El presidente de El Salvador ha logrado que entre el selecto club de los multimillonarios salvadoreños cundan la suspicacia y la discordia. Algunos ven en los silencios o en las acciones de otros señales claras de que han cometido un error capital en una democracia amenazada: se han aliado con un gobernante autoritario que los utiliza mientras conduce a El Salvador hacia un destino parecido al de Nicaragua, un presidente que lo controla todo.
Transcurrían las últimas horas del 18 de mayo de 2020 cuando, tras una cadena nacional de radio y televisión del presidente Nayib Bukele, estalló un enfrentamiento en un grupo de chat en el que participaban algunos de los multimillonarios de El Salvador.
«Un pariente mío reclamó fuerte», dice casi un año después Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), al recordar el efecto que causó Bukele al exhibir a algunas de las personas más ricas de Centroamérica como sus nuevos socios apenas tres meses después de su irrupción con los militares en la Asamblea Legislativa y solo seis días después de que lo «desconociera» a él como representante del sector privado.
El descontento fue tal que los reclamos escalaron hasta los insultos. «Les dijo que parecían prostitutas que habían llegado a venderse al presidente», recuerda una de las personas que integraban uno de esos grupos de conversación. «Después de decir eso, se salió del grupo».
El reclamo marcó el punto más tenso en el conflicto entre la élite económica salvadoreña sobre cuál debe ser su rol ante un presidente que, con menos de un año en el ejercicio, ya comenzaba a recordarles al nicaragüense Daniel Ortega. Cuatro opciones: enfrentarle abiertamente, resistirle con discreción, someterse a regañadientes o aliarse con él.
Bukele, que asumió el 1 de junio de 2019 tras ganar la carrera montado un partido prestado, ha dado hartas muestras de su desprecio por la legalidad y por la vigilancia ciudadana sobre sus actuaciones, de su divorcio con la probidad, con los derechos humanos y con la democracia. Durante sus 23 meses de mandato, ha renegado de los contrapesos en el Estado, ha declarado ilegalmente secretas las compras del Estado (incluidas las vinculadas al manejo de la pandemia por COVID19), ha montado campañas sistemáticas injuriosas y difamatorias contra académicos, intelectuales y empresarios que se han atrevido a criticar su gobierno, y lo mismo ha hecho contra periodistas y medios que han sacado a la luz la corrupción que se gestó a la sombra de la emergencia sanitaria. Asimismo, se ha dedicado a deslegitimar y humillar a la oposición política y, desde mayo de 2020, a una ANEP que hasta antes de que la presidiera Simán tenía una buena relación con el presidente.
Aquella noche de la cadena nacional de radio y televisión estalló, airado, Ricardo Simán, expresidente de la ANEP y cabeza prominente en el grupo comercial de esta familia de origen palestino. Simán estaba impactado porque representantes de las familias Poma, Meza Ayau, De Sola, Dueñas, Kriete y Calleja acababan de permitir al gobernante que usara su imagen para legitimar un nuevo ataque contra la Asamblea Legislativa, contra la Sala de lo Constitucional, contra la prensa independiente y también contra la ANEP.
La reunión del 18 de mayo y el uso que Bukele le dio aumentó la desconfianza con que se ven en este selecto club de millonarios cuyos nombres suelen aparecer en las listas de la revista Forbes de las personas más ricas de Centroamérica. Algunas de ellas, y que se sentaron a la mesa con el presidente, han sido citadas como «milmilonarios», y un par de ellas son sospechosas de ser las personas más acaudaladas de la región: Roberto Kriete, presidente de Avianca Holdings, y Ricardo Poma, del grupo Poma.
La duda es difícil de disipar porque, como se lo dijo en 2017 el periodista de Bloomberg Blake Schmidt a BBC, «Centroamérica es uno de los lugares más difíciles para hacer ese tipo de trabajo porque no hay mucha transparencia». Schmidt había sido contratado en 2015 para que hiciera el inventario de los milmillonarios de Centroamérica, y tanto El Salvador como Panamá fueron los peldaños más difíciles para llegar a la meta.
Aunque Kriete y Poma comparten la etiqueta de tal vez estar en la cima de las mayores fortunas personales de la región, en este dilema sobre cómo posicionarse ante Bukele están en bandos distintos.
Desde el 18 de mayo de 2020, este puñado de empresarios cuyas familias han sido blanco de varios estudios académicos sobre sus relaciones, su influencia en las políticas públicas y sobre la posible captura del Estado, son como hermanos que duermen en la misma habitación, pero con suspicacias tales que les inhiben de lograr un sueño profundo: duermen con un ojo abierto.
Aunque a lo largo de las décadas han encontrado la forma de armonizar sus intereses, durante los últimos seis años la relación se ha debilitado y este probablemente sea el momento de mayor distanciamiento que han tenido.
«Siempre hubo una especie de mesa permanente», dice Patrick Murray, hijo de Roberto Murray Meza, uno de los personajes con más peso en la élite económica salvadoreña y que por años estuvo muy vinculado al partido Arena, la organización política de extrema derecha que fundara el mayor Roberto d´Aubuisson y que durante cuatro décadas de evolución ha sabido representar en la institucionalidad del Estado los intereses de los sectores empresariales.
Patrick Murray gerencia uno de los negocios agrícolas de la familia y se preocupa por que se le reconozca como empresario por su trabajo, en lugar de que se le etiquete como tal solo por el hecho de ser hijo de Murray Meza. «Ser heredero no te hace empresario», dice.
Su padre fue uno de quienes participaron en la reunión con Nayib Bukele que tanto irritó a Ricardo Simán. Y Patrick entiende bien por qué causó esa reacción en algunas personas. «Es una trampa cazabobos», tuiteó esa noche. «Validar a un autoritario, más temprano que tarde, trae consecuencias irreparables».
Aquella era la segunda ocasión en que Roberto Murray Meza aparecía ante el público sentado a la diestra del presidente. Dos meses antes había sorprendido a medio El Salvador porque por primera vez alguien que representaba muy bien a la oligarquía a la que Bukele siempre se había referido despectivamente como parte de «los mismos de siempre», apareció sentado a la mesa presidencial.
La noche del 21 de marzo, cuando la penumbra de la peste de 2020 cubría medio mundo, Bukele anunció el inicio de una cuarentena estricta para tratar de contener el avance de la pandemia por Covid19. Una medida como esta era previsible, dado lo visto en otros países, y dadas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo que no era previsible era que Murray Meza apareciera respaldando con su presencia una administración atemorizante como la de Bukele. Fue tan inesperada la aparición de Murray Meza en el show presidencial, que ni siquiera su hijo sabía que al sintonizar la cadena de radio y televisión vería el rostro de su progenitor en la pantalla. «Yo me enteré igual que todo El Salvador: cuando vi a mi papá en televisión».
Cuando tuvo oportunidad de preguntarle por qué hacía aquello, dice que le respondió: «A un presidente no se le dice que no». Y menos cuando Bukele había acudido a los empresarios en busca de auxilio ante una amenaza de magnitudes gigantescas que ya había postrado a los países de Europa.
Javier Simán, el presidente de la ANEP, tampoco se esperaba ver a Murray Meza sentado a la mesa presidencial, pero dice entender sus razones.
