REPRIMEN MOVILIZACIN DEL BLOQUE POPULAR SOCIAL CONTRA EL TLC

SAN SALVADOR, 17 de diciembre de 2004 (SIEP) Unidades antimotines de la PNC reprimieron este medioda una concentracin del Bloque Popular Social (BPS) que protestaba contra la aprobacin por diputado derechistas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA).

La concentracin se realizaba de manera pacfica frente al Centro de Gobierno, a lo largo de la Avenida Juan Pablo II, cerca de la Asamblea Legislativa, cuando alrededor de la 1p.m. antimotines de la PNC empezaron a marchar para dispersar la movilizacin.

Los antimotines fueron empujando a los manifestantes hasta llegar cerca de Metrocentro donde finalmente lograron disolver esta primer manifestacin popular de protesta contra el TLC aprobado esta maana. En el transcurso de esta accin fueron golpeados los pastores luteranos Ricardo Cornejo y Roberto Pineda as como el diputado del FMLN, Santiago Flores Alfaro.

Gloria Rivas, dirigente comunal del Bloque Popular Social conden este proceder de la PNC sealando que disolvieron una concentracin pacfica, nos han reprimido para defender los intereses de u grupito de ricos beneficiados con estos tratados comerciales.

Agreg que pero estamos en pie de lucha, inicia una nueva etapa en la vida poltica del pas en la cual la protesta social va a estar a la orden del da y vamos a responder a la represin con mayor movilizacin y mayor combatividad.

Por su parte, Jos Valencia, dirigente sindical del Bloque Popular Social manifest que los que nos reprimieron obedecen ordenes no ya de un gobierno nacional, sino son la fuerza represiva del rgimen colonial conducido por el gobernador Antonio Saca, porque con la aprobacin del TLC ya no somos un pas independiente.

Finaliz haciendo un llamado a los sectores populares y progresistas a movilizarnos para lograr una segunda y definitiva independencia. Vamos a estar en las calles para que sepan que el pueblo de Monseor Romero no puede ser arrodillado, somos un pueblo con mucha dignidad.

PRONUNCIAMIENTO DEL BPS ANTE LA RATIFICACIN DEL TLC

El Bloque Popular Social de El Salvador, integrado por organizaciones de campesinos, magisteriales, religiosas, estudiantiles, comunales, de jovenes, sindicales, y de veteranos de guerra, preocupado por la inminente ratificacin por parte de diputados de ARENA y del PCN del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamrica, conocido como CAFTA, comparte con la opinin pblica nacional e internacional las siguientes reflexiones:

1.Consideramos que el CAFTA es un esfuerzo de recolonizacin de nuestros pases por parte del gobierno guerrerista de George Bush. Es un tratado para lograr el control de nuestra economa y ponerla al servicio de la disputa entre potencias imperialistas.

2.Consideramos que el CAFTA destruir nuestro ya frgil aparato productivo nacional y en particular va a golpear al sector rural, a los campesinos as como a los pequeos y medianos productores, para beneficiar a un grupsculo de banqueros y comerciantes vendepatria. Es un tratado que crear mayor pobreza y exclusin.

3.Consideramos que el CAFTA provocar altos niveles de inestabilidad poltica porque tendr que ser impuesto a punta de bayoneta y de represin para aplacar la protesta del pueblo en las calles.

4.Consideramos que los diputados que firmen esta ratificacin as como el Presidente Antonio Saca se han ganado ya el repudio de nuestro pueblo y cargaran con la responsabilidad por la crisis social y poltica que estarn provocando.

Frente a esta difcil situacin, nuestra organizacin, con mucha madurez pero a la vez con mucha firmeza, manifiesta pblicamente que de aprobarse el TLC como estn anuncindolo:

1.Iniciaremos una serie de actividades de protesta para denunciar esta nueva agresin contra los intereses de nuestra Patria, la cual diputados traidores de ARENA y del PCN pretenden vender, y en el espritu de nuestros hroes y mrtires no se los vamos a permitir. Vamos a elevar la protesta social.

2.Denunciamos a la Administracin Bush que presiona por la aprobacin inmediata de un tratado comercial como el TLC que su mismo Congreso se toma el tiempo necesario para discutir.

3.Saludamos expresiones del pueblo estadounidense como la desarrollada este lunes 13 en frente del Consulado salvadoreo, en Boston, cuando decenas de ciudadanos de Estados Unidos protestaron en contra del CAFTA.

4.Hacemos un llamado a los sectores progresistas y democrticos de nuestro pas, para defender la Patria amenazada con esta iniciativa antipopular y neocolonialista.

5.Manifestamos nuestra decisin inquebrantable de luchar por un El Salvador libre e independiente, prspero y justo, democrtico y progresista.

El presente es de lucha, el futuro es nuestro.

