Autor: SIEP

La situación de las personas trabajadoras salvadoreños

El empobrecimiento sostenido de las grandes mayorías del pueblo, es el resultado de la continua y deliberada acción de los grupos económicamente dominantes que ha medrado el poder y orientado las políticas públicas y el rol del Estado a fortalecer sus intereses y negocios, para incrementar su riqueza, en detrimento del pueblo trabajador.

Luego de procesos de neoliberalismo, corrupción, privilegios políticos, alto endeudamiento externo, y baja inversión privada en la economía, la situación nacional es crítica.

Sin una distribución de la riqueza equitativa, la estructura económica del país, no tiene capacidad de absorber la creciente fuerza de trabajo de miles de salvadoreños, hombres y mujeres, que cada año no logran ingresar al mercado laboral. El panorama laboral de las y los salvadoreños es insuficiente; muchos, arriesgando hasta su vida, se ven empujados a dejar el país, a emigrar en busca de oportunidades de empleo en otras tierras. El país cuenta con una población económicamente activa –PEA-de más de 3,033,381*; y sólo hay alrededor de 855,350 personas trabajadoras registradas en el seguro social, este dato, deja fuera de cobertura de salarios mínimos, protección social y servicios de inspección de condiciones laborales a más de dos millones de salvadoreños.

De los trabajadores registrados al ISSS, unos 167,994 son empleados públicos, el 85 por ciento del total ganan menos de 2 salarios mínimos y cerca de 237,000 trabajadores sólo recibe por sus trabajos el salario mínimo de 304.17dólares en la industria y los servicios; y, de 299.30dólares en la maquila textil.

Un dato a tener en cuenta, es que, por la situación de violencia social y falta de políticas efectivas de inserción económica productiva, cada vez menos mujeres en edad productiva se incorporan a la actividad económica o, las que, estando activas, son excluidas de ésta, y se ven obligadas a asumir responsabilidades no remuneradas en la economía de los cuidados.

Es prioritario, para construir un país con justicia social, resolverla enorme desigualdad en el empleo y en el salario, generando mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza, mediante mejores salarios, contratación colectiva y una política fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen. Las políticas de crecimiento que tradicionalmente se han implementado en El Salvador han tenido un carácter sectorial y no ha existido una estrategia de crecimiento de largo plazo que integre tanto una visión de crecimiento como de generación de empleo.

El uso ineficiente de los factores productivos, particularmente por la subocupación laboral y la fuerte informalidad, disminuyen la productividad laboral impactando negativamente en las remuneraciones. También, afectan la productividad nacional, el uso abusivo de la tierra por los monocultivos, el acceso privilegiado a los recursos financieros y a la infraestructura productiva. Por todos estos factores, el tema de empleo digno, con salarios justos y protección social, es desde ya, una tarea inmediata para el nuevo Gobierno y su Ministro de Trabajo y Previsión Social.

*Informe de Coyuntura del ISSS, de marzo 2019 (https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/293038/download)

**Idem

***Idem

Un Estado fortalecido para el desarrollo del país

Una democracia real se construye con sociedades que tienen un respeto sustantivo por los derechos humanos, donde los derechos laborales forman parte integral de los mismos. En esta línea, entendemos que los sindicatos tienen un papel único dentro de la sociedad, pues en ellos reside la capacidad de trabajar a través de su representación y presencia, procesos de sensibilización y defensa laboral en los lugares de trabajo por un ejercicio pleno de los derechos humanos y en contra de los atropellos a la clase trabajadora.

La discusión global, luego de la crisis financiera (2008) y después de implementado el neoliberalismo, ha puesto nuevamente, en el mundo y en nuestro país, el debate sobre la importancia de lo público. Es, por tanto, un punto de inflexión histórico, para reivindicar servicios públicos de calidad, para fortalecer las instituciones del Estado y que sean capaces de brindar a todos los ciudadanos los mejores servicios públicos con calidad, calidez, suficientes, oportunos, inclusivos y sin privilegios.

Abogamos, porque se dé un cambio en la formulación de las políticas públicas, de tal forma que estas respondan a la solución de los principales problemas del país y de la sociedad; y, que se formulen desde la territorialidad, con la gente, con enfoque incluyente y contra toda desigualdad.

Es tiempo, de que la ley no sólo sea letra, sino acción y solución a los problemas de las personas, es tiempo, de dar vida a la ley de desarrollo y protección social, aprobada en 2014, pero que no logra trascender por falta de recursos, por no tenerla como centro en la ejecución presupuestaria, es tiempo, de que se haga realidad una mejora sustancial en la protección social y desarrollo humano de la gente, sobre todo de la que más lo necesita.

El marco de gobernanza de la convivencia ciudadana debe estar fundamentada en un sistema de leyes democráticas que contengan los elementos de justicia social, que se sustente en el consenso de las mayorías y que respete los intereses diversos del conglomerado social.

El Estado y sus instituciones, los funcionarios y las personas trabajadoras del aparato público, deben estar al servicio de la ciudadanía, no de grupos económicos, elites políticas, o intereses corporativos.

El Estado, debe ser el ente rector y coordinador del desarrollo sostenible, es el responsable de las grandes políticas públicas, de educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, crecimiento económico, fiscalidad, seguridad, convivencia ciudadana; debiendo integrar en su ejecución a todos los actores y sectores. Que bien, que la nueva gestión gubernativa, pretenda aclarar que no es un partido político el que está al frente del gobierno, y se institucionalice que son los intereses nacionales y no de grupos específicos los que prevalecen en el hacer del Estado, evitando favorecer a personas o grupos como en el pasado.

Ha llegado el momento de un nuevo ciclo de reformas para poner al Estado en función de la gente y evitar que sea instrumento de la codicia corporativa.

Nuestro país necesita del protagonismo serio del gobierno, en función de las grandes mayorías y de quienes poco o nada tienen para sobrevivir, en ese marco, necesitamos que se atiendan y se resuelvan las necesidades, los temas y reivindicaciones demandadas históricamente por la clase trabajadora organizada, representativa y consecuente.

LAS PERSONAS TRABAJADORAS ANTE LOS RETOS DEL TRABAJO FUTURO

Los cambios en el mundo del trabajo, dados a nivel planetario, tienen incidencia en nuestro país, en el diagnóstico de las condiciones de trabajo que indica debilidad y deficiencias de un trabajo decente y una fuerte institucionalidad.

En El Salvador prevalece un alto grado de precarización del trabajo, situación que hace ya 100 años se denunciaba, en el marco de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuando se decía que “Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales…además que no es posible alcanzar una paz universal y permanente sin la justicia social.”

En esta discusión, el debate de fondo no sólo es desde el enfoque de los cambios tecnológicos y la inminente homologación de los sistemas productivos que buscan las empresas en los países, sino también, es preciso incluir el debate sobre las relaciones laborales que se deterioran con dichos procesos. La nueva era de la revolución 4.0 y las tecnologías 5G, podrían ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo, pasar a la generación de riqueza desde el desarrollo de conocimiento; para lograrlo se debe mejorar el sistema educativo en ese sentido. Estamos convencidos que hay que pasar del extractivismo de los recursos naturales y la usura especulativa, a desarrollar pensamiento, creatividad e innovación.

Debemos cambiar nuestro sistema de relaciones laborales, y especialmente asegurar los mecanismos equilibradores para la convergencia entre producción, plus valor, capital, trabajo, bienestar y un salario que cubra el costo de la vida.

EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Con la aparición de China, como la gran potencia económica, los problemas de productividad y crecimiento de la producción en los Estados Unidos y Europa Occidental, el mundo ha entrado a una nueva era, que se inscribe además en el momento de una nueva revolución tecno científica.

Para las personas salvadoreñas, se presenta una oportunidad de insertarnos en esta nueva era; por tanto, es prioritario identificar nuestra mejor competitividad y apertura de espacios para desarrollar conocimiento y mayor valor agregado en la producción.

En esta era, somos 10 millones de salvadoreños, los 7 de acá y los 3 en Estados Unidos y el resto del mundo, ese es nuestro potencial de inserción. La institucionalidad debe crear esfuerzos conjuntos que permitan aprovechar la salvadoreñidad, su laboriosidad, su inventiva, y desarrollar talento que genere innovación y cree un nuevo entorno para un modelo de desarrollo más humano, más inclusivo y más integrador.

