures may not work as quickly, and they may not be as conspicuous. But they do not sacrifice democracy on the altar of public safety. Militarized states of emergency are no silver bullet: for any public safety measures to permanently succeed, they must not come at the expense of the democratic institutions that protect civilians from abuse at the hands of the government.

BUKELE’S SOCIAL CONTRACT

Iron-fist measures against crime—including armed forces assuming control of law enforcement, severe sentences, and the suspension of civil liberties—are not new in Latin America. But Bukele’s approach is notable for its duration. El Salvador’s state of emergency, which was first declared in March 2022, has been extended some 24 times, giving Bukele nearly two years of free rein.

Bukele’s suspension of civil liberties has streamlined his crackdown on gangs, allowing the military to detain suspects without hindrance, circumvent the corruption that pervades the judicial process, and sever the links between imprisoned gang leaders and their acolytes in the outside world. The emergency decree’s suspension of rights, including due process, has made it much easier to arrest suspected gang members, given that probable cause or arrest warrants are not needed and excessive use of force is not a concern. Bukele also used emergency powers to introduce indefinite pretrial detention, which means that the state does not need to present convincing evidence in court before locking a suspect up for extended periods and preempts the possibility that a corrupt judge would release the suspect. The emergency mandate also bars inmates from establishing any contact with individuals outside the prison, including lawyers, relatives, or associates, thereby preventing kingpins from continuing to run their groups from behind bars. The outcome, according to Amnesty International, has been the imprisonment of some 77,000 people, many of whom have also been subjected to systematic torture and other mistreatment.

Public safety has improved dramatically as a result. Although human rights organizations have pointed to significant underreporting of homicides and questioned the reliability of government statistics, the testimonies of Salvadoran citizens make clear that there has been a significant reduction of extortions among business owners and a newfound freedom to enjoy public spaces. Tellingly, the number of encounters that U.S. authorities had with Salvadoran migrants dropped from 97,000 in 2022 to 61,515 in 2023, signaling that violent crime as a push factor for migration may be receding.

Leaders throughout the rest of Latin America have taken notice. Elected officials in Argentina, Colombia, Guatemala, and Peru have expressed support for the Bukele model. The fact that officials in states such as Argentina have considered adopting Bukele’s system speaks to its widespread appeal, given that Argentina’s crime rate is comparatively low. The same is true for Uruguay, another country with low—albeit rising—homicide rates. One Uruguayan senator went so far as to travel to El Salvador to hear directly from Bukele.

The state that has done the most to follow Bukele’s approach is Ecuador, where Noboa has rolled out a similar set of measures dubbed Noboa’s Way. The public safety challenges in Ecuador are different from those in El Salvador, as the former’s violent crime stems from the prevalence of transnational drug trafficking organizations as opposed to more localized gangs. But the distinct security landscape has not prevented Noboa from following in Bukele’s footsteps, including by handing control of penitentiaries over to the armed forces and ordering the construction of two maximum-security prisons modeled after Salvador’s secretive Terrorism Confinement Center—which, theoretically, has the capacity to hold 40,000 inmates. (By contrast, the Louisiana State Penitentiary, one of the largest maximum-security prisons in the United States, can hold up to 6,300 inmates.) Since declaring a state of emergency in January, Noboa has overseen the arrest of over 8,000 people—and his popularity, like Bukele’s, has only risen.

THE PRICE OF SAFETY

Although Bukele’s crackdown has achieved spectacular public safety gains, it has incurred an equally sizable but less visible cost to El Salvador’s democracy. In the short term, the mass arrests have led to the incarceration of tens of thousands of people who lack legal recourse, with many Salvadorans living in fear of arbitrary imprisonment. In the long run, Bukele’s consolidation of power undermines the system of institutional checks and balances that safeguard the public against government abuse. Ahead of the country’s February elections, for instance, Bukele used the suspension of constitutional rights to modify El Salvador’s electoral rules to favor his party. Moreover, the normalization of states of emergency and the militarization of public life erodes citizens’ ability to influence policy, and it weakens trust in the capacity of civilian institutions to solve the country’s problems.