«Cuando un presidente invita a empresarios, por respeto van a ir». Y entonces, dos meses después, fueron varios. Y lo malo, dice, no fue que acudieran, sino lo que el presidente hizo con esa reunión. «Nayib Bukele invitó a algunos empresarios y hoy unos se sienten usados y se alejaron; otros se quedaron cerca porque se sienten bien cerca del poder o porque les beneficia en sus negocios».
¿Y quiénes son los que siguen acompañándolo porque se sienten bien cerca del presidente o porque esa proximidad beneficia sus negocios? Javier Simán sonríe y asegura que uno mismo puede responderse esa pregunta si echa una mirada a «la carta», un documento fechado 16 de enero de 2021 y suscrito por 184 personas. Los sospechosos de ser aliados de Bukele no son quienes firman, sino quienes no firmaron.
La trampa
El sector empresarial no es homogéneo. De hecho, el clan de los Simán puede diferenciarse de entrada respecto de la mayoría de los otros grandes capitales en que se trata de una fortuna relativamente reciente. La mayoría de las fortunas de las familias que enviaron representantes a reunirse con Bukele ante las cámaras el 18 de mayo de 2020 tienen su origen hace ya un siglo e incluso algunos casos se remontan a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX.
«La vieja oligarquía», como en una ocasión le llamó Orlando de Sola, se fundó en el agro, en la tenencia de la tierra y en el acaparamiento de las exportaciones agrícolas. La dinámica de la economía, sin embargo, atada a los cismas políticos, obligó a ajustes importantes. Particularmente la década de la guerra civil, a partir de 1980, supuso cambios significativos con las expropiaciones de tierras para hacer la reforma agraria y con la nacionalización de la banca y de las exportaciones agrícolas del café y del azúcar.
Esta fue una oportunidad para que el capital buscara nuevos nichos y así El Salvador vio potenciado el comercio y, después de la firma de la paz, la economía hizo un traslado importante hacia el área de servicios. La reprivatización de la banca permitió a algunas familias volver a sus quehaceres de antaño, pero también facilitó el surgimiento de nuevas fortunas.
Los Simán, más conocidos por su cadena de Almacenes Simán presente en varios países de Centroamérica, también tienen inversiones en la industria textil y en la inmobiliaria, y constituyen un ejemplo de fortunas relativamente nuevas, a diferencia de las que algunos caracterizan como «de dinero viejo» que ha venido heredándose de generación en generación a lo largo de muchas décadas.
En el caso de la ANEP, fundada en la década de 1960, su poder estriba en su representatividad. La Asociación Nacional de la Empresa Privada es una federación que aglutina a más de 50 asociaciones de índole comercial, financiera, agropecuaria, de servicios e industrial. La ANEP, si se lo propusiera, podría paralizar al país desde la conducción de las empresas. Es un poder político por esa razón, y así se lo reconocía la Asamblea Legislativa cuando, en mayo de 2020, conversaban sobre cómo reabrir la economía.
Esa es la ANEP que ha estado en la mira del presidente Bukele desde días antes de aquella sesión con los millonarios. Ha intentado descalificarla porque, según él, representa los intereses del partido Arena y de la oligarquía. En la retórica de Bukele, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que nació en 1981 como un instrumento de lucha política anticomunista, representa a «los mismos de siempre» a quienes se debe desterrar de la vida política de El Salvador.
«El rol de la ANEP es político porque estamos en la cancha política, pero no competimos con los partidos políticos: la ANEP no defiende intereses, sino principios», dice Javier Simán.
En «los mismos de siempre» Bukele incluye a su expartido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que le abrió las puertas en 2012 para que iniciara su carrera política como alcalde de un pequeño pueblo al sur de San Salvador. Expulsado de la organización en 2017, Bukele incorporó al partido de la exguerrilla en el conjunto.
Cuando en mayo de 2020 la pandemia había provocado las primeras muertes en El Salvador, la cuarentena y el cierre de la economía cumplían dos meses, y centenares de miles de personas también estaban cumpliendo dos meses de sufrir hambre. En una economía en la que casi la mitad de la población en edad de trabajar sobrevive gracias a que se autoemplea, de un día para otro, centenares de miles habían perdido sus fuentes de ingresos. La presión para reabrir era insostenible, pero la ola más grande de la pandemia aún era solo una silueta ominosa en el horizonte. Esa era la situación del país cuando la Asamblea intentaba construir con la ANEP un plan de reapertura que tuviera suficientes medidas de prevención para aplanar la curva de contagios.
La ANEP históricamente ha tenido una muy cercana relación con el partido Arena. Dirigentes como Ricardo Simán han sido personas que han financiado al partido, pero a lo largo de los años han tenido mayor peso y mayor incidencia algunos de los empresarios que la noche del 18 de mayo de 2020 accedieron a tomarse fotos con el presidente Bukele.
De hecho, a finales de 2001, cuando el partido alcanzaba niveles bajísimos de popularidad y parecía estar perdiendo demasiada fuerza ante el creciente respaldo que obtenía el FMLN, fueron algunos de los invitados de Bukele a la reunión de mayo quienes dieron un golpe sobre la mesa y tomaron, ellos mismos, las riendas del partido. «Se privatizó Arena», reclamó en noviembre de 2001 Gloria Salguero Gross, fundadora y expresidenta de la organización política, ante la toma de la dirección nacional por personajes como Archie Baldocchi Dueñas, Ricardo Poma y Roberto Murray Meza.
Esos multimillonarios constituyen la oligarquía contra la que Bukele dijo que pelearía para acabar con un sistema que no vela por los intereses de las mayorías, sino esencialmente por los intereses de «los mismos de siempre». Cuando en 2014 El Salvador acababa de salir de la primera ronda para elegir presidente, el FMLN y Arena se aprestaban a definir la disputa en una segunda vuelta el 9 de marzo de ese año.
El día 21 de febrero, y ante la campaña que advertía que si el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén ganaba la presidencia El Salvador se volcaría hacia Cuba y Venezuela, Bukele escribió en su cuenta de Twitter: «No entreguemos El Salvador a Cuba ni a Venezuela, y mucho menos a la oligarquía que tanto daño le hizo a este país». Y fue con los mejores representantes de esa oligarquía con quienes se sentó a platicar aquella noche del 18 de mayo de 2020.
«Ellos se representan a sí mismos», dice Javier Simán, para marcar distancia respecto de lo que representa ANEP. Y la aparición de aquellas personas junto al presidente no le sorprendió, porque estaba al tanto de la reunión.
Y tampoco le sorprendió cómo Bukele manejó todo, porque lo había previsto. Y se lo había advertido. «Les dije: “Se va a tomar la foto con ustedes y los manipulará.”»
Esa noche, El Salvador tenía dos meses de sufrir una cuarentena tan extrema y tan mal diseñada que la Sala de lo Constitucional ya había resuelto que el gobierno violaba la Constitución al capturar a personas en las calles por violar unas reglas de encierro elaboradas sin seguir el procedimiento de ley. Y el presidente no solo había ignorado la resolución de los magistrados, sino que persistía en hacer capturas arbitrarias. Además, la Sala de lo Constitucional acababa de resolver que el presidente no podía declarar por su cuenta un estado de emergencia: esa atribución corresponde a la Asamblea Legislativa, que carecía de impedimento para sesionar.