Coordinacin Nacional del Bloque Popular Social de El Salvador.

San Salvador, 16 de diciembre de 2004

Informe de la Presidencia de la ACJ de El Salvador

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE EL SALVADOR A LA XV ASAMBLEA GENERAL

Estimadas hermanas y hermanos:

Estamos concluyendo un nuevo ao de la vida de nuestra querida asociacin y a la vez el primer ao de esta nueva junta directiva. Ha sido para nosotras y nosotros una experiencia muy intensa, en la que hemos vivido momentos de alegra y tambin de tristeza como en toda empresa humana. Pienso que todas y todos hemos crecido en la amistad.

Haciendo un balance de lo realizado copo Junta Directiva podemos sealar avances en el trabajo, dificultades y obstculos encontrados y desafos hacia el futuro, retos que nos plantea la vida de nuestra asociacin para seguir creciendo.

Los avances

A nivel de avances y creo que el ms importante, es que durante el ao presenciamos una incorporacin creciente y participacin activa del voluntariado en las actividades organizadas por la asociacin. Esto es clave y es la base para el desarrollo futuro, ya que en la medida que nos incorporemos a las tareas y actividades podremos fortalecernos, hemos observado la presencia de voluntarias y voluntarios en el trabajo en las comunidades, en el cumplimiento de compromisos internacionales, en el desarrollo de talleres, en la elaboracin del peridico mural, etc.

Las dificultades

Pero tambin, como es natural, tenemos y arrastramos dificultades. La principal es que no logramos el nivel de correspondencia adecuado, entre parte del staff y el voluntariado. Hemos caminado por senderos diferentes, a veces nos hemos encontrado o nos hemos cruzado, pero la mayora de veces caminamos por rumbos distintos y con prioridades diferentes.

Esto es clave resolverlo porque nos paraliza, bloquea nuestra iniciativa, ya que evita que tengamos una voluntad unica. Cada quien jala por su lado y esto no puede continuar. Esta asamblea debe de tomar medidas que resuelvan esta situacin. Como Junta Directiva hemos discutido esta situacin pero pienso que este es el espacio donde debemos de tomar decisiones.

Los desafos

Por otra parte son muchos los desafos que enfrenta nuestra asociacin. Debemos de irle dando tratamiento a cada uno de estos para lograr salir fortalecidos. Entre estos desafos enumero los siguientes por considerarlo prioritarios:

1. Necesidad de contar con fuentes propias de financiamiento. Nuestra dependencia en la cooperacin es una debilidad que debemos de superar y esta vinculada a contar con una voluntad nica de pensamiento y accin.

2. Necesidad de crecer en cantidad y calidad. Es importante que definamos un plan de crecimiento territorial y sectorial que nos permita atraer a ms jovenes. Asimismo debemos de desarrollar una Escuela para nuevos miembros y Cursos de Especializacin para antiguos.

3. Necesidad de fortalecer y ampliar nuestros proyectos. es importante que recuperemos nuestra visin original de trabajo que se fundamentaba en tres reas: la formacin de lderes, la equidad de genero y la defensa del medio ambiente.

4. Necesidad de vincularnos a redes de la sociedad civil. Nos encontramos aislados de una serie de relaciones construidas a lo largo de nuestra historia y que debemos de recuperar.

5. Necesidad de fortalecer presencia internacional. Hemos descuidado nuestra presencia propositiva con respecto a la Trinacional, a la nueva organizacin de rea y a la Alianza Mundial.

Esto son nuestros desafos, considero que con la ayuda de Dios y con la participacin creciente y activa de todas nosotras y nosotros podremos hacerle frente a estos retos y salir fortalecidos como asociacin. No quiero concluir sin felicitarnos a todas y todos por el esfuerzo que hemos hecho. En especial quiero felicitar a las cinco personas que se incorporan como Socios Bsicos y darles la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias

Lic. Mara Isabel Villegas

San Salvador, 11 de diciembre de 2004

El bolivarianismo es ms lucha y ms resistencia al imperio…

SAN SALVADOR, 10 de diciembre de 2004 (SIEP) El bolivarianismo es ms lucha y ms resistencia al imperioopin el pastor luterano Rev. Ricardo Cornejo al sintetizar sus experiencias en el recin concluido II Congreso Bolivariano de los Pueblos, celebrado en Venezuela del 5 al 9 de este mes.

El pastor Cornejo form parte de una delegacin que incluy a las dirigentes del Bloque Popular Social, Gloria Rivas y Elizabeth Rivera, y los dirigentes histricos del Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional, Schafik Handal y Nidia Daz.

Inform que en el evento quedo constituido la organizacin ecumnica Comunidades de Fe y Vida Bolivarianas de Amrica Latina y el Caribe, coordinadas por Rogelio Cruz, sacerdote catlico de Repblica Dominicana y por los pastores luteranos salvadoreos, Ricardo Cornejo y Roberto Pineda.