Despite these high costs, public safety has become such an overriding concern for so many Salvadorans that civil liberties and human rights have been sidelined. As Bukele’s enduring popularity demonstrates, if violent crime is severe enough people are willing to relinquish protections against government abuse in exchange for improved public safety.

The result is a paradox of punitive populism, in which democratically elected leaders with broad anticrime mandates undermine liberal democracy by adopting iron-fist policies that are not only popular but can also be effective. Iron-fist policies are widely appealing to publics accustomed to living in fear for their safety; such is the case for generations of Latin Americans, many of whom have not known a reality other than widespread extortions, kidnappings, and murders. In El Salvador, for example, anybody born after 1979 has only known life under either a brutal civil war, which lasted from 1979 to 1992, or the subsequent internecine gang warfare that has killed tens of thousands and driven many more to flee the country. Bukele came to power pledging to bring an end to this state of chaos, and he has proceeded to do so by a popular demand that has not diminished even amid his dismantling of democracy from within.

Bukele-style campaigns against organized crime come at a serious cost to democracy and human rights.

The strong desire for drastic public safety measures is understandable in a region where many proposed solutions have yielded little fruit. Governments throughout Latin America have cycled through many failed bids to counter violent crime, swinging back and forth on the centralization and decentralization of the police and facilitating the proliferation of private security firms. Officials in countries including Mexico and Brazil have shelled out millions in consultancy fees for the advice of former New York City Mayor Rudolph Giuliani on crime-fighting techniques, with few discernible long-term results. But despite the real need for increased public safety, the price of a no-holds-barred war on violent crime is too steep for Latin America, where democracies are still relatively young and fragile and where the rule of law is already elusive.

Even in countries without states of emergency, the militarization of law enforcement can have damaging antidemocratic consequences. In Mexico, for instance, the country has grown steadily more illiberal since President Felipe Calderón deployed the military in 2006 as part of an ill-fated effort to combat drug traffickers, despite a constitutional prohibition on doing so. Human rights violations have gone up in the intervening years, as has violent crime. But subsequent administrations have refused to change course, choosing instead to double down on the militarization of public safety. Amid persistently high rates of cartel violence, President Andrés Manuel López Obrador, known as AMLO, has granted the armed forces even more expansive powers, including oversight over the country’s air and sea ports. As a result, citizens are increasingly subject to the whims of the military rather than to the rule of law.

In Bukele’s case, at least, the rate of violent crime has come down. But in the long run, iron-fist approaches may not be so successful—and could simply fuel the problems that caused violent crime to spiral out of control in the first place. Corruption and impunity are the key obstacles to public safety across the region, where gangsters elude prison or run criminal enterprises from behind bars because police, judges, and prison wardens are complicit in organized crime. States of emergency and the militarization of public safety can circumvent some existing corruption, but they also bring greater opacity, remove institutional constraints against government abuse, and reaffirm the perception that only the military can solve societal problems. Addressing impunity requires more, rather than less, transparency and accountability. In the absence of a major overhaul of existing security forces, giving the same forces that operated with impunity a blank check to put the house in order invites disaster.

DEMOCRACIES THAT DELIVER

To be sure, not all aspects of Bukele’s model are detrimental to liberal democracy. Putting criminals away to keep them from terrorizing law-abiding citizens and preventing inmates from engaging in criminal activity from prison are critical to addressing the region’s violent crime epidemic, and therefore giving people freedom to go about their lives without fear of victimization. But militarized states of emergency are no substitute for a long-term public safety strategy.

Instead, governments should craft new policing strategies that are compatible with democracy and that work to overcome the obstacles that prevent publics from trusting law enforcement. Officials must invest more in civilian policing agencies to incentivize good and effective police behavior, including training and staffing new officers, adopting merit-based selection and promotion procedures, establishing more competitive salaries and benefits, and implementing rigorous evaluation programs.