El presidente se dirigió al país en dos momentos: primero, cuando permitió que El Salvador lo viera reunido «con los empresarios más grandes del país», con quienes, según dijo, «consensuó» un plan de reapertura de la economía. El segundo acto fue una conferencia de prensa en la que no solo amenazó con asfixiar financieramente a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional porque mostraban «un deseo evidente de subir los contagios y la cantidad de muertes por COVID19», sino que también acusó a la legislatura de estar preparando «un decreto económico disfrazado de emergencia nacional y forzado por la ANEP» cuyo propósito era reabrir las empresas, no atenuar el impacto de la pandemia en contagios y muertes.
Así que Ricardo Simán reaccionó airado y, al igual que otros, entendió que la aparición de los millonarios junto al presidente iba a leerse como un respaldo a un gobernante que ya había puesto en la mira al apellido Simán.
Ricardo Simán expresó su disposición a conversar con Plaza Pública, aunque transparentó una inquietud. «Siempre he sido colaborador con la prensa… pero lo que pasa en estas circunstancias es cómo nos atacan como familia…» Accedió a responder preguntas por medio de un programa de conversación electrónica. Plaza Pública deseaba preguntarle sobre su reacción tras la cadena del presidente y sobre sus temores respecto del rumbo del país, y envió las primeras dos interrogantes, pero nunca las contestó.
En este enfrentamiento con el presidente, los Simán no están solos. Aunque de las decisiones de Bukele podría interpretarse que ha habido un afán por aislarles desde cuando Javier tomó las riendas de la ANEP en mayo de 2020, poco a poco ha ido consolidándose una especie de frente común que aún es un tanto difuso ante el público. Y en él están alineados algunos de quienes se tomaron la foto con el gobernante.
Por eso, Javier Simán habla de que tras aquella reunión algunos de los participantes se alejaron del gobernante, mientras que otros optaron por aprovechar las ventajas que pueda dar cobijarse bajo la sombra del poder del presidente.
Una persona cercana a Ricardo Poma cree que este aceptó la invitación porque vio una oportunidad de presentar el plan de reapertura que se había trabajado en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN, fundada por la familia Poma). «Esa propuesta se estaba presentando a diversos actores, y uno clave era el gobierno».
En esos días, además, había empresarios interesados en otra propuesta de reapertura, que era la elaborada y donada al país por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Aunque Bukele aludió a la reapertura cuando mostró a los empresarios, lo que no esperaban quienes acudieron a la reunión, y lo que había anticipado Javier Simán, fue lo que ocurrió después, en la conferencia de prensa.
«Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país, y llegamos a un entendimiento», anunció Bukele, jactancioso.
Subrayaba el peso específico de los interlocutores que había tenido minutos antes. «Vamos a poner una propuesta ya consensuada con un grupo muy representativo del gran empresariado nacional», añadió.
Bukele, que inició su ocupación de adulto en la agencia de publicidad de su familia, es una persona muy preocupada por la grandilocuencia. A lo largo de sus primeros dos años de gobierno ha acuñado lemas como «estamos haciendo historia», se ha vanagloriado repetidas veces de que «por primera vez en la historia de El Salvador» su gobierno está haciendo algo, prometió el hospital más grande de Latinoamérica contra la COVID19, ha dicho que El Salvador ha dado al mundo lecciones de cómo manejar adecuadamente la pandemia, se ha jactado de ser el presidente más cool del mundo y ha destacado cómo, a pesar de tener supuestamente en su contra al Órgano Judicial, al Órgano Legislativo, a la ANEP, a George Soros, a Human Rights Watch y a «los periodistas» que según él defienden el sistema corrupto que él dice estar desmontando, logró reducir la tasa de homicidios a menos de la mitad y El Salvador será pronto un país próspero y justo.
Entonces, no podía desaprovechar la oportunidad para colgarse, como una nueva medalla, su pacto con «los empresarios más grandes del país». Agregó que el plan incluía, antes del inicio de la reapertura gradual de la economía, «una cuarentena absoluta de 15 días, según estudios que hemos recibido de la ESEN y del INCAE».
La conferencia fue caótica. Bukele iba y venía con su discurso para tratar de deslegitimar a la Sala de lo Constitucional, a la Asamblea Legislativa y a la ANEP, a quienes de antemano culpaba de un potencial escenario catastrófico ante la pandemia.
«Los mismos que nos critican por supuestamente invadir atribuciones del Órgano Judicial o del Órgano Legislativo, aplauden ahora la invasión que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional al quitar a la Presidencia de la República la facultad de decretar estado de emergencia en medio de la emergencia más grande que ha enfrentado la humanidad. Somos el único país del mundo en el que por sentencia se declara que se acabó la covid-19», dijo.
Después recordó que, también en cadena nacional, el día anterior él había dicho que el gobierno echaría mano de todas las herramientas legales «para defender de este virus a la familia salvadoreña».
Entonces lanzó una advertencia: «Y si nos dejan solo con la ropa que andamos puesta y se nos acaba el dinero, vamos a suspender las transferencias de fondos a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional».
Y Bukele cumplió su amenaza e intentó, durante los días posteriores, asfixiar financieramente a quienes perfilaba como sus enemigos políticos.
Los ataques contra la ANEP continuaron. El 8 de junio de 2020, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dio declaraciones a la prensa sobre cómo marchaba el plan de reapertura. «Hemos creado una mesa intersectorial, pero no con ANEP… con ese señor (Javier Simán) no nos vamos a reunir».
Javier Simán dice que habló con varios de los empresarios que se tomaron la foto con Nayib Bukele. «Se sintieron usados. Es mi interpretación tras platicar con algunos de ellos», dice. Y, particularmente, cree que Murray Meza fue el que más perdió porque reincidió. «El presidente estaba jugando con Murray Meza cuando este accedió a aparecer en la cadena nacional del 21 de marzo. Quería dar la impresión de que estaba apoyado por el sector privado. Y lo volvió a hacer en mayo, cuando salió rodeado de todos ellos».
Cuando inició la emergencia sanitaria, el gobernante se puso en contacto con algunos de estos empresarios. Algunas fuentes vinculadas a estas familias explican que Bukele quiso platicar sobre el eventual cierre de la economía, y también les fue franco respecto de la situación en extremo precaria del sistema de salud pública.
«Les dijo que apenas tenían unos 20 ventiladores mecánicos en todo el país y les pidió que le ayudaran a buscar recursos», comenta una persona que estuvo al tanto de los acercamientos. Precisa que fue uno de los hermanos del presidente, Yusef Bukele, quien sirvió de enlace, y que por el lado de los nombres de las listas Forbes, fue Roberto Kriete.
Y así se produjo la primera sorpresa, la del 21 de marzo, y luego la de la foto grupal, del 18 de mayo. Patrick Murray, en desacuerdo con que su padre apareciera en público con Bukele por temor a la interpretación que podría hacerse de ese acercamiento, cree haber identificado el anzuelo que lanzó el presidente cuando aún estaba fresco el intento de golpe contra la Asamblea. «En un momento en el que estos empresarios estaban relativamente alejados del poder político, creo que Nayib Bukele y sus hermanos calcularon que podían tenerlos contentos al darles un sentido de realidad e involucrarlos en los esfuerzos por enfrentar la pandemia», dice el hijo de Murray Meza.
En la ANEP, Javier Simán dice estar convencido de que algunos de los empresarios fueron timados por el presidente, y que otros sí están muy a gusto junto a él.
Si se le pregunta por qué los Simán no aparecieron en la foto grupal con el presidente, responde: «Porque somos gremialistas, somos institucionalistas. Otros prefieren levantar el teléfono… Mientras otros prefieren resolver sus propios problemas, nosotros preferimos resolver los problemas del sector y del país».