Seal que uno de los momentos ms intensos fue la inauguracin, cuando escuchamos las palabras dirigidas por el Presidente Hugo Chvez Fras, en las que hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas del continente, para hacer realidad el sueo de Bolivar de una Amrica unida.

El Rev. Cornejo durante el desarrollo de este evento realiz una exposicin sobre Iglesia Popular y Comunidades de Base donde expuso las experiencias ecumnicas y de compromiso poltico de las Comunidades de Fe y Vida de El Salvador, que desde hace cinco aos acompaan las luchas del pueblo salvadoreo.

Indic que nos sentimos orgullosos como delegacin salvadorea de haber participado en la conmemoracin de los 180 aos de la batalla de Ayacucho, en la cual participaron sectores populares de la mayora de pases latinoamericanos y del Caribe y en la cual se derrot estratgicamente al Imperio espaol.

Subray Cornejo que nuestros pueblos latinoamericanos y caribeos tienen hoy la necesidad de rechazar el monrosmo, la doctrina del imperio, de la opresin y construir el bolivarianismo, la doctrina de los pueblos que luchan por su vida y su dignidad.

Finaliz haciendo un llamado a estudiar y apoyar el proceso revolucionario venezolano, bolivariano y latinoamericano, muy nuestro, y a estar conscientes que como dicen en la Venezuela de Hugo Chvez, Bolivar sigue galopando por esta Amrica nuestra.

Colombia: violencia contra la mujer

COLOMBIA: Datos y Cifras

Cuerpos marcados, crmenes silenciados

Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado

Amnista Internacional

Informacin general: 40 aos de conflicto armado

El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares, apoyados por el ejrcito, contra los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos econmicos.

La poblacin civil no slo ha quedado “atrapada entre dos fuegos”, sino que a menudo las partes implicadas en el conflicto la han colocado de forma directa y deliberada en su punto de mira. Entre las violaciones y abusos cometidos contra los civiles figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones”, secuestros, desplazamientos forzados y abusos sexuales. Los civiles han estado en el punto de mira para, por ejemplo, eliminar a quienes se considera que apoyan al “enemigo” o para sembrar el terror con el fin de “limpiar” territorios de inters econmico o estratgico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.

Las partes implicadas en el conflicto

Los militares y paramilitares

Los paramilitares tienen su origen en las autodefensas civiles legalmente constituidas que el ejrcito cre en la dcada de los setenta y los ochenta para ayudar en operaciones de contrainsurgencia. Aunque carecen de base legal desde 1989, no se hizo ningn esfuerzo para desmantelarlos, y en los ltimos 10 aos los paramilitares han crecido y su presencia se ha extendido en todo el pas.

Se cree que el nmero de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la principal organizacin paramilitar que aglutina a los dispares grupos paramilitares del pas para coordinar mejor sus actividades puede oscilar entre los 10.000 y loss 20.000 combatientes.

La principal funcin que desempean ha sido la de llevar a cabo las tcticas de “guerra sucia” de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, caracterizada por la violacin sistemtica y generalizada de los derechos humanos. La utilizacin de paramilitares ha servido para que las fuerzas armadas eludan la creciente presin internacional para que los derechos humanos sean respetados.

Las fuerzas armadas siguen coordinando y prestando su apoyo a las estructuras paramilitares como parte de su estrategia general de contrainsurgencia. Amnista Internacional no ha dejado de documentar violaciones contra los derechos humanos perpetradas por paramilitares, cometidas con el apoyo o aquiescencia de las fuerzas armadas.

Pese a que los paramilitares declararon una “tregua unilateral” a fines de 2002 y a que se encuentran en un proceso de “negociaciones de paz” con el gobierno, siguen perpetrando violaciones generalizadas de derechos humanos contra la poblacin civil, incluidas mujeres y nias.

Los grupos guerrilleros

Hay en Colombia dos grupos guerrilleros principales: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con aproximadamente 20.000 combatientes y el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) con aproximadamente 4.000.

A lo largo de los ltimos 40 aos, las guerrillas han creado una amplia red de bastiones en muchas zonas rurales del pas, donde en la prctica determinan las polticas del gobierno local y ejercen un importante control sobre la poblacin. Desde la dcada de los noventa, las FARC han intentado incrementar significativamente los ataques en zonas urbanas, y los civiles se han visto cada vez ms afectados por los ataques de la guerrilla en estas zonas.

Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como toma de rehenes y el secuestro y homicidio de civiles. Tambin han perpetrado ataques utilizando armas de efecto desproporcionado e indiscriminado que se han saldado con la muerte de numerosos civiles.