Trabajar en ese nuevo orden, pasa por poner al centro el interés de quienes conformamos la nación.

EL NUEVO GOBIERNO Y LA CLASE TRABAJADORA

A partir del uno de junio de 2019 hasta el uno de junio de 2024, NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, presidirá el Gobierno de la República, será responsable de la dirección del aparato del Estado, de rescatar y respaldar lo institucional y las políticas públicas.

El Gobierno debe desarrollar una administración consecuente con los intereses de la gente, eficaz, con sistemas de gestión presupuestaria, costo eficiente y verificación de resultados, con mecanismos de trasparencia, con participación y control ciudadano, con rendición de cuentas exhaustivas y permanentes.

NUESTRAS DEMANDAS

Nuestra posición será en defensa de los intereses de la clase trabajadora, han pasado suficientes años de ajuste estructural y una aplicación de las recomendaciones del Consenso de Washington, sin lograrse los objetivos de crecimiento, empleo, bienestar y prosperidad que habían pregonado.

Entre los factores que determinan la realidad del país y justifican la urgencia de un cambio de modelo de desarrollo tenemos los siguientes: la dependencia de la economía de los Estados Unidos; la falta de inversión del sector productivo en la tecnificación obrera; la debilidad estructural de las finanzas públicas; la exclusión y la marginación social; el problema de inseguridad; la polarización política y social; la vulnerabilidad ambiental, entre otros.

Por tanto, es imperativo que se construya en nuestro país una concepción de desarrollo que, desde nuestra visión social y sindical, se sustente sobre los pilares del Trabajo Decente; la Distribución y Redistribución de la Riqueza; la Democracia Participativa; la Protección e Inclusión de todas y todos, y de grupos excluidos; la Justicia de Género y Ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política, en las políticas públicas y en la gestión del Estado.

El Salvador, no puede seguir atendiendo y administrando una agenda dictada desde los organismos financieros internacionales como el BM, FMI, etc., debe seguir su propia agenda en función del interés de la gente y de la mayoría trabajadora.

ANTE ELLO PLANTEAMOS AL NUEVO GOBIERNO Y AL SECTOR PRIVADO

Las organizaciones que suscribimos este manifiesto, asumimos el reto de construir una propuesta organizativa atractiva, objetiva, representativa y progresista, para los miles de trabajadoras y trabajadores informales, cuentapropistas, campesinos, profesionales en libre ejercicio.

En síntesis, reivindicamos el derecho a empleo con criterios de trabajo decente; a una jornada laboral; a la seguridad, salud y previsión social; a salarios justos; a vacaciones remuneradas; aguinaldos y bonificaciones por productividad; a licencias por maternidad y desarrollo formativo; a educación y formación profesional; y, a la representación sindical efectiva.

Los sectores sindicales estamos en el proceso de replanteamientos políticos y reivindicativos, por una acción sindical constructiva y de desarrollo para la clase trabajadora; sin discriminación, ni marginación, abierta, unitaria e inclusiva; en lucha por mayores transformaciones jurídicas, socio laborales y económicas, para erradicar la explotación laboral, la violencia en el mundo del trabajo, para frenar la manera abusiva y arbitraria de organizar el trabajo, para reivindicar a las personas trabajadoras salvadoreñas, presentando la siguiente plataforma:

PLATAFORMA POR EL TRABAJO DECENTE Y LA JUSTICIA SOCIAL

SALARIOS DIGNOS Y PROTECCIÓN SALARIAL

*Las personas trabajadoras, en todos los ámbitos de la economía, deben tener asegurado un ingreso que les permita vivir con dignidad a ellos y su familia.

*Para los trabajadores y trabajadoras de la economía formal un salario mínimo ajustable anualmente, conforme a lo dispuesto en el convenio 131 de OIT, sobre la fijación de salarios mínimos, que establece: (a)las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; y, (b)los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.

*Para los trabajadores y las trabajadoras en la economía no formal, un salario mínimo por hora trabajada equivalente a los salarios por hora y que se incluya un factor de 0,23 en concepto de prestaciones sociales. ØLos salarios en el sector público no deben ser mayores que el del Presidente de la República.

*IVA cero a los bienes y servicios de la canasta básica, que afecta los salarios mínimos y el ingreso, con la definición de una política de no aumento a los precios de la misma.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

*Combate a la corrupción en todos los niveles

*Dotar del talento humano, recursos tecnológicos y económicos a las instituciones encargadas de la política social

*Política fiscal progresiva

*Combate frontal a la evasión y elusión fiscal

*No al incremento del IVA

*Mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la convivencia comunitaria

*Reforma constitucional para: La no privatización del agua y la aprobación de la ley general de aguas

*Educación básica y superior gratuita

EMPLEO DIGNO

*Desarrollo de política de promoción de empleo digno

*Aseguramiento de condiciones de inserción laboral para desestimular la migración laboral y facilitar el retorno de población migrante deportada, conforme lo estipulado en el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular de 2018

*Adoptar las medidas de política pública, sugeridas en la recomendación 204,de OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, para elevar el potencial productivo, mejorar las condiciones de trabajo, y mejorar la inclusión social

*Promoción y fomento de la estabilidad laboral

*Respeto al debido proceso en materia de derechos laborales, que eviten la injusticia social

*Promoción plena de las libertades sindicales.

*Fortalecimiento de la Administración del Trabajo: inspección del trabajo, inspectoría cruzada Ministerio de Trabajo, ISSS, Ministerio de Hacienda; protección contra riesgos profesionales; fomento del diálogo social,

*Potenciación y fortalecimiento de la participación del sector obrero dentro del tripartismo en iguales condiciones que la sumatoria del Estado y Empresa juntos, e inclusión laboral en todas las instancias de gobierno en que sólo está incluida la representación de los empleadores

*Fortalecimiento de la equidad en las relaciones laborales

*Fortalecimiento de la formación profesional

*Ante la tercerización laboral, es necesario la aprobación de una ley que regule la actividad de subcontratación y tercerización de las relaciones laborales, conforme la Recomendación 184 de la OIT, sobre la relación de trabajo

*Poner en práctica el pacto mundial por el empleo

*Aprobación de los Convenios: 102 sobre la seguridad social (norma mínima) 177 sobre la protección de los trabajadores en el trabajo a domicilio, 184 sobre la protección en la agricultura, 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

*Aprobación de la Ley de Identidad de Género y el cumplimiento al Decreto Ejecutivo 56 sobre la no discriminación por identidad u orientación sexual en los lugares de trabajo.

*En términos de reformas laborales como proyectos o anteproyectos de ley, como la ley del servicio civil y cambios de jornada laboral, nos pronunciamos en oposición a leyes desfavorables a los intereses de las personas trabajadores.

PROTECCIÓN SOCIAL

*Legalización de las tierras para vivienda al sector comunal, acceso a créditos y desarrollo social de las comunidades en cuanto a los servicios públicos.

*Nacionalización del actual sistema privado de pensiones, y adaptación del sistema de protección social a los principios y orientaciones del Convenio 102, de OIT sobre la seguridad social y de la recomendación 202, sobre los pisos de protección social.

*Mejoramiento de la protección social, la salud y seguridad en el trabajo; salud, maternidad, asistencia social; y, suficiencia de las pensiones.

*Cumplimiento estricto de la ley de equidad, proteger legalmente a grupos excluidos y marginados de los derechos como a las personas LGBTI; discapacitadas, adultas mayores; y, pueblos originarios.

*Desarrollar el seguro por la cobertura ante riesgos de cesantía laboral

*No privatización de servicios públicos, como tampoco asocios público-privado, ni concesiones de las instituciones y empresas del Estado

*Fortalecimiento de la red pública de prestación de los servicios básicos con calidad

*Respeto pleno al principio de legalidad, respeto al principio de seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.

*Protección, ampliación y profundización de los programas sociales, ampliación de la pensión básica universal-PBU, paquetes escolares, salud gratuita de calidad, subsidio a gas, energía y transporte a personas trabajadoras con ingresos menores a mil dólares.