¿Y quiénes son los empresarios que, egoístamente, han optado por estar cerca del poder? Ahí es cuando Javier Simán pide que se revise «la carta» del 16 de enero de 2021.
Los millonarios sospechosos
Estos empresarios que se reunieron con Bukele y cuyas fortunas familiares o personales se cuentan por centenares o por miles de millones de dólares, son huidizos. Esquivos. Son pocos los que acceden a hablar abiertamente de política, de gobierno, del rumbo del país, a pesar de que sí desean tener incidencia. Baldocchi Dueñas, Murray Meza y Poma tomaron las riendas de Arena a finales de 2001, pero el partido no recuperó brillo. Aquella demostración de fuerza del poder económico sobre el partido resintió a algunos políticos profesionales históricos, que se sintieron humillados.
Dos años duró esa aventura, que desembocó en dos costosos episodios para la vida de Arena: el partido desvió para uso partidario millones de dólares de un donativo de Taiwán destinado a fortalecer el área de seguridad pública y llevar alivio a las víctimas de los terremotos de 2001, y terminó escogiendo como candidato presidencial a Antonio Saca, quien ahora está preso por haber desfalcado 300 millones de dólares durante su gobierno.
Tanto el desvío del donativo de Taiwán como la corrupción de Saca mancharon irremediablemente al partido y Nayib Bukele supo explotar esa información para su propio beneficio.
Los millonarios, sin embargo, siguieron manejando los hilos del partido desde afuera, y tras el bache de Saca, que terminó en la ruptura arenera que dio origen al nacimiento del partido Gana, apellidos como Regalado, Cristiani, Poma, Murray Meza o Calleja estuvieron tomando las decisiones sobre las próximas candidaturas presidenciales.
Discutieron y resolvieron la nominación de Norman Quijano para 2014 y, tras la derrota de este, también estuvieron al tanto del surgimiento de dos precandidaturas para la presidencial de 2019.
Esta última elección interna tensó aquella «mesa permanente» de la que habla Patrick Murray, pues los millonarios se dividieron entre quienes preferían que el candidato fuera Javier Simán y quienes preferían al heredero del Grupo Calleja, Carlos Calleja. Al final, tras una agria disputa interna, Calleja obtuvo la candidatura arenera. Aquella competencia estuvo marcada por alusiones personales que generaron algunos resentimientos entre las familias protagonistas y hasta la ridiculización en público apareció como síntoma de una rivalidad desbordada.
Ese empresariado élite fragmentado fue el que encontró Bukele al asumir la presidencia en junio de 2019.
Bukele no solo dice carecer de ideología, sino que se jacta de ello.
También se jactaba, en los primeros ocho meses de su gobierno y mientras exigía a la Asamblea Legislativa que le autorizara cientos de millones de dólares en nueva deuda para financiar su plan de seguridad, de que este es secreto.
Y luego, ya con la pandemia encima, declaró secretas las compras para la emergencia, pero también los datos sobre pruebas para detectar covid-19, las compras de insumos hospitalarios, la información sobre «el más grande hospital de Latinoamérica» que nunca terminó, los datos sobre incidencia de enfermedades comunes, los detalles sobre las gestiones de las vacunas contra el coronavirus, los costos y el plan de vacunación, y hasta ha declarado secreto el Plan Nacional de Salud y la Política Nacional para la Primera Infancia.
El presidente de lo secreto es el mismo que, en 2013, como alcalde de Nuevo Cuscatlán, avergonzó a su partido al emplazarlo en público cuando el FMLN intentaba modificar la Ley de Acceso a la Información Pública para quitar dientes a la institución garante: «¿Estamos en favor o en contra de la transparencia?», preguntó en Twitter y en Facebook.
Su habilidad para desdecirse quizás quedó registrada mejor que nunca en 2018, cuando aún no se inscribía como candidato presidencial, y andaba buscando a la desesperada el vehículo partidario necesario para competir. Su movimiento Nuevas Ideas no estaría listo a tiempo, y el debate público llegó a mencionar la posibilidad de que fuera candidato del partido Gana, ese al que el hoy vicepresidente Félix Ulloa había caracterizado como «el que representa lo más podrido de la política salvadoreña». Bukele salió al paso de los rumores para tranquilizar a sus simpatizantes y dijo que, «por principios», nunca se inscribiría en Gana.
Cinco días después se inscribió en Gana y obtuvo la nominación presidencial. En realidad tal vez podría concluirse que este presidente que desconcierta a los millonarios y que aún no cumple los 40 años sí tiene una ideología bien definida: es un auténtico marxista. Marxista no de la corriente de Karl Marx, sino de la de Groucho, a quien se le atribuye -aunque equivocadamente- la autoría de aquella famosa sentencia: «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros». Bukele a menudo parece tener principios alternativos.
Ese es el político que no deja dormir tranquilo al presidente de la ANEP, y que también preocupa a Patrick Murray y a Claudia Cristiani, hija del expresidente Alfredo Cristiani, quien negoció la paz con la guerrilla y firmó en 1992 los Acuerdos de Chapultepec que pusieron fin a la guerra civil de 12 años que provocó la muerte de unas 75,000 personas. Por eso El Salvador celebra, cada 16 de enero y desde 1993, el aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
O, mejor dicho, celebraba.
A medida que se acercaba la fecha de un nuevo aniversario, este 2021, el presidente comenzó a hacer alusiones a la efeméride, pero para desacreditarla. El Salvador se encaminaba a celebrar 29 años de la firma de la paz, pero simultáneamente también estaba en curso una campaña para elegir una nueva Asamblea Legislativa en la que, ahora sí, el partido del presidente, Nuevas Ideas, iba a competir.
El presidente, acostumbrado a hacer proselitismo a partir de cualquier cosa, usó la firma de la paz y la guerra civil para tratar de potenciar más las posibilidades de Nuevas Ideas en la elección del 28 de febrero de 2021. A pesar de que él mismo había destacado en más de una ocasión en público el valor de la firma de la paz, esta vez, y en plena campaña proselitista, comenzó a proclamar que tanto la guerra como los Acuerdos de Paz habían sido una farsa, un montaje de «los mismos de siempre», una obra artificial construida por Arena y FMLN.
Todo desembocó en que al final, el presidente anunciara que el gobierno no iba a conmemorar nada el 16 de enero, porque hacerlo significaría hacer el juego a los partidos Arena y FMLN. Esos contra los que su nuevo partido, Nuevas Ideas, competiría el 28 de febrero.
El anuncio levantó una ola de indignación en la academia, entre la intelectualidad, entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y entre el sector empresarial.
Para cuando Bukele hizo el desdén oficial a los Acuerdos de Paz, ya había hecho un desdén escandaloso a las víctimas de la guerra civil: a pesar de prometerles abrir los archivos de la Fuerza Armada para facilitar las investigaciones sobre las responsabilidades en masacres como la de El Mozote, cuando el juez de la causa acudió a las guarniciones militares con orden judicial formal para revisar los archivos, se le negó el acceso una y otra vez.
Una razón más para sospechar de un gobernante con claros tintes autoritarios y capaz de cualquier cosa en su afán de enterrar todo lo que represente un obstáculo en su ambición de acumular más poder.
Bukele siempre expresó su interés en que, a partir de mayo de 2021, El Salvador tuviera una Asamblea Legislativa en la que su nuevo partido tuviera control para facilitarle gobernar. Para gobernar sin el estorbo de «los mismos de siempre».