El gobierno

El presidente lvaro Uribe Vlez tom posesin del cargo el 7 de agosto de 2002. Desde ese momento comenz a introducir una serie de medidas de seguridad de lnea dura englobadas en la llamada doctrina de Seguridad Democrtica, que buscaba “consolidar” y “recuperar” territorios controlados por la guerrilla. Sin embargo, en lugar de aumentar la seguridad de la poblacin civil, la estrategia de Seguridad Democrtica la ha hecho ms vulnerable a los abusos cometidos por grupos armados ilegales y por las fuerzas de seguridad.

El gobierno est aplicando polticas que son contrarias a las obligaciones que tiene contradas en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos y de las reiteradas recomendaciones que en este terreno ha formulado Naciones Unidas (ONU). Estas polticas estn arrastrando an ms si cabe a la poblacin en el conflicto y consolidando la impunidad.

Sin mejoras en la crisis de los derechos humanos

El gobierno colombiano aduce que sus polticas han mejorado la situacin de los derechos humanos. De hecho, decrecieron en el ao 2003 algunos indicadores clave de la violencia polticamente motivada, como los secuestros y las cifras de nuevas personas desplazadas internamente. Sin embargo, estos datos enmascaran algunas variaciones regionales significativas. La situacin de los derechos humanos en las zonas especiales de seguridad Zonas de Rehabilitacin y Consolidacin, que abarcan varios departamentos, se deterior durante el periodo en que estas zonas estaban operativas, al igual que ocurri con la situacin en varias zonas de conflicto. En el conjunto de Colombia siguen siendo generalizados los abusos que contra los derechos humanos cometen todas las partes implicadas en el conflicto:

Las cifras relativas a homicidios, matanzas y “desapariciones” de personas no combatientes y motivadas polticamente para el ao 2003 siguen siendo superiores a la media del periodo 1991 – 2002.

La organizacin tambin ha seguido documentando un incremento en tipos concretos de abusos en los ltimos aos, como por ejemplo “desapariciones” forzadas y casos de tortura.

Ms del 70% de las matanzas y de los homicidios polticamente motivados han sido cometidos por los paramilitares; el porcentaje asciende a ms del 90% en los casos de “desaparicin”.

Desde 1985, en el conflicto han resultado muertas ms de 70.000 personas y ms de 3 millones han sido desplazadas internamente. Ms de la mitad de los desplazados son mujeres.

Desde el ao 2000, ms de 10.000 personas han sido secuestradas, de las cuales, ms de la mitad lo fueron a manos de los grupos guerrilleros o paramilitares, y al menos 1.500 ms han “desaparecido”, en su mayora a manos de grupos paramilitares que con frecuencia actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad.

La violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres, y en concreto la violencia sexual (la violacin y la mutilacin genital, entre otras), forma parte integral del conflicto armado y contina siendo una prctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto.

Son diversos los motivos por los que las mujeres estn en el punto de mira de los actores armados:

sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control militar;

obligar a la gente a huir de sus hogares y as ayudar a conseguir territorio;

vengarse de los adversarios;

acumular “trofeos de guerra”;

explotarlas como esclavas sexuales;

por transgredir “roles de gnero”;

por desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados;

por ser consideradas un blanco til a travs del cual humillar al enemigo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano del ao 2000 cuyas estadsticas son las ms recientes disponibles, estimaba que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia haba sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato fsico, psquico o sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresin.

Segn cifras del Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia del PNUD correspondiente a 2003, titulado El Conflicto, Callejn con Salida, el nmero de mujeres muertas por motivos relacionados con el conflicto pero no en combate aument un 20 por ciento entre 2000-2001 y 2001-2002. Durante este periodo, un 6 por ciento de todos los muertos en combate y fuera de combate y de las “desapariciones” fueron mujeres, as como un 10 por ciento de las vctimas de torturas, un 11 por ciento de los muertos por minas antipersonales y un 18 por ciento de los secuestrados. Adems, el 17 por ciento de los defensores de los derechos humanos muertos eran mujeres, al igual que el 16 por ciento de los sindicalistas y el 16 por ciento de los integrantes de comunidades indgenas.

El ao pasado, ms de 220 mujeres perdieron la vida por motivos sociopolticos fuera de los lugares de combate en las calles, en sus hogares o en el lugar de trabajo y 20 “desaparecieron”. Segn los informes, las fuerzas de seguridad fueron responsables directas de aproximadamente el 5 por ciento de estas muertes, los paramilitares respaldados por el ejrcito, del 26 por ciento, y la guerrilla, del 16 por ciento. En el resto de los casos no se identific a los responsables.

Las polticas de salud en Colombia no han protegido la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El acceso a los servicios de salud reproductiva en el pas no es gratuito, lo que restringe el acceso de las mujeres de entornos econmicamente desfavorecidos y de las mujeres desplazadas.