Confederación Sindical de Trabajadores salvadoreños, CSTS

Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES

Federación de Sindicatos de Trabajadores Azucareros de El Salvador, FEDEAZUCAR

Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro, CONPHAS

Frente Social y Sindical Salvadoreño, FSS

San Salvador, 13 de agosto de 2019

Fabio Rigoberto Aguilar, miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de El Salvador fue enfático al afirmar, que el movimiento de izquierda necesita de manera urgente una refundación, cuyos ideales estén en consonancia con las demandas de la población, así como la producción de pensamiento crítico para analizar las nuevas medidas del gobierno del presidente Nayib Bukele, y otros partidos políticos.

“Hemos evaluado que hay una reconstitución de la burguesía de nuevo en el país, para volver al poder y el otro es el declive de la izquierda, que son dos factores que nos dejan en un momento crucial y como estudiantes consecuentes sabemos que hay que trabajar para unirnos estudiantes, maestros, sindicatos comprometidos con la lucha social y volvamos a la resistencia revolucionaria”, argumentó.

Fue la tarde de un miércoles 30 de julio de 1975 que la población universitaria de la Universidad de El Salvador, decidió marchar por las principales calles de San Salvador, para protestar por el allanamiento del que había sido objeto el Centro Universitario de Occidente, en Santa Ana por miembros del ejército salvadoreño.

La marcha estudiantil fue reprimida alrededor de las cuatro de la tarde, cuando se encontraba en los entornos del hospital del Instituto del Seguro Social y el paso a desnivel de la 25 Avenida Norte, ahora denominada “Mártires del 30 de Julio”, que provocó un centenar de heridos, muertos y arrestos arbitrarios, así como desaparecidos por parte de las autoridades de la extinta Guardia Nacional, Policía Nacional y el ejército cuando fungía como ministro de la defensa, el general Humberto Romero durante la administración presidencial del coronel Arturo Armando Molina.

Aguilar resaltó la importancia de cohesionar las demandas de diversos sectores sociales, que pueden ser la base para luchar por los temas más sensibles como la seguridad, educación, medio ambiente, política y cultura entre otras temáticas. “Esta será una conmemoración alternativa, que se diferencia de la tradicional, porque vamos a rescatar el valor político que significó en ese momento histórico, esa marcha de estudiantes. Utilizaremos ese día histórico de conmemoración de nuestros caídos, pero las vamos honrar desde nuestras demandas actuales y los que nos compete hoy en día, que es contraponernos frente a todas esas políticas del nuevo gobierno de Nayib Bukele, que es la construcción de una nueva hegemonía de la burguesía nuevamente”, sostuvo.

Virginia Estefanía Roque del Movimiento Tacushcalco, Nahuilingo, Sonsonate dijo, que es importante que la población eleve su voz para evitar que los bienes naturales pasen a manos privadas para ser depredadas o comercializadas, que solo vendrá a imponer altos niveles de pobreza en la población más vulnerable en el área rural y suburbana.

“Debemos parar definitivamente esas aperturas a estos proyectos (urbanísticos) que contaminan ríos, que violan los derechos humanos de la población y los derechos patrimoniales haciendo pozos para sus residenciales. Aquí importa más lo comercial, que la herencia cultural, sin importarles que Tacushcalco fue designado bien cultural desde 1997, reconocido por la UNESCO. Es por esto que hacemos un llamado al nuevo gobierno, a respetar la ley y protocolos de protección al medio ambiente”, manifestó.

“Pasemos de la indignación que manifestamos en las redes de todos los problemas sociales, a la acción”, sugirió Julio Ernesto Grande, de la Asamblea General Estudiantil quien invitó a otras actividades culturales para este jueves y viernes, por la tarde en la Universidad de El Salvador (UES) previo a la conmemoración el martes 30 de julio. “Hacemos una invitación abierta a los estudiantes de secundaria, maestros y directores de centros educativos y aprovechemos esta fecha, para exigir al nuevo gobierno que garantice el libre acceso a la educación superior. No podemos aceptar que se invierta en armas y soldados, pero no invertir en un sistema educativo con una política de puertas abiertas, para todo un pueblo que históricamente no ha tenido acceso a la educación”, puntualizó Grande.

Introducción

En el tercer año de gobierno de Nayib Bukele, iniciado este 1 de junio, la sociedad salvadoreña experimenta profundas transformaciones derivadas de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas el pasado 28 de febrero, que se decantó por otorgar al partido Nuevas Ideas, la mayoría en la Asamblea Legislativa y la administración municipal de las  principales ciudades del país.

A partir de esta mayoría se impuso el 1 de mayo una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y un nuevo Fiscal. Estas decisiones políticas, que modifican sustancialmente la correlación institucional de fuerzas,  han conducido a una nueva escalada del enfrentamiento principal entre el orden oligárquico y el orden burgués emergente.

La crisis en el orden oligárquico, provocada por la irrupción en la presidencia en 2019 de un nuevo proyecto político, de naturaleza burguesa, populista y autoritaria, -que de manera enérgica está construyendo un nuevo modelo político- incluso con sesgos antiimperialistas, ha provocado diversos desplazamientos tanto de orden político como ideológicos.

Presenciamos un gran enfrentamiento social, político, mediático, ideológico y diplomático, de dos grandes bloques y sectores de clase dominante. Por una parte, un sector emergente de la burguesía comercial, representado por el partido Nuevas Ideas y su caudillo, el presidente Nayib Bukele.

El gobierno Bukele, además de un amplio respaldo popular, ha logrado atraer o neutralizar a una parte de la oligarquía y del capital transnacional y por la otra parte, presenciamos a un sector de la vieja oligarquía, que se defiende con uñas y dientes frente a este asedio burgués.

Y ante el vacío dejado por la izquierda representada en el FMLN, este orden oligárquico logra incluir en su proyecto a una importante fuerza interna  de naturaleza democrática, y asimismo, el cambio de gobierno este año en Estados Unidos,  le permite contar con un nuevo y poderoso aliado internacional, el gobierno Biden, que puede alinear contra Bukele a la Unión Europea y a diversos gobiernos latinoamericanos, así como presionar mediante el FMI.

A continuación exploramos la situación del bloque burgués hegemónico, del bloque oligárquico desplazado y su estrategia de restauración, y la situación marginal de la izquierda política y el movimiento popular y social.

I.Los dilemas del proyecto Bukele: políticos, sociales, económicos y de política exterior

El régimen Bukele surge como respuesta a dos situaciones: por una parte el rechazo popular al modelo neoliberal que aumentó la brecha existente entre pobres y ricos, y por otra parte, el rechazo al sistema político,  y a los partidos que lo implementaron y consolidaron por 30 años (20 años de ARENA  y 10 del FMLN).

En términos políticos, al iniciar el tercer año ya de su mandato, el presidente Bukele  necesita transformar el respaldo  electoral, en mecanismos que le permitan establecer y legitimar en el Estado,  un nuevo sistema político que se base más en el consenso que en el disenso, más en la cooperación que en la competencia, más en la integración que en la división. Y el partido Nuevas Ideas es el motor para esta transformación, que definitivamente necesitara de un nuevo orden constitucional.

En relación a lo social y con base a lo que observamos en políticas públicas con respecto al empleo,  educación, salud y  lucha contra la delincuencia, la dinámica está orientada hacia un fortalecimiento del Estado  y desde este impulsar un proyecto de Estado de Bienestar, de naturaleza neodesarrolista.

Por lo que corresponde el desmontaje del Estado neoliberal, aunque no da señales claras de los ritmos de esta transformación.  En esta vía, es significativo el tratamiento de la pandemia del covid-19, en el que se rechazó la participación privada para “vender” la vacuna.

Con respecto a lo económico, además de las remesas, existe una apuesta a reactivar la agricultura como eje de acumulación, así como el turismo. Pero ambas actividades se verán afectadas por los altos índices de endeudamiento público existente y por las condiciones que imponga el FMI para avalar su respaldo financiero. El presidente Bukele enfrentara en los próximos tres años el desafío mortal de combinar crecimiento económico con equidad social.

En política exterior, el enfrentamiento con el gobierno Biden va marcar fuertemente estos próximos meses. La lista Engels pende como espada de Damocles sobre la cabeza de la clase política regional, y puede indudablemente salpicar a funcionarios del equipo Bukele. Lo veremos pronto.