Llegado el día de conmemoración, apareció publicada la «carta» a la que alude Javier Simán: un pronunciamiento titulado «En defensa de la democracia», y que firmaron 184 personas. Esa «carta» es un llamado de atención y a la vez denuncia contra las actuaciones del presidente, y fue suscrita por académicos, intelectuales, líderes religiosos y empresarios, que señalan que el presidente Bukele ha puesto bajo riesgo la democracia salvadoreña y le exhortan a corregir el rumbo y a respetar la Constitución y las leyes.
El pronunciamiento subraya que, a diferencia del gobierno de Bukele, los anteriores aceptaron la separación de poderes y reconocieron la legitimidad de sus adversarios políticos.
«Ahora hay un enorme riesgo de retroceso democrático debido a las actitudes, expresiones y decisiones manifiestamente autoritarias por parte del Órgano Ejecutivo, encabezado por el presidente Bukele», expresaron los firmantes.
El pronunciamiento también advierte de cómo la prensa investigó y denunció numerosos casos de corrupción en el Órgano Ejecutivo amparados bajo la emergencia por la pandemia. «Esa corrupción se sustenta en la falta de transparencia del gobierno y pone presión adicional sobre las precarias finanzas públicas. El presidente ha respondido atacando a la prensa». Al final, la carta exhorta a la comunidad a exigir al presidente que respete la democracia y la libertad de expresión.
«De los Simán todos firmamos», dice el presidente de la ANEP, con una sonrisa de satisfacción. Y ese es el documento que, según Javier Simán, ayuda a responder la pregunta de quiénes han optado por estar cerca del poder para obtener beneficios particulares. «Leé esa carta y mirá quiénes no firmaron»…
Esa carta la rubricaron algunos de quienes en mayo de 2020 se habían tomado la foto con el presidente, como Murray Meza o Ricardo Poma, o miembros de las familias que estuvieron en aquella reunión, como Francisco de Sola. También la suscribieron cuatro miembros de la familia Simán, el expresidente Cristiani y la hija de este, Claudia Cristiani…
El pronunciamiento no lo suscribieron personas de las familias Regalado, ni Dueñas, ni Kriete…
«¡Ni Calleja! », interrumpe Javier Simán, como preocupado de que por un descuido no se mencione el nombre de quien, hace tres años, fue su contendiente en la lucha por la candidatura presidencial del partido Arena.
En efecto, ni Francisco Calleja ni su hijo Carlos, dueños de la cadena de supermercados Super Selectos estamparon su firma en el documento.
¿Ese silencio qué significa?
Para Javier Simán y otros, es un síntoma de una decisión de no incomodar al presidente. O, peor aún, de acompañarlo. Y esa es una opción que puede suponer enormes riesgos para El Salvador.
«En Nicaragua, los empresarios pactaron con Daniel Ortega y mirá dónde están hoy», dice Simán.
Patrick Murray coincide en que callar es peligroso: «Nadie ha calculado el daño real que le puede hacer al país el acompañamiento a Nayib Bukele. Los empresarios aún no han calculado el valor de su pronunciamiento para que el rumbo que lleva el país no se salga de control».
Ambos se inclinan a creer, con pocos matices, que algunos multimillonarios están a un paso de tomar el camino que siguieron los empresarios más acaudalados de Nicaragua con Ortega: en un afán de proteger sus intereses, dejar que el gobernante de turno haga lo que quiera. Una especie de armisticio perverso: si no te metés con mis millones, nosotros no nos metemos con tu forma de gobernar.
Murray lo viene diciendo desde cuando su padre y los otros se tomaron las fotografías con Bukele. En septiembre pasado, escribió uno de varios mensajes en Twitter con los que ha criticado a quienes guardan silencio. «Aquel silencio incómodo de los empresarios que callan ante la realidad… el país está peor que nunca y deberían pronunciarse, como les corresponde, denunciando el pésimo manejo que este lleva».
Tres de las personas consultadas para este reportaje y relacionadas muy de cerca con estas familias creen que el blanco y negro que Simán mira en la élite económica en realidad tiene algunos grises.
«Esto tiene que ver con la sensibilidad de sus inversiones ante decisiones del gobierno», explica una de las fuentes.
Se refiere a que, como algunos de los acompañantes del presidente en aquel diálogo televisado han expandido sus inversiones no solo a otros países de Centroamérica, sino incluso a Estados Unidos o Suramérica, están en una posición de más libertad de arriesgarse a un choque frontal con un gobernante muy de armas tomar, dispuesto incluso a propagar mentiras para atacar a sus críticos. Por el contrario, quienes tienen sus operaciones radicadas prácticamente solo en territorio salvadoreño, se vuelven más vulnerables ante posibles represalias.
Dos miembros de las familias de las listas de la revista Forbes coinciden en mencionar, en entrevistas por separado, el mismo hecho como un pretendido indicio de que algunos están durmiendo con el enemigo: «Ahí ves al presidente volando en el helicóptero de Kriete».
Se refieren a una aeronave de matrícula salvadoreña YS-1777-P que Bukele usó al menos dos veces en 2020: en julio, durante un viaje a San Vicente, y en diciembre, cuando visitó el caserío El Mozote, en Morazán. Aunque el presidente de la República tiene un helicóptero a su servicio, perteneciente a la Fuerza Aérea de El Salvador, en aquellas dos ocasiones optó por viajar en una aeronave privada, que algunos ven como razón para justificar las sospechas.
Plaza Pública intentó verificar la propiedad de la aeronave, un Eurocopter 130 B4, de siete plazas, pero fue imposible. El registro de las aeronaves con matrícula salvadoreña mantiene alejada de la vista pública la propiedad de los vehículos. Una carta dejada en el domicilio del empresario, al sur de San Salvador, a finales de marzo, no había recibido respuesta hasta el jueves 22 de abril. La persona que recibió la carta dijo que Kriete no se encontraba en el lugar en ese momento, pero que se la entregaría cuando volviera.
El pronunciamiento del 16 de enero fue redactado por un equipo multidisciplinario un tanto receloso sobre su labor. En él destacan nombres como el del exmagistrado constitucionalista Rodolfo González, el de la economista Carmen Aída Lazo y el del padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Estas personas redactaron el documento y se encargaron de hacerlo circular para firmas.
«A mí una de esas personas me lo hizo llegar», dice Claudia Cristiani.
Ninguna de las fuentes consultadas fue categórica al responder si el equipo solicitó la firma del documento a los millonarios que no lo suscribieron. Sin embargo, Andreu Oliva y Rodolfo González dan a entender que el propósito era obtener la mayor cantidad de respaldo posible. «La idea era que no se excluiría a nadie», asegura el exmagistrado González. Pero ni él ni las demás personas del equipo redactor se atreven a asegurar que el documento se hizo llegar para firma a Kriete, a alguien de la familia Regalado, a alguien de la familia Dueñas o a Francisco o Carlos Calleja.
Plaza Pública buscó respuestas en la familia Calleja, de Roberto Kriete y de la familia Dueñas. En este último caso, Alejandro Dueñas respondió, por medio de una colaboradora, Fabiola Gutiérrez, que agradecía que se tomara en cuenta su opinión, pero que no podría conceder una entrevista o responder preguntas enviadas vía electrónica. «Porque tiene ocupada su agenda durante los próximos meses», escribió Gutiérrez por correo electrónico, el 24 de marzo pasado.