Las defensoras de los derechos humanos y los trabajadores y trabajadoras de la salud que tratan de suplir con su esfuerzo las carencias en salud y otros terrenos tambin estn en el punto de mira de los actores armados porque a menudo se los considera que prestan su ayuda al “enemigo”.

Violencia sexual

Los datos oficiales no reflejan la magnitud del problema de la violencia sexual. Hay razones para creer que los casos de violacin son muchos ms de los que se notifican. Por ejemplo, pese a las huellas a menudo manifiestas sobre los cuerpos de las vctimas, esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias.

La violencia y explotacin sexual contra mujeres y nias adopta una diversidad de formas:

Tcticas de terror: La violacin y otros delitos sexuales, como la mutilacin genital, son prcticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tcticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla.

Cdigos de conducta: En las zonas del pas que controlan, los paramilitares y la guerrilla tratan de intervenir en las esferas ms ntimas de la vida de las personas. Dictan normas, fijan horarios, intervienen en conflictos familiares y comunitarios y aplican castigos que pueden incluir tortura, ejecucin y otros tratos crueles y degradantes. En los ltimos aos ha aumentado el nmero de informes de este tipo.

Limpieza social: La “eliminacin” de mendigos, ladrones, prostitutas, homosexuales y personas que padecen o se cree que padecen VIH/sida ha formado parte de la estrategia de los grupos armados para demostrar su eficacia a la hora de “poner orden” y “limpiar la comunidad de personas indeseables”.

Tambin hay otras formas de violencia sexual:

Abusos sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad;

Secuestro de mujeres para prestar servicios sexuales a mandos guerrilleros y paramilitares;

Abusos sexuales contra mujeres que, tras ser reclutadas como combatientes, son objeto de abuso a manos de sus compaeros.

Asimismo, los grupos guerrilleros han obligado a las combatientes a abortar y utilizar mtodos anticonceptivos. La violencia sexual contra mujeres en zonas que los grupos armados se disputan militarmente ha sido especialmente numerosa. Entre los sectores que corren ms peligro estn las afrodescendientes y las indgenas, las desplazadas, las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades, muchas de ellas ya desplazadas.

Debido a su particular situacin social, psicolgica y econmica, las mujeres desplazadas corren mucho ms peligro de ser vctimas de agresiones sexuales y violaciones, as como de verse obligadas a ejercer la prostitucin. De acuerdo a informacin oficial del Ministerio de Proteccin Social, el 36 por ciento de las mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.

Impunidad

La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, no slo por las autoridades colombianas, sino por la poblacin en general, que siempre la ha considerado como algo que pertenece al mbito privado.

A menudo, los abusos de carcter sexual ni siquiera se reflejan en las cifras oficiales, excluidos de ellas por quedar englobados dentro de los llamados “crmenes pasionales”. La violencia sexual es una forma particularmente perversa de agresin, pues se considera algo vergonzoso o “deshonroso” para la vctima en vez de para quienes la perpetran. Las propias comunidades estigmatizan y condenan al ostracismo a las supervivientes simplemente por el tipo de violencia ejercida en su contra y, por su parte, el Estado ha sido reacio a poner en manos de la justicia a los responsables. Cuando el sistema judicial investiga un caso de violencia sexual, el trato que se dispensa a las sobrevivientes es con frecuencia degradante y, si rara vez se identifica a los perpetradores, ms raro an es que se los castigue por sus crmenes.

El Estado colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar el abuso sexual de las mujeres. A pesar de las expresas preocupaciones y recomendaciones de las instancias internacionales de proteccin de los derechos humanos, como las formuladas por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, el Comit que vigila la aplicacin de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, el Comit contra la Tortura, el Comit de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay pocas seales de que las autoridades colombianas hayan tomado suficientes medidas para poner fin a tales abusos, poner a sus autores en manos de la justicia o atacar sus causas

En la medida en que la discriminacin por motivos de gnero no se combata y que no se hagan cumplir las normas internacionales sobre violencia contra las mujeres, seguirn inclumes las bases para que la violencia sexual y de gnero cobren formas extremas bajo el conflicto y continen difundindose en todos los mbitos de la sociedad.

Los grupos armados ilegales tambin tienen la responsabilidad de garantizar que sus miembros cumplen el derecho internacional humanitario y de impedirles que cometan actos de violencia sexual contra civiles y combatientes.

Las recomendaciones de Amnista Internacional

Todas las partes implicadas en el conflicto deben denunciar pblicamente la violencia de gnero, sea cual sea la circunstancia en que sta se produzca, dando advertencias o instrucciones claras a sus fuerzas de que la violencia contra las mujeres no se tolerar y que se exigirn responsabilidades y que aquellos que sean responsables de cualquier forma de violencia contra las mujeres sern llevados ante la justicia.