II. Los dilemas del bloque oligárquico desplazado y su estrategia de restauración. Crisis y ampliación del proyecto oligárquico

Entre los desplazamientos de naturaleza política sobresale la emergencia de ANEP/FUSADES sobre ARENA,  como la vanguardia del esfuerzo estratégico por revertir este proceso histórico de cambios, mediante una estrategia basada en cuatro elementos:

a) una permanente y sistemática campaña mediática de desprestigio del actual régimen, a través de TCS y los principales medios escritos (EDH,LPG,DEM), acusándolo de corrupción, autoritarismo  e incapacidad.

b) la promoción desde ANEP/FUSADES de una gran alianza o  frente amplio anti-gubernamental que incluye ONGs, centros de pensamiento, universidades, iglesias,  “analistas”  y particularmente al movimiento popular y social.

c) la coordinación con el gobierno de Biden para impulsar una campaña de amenazas y aislamiento internacional vía OEA, y

d)  la promoción de la  agenda política de la “oposición”  legislativa (ARENA (14), FMLN (4), Vamos (1), Nuestro Tiempo (1).

El orden oligárquico impulsa desde sus trincheras mediáticas la construcción de una matriz conservadora, a través de  una  guerra cultural en la cual se auto identifica como adalid de las libertades públicas y el estado de derecho, y acusa a su “enemigo” como incapaz, inmaduro, caótico y corrupto.

El discurso central de la oligarquía es que el gobierno Bukele el 1 de mayo ha roto el orden constitucional mediante un golpe de estado ( destitución de integrantes de Sala de lo Constitucional y Fiscal General) y por lo tanto merece ser duramente castigado, nacional e internacionalmente ( en la OEA, ONU, etc.)

III. la situación marginal de la izquierda política y el movimiento popular y social. Los desafíos de la izquierda y movimiento popular y social salvadoreño

Observamos como en los sectores democráticos, se establece y ojala que esto no se repita en los sectores revolucionarios,  una actitud muy complaciente, muy sumisa,  tanto en la defensa del orden oligárquico como en la defensa del orden imperial, del supuesto “derecho” de la administración Biden de  intervenir abiertamente en este conflicto a favor de la restauración del  orden oligárquico, abogando abiertamente porque se regrese a la situación anterior al 1 de mayo. 

Una poderosa corriente reformista, dentro dela izquierda, formada políticamente en una visión electoralista y domesticada por tres décadas en la administración del estado,  justifica que se debe defender este sistema capitalista y sus relaciones de opresión y explotación, así como su estado de democracia representativa liberal, la “sagrada” separación de poderes, para evitar la llegada del “caos y la anarquía” que luego lamentaremos y garantizar  así el orden y el progreso, representados por la restauración oligárquica.

Esta izquierda reformista en su discurso y práctica, es rehén de tres niveles de pensamiento: a) impacto de la derrota del 28 de febrero  b) impacto 30 años de cultura neoliberal y electorera y c) impacto de la caída del socialismo en 1989…

El FMLN: un cusuco de tres cabezas

Desde su nacimiento, el FMLN como una gran alianza político-militar de izquierda, experimentó la necesidad de crecer y desarrollarse con cinco partidos, cinco ejércitos, cinco frentes de masas, cinco direcciones y cinco estrategias diferentes pero complementarias.

De una forma u otra estos cinco orígenes diferentes (popularmente los llaman ombligos) han marcado una historia que ya rebasa los cuarenta años, y que comprende  doce años de guerra y veintiocho años de lucha electoral, y que ha sido heredada a las nuevas generaciones de militantes.  

La pretensión de unidad ideológica nunca fue lograda y siempre coexistieron diversas agrupaciones de intereses políticos e ideológicos, los cuales hoy se expresan en tres grandes agrupaciones, las cuales parecen aferradas a coexistir indefinidamente en un mismo techo, pero sin garantizar los acuerdos mínimos que les permitirían  una práctica pública adecuada, frente a la oligarquía, frente al imperialismo, en su manejo legislativo  y frente al proyecto de Nuevas Ideas.

La otra izquierda antibukelista

Existen otras agrupaciones de izquierda en El Salvador que inciden en el desarrollo del movimiento popular y social, incluyendo a tres fuerzas políticas de orientación trotskista, PCT, PSOCA y BPJ, con un claro planteamiento anti-bukelista.  

Existen además pensadores de izquierda como es el caso de Dagoberto Gutiérrez, que asume una posición de apertura frente al proyecto de Nuevas Ideas, señalando que es una oportunidad única para transformar la sociedad salvadoreña.

El movimiento popular y social

La decisión de no fortalecer y abandonar a su suerte el movimiento popular durante los gobiernos del FMLN (2009-2019) pasa su factura en este nuevo momento. Es un movimiento popular y social débil y muy disperso.

En el horizonte actual, aparecen dos grandes agrupaciones con un planteamiento anti-bukelista,  el Frente Nacional  de Resistencia y Rebeldía, FNRR  y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, CSMP.

El FNRR, aglutina a 35 organizaciones, y convocó a la multitudinaria movilización realizada para el 1 de mayo, que salió del Salvador del Mundo, y desde entonces ha realizado distintas acciones, incluyendo, el 5 de mayo frente a la CSJ y el 28 de mayo frente al Palacio Nacional.

Por su parte, la CSMP, la cual aglutina a diversas redes y alianzas de ONGs, también  ha realizado últimamente acciones con  presencia ciudadana, incluyendo la realizada el 2 de mayo en la Plaza Constitución. No obstante esto, es evidente que todavía la oposición desde el movimiento  popular y social al proyecto Bukele está en sus fases iniciales.

Y es importante para avanzar definir niveles de reflexión, de consenso  y de coordinación que permitan impulsar acciones tanto de movilización como de denuncia, mucho más contundentes.  La dispersión actual únicamente beneficia sea al proyecto hegemónico de Bukele o a la pretensión oligárquica (ANEP, FUSADES) y seguramente muy pronto también de la Embajada/AID  y de la recién llegada Jean Manes , de disputar mediante recursos, la conducción política y programática del movimiento popular y social. 

Conclusiones

Todo parece indicar que la confrontación social y política entre el viejo bloque oligárquico y el nuevo bloque burgués tendera a agudizarse. Y esta tendencia provocará mayores niveles de crisis política, lo cual abrirá ventanas de oportunidad  para que un movimiento popular y social, unido y combativo pueda insertarse decisivamente en esta disputa,  en la que está en juego el futuro de El Salvador.