Seis días después, el martes 30 de marzo, un hombre esbelto de cabello ligeramente gris caminaba enmascarillado por los pasillos de una de las tiendas de la cadena Super Selectos, en Antiguo Cuscatlán, al suroccidente de San Salvador. Le seguían el paso dos hombres, con quienes de vez en vez intercambiaba palabras. El hombre larguirucho saludaba a un cliente por aquí, a una clienta por allá. Finalmente llegó al área de venta de mariscos.
«¡Hola, ¿cómo está?! », me preguntó, mientras prolongaba el codo de su brazo derecho para hacer más expresivo el saludo.
«Muy bien, don Carlos, muchas gracias. Lo vi aparecer y pensé que tenía que saludarlo. Me llamo Ricardo Vaquerano y soy periodista», le dije.
«¿Y cómo me lo están atendiendo?»
«Muy bien hasta ahora. Como le digo, soy periodista y estoy preparando un reportaje y quisiera hacerle un par de preguntas.»
«No, mire, Ricardo, yo he decidido no dar declaraciones. Yo estoy retirado a mi vida empresarial y…»
«Entiendo. No le quitaré mucho tiempo, solo son un par de cosas sobre las que quiero preguntarle y…»
«No, disculpe, como le digo, desde que salí de… yo no estoy dando declaraciones a los medios.»
«Lo lamento. Tendré que consignar que se rehusó a dar entrevista.»
«No, yo preferiría que no me mencione. Le deseo mucha suerte con su reportaje, espero que lo atiendan bien y que Dios lo bendiga.»
Se marchó. Algunas preguntas obligatorias a Carlos Calleja eran por qué no aparecía su nombre en el pronunciamiento del 16 de enero. También si tienen razón quienes lo consideran sospechoso de haber decidido llevar la fiesta en paz con Bukele. Y también era obligatorio preguntar por el monto de los ingresos de Super Selectos durante los tres meses del cierre de la economía, dado que la cadena de tiendas fue uno de los escasos negocios a los que se permitió mantenerse abiertos entre marzo y junio de 2020. El gobierno ordenó el cierre incluso de los mercados municipales en todo el país.
En el caso de Kriete, presidente de Avianca Holdings y con participación accionaria en Volaris, en Aeroman y en la banca salvadoreña, está tratando de salvar la aerolínea radicada en Colombia, que se declaró en bancarrota para intentar reestructurar sus deudas. Avianca heredó en buena parte el mercado centroamericano y particularmente los viajes desde y hacia Estados Unidos que dominaba Taca hasta la fusión de ambas compañías.
Los Regalado tienen sus intereses centrados en la agroindustria, y muy concentrados en la producción de azúcar de caña. Los Dueñas tienen mayor diversificación y con la empresa Urbánica están expandiéndose en sus proyectos inmobiliarios. El más reciente, y que ha generado las protestas de grupos ambientalistas, es el desarrollo de Ciudad Valle El Ángel, que contempla levantar una miniciudad de 6,500 viviendas al menos e incluye hospitales, escuelas, terminal de autobuses, hoteles y restaurantes. Ciudad Valle El Ángel es controversial porque se levanta sobre una zona de recarga acuífera vital para el Área Metropolitana de San Salvador, que ya sufre problemas graves de desabastecimiento de agua por cañería.
Este proyecto se destrabó en noviembre de 2020, según reveló la revista Gato Encerrado, después de dos años de gestiones para obtener luz verde. El presidente Bukele anunció que su gobierno va a agilizar los permisos necesarios para generar inversión.
Javier Simán admite que esto podría explicar, en parte, esos silencios. «Hay que reconocer que algunos sectores podrían estar actuando con prudencia por temor a represalias», dice. Pero cree que el costo del silencio es mayor que el de pronunciarse. «En realidad tienen claro que tarde o temprano les afectará. Lo que quizás no saben es si deben salir a decir algo o no».
En todo caso, para Simán las sospechas sobre relaciones parecidas a alianzas de algunos millonarios con Bukele están justificadas. Su interpretación sobre el significado de que algunos no firmaran el pronunciamiento del 16 de enero es compartida plenamente por Andreu Oliva, el rector de la jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que fue uno de los redactores del documento y que también lo firmó. Comienza con un paralelismo entre El Salvador y Nicaragua:
«El gran error de las fortunas nicaragüenses fue pactar con Ortega su continuidad en la presidencia a cambio de que les dejara seguir haciendo negocios.»
«¿Y usted cree que quienes no firmaron el pronunciamiento son sospechosos de estar trabajando de acuerdo con Nayib Bukele?»
«Sabemos de empresarios que están trabajando muy de cerca con el gobierno y que, de alguna manera, ya han pactado con el gobierno.»
«¿Me puede decir quiénes son esos empresarios que, según usted, ya pactaron con el gobierno de Nayib Bukele?»
«No puedo decirlo… no tengo evidencias, solo son sospechas…»
«¿Algo así como “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”?»
«Sí, algo así. Creo que hay muchos empresarios que no firmaron esa carta y que no están trabajando con el gobierno de Nayib Bukele. Eso quizás podría decirse del empresariado más fuerte y más grande y que no firmaron porque probablemente ya tienen acuerdos con el gobierno de Nayib Bukele…»
«En una reunión del 18 de mayo de 2020, el presidente Bukele recibió a empresarios de familias como Regalado, Dueñas, Calleja y a Roberto Kriete, apellidos que no aparecen como firmantes del pronunciamiento del 16 de enero. ¿Estas personas son las sospechosas de estar trabajando con Nayib Bukele?»
«No lo sé… Yo, Ricardo, te pediría que, si queremos una entrevista amigable, no me obligues a…»
«No pretendo que nos enemistemos por esta entrevista…»
«Es que a veces ustedes los periodistas quieren mover el límite y…»
«Solo sigo el hilo de la conversación.»
«Tú saca tus conclusiones…»
Los recursos del presidente
Nayib Bukele tal vez no pueda probar que es el presidente más cool del mundo. Lo que sí puede mostrar es el título de gobernante con un gigantesco apoyo popular. En las vísperas de la elección de la nueva Asamblea Legislativa del 28 de febrero, sus niveles de apoyo ciudadano estaban por encima del 80 %, y el resultado de la elección fue, en esencia, una ratificación de respaldo a su gestión.
Su partido, Nuevas Ideas, ni siquiera tuvo necesidad de hacer una propuesta de trabajo legislativo, pues, confiado en el poder convocante del presidente, se dedicó a pedir al electorado que votara «por la N de Nayib». Y candidatos y candidatas a la legislatura no tuvieron inhibición alguna para decir que su única propuesta de trabajo para la Asamblea Legislativa que asume este 1 de mayo y que será reemplazada dentro de tres años, era ejecutar el Plan Cuscatlán, que es el plan de trabajo que Bukele ofreció para su quinquenio presidencial.
A partir del 1 de mayo, Bukele tendrá la posibilidad de acaparar casi todo el poder público. Con más de dos tercios de los escaños legislativos dispuestos a rendirle pleitesía, podrá tener una Fiscalía General a su gusto, elegir a un tercio de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia a su medida e impulsar reformas a la Constitución de la República que, por ejemplo, prohíbe la reelección consecutiva.