Amnista Internacional pide al gobierno de Colombia:

Aplicar la Resolucin 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad y todo otro instrumento internacional para la proteccin de las mujeres.

Aplicar las recomendaciones formuladas por los rganos de las Naciones Unidas: la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, el Comit contra la Tortura, el Comit de Derechos Humanos, el comit que vigila la aplicacin de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Adoptar, dar a conocer y aplicar una poltica global sobre el derecho legtimo a defender los derechos humanos.

Aplicar una poltica global que asegure una respuesta institucional coordinada y adecuadamente financiada para la prevencin, el castigo y la erradicacin de la violencia sexual y de gnero. Tal respuesta debe garantizar el acceso de las supervivientes a los servicios y recursos que necesitan y a la rehabilitacin, e incluir medidas especiales para proteger a mujeres y nias de comunidades que corren especial peligro.

Asegurar que los programas de desmovilizacin incorporan un enfoque de gnero (por ejemplo, proporcionando atencin sexual y reproductiva y manteniendo informacin especficamente relacionada con el gnero).

Amnista Internacional pide a las organizaciones guerrilleras:

Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho internacional humanitario, que prohbe a los bandos de un conflicto armado interno dirigir sus ataques contra la poblacin civil.

Dar instrucciones claras a todos los combatientes bajo su control para que no cometan violaciones ni otras formas de violencia sexual contra mujeres y nias, sean civiles, sus propias combatientes o miembros de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares.

Comprometerse pblicamente a no reclutar menores de 18 aos; poner fin a la violacin y otras formas de violencia sexual, as como a las prcticas de aborto forzado y de contracepcin forzada en sus propias combatientes. Amnista Internacional pide al gobierno de Colombia y a las fuerzas guerrilleras:

Establecer un acuerdo humanitario para garantizar que la poblacin civil queda protegida frente al conflicto.

Amnista Internacional pide a la comunidad internacional:

Instar al gobierno colombiano a poner en prctica las recomendaciones anteriores y supervisar estrechamente sus esfuerzos para dar cumplimiento a estas recomendaciones y a las efectuadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros rganos intergubernamentales.

En sus relaciones con el gobierno colombiano, expresar su preocupacin por el hecho de que ste no haya evitado, perseguido y castigado la violencia sexual contra mujeres y nias.

Dejar de proporcionar ayuda militar y transferencias de seguridad a las fuerzas de seguridad colombianas hasta que pueda demostrarse ms all de cualquier duda que esta ayuda no contribuye a violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual contra mujeres y nias.

Pedir a los grupos guerrilleros que se comprometan pblicamente a respetar las normas internacionales de derechos humanos y a evitar que sus miembros cometan abusos, incluidos los de ndole sexual, que vulneran el derecho internacional humanitario.

Brindar apoyo a las organizaciones de mujeres, organizaciones de LGTB, activistas y personas defensoras de los derechos humanos para que lleven adelante sus actividades sin temor.

DIGAMOS NO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DIGAMOS NO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

NI UNA MUERTA MS!

16 DAS DE ACTIVISMO POR

LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Este da, la Concertacin Feminista Prudencia Ayala, integrada por mujeres de diferentes organizaciones, movimientos y mujeres independientes manifestamos que el da de maana, 10 de diciembre, finalizaremos los 16 DAS DE ACTIVISMO INTERNACIONAL POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, en el marco la campaa nacional DIGAMOS NO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES… NI UNA MUERTA MS!,

Los 16 das de activismo por la No Violencia contra las Mujeres incluyen fechas muy significativas, tales como: el 25 de noviembre Da Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, 1 de diciembre, Da Mundial contra el Sida, 6 de diciembre Aniversario de la Masacre de Montreal, 9 de diciembre Da Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos y el 10 de diciembre Da Internacional de los Derechos Humanos.

En el Pronunciamiento Poltico del 25 de noviembre, de la Concertacin Feminista Prudencia Ayala, denunciamos y reafirmamos el FEMINICIDIO como efecto de la misoginia, es decir, el odio y desprecio hacia las mujeres que llevan hasta su exterminio, tras la concepcin de que las mujeres son: usables, prescindibles, maltratables y desechables, los cadveres quedan como espectculo para la comunidad y la sociedad.

A pesar de los esfuerzos de los movimientos de mujeres para generar conciencia de tal situacin, la violencia hacia las mujeres sigue aumentando significativamente debido a que no existe voluntad poltica expresa y real por parte de los rganos del estado para reconocer que los FEMINICIDIOS se producen en ambientes ideolgicos, sociales y culturales de machismo y misoginia.

Lo anterior lo constatamos el 25 de noviembre recin pasado, cuando nos presentamos en la Asamblea Legislativa para demandar la aprobacin de la Ley de Proteccin integral a Victimas de Violencia, en dicha plenaria solicitamos tomar la palabra para dar a conocer la importancia de la ley y nos fue negado ese derecho. Hasta la fecha este anteproyecto de ley no ha sido retomado para su aprobacin.