La Concertación Feminista Prudencia Ayala manifestamos nuestra profunda preocupación ante hechos, acciones y resultados de los dos años de gestión de este gobierno en cuanto al avance y retroceso de derechos de las mujeres salvadoreñas. Por lo cual ante la población salvadoreña y comunidad internacional expresamos:
Que durante este periodo presidencial han ocurrido hechos que atentan contra el Estado Constitucional y democrático de derechos, poniendo en cuestionamiento principios y garantías constitucionales como la igualdad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Que a dos años de gestión continuamos sin conocer planes de acción nacional pese a la espiral de endeudamiento externo que ata inexorablemente a las generaciones actuales y futuras sin que medie una política de empleo y seguridad ciudadana real y armónica con el respeto de derechos humanos de las mujeres
La institucionalidad de igualdad como el ISDEMU, Ciudad Mujer y otros mecanismos de la igualdad sustantiva por la que luchamos colectivamente por años está siendo debilitada en su accionar para la defensa de los derechos de las mujeres, las iniciativas ciudadanas presentadas por las organizaciones civiles ante la Asamblea Legislativa para ser discutidas y consensadas fueron enviadas sin mayor estudio por la mayoría calificada de las y los diputados al archivo, calificándolas de obsoletas lo cual nos causa preocupación sobre si existe voluntad política de las y los actuales diputados de seguir legislando a favor de los derechos de las mujeres, pese a la publicidad mediática de integración de una nueva dirección de la unidad de género de la Asamblea Legislativa.
Además, durante la pandemia un contexto que ha dejado en evidencia las debilidades del sistema sanitario, no solo en El Salvador, situación que es recurrente en el mundo. Una de las medidas controversiales de los Estados para el freno del virus COVID-19 era la cuarentena que implicaba, frenar la mayor parte de la actividad comercial, industrial y otros sectores de la economía nacional, y se visibilizaron otros aspectos que requerían atención inmediata, pues organizaciones de sociedad civil fueron recolectando datos de ciudadanos que denunciaban detenciones ilegales. Hasta el 9 de mayo de 2020, dentro del período de aislamiento o cuarentena más restrictiva, registraron al menos 2,424 personas1 detenidas y frente al habeas corpus 148-2020 ante la Sala de lo Constitucional, cuya admisión posicionaba que se habían dado casos de detenciones sin fundamento legal.
Así mismo, el aislamiento expuso a las mujeres que enfrentaban violencia en sus hogares a permanecer encerradas con sus agresores, lo cual requería una mayor respuesta de la PNC, quienes durante ese período estaban dedicados completamente a los esfuerzos para contener el virus mediante la vigilancia de las personas para no violar la cuarentena.
1 Escalante, Manuel. La situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por covid-19. Para consulta: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-emergencia-por-covid-19
Ante los despidos realizados en diferentes instituciones recordamos que, son muchos hogares sostenidos por mujeres como únicas responsables de hogar que no contaran con el presupuesto mínimo para mantener las exigencias que amerita la reproducción familiar y el aparato económico del país, así mismo si son hogares en que un integrante ha sido despedido arbitrariamente.
Así mismo, observamos un retroceso en el respeto de derechos económicos, sociales, civiles y políticos todos partes de los derechos humanos de las mujeres y protegidos por pactos, convenciones, tratados y régimen constitucional, pues cada vez hay más mujeres desempleadas, acosadas, perseguidas, asesinadas, desaparecidas, pese a que las estadísticas oficiales mantiene discurso de opacidad frente al número de asesinadas y números de desaparecidas, realidad que debería de ser parte de la intervención y eficacia del Estado.
Hacemos énfasis en que la situación de inseguridad ciudadana es cada vez es mucho más grave, desde el 2019, FESPAD en una entrevista de CNN registra un estimado de 2,311 desapariciones entre jóvenes y mujeres en su mayoría, y al comparar cifras estimadas en el año 2020 las organizaciones sociales dedicadas a la relatoría señalan entre 2,251 desaparecidos hasta la fecha, además entre enero a marzo de este año hay un estimado de 257 personas.2
En el caso de las denuncias de desapariciones los funcionarios con atribuciones claras en la investigación y prevención del delito, no asumen sus responsabilidades en la investigación, muchas veces dando información a las familiares sobre procesos de investigación que realmente no realizan y en algunos casos se burlan de las personas que denuncia las desapariciones, argumentando que estas obedecen a cambios de domicilio de quienes se presumen desaparecidas.
Que las estimaciones en datos estadísticos sobre homicidios, femicidios, desaparecidos y acoso sexual son alarmantes sobre todo si van acompañadas de discursos que manifiestan que no son hechos tan importantes, y por lo tanto no se prioriza. Lo cual da como resultado de un alto grado de impunidad, ya que la dilatación de la investigación representa pérdidas de vidas humanas, por lo que consideramos que si ha reducido el número de homicidios se observa que han aumentado aceleradamente las estadísticas sobre desapariciones y cementerios clandestinos, lo cual debería ser una prioridad dentro de las políticas de persecución del delito.
Que las funciones de investigación, sanción, prevención del delito y violencia han sido cada vez más deficientes ante la necesidad de acciones urgentes ante la violencia principalmente contra las mujeres. Estos crímenes y feminicidios son una muestra de la disfuncionalidad del aparato de Estado con responsabilidad institucional en la investigación, sanción y prevención del delito, pese a que el movimiento social y feminista ha exigido atención y gestión de estos casos a fin de que no desaparezca ni una mujer más.
Lamentamos que este marco de irrespeto al Estado constitucional y democrático de derechos y las acciones políticas como parte del ejecutivo en la que no se respeta la legalidad y el debido proceso está ocasionando pérdida acelerada de derechos humanos de la población de mujeres y sus familias.
Que ante el clima de inseguridad jurídica en que los funcionarios públicos colocan al país y sociedad en general y principalmente a las mujeres de escasos recursos el restablecimiento de derechos como el
2 Baños, Saúl. FESPAD. 2021. Entrevista de FESPAD para CNN sobre el caso #Chalchuapa y el fenómeno de personas desaparecidas en El Salvador. Puede ser consultado en: https://www.facebook.com/watch/?v=479800699962307
reinstalo o indemnización se verá seriamente afectado por la falta de independencia de los órganos de Estado.
Reafirmarnos que las decisiones políticas de La presidencia de la República, que irrespetan nuestro marco jurídico son las formas de expresión de abusos de poder que fortalecen la impunidad y el irrespeto de la legalidad, lo que provoca que se incremente el clima de inseguridad de las mujeres y a su vez, en el deterioro de la salud mental en las ciudadanas y trabajadoras que se les están violando sus derechos y no encuentran mecanismos institucionales que puedan darles protección.
Por lo tanto, como mujeres en el territorio salvadoreño exigimos a todos los órganos del Estado:
El respeto al orden constitucional y el sometimiento a todas las leyes del país, que han prometido en su aceptación del cargo.
Respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa.
Respeto a las personas defensoras de derechos, que en un país democrático tienen que actuar de forma autónoma y ser críticas a las decisiones que afectan los interese estratégicos de la población.
Fortalecimiento al ISDEMU y los mecanismos de implementación creados por la Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
Respeto a los organismos de mujeres y feministas por su labor y aporte en la construcción de una democracia real.
Respeto a la Legislación laboral tanto de los empleados públicos como privados, ya que se denuncia que el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo su función de garante de los derechos de las personas trabajadoras.
Planes de seguridad con enfoque de género que contribuyan a erradicar la de violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.
Implementación del Plan de Acción Nacional de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Concertación Feminista Prudencia Ayala
San Salvador, 1 de junio del 2021

Nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales que aglutinamos a miles de compatriotas condenamos la destitución de los magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República por parte de la nueva Asamblea Legislativa, porque es un acto ilegal e inconstitucional que tiene la peligrosa intencionalidad de acumular poder en una persona y un partido político en contra del bien común. Sabemos, por experiencia propia, que la concentración de poder solo genera dolor y sufrimiento para la gente, y es algo que no queremos que se repita.    En estos momentos no se trata de defender personas concretas; se trata de defender el Estado de derecho que garantiza los derechos humanos de toda la población. La acción de los diputados y diputadas que avalaron con su voto la remoción de autoridades elegidas constitucionalmente genera  inestabilidad y conflictividad en el país, reduce las posibilidades de desarrollo humano y económico, y aumenta el riesgo de que ocurran violaciones a derechos humanos. El Salvador no necesita esto.    La población salvadoreña quiere un cambio en el proceder de los políticos. Por ello dio su voto a un partido que ofreció nuevas ideas, pero lo que sucedió el 1 de mayo no responde a esas expectativas. Actuar sin respeto a la ley es un retroceso en el avance que el país había logrado en la construcción de su democracia.   Por lo anterior:  

• Demandamos a la Asamblea Legislativa y al presidente Nayib Bukele que restauren el orden democrático del país y que se abstengan de continuar con estas acciones equivocadas que solo ponen en peligro el bienestar y la paz que con tanta dificultad ha costado ir alcanzando.
• Solicitamos a las organizaciones y pueblos hermanos de otros países que nos acompañen en este grave momento y presionen a sus Estados a pronunciarse en favor del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. 
• Solicitamos a organismos internacionales y países amigos que observen lo que está ocurriendo en nuestro país y llamen al Gobierno y la Asamblea Legislativa a respetar los mecanismos y principios de la democracia.
• En el país, muchos piensan que lo que está sucediendo no les afecta directamente, pero se equivocan; la destrucción de la democracia nos perjudicará a todos tarde o temprano. No hay excusa para la pasividad. Quedarnos callados en estos momentos nos hará cómplices de lo que pase después. Por ello, invitamos a la población salvadoreña a no reconocer como legítimos a los funcionarios que fueron elegidos para sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. El pueblo quiere cambios que profundicen la democracia y lleven a la justicia social; no eligió a otra cúpula para que se aproveche del poder para sus intereses.