Bukele ha dicho que no tiene pretensiones de reelegirse. Como lo dijeron en su momento muchos que terminaron maniobrando para reelegirse. Bukele ha dicho que la comisión para proponer reformas constitucionales que él formó no tiene como misión allanar el camino para que él se perpetúe en la presidencia. Bukele ha dicho que quiere la Asamblea Legislativa al servicio del Ejecutivo para poder trabajar, finalmente, sin el estorbo de «los mismos de siempre» en beneficio del pueblo salvadoreño.
El partido del presidente arrasó el 28 de febrero a pesar de que Bukele había dado ya sobradas muestras de comportarse igual que «los mismos de siempre», pero con agravantes. Como los señalados por el pronunciamiento del 16 de enero respecto de su ataque a la independencia de poderes y a la deslegitimación de la oposición.
Bukele niega ser un dictador, como le señalan desde la oposición. «Si fuera un dictador ya habría fusilado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional», se defendió una vez.
A pesar de la abundante evidencia de que durante la pandemia por COVID19 El Salvador fue azotado por una epidemia de corrupción en el gobierno, la gente decidió votar por el partido de un presidente que ha sabido utilizar el recurso de las emociones y ha sacrificado el de la razón.
Sus discursos vertidos muchas veces en Twitter sobre el sistema corrupto que dice querer cambiar, a menudo ha estado salpicado de mentiras o maquillajes de hechos o datos. Cuando El Salvador estaba preparándose para afrontar la embestida de la pandemia, hilvanó una serie de falsedades respecto de cómo el mundo la estaba pasando de mal. Por ejemplo, una vez aseguró que Estados Unidos había movilizado a sus fuerzas armadas para enfrentar la emergencia. «Esta es la tercera guerra mundial», anunció alarmista en otra ocasión, en referencia a la pandemia. También inventó que en un vuelo de Avianca procedente de México venían varios pasajeros portadores del nuevo coronavirus y había que cancelar el vuelo. Y en aquellos días de marzo de 2020 cuando apenas se sabía de la existencia de pruebas para detectar COVID19, Avianca le siguió el juego.
A pesar de todo eso, y de haber amagado con derrocar a la Asamblea Legislativa y de haber perpetrado decenas de detenciones arbitrarias por violaciones a la cuarentena, la ciudadanía le dio un respaldo inédito.
Quizás apelar a las emociones le haya sido útil. Y, sin duda, la gente le ha agradecido algunas cosas que han tenido un profundo significado en su vida cotidiana. La caída de los homicidios a menos de la mitad desde el inicio de este gobierno es algo que se le reconoce y que se refleja en encuestas. Las encuestas también evidencian el impacto de la ayuda monetaria directa de 300 dólares que se repartió en 2020. Y han mostrado el acierto (al menos en términos de imagen) de repartir una y otra vez canastas de víveres a centenares de miles de hogares, incluso en zonas de habitación caracterizadas por alto poder adquisitivo.
El reparto de alimentos, que comenzó en las primeras semanas de la cuarentena con la entrega de modestas bolsas valoradas en unos 10 dólares pero que el gobierno aseguraba valían 50 dólares, fue un mecanismo que llegó para quedarse. El gobierno dice seguir comprando alimentos en el extranjero para seguir repartiendo víveres.
Algunos medios han registrado la reacción agradecida de la gente, incluso cuando se le hace ver el medio centenar de investigaciones periodísticas que pusieron al descubierto cómo aprovecharon la emergencia para abusar de los recursos públicos o para entregar contratos millonarios a empresas de personajes del gobierno o vinculadas a familias de miembros del gabinete de gobierno.
«Todos roban, pero por primera vez un presidente nos está dando algo» es una respuesta que se repite cuando la prensa recoge la opinión de la gente.
Antes de los dos años de gobierno, el presidente ha logrado que la gente vea a la democracia como un bien no solo suntuario, sino superfluo. Y no es que la gente esté esperanzada en que la administración Bukele le deparará días mejores: está desesperada y rabiosa. Y las cifras de detenciones en Estados Unidos muestran que en los últimos meses la migración indocumentada desde Centroamérica, incluido El Salvador, se ha incrementado. La gente sigue sin ver razones para quedarse, pero sí para apoyar a su presidente.
Ese arrastre de opinión pública favorable hace a Nayib Bukele más temible. Javier Simán, el presidente de la ANEP, señala la amenaza para la democracia, pero también advierte que un régimen autoritario golpeará en la economía y eso supondrá la pérdida progresiva de empleos. «Ese 70 % de salvadoreñas y salvadoreños que tiene que salir cada día a buscar el sustento, será el último en enterarse de lo grave de la situación», dice.
EEUU o la vana esperanza
Patrick Murray lo viene anotando desde que se topó con el rostro de su papá en la cadena de televisión del 21 de marzo de 2020. «Validar a un autoritario trae consecuencias irreparables. Muestras hay de sobra en Nicaragua y Venezuela», tuiteó el 18 de mayo, tras la cadena del presidente. Cuatro meses después repitió su llamado de atención sobre el silencio: «Luego será muy tarde y el silencio incómodo de los empresarios les hará cómplices», escribió en Twitter el 18 de septiembre.
Este 23 de abril de 2021 los medios de comunicación advirtieron que una maniobra del presidente para destituir a una comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública supone, en la práctica, la muerte de la institución. Este 23 de abril, Murray volvió a tuitear sobre el silencio: «Y el empresariado… sigue callado».
Ha criticado a su papá y también a quienes guardan un silencio que a él se le antoja cómplice.
«¿Y por qué creés que guardan silencio: no les importa o no ven el peligro?»
«Han estado calculando que pueden influir indirectamente vía Estados Unidos, por medio de personas como las exembajadoras Mari Carmen Aponte o Jean Manes, o de senadores como McGovern», dice.
Dice no tener dudas de que el país se encamina al desastre.
«Hay cierta ingenuidad en no creer que la cosa se puede poner peor, pero la realidad nos muestra lo contrario: lo vemos con que el reparto de la ayuda de 300 dólares que se desvirtuó al entregarla varias veces a la misma persona porque los registros muestran que hay varios números de documento único de identidad que repetidas veces recibieron el bono; también nos lo muestra la irrupción militar en la Asamblea Legislativa y lo vemos cuando el Hospital El Salvador no está terminado.»
El Hospital El Salvador quizás sea otra de las claves para la popularidad de Bukele. El gobierno anunció el 26 de marzo de 2020 que construiría «el más grande hospital de Latinoamérica» para atender personas con COVID19 y dijo que estaría listo en tres meses. Los tres meses se cumplieron el 10 de junio de 2020 y nada. Un hospital secreto. El gobierno nunca puso a disposición de la ciudadanía información básica sobre la construcción del hospital, y solo aseguraba que tendría mil camas de unidades de cuidados intensivos. Cuando la prensa solicitaba autorización para ingresar a observar la construcción del hospital que, en dos de sus tres partes solo consistía en adaptar la infraestructura del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y equiparla, Bukele decía que todo periodista que deseara ir a reportear al lugar de la construcción podía hacerlo. Pero nunca se permitió el ingreso de la prensa.
Pasaron los meses, el 10 de junio no había hospital.