Por lo tanto, reafirmamos nuestras exigencias a los rganos del Estado:

Polticas, presupuestos y personas encargadas para la investigacin y esclarecimiento de los casos de violencia hacia las mujeres.

El fomento de la denuncia por parte de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia a travs de la efectiva aplicacin de leyes que las protejan.

La aprobacin de la Ley de proteccin Integral a Victimas de Violencia

La ratificacin del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

CONCERTACIN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

San Salvador, 10 de diciembre de 2004

Acusan director de PNC de encubrir funcionario militar

San Salvador, 3 de diciembre de 2004 (SIEP) El director de la PNC, Ricardo Meneses es el que est encubriendo, de seguro a un alto funcionario militarexpres esta maana un dirigente estudiantil de la Universidad de El Salvador al comentar sobre los incidentes ocurridos ayer a la entrada de esa casa de estudio superiores.

Ayer un militar detuvo su auto, a la entrada de la UES, frente a una protesta estudiantil contra el TLC y empez a disparar contra los manifestantes, fue capturado y luego puesto en libertad, habindosele decomisado la pistola que utilizo para agredir a los estudiantes.

Agreg el dirigente estudiantil, quien omite su nombre por razones de seguridad, que esto es lo nico que explica que se capture a una persona y se le deje libre y que adems se decomise una pistola y no existan capturas, hay alguien muy poderoso detrs de todo esto.

Aadi que nos gustara que Meneses exhibiera hoy su mano dura contra estos asesinos, que lo ms seguro son de Escuadrones de la Muerte, como lo hace con los jovenes en las comunidades pobres. Pero ya sabemos que este atentado contra nuestras vidas quedar en la impunidad.

Subray que es importante que Meneses como director de la PNC cumpla con sus funciones, y que se investigue este delito, lo mismo la Fiscala, y que se castigue a los responsables pero tenemos la sospecha que van a decir que no hubo decomisos, y van a desaparecer el arma y al fina todo va quedar en el olvido.

Opin que es importante tambin que viniera la Sra. Procuradora, Dra. de Carillo a hablar con nosotros ac a la U, para que le expliquemos lo que pas, y pueda tambin hacer una investigacin y se conozca la verdad, nos dispararon cuando estbamos protestando pacficamente como es nuestro derecho ciudadano.

Finalmente hizo un llamado a los diversos sectores populares y democrticos para que se acuerden de esta U y de sus estudiantes y nos acompaen en esta denuncia, debemos de evitar que resurjan los escuadrones de la muerte, hoy dispararon contra nosotros, pero como deca Bertolt Brecht, hoy me disparan a mi, maana te dispararan a ti. Les pedimos que se solidaricen. Que le exijan a Ricardo Meneses, el nio bonito de Toni Saca, que realmente investigue como le corresponde.

Pastor luterano denuncia represin contra estudiantes UES

SAN SALVADOR, 2 de diciembre de 2004 (SIEP) Esta vainillas de grueso calibre, son la prueba de que se pretenda asesinar, este militar pretenda masacrar a estos estudiantes universitarios denunci el pastor luterano Rev. Ricardo Cornejo, dirigente de las Comunidades de Fe y Vida.

Los hechos ocurrieron esta maana cuando una persona, con uniforme militar, de unos 45 aos detuvo su camioneta color blanca, al observar a estudiantes que se encontraban protestando en la calle frente a la entrada principal de la UES, y sin mediar palabra, bajo de su automvil y dispar contra los estudiantes, hiriendo a una joven no identificada.

Agentes de la Polica Nacional Civil, que se encontraban en el lugar, informaron testigos, no procedieron a la captura de este sujeto, temiendo que se tratara de un alto jefe militar. Lo estudiantes universitarios protestaban contra el inicio de la discusin en la Asamblea Legislativa del Tratado de Libre Comercio, TLC.

El pastor luterano, que se hizo presente minutos despues de ocurrido este atentado, opin que actos de este tipo nos sealan un retroceso muy peligroso, regresamos a la poca del militarismo, se pretende de nuevo oprimir a nuestro pueblo con la bota militar.

Por su parte, William Martnez, dirigente del Bloque Popular Juvenil, BPJ, conden este atentado e hizo un llamado a las organizaciones estudiantiles, a la Comunidad Universitaria en general a denunciar este nuevo atropello contra la autonoma universitaria.

A la vez exigi que se investigue minuciosamente este hecho y se castigue a los responsables de atentar contra la vida de estudiantes universitarios nicamente por hacer uso de nuestro derecho a la expresin de nuestras opiniones.