San Salvador, 3 de mayo de 2021  

Acción Ciudadana Aliados por la Democracia Alianza Américas Alianza Ciudadana contra la privatización de la Salud Alianza Nacional contra la Privatización del Agua Articulación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador Asociación Ameyalli Asociación Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Asociación Azúl Originario Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud, Acisam Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador, Anades Asociación Creciendo Juntas Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA, Aseduca Asociación de Periodistas de El Salvador, APES Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, Arpas Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, Tracoda Cámara de Comercio e Industria de El Salvador Círculo Académico de Análisis Político, CAAP Colectiva Amorales Colectiva Feminista Colectivo La Comuna Colectivo Herberth Anaya Sanabria Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe Comité de Ex-Presos y Presas Políticos de El Salvador, Coppes Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, Cofoa Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares Cristosal Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ Escuelas de Formación Política y Ciudadana (EFPC) de Centroamérica Foro del Agua de El Salvador Foro Nacional de Salud Fundación para el Debido Proceso, DPLF Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, Fudecen Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Fudecso Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad Fundación Hermano Mercedes Ruiz, Fundahmer Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde Fundación Share Internacional Futuro Abierto Generación Romero Iglesia Episcopal Anglicana Iglesia Luterana Salvadoreña Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi Instituto Holandés por la Democracia Multipartidaria, NIMD El Salvador Líderes Solidarios Mesa de las Iglesias Históricas de El Salvador Mesa por la Soberanía Alimentaria Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador, Modes Movimiento “Todo por la República” Ni una menos El Salvador Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC El Salvador Panorama Económico Red de Defensoras de Derechos Humanos Salvadoreñxs construyendo memoria Servicio de Comunidades de Base, Sercoba Servicio Social Pasionista, SSPAS Tutela Legal Dra. María Julia Hernández Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

El 9F[1] (9 de febrero de 2020) solo fue un preámbulo de lo que, con la conquista de la mayoría de los diputados de la asamblea legislativa, se está consumando; como es el control total de lo que en la teoría burguesa del Estado se conoce como los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Además de controlar el aparato militar y la policía, también el presidente Bukele se hace del control de la Fiscalía General de la República y amenaza con el control de otras importantes instituciones del Estado.

Nayib Bukele, un proyecto en esencia autoritario

Si algunos tenían aun dudas sobre el proyecto autoritario de Nayib Bukele, estas fueron esclarecidas el recién pasado 1 de mayo. Y es que el día en que la autodenominada #BancadaCyan (Grupo parlamentario del partido Nuevas Ideas en el Congreso, partido del presidente Bukele), en su primer sesión plenaria, solo unas horas después de asumir posesión de sus cargos, destituyó de un plumazo y con dispensa de trámite (es decir sin ninguna discusión) a la Sala de lo Constitucional, además de nombrar y juramentar a nuevos magistrados, a todas luces afines a sus políticas, acto seguido se destituyó al Fiscal General de la República, y también se eligió a un nuevo fiscal a su imagen y semejanza; esto parece curioso, ya que la Fiscalía llevaba a cabo sendas investigaciones por corrupción de los actuales funcionarios del Gobierno de Bukele por manejos de fondos cuestionados en el marco de la Pandemia por el COVID19, y por si esto fuera poco, la Policía Nacional Civil y el Ejercito acompañaron la irrupción en sus diferentes oficinas tanto de los “nuevos” magistrados de la Sala de lo Constitucional, como también del “nuevo” Fiscal General de la República, un dato no menos importante es que tanto en la toma del edificio de la Corte Suprema de Justicia, como en las oficinas de la Fiscalía General de la República, no se permitió el ingreso a diversos periodistas ahí presentes, únicamente a la Prensa Oficial.

El pueblo celebra el autoritarismo.

En el pasado no tan lejano, en el año 2011, los partidos de derecha hicieron algo parecido pero menor, intentaron amarrar las decisiones de la Sala de lo Constitucional con el llamado decreto 743. Sin embargo, en aquella ocasión, la lluvia de críticas y movilizaciones casi inmediatas, lograron que este decreto retrocediera y además se declaró inconstitucional el nombramiento del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento.

Contrario a eso, en la actualidad, esta medida goza de un importante respaldo, producto de la gran popularidad del presidente y de su partido Nuevas Ideas, sin embargo también hay que decir que esta popularidad es producto y consecuencia de la mala, abusiva y corrupta administración tanto del FMLN como de ARENA, y ha consolidado un profundo sentimiento de repudio que Bukele ha sabido capitalizar para su proyecto político.

Es por esta razón que estas medidas, que en cualquier democracia medianamente seria, provocarían un descontento popular enorme que desembocaría en sendas manifestaciones y en renuncias de funcionarios, levantamientos populares y revueltas, en El Salvador provocan aplausos como si se tratara de una medida que beneficiará a la población.

Se anuncian nuevas destituciones de funcionarios de segundo grado

Todo apunta a que estas destituciones y nombramientos de funcionarios de segundo grado continuarán en la segunda plenaria de la nueva asamblea legislativa. Aparecen en la lista el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuradora General de la República, los Magistrados del Concejo Nacional de la Judicatura y los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Bukele apresura las medidas aprovechando su popularidad

Sin embargo estas medidas a pesar de ser importantes, no son las únicas que están en el tintero del Régimen de Nayib Bukele, pero si son las que sientan las bases para poder sortear cualquier atisbo de resistencia popular. Bukele se ha hecho del control del aparato represor (Policía Nacional Civil y Fuerzas Armadas), del Órgano Judicial (encargado de procesar el delito), de la Fiscalía General de la República (encargada de investigar y perseguir los delitos).

Además se prepara para hacerse de la Procuraduría General de la República (encargada de la defensa pública), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (encargada de tutelar que el Estado no violente los derechos humanos), del Consejo Nacional de la Judicatura (Institución encargada del nombramiento de los jueces), del Tribunal Supremo Electoral (árbitro y validador de los procesos electorales) y de la Corte de Cuentas (Institución encargada de auditar el manejo de los fondos en El Estado).

Pero estas medidas pueden opacar las principales acciones que deberá tomar este Gobierno que son las medidas económicas.

El Ajuste Fiscal que viene: El acuerdo con el FMI.

La crisis fiscal es el principal problema de nuestro país, a pesar que éste haya pasado desapercibido en la reciente campaña electoral y que actualmente no sea motivo de discusión en la infinidad de foros en los medios de comunicación o en ambientes académicos y políticos.

El país enfrenta un exorbitante déficit fiscal que se ha incrementado so pretexto del combate de la pandemia, al punto que ya nuestra deuda pública alcanza cerca del 90% del Producto Interno Bruto.

Esta situación es sumamente grave ya que nuestra economía se encuentra en números rojos, esto obligará a que, para que los organismos financieros internacionales sigan proveyendo recursos a nuestra frágil economía, se imponga la firma de un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional.

Es esta la principal medida que el gobierno de Bukele debe de aprobar; sin embargo esta medida vendrá acompañada de un duro ajuste fiscal que descargará sobre los hombros de los sectores populares y la clase trabajadora los efectos de la crisis del país, nos referimos al incremento al IVA, la privatización de los servicios públicos que aún están en manos del Estado, la eliminación y reducción de subsidios a los pobres, despidos masivos en el aparato estatal, el congelamiento del salario mínimo y el gasto social, entre otras medidas antipopulares que este gobierno debe realizar. Este será el verdadero quiebre con la población cuando el cinturón apriete, la barriga cruja y el hambre apremie, y esto lo saben Bukele y sus compinches, por eso este año 2021 será de medidas radicales, pues está consiente de que su popularidad será pasajera.

¿Cuál es el papel de los revolucionarios ante ésta situación?

Desde la Plataforma de la Clase Trabajadora, sección oficial de la Liga Internacional de los Trabajadores, estamos por la destrucción del Estado Burgués, su ejército y sus instituciones, para instaurar la Dictadura del Proletariado, donde sea la Clase Trabajadora y El Pueblo quienes a través de la Democracia Directa gobiernen, es decir el Gobierno de las Mayorias sobre las Minorias, el gobierno de los más sobre los menos. Sin embargo, aunque no defendemos esté Régimen Democrático Burgués, y estemos por su destrucción, dentro de nuestro programa nos posicionamos por la lucha por las libertades democráticas de todos sectores del proletariado, y, sin duda, la concentración de poder en la facción burguesa de Bukele es una amenaza para todo el pueblo trabajador.