La pandemia se intensificó y alcanzó las tasas más altas de muertes en julio, cuando la gente desesperada no encontraba dónde pudieran recibirle a su familiar enfermo. Muchas personas murieron sin haber tenido la oportunidad de recibir atención médica. Unos días después de cumplirse el plazo para entrega, Bukele lo que inauguró fue una «primera fase» en la que infló los datos sobre camas UCI. Pasó el pico de la pandemia y el hospital nunca estuvo listo. Cuando la prensa preguntaba al ministro de Obras Públicas, Romero Herrera, cuándo terminaría el hospital, se limitaba a decir que no tenían fecha. Terminó el año 2020, el gobierno ignoró el aniversario de la firma de la paz, vinieron las elecciones legislativas y el hospital prometido no existía.
Finalmente, el 12 de abril de 2021, el presidente hizo un anuncio: esa caja blanca de tres pisos que se suponía sería la fase tres del Hospital El Salvador, ya no lo será. En su lugar, se convirtió en «megacentro de vacunación» contra COVID19.
Y en materia de vacunación, Nayib Bukele tiene algo de lo cual jactarse. Cuando a finales de marzo llegó un lote de un millón de dosis de la Coronavac, que es la producida en China por Sinovac, El Salvador subió a la cima de Centroamérica en cantidad de vacunas adquiridas, al superar a Costa Rica y Panamá.
Y, salvo el caos del primer día de servicio del megacentro de vacunación, los testimonios de la gente vacunada coinciden en que aparte de que la atención es buena, el servicio es ágil. Y Bukele, el publicista, sabe aprovechar estos éxitos. Aunque todo lo relacionado con las compras de las vacunas y con el plan de vacunación sea secreto, y aunque una negra sombra de sospecha de corrupción se cierna sobre el nuevo hospital.
Los millonarios saben que una cosa es popularidad, y otra cosa es hacer un buen gobierno. Pero en general se mueven con enorme discreción. Y eso, ante los ojos de Javier Simán y Patrick Murray, es pecado, dadas las circunstancias. «Los empresarios deberían pronunciarse en público y pedir reunión con el presidente para hablar sobre el rumbo del país», dice.
Apelar a Estados Unidos puede ser una vana esperanza. Y Nayib Bukele ya dio a entender que puede tensar la relación con Washington, D.C., si lo juzga necesario.
Mientras Donald Trump fue el inquilino de la Casa Blanca, Bukele estaba feliz. El gobierno de Trump había mostrado una actitud de dejar hacer, dejar pasar ante su «socio confiable» de Centroamérica, y ni siquiera cuando el presidente tomó militarmente la Asamblea Legislativa, Estados Unidos expresó alguna objeción pública clara.
Bukele y el embajador Ronald Johnson divulgaban fotografías de encuentros familiares en los que compartían cangrejos o recorrían en yate la costa salvadoreña.
Sin embargo, a medida que se aproximaba la elección en Estados Unidos y cuando Joe Biden cobraba fuerza, las voces críticas comenzaron a llegar desde el norte. Y ganó Biden, y vino el desencuentro.
De repente, la embajada destacaba la importancia que para Estados Unidos tiene la prensa, blanco de las frecuentes diatribas de Bukele. Personas cercanas a Biden advirtieron que a Washington le preocupan las conductas autoritarias y que aprecia la independencia de poderes y el respeto a la legalidad. De repente, Estados Unidos parecía hostilizar a su socio confiable salvadoreño.
El presidente Bukele, entonces, sacó la chequera y contrató millonarios servicios de cabildeo para intentar recomponer un vínculo que estaba deteriorándose. Y luego intentó una maniobra arriesgada: a inicios de febrero viajó en secreto a Estados Unidos para tratar de reunirse con oficiales o funcionarios importantes de la administración Biden. Nadie lo recibió. Pero Nayib Bukele, que ha probado tener predilección por la venganza, tendría oportunidad de desquitarse. La ocasión se produjo a inicios de abril, cuando rehusó recibir al enviado especial de Biden para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
La visita de Zúñiga dejó dos imágenes elocuentes: una, en la que el enviado especial anunció que Estados Unidos aportará dos millones de dólares para financiar la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (Cicies), un organismo que supuestamente iba a gozar de las fortalezas e independencia que la Cicig, pero edulcorada por la limitación de poder solo «asistir» a las instituciones que son parte del problema de impunidad. No obstante, un informe de la Cicies sirvió como insumo a la Fiscalía General para que esta iniciara una investigación por más de 150 millones de dólares en compras durante la emergencia sanitaria por sospechas de corrupción. La otra imagen relevante fue una que divulgó la misma embajada de Estados Unidos: Zúñiga se reunió con algunos de los empresarios que se tomaron la foto con Bukele el 18 de mayo de 2020. En la imagen aparecen Roberto Kriete y Roberto Murray Meza.
Murray Meza es uno de los millonarios que, según Javier Simán, se sintieron engañados por Bukele y poco a poco fueron alejándose del presidente hasta garantizar una distancia adecuada que disipe dudas sobre con quiénes se alinea.
En los días previos a la visita de Zúñiga, Bukele tuvo un enfrentamiento en redes sociales con la congresista de origen guatemalteco Norma Torres. La política estadounidense forma parte del Comité de Asignaciones y advirtió que ella nunca daría su voto para aprobar el envío de un solo dólar a un gobierno que no mostraba compromiso en la lucha contra la corrupción. El episodio duró una semana y Bukele terminó pidiendo por Twitter a la población votante en Estados Unidos que en la próxima elección se abstengan de votar por Norma Torres.
Esta declaración tuvo repercusiones: otro congresista que ha estado muy atento a lo que ocurre en El Salvador en los últimos años lanzó una advertencia a Bukele. Albio Sires, miembro de los comités para Asuntos Exteriores y para Presupuesto de la Cámara de Representantes, dijo que si el presidente salvadoreño continuaba con su interferencia en las elecciones de Estados Unidos, tendría que ser declarado como «una amenaza a la seguridad nacional».
Palabras mayores.
Y palabras mayores son las que tienen en El Salvador algunas de las personas que firmaron el pronunciamiento del 16 de enero, para referirse al gobierno de Bukele.
Cuando al rector de la UCA, Andreu Oliva, se le pregunta por qué si Bukele ya irrumpió con militares en la Asamblea, incurrió en desacato repetido ante la Sala de lo Constitucional, ha iniciado el desmontaje del Instituto de Acceso a la Información Pública y ataca sistemáticamente a la prensa independiente, el pronunciamiento «En defensa de la democracia» habla solo de «un riesgo de retroceso democrático», no de un retroceso democrático de hecho, su respuesta es aclaradora: «Es que es cierto, ya ha habido retroceso, pero no se ha institucionalizado, y hay grandes posibilidades de que sí se institucionalice a partir del 1 de mayo cuando tenga el control de la Asamblea Legislativa».
Oliva sí cree que Bukele es un dictador en ciernes, un presidente que desea gobernar sin que nadie le haga ruido.
Enumera como sustento «el hecho de querer disolver la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; no ha negado su ambición por la reelección presidencial, un tema en el que ha sido muy ambiguo; ha buscado el apoyo de la Fuerza Armada a sus actuaciones abusivas y ha puesto en la dirección de la Policía Nacional Civil a alguien que proviene de los anteriores cuerpos de seguridad pública…»
Y si Oliva es pesimista, Claudia Cristiani lo supera con creces. Dice tener dudas del poder real que puedan tener los empresarios para intentar preservar la democracia salvadoreña. Entrevistada dos días después de las elecciones en las que el partido del presidente arrasó con los escaños de la próxima legislatura, estaba desolada. Sus primeras palabras fueron estas: «El proyecto democrático de El Salvador murió el domingo, con el resultado de las elecciones».