Finalmente subray que este tipo de atentados pretenden atemorizar a nuestras organizaciones estudiantiles, paralizarlas, pero no lo lograrn, seguiremos luchando por nuestros derechos estudiantiles que incluyen el derecho al ingreso a estudiar en la Universidad de El Salvador, y a decir nuestra opinin estudiantil, derechos a los que no vamos a renunciar.

Bloque Popular Social rechaza ratificacin de TLC

SAN SALVADOR, 2 de diciembre de 2004 (SIEP) Rechazamos enrgicamente la maniobra del partido ARENA de ratificar este da el Tratado de Libre Comercio, TLC con Estados Unidos, porque ser un golpe a la estructura productiva nacional dijo hoy el pastor luterano Rev. Roberto Pineda, dirigente del Bloque Popular Social, en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Aadi que esta decisin de aprobar el TLC este da va a destruir la agricultura y va a causar mayores niveles de desempleo y de exclusin social, va obligar a que mayor cantidad de jovenes sean expulsados hacia Estados Unidos, va a provocar el cierra de muchas empresas que no van a poder competir.

Denunci que este tratado comercial nicamente beneficiara a compaas transnacionales y a una minora interna que se beneficia desde la banca por el hundimiento de nuestra capacidad productiva, porque les resulta ms rentable exportar productos, aunque con esto generen desempleo.

Por otra parte, los miembros del Bloque Popular Social se solidarizaron con integrantes de diversas organizaciones de discapacitados que realizaron una movilizacin hacia la Asamblea Legislativa para exigir que se le respeten sus derechos laborales y sociales.

Asimismo entregaron una carta Abierta al canciller de la Repblica donde rechazan la candidatura del expresidente salvadoreo Francisco Flores para la secretara general de la Organizacin de Estado Americanos por considerar que durante su gestin mostr conductas altamente confrontativas con diversos sectores sociales y favorables a la corrupcin de funcionarios pblicos. Adems apoyo en abril de 2002 al golpista venezolano Carmona que conspir contra el gobierno democrtico de Hugo Chvez.

MANIFIESTO DEL FORO DE ONG CONTRA EL VIH Y EL SIDA

MANIFIESTO DEL FORO DE ONG CONTRA EL VIH Y EL SIDA

ACF-ACJ-ASAFOCAIS-CONAMUS-VIDA NUEVA POSITIVA-MSM-HOMMIES UNIDOS

El Foro Permanente de ONG que luchan contra el VIH y el SIDA, integrado por organizaciones comprometidas en la educacin para la prevencin, en la promocin social, en la defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH-SIDA y en el acompaamiento integral y solidario, en este 1 de diciembre, Da Internacional de lucha contra el SIDA , expresa a la opinin pblica nacional e internacional lo siguiente:

Considerando:

1. Que en El Salvador no existe un esfuerzo sistemtico por combatir las causas que originan la creciente ola de casos de SIDA que golpean fundamentalmente a sectores populares, entre las que se encuentran la pobreza, el analfabetismo y la exclusin social.

2. Que en El Salvador no existe un sistema de salud que enfrente de manera integral, con infraestructura AS COMO medicinas adecuadas y suficientes, las consecuencias derivadas de una creciente poblacin de VIH positivo.

3. Que en El Salvador se estn desarrollando en la poblacin peligrosas actitudes de discriminacin contra los portadores del VIH, derivadas de falta de informacin adecuada sobre los riesgos de esta enfermedad.

Frente a esta crtica situacin, nuestras organizaciones acuerdan lo siguiente:

1. Hacer un llamado al gobierno de la Repblica para que al menor plazo posible disee una Estrategia Global de combate al SIDA que incluya una Campaa Nacional de Educacin sobre el SIDA, que involucre a todos los sectores de nuestra sociedad.

2. Hacer un llamado al Gobierno de la Repblica para que el Ministerio de Salud Pblica implemente una Poltica sobre el SIDA que incluya el equipamiento de hospitales y clnicas y la distribucin de medicamentos para este vulnerable sector.

3. Realizar acciones orientadas a promover la solidaridad y el apoyo con los portadores del VIH sida como expresin de nuestro compromiso de trabajar por un pas donde prevalezca la paz y la justicia.

4. Hacer un llamado a todas las instituciones de naturaleza pblica y privada a incorporarse a las campaas que estamos desarrollando las ONG as como felicitar a mujeres y adolescentes que han estado al lado dela cama de muchos pacientes en su mayora hombres, demostrando las primeras un valiente testimonio de solidaridad y desafo a temores, prejuicios culturales, sociales y religiosos. Esperando que ahora los hombres tomen el mismo ejemplo de ellas en caso sean estas las que se encuentren en cama por haber adquirido el SIDA, por el mismo machismo que impera en estos pases latinoamericanos.

San Salvador, 1 de diciembre de 2004