They must channel more resources toward anticorruption vetting systems that include personnel screening tests and recurrent accountability checks. They need to use policing technology for real-time decision-making and intelligence, such as surveillance systems that can detect problematic areas early and generate evidence to be used in court, and they need to establish closer collaboration between police and local residents, taking cues from proximity policing models that incentivize trust and responsiveness to citizens’ concerns. Governments must also make key reforms to the judiciary and civil service, including vetting judges based on their trajectories and ability to bring transparency to the assignment of court cases. They must also establish institutionalized oversight mechanisms such as mandatory and regular disclosure of assets.

Corruption and impunity are the key obstacles to public safety across the region.

Local governments throughout Latin America have shown that such systems can work. A case in point is Ciudad Nezahualcóyotl—a densely populated suburb of Mexico City with over a million people concentrated in about 25 square miles. Once considered a large and dangerous slum, the city made a sustained effort to expand its local police force and strengthen trust in local law enforcement—and was able to cut the homicide rate in half between 2013 and 2022. Encouraging experiences can also be found in Medellín, Colombia, and São Paulo, Brazil, which have also adopted similar approaches, in addition to measures including firearms controls and recurring evaluations of police intervention. In all these places, policing has helped not only to reduce crime but also to build confidence in civilian institutions.

Despite their effectiveness at the local level, such alternative policing methods have not gained national traction because they are eclipsed by flashy and politically expedient iron-fist approaches. Given the popularity of the visible deployment of the armed forces from one emergency to the next, resources are channeled toward military budgets rather than to less sexy but crucial reforms to civilian police and the judiciary. In 2019, for example, AMLO dismantled the civilian federal police and created a paramilitary national guard that consists mainly of former soldiers. Even in places like Chile, where violent crime is relatively low and the police enjoy trust from society, the government increasingly relies on the military for public security.

But leaders should pursue the better solution, not the one that is most showy. That means they must shift their priorities and channel funds toward strengthening the police and judiciary on a national level—scaling up what has worked locally. If the region’s democracies are to survive the illiberal pressures of punitive populism, governments must prove that nonmilitary measures can be effective. Otherwise, publics across Latin America will continue to surrender their constitutional rights in exchange for authoritarian police states that maintain order. The best antidote against authoritarian populism is for democracies to deliver results.

Quizá no te cuente sobre la Caperucita Roja,

o el Gato con Botas;

pero te platicaré refrescando memorias de niño

y hablaré todas las noches que quieras

sobre los pañuelos rojos en nuestro cuello,

o sobre los pedazos de tela roja amarrada

en nuestro brazo izquierdo.

Te contaré miles de historias cuentoverdades

sobre los niños correos de las montañas;

entre lobos y hienas por todas las veredas

que se dirigían a nuestro campamento,

para comernos mejor

y nuestros niños correos burlando los lobos

en la oscuridad de la noche,

en la profundidad de la lluvia,

en la boca del lobo

llevando nuestros correos

para otras unidades de apoyo,

para comunicarnos mejor,

para prepararnos mejor.

Nuestros niños correos entre lobos,

desde el Sicahuite a La Montañona,

de La Montañona a Patamera;

pasando por Gallinero, Portillo, Los Ranchos…

Nuestros niños descalzos sin botas,

deslizándose como gatos al viento,

entre mariposas, mosquitos y bombas;

entre fusiles y cantos de guerra.

Ya no platicaremos sobre la abuelita

que se comió el lobo;

sino sobre la abuelita que nos echaba las tortillas

(cuando teníamos maíz suficiente)

de la abuelita mamá Munda o Mamá Nona

que también burlaban los lobos

junto a todos los niños con pañuelos rojos al cuello.

Cuando nazcas hijo,

ya no habrá lobos que maten abuelitas,

tu serás un niño amigo de los lobos…

y a los lobos los criaremos en la montaña,

los dejaremos ser….

plateados o negros bellos,

salvajes aullando canción de libertad….

Los fusiles irán siendo menos necesarios,

nuestros pañuelos rojos serán una sola bandera de sangre

limpia, honesta, sencilla, arrogante de cara al sol.

Entonces los cuentos serán historias

verdad de nuestros niños;

correos, sabiduría de nuestras abuelitas tortilleras…

y quizá queriendo yo ser un niño a tu altura:

(torpemente) te hable un ratito de

la Caperucita Roja y el Gato con Botas.