Es por esta razón que ante esta coyuntura llamamos a todas y todos los revolucionarios:

1. A posicionarnos frente a la concentración de poder por parte del régimen de Bukele en unidad de acción con todas las organizaciones políticas, populares y sindicales.
2. Sin embargo creemos que es importante diferenciarnos en esta lucha levantando nuestro propio programa y nuestras propias consignas democráticas:
   1. Por el mandato revocatorio, por el referéndum.
   2. Por la participación de los partidos de la clase trabajadora en las elecciones es decir por rebajar los requisitos de participación e inscripción de opciones, es decir por radicalizar la democracia representativa.
   3. Por la elección directa de los funcionarios de segundo grado: magistrados, fiscal general, procurador, etc.
3. Además debemos posicionarnos en contra del Ajuste Fiscal, que más temprano que tarde, aparecerá en la discusión pública.
4. Y por último y no menos importante, debemos de aprovechar esta coyuntura para la construcción del Partido Revolucionario de la Clase Trabajadora, en las organizaciones de base, sindicatos, cooperativas, sectores populares, hacer la batalla ideológica, ya que los sectores reformistas, a la cabeza el FMLN (principales responsables de la actual situación) intentarán volver a conectar con las masas que se sumarán a la lucha por la democracia. Debemos señalar su responsabilidad en la situación actual y organizar a las masas con independencia de clase.

¡Por las más amplias libertades democráticas!

¡Por la Construcción del Partido Revolucionario!

¡Por la Unidad de las y los revolucionarios!

¡Todas y todos a luchar!

[1] El 9 de febrero del año 2020, el presidente de El Salvador Nayib Bukele irrumpió en el congreso salvadoreño acompañado de un fuerte contingente militar, se sentó en la silla del presidente del congreso y amenazó con disolverlo, al éste negarse a asistir a una plenaria que el mismo convocó a través de su consejo de Ministros, con el fin de que se votara por un crédito para seguridad.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular condena al régimen de Nayib Bukele por violador de derechos
humanos, destructor de la calidad de vida de la población, transgresor de las leyes y de las instituciones
públicas y por atentar contra el proceso democrático, que tantos sacrificios y vidas le ha costado a la nación
salvadoreña.

Luego de haber escuchado los informes y análisis de las personas expertas aquí presentes, como Bloque
de Resistencia y Rebeldía Popular hacemos las consideraciones siguientes:

1. Desde su arribo a la presidencia, hace dos años, Bukele viola sistemáticamente los derechos
   humanos, irrespeta a las víctimas de la guerra y cierra impunemente los archivos militares que son
   fuente de investigación de las horrendas masacres cometidas por los cuerpos represivos de antaño y
   por la Fuerza Armada contra la población civil. También, en el marco de la pandemia, violó los derechos
   de miles de personas que fueron arrestadas y recluidas en “centros de retención” porque supuestamente
   desobedecían sus leyes que coartaban libertades.
2. A dos años de mal gobierno y por el deficiente manejo de la pandemia, Bukele ha provocado una
   debacle económica que se expresa en una fuerte caída de la producción de bienes y servicios, el
   despido de cerca de 50 mil trabajadoras y trabajadores, congelamiento del salario mínimo,
   encarecimiento del costo de la vida, cierre o reducción de programas sociales, desmejora de la calidad
   educativa e inseguridad ciudadana. Los homicidios continúan y las desapariciones aumentan, el Plan
   Control Territorial es solo un rótulo de propaganda. Con Bukele el país se endeudó desenfrenadamente
   y la pobreza se disparó del 26% en el 2018 a 40% en el 2020.
3. Bukele ha atropellado las leyes e instituciones del Estado salvadoreño y ha descargado fuertes golpes
   al proceso de democratización que se inauguró con los Acuerdos de Paz de 1992. Se destituyó y
   sustituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la
   República, eliminando el principio de independencia de poderes y sentando las bases para un régimen
   autoritario, con prácticas dictatoriales que atentan contra las libertades fundamentales de toda sociedad
   libre y soberana. Ese atropello a las leyes y a las instituciones ha sido denunciado y condenado nacional
   e internacionalmente.
4. A Bukele también lo culpamos de imponer la mentira como regla del discurso oficial y lo acusamos de
   encabezar al gobierno más corrupto de la historia nacional.
   Luego de estas consideraciones, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular CONDENA al régimen de
   Nayib Bukele, lo declara ENEMIGO del pueblo y llama a la población afectada por sus políticas y ofendida
   por sus acciones a HACER JUSTICIA contra este personaje que está fuera de la ley.
   San Salvador, 29 de mayo de 2021 (Firman 35 organizaciones populares)

Amílcar Figueroa es un imprescindible de la izquierda venezolana y nuestroamericana. Historiador, fue director general de la Alcaldía de Caracas (2002-2006) y diputado Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano (2007-2009) (2009-2011). Entre su obra escrita figuran: La Revolución Bolivariana, nuevos desafíos de una creación heroica (2007); El Salvador, elementos de su historia y sus luchas 1932-1985 (2009); Reforma o Revolución en América Latina –El caso venezolano– (2009) y Chávez, la permanente búsqueda creadora (2019).

Ha combinado la lucha social y política con el trabajo editorial, siendo en la actualidad Director General de Editorial Trinchera, razón por la cual acudimos a su persona para analizar la coyuntura política continental.

En  el presente siglo los cambios han sido vertiginosos, ¿cómo evalúa  lo que ha pasado en nuestra América a partir del año 2000? ¿Hay etapas, ciclos, olas, etcétera?

Lo primero que habría que precisar es que los cambios que se produjeron en varios países de América Latina, durante la primera década de este siglo XXI, no tuvieron la misma cualidad, ni tenían por qué tenerla. Con frecuencia se engloban todos dentro de una misma caracterización, aunque apenas unos pocos apuntaron en sentido revolucionario stricto sensu. Objetivamente, solo dos de nuestros países habían pasado por fuertes sacudimientos que, de una u otra forma, provocaron la fractura de la dominación de élites existente; me refiero a Venezuela, donde dos acontecimientos violentos –la rebelión popular de febrero de 1989 contra la imposición del paquete neoliberal y las insurrecciones militares del 92– pusieron a la defensiva al poder establecido; y el caso de Bolivia, con las jornadas de la Guerra del Agua que, a todas luces, evidenciaban la irrupción de un nuevo poder. Lógicamente, en estos dos países se abrieron condiciones para cambios profundos, estructurales; en los otros países cambió la correlación electoral pero sin afectación de la estructura de dominación; era muy difícil, en esos casos, que sobrepasaran el límite de la reforma política.

Dicho de otro modo, los cambios políticos que se propagaron por nuestra América expresaron, de un lado, la lucha entre reforma y contrarreforma, y de otro, entre revolución y contrarrevolución. Vista de conjunto se vivió un clima favorable a los cambios, pero como ha sido el devenir de la historia tendría que soportar la contraofensiva de la reacción interna e internacional.

En tal sentido, “ciclo progresista” no caracteriza con exactitud lo acontecido, en tanto, en el caso de la Venezuela de Chávez, por momentos, se ha intentado traspasar el estrecho horizonte de la reforma política.

Para una mejor comprensión del momento latinoamericano no debemos perder de vista el contexto de la crisis del capitalismo mundial –con sus cambios vertiginosos, como bien ustedes los han calificado en su pregunta– y, particularmente, de la situación de Estados Unidos, hegemón del capitalismo Occidental, urgido de reconquistar el control que por más de un siglo ha ejercido sobre este continente. Hay que tener en cuenta, además, que los  avances, estancamientos y retrocesos forman parte de la dialéctica de la historia.

En la actual coyuntura, ¿cómo ve la correlación de fuerzas políticas en el continente?

Una segunda precisión: en el discurso político actual la “correlación de fuerzas” se entiende en el campo restringido de la correlación político-electoral; sin embargo, una valoración más exacta debería explorar en la correlación en el terreno de la lucha social, del pensamiento e incluso en la correlación militar.

En América Latina se dan casos como el de Colombia, con un gobierno al servicio de una oligarquía criminal, pero, sin embargo, con un pueblo que, en los últimos años, ha realizado grandes movilizaciones; esa lucha es ignorada generalmente en los balances ya que no se ha traducido en un resultado electoral victorioso. Caso contrario, hay países con gobiernos democráticos donde el movimiento social entró en una pasividad tremenda.

En efecto, si la respuesta se asume desde la perspectiva político-electoral, las victorias y derrotas que han sufrido los partidos de izquierda, los gobiernos populares, evidentemente estamos frente una correlación desfavorable, excepción hecha del glorioso triunfo electoral del pueblo boliviano y del significado del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Pero cabrían otras interrogantes si estudiamos la correlación observando el avance o retroceso de las ideas liberales en nuestras economías, y nos tropezaremos con la desagradable sorpresa que en algunos gobiernos contabilizados como “amigos” el impulso de programas neoliberales y la concentración del capital fue mucho más vertiginoso que en otros que ubicamos en el campo contrario. Podríamos ubicar también la reflexión en el sentido del avance o retroceso de la lucha obrera, de la lucha campesina, de la conciencia de género, de la descolonización de la cultura. En fin, América Latina es un escenario cruzado por la lucha y las correlaciones se mueven permanentemente.

“Los cambios políticos que se propagaron por nuestra América expresaron, de un lado, la lucha entre reforma y contrarreforma, y de otro, entre revolución y contrarrevolución”

¿Cómo han sido las relaciones  interamericanas en los últimos dos lustros y qué se puede esperar y qué no de la administración Biden? ¿ Qué papel juega nuestra Región en la disputa entre superpotencias?

Para no caer en subjetividades de fatalismo y optimismo, debemos contemplar dos elementos que apuntan en distinta dirección: el papel que históricamente Estados Unidos le ha asignado a su relación con América Latina y las tremendas dificultades por las que atraviesa hoy esa potencia para seguir ejerciendo su supremacía a escala planetaria y, particularmente, su dominio sobre la Región.

Tengamos presente que al no consolidar los objetivos en Asia Occidental que sus aventuras guerreristas se habían trazado en épocas de Bush, los Estados Unidos volvieron su mirada a la región que históricamente han considerado su “patio trasero”, cuyo control estaba seriamente amenazado por el avance de propuestas de integración y unidad continental que, justamente, estaban animadas por la necesidad de ruptura de la dominación imperialista. Se proponen entonces una contraofensiva recolonizadora guiada por la, para entonces, nobel teoría del “Poder Inteligente”. Para esos fines fue llevado  Barak Hussein Obama al poder, un hombre de origen afrodescendiente, promovido buscando una especie de “lavado de cara” pero que, en realidad, daría continuidad a los ejes fundamentales de las políticas del “poder permanente” estadounidense.  Se puede ubicar alrededor de 2008 el  inicio de una ruda contraofensiva de los Estados Unidos sobre América Latina, que les aportó importantes resultados.

En simultáneo, la crisis capitalista que venía incubándose desde bastante tiempo atrás, estalla con toda nitidez, y eso le complicaría el panorama a la política supremacista a nivel global, pero urgía más a los Estados Unidos a que retomara su dominación sobre América Latina. En ese contexto y producto de fuertes contradicciones internas llega Donald Trump al gobierno, expresión clara de un sector de la economía imperialista. Sus aparentes dislates y continuas amenazas esconden las profundas debilidades del hasta hace muy poco hegemón del mundo unipolar. En su decadencia histórica, cuyo tiempo de duración es difícil pronosticar, Estados Unidos se ha tornado muy agresivo, lo que confunde y es interpretado por no pocos como fortaleza, pero lo objetivo es que es una potencia en declive. Los episodios de la transmisión de mando son reflejo del estado de cosas existente allí y el nuevo presidente, Joe Biden, navegará entre las contradicciones internas y un intento desesperado de retomar la supremacía. No debemos abrigar ilusiones.

Por otra parte, desde 2014 la economía China superó en la cantidad de productos colocados en el mercado mundial a la economía estadounidense. La respuesta inmediata de Estados Unidos fue ubicarlo oficialmente como su principal enemigo estratégico; pasó a jugar el rol que durante gran parte del siglo XX le asignaron al comunismo, y que a inicios del XXI le dieron al terrorismo. En ese sentido, las crecientes relaciones de China con América Latina son vistas como amenazas por parte de Estados Unidos, por eso su contrariedad, por ejemplo, con el proyecto de construcción del canal interoceánico por Nicaragua. Asimismo, aunque Estados Unidos hasta el presente posee el aparato militar de mayor capacidad destructiva, los avances de Rusia, por nombrar uno de los polos emergentes, en ese terreno y, más aún, la disputa por los suministros de equipamiento para algunos los ejércitos de la Región son otro factor de tensión. Ahora bien, lo más importante de la disputa de las superpotencias, en un mundo donde empezaron a escasear los llamados recursos estratégicos, es precisamente la pelea por dichos recursos (energía, agua, otros minerales como litio y coltán, biodiversidad), y es bien sabida la proporción que de ellos queda en nuestra América.

Quisiéramos pedirle una radiografía breve de la Revolución bolivariana hoy: fortalezas, debilidades,  logros, frustraciones, avances, retrocesos, desafíos…

El proceso bolivariano desde sus inicios ha estado marcado por la heterodoxia; Chávez escarbó en las particularidades de la nación venezolana y fue construyendo, progresivamente, un proyecto al que al día presente se pueden distinguir varias etapas por las que ha transitado. Hace ya algún tiempo elaboré unas notas sobre cómo fue desarrollándose de manera ascendente en su radicalidad la propuesta que él iba ajustando en cada momento; me refiero a los comentarios expresados en Chávez, la permanente búsqueda creadora. El peso del asedio del capital, de la contraofensiva imperialista sobre América Latina y, especialmente, sobre Venezuela, ha condicionado la variación de la correlación de fuerzas y se puede afirmar que impuso la desaceleración del proceso. Estos problemas deben ser estudiados y debatidos abiertamente entre las y los revolucionarios, sobre todo porque no existe desarrollo histórico que escape a la lucha de clases, y no será el proceso bolivariano una excepción.

Sometido a una “guerra de amplio espectro”, el proceso bolivariano es objeto de presiones de todo tipo, especialmente de ataques a la economía, de un bombardeo mediático nacional e internacional; aun así, ha conservado el gobierno bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, con frecuentes reacomodos internos que expresan también las contradicciones de una sociedad donde “lo viejo no termina de morir”. El debate actual, impulsado desde el Estado, sobre “ciudades comunales”, recoge algo de eso. En determinados espacios un nuevo sujeto histórico brega por prefigurar la sociedad del futuro. Por supuesto, doy acá solamente enunciados; desarrollar estas ideas traspasa la extensión de una entrevista. He escrito un poco más ampliamente sobre estos asuntos en un breve ensayo próximo a dar a la luz, cuyo título es: Embriones de socialismo frente al acoso del capital (debates sobre la experiencia venezolana).

En fin, al proceso bolivariano le resta un largo camino para arribar a una victoria estratégica como lo fue Carabobo hace 200 años: comuneras y comuneros, trabajadores y trabajadoras, proletarios y proletarias están en la posibilidad de decidir. 

Finalmente, acabamos de asistir al 60 aniversario de Playa Girón y la definición del carácter socialista de la Revolución cubana, ¿cuál es la importancia de esa Revolución en la actualidad? ¿Siguen siendo posibles llevar a cabo revoluciones socialistas en este continente?

La  revolución socialista, la comunitarización de la vida de las sociedades, tanto para nuestra América como a escala planetaria, es hoy, tal vez, mucho más urgente que cuando el pueblo cubano, airoso frente a la agresión imperialista de Playa Girón y a sabiendas de las fortalezas para aquel entonces del monstruo que lo asechaba, proclamó el carácter socialista de su Revolución. Más aún, la decadencia de la civilización burguesa hoy, plantea su superación en términos más dramáticos al dilema formulado, hace ya más de un siglo, por Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”. La agresividad del capitalismo en su declinación así lo condiciona.

El ejemplo de la Revolución cubana, particularmente en los momentos de retroceso, de sequía revolucionaria de otros pueblos de nuestra América, ha sido invaluable. Puede afirmarse, sin riesgo de equivocación,  que ha sido y es un referente obligado para las y los revolucionarios del